ARTICULOS ORIGINALES

SEGURIDAD E INSEGURIDAD EN DEMOCRACIA NIVELES ANALÍTICOS Y CONCEPTUALES EN EL ABORDAJE DE UN PROBLEMA ACTUAL

Cecilia Lesgart¹

 

1. En Argentina, entre mediados de la década del '90 del siglo pasado y comienzos del nuevo milenio, se viene afirmando el tema de la seguridad e inseguridad urbana, que aparece cada vez más asociado a diferentes delitos que ocurren en el espacio público, ponen en riesgo la vida de las personas y en entredicho la posibilidad de vivir sin el sentimiento constante de peligro en los ámbitos comunes - en los desplazamientos por la ciudad, la vida en los barrios, el uso y disfrute de los espacios abiertos.² Al mismo tiempo, está ligado a los robos y hurtos como episodios recurrentes que atentan contra los bienes personales de ciudadanos que están en lugares públicos o a hechos en los que se infringe la propiedad privada. De esta manera, el problema de la seguridad e inseguridad asociado al registro recién tematizado ha ido sustituyendo y opacando otros usos extendidos y generalizados hasta hace poco tiempo atrás en el mundo de la política, de lo público y de las ciencias sociales.³

En primer lugar, ha desplazado una idea que fuera central, la de una seguridad social vinculada con los derechos sociales de las sociedades aseguradoras que suponían un tipo de Estado, de políticas y de actores diferentes a los que presuponen los discursos y políticas actuales en torno a la seguridad e inseguridad en democracia. Lo social y urbano, como paisajes aún hoy novedosos pero en acelerado proceso de transformación, se complejizan al igual que y junto con la relación entre Estado y sociedad.⁴ Así se desdibuja un tipo de sociedad fuertemente referenciada en el mundo del trabajo, que estabilizaba relaciones y articulaba tanto un medio de subsistencia para los hombres, como formas de construcción de una identidad en sociedad.

Frente a este modelo, y desde las nuevas connotaciones dadas a la seguridad/inseguridad, las sociedades actuales podrían inscribirse en el tipo de sociedades de riesgo - en el sentido dado por Ulrich Beck o "neocapitalistas" en la significación dada por Richard Senett. En estas, el delito deja de ser solamente una estrategia de subsistencia frente a la falta de un trabajo más o menos estable o de resolución de las necesidades materiales. Y se connota de diversas maneras al interior de espacios que adquieren complejidad y, en algunos casos, cierta autonomía.

Los hechos delictivos asociados o no con violencia, a veces aparecen como seducción por el delito en medio de la miseria de alternativas materiales, simbólicas o de integración disponibles. De esta manera, la violencia entre pares con o sin delitos de por medio, permite la construcción de pertenencia a un grupo de amigos - como en el caso de la "junta" o construcción de lazos horizontales entre jóvenes en un barrio de la ciudad de Santa Fe, que se analiza en el texto de Eugenia Cozzi integrado a este dossier. Otras veces sucede por la necesidad de resolución de disputas actuales o heredadas en un barrio, o entre familias vecinas. Y también como una forma de acceso a bienes escasos (dinero, por ejemplo) o de consumo deseado pero no fácilmente accesible (tecnologías livianas como teléfonos celulares, netbooks, I pads, I touchs).

Todos estos hechos ocurren al interior de un espacio urbano complejo, que se produce mixturando diversas dinámicas, algunas autónomas entre sí, y que parece no estar guiado por la elaboración sistemática de políticas urbanas o políticas públicas de crecimiento y transformación. Ciudades que algunos llaman postindustriales y dentro de las cuales la construcción de zonas dispone territorialmente - separa, desconecta, obstaculiza, limita - la vida en y la circulación dentro de la ciudad. Aunque la relación entre fragmentación y distancia espacial, entre proximidad y accesibilidad no es simple, las "zonificaciones" ya aparecen como tipologías urbanas. Hay "zonas seguras", "zonas exclusivas", "barrios cerrados", "urbanizaciones con servicios", "zonas de esparcimiento y recreación", "zonas rojas". Algunas de ellas adquieren valor por la propiedad, otras por la intervención del Estado con servicios y garantía de transitabilidad segura. Otras zonas son estigmatizadas en relación al tipo de personas que las habitan o transitan, porque dificultan el acceso a las zonas centrales, o a mercados de trabajo.⁵

