2.1. Los lugares de los pueblos

El rol de los centros poblados ha sido un tema de discusión en el marco de los estudios de pastoreo altoandino (^{Barada, 2017}b). Tal es así, que ^{Flores Ochoa (1977}) se refirió incluso a la “ausencia” de estos como uno de los rasgos distintivos de esta práctica en la región. Esto idea condujo a un cierto sesgo en los estudios, que tendieron a centrarse casi de un modo excluyente en las dinámicas de los espacios rurales, con una muy limitada consideración hacia los lugares en que las familias tendían a concentrarse periódicamente. Sin embargo, ^{Webster (1973}) ya había observado que, en realidad, más allá de la ausencia relativa de población permanente, los centros poblados se constituían como un espacio en el que el conjunto de unidades domésticas que habitualmente residen en forma dispersa en el territorio de Q’ero, Perú, se integraban en una dimensión comunitaria. Este es un punto muy importante, puesto que en los casos de Coranzulí y Susques, en efecto, hasta muy avanzado el siglo XX, su población no residía en forma estable en los espacios urbanos, lo que no significaba que estos no fueran sumamente relevantes para la constitución de los sentidos de lo colectivo entre las distintas familias. A este rol comunitario, se le incorporaron en el tiempo, un conjunto de sentidos vinculados a la institucionalidad y la estatalidad.

Tal como se adelantó en la introducción, lo que se conoce como Puna de Atacama, incluyendo a Susques y Coranzulí, recién se incorporó al territorio argentino en el año 1900, luego de haber formado parte de Bolivia, primero, y de Chile, posteriormente. En ese marco, un conjunto de funcionarios, científicos y viajeros recorrieron este espacio, reconociendo, entre otras cuestiones, las formas de asentamiento, con un sesgo muy marcado hacia la condición de los centros poblados, como espacios que permitían reconocer los niveles de “progreso” de la población. Tal es así, que Daniel Cerri, el primer Gobernador designado para el Territorio de Los Andes, planteó que “en Susques o Coranzulí no hay ni que pensar; son puntos extremos sin esperanzas de un porvenir más o menos lejano. No viven allí más que cabras, llamas y algunas ovejas” (¹⁹⁹³ [1903]: 62).

Las características de los poblados, en efecto, fueron objeto de distintas observaciones, incluso antes de la anexión a la Argentina. Tal que se así que, de acuerdo a Bertrand, en Susques, “hay en los alrededores como 300 indios repartidos en estancias que solo se reúnen para las festividades religiosas en la capilla o iglesia del lugar” (¹⁸⁸⁵: 275).

Mientras que según Muñoz, otro ingeniero que recorrió el área durante la breve gestión chilena:

El pueblo de Susques se compone de 50 ranchos i una iglesia en buen estado, habitados como el del Rosario en épocas de misiones evanjélicas, por 260 habitantes, de los cuales 80 son hombres, 80 son mujeres i 100 niños. Estos pobladores se encuentran repartidos en las proximidades de este pueblo i se ocupan, como los anteriores, en la crianza de sus ganados, que son sus ocupaciones favoritas (¹⁸⁹⁴: 98).

Esto es coincidente con lo descripto por los funcionarios argentinos, poco tiempo después. De acuerdo al ya mencionado Cerri, Susques tenía “unas 30 casitas y dos capillas, un cementerio y un oratorio en la cumbre de un cerro. Reúne una o dos veces por año cerca de 400 habitantes con ocasión de feria o fiesta religiosa” (¹⁹⁹³ [1903]: 56)

Mientras que respecto a Coranzulí afirmó que,

“Los nativos, bolivianos puros, no habitan el caserío, estacionan en las vegas con sus rebaños de llamas, ovejas y cabras (…) Estos viven casi escondidos entre las quebradas, profundos barrancos, recodos de cerros, etc., donde encuentren un poco de pasto y agua para sus pequeños rebaños de cabras o llamas” (¹⁹⁹³ [1903]: 41).

Algo similar se desprende de la visita de Eric Boman, quien planteó que “el pueblo [de Susques] estaba desierto; no se veía ni un ser viviente (…) La mayor parte de los indios vienen al pueblo sólo para las fiestas o las asambleas” (¹⁹⁹¹ [1908]: 425).

En efecto, a comienzos del siglo XX los pueblos de Susques y Coranzulí solo eran habitados en momentos muy específicos, aunque altamente significativos, del año, como las fiestas patronales, el carnaval o las asambleas comunitarias, que en el caso de Susques se realizaban, y aun realizan, dos veces por año. En este marco, la estructura urbana de ambos pueblos consistía en las respectivas capillas, como núcleo organizador, y unas decenas de casas de un único recinto para ser usadas en esos momentos puntuales, a diferencia de la compleja estructura de los domicilios en el campo. Los pueblos tenían un rol central en la conformación de las relaciones en una escala comunitaria, pero eso ocurría en momentos específicos del año, sin que fuera necesaria una residencia permanente, tal que estos pueblos no formaban parte de las dinámicas estrictamente pastoriles.

