Introducción

El impacto social de la pandemia por COVID-19 ha constituido un evento disruptivo de escala global. A nivel mundial, las zonas urbanas se han convertido en el epicentro de la circulación del virus, concentrando aproximadamente el 90 % de los casos registrados de COVID-19 y alcanzando múltiples repercusiones. Por un lado, porque las economías urbanas representan el 80 % del PBI mundial¹ y, por otro, porque las desigualdades urbanas afectan cerca del 24 % de la población mundial, la que se encuentra en situación de emergencia habitacional, habitando en contextos de informalidad urbana y sin acceso a los servicios básicos (^{Naciones Unidas, 2020, pp. 2-5}). En América Latina, donde el 80 % de la población reside en zonas urbanas, el advenimiento de la pandemia de COVID-19: “… es un llamado a repensar los patrones históricos del desarrollo urbano y avanzar hacia un futuro más sostenible en la región” (^{Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, julio 2020}).

Las relaciones, prácticas y experiencias sociales han sido modificadas, tanto por el riesgo sanitario producto de la evolución epidemiológica del COVID-19 como por la incorporación de nuevas normas de funcionamiento social. Estas disposi- ciones, necesarias desde el punto de vista sanitario, contribuyeron al desarrollo de numerosas problemáticas derivadas —directa o indirectamente— de las políticas de aislamiento y de distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO² y DISPO³).

Ante la obligación de “quedarse en casa”, las desigualdades socioespaciales que atraviesan las diversas formas y prácticas del habitar se evidenciaron con mayor notoriedad. ¿Quiénes son los que pueden quedarse en casa? ¿Cómo se resignifica el Derecho a la Ciudad durante una pandemia que impone el aislamiento domiciliario como condición de cuidado de la salud pública? ¿Qué dimensiones y relaciones del habitar se transformaron y cómo pueden ser analizadas teóricamente?

Si anteriormente ya podía afirmarse que la calidad de vida urbana se había constituido en una mercancía más (^{Harvey, 2008}), ahora, con las disposiciones de aislamiento y distanciamiento social resulta aún más indudable. Las experiencias de habitar han sido transformadas por la pandemia. Por un lado, debido a que los problemas de acceso al hábitat, la ciudad y la calidad de vida urbana se han cons- tituido como las dimensiones más urgentes y críticas en este contexto. Por otro lado, porque las relaciones y prácticas socioespaciales al interior de los hogares también se han visto transformadas, aunque de una manera menos visible y más difícil de reconstruir, producto de su inscripción en el ámbito de la vida privada.

Actualmente, es imperioso entender de qué manera se han reconfigurado las desigualdades socioespaciales como parte de un proceso diferencial de (re)producción de desigualdad. Para contribuir a esta tarea, nos propusimos estudiar las experien- cias de habitar durante la pandemia en una ciudad intermedia del interior de la provincia de Buenos Aires, atendiendo específicamente a las desigualdades urbanas de los asentamientos y barrios populares en Tandil, durante el año 2020. Con el objetivo de presentar los resultados principales de esta indagación, el presente artículo se presenta ordenado en cuatro apartados. El primero de ellos aborda las estrategias metodológicas que estructuraron la investigación del caso, mencionando las fuentes de información, las técnicas empleadas y los ejes centrales de análisis. En el segundo, se introducen algunas de las definiciones teóricas que sustentan la reflexión en torno a las relaciones socioespaciales, los procesos de producción del espacio urbano y las experiencias de habitar. El tercero, se dedica a caracterizar el proceso de producción del espacio urbano en la ciudad de Tandil a comienzos del siglo XXI, profundizando en el desarrollo de las desigualdades socioespaciales. En el cuarto, se caracteriza la experiencia de habitar en asentamientos y barrios populares de Tandil durante la pandemia por COVID-19, presentando las problemáticas emergentes a partir de la voz de informantes clave. Finalmente, en las conclusiones se retoman algunos de los aspectos centrales del caso estudiado, sintetizando lo planteado y destacando los principales hallazgos, así como también los nuevos interrogantes que adquiere el análisis del Derecho a la Ciudad en el actual contexto de pandemia por COVID-19.