¿Reproducen urbanísticamente las ciudades las desigualdades que las habitan o son ellas las que las producen las fragmentaciones? ¿Pueden las ciudades revelarnos las segmentaciones sociales ubicando las zonas de violencias o delitos que dentro de ellas ocurren?⁶ Una pregunta poco destinada a responder esta gran cuestión, pero que desafía la teleología sobre por qué alguien delinque - por la falta de igualdad, de empleo o empleabilidad, la inexistencia de horizontes simbólicos que integren - queda esbozada en el artículo que abre el dossier con la reflexión sobre la autonomía y complejidad de mercados de delitos. Así, dentro y fuera de los espacios citadinos, se configuran distintos tipos de mercados delictuales, con características distintivas y estrategias particulares para permanecer en el tiempo, extenderse en el espacio y expandirse entre fronteras. La pregunta por la existencia y la reflexión sobre ellos, es el tema del artículo de Gabriel Kessler. Algunos de esos mercados son más simples y otros más complejos. Entre estos últimos, sobresalen los delitos ligados al mercado de sustancias ilegales -usualmente llamado narcotráfico - en sus diferentes cadenas.⁷

Considero que la cuestión de los mercados delictuales, deja planteada la pregunta por la porosidad de las fronteras y puede constituirse en un marco y/o nivel general que encuadra el problema dentro de una seguridad pública en el nivel estatal que vincula provincias, ciudades dentro de ellas y Estado-nación.⁸ Pero como el creciente auge y diversificación de los distintos mercados delictivos, los movimientos de sus capitales y el poder del crimen organizado - típicamente, pero no únicamente el narcotráfico - traspasa límites, el tema de la seguridad/inseguridad queda cada vez más asociado a los ámbitos regionales y trasnacionales. Asimismo, muestra la multiplicidad de actores involucrados en delitos y violencias asociados a la seguridad e inseguridad: simples o individuales, como las personas que cometen los delitos o son afectados por ellos; complejos o grupales, como las organizaciones empresariales o las bandas criminales de factura más o menos estructural. Y por supuesto, los gobiernos, las diferentes profesiones armadas⁹ - policías, militares, prefectos, gendarmes -, sus particulares incumbencias - seguridad interna o defensa nacional -, sus niveles territoriales diferenciales de intervención - municipales y provinciales, federal o nacional, en las fronteras, en la tierra, en el aire, o en las aguas - y sus responsabilidades legales, que a veces suelen mezclarse frente a las demandas de nuevos roles y papeles en un mundo multipolar.

2- En segundo lugar, tanto en América Latina como en Argentina más particularmente, la idea actual de seguridad/inseguridad no ha desalojado pero debe convivir conflictivamente y buscar un sentido en relación con la memoria del pasado reciente en torno a la violencia política y las genéricamente llamadas dictaduras militares o gobiernos autoritarios.¹⁰ Por esto, y teniendo como campo de experiencias el terrorismo de Estado y la Doctrina de Seguridad Nacional en el que se asociaron "seguridad interna y defensa nacional", el problema de la inseguridad muchas veces queda coligada a una idea de "seguridad interna" en la búsqueda de una hipótesis de conflicto asociada a un "enemigo político" interno. Otras veces, bajo los problemas de seguridad pública, suelen alternarse los sentidos de una seguridad pública estatal que legalmente y en sujeción al Estado de Derecho debe diferenciar el sistema de defensa nacional del de seguridad interna. En este sentido, pareciera una tarea urgente consolidar la reflexión tendiente al control democrático de los organismos de seguridad interior y a los de defensa nacional. Una labor que insista en las diferencias de competencias y de funciones que le caben a las policías provinciales, a la policía federal, a los cuerpos de seguridad dependientes del Estado federal - la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria - y a las Fuerzas Armadas. También debe reforzarse un trabajo de vigilancia ciudadana, atento a remarcar las diferencias entre todas estas instituciones y sus competencias y los delicados cruces funcionales que se realizan.¹¹