Esta territorialidad pastoril, móvil y dispersa, presentaba dificultades relevantes a los efectos del proyecto civilizatorio del Estado argentino, y en estos términos lo entendió Cerri cuando planteó que “la incorporación de estos indios a la nacionalidad argentina, será difícil sino se establece una escuela y un comisario de policía con algunos hombres, en el caserío de Susques, que los haga respetar las resoluciones de gobierno” (Cerri, ¹⁹⁹³ [1903]: 57).

La instalación de las instituciones públicas en el espacio urbano sería una de las estrategias clave, primero, para la transformación de los sentidos de los pueblos desde su institucionalización y, segundo, para forzar la sedentarización, al menos parcial, de la población dispersa, transformando los arraigos con los respectivos lugares. Esto implicaba una territorialidad superpuesta desde la estatalidad, ya no asociada con las movilidades y las relaciones entre los lugares en el campo, sino en el foco hacia el centro poblado y sus relaciones con otros espacios urbanos. En efecto, tal como la planteó ^{Benedetti (2005}), la estrategia de la incorporación se basó, entre otros factores, en la instalación de las instituciones gubernamentales y la apertura de vías comunicación que vincularan estos pueblos con otros centros, en otras redes de relaciones territoriales. La creación de los establecimientos escolares en 1907, tanto en Susques como en Coranzulí, más allá que inicialmente funcionaran en casas de las familias, sin un edificio propio, tuvo un rol central puesto que cumplía con los dos objetivos: establecer una presencia estatal, y forzar la radicación urbana, en tanto que las y los miembros de la unidad doméstica debían establecerse en el pueblo con los y las niñas. Contemporáneamente, en Susques, se habilitaron el Registro Civil y el Juzgado de Paz, y posteriormente, en torno a 1910, la policía.

En todo caso, el proceso de incorporación efectiva a las dinámicas estatales llevaría varias décadas, en buena medida por la resistencia más o menos activa de la población. Previamente, ambas comunidades habían rechazado la incorporación a la Argentina, incluyendo la quema de una bandera en Coranzulí, tratando de mantener un status quo de indefinición de pertenencia nacional entre Bolivia, Chile y Argentina, negociando con los distintos estados simultáneamente. Por otra parte, la situación periférica de ambos pueblos, desde el punto de vista institucional, hacía que los esfuerzos estatales fueran sumamente irregulares. Tal es así, que para 1930, el poeta Juan Carlos Dávalos visitó Susques, observando que “(...) los indios no moran ni por accidente en el pueblo (…) Ni la obligatoria concurrencia de los chicos a la escuela es motivo que fuerce a los mayores a una existencia urbana, pues una vez asentada por ellos la matrícula, se restituyen a sus montes”. ⁵

En el caso de Coranzulí, distintos pasajes del “Libro Histórico de la Escuela”, actualmente Escuela Nº362 “Héroes de Malvinas”, registran la mirada de los propios maestros en relación con la dificultad de alcanzar una matrícula estable, y su vinculación con el sostenimiento de actividades no sólo productivas sino sociales en el campo. Este tipo de testimonios se observan incluso casi en la mitad del siglo XX, cuando el Territorio Nacional de Los Andes ya había sido disuelto. Tal es así que en un pasaje de febrero de 1946 es posible leer que,

“Según informó el Sub-Comisario de Policía Don Gregorio Puca, se podrá tener buena asistencia después de la fiesta del ‘Carnaval’, por cuanto toda esta época hasta el lunes de tentación, se encuentran ocupados con las señales, marcados de la hacienda. Los pocos asistentes a clase son hijos de dos familias que circunstancialmente se encontraban en el pueblo. Por lo que resta a la totalidad del tiempo que no hay maestro, el único que vive en el pueblo es el Sub-Comisario con un agente”⁶.

En todo caso, se hace evidente la existencia de una tensión entre una territorialidad estatal basada en la radicación permanente de la población en el pueblo, diluyendo los lazos con los lugares en el campo, y una territorialidad pastoril sostenida en las movilidades constantes entre las estancias y el domicilio, que, poco a poco, comenzarían a incorporar también a los pueblos en los recorridos.

Más allá de esta resistencia inicial, y de las perspectivas negativas de los viajeros y funcionarios, para la mitad del siglo XX, las fotografías históricas muestran que la conformación urbana de ambos poblados sí se fue transformando y densificando, con una evidente emergencia de arquitecturas domésticas asociadas con una residencia más estable de la población (Figura 3). En torno a la década de 1970, coincidiendo con la dictadura militar, fue cuando la asistencia de las niñas y niños a la escuela se hizo efectiva con fuerza de policía, y la radicación urbana comenzó a ser permanente al menos para algunas/os de los miembros de la unidad doméstica, mientras que los restantes permanecían en las estancias al cuidado de los rebaños.

Fuente: Arriba: Academia Nacional de Bellas Artes y Fotografía de Federico Ortiz. Abajo: Postal c1940 y Fotografía de Ramón Gutiérrez.