Metodología

Una estrategia metodológica flexible ha permitido sostener el análisis de caso a estudiar, empleando información cualitativa y cuantitativa (primaria y secundaria), analizada a partir de una estrategia de articulación intrametodológica y del uso articulado de diferentes tipos de registros (^{Denzin y Lincoln, 2005}). De acuerdo con ello, para reconstruir la diferencialidad que atraviesa la experiencia de habitar (^{Santos, 1996}; ^{Fernandes, 2009}), hemos complementado información de fuentes estadísticas, documentales y cartográficas con testimonios orales producidos a partir de entrevistas a informantes clave.

Las técnicas de producción y análisis de datos fueron organizadas a partir de dos ejes principales: i) el estudio histórico socioespacial con el objetivo de caracterizar los asentamientos y barrios populares de la ciudad de Tandil, y ii) la recuperación de testimonios de informantes clave (referentes, vecinos, responsables de instituciones y organizaciones sociales) mediante entrevistas abiertas y semiestructuradas que permitieron perfilar la situación de los hogares y las condiciones del habitar, en los asentamientos y barrios populares durante las fases de ASPO y DISPO.

El tipo de muestreo utilizado para la selección de informantes clave fue no probabilístico, tomando como criterio de selección la diversidad de ámbitos, roles comunitarios, anclajes territoriales y capacidad de proporcionar información situada sobre el impacto de la pandemia en su área de pertenencia. Las entrevistas se desarrollaron durante tres etapas⁴, entre marzo y noviembre de 2020 y, producto de las disposiciones de aislamiento social, se realizaron de manera no presencial, a través de comunicación telefónica, plataformas virtuales y aplicaciones digitales.

La información construida articula registros secundarios diversos. Los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas (INDEC) de 2000 y 2011, el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP)⁵ de 2016 y el Registro Nacional de Barrios y Asentamientos Populares (RENABAP)⁶ de 2018 permitieron caracterizar el escenario habitacional en barrios y asentamientos registrados. Al mismo tiempo, para describir las condiciones a escala nacional y local, se analizaron informes sobre el impacto social de las medidas de ASPO y DISPO, producidos por distintas instituciones académicas. En particular los desarrollados en el ámbito de la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus (conformado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MINCyT; la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica ANPCyT, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET) y por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, con el objetivo de conocer las experiencias del habitar en pandemia a nivel local, se recuperaron testimonios de informantes clave de ámbitos diversos (organizaciones sociales, instituciones, asociaciones civiles y espacios de referencia vinculados con trabajos en salud, educación, niñez y juventud, economía popular, religión, militancia en movimientos sociales y políticos, en centros culturales y comunitarios, etc.).

Considerando que cada uno de estos registros cuenta con limitaciones —derivadas de su carácter general o de su abordaje cualitativo—, su uso articulado permite reconocer algunas de las características estructurales y otras particulares, derivadas de experiencias subjetivas de habitar en pandemia, en contextos de desigualdad urbana. Entendemos que el análisis presentado como resultado de este proceso de investigación permite identificar algunas de las características principales del ASPO y del DISPO en la experiencia del habitar en los barrios populares y asentamientos de la ciudad de Tandil durante la pandemia por COVID-19, en el año 2020.

Desarrollo

Relaciones socioespaciales, producción de espacio urbano y experiencia de habitar

El estudio de las relaciones socioespaciales y del habitar presenta extensa tradición en los análisis urbanos, consolidándose como dimensiones centrales para abordar y comprender los procesos de producción de territorios en el campo de las ciencias sociales.