Por lo que, sin lugar a dudas, las nuevas formas de mirar la seguridad dentro de la democracia implican desafiar antiguas perspectivas, revisar a los actores que poseen el monopolio de la violencia física legítima y una reconsideración de los usos y formas que adquiere la violencia dentro de la democracia.

Si bien desde 1983, momento en que la política nacional se esforzó por ajustarse al funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho, se han realizado reformas en torno a algunas "profesiones armadas" y/o sobre las instituciones que poseen el monopolio de la fuerza física legítima, el problema sigue despertando políticas y polémicas. En principio, se trataría de la falta de reforma a las policías provinciales, demandado una y otra vez por la ciudadanía que, asimismo y paradojalmente, reclama más protección y presencia policial. En este caso se podría hablar de un segundo nivel, generalmente relacionado con la seguridad pública, que propone pensar el problema desde el ángulo de las instituciones que poseen el monopolio de la fuerza física legítima derivado del Estado: las policías.

Un nudo problemático es que frente a la seguridad pública, los ciudadanos parecieran ver al Estado - a las diversas policías, a las fuerzas armadas - como amenaza. El problema no es solo el de una sensación, percepción o representación. Se trata de que las instituciones que poseen el monopolio de la violencia física legítima y las que han tenido que defender la soberanía nacional han abusado de manera sistemática, en el pasado reciente y de otra manera también en el presente, de los ciudadanos que debían/deben proteger. Sin embargo, las temporalidades y los tipos de regímenes políticos podrían marcar una diferencia entre las arbitrariedades en el uso o abuso de poder, los actores atropellados y abusados en sus derechos y las formas de la violencia. Algunos de los delitos y abusos cometidos por las fuerzas públicas pueden salir a la luz y ser denunciados y no se opera una "clandestinizaciòn" de la fuerza física estatalmente monopolizada. Sin lugar a dudas, como marcan varios de los artículos que integran el dossier, la fuerza siempre suele usarse o recaer sobre quienes menos recursos materiales, relacionales y simbólicos tienen para desafiarla: los "pibes" de los barrios o de las villas, las personas que integran las cadenas menores en los mercados delictivos. Aquí también hay que agudizar la mirada y estar atentos sobre cómo los blancos o ambigüedades legales y los usos gubernamentales pivotean entre la función de defensa nacional y seguridad interior de algunas profesiones armadas o entre la seguridad pública ante derechos o personas vulneradas y los requerimientos de investigación judiciales o tareas de seguimiento e información o inteligencia.

De esta manera, también queda esbozado un nivel general e indispensable, asociado con la seguridad ciudadana. Esta plantea el problema de las garantías asociadas al Estado de Derecho, a la vigencia de los Derechos Humanos y a la protección debida al conjunto de la ciudadanía - de las víctimas de los delitos, de los que delinquen, de la ciudadanía en general.