Figura 3.  Arriba: Coranzulí en 1942 y en 1970. Abajo: Postal del pueblo de Susques y Susques en 1968  

Algunos años antes, en la década de 1960, tanto Susques como Coranzulí se constituyeron como Comisiones Municipales, teniendo entonces un órgano de gobierno local. Para ese momento es posible reconocer un crecimiento diferencial entre Susques y Coranzulí, al menos en lo que a la conformación urbana se refiere. Si bien Susques era la cabecera departamental, las fotografías de la década de 1970 muestran que Coranzulí tenía una estructura urbana reticular, con la capilla vinculada a un espacio de plaza, aunque descentrada del crecimiento del pueblo, y numerosas casas que comenzaban a estar conformadas en torno a un patio, abandonando la lógica de un recinto único. En el caso de Susques, en cambio, si bien se reconocen también casas con sus patios, la estructura urbana tiene una lógica longitudinal, asociada con la ubicación de los organismos de gobierno y con el camino que conectaba el pueblo con San Antonio de los Cobres.

En Susques, un punto de quiebre ocurriría en la década de 1990 con la apertura del Paso de Jama, que ubicó al poblado dentro de un corredor bioceánico entre Chile y Brasil. Hasta la apertura del complejo fronterizo en Jama, Susques se constituyó como el último punto aduanero antes de la llegada al límite internacional con Chile, y sería por esos años cuando puede reconocerse un crecimiento relevante de la población urbana, pasando de 427 habitantes en 1980, a 670 en 1991, a 1140 en el 2001, y finalmente a 1611 en 2010 (^{Tomasi, 2011}). Para el caso de Coranzulí, el Censo de 1991 registró 324 personas, este número aumentó en 2001 a 412 y luego se registró un descenso en 2010, con un total de 333 personas censadas. En ambos casos se observa un incremento de la población urbana hacia comienzos del siglo XXI, aunque evidentemente el salto poblacional relativo en Susques es mucho más relevante, considerando que desde el Censo del 2011 se observa el impacto provocado por la apertura del Paso de Jama en la década de 1990, que implicó la progresiva incorporación de nuevas infraestructuras de servicios al pueblo y un crecimiento relevante del empleo público que favorecieron el arraigo de la población. El caso de Coranzulí es significativamente diferente, puesto que se trata de un poblado cuya localización se encuentra al margen de los principales circuitos comerciales y productivos de gran escala. En este marco, la posibilidad de sustento para las familias con un arraigo en el pueblo está basada principalmente en el empleo en las instituciones públicas, el comercio de escala doméstica y, principalmente, el trabajo en emprendimientos mineros cuyo régimen implica, a su vez, otras lógicas de movilidad. En este sentido, el decrecimiento de la población coranzuleña que registra el Censo de 2010, está asociado a la incidencia de las migraciones a centros urbanos de mayor escala, y en particular al empleo en la minería.

En todo caso, ese proceso sería el emergente de un conjunto de políticas estatales que buscaron institucionalizar los poblados de la región como punto partida para un cambio en las trayectorias de las poblaciones pastoriles, en un desplazamiento, al menos pretendido, desde los espacios rurales hacia los urbanos, desde lo disperso a lo conglomerado y desde la movilidad al sedentarismo, diluyendo entonces las formas de habitar en la ruralidad y la complejidad de las lógicas productivas pastoriles. Ciertamente es posible reconocer cambios profundos en estas dinámicas, fundamentalmente en la reducción de la cantidad de personas habitando las estancias cotidianamente, lo que implica también una disminución en los rebaños. Al mismo tiempo, de la flexibilidad característica del pastoreo, con sus estrategias para el manejo de diversos riesgos, emergieron nuevas formas creativas para la incorporación del pueblo, y de la vida urbana en torno al pastoreo. Como se verá, las políticas de vivienda, desde la década de 1990, son indisociables de una territorialidad estatal basada en el fortalecimiento de la residencia urbana, y, al mismo tiempo, esas viviendas se han visto también incorporadas en las complejidades de un habitar multilocalizado.

3.1. Los planes de vivienda en la Puna

Este devenir de las políticas asociadas a la sedentarización de la población a través de la institucionalización de los poblados, y los discursos y legislaciones, fue construyendo, de manera sostenida, una mirada sobre la arquitectura doméstica desde una concepción urbana. Este proceso no sólo implicó una progresiva sedentarización de las poblaciones sino también la emergencia de nuevas conformaciones producidas por las propias familias en los poblados, como parte de la construcción de una “vida urbana”. Asimismo, y como parte de este proceso, es hacia finales del siglo XX que observamos una acción directa en el campo de la vivienda a partir de la ejecución de conjuntos financiados, diseñados y ejecutados por las agencias estatales. Si bien podría parecer que estas primeras políticas de vivienda en ambos pueblos son tardías, lo cierto es que se corresponden con los largos períodos sin inversión estatal al respecto de la vivienda en todo el país, pero particularmente con un proceso de urbanización de la región que recién comenzó a consolidarse a finales de la década de 1970.