Desde nuestra perspectiva, entendemos que espacio y relaciones sociales se encuentran ligados entre sí. La producción social del espacio es producto de relaciones de poder que no solo se expresan en el espacio, sino que: “… son el factor esencial en el proceso de articulación del espacio social, a partir de la base genealógica del espacio en el que actúan […] como factor dentro de las relaciones sociales y, por consiguiente, en las relaciones de poder” (^{Sánchez, 1991, pp. 56-58}). Estas relaciones no son una dimensión fija, sino parte constitutiva de un movimiento socioespacial de carácter dialéctico: transforman el espacio en territorio (y viceversa), lo apropian, producen y mantienen a través del ejercicio de poder, imprimiéndole una forma y una intencionalidad específicas (^{Raffestin, 1993}). En consonancia, entender la ciudad como espacio social no se refiere a una materialidad establecida, sino que resalta el hecho de que esta se produce como territorio y lugar de manera permanente y siempre en disputa, a través de múltiples relaciones de producción, apropiación y consumo (^{Torres, 2018}).

Las experiencias de habitar la ciudad son resultado de la imbricación existente entre relaciones sociales y espaciales, ya que estas se expresan en las diferentes formas de producir hábitat urbano: “La producción de ciudad siempre es construcción y reproducción de sociedad” (^{Cravino, 2014, p. 98}), resignificando su dimensión procesual, sus movimientos, articulaciones y tensiones.

La ciudad es atravesada por una tensión constitutiva intrínseca como resultado de ser socialmente producida y privadamente apropiada (^{Lefebvre, 2013}). Esta tensión principal se expresa territorialmente, tanto en las relaciones sociales como en los procesos de fragmentación, segregación y polarización del espacio. Por ello, en la urbanización actual se profundizan cada vez más los fenómenos de modernización y fragmentación territorial, la polarización entre “áreas luminosas” y “áreas opacas” para el capital (^{Santos, 1996}), la jerarquización de la ciudad según los binomios formal-informal (^{Cravino, 2014}) y centro-márgenes (^{Fernández Wagner, 2014}). En consecuencia, procesos asociados, como la valorización diferencial de suelo urbano y la profundización de las desigualdades socioespaciales, ponen de manifiesto que las condiciones de acceso a la ciudad adquieren una dimensión de clase, observable en la diferencialidad del acceso a los beneficios del desarrollo urbano. Ejemplo de ello es la contradicción existente entre barrios residenciales con acceso exclusivo a determinados bienes y servicios, y barrios populares sin servicios públicos ni acceso a la ciudad. Estas dinámicas del crecimiento urbano afectan negativamente la calidad de vida e impactan con mayor fuerza sobre los grupos con acceso limitado a la infraestructura social-comunitaria, a los servicios básicos y a la ciudad en su conjunto. Es decir, no solo se han transformado la ciudad y las formas adoptadas por el crecimiento urbano, sino también las condiciones mismas del habitar, en tanto el crecimiento de la población excluida y expulsada evidencia que la calidad de vida urbana “… se ha convertido en una mercancía, como la ciudad misma” (^{Harvey, 2008: p. 31}).

Entonces, las contradicciones en las relaciones sociales se expresan espacial- mente, produciendo espacios diferenciales —“contradicciones del espacio”— y generando, a la vez, la “búsqueda de un contra-espacio” (^{Oslender, 2010}). En la construcción de espacios apropiados y espacios dominados, los contraespacios y la experiencia de habitarlos asumen la forma de una disputa por el significado del espacio, por su interpretación habitada, por la experiencia de vivir el espacio diferencial (^{Lefebvre, 2013}). Los espacios socialmente construidos son estructurados por la desigualdad, y son también estructurantes de ella. El espacio social nunca es neutro, y reconocerlo permite hacer visible la diferencialidad. Ejemplo de ello es la desigualdad de género que se despliega en las ciudades, que tiene alcances diferenciados en los roles, actividades y recorridos de hombres y mujeres, modificando su vida cotidiana y sus experiencias (Gil y de Anso y Ramos, 2011). De esta manera, puede notarse cómo las injusticias espaciales y las desigualdades urbanas tienen un sesgo de género que se materializa en la ciudad, expresándose a través de “… la omisión de las mujeres y diversidades en las formas de habitar y vivenciar las relaciones sociales en el espacio” (^{Falú, 2020, p. 22}).

