ARTICULO ORIGINAL

La política en Córdoba en el periodo 1973-1976: un campo de ensayo para la dictadura militar. El Estado violento en vida de Perón

(Politics in Cordoba in the period 1973-1976: a testing ground for the military dictatorship. Violent State in life of Peron)

Gustavo Di Palma
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Centro de Estudios Avanzados (CEA), Avenida Vélez Sársfield 153, Córdoba (5000), gustavodipalma43@gmail.com

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Resumen:

En su aspecto central, este trabajo indaga las características que asumió la violencia política desatada en Córdoba durante el periodo constitucional 1973-1976. A modo de contextualización de ese clima político, en la primera etapa se desarrolla una aproximación sobre las controversias que, desde la memoria del pasado, rodean la figura de Juan Domingo Perón, protagonista de un periodo en el que se gestaron las organizaciones paraestatales armadas orientadas a combatir a los sectores de izquierda, particularmente dentro del movimiento peronista. En Córdoba, la actuación de esos grupos que operaron al amparo del poder desencadenó un golpe a las instituciones democráticas, que significó un anticipo de la última dictadura militar del siglo XX.  

Palabras claves: Violencia política; Organizaciones armadas; Peronismo

Abstract:

In its central aspect, this paper examines the characteristics assumed for the political violence in Cordoba during the constitutional period 1973-1976. For contextualizing this political climate, in the first step develops an approximation about the controversies, from the memory of the past, around the figure of Juan Domingo Peron, protagonist of a period in they were generated the armed parastatals groups oriented to combat leftists sectors, particularly within the peronist movement. In Cordoba, the actions of these groups they operated under power protection unleashed a blow to democratic institutions, which meant an advance of the last military dictatorship of the twentieth century.     

Keywords: Political violence; Armed organizations; Peronism

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Los años setenta en la provincia de Córdoba fueron el escenario de una encarnizada lucha política, que puso al peronismo en el centro de la escena a partir del exacerbado enfrentamiento entre la "derecha" y la "izquierda", los "leales" y los "traidores", la "burocracia sindical" y los "infiltrados". En ese contexto, comenzó a operar un aparato de represión ilegal que deterioró el normal funcionamiento institucional mucho antes del golpe de estado de 1976.

Para ganar la gobernación en 1973 el peronismo cordobés necesitó un ballotage, tras un apretado triunfo en primera vuelta frente al radicalismo. Pero el verdadero problema residía en el delicado equilibrio de fuerzas interno, que terminó debilitando prematuramente al gobierno elegido por el voto popular.

Córdoba no pudo quedar fuera del contexto de violencia generalizada que vivía el país y esa situación complicó desde el primer momento el desenvolvimiento de la gestión de Ricardo Obregón Cano. El golpe de estado perpetrado por un jefe de policía ("el Navarrazo") y el persistente accionar de una organización terrorista vinculada a la policía y al Tercer Cuerpo de Ejército (el "Comando Libertadores de América", considerado la versión local de la Triple A), demolieron tempranamente las expectativas que había despertado el regreso del peronismo al poder provincial.  

El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar esos hechos ocurridos en Córdoba, conectándolos con la responsabilidad que le cabe a Perón como jefe de Estado en ese momento, cuestión que representa una discusión crucial en la historiografía contemporánea. Esta disciplina, cuando se investigan los hechos recientes, muchas veces está alimentada por el relato de los propios actores, lo que significa un proceso de construcción de memoria que varía según las diversas formas de interpretación de hechos, documentos y testimonios, a partir de los distintos intereses y perspectivas.

La dimensión controversial que adquiere la figura de Perón, en el marco de los hechos políticos de los años setenta, provoca una tensión entre dos facetas. A su condición de símbolo de la justicia social convertido en objeto de culto de la política nacional, se contrapone el cuestionamiento por su responsabilidad en la violencia política desatada cuando aún era presidente del país (periodo 1973-1974). 

Algunos relatos producidos en el interior del peronismo tratan de salvar la imagen del ex presidente en torno al accionar represivo del Estado, mientras otros le adjudican un rol central en los hechos de violencia. Hugo Gambini, autor de una larga y crítica investigación sobre el fenómeno peronista, es autor de una reflexión que pretende alimentar ese debate desde afuera del movimiento fundado por Perón: "Es curioso cómo las propias víctimas de esa persecución tratan de salvar al caudillo de esa responsabilidad".¹

En ese mismo sentido Gambini señala que, como presidente, a Perón le correspondía responsabilidad por la aparición de grupos armados al amparo del Estado, "pero eso también prefirieron ignorarlo los familiares de las víctimas, para que nada afectara el prestigio del líder. Si Perón los mandaba a matar, la culpa nunca podía ser suya, porque él era intocable".²

1. Perón y la Argentina de la violencia política

Los hechos en el interior del país durante la década del setenta no fueron hechos aislados ni simples réplicas de los sucesos nacionales. Por ese motivo, la respuesta armada frente a la izquierda peronista mientras Perón ejerció la presidencia es indispensable para comprender la espiral de violencia que se desató en Córdoba en el mismo periodo.

La reconstrucción de los hechos ocurridos durante la presidencia de Perón muestra una tensión entre la memoria del pasado (o las políticas de la memoria) y la historia como saber riguroso. La memoria del pasado puede ser ejercida por todos y cada uno es libre de recordar lo que le convenga sin exigencia de verdad, aunque en el caso de los historiadores la responsabilidad del saber riguroso los lleva a vivir en el mundo de la conciencia histórica de su tiempo pero también en el mundo del saber profesional.³ Sobre la construcción de las memorias oficiales, colectivas o de grupo que llevan a cabo los historiadores, Marta Philp destaca la representación de "héroes o villanos fundidos en un esquema dicotómico, donde cada uno de ellos encarna el bien o el mal, representados, en el caso de nuestra historia, por sus aportes u obstáculos a la unidad nacional".⁴ En el caso de las contradictorias representaciones del Perón héroe o del Perón villano, la vigencia y amplitud del movimiento peronista convierten este tema  en una polémica de permanente actualidad en el campo de la historiografía.

La idea del Somatén,⁵ la designación de jerarcas de la Triple A en la custodia presidencial o el "Documento Reservado" con directivas para terminar con el "entrismo de izquierda"⁶ son datos del pasado reciente que conducen inexorablemente a Perón, según plantean obras como las de José Pablo Feinmann, Miguel Bonasso o Juan Bautista Yofre. Estos autores, protagonistas directos o testigos privilegiados de la conflictiva década del setenta, tienen un enfoque que plantea una ruptura con la idea de salvaguardar la responsabilidad del líder del movimiento peronista en uno de los momentos políticos más violentos de la historia nacional.

Desde la perspectiva de los autores antes mencionados, el propio Perón fue el creador de la Triple A (o por lo menos le dio su consentimiento). Para sostener su argumento, se remiten a una reunión clave encabezada el 1 de octubre de 1973 por el propio jefe del movimiento cuando aún no era presidente, seis días después del asesinato de José Ignacio Rucci. Cada asistente recibió directivas para terminar con el entrismo de la izquierda en el peronismo a través del denominado "Documento Reservado", que según análisis militares y de inteligencia, puede ser considerado como un antecedente documental de los decretos que dos años más tarde involucraron a las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado.⁷

El Documento Reservado identifica claramente a los actores en conflicto y define la situación como un estado de guerra. También contempla la creación de estructuras de inteligencia paralelas a las institucionales:

El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes. (.) En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará.

El Documento Reservado insta a los "compañeros peronistas" en todos los niveles de gobierno (también provincias y municipios) para participar y hacer actuar "todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor". Los gobernadores que no provenían de la tendencia revolucionaria pero tenían simpatías y relaciones con ese grupo y le brindaron espacios importantes en la estructura estatal, fueron identificados como no permeables a esas directivas y también resultaron víctimas de la avanzada contra los sectores de la izquierda peronista.

A la reunión que encabezó Perón asistieron Raúl Lastiri (a cargo interinamente de la presidencia del país), los ministros Benito Llambí (Interior), José López Rega (Bienestar Social), José Humberto Martiarena (senador nacional, secretario general del Partido Justicialista y encargado de leer el documento) y los gobernadores y vicegobernadores del peronismo. La concurrencia de estos últimos (incluyendo a cinco gobernadores emparentados con la Tendencia Revolucionaria) obedeció a su obligación de implementar en todo el territorio nacional la estructura especial encargada de impedir por la fuerza cualquier acción contra el gobierno o el movimiento.

Las operaciones o políticas de memoria que buscan resguardar a Perón asocian en forma recurrente a la Triple A directamente con López Rega. Para Luis Alberto Romero, el verdadero papel trascendental del entonces ministro de Bienestar Social fue "dar figura al otro discursivo, ser la expresión personalizada de los enemigos del pueblo, salvando a Perón, y salvando para Montoneros y la JP la posibilidad de permanecer dentro del movimiento".⁸La formación militar de Perón era, en lo ideológico y político, rigurosamente anticomunista. Con ese antecedente, Sergio Bufano cree que, una vez que se cansó de proponer a los jóvenes que se sumaran al justicialismo y abandonaran la violencia, "sucumbió a la tentación de estimular una maquinaria de represión que inició sus actividades antes de que asumiera como presidente, continuó durante su gestión y mucho después de su muerte".⁹

En el caso de Córdoba, el sector más radicalizado del peronismo (vinculado a la conducción de Montoneros) tenía una fuerte presencia en el gobierno de Ricardo Obregón Cano, a lo que se sumó la alianza sellada por éste con un sector del sindicalismo combativo. A este gobernador le correspondían entonces las generales del siguiente fragmento del Documento Reservado:

La defección de esta lucha, la falta de colaboración para la misma, la participación de cualquier clase en actos favorables al enemigo y aún la tolerancia con ellos, así como la falta de ejecución de estas directivas, se considerará falta gravísima, que dará lugar a la expulsión del Movimiento, con todas sus consecuencias.

El propio Perón, en un discurso frente a la mesa directiva de las 62 Organizaciones y la CGT (febrero de 1974), calificó a Córdoba como un "foco de infección" y a los infiltrados como "brotes enfermos" que perturbaban el cuerpo sano del verdadero peronismo.¹⁰ Horas después de esas afirmaciones, fue la provincia de Córdoba el escenario donde el conflicto intraperonista alumbró el golpe más osado contra las instituciones en pleno periodo constitucional: la "limpieza" de los brotes enfermos se ejecutó en los órganos del gremialismo y del Estado cordobés (los anticuerpos fueron las 62 Organizaciones y la estructura represiva que anidaba en la institución policial).

Córdoba constituyó así un leading case de la modalidad que a esa altura adoptó el peronismo para resolver sus conflictos internos recurriendo a cualquier método, aunque esto significara caer en la ilegalidad. Sobre el episodio conocido como Navarrazo, Bufano señala:

Es imposible imaginar que el presidente de la Nación (Perón) desconociera que en la provincia mediterránea se iba a producir un golpe de estado (.) Nadie podía pasar por encima de la autoridad de un líder que no sólo tenía el aval del 62 por ciento de los votos, sino que se trataba ni más ni menos que del general Juan Domingo Perón, un hombre al que no le temblaba el pulso para ejercer su autoridad.¹¹ 

En una entrevista que le realizó el diario La Voz del Interior y reprodujo la revista Electrum (órgano de prensa del sindicato de Luz y Fuerza), Agustín Tosco, uno de los principales referentes de la Córdoba combativa de los '70, dijo sobre la figura del líder del peronismo: "Perón es un especulador. Es el término que le damos ante su permanente acción pendular y ante sus contradicciones no podemos llamarlo de otra manera, sensible en grado máximo a las presiones de la derecha. Y la derecha peronista tiene su convalidación en Perón".¹²

2. El escenario político en Córdoba

El 11 de marzo de 1973 el peronismo arrasó en la elección presidencial y casi en la totalidad de las gobernaciones. En Córdoba, la fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), integrada por el binomio Ricardo Obregón Cano-Atilio López, obtuvo 504.786 votos, seguido por la Unión Cívica Radical, con la fórmula Víctor Martínez-Felipe Celli, que logró 493.683. Muy atrás quedaron el resto de las fuerzas políticas, lo que demostraba la fuerte polarización existente, que contrastaba con el panorama a nivel nacional.

De acuerdo a los dispositivos de la ley electoral puesta en práctica en esa oportunidad por el gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse, fue necesaria una segunda vuelta o ballotage debido a que la fuerza ganadora no había logrado la mayoría absoluta. El 15 de abril se realizó la compulsa entre las dos fórmulas más votadas anteriormente y esta vez ganó el FREJULI por simple mayoría con 608.826 sufragios, en tanto que la UCR alcanzó 522.273 votos.

Pero la prematura crisis en la provincia de Córdoba no respondió a la marcada paridad de las fuerzas tradicionales sino a las fuertes contradicciones internas del propio partido gobernante. Para el radicalismo, que decidió adoptar la postura de una oposición "leal" (es decir, de apoyo crítico al gobierno), "el mayor problema que debía afrontar el proceso de institucionalización era el propio partido oficialista, con sus luchas internas y su 'permanente confusión entre partido y gobierno'".¹³

Por empezar, en todas las provincias el candidato a gobernador del peronismo respondía a la línea política y el candidato a vicegobernador a la línea sindical, impuesto por la ortodoxa Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Esto no fue así en Córdoba, donde el resultado de la interna excluyó al sector ortodoxo del sindicalismo.¹⁴

El compañero de fórmula de Obregón Cano, Atilio López, hombre de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), representaba al sector gremial denominado "legalista". El contrincante en la interna, Julio Antún, fue acompañado por Alejo Simó, sindicalista ortodoxo de la UOM respaldado a nivel nacional por Lorenzo Miguel y por el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Con el apoyo de los sectores juveniles y de la izquierda del peronismo, Obregón Cano y López ganaron finalmente la interna.¹⁵

Los derrotados tuvieron que dejar sus aspiraciones para otra oportunidad, pero no tardaron en ejecutar acciones para doblegar a sus adversarios. Según Licht, "Atilio López fue quien más sufrió la embestida de los ortodoxos. Estos en algún momento lograron que Perón no lo recibiera; Atilio apreciaba profundamente al líder y sentía dolor por los desplantes".¹⁶ 

En una entrevista realizada años después de su derrocamiento, Obregón Cano dijo: "Aún en la íntima convicción de que ganaríamos las elecciones, debíamos dar particular importancia a todas las cuestiones de contenido democrático progresista, antioligárquico, antiimperialista y revolucionario del peronismo".¹⁷ Es así como las listas electivas de candidatos provinciales y nacionales que lo acompañaron tuvieron una significativa participación de la izquierda peronista encarnada por la JP y Montoneros.¹⁸

Obregón Cano consideraba que la inserción de los jóvenes en el poder era una manera de demostrarles el reconocimiento a los "que tanto habían entregado de sí mismos para el retorno del general Perón y de la democracia".¹⁹ En forma simultánea, quedaban marginados los ortodoxos y la denominada "burocracia sindical".

Pero en realidad ni Obregón Cano ni Atilio López representaban de manera excluyente al peronismo revolucionario: "Una vez en el gobierno las nuevas autoridades definieron una política de alianzas dirigida al 'centro', que se concretó en la composición del gabinete con figuras provenientes de partidos moderados"²⁰. También aparecieron vacilaciones frente a la presión del gobierno nacional y la ortodoxia sindical, lo que provocó una muestra de debilidad política que el gobierno provincial pagaría muy caro.     

Servetto enumera una serie de medidas que agudizaron la tensión política: intervención en el comercio de carnes (que provocó la reacción de los ganaderos); proyecto de reforma del estatuto de los docentes privados (que generó un conflicto con la iglesia) y distintas acciones que provocaron malestar en los cuadros policiales (el pase a comisión y la reorganización del personal, la reincorporación de policías cesanteados en 1955, la supresión de un 30 por ciento de una "bonificación por riesgo", el despido y pase a retiro de numerosos jefes, oficiales y suboficiales y el procesamiento judicial de diecinueve agentes y oficiales por la muerte de cinco cooperativistas).²¹

 3. La ofensiva de la derecha sindical sobre los gremios combativos

El gobierno cordobés no inspiraba ninguna simpatía a la derecha peronista, en tanto que la CGT local le provocaba un enorme desasosiego a la ortodoxia sindical. Tras la renuncia de Cámpora, el ataque de esos sectores contra el gobernador y su vice fue más intenso, situación que incluyó una oleada de rumores desestabilizadores. Para la revista Militancia (peronismo de base), "la ofensiva de derecha y la palabra intervención comienzan a caminar juntas desde el primer día de gobierno".²²

Los sectores gremiales independientes y clasistas constituyeron un fuerte y mayoritario bloque combativo, aunque no era homogéneo: mientras Tosco apoyó al FREJULI cordobés, Salamanca criticaba a Atilio López y llamaba a votar en blanco.²³ Por su parte, la CGT local era afín a Obregón Cano, mientras las ortodoxas CGT y 62 Organizaciones nacionales (José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel) habían perdido toda influencia en la central obrera regional.

Al enrarecimiento del clima político se sumaron de esta manera hechos violentos vinculados al gremialismo. El 15 de julio de 1973 el local de la CGT cordobesa fue copado por un grupo de la derecha denominado "Comando Resistencia" y fueron baleados los edificios de Luz y Fuerza y SMATA.