Como hemos mencionado, en ambos poblados existen planes de vivienda producidos por el Estado que, a excepción de uno construido en Coranzulí y otro proyectado en Susques en la década de 1990, se enmarcan en el despliegue territorial que implicaron las políticas enmarcadas en los Planes Federales de Vivienda desde el año 2003. En este período se registró un reposicionamiento del Estado, y en particular del Estado nacional, como responsable principal de la resolución del problema de acceso a la vivienda. La ejecución de viviendas en el área puneña estuvo mayormente enmarcada en dos de los primeros programas. Uno de ellos, denominado “Mejor Vivir”, consistente en la asignación de recursos nacionales a las provincias para que sean destinados a proyectos de mejoramiento, completamiento y/o refacción de viviendas que se encontrasen en situación deficitaria⁸, al que corresponden los dos proyectos desarrollados en Coranzulí. La emergencia de este programa se desprendió, principalmente, de los datos sobre la condición deficitaria de las viviendas, emergente del Censo 2001 (^{Aramburu y Chiara, 2016}). En este registro, de acuerdo con la categorización CALMAT⁹, en el caso de Susques, observamos que de un total de 406 viviendas relevadas, 117 fueron caracterizadas como CALMAT III y 261, es decir más de un 50%, como CALMAT IV. En Coranzulí fue registrado un contexto similar, puesto que de un total de 205 viviendas, el 37% se clasificó como CALMAT III y el 52% como IV (INDEC, 2001). Estas categorías, de hecho, están atravesadas por la construcción de prejuicios referida más arriba, aunque extendidas a todo el país, tal que toda construcción con techo de barro o paja ingresa directamente en la categoría CALMAT IV, y, entonces, conforma el déficit habitacional.

En este marco, de acuerdo con los datos relevados en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), a Coranzulí le fueron asignadas 10 unidades presupuestarias en la primera edición del plan (2005), con el que se produjeron cinco viviendas que conforman el segundo de un total de tres conjuntos de viviendas construidos en el pueblo (Figura 4). En los años subsiguientes, la asignación se repitió, aunque el 100% de las partidas resultaron vacantes. Más allá de cuestiones relevantes en torno a las acciones de las múltiples agencias y agentes estatales para la adjudicación final de este tipo de procesos, es significativo destacar las dificultades que se le presentan a muchas familias para reunir la documentación requerida -libretas de matrimonio, certificados de herencia, partidas de nacimiento, certificado de domicilio-, así como también la necesidad de viajar a la capital provincial para poder hacer los trámites. Estos son algunos de los factores que pueden generar interrupciones en el desarrollo de los programas. En relación con esto, también es relevante observar cómo estas “faltas” de documentación, muchas veces son emergentes de una persistencia en torno a la incapacidad del Estado de clasificar a estas poblaciones, sus conformaciones familiares y sus lógicas de residencia. Los datos del Censo 2010 ofrecen un panorama significativo, tal que las casas relevadas en condición de “deshabitadas”, en el departamento de Susques, alcanza el 42% del total. ¿Se trata en efecto de casas “deshabitadas” o es posible pensar que una parte está inserta en un sistema de asentamientos que implica tensiones con la noción de permanencia, y, en particular, de “vivienda única”, condición necesaria, a su vez, para el acceso a los planes?

Fuente: Fotografías propias.

Figura 4.  Primeros planes de vivienda ejecutados en Coranzulí (arriba), y planes más recientes durante su construcción (abajo). 

En el caso de Susques, nos encontramos con un total de seis conjuntos, cinco de los cuales son emergentes de programas de vivienda enmarcados en los Planes Federales, con un total de 30 viviendas entre el año 2001 y el 2012 (Figura 5). El primero, cuyas solicitudes son de finales de la década de 1990, pero comenzó a construirse en el año 2001, fue realizado directamente por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), consistía en ocho viviendas, y quedó inconcluso durante más de quince años hasta que fueron entregadas a sus beneficiarios y beneficiarias en 2016. El segundo y el tercero se construyeron por el Programa Federal de Solidaridad Habitacional, y consistieron en dos conjuntos de cinco viviendas, que fueron entregadas en 2006. Es interesante observar el desarrollo de estos planes en relación con la apertura del Paso de Jama, tal que en su fundamentación la Comisión Municipal de Susques hacía explícita la necesidad de nuevas viviendas, en tanto “la población susqueña registra el crecimiento más grande de la historia, juntamente con los movimientos migratorios del campo al pueblo, de los distritos a la cabecera departamental, que van adquiriendo mayor dinamismo”¹⁰.

De acuerdo a la propia Comisión Municipal de Susques, el poblado tuvo el “crecimiento más grande de la historia”, producto de la migración desde el campo, proponiendo como resolución el incremento de la infraestructura urbana, sin correlatos en políticas habitacionales para el área rural. En este sentido, se trata de políticas procíclicas en cuanto a las lógicas de asentamiento, potenciando los procesos de sedentarización. Es relevante considerar que estos desplazamientos, al menos parciales, desde el campo al pueblo, no solo involucran a las unidades domésticas propiamente de Susques, sino también a otras tantas de las comunidades cercanas, dentro de la misma Comisión Municipal.