En síntesis, las contradicciones de las relaciones sociales expresadas bajo la forma de espacios diferenciales nos permiten entender el Derecho a la Ciudad en un sentido integral. No solo como el derecho a la vivienda o a la libertad individual de acceder a los recursos urbanos, sino también como un derecho colectivo, una herramienta política (^{Falú, 2020}) y una categoría de lucha urbana (^{Cortés, 2015}). Por un lado, porque el acceso, la producción y la apropiación del hábitat urbano constituyen procesos complejos en los que intervienen diversos factores y relaciones expresados materialmente en las desigualdades de acceso a todos los beneficios y oportunidades que brinda la ciudad (suelo urbano, vivienda digna, infraestructura social y comunitaria, servicios básicos y un entorno ambientalmente saludable). Por otro lado, porque su planteo en términos colectivos posibilita tanto la participación de la ciudadanía en el proceso de gestión y planificación urbana, como la apertura hacia la disputa política por la construcción de una agenda urbana que incorpore las demandas de diferentes grupos y organizaciones sociales que luchan por la ciudad y por la dignidad de la vida humana. En suma: “… se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad” (^{Harvey, 2008, p. 23}).

Producción del espacio urbano y desigualdades socioespaciales en Tandil

En la historia reciente, la ciudad de Tandil ha experimentado profundas transformaciones socioespaciales. En la década de 1990, el crecimiento demográfico vinculado a la recepción de contingentes migratorios fue acompañado por el aumento de los niveles de desigualdad social. La desigualdad se agudizó luego de la crisis del 2001 y de la reestructuración económica del 2002, cuando fueron afectadas algunas ramas y actividades productivas, en particular, debido a la desarticulación de más de un tercio de los establecimientos industriales y la expulsión de más del 40 % de la población trabajadora (^{Lan, 2011}).

En la primera década del siglo XXI, la valorización diferencial del suelo urbano y la polarización espacial se vio dinamizada por la acción del capital inmobiliario, que concentró inversiones en edificaciones destinadas a sectores medios y altos con capacidad de compra en dólares (edificios en altura, barrios cerrados, alojamientos turísticos (^{Lan, Linares, Di Nucci y López Pons, 2010}). Entre 2005-2009, el precio de lotes y propiedades se incrementó un 176 % (^{Lan, 2011}), fortaleciendo el acceso diferencial al suelo urbano y, con ello, el proceso de segregación socioespacial de la población. Con el desarrollo del perfil turístico de Tandil, las inversiones inmobiliarias se concentraron en las zonas serranas (^{Migueltorena, 2012}) donde se consolidaron “nuevas formas de habitar”, materializadas en barrios cerrados y semicerrados que aceleraron y visibilizaron la polarización territorial entre las áreas norte y sur de la ciudad (^{Migueltorena, 2011}). Las formas adoptadas por el crecimiento intraurbano —verticalización y densificación de las áreas céntricas— valorizadas por el capital inmobiliario (^{Migueltorena, Franzzo y Lan, 2016}) evidencian, a nivel local, un estadio avanzado en la producción y apropiación diferencial del suelo, la renta y la plusvalía urbana (^{Migueltorena y Linares, 2019}).

La reestructuración acontecida profundizó la brecha socioterritorial entre quienes acceden, se benefician y se apropian del espacio urbano y, por el contrario, quienes no lo hacen y son expulsados, perjudicados y expropiados. Movimientos espaciales de organización y reorganización, destrucción y creación, territorialización y desterritorialización se estructuran en torno a dos grandes fenómenos: i) el aumento del déficit habitacional y de la informalidad urbana (^{Migueltorena, 2017}) y ii) el crecimiento y la diversificación de las luchas y conflictos por el Derecho a la Ciudad y de las experiencias de producción social del hábitat (^{Valente Ezcurra, 2018}). El impacto diferencial de ambos fenómenos se verifica en la expulsión y desplazamiento de grandes grupos de población trabajadora y desocupada hacia los territorios de margen, que se localizan en el arco este-norte-oeste de la ciudad. En el afán de reterritorialización, estos grupos construyeron estrategias de producción social del hábitat por fuera del mercado formal dando origen, algunas de ellas, al crecimiento de asentamientos informales y barrios populares en Tandil.