Tanto frente a las diversas formas de delitos públicos ya descriptos como aquellos cometidos contra privados o contra la propiedad privada realizados o no en el espacio público y en las diversas situaciones de violencia que puede presentarse entre particulares en eventos privados que reúnen un público de significación numérica, suele reclamarse la presencia de fuerzas que garanticen el "orden público": básicamente, la de agentes policiales estatales o de seguridad privada que suelen reclutar a personas desafectadas de manera permanente o temporaria de las fuerzas coactivas estatales. El reclamo ciudadano por protección o por mayor presencia policial - que, aclaremos, también se registra en relación a la comisión de delitos - suele plantear una paradoja con respecto al creciente "desprestigio social" de las fuerzas policiales. Efectivamente, las distintas fuerzas policiales - sobre todo provinciales - han sido denunciadas por acciones y prácticas sistemáticas y recurrentes: por el (mal) trato hacia los jóvenes de los barrios periféricos de las ciudades; por sus prácticas abusivas de poder y autoridad, que llegan a situaciones de violencia institucional letal, tanto en los espacios urbanos como dentro y fuera de las comisarías y penitenciarias en las que se reiteran situaciones de "gatillo fácil". También han sido denunciadas por la alteración de diversos tipos de pruebas en la comisión o padecimiento de un delito, por la participación en actividades delictivas o la connivencia y organización de negocios ilícitos que las fuerzas deberían prevenir en vez de organizar. Todas estas cosas han sido encuadradas en los problemas de la estructura jerárquica, verticalista y militarizada de la policía y/o en la larga crisis organizacional de las policías,¹² que en casi ninguna provincia han sido reformadas desde o a partir del año 1983.

En este punto pareciera converger una serie de nudos problemáticos, que se anotan ilustrativamente y sin ánimo de ser agotados. Uno de ellos es la urgencia por reformar las instituciones policiales - sobre todo provinciales - en relación con la construcción de Estados provinciales democráticos y a la consolidación democrática de regímenes políticos sub-nacionales que se sujeten al Estado de Derecho, lo que implicaría atender tanto a la llamada seguridad pública, como a la seguridad ciudadana en democracia y en los territorios provinciales.¹³ En las diferentes provincias argentinas la situación está lejos de ser uniforme y los estudios sobre policías constituyen un área de vacancia tal como da cuenta el estudio emprendido en coautoría por Celeste Schnyder y Paulo Margaría, quienes analizan el papel estructural que la policía ha cumplido en la construcción del orden político a partir de la Dirección de Inteligencia Policial o D 2. Situación que va más allá de la especificación de un régimen político autoritario y más allá de la presencia de gobiernos militares. En algunas ciudades esto ha provocado la creación de guardias urbanas que intentan cumplir un papel disuasivo, no armado y pacífico. Si bien interesante como modelo, en las ciudades complejas surcadas por diferentes tipos de densidades delictivas y de mercados delictuales - en muchos casos ligados al narcotráfico y a la prostitución - el modelo de policía de proximidad con la población aún aguarda por demostrar su efectividad.

Otro de los nudos problemáticos se delinea en torno a que las fuerzas de seguridad que poseen el monopolio de la violencia física legítima derivado del Estado deben ser dirigidas por civiles y conducidas por el poder político para evitar su autogobierno. Este problema supone, pero va más allá, que las fuerzas policiales o militares se entrenen y eduquen en los principios de un régimen político democrático. También implica delinear la pregunta por su papel y actuación con respecto a la ciudadanía, por sus recursos materiales en democracia - profesionalización, equipamiento, salarios, las maneras en que pueden o deben reclamar por su situación laboral. Desde el ángulo de la diferencial profesionalización de las profesiones armadas, el artículo integrado al dossier y escrito por Sabina Frederic, muestra las distintas maneras de proveer seguridad que se observan en un operativo concreto realizado entre la Policía Federal y la Gendarmería y en donde la coerción física del Estado también asume una forma política: de conducción política y de reflexión política en torno al papel que le cabe a las profesiones armadas.

3- Actualmente, y ya lejos de ser solo un tema más en la agenda pública, la seguridad/inseguridad es un problema en y para la calidad de la democracia en la medida en que es una de las dimensiones de urgencia política y social que se padece en los espacios urbanos y más allá de ellos - en las rutas de acceso a las ciudades y caminos comunales, en las fronteras y pasos fronterizos - y que se presenta en una complejidad de dimensiones, formas y actores. La cuestión ya se ha constituido en un tema específico para el Derecho, para varias Ciencias Sociales y hay especialistas formados en distintas disciplinas que abordan el tema desde diferentes perspectivas.