Posteriormente, se desarrollaron otros dos planes, que también se enmarcan en un programa federal, pero en este caso por intermedio de Caritas de la Prelatura de Humahuaca (Figura 5), y por último, un conjunto de otras cinco viviendas que formaron parte del programa “Viviendas rurales Ahí”, que más allá del nombre también se desarrolló en el espacio urbano. En todos los casos, fue el sector de “La Loma”, en una de las áreas periféricas al pueblo de Susques, donde se localizaron la totalidad de los planes, reproduciendo, en casi todos los casos, una sucesión lineal de viviendas.

Fuente: Fotografías propias.

Figura 5.  Primer plan de viviendas en Susques (arriba, izquierda); conjuntos emergentes de los Planes Federales (arriba, derecha y abajo izquierda) y las viviendas construidas en el marco de los convenios con Caritas, también en Susques (abajo, derecha). 

Las cuestiones en torno a la localización y el tipo de agrupamiento que se observan en ambas localidades, resultan relevantes puesto que permiten problematizar el rol del Estado en la transformación de los sistemas de asentamiento de las comunidades pastoriles puneñas. En el caso de Coranzulí, en efecto, fue a través de la localización del primer plan de viviendas que se fortaleció el crecimiento del tejido urbano del pueblo hacia el sur, mientras que históricamente la centralidad del poblado se ordenó en torno a la plaza, la Iglesia y el Centro Vecinal. Esta progresiva expansión del tejido hacia el sur se vio favorecida por la instalación desde la década de 1970, de la Comisión Municipal, la nueva Escuela Primaria y, finalmente en la década de 1990, por la previsión del loteo destinado al IVUJ que en efecto se plasmó en el plano de catastro del poblado realizado en 1996. En la actualidad, el tejido se encuentra consolidado en torno a ese eje, y es significativo plantear que, además, se corresponde con una mayor regularidad de la forma y tamaño de los lotes, y entonces, también de sus construcciones, que consolidan un “frente urbano”.

En la misma línea, el segundo y el tercero de los proyectos desarrollados de 5 y 10 viviendas respectivamente, fueron emplazados en “La Banda”, el loteo que se proyectó, del otro lado del Río Coranzulí, que hasta entonces constituía uno de los límites del pueblo. La localización del loteo implicó para un área periférica al poblado, el trazado de calles y el avance del tejido sobre terrenos que hasta entonces estaban destinados al uso productivo. La localización de las viviendas en Susques, está asociada también con la extensión de la trama, pero con una dificultad adicional que es la propia del poblado para dar respuesta al crecimiento urbano. Por las características de la topografía, Susques no puede extender de manera continua su trama urbana, como sí sucede en Coranzulí, razón por la cual, la generación de conjuntos de vivienda estuvo siempre asociada a la generación de suelo urbano y entonces, el interés de muchas familias de ingresar como beneficiarias de este tipo de programas por la posibilidad de acceder a un lote en el poblado, incluso más que al objeto vivienda.

Esto nos permite volver sobre la problematización de la noción de “vivienda única”, en tanto se trata de una concepción propia de las políticas orientadas a determinados grupos sociales urbanos, que no contempla ni las lógicas familiares, ni de asentamiento de los grupos pastoriles. En este marco, en una de las entregas de viviendas en Coranzulí, la prensa presente en el evento publicó: “El comisionado municipal de Coranzulí, expresó su agradecimiento al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy por hacer realidad el sueño de la casa propia de cinco familias de la comunidad”¹¹. Por un lado, la “vivienda única” se contrapone con el habitar multilocalizado inherente a la movilidad pastoril y su sostenibilidad productiva. Por el otro, la idea que esa “única” vivienda sea en el pueblo, tiene un impacto significativo en términos de los procesos de sedentarización descriptos, pero además, en la conformación de las familias en relación con los modelos proyectados y pensados desde las agencias estatales para la residencia de una familia nuclear¹². Esta última cuestión nos enfrenta a la condición que muchas y muchos miembros de las unidades domésticas enfrentan a la hora de presentar la documentación que acredite su sostenibilidad económica en términos nucleares, que no se corresponde con las estrategias de sustentabilidad que las familias, en clave extensa, desarrollan como unidades domésticas en el campo, y que se encuentran, en buena medida, por fuera de los circuitos mercantilizados.

En este mismo marco, las políticas en torno a la vivienda rural desplegadas en Jujuy a lo largo de los siglos XX y XXI han sido dispares, pero además han estado mayormente concentradas en una ruralidad que no contemplaba las formas de vida de las comunidades pastoriles de las tierras altas, sino que más bien apuntaban a un campo proletarizado, tal como señaló ^{Jerez (2017}), en el contexto de los trabajadores mineros y azucareros. El asentamiento en el campo es posible en el marco de una comprensión por parte del Estado de una determinada productividad de ese campo, en el que las lógicas sociales y productivas de los pastores no se encuentran contempladas. En este sentido, la incorporación de estas comunidades, primero como ciudadanos, y luego, como trabajadores rurales, está asociada a su sedentarización y, entonces, a su incorporación en lógicas de trabajo, rurales o urbanas, capitalistas. Si bien estos procesos han tenido un impacto significativo en el sostenimiento de las unidades domésticas pastoriles, al menos desde la década de 1970, lo cierto es que su inserción se dio de un modo complejo.