Habitar el espacio diferencial es una realidad cotidiana para quienes residen en estos territorios. Las desigualdades urbanas y socioespaciales se han consolidado en estos asentamientos y barrios populares, donde tanto el Derecho a la Ciudad como a la calidad de vida urbana se ven condicionados estructuralmente. Sus habitantes, no solo sufren las consecuencias de la informalidad y la precariedad habitacional, sino también aquellas vinculadas al acceso limitado a la infraestructura, a los servicios y a los beneficios de la ciudad en su conjunto.

Estas tendencias consolidan dinámicas de desigualdad urbana en Tandil. La cobertura espacial de redes de infraestructura, servicios y transporte público de pasajeros constituye un indicador de la desigualdad que afecta particularmente a los asentamientos y barrios populares. En 2012, un informe de la Facultad de Ciencias Humanas analizaba las consecuencias sociales del servicio de Transporte Público en Tandil, constatando importantes desequilibrios espaciales en la red de transporte. La falta de conexión entre los diferentes puntos de la red limitaba las posibilidades de traslado y de acceso a la ciudad de quienes habitaban en barrios periféricos, ya que cerca del 25 % de las viviendas no accedía a ninguna de las seis líneas de ómnibus urbano y, además, los recorridos vigentes impedían que el 40 % de los usuarios accediera a los hospitales públicos de la ciudad (Diario El Eco de Tandil, 23 de diciembre de 2012).

En paralelo, también se ha incrementado el problema de la vivienda. Entre 2001 y 2010, aunque el incremento de la cantidad de viviendas fue superior al demográfico, creció la población afectada por el déficit habitacional (^{Migueltorena, 2017}; ^{INDEC, 2001} y ²⁰¹⁰). Asimismo, la población propietaria descendió 7,8 puntos porcentuales (del 70,4 % en 2001, al 62,6 % en 2010) y avanzó el proceso de “inquilinización”, puesto que la población inquilina creció 9 puntos porcentuales (del 15,5 % en 2001, al 24,5 % en 2010). Estas tendencias, de por sí alarmantes, lo son aún más si se considera que los valores de Tandil superan ampliamente lamedia nacional, que en el período registraba un descenso de 2,94 % en la población propietaria y un aumento de 5,07 % en la población inquilina (^{Putero, 2011}).

Adicionalmente, el crecimiento espacial y demográfico de barrios populares y asentamientos es indicativo del incremento de la informalidad urbana, poniendo en evidencia tanto la polarización territorial, como las tensiones producidas en el proceso de producción y apropiación de la ciudad. En los últimos 20 años, más del 70 % de los barrios y asentamientos surgieron y se expandieron en las periferias nor-noroeste de la ciudad (Fig. 1).

Fuente: elaborado por Valente Ezcurra y Jacinto (2021) sobre la base de la información de ^{RPPVAP (2016)} y ^{RENABAP (2018)}.

Figura 1. Localización espacio temporal de asentamientos y barrios populares de la ciudad de Tandil. 

El análisis de este proceso histórico socioespacial permite identificar cuatro momentos o etapas en el crecimiento de los asentamientos de la ciudad de Tandil:

a) los barrios Villa Gaucho y La Esperanza, previos a 1990; b) Las Tunitas, en la década de 1990; c) los asentamientos Villa Cordobita, Villa Laza, Movediza I y Movediza II entre 2000 y 2004; y d) Darío Santillán; La Movediza; La Unión y Villa Aguirre, entre 2013 y 2017.

En 2016, según el RPPVAP, 1239 familias residían en siete barrios, la mayoría definidos como asentamientos precarios, con excepción del barrio Movediza II donde habitaban 560 familias, el cual: “… contiene rasgos de mixtura entre villa y asentamiento, porque no todo el trazado es regular, pero también posee conjuntos habitacionales tomados y situaciones de informalidad dispersa” (^{Migueltorena, 2017, p. 144}). En relación con las infraestructuras y servicios, la información indicaba situaciones diversas: i) todos contaban con acceso a energía eléctrica; ii) el alumbrado público se registra como inexistente en uno de ellos (Las Tunitas); iii)solo tres accedían al agua potable con cobertura parcial (Villa Gaucho, Movediza I y Movediza II); iv) la red cloacal era inexistente; v) la red de gas cubría parcialmente tres de los siete barrios (Tunitas, Movediza I y Villa Gaucho); y vi) solo uno de ellos estaba parcialmente pavimentado (Villa Gaucho) (^{RPPVAP, 2016}).