Al constituir una urgencia ciudadana, la categoría es de uso público y el campo se nutre de la disputa política. De manera no homogénea aparece tematizado en los discursos de políticos - acentuado en tiempos electorales -, de organizaciones de la sociedad civil, de los Derechos Humanos, de ciudadanos o víctimas de delitos, de especialistas requeridos para ofrecer un diagnóstico o problematización en torno de una problemática que alcanza a la comunidad en su conjunto y obliga a gobernar. Los medios de comunicación masivos amplifican las voces o hechos singulares que se presentan en la vida cotidiana. Tienen, como la del Estado, la del gobierno, la de los políticos, o la de la ciudadanía, una agenda propia que a la vez todos estos actores construyen. Desde el ritmo que los medios de comunicación de masas imprimen a las noticias "al instante" y que le marcan a las audiencias, pareciera que los tiempos siempre más lentos de las agendas gubernamentales no alcanzaran a plasmar esta urgencia social en políticas públicas.

La migración de las noticias de seguridad y delitos desde la Sección Policiales al resto del periódico, los canales televisivos que nacieron para dedicarse a este tipo particular de información, la fabricación de las noticias policiales por parte de los medios de comunicación de masas es el tema de reflexión de uno de los artículos del dossier, realizado por la periodista rosarina Silvina Tamous. La diversificación de medios y soportes -el periódico en papel y electrónico, la radio, la televisión -, las diferentes modalidades de difusión mediáticas que habilitan voces plurales - de la víctima, del delincuente, de los testigos, de los abogados, del "opinador mediático" - plantea el problema de cómo jerarquizar con responsabilidad pública lo que se dice y se muestra. Lo que habilita la pregunta por una ética periodística que, sin excluir noticias o voces, al mismo tiempo reflexione sobre la provisión y difusión de modalidades delictivas que podría conducir a conductas imitativas.

En Argentina esto ha abierto debates en los que se han manifestado figuras públicas. Algo de todo esto se ha plasmado en la creación de nuevos organismos o agencias del Estado, en la elaboración de proyectos de reforma de leyes o de sistemas al interior de las instituciones estatales o de profesiones armadas, algunas de las cuales se especifican por poseer el monopolio legítimo de la violencia física y otras por su deber de velar por la soberanía nacional. Un problema que aparece debatido y confrontado con recurrencia y se ha planteado en la Argentina de los últimos meses es sobre si deben utilizarse las fuerzas castrenses para asuntos de seguridad pública. Es decir, la pregunta sobre si corresponde, si es pertinente política o legalmente, entrecruzar las actividades militares con las policiales - militarizar a las policías o policializar a los militares - para asegurar la seguridad pública en temas como el narcotráfico y los delitos más o menos complejos.¹⁴

Como hemos visto, el tema es complejo y no hay acuerdos. Esto se desliza en los conceptos que se usan para referirse al problema de la seguridad/inseguridad y en muchos casos emergen alternativamente las palabras "delitos", "robos y hurtos", o "violencias"; "conflictos entre personas" o "violencias interpersonales", que remiten a diversos problemas.¹⁵ Asimismo, dentro de este gran tema, emerge una dimensión que interpela otro tipo de prácticas y comportamientos públicos en espacios que son privados o en eventos organizados por particulares. El problema ya no estaría directamente ligado al delito sino a las situaciones de violencia o conflicto entre personas dentro y en espacios que reúnen públicos en calidad de concurrentes privados. Estos problemas ligados con el "orden público" se plantean ante la realización de partidos de fútbol, la organización de recitales y en el que se protagonizan episodios de violencia por parte de alguna parte de los concurrentes.