Una cuestión significativa para entender el entramado social que opera en torno a la vivienda desde el ámbito local se visibiliza cuando observamos que la vivienda no solo se inserta en el universo material del pueblo desde la acción directa de las agencias estatales, sino que es simultáneamente definida desde los actores locales como una categoría de residencia. En términos nativos, la categoría vivienda, es aquella empleada exclusivamente para definir las viviendas producidas por el Estado y se diferencia, fundamentalmente, de la categoría casa. En la clave planteada por ^{Pitt-Rivers (1973}), resulta relevante que sea el mismo término el que adquiere un sentido específico en el contexto local como parte de un proceso clasificatorio que negocia con las ideas que material y discursivamente son expuestas por el Estado. Así, la vivienda, como categoría nativa contiene, en sí, un presente material que se visibiliza en su construcción concreta y un proyecto de futuro que se expresa en su valor moral: la vivienda producida por el Estado es, también, lo que una vivienda debe ser (^{Barada, 2017}a). Podemos pensar que se trata de un ejemplo de los efectos de la actividad estatal de regulación moral a través de la materialidad (^{Corrigan y Sayer, 2007}). Se trata de la relevancia que posee una mirada de lo doméstico desde lo público y la capacidad del Estado de estandarizar un modo de vida a través de la implantación de un modelo habitacional que tiene que ver con un determinado modelo institucional en términos urbanos y arquitectónicos. Asimismo, las estrategias que se despliegan en torno a esa regulación, son relevantes para pensar las aceptaciones, pero también las negociaciones y resistencias que ejercen las comunidades desde sus prácticas cotidianas.

4.1 Movilidades pastoriles y ¿movilidades “estatales”?

El dato de desocupación de viviendas que arroja el Censo 2010 merece un análisis en sí mismo, puesto que, si las casas están desocupadas, el interrogante necesario es ¿dónde estaban las personas al momento del censo? En los dos casos de estudio nos encontramos con realidades diferenciadas. Por un lado, en Susques, mientras que la población entre 1991 y el 2001 creció en un 70%, la cantidad de viviendas sólo lo hizo en un 40% pasando de 141 a 199, y alcanzando un total de 351 en 2010. A su vez, de acuerdo al momento de ejecución de este último relevamiento, el 26% de estas casas se encontraban desocupadas. En relación con esto, podemos plantear, al menos, dos cuestiones. La primera, es que aun cuando los procesos de sedentarización hayan operado de manera significativa en el área, y en Susques en particular, el sostenimiento del pastoreo y entonces, de una residencia múltiple que incluye al pueblo como parte de los recorridos anuales, es significativa. Acceder a los datos oficiales en torno a la población dispersa es complejo, puesto que tienden a agrupar las áreas rurales asociadas con diferentes comisiones municipales, que no se corresponden con los territorios de las respectivas comunidades. Sí están disponibles los datos del Censo de Población del 2001 para el área de la Comisión Municipal, “Área de Gobierno Local”, respecto a población agrupada y dispersa. De acuerdo a este relevamiento, sólo 434 personas corresponderían a “población rural dispersa”, aunque para la misma desagregación sólo fueron registradas 108 viviendas que se corresponderían con esta población. Sin embargo, a partir del trabajo de campo, se pudo registrar que sólo en los pastoreos correspondientes a Susques existen al menos 100 domicilios, a los que se les deben sumar un promedio de entre 2 y 10 estancias por unidad doméstica que también son habitadas durante el año, lo que nos enfrenta a un universo de más de 500 potenciales asentamientos. Nuevamente, nos encontramos ante la imposibilidad del Estado de reconocer las particularidades de esta espacialidad doméstica, y, entonces, de clasificación de las personas y sus viviendas.

Asimismo, el sostenimiento de la actividad con la unidad doméstica como base, es relevante para pensar que, aunque la población urbana se incrementa, no aumentan proporcionalmente las casas censadas en los pueblos, puesto que se trata de una conformación residencial que responde a familias extensas que poseen un sostenimiento común, y entonces, la residencia en el pueblo es la casa de una unidad doméstica que posee, a su vez, residencias en el campo. En este sentido, un crecimiento de la población urbana no necesariamente tuvo que implicar un aumento proporcional en la cantidad de edificaciones, aunque sí seguramente un crecimiento en la superficie construida asociado con un uso más continuo, por parte de más miembros de la unidad doméstica, en particular, mujeres jóvenes con niños y niñas en edad escolar. A su vez, esta situación se ve agravada por la mencionada falta de lotes disponibles en Susques, que ha puesto un límite concreto a la posibilidad de edificación de nuevas casas. La segunda cuestión, que a su vez debe ser problematizada también para el caso coranzuleño, tiene que ver con las características de los poblados y en particular de las dinámicas que emergen de una vida “urbana”. Esto implica la existencia de un conjunto de “nuevas movilidades” que lleva a que diferentes miembros de las unidades domésticas pasen parte de su tiempo en otros centros urbanos o mineros, e incluso, la existencia de nuevas residencias en estos.