En 2018, según el RENABAP, 1397 familias residían en diez barrios, la totalidad definidos como asentamientos. De los siete barrios registrados por el RPPVAP, solo seis fueron relevados (Villa Gaucho, La Esperanza, Las Tunitas, Villa Cordobita, Villa Laza y Movediza I —denominado como La Movediza—), siendo excluido el barrio Movediza II por haberse allí iniciado procesos de integración sociourbana y regularización dominial. Además, se incorporaron cuatro asentamientos nuevos (Darío Santillán, La Movediza II, La Unión y Villa Aguirre), localizados en zonas periféricas del nor-noroeste de la ciudad (Tabla I).

Tabla I. Cantidad de familias y superficie de asentamientos y barrios populares de la ciudad de Tandil. 

uente: elaborado por Valente Ezcurra y Jacinto (2021) sobre la base de la información de ^{RPPVAP (2016)}, ^{RENABAP (2018)}, ^{Migueltorena (2017)} y ^{De Grande (2019)}.

Esta información no solo da cuenta del desarrollo de la informalidad urbana sobre los márgenes —con el surgimiento de asentamientos nuevos—, sino también del crecimiento acelerado de la cantidad de familias que los habitaban —que se duplicó entre los años 2016 y 2018—⁷. En relación con la cobertura de servicios públicos e infraestructura se identificaban diferentes situaciones: i) todos los asentamientos contaban con medidor domiciliario de electricidad; el acceso al agua potable era un problema común, algunos tenían cobertura parcial (La Movediza I y Villa Gaucho), otros conexión informal a la red (Las Tunitas, Villa Cordobita, Darío Santillán, Villa Aguirre), dos no estaban conectados (La Esperanza y Villa Laza) y en otros dos el agua se obtenía a través de pozos, bombas o traslado de bidones (La Unión y La Movediza II); iii) la red cloacal solo alcanzaba a dos barrios (Darío Santillán y Villa Aguirre), existiendo conexiones informales en uno de ellos (Villa Aguirre), mientras que en los ocho restantes las excretas se depositaban en hoyos, pozos ciegos o cámaras sépticas; y iv) la red de gas tenía cobertura parcial en tres de los siete barrios (Tunitas, Movediza I y Villa Gaucho), aunque la totalidad de los barrios utilizaba gas envasado en garrafa como energía para la cocción de alimentos y leña, carbón, energía eléctrica y, otros medios como energía para calefacción (Tabla II).

Tabla II. Cobertura de servicios públicos de electricidad, agua, cloacas y gas en asentamientos y barrios populares de la ciudad de Tandil (2016-2018). 

Fuente: elaborado por Valente Ezcurra y Jacinto (2021) sobre la base de la información de ^{RPPVAP (2016)}, ^{RENABAP (2018)}, ^{Migueltorena (2017)} y ^{De Grande (2019)}.

Como queda en evidencia, el acceso al hábitat y a la ciudad se han visto doble- mente comprometidos —al interior de las viviendas y a escala barrial—, dando cuenta de las privaciones que sufren quienes habitan barrios populares y asen- tamientos. A nivel de la vivienda, la precariedad constructiva afecta la calidad de vida de las familias. Adquieren particular relevancia tanto los déficits en los materiales envolventes y en las aberturas, como la carencia en servicios energé- ticos para cubrir necesidades básicas (cocción, calentamiento de agua sanitaria y acondicionamiento térmico). La ausencia de redes de gas determina el uso de combustibles relativamente más caros (gas envasado, principalmente garrafas) y más nocivos (leña y residuos) para cocinar y para calefaccionar los ambientes. La combustión de leña y residuos en el interior de los hogares, con escasa ventilación, impactan fuertemente en la salud e incrementan los riesgos de accidentes, especialmente en niños y adultos mayores, que son los que más tiempo permanecen en los hogares. El uso de la electricidad es una opción en algunos hogares, aunque principalmente reservada al calentamiento de agua sanitaria. En todos los casos, el aumento de las tarifas energéticas afecta en gran proporción los presupuestos de las familias, que se ven obligadas a reducir los consumos o sustituirlos usando fuentes con alto impacto ambiental y riesgos para la salud.

