En tiempos en que las ideas de comunidad, común, compartido y comunitario son puestas en tensión a favor de “libertades individuales”, a favor del beneficio de los individuos y en sentido contrario a la construcción de comunidad y de identidades (como si la elección individual fuera una gramática de actuación sobre los demás y no con los demás), esta seducción de la libertad total y absoluta en todas las elecciones, incluida la educativa, arriesga la construcción de un nosotros compartido en las bases societales que asumimos. Y, como diría Mariano Fernández Enguita (2008), al transitar los vínculos entre escuela y ciudadanía en la era global, las comunidades no se construyen solas. Es una decisión política, ética, epistémica y vincular. Cuando se pone lo común bajo sospecha y como la causa de todos nuestros males, se fractura la aspiración a construir lo que nos pertenece y nos iguala como comunidad, esto es, lo público. Este ha sido un argumento sostenido en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX por voces que apelan un estado mínimo.

Estas voces, hoy, arremeten con invertir el proceso que se desarrolla en la Argentina, la de garantizar salarios, atender la escolaridad a través de edificios y los materiales que se producen, la formación de profesionales, entre otras. En su reemplazo, financiar la demanda, lo que implica un monto por familia, un subsidio individual, que prorratea el ingreso individual por las personas que podrían ir a la escuela. Estos discursos transforman la dimensión educativa en una variable de mercado, de cuasimercado y, aunque ha sido sostenida en muy pocos ejemplos, sigue resultando convocante ante la supuesta posibilidad de que las familias tendrían de elegir la escuela de sus hijas/os.

Esto pondría en disponibilidad un riesgo fundamental: el derecho a la educación. Qué escuelas elegiríamos, tendríamos la posibilidad de elegir escuelas religiosas, públicas, privadas, confesionales, a favor de la ESI, en contra, cercanas, lejanas, esta es la fantasía que pareciera que se sostiene desde este lugar; quiénes irían a qué escuelas y cuál sería el rol de la familia son los interrogantes por formular desde dimensiones éticas y políticas poderosas en nuestra construcción democrática. Circula, entonces, un modelo de competencia de mercado, que suena mesiánico, y, desde ese lugar, las familias regularían el movimiento de las escuelas, también de las y los docentes; pondría en tensión a la educación pública; perjudicaría a la educación privada. Estos argumentos pertenecen a especialistas que, en los noventa, estuvieron a favor de esta versión de escuelas autogestionadas en Argentina.

^{Dubet (2011)} nos ayudaría a discernir que aquí se sostiene una igualdad de oportunidades que resulta igualdad meritocrática de oportunidades. Son oportunidades ofrecidas universalmente, y dependerá de cada individuo que la tome o no, desconociendo las inequidades sociales, culturales, económicas e históricas, que reducen las posibilidades individuales. Será más bien la igualdad de posiciones la que busque que las distintas posiciones estén más próximas una de otras en la estructura social y puedan reducirse las injusticias. Desde allí, trabajamos en la universidad pública.

Entonces, la urgencia, la premura de hacer lo que la política educativa nos indica, de poner en diálogo la macro- y la micropolítica, trabajar con diagnósticos propios, potenciar acciones de consolidación y egreso en la formación. Porque, al poner lo común bajo sospecha, se crean condiciones para la promoción de políticas de desprestigio y debilitamiento de las instituciones fundamentales de lo democrático que sustentan la igualdad y justicia social: la escuela pública y el derecho a la educación.

Busquemos las condiciones de posibilidad de ese mundo común, de habitabilidad, de hospitalidad, en la educación pública, en la ciencia pública, en la construcción de conocimientos públicos gestados en una ecología de saberes donde el saber científico pueda dialogar con otros propios de la comunidad y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Así como dice Laurence Cornu, común significará posible, abierto, para todos, algo para probar, para cultivar y para construir como tal. Se trata de generar experiencias de lo común. Por ello:

Nos inquieta la descomposición social, la desafección política, la mecanización del lenguaje, que eliminan la posibilidad de un mundo compartido, pero esos hechos pueden ser la ocasión del despertar de formas de lo común y llaman a resistir (…) a través de un actuar en común, a través de un pensamiento atento y crítico en acto. (^{Cornu, 2008}, p. 133

La mayoría de estos argumentos son ejemplificados, profundizados y tensionados en la pluma de quienes asumen la autoría de los textos en este número, con el que seguimos celebrando los 40 años de restauración de la democracia y 65 aniversario de la creación de la Universidad Nacional de La Pampa.

La educación pública es entre todos, polifónica, plural, diversa, múltiple y compartida, desde lo político, desde lo ético, desde lo pedagógico.

La salida es entre todxs, grabado en relieve. Dini Calderón