En el caso de Coranzulí esta última cuestión se vuelve particularmente relevante, tal que el devenir urbano del poblado, con una condición “marginal” al respecto de los centros de poder político y económico trajo consigo que el desarrollo de esa vida urbana propiciada por el Estado nacional desde comienzos del siglo XX, haya tenido como emergente la existencia de un poblado que se constituye como eje de nuevas movilidades asociadas a la vida “institucionalizada”. En este sentido, considerando el análisis realizado sobre diez unidades domésticas coranzuleñas, se observa que reúnen un total de 53 casas, distribuidas entre Abra Pampa, San Salvador de Jujuy y La Quiaca, considerando únicamente las que se consideran propias y no a las viviendas temporarias que las empresas mineras otorgan a sus trabajadores. Se trata de un número significativo, al que se le suman las 31 casas en el pueblo en lotes independientes y 18 casas en el campo (teniendo en cuenta únicamente los domicilios y no los puestos o estancias) que también están siendo habitadas. Finalmente, existen 102 casas a través de las cuales las y los miembros de estas diez unidades domésticas se mueven con mayor o menor frecuencia. ¿Se trata entonces de “casas desocupadas”, tal como señala el censo? Más bien debemos considerar que las casas, incluso en el pueblo, forman parte de una red de asentamientos residenciales que son atravesadas por las personas y sus familias a lo largo de su vida cotidiana.

^{Zusman et al. (2006}) proponen una tensión entre los llamados “tiempos rápidos” impuestos, en principio, por el Estado y su dispositivos de control y clasificación de la población, y los “tiempos lentos”, que, en línea con lo que venimos planteando, serían aquellos que responden a esas movilidades, pastoriles, que por el contrario son denostadas por las estructuras estatales en función de la imposibilidad de clasificarlas, y, entonces, de constituir a las personas como sujetos en las políticas públicas. Sin embargo, el modo en que las familias puneñas “hacen casa” en otros y nuevos lugares a los que acuden en relación con su inserción en las lógicas laborales capitalistas, logra articular estas diferentes velocidades de la movilidad, comprendiéndolas en los términos locales, donde finalmente la clave es el sostenimiento de la unidad doméstica pastoril. El espacio doméstico se construye y reconstruye a través de la movilidad de las personas y del modo en el que ésta es concebida no como “deslocalización” sino como una “multilocalización” de las familias. Es relevante, entonces, destacar cómo de estas prácticas emergen estrategias específicas para con el sistema regulatorio del Estado. Esto puede implicar el acreditar domicilio en el pueblo de Susques o Coranzulí para obtener un lote, y simultáneamente que otro miembro de la unidad doméstica lo haga en la ciudad de Abra Pampa o incluso San Salvador de Jujuy, con el fin de obtener un lote para una casa que, finalmente, será habitada por distintos miembros en momentos específicos del año, y con mayor o menor frecuencia.

4.2. Residencias múltiples, desde la localización “única”

El crecimiento de la población urbana ha tenido un diálogo con los desarrollos materiales de los pueblos que, como hemos observado, poseen una relación específica con la producción de vivienda. Por un lado, en Susques hemos visto a la vivienda como la alternativa posible para el acceso a un lote urbano, en un contexto de dificultad para la expansión del poblado, y a su vez un crecimiento de la vida en el pueblo en diálogo con el desarrollo de ciertas infraestructuras urbanas asociadas al lugar estratégico que Susques comenzó a ocupar desde la década de 1990, con la apertura del paso fronterizo hacia Chile. Asimismo, hemos mencionado el sostenimiento de las unidades domésticas pastoriles como forma de organización familiar que atraviesa lo residencial. En este sentido cabe indagar, en clave de profundizar sobre los “vacíos” de las miradas oficiales, acerca de las formas de esa vida en el pueblo y el modo en que la vivienda impactó en las conformaciones espaciales y familiares.

En el caso de Coranzulí, como hemos observado, la vivienda producida por el Estado se constituyó, en cierto modo, como uno de los impulsos más relevantes para la extensión de la trama urbana del poblado, en distintos momentos. Esto implicó, entonces, la generación de nuevos lotes para la construcción individual, a ser solicitados por parte de las familias a la Comisión Municipal¹³. En este marco, si entre el Censo 2001 y el 2010, la población decreció en un 23%, el número de viviendas registró el mismo porcentaje, pero en el sentido inverso, creciente, e incluso este crecimiento se hace aún más relevante (alcanzando un 30%) si consideramos los relevamientos realizados por el Servicio de Atención Primaria a la Salud durante los años posteriores. Más allá de la incidencia de las movilidades antes observadas en este tipo de procesos, es necesario también mirar con precaución el modo en que se conciben las casas en los propios pueblos, nuevamente poniendo en el foco la discusión sobre la “vivienda única” y en particular sobre la cohabitación de la familia nuclear.