En el actual contexto de pandemia, pensar el Derecho a la Ciudad requiere reflexio- nar sobre los alcances y expresiones de la desigualdad social y urbana. Una dimensión a destacar es la precariedad de acceso a infraestructura y servicios, que, en los asentamientos y barrios populares de Tandil, no solo afecta el nivel de calidad de vida urbana, sino que, además, genera pobreza energética (^{Jacinto, Carrizo y Gil, 2018}), siendo un indicador especialmente sensible y crítico frente la obligación de “quedarse en casa”. Otra es la división de género existente en torno a las tareas reproductivas y de cuidado (a su vez, asociadas a la división entre el espacio público y el privado) y que también constituye un aspecto a considerar al momento de analizar las consecuencias sociales de la pandemia en los asentamientos y barrios populares de Tandil. En parte, porque las prácticas socioespaciales que se articulan en diferentes escalas (ciudad, barrio, hogar) se estructuran en base a roles de género socialmente establecidos y que modifican las experiencias de habitar. Pero, sobre todo, debido a que, en los barrios populares, la feminización de las jefaturas de hogar alcanza un porcentaje objetivamente importante: “… el 71% de los hogares están a cargo de mujeres, y el 66% de los componentes de esos hogares son menores de 29 años (…) sólo el 18% de estas familias tiene trabajo registrado” (^{ABC Hoy, portal de noticias de Tandil y la región, 16 de septiembre de 2018}).

Habitar asentamientos y barrios populares en pandemia por COVID-19

Las medidas de ASPO y DISPO generaron impactos sociales amplios y profundos. Algunos fueron transversales, pero otros, territorialmente diferenciados. En este sentido, una característica distintiva de la pandemia de COVID-19 es que los problemas se articularon entre sí incrementando su complejidad, impactando con mayor fuerza en los grupos sociales excluidos, y principalmente en quienes habi- taban en asentamientos y barrios populares. Es allí donde el déficit habitacional y la desigualdad urbana alcanzaron niveles más notorios.

En Argentina, el diagnóstico integral realizado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus identificó, entre el conjunto de puntos críticos que demandaban intervención estatal prioritaria, a los comportamientos sociales de mayor riesgo de contagio y a las condiciones estructurales para cumplir la cuarentena y prevenir contagios en determinados hábitats (^{Kessler et al., 2020, pp. 6-8}). Ambos dan cuenta de que las desigualdades sociales y urbanas actúan como un elemento definitorio de las dificultades para habitar en pandemia. Por un lado, se reconoce que los grupos sociales más vulnerables “relativizan los riesgos de contagio y la magnitud de la pandemia”:“...debido a escasas posibilidades sanitarias y de higiene persistentes en sus entornos vitales (exposición constante a infecciones vinculadas a contaminación ambiental, contacto con basurales, sin acceso a servicios y falta de higiene urbana)” (^{Kessler et al., 2020, p. 7}). Por otra parte, se consideraba que por sus condiciones de precariedad, algunos hábitats no permitían que las familias pudieran cumplir con las medidas de cuidado, identificando como causa principal: “Hacinamiento crítico y deficiencias habitacionales” (^{Kessler et al., 2020, p. 8}).

En la provincia de Buenos Aires, la precariedad habitacional, la falta de acceso a servicios básicos, la contaminación ambiental y el hacinamiento constituyen problemáticas estructurales que impidieron y/o dificultaron el acatamiento de la cuarentena (o que se vieron agravadas por este). La diferencialidad socioespacial en el impacto de la pandemia resultaba evidente, siendo muy distinta la situación de quienes habitaban en asentamientos precarios o barrios populares y quienes vivían en zonas con menor densidad urbana, en lotes más grandes o en vivien- das más espaciosas. “En los asentamientos o barrios con viviendas precarias, los informantes hacen referencia a que no es posible entender la cuarentena como un aislamiento adentro de las casas en sentido estricto, sino, en todo caso, dentro del perímetro del barrio” (^{Kessler et al., 2020, p. 22}).

Las características de la vivienda y del hábitat ocuparon un lugar determinante en la emergencia de problemas complejos, que fueron agravados por el ASPO y, además, combinados con otros (como los relacionados con la salud, los cuidados y la violencia de género). La multidimensionalidad del fenómeno se expresa en la diferencialidad que atraviesa la experiencia de habitar y, especialmente, en la manera en que los contextos de desigualdad urbana multiplican y amplifican el impacto social de la pandemia, afectando a grupos sociales específicos.

En Tandil, entre los obstáculos identificados para el acatamiento del ASPO y la cuarentena, se mencionan: “... las características de la vivienda y del barrio (precariedad, hacinamiento, falta de equipamiento, falta de servicios y de comercios en el propio barrio, lejanía con respecto al centro de la ciudad)” (^{Kessler et al., 2020, pp. 36-37}). Al igual de lo que sucede en otras escalas, en los barrios populares, estos problemas se intersectan con otros, tales como: “... la necesidad de salir de los hogares para trabajar debido a que viven al día de trabajos informales [...] para acceder a medicamentos, alimentos y gas envasado” (^{Kessler et al., 2020, pp. 38}).

En los asentamientos y barrios populares, la imbricación de distintas problemáti- cas —tanto preexistentes, como emergentes— contribuyó a generar cuadros complejos, agudizados por el acceso restringido a los beneficios y oportunidades que brinda la ciudad. Esta condición de desigualdad no solo se manifestó en su dimensiones materiales —carencias en vivienda, servicios, infraestructura, hábitat—, sino también en su intersección con otras necesidades, prácticas y problemas relacionados con la experiencia de habitar: la subsistencia de trabajadores informales; las situaciones de violencia intrafamiliar y de género; las dificultades para pagar alquileres y servicios; la preocupación ante el cierre de centros comunitarios; el desconocimiento de formas de tramitación de beneficios sociales; y la dificultad para dar continuidad a la educación bajo modalidad virtual, entre otras (^{Kessler et al., 2020, p. 38}).

A principios del ASPO, los asentamientos y barrios populares aparecían menciona- dos entre las áreas con mayor grado de problemas: “Villa Aguirre; Villa Cordobita; La Estación, Villa Italia; Movediza; Palermo; Belgrano; Tunitas; Villa Laza; Villa Gaucho; Barrio del Estadio; Vela y Gardey” (^{Kessler et al., 2020, p. 40}). La precariedad habitacional y el hacinamiento también fueron señalados en las entrevistas como un aspecto crítico que afectaba el cumplimiento y el sostenimiento de la cuarentena y del aislamiento social. Informantes clave de diferentes organizaciones de los barrios populares Villa Aguirre y La Unión afirmaron:

… no todos los grupos familiares cuentan con un hogar cómodo/ espacioso/agradable para permanecer dentro por tantos días. Para familias de 4/5 o más integrantes, con una/dos habitaciones, resulta casi imposible que lxs niñxs puedan estar bien, en condiciones saludables y entretenidxs… sin acceso a bienes y servicios que sí llegan a otros sectores de la sociedad tandilense (Referenta Centro de Referencia para jóvenes, Villa Aguirre, marzo 2020).

La medida se cumplió parcialmente debido a la situación habitacional. La principal dificultad para permanecer en sus casas es que las viviendas son de pocos ambientes, generando que los niños, niñas y adolescentes se encuentren en el barrio realizando actividades diarias. También lo es la violencia familiar (Referente Asociación Civil, La Unión, marzo 2020).

Se acató parcialmente, pues las viviendas son precarias y muchas veces su límite se extiende hacia la vereda, lo que hace que vecines estén en la calle. Además, que viven familias numerosas en casas de pocos ambientes. Acceder a