La pretensión de los ortodoxos era que Atilio López impulsara la disolución de la CGT local u organizara una CGT paralela completamente peronista, sin el sindicalismo combativo, sin infiltrados (Salamanca) y sin independientes ajenos al movimiento (Tosco). Pugnaban por una central obrera de los ortodoxos, o de "compañeros que aprecian al general tanto como Atilio" (Licht, 2009:193).²⁴ Ese objetivo sería posible a partir de la reunificación del órgano político-gremial del peronismo, las 62 organizaciones. 

Al arreciar la campaña derechista, Obregón Cano y López mantuvieron una ronda de importantes reuniones en Buenos Aires, que incluyó un encuentro del vicegobernador con Perón y Rucci. El fantasma de la intervención sobre el gobierno provincial y la CGT Regional dejó de ser una amenaza, pero a cambio López acordó impulsar un congreso de reunificación de las 62 Organizaciones cordobesas (que se realizó el 27 de julio), garantizando que hombres de la derecha sindical asumieran su conducción y la secretaría adjunta de la CGT.²⁵

La "burocracia sindical", encarnada por Rucci y Lorenzo Miguel, quebró así la monolítica unidad del sindicalismo peronista combativo, los independientes y el clasismo. Estos últimos criticaron a López, cuya respuesta fue que en las decisiones del peronismo no tenían injerencia aquéllos que no pertenecían al movimiento, aunque "pronto se dará cuenta de su error y, así, tratará de enmendarlo volviendo a sus orígenes. No tendrá mucho tiempo para ello, pues después de la muerte de Perón será otra víctima de la siniestra Triple A".²⁶

El golpe de gracia del sindicalismo ortodoxo fue el 28 de febrero de 1974, ahora sobre la CGT Regional. En forma simultánea al Navarrazo, un congreso normalizador en Alta Gracia (a pocos kilómetros del epicentro del levantamiento policial) sesionó bajo el principio de que la CGT debía ser conducida desde la "ortodoxia más pura y más revolucionaria de la doctrina justicialista",²⁷ con lo que los sectores independientes y clasistas quedaron marginados del máximo organismo gremial. La presencia del ministro de Trabajo de la Nación, Ricardo Otero, y del secretario adjunto de la CGT nacional, Raúl Ravitti, tuvo el objetivo de legitimar ese proceso.

4. La ofensiva del aparato policial sobre el gobierno: el Navarrazo 

A comienzos de la década del setenta, Córdoba era un poderoso centro de desarrollo industrial asentado sobre los sectores dinámicos de la economía (automotores, metalurgia y energía eléctrica) y también representaba un importante centro de producción cultural e intensa participación política. En ese contexto, la revuelta popular del 29 de Mayo de 1969 conocida como "el Cordobazo" fue un verdadero punto de inflexión: la imagen combativa de los gremios y los estudiantes enfrentando a la Infantería en pleno centro de la ciudad capital alertó a las fuerzas policiales y militares sobre la capacidad de organización para la lucha de los sectores populares.

José Camilo Uriburu, interventor de la provincia en 1971, dijo en marzo de ese año: "Confundida entre la múltiple masa de valores que es Córdoba, por definición anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor de cortarla de un solo tajo".²⁸ La respuesta popular fue la revuelta conocida como "Viborazo", en un escenario que cargaba con los ecos del Cordobazo y la aparición, en 1970, de la primera célula montonera del interior del país, que ejecutó el copamiento de la localidad serrana de La Calera. 

Córdoba, en consecuencia, tenía muchos motivos para ser considerada una "Meca de la subversión", según los sectores que alentaban la represión estatal. De esta manera se convirtió en uno de los puntos prioritarios en el programa de aniquilación que implicaba la "lucha contra la subversión". En este aspecto la institución policial jugaba un papel clave, tal como lo describe Roberto Ferrero:

La policía se había constituido durante los gobiernos de Onganía y Lanusse como un cuerpo especializado en la represión de las actividades políticas y sindicales opositoras, pasando a un segundo término su misión de prevenir y contener la delincuencia común. Su plana mayor, formada en gran parte por militares, mantenía una ideología que se estructuraba alrededor de una especie de 'anticomunismo profesional', por decir así, elemental pero sólido, que se transmitía de arriba hacia abajo a todo el personal policial. Este veía en todo dirigente, militante o intelectual medianamente progresista un peligro "marxista" o, peor aún, un "subversivo encubierto".²⁹

Al asumir Obregón Cano, pidió a la Tendencia Revolucionaria Peronista la presentación de una terna para la jefatura de la policía provincial. Dos ternas fueron rechazadas, mientras en la tercera, que fue aceptada, estaba el teniente coronel Antonio Navarro, que revistaba al frente de la Policía Militar del Tercer Cuerpo de Ejército, con casi tres mil hombres a cargo. Su vínculo con la militancia se originó en el Operativo Dorrego (1973), una acción para ayudar a los afectados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires que terminó uniendo en un fin común al Ejército y la JP.

Poco tiempo después de su designación se produjeron acusaciones que relacionaban a Navarro con hechos de corrupción y alentaron la sospecha de que mantenía reuniones clandestinas para conspirar contra la estabilidad institucional, lo que llevó a que Obregón Cano ordenara su separación y exoneración de la fuerza el día 27 de febrero de 1974. El jefe policial, lejos de acatar la medida, asaltó por la noche la sede gubernamental y detuvo al gobernador, al vicegobernador y a decenas de colaboradores e integrantes del equipo de gobierno (quedaron privados de la libertad en manos de los sediciosos hasta el 1 de marzo). Los jefes del Cuerpo de Bomberos, la Guardia de Infantería y el Comando Radioeléctrico se adhirieron al policía sublevado.

Durante el golpe policial contra la democracia cordobesa se tomaron emisoras de radio para transmitir comunicados en apoyo al levantamiento y las calles céntricas de la capital quedaron bajo el control de grupos de civiles armados que respondían a la ortodoxa Juventud Sindical Peronista. En esas horas de terror, se desató una persecución sobre dirigentes peronistas afines a Obregón Cano y gremialistas del sector combativo como Tosco y Salamanca (que debieron pasar a la clandestinidad). Esa operación incluyó allanamientos de domicilios, detenciones y detonación de explosivos en locales gremiales y las casas de algunos funcionarios, entre ellas la del propio gobernador.

En relación a los rumores que circulaban desde hacía algunos días sobre este levantamiento, Perón dijo: "Si los cordobeses no saben arreglar sus problemas entre ellos, que se cocinen en su propia salsa".³⁰ El siguiente análisis especula sobre el desenlace de los hechos si el entonces presidente hubiera buscado otro camino:

Si Perón hubiera llamado a Obregón Cano a Buenos Aires y le hubiera   solicitado su renuncia, éste la hubiera presentado en el acto igual, al igual que Atilio López. Y si no renunciaban, el presidente tenía la vía de la intervención federal a Córdoba, que -dada la mayoría peronista en ambas cámaras y el enorme ascendiente de Perón- hubiera sido aprobado en menos de veinticuatro horas. Pero no hizo ni lo uno ni lo otro. Perón no pidió la renuncia del gobierno    de Córdoba ni tampoco optó por la intervención federal, y dejó que los cordobeses se cocinaran en su propia salsa, dando vía libre al "Navarrazo", que además de ser un hecho ignominioso en sí mismo fue el punto de inicio de una larga serie de infortunios para Córdoba.³¹

La inacción mostrada por el gobierno nacional frente al gravísimo episodio de sedición policial provocó la inquietud de los dirigentes de la oposición,  hasta el punto que el radical Ricardo Balbín llegó a expresar: "Yo si fuera presidente hubiera restaurado a las autoridades depuestas por un jefe de policía -que es un acto subversivo- y después resolvía el problema político de la provincia".³² Lejos de restituir a las autoridades provinciales en sus cargos, el gobierno nacional decidió la intervención federal de la provincia el día 2 de marzo.

A la luz de los hechos, no existía ninguna intención de sancionar a Navarro. El texto del proyecto de intervención operó como un mecanismo de legitimación del golpe,  sin valorar la gravedad de los hechos producidos por el jefe policial, que en la práctica resultó premiado: unos pocos días después del alzamiento fue declarado prófugo de la Justicia, pero se supo que había viajado a las islas Canarias, donde pasó varios meses de "descanso".

A su regreso al país, tras ser pasado a retiro, Navarro dirigió una empresa de seguridad que funcionó durante unos años en pleno centro de la capital. Como reflejo de la impunidad con la que se manejaba ese personaje, la plana mayor de la policía le rindió un homenaje en la sede de la institución (en un acto protocolar se descubrió un cuadro con su foto).³³

Obregón Cano y Atilio López evitaron en todo momento apelar a la movilización popular para contrarrestar la avanzada ortodoxa. Tras el Navarrazo, los Montoneros criticarían duramente esa actitud a través de un comunicado: "La debilidad mayor de Obregón Cano fue no reunir a las bases, no asentar su gobierno en la movilización popular, creer en los arreglos burocráticos o en las trenzas de Buenos Aires".³⁴ No es difícil imaginarse las derivaciones de la violencia política si los sectores afines al gobierno provincial hubieran salido a enfrentar en las calles a los golpistas.

Con la intervención, que inició Duilio Brunello (funcionario del Ministerio de Bienestar Social), Córdoba fue asolada por un Estado policíaco hasta quedar totalmente militarizada dos años antes de iniciarse la última dictadura. La política del terror se profundizó desde setiembre de 1974, al ser designado como interventor el brigadier Raúl Lacabanne (amigo de López Rega) y como jefe de policía el comisario Héctor García Rey.³⁵

El enfrentamiento entre el peronismo revolucionario y la derecha partidaria dueña del poder, estaba abiertamente declarado. La eliminación de los "zurdos infiltrados"  involucraba a esa altura a cualquier persona cuyas ideas resultaran sospechosas, cualquiera fuera su ámbito de actuación y aunque no fueran integrantes de las organizaciones armadas. Bajo esta lógica, las víctimas de la cacería sangrienta fueron sindicalistas, estudiantes, profesionales, empresarios, periodistas y hasta religiosos.

"Yo estoy en guerra", dijo Lacabanne al tomar el control de Córdoba.³⁶ Esa era la lógica de un militar en acción que potenció el accionar de la ultraderecha, incluso más allá de los límites de la provincia: la Triple A, en setiembre de 1974, se encargaría de aniquilar en Buenos Aires a varios  exponentes de la Córdoba combativa, como Alfredo Curuchet (abogado de presos políticos vinculado a los sindicatos combativos), Atilio López y el ex ministro de Economía de la provincia, Juan José Varas.

Mientras tanto, Agustín Tosco murió enfermo en la clandestinidad el 5 de noviembre de 1975, a la vez que René Salamanca también pasó a la clandestinidad durante la intervención y finalmente fue secuestrado y desaparecido el 23 de marzo de 1976. Durante el mes de enero de 1975, la violencia de extrema derecha dejó su huella en la prensa de Córdoba, con la voladura de la rotativa del diario La Voz del Interior.

5. El Estado policial, ensayo del Estado militar

La policía cordobesa contaba en los setenta con un departamento de inteligencia conocido como D2, el área responsable de las tareas de inteligencia y persecución ideológica. Esa estructura, que comenzó a trabajar especialmente con posterioridad al Cordobazo, tuvo un rol amplio, sistemático y violento en la represión ilegal entre 1974 y 1975. Uno de los objetivos principales fue el hostigamiento a militantes de izquierda en  gremios, organizaciones estudiantiles y partidarias y movilizaciones populares.

Además de sus acciones de infiltración e inteligencia, el D2 contaba con una sede que funcionaba como lugar de concentración, interrogatorio, tortura y distribución de sospechosos de "delito político" hacia la cárcel de San Martín  o el "Campo de la Ribera", el primer centro clandestino de detención de la provincia que funcionaba en las inmediaciones del cementerio San Vicente.

Desde su creación hasta la llegada de la democracia, se estima que en las instalaciones del D2 fueron sometidos a tormentos ilegales entre mil y 1.200 personas. Además, el edificio de ese organismo era utilizado como espacio de amedrentamiento de todos los ciudadanos mediante detenciones masivas y sistemáticas por "averiguación de antecedentes".³⁷

 El informe Nunca Más de la CONADEP destaca que la Prisión Militar de Encausados Campo de la Ribera se transformó en "Centro Clandestino de Detención" (CCD) a partir de 1975. La declaración testimonial del teniente coronel Juan Carlos Lona indica que el retiro en diciembre de ese año del personal ordinario que se desempeñaba en la prisión militar de La Ribera, significó su transformación en cárcel clandestina.³⁸ Esta situación es un detalle relevante para determinar la conexión del Tercer Cuerpo con la represión ilegal antes del 24 de marzo de 1976.

En coincidencia con el dato del informe Nunca Más, la CONADEP-Córdoba determinó que los secuestros y desapariciones como método de detención se produjeron en Córdoba a partir del 5 de setiembre de 1975. En su informe 2º edición señala que "la inmensa mayoría -42 casos sobre 52 denunciados- se concreta entre diciembre de 1975 y el 9 de marzo de 1976".³⁹

El D2 estuvo bajo las órdenes del inspector mayor Ernesto Julio Ledesma entre 1974 y mediados de 1975. Ese año fue reemplazado por un oscuro suboficial de la Aeronáutica: Pedro Raúl Telleldín.⁴⁰

Antes de ser destinado al Departamento de Inteligencia de la Policía provincial, Telleldín fue designado en 1974 como jefe de la Unidad Regional de Policía de Bell Ville, a 190 kilómetros de la capital cordobesa. En ese ámbito de actuación, la colocación de bombas a sindicatos, estudios jurídicos o domicilios particulares era una cuestión rutinaria.

En forma simultánea a la designación de Telleldín, llegó a Córdoba el capitán del Ejército Héctor Vergez, transferido desde el Batallón de Inteligencia 601 (Buenos Aires) al Destacamento de Inteligencia 141 General Irribaren.⁴¹ Su responsabilidad fue la puesta en marcha del denominado "Comando Libertadores de América", una organización de tipo paramilitar y parapolicial  integrada por miembros del D2 y algunos civiles adscriptos como "personal de inteligencia" militar en el destacamento a cargo de Vergez (alias "Vargas"). 

La conexión operativa con el Tercer Cuerpo de Ejército, cuya jefatura ejercía en ese momento el general Luciano Benjamín Menéndez, permite afirmar que la estructura ilegal y la formal (la clandestina que era el "grupo de tareas" subsumido a la estructura policial y la regular que era el Ejército) actuaban bajo una estrategia única y bajo una conducción unificada. Esto habla de la militarización que comenzaba a sufrir tempranamente la provincia de Córdoba.

Si bien el Comando Libertadores de América tenía los mismos propósitos que la Triple A, sus configuraciones internas y modalidades operativas eran distintas. Por un lado, se caracterizaba por la mixtura entre militares en actividad, policías y civiles; por otro, no existen constancias de que la banda cordobesa reportara directamente a López Rega, más allá de que en un libro publicado por Vergez en 1995 (Yo fuí Vargas. El antiterrorismo por dentro) éste relata que, al llegar a Córdoba, traía una carta al brigadier Raúl Lacabanne que le había entregado "la jerarquía más ortodoxa y decididamente antisubversiva del peronismo".⁴²

A partir del 24 de marzo de 1976 las organizaciones paraestatales desaparecieron, lo que demuestra que sus miembros, provistos por las estructuras represivas del Estado nacional y provincial, ya no tenían necesidad de accionar fuera del aparato estatal, porque eran parte de éste. Desde ese momento el terrorismo de Estado perfeccionaría aún más sus siniestras metodologías de limpieza ideológica.

El modus operandi del Comando Libertadores de América era siempre el mismo: actuando de madrugada, vestidos de civil, en vehículos sin identificación y portando armas largas, sus miembros ignoraban las leyes y cometían "toda clase de tropelías". Por esos días, se sospechaba que estos sujetos, de los que no se conocían sus verdaderas identidades (sólo sus nombres y alias de guerra), utilizaban locales de sindicatos intervenidos como base de operaciones e, incluso, algunas instituciones oficiales, como el Banco Social. Las autoridades policiales y militares de entonces negaban cualquier vinculación con esas bandas, pero no las investigaban ni las perseguían.⁴³ 

Entre los hechos más relevantes ocurridos en Córdoba antes del golpe militar se cuentan el secuestro y masacre de la familia Pujadas,⁴⁴ el secuestro, tortura y asesinato del líder montonero Marcos Osatinsky, la masacre de nueve estudiantes bolivianos que aparecieron con  balas en la nuca y maniatados con sábanas del Ejército Argentino y el secuestro y desaparición de los abogados Miguel Hugo Vaca Narvaja (padre e hijo). Una acción a gran escala en el marco de esa "limpieza ideológica" fue la desaparición de más de cuarenta personas en el denominado "Operativo Moncholos".⁴⁵

Al ser consultado sobre la presencia de la Triple A en Córdoba, el brigadier Lacabanne pronunció otra de sus frases célebres: "Las tres A no operan en Córdoba, aunque sí lo hacen otros grupos extremistas".⁴⁶ El interventor de la provincia tenía muy claro que la represión ilegal en este caso estaba a cargo del Comando Libertadores de América.

Aunque Vergez no reconoce en su libro haber pertenecido a ese comando, testimonios de ex detenidos en el centro clandestino de La Perla aseguran que en ese momento se jactaba de ser el fundador y organizador de la banda paraestatal.⁴⁷ Carlos Raimundo Charlie Moore, ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el libro La Búsqueda escritopor el hijo de un ex policía asesinado por el D2, afirma: "Todo el mundo creía que el Comando era una organización parapolicial o paramilitar. Para mí era paramilitar y nada más. Vargas veía a éstos (los miembros del D2) como delincuentes peronistas".⁴⁸

Con relación al denominado Operativo Moncholos, planeado desde octubre de 1975 y ejecutada entre los días 7 y 8 de enero de 1976, Vergez describe en su libro, sin ninguna clase de inhibición: "Mediante allanamientos cronométricamente calculados, en 48 horas detuvimos a 48 delincuentes terroristas, prácticamente, como promedio, un subversivo montonero por hora".⁴⁹

En 2007, ex miembros de la CONADEP-Córdoba y abogados querellantes en causas de violación de derechos humanos presentaron una denuncia sobre los delitos de genocidio perpetrados por el Comando Libertadores América. En su texto, señalan que los secuestros, los asesinatos masivos, la desaparición forzada de personas, las violaciones de las víctimas y las torturas seguidas de muerte "formaron parte de una matanza que perseguía el confeso fin de aniquilar a los miembros de los grupos victimizados por presuntas o reales razones ideológicas, políticas e incluso raciales".⁵⁰    

6. A modo de conclusión

Cuando Perón volvió definitivamente al país, en 1973, sabía que los principales problemas estaban puertas adentro de su propio movimiento. La estrategia pendular que había ejecutado desde el exilio para preparar su retorno hizo que sectores absolutamente contradictorios terminaran cobijados bajo un mismo techo.

La situación planteada implicaba definir si el peronismo era un movimiento populista encolumnado detrás de un jefe carismático, un movimiento revolucionario orientado a la implantación del socialismo nacional, o un partido apoyado en sindicatos poderosos, pero dispuestos a negociar con los empresarios y con el gobierno dentro de las pautas planteadas por el sistema.

El debate se terminó expresando a los tiros, a partir del baño de sangre ocurrido en Ezeiza el 20 de Junio de 1973.

El fundador del peronismo desde un primer momento dejó en claro su aval a los sectores ortodoxos. De esta forma, el prematuro final de lo que hoy se denomina "la primavera camporista" terminaría de liquidar los últimos rastros de la "Tendencia Revolucionaria" en espacios claves del poder (cargos en ministerios del gobierno nacional y posiciones estratégicas en algunas provincias y universidades).

En el caso de Córdoba, la presencia de un poderoso sector gremial de perfil combativo no ortodoxo le agregó un condimento especial al conflicto intraperonista y potenció sus consecuencias devastadoras. La estructura partidaria, concebida desde los orígenes del peronismo solamente como un mero instrumento para llegar al poder, no pudo contener el conflicto y en consecuencia éste se trasladó a la propia estructura del Estado, con consecuencias muy graves para las instituciones de la democracia. 

Fuentes documentales

1. Comisión y Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. "Colección Documentos Policiales. La vida pública bajo sospecha". http://www.apm.gov.ar/sites/default/files/Introducción.pdf (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2012).

2. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-Córdoba. "Informe 2° Edición". http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/cordoba/07.htm#2 (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2012).

3. Diario La Voz del Interior

4. Diario Página 12

5. Huellas de la historia. "Alicia Servetto: Hay una disputa por imponer ciertas interpretaciones sobre los '70". http://www.huellasdelahistoria.com/foto_noti/Entrevista_Alicia_Servetto_pdf.pdf (fecha de consulta: 12 de diciembre de 2012).

Notas:

1. Hugo Gambini, Historia del peronismo. La violencia (1956-1983) (Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 2008), 329.

2. Gambini, Historia del peronismo. La violencia (1956-1983), 302.

3. Luis Alberto Romero, "La democracia y la memoria del Proceso", en Dávilo, Germain, Gotta. et al, Territorio, memoria y relato en la construcción de identidades colectivas, 13-16 (Rosario: UNR editora, 2004).

4. Marta Philp, "Memoria y poder: el rescate de un problema clásico. Una mirada desde la historia política", Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., Nº 8 (2006): 93.

5. El Somatén es una organización parapolicial cuyos orígenes se encuentran en Cataluña durante los primeros años del siglo XI. En sus inicios constituyó un cuerpo armado de autoprotección civil, separado del ejército, para defensa propia y de la tierra. En el siglo XX esa organización fue reactualizada por las dictaduras de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco (1936-1975). En el manifiesto al país y al Ejército de la Falange española fundada por Primo de Rivera se puede leer: "Queremos un Somatén reserva y hermano del Ejército". Perón, en un diálogo privado con Oscar Bidegain antes de que asumiera como gobernador de la provincia de Buenos Aires, le dijo que Argentina necesitaba un "Somatén". Ver Miguel Bonasso, El presidente que no fue. Los archivos secretos del peronismo (Buenos Aires: Planeta,  1997).

6. El término "entrismo", que el ala ortodoxa utilizaba para señalar a los sectores de izquierda del movimiento peronista, tiene su origen en la práctica de León Trotsky y sus seguidores para introducirse en partidos políticos populares y reformistas con el fin de orientarlos hacia posiciones revolucionarias.

7. El análisis del Documento Reservado desde la perspectiva militar está extraído de Juan Bautista Yofre, Nadie Fue (Buenos Aires: Sudamericana, 2008).

8. Luis Alberto Romero, "La primavera de los setenta", en La política en consignas. Memoria de los setenta, comp. Por César Tcach, 123-124. (Rosario: Homo Sapiens, 2002), 132.

9. Sergio Bufano, "Perón y la Triple A", Lucha Armada, Año 1, Nº 3 (julio-agosto de 2005): 24.

10. Alicia Servetto, "El derrumbe temprano de la democracia en Córdoba: Obregón Cano y el golpe policial (1973-1974)", Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Año IX, Nº 17, (2º semestre de 1999): 105.

11. Bufano, "Perón y la Triple A", 26.

12. Revista Electrum, Nº 443, 15/03/1974.

13. Alicia Servetto, 73/76. El gobierno peronista contra las provincias montoneras (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010), 85.

14. Alicia Servetto describe cuatro bloques que, a comienzos de la década del setenta, constituían el gremialismo de Córdoba: ortodoxos-verticalistas, exigían una central obrera enteramente peronista (liderados por Alejó Simó, de la UOM, y el taxista Mauricio Labat, entre otros); legalistas, también peronistas pero en la práctica más independientes y pluralistas (aquí estaba enrolado el secretario general de la CGT local y dirigente de la UTA, Atilio López); independientes, explícitamente no peronistas e impulsores de un sindicalismo democrático, antiburocrático y con amplia participación de las bases (su líder era  Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza); clasistas, propiciaban un camino revolucionario para la clase trabajadora (éstos se encolumnaban detrás del SMATA, conducido por René Salamanca). Ver Servetto, "El derrumbe temprano de la democracia en Córdoba: Obregón Cano y el golpe policial (1973-1974)".

15. Mientras Obregón Cano reflejaba una tendencia progresista y moderada,  Julio Antún (cuya agrupación interna era la Mesa Redonda Permanente Peronista) tenía una orientación ortodoxa y verticalista. En la interna, éste último absorbió a los sectores tradicionales del peronismo, como el representado por Alejo Simó y la agrupación Unidad y Lealtad, de Raúl Bercovich Rodríguez.

16. Silvia Licht, Agustín Tosco (1930-1975). Sindicalismo clasista, socialismo y peronismo (Buenos Aires: Biblos, 2009), 193.

17. Testimonio extraído de Eduardo Kimel, 30 años de historia política argentina (1965-1995) (Buenos Aires: RR Ediciones, 1995), 190.

18. Alicia Servetto aclara que algunos de los historiadores que trabajan el periodo (década del 70), consideran que los que tenían participación en realidad eran representantes de la juventud peronista (JP), aunque en la práctica esta rama del peronismo y Montoneros estaban estrechamente vinculados (la rama política y el brazo armado, respectivamente). Ver  Huellas de la historia,
http://www.huellasdelahistoria.com/foto_noti/Entrevista_Alicia_Servetto_pdf.pdf (fecha de consulta: 12 de diciembre de 2012).

19. Kimel, 30 años de historia política argentina (1965-1995), 191.

20. Servetto, 73/76. El gobierno peronista contra las provincias montoneras, 81.

21. Servetto, 73/76. El gobierno peronista contra las provincias montoneras, 83-84.

22. Citada en Kimel, 30 años de historia política argentina (1965-1995), 140.

23. Licht, Agustín Tosco (1930-1975).

24. Licht, Agustín Tosco (1930-1975), 193.

25. López reclamó no obstante que Alejo Simó y Mauricio Labat (del gremio de taxistas) quedarán excluidos del proceso de reorganización de las 62 Organizaciones.

26. Licht, Agustín Tosco (1930-1975), 193.

27. Servetto, "El derrumbe temprano de la democracia en Córdoba", 105.

28. Licht, Agustín Tosco (1930-1975), 146.

29. Roberto Ferrero, El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano (Córdoba: Alción Editora, 1995), 52.

30. Julio César Moreno, La espuma de la cerveza. Córdoba derrotada y recuperada (Córdoba: El Emporio Ediciones, 2005), 108.

31. Moreno, La espuma de la cerveza, 108.

32. Kimel, 30 años de historia política argentina (1965-1995), 180.

33. La Voz del Interior, 01/10/1974. Citado en Licht, Agustín Tosco (1930-175).

34. Kimel, 30 años de historia política argentina (1965-1995), 181.

35. El 20 de setiembre de 1975 completó el ciclo de intervenciones Raúl Bercovich Rodríguez, hasta el 24 de marzo de 1976.

36. Declaraciones de Lacabanne en el programa televisivo "Tiempo Nuevo", conducido por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Diario Córdoba, 17/12/74. Citado en Alicia Servetto,  De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada (Córdoba: Ferreyra Editor, 1998).

37. Datos extraídos de la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, "Colección Documentos Policiales. La vida pública bajo sospecha",
http://www.apm.gov.ar/sites/default/files/Introducción.pdf (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2012).

38. Según el informe de la CONADEP, "en diciembre de 1975, en cumplimiento de órdenes emanadas del Tercer Cuerpo de Ejército, se trasladó a todo el personal a la Guarnición de La Calera. La responsabilidad directa sobre los civiles que pudieran estar alojados allí pasó al mencionado Comando". Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Nunca Más/CONADEP (Buenos Aires: Eudeba, 1984), 201.

39. Datos extraídos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-Córdoba, "Informe 2° Edición",
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/cordoba/07.htm#2 (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2012).

40. Pedro Telleldín falleció en un extraño accidente de tránsito en 1983. Es el padre de Carlos Alberto Telleldín, reducidor de autos robados implicado en la venta de la Traffic utilizada para atentar contra la AMIA en 1994.

41. Ambas unidades del Ejército (la última bajo la órbita del Tercer Cuerpo) son consideradas íconos de la represión ilegal.

42. La Voz del Interior, 06/02/2011.

43. Esteban Dómina, La Voz del Interior, 02/02/2007.

44. En este hecho fueron asesinados los padres y varios hermanos de Mariano Pujadas. Este integró la organización Montoneros en Córdoba, participó en la toma de la localidad de La Calera (1970) y fue uno de los presos fusilados en la cárcel de Trelew (1972).

45. En la jerga militar y policial de la época, se identificaba con el mote de "moncholos" a los militantes montoneros.

46. La Voz del Interior, 22/09/2010.

47. La Voz del Interior, 06/02/2011.

48. La Voz del Interior, 22/09/2010.

49. Página 12, 14/03/2007.

50. Página 12, 04/02/2007.

Bibliografía

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