Cuando hablamos de una casa de campo, el domicilio, observamos que no se trata de una construcción estática en el tiempo sino, muy por el contrario, de una materialidad dinámica cuyo crecimiento es el crecimiento de la unidad doméstica también, y entonces la generación de nuevas casas en los domicilios está asociada a la conformación de nuevas familias nucleares (la consolidación de una nueva pareja y sus hijos e hijas) que forman parte de la unidad doméstica (^{Tomasi, 2011}). La concepción de un espacio doméstico de estas características en el pueblo posee otras complejidades. Por un lado, podemos observar este tipo de lógicas asociadas a las casas más antiguas, aquellas localizadas en torno a las capillas y que, en un proceso de creciente sedentarización, fueron ampliándose con la misma lógica de los domicilios en función de la necesidad de albergar a más miembros de la unidad doméstica por períodos más prolongados de tiempo.

Sin embargo, desde la década de 1970, y en particular con la conformación de las Comisiones Municipales, la regulación de la entrega de lotes a las familias y en particular de su definición, en torno a la regularización de sus tamaños pasó a estar en manos del Estado y entonces, a tratarse de lotes más reducidos, capaces solo de albergar construcciones de las características de las viviendas producidas por el Estado. En este contexto, resulta coherente que el número de casas crezca, más no que esto se efectúe en un contexto de aparente decrecimiento poblacional y de desocupación de las mismas. Es en este marco que a aquellas movilidades “externas” que mencionamos anteriormente, debemos sumar, el análisis desde el campo de los modos de vida de las familias, que incluyen prácticas cotidianas que, lejos de independizar a cada una de estas nuevas casas como “vivienda única” de una familia nuclear, las constituyen como espacialidades que son parte de un espacio doméstico más amplio, distribuido por el pueblo en las distintas casas que los miembros de una misma unidad doméstica poseen en el espacio urbano.

Cada nueva casa o vivienda posee una localización singular y una relación de pertenencia con una cierta generación de la familia, un matrimonio o un adulto o adulta soltera, a través de la cual se define su rol en la construcción de un único espacio doméstico multilocalizado. Así, existen casas en las que los distintos miembros de una familia se encuentran para preparar los alimentos y comer, otras que funcionan como depósitos de mercadería, y otras que, incluso alternativamente, se utilizan para dormir. Mediante las movilidades, dentro del propio pueblo, estas mismas localizaciones son tergiversadas todo el tiempo, y, efectivamente, distintos miembros de una unidad doméstica se mueven para realizar parte de sus actividades cotidianas entre diferentes casas, así como también contribuyen económicamente al sostenimiento de más de una residencia. Así, las motivaciones y funciones que una familia le da a una casa en el pueblo forman parte de una construcción de sentidos múltiple y dinámica que las más de las veces escapan a los ojos del Estado. En este marco, podemos reproducir un fragmento que emerge del IVUJ, en una nota periodística, acerca de las “irregularidades” en el uso de las viviendas,

“Se detectaron casos de adjudicatarios que alquilan la vivienda, que la prestan a algún familiar o que por algún otro motivo decidió no residir en la misma. Por lo que en primera instancia se realizan tres visitas para constatar la irregularidad, luego se procede a notificarlos y en última instancia se le quita el subsidio (…) la obligación básica del adjudicatario es vivir en la vivienda y pagar su cuota” ¹⁴

La “irregularidad” que sostiene el organismo, es coherente con su mirada sobre la vivienda, nuevamente como única vivienda de una familia nuclear que, a su vez, posee un sostenimiento económico independiente, más no de la comprensión de la realidad local. La casa de una familia en el pueblo se define, en definitiva, en el conjunto de las casas de las familias nucleares que se construyen en lotes distantes y que, en su individualidad, pueden ser entendidas, como efectos de un nuevo nivel de agregación de la unidad doméstica, vinculada a las actividades laborales que se llevan a cabo en el pueblo (^{Barada, 2017}a). Las distintas prácticas de movilidad conllevan a que estas casas se articulen en la vida cotidiana de las personas dando cuenta de la conformación de un único espacio doméstico en el que se reconstituye la preeminencia de la familia extendida. De este modo, es posible afirmar, en línea con las propuestas de ^{Arnold (1998}), ^{Göbel (2002}) y ^{Tomasi (2011}), que la casa da cuenta de la conformación de una familia. En definitiva, las casas y viviendas de las familias nucleares en el pueblo pueden entenderse desde su individualidad, pero también como partes de una totalidad mayor, compuesta por el conjunto de casas que conforman el domicilio familiar que, a la luz de los casos presentados, se presenta desdoblado entre el campo, el pueblo y otros centros urbanos.