Si bien es imposible disociar el problema de la seguridad/inseguridad con las diferentes formas de delito, de violencia, de conflicto, en el espacio público o traspasándolo, estos conceptos en sí mismos y por sí mismos no agotan el problema en democracia. Tal vez parte de la problematización pueda hacerse con la construcción de niveles analíticos diferenciales de seguridad/inseguridad, que al mismo tiempo entrañan responsabilidades asimétricas y que posibiliten el abordaje de distintos tipos de amenazas que puedan poner en riesgo la vida de ciudadanos dentro de la comunidad, de la sociedad considera como algo más que una colección de hombres aislados por el miedo y mutuamente sospechosos al interior de un territorio y de un espacio nacional en su relación con un mundo regionalizado y transnacionalizado.

Si bien se señaló que el prisma actual de la seguridad/inseguridad en democracia ha dejado atrás, desplazado y opacado, perspectivas que hasta hace poco tiempo organizaban agendas, actores, políticas, representaciones, al mismo tiempo persiste el empleo dual o contrario de conceptos que tal vez sería oportuno cuestionar: seguridad pública/seguridad ciudadana, que parece presentar la provisión de seguridad a la ciudadanía como un problema no estatal y que restituye la oposición Estado y sociedad, presentando a lo ciudadano como problema desplazado de lo público y estatal.

El tema no es una moda pasajera e invita a continuar complejizando diversas dimensiones analíticas dentro del gran problema. Un primer nivel general asociado con la seguridad pública, que aborde el problema desde el ángulo de la responsabilidad estatal, de la dirección gubernamental de instituciones que por derivación del poder del Estado poseen el monopolio de la fuerza física legítima y de las distintas profesiones armadas cuyo deber está asociado con la defensa y el cuidado de la soberanía nacional. Como seguridad pública aunque con responsabilidades jurisdiccionales, jurídicas y políticas distintas, están involucrados los estados provinciales. Las municipalidades o las ciudades que no tienen autonomía con respecto a las provincias, son para este tema un espacio para la polémica. Un segundo nivel, con la misma intensidad analítica que el primero, es el de la seguridad ciudadana. Pero a diferencia del anterior, en relación a la ciudadanía hay que distinguir responsabilidades decisorias, ya que aquí lo políticamente prioritario son las garantías y protección asociadas a la plena vigencia del Estado Constitucional de Derecho y los Derechos Humanos. Un tercer nivel, que abarca los anteriores, es el de la seguridad pública que debe proveer el Estado con respecto a los mercados delictuales complejos, que poseen redes regionales e internacionales. Aquí, tanto como en el primer nivel, las hipótesis con respecto a la provisión de seguridad deben realizar un cuidadoso y arduo trabajo a fin de no retornar a discursos, prácticas, políticas que están demasiado presentes en los recuerdos y en las memorias del país y de la región. En este sentido, de ninguna manera pueden confundirse la fluidez migratoria actual con el auge del crimen organizado que traspasa - junto al flujo del capital que maneja - fronteras. También hace falta diferenciar claramente cómo operan las organizaciones delictivas de las instituciones que deben monitorear las fronteras (agua, tierra, aire) de aquellas que sólo deben entender de protección y defensa soberana.

El dossier que se presenta, y cuyos autores no son responsables de esta Introducción, invita a hacer diferentes entradas al gran tema de la seguridad/inseguridad en democracia y a leerlo desde distintos espacios provinciales, miradas y recortes de científicos sociales que se ocupan del mismo desde la sociología, la antropología social, la ciencia política, el derecho, la comunicación social. Esperamos contribuir a complejizar aún más las visiones sobre un problema actual, complejo y sobre el que hay que gobernar con responsabilidad política y social.

Notas

1.Doctora en Ciencia Política por FLACSO-Sede Académica de México. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Profesora Titular regular de Teoría Política II de la Universidad Nacional de Rosario. Contacto: celesgart@hotmail.com
2.En torno a las cronologías hay distintos puntos de vista. Suele afirmarse que el tema se abrió durante la gobernación de Eduardo Duhalde en la Provincia de Buenos Aires, a mediados de la década del noventa del siglo pasado y con el asesinato del periodista José Luis Cabezas. A partir de allí, el problema de la "maldita policía" asociada en principio a la policía de la Provincia de Buenos Aires, mostró uno de los temas pendientes de y en democracia: la reforma de las policías. Se abrió entonces un nuevo problema y una red conceptual que se le fue asociando: el de la seguridad e inseguridad en democracia.
3.Consultar Niszt, (2006).
4.Efectivamente, las ciudades hoy acogen algo así como el 50% de la población, y algunas de ellas son actores políticos fuertes con relativa independencia - aunque sin autonomía - de los Estados provinciales y/o nacionales. En Argentina y con respecto a las políticas de seguridad, esto ha generado diversos tipos de disputas políticas, no siempre atentas a las Constituciones, en los últimos años. Consultar Oliva, Laura: "El siglo de las ciudades. Por qué las grandes urbes crecen más allá de sus propios países". Diario La Nación. Sección Enfoques. 02/11/14.
5.El problema de los delitos y las violencias urbanas, también es problema y objeto de reflexión de urbanistas que se ocupan de diversas ciudades latinoamericanas: en México, el Distrito Federal, en Colombia, de Medellín; en Brasil, Río de Janeiro. Dossier "Las ciudades transformadas". Revista Cultural Ñ. Sábado 29 de junio de 2013.
6.Kozak, Daniel: "Fragmentos de la 'ciudad archipiélago'". En Dossier Revista Cultural Ñ. Op. Cit.
7.Aunque hay otros delitos complejos como los económicos o los tecnológicos. No todos, incluido el de los delitos de sustancias ilegales, están alejados de las instituciones o actores estatales y muchos tienen conexiones con sectores empresariales nacionales y trasnacionales.
8.Consultar Vargas Velásquez, (2012a).
9.Para el uso de este término remito a Frederic, Graciano y Soprano, (2010).
10.Consultar Vargas Velásquez, (2012b).
11.En este sentido, las sucesivas leyes de Defensa Nacional (1988), de Seguridad Interior (1991), de Inteligencia Nacional (2001) y sus reglamentaciones, son un marco indeclinable del Estado Constitucional de Derecho. Consultar, "Control democrático de los Organismos de Seguridad Interior" Documento de Trabajo CELS, 1997.
12.Consultar Saín, (2008).
13.Consultar Kessler, (2012).
14.Consultar Ernesto López y Juan Gabriel Tokatlian: "Los militares no deben ocuparse de la seguridad pública". Diario Clarín. Sección Opinión. 28/10/2014
15.Un libro que marca diferencias semánticas y temporales, es el de Gayol-Kessler, (2002).

Bibliografía

1.FREDERIC, Sabina-GRACIANO, Olvaldo-SOPRANO, Germán (comp.), (2010), El estado argentino y las profesiones liberales, académicas y armadas. Rosario: Prohistoria.
2.GAYOL, Sandra-KESSLER, Gabriel, (2002), Violencias, delitos y justicias en la Argentina. Buenos Aires: Manantial-UNGS.
3.KESSLER, Gabriel, (2012), "Delito, sentimiento de inseguridad y políticas públicas en la Argentina del siglo XXI", en ZAVALETA BETANCOURT, José (Coord.), La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
4.NISZT, Florencia, (2006), "La protección imposible. Discursos en torno a la seguridad en tres períodos de la historia argentina". Tesis de Maestría. FLACSO-México.
5.VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo (coord.), (2012a), El prisma de las seguridades en América Latina. Escenarios regionales y locales. Buenos Aires: CLACSO.
6.VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo, (2012b), Seguridad en Democracia. Un reto a la violencia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
7.SAÍN, Marcelo, (2008), El Leviatàn azul. Buenos Aires: Siglo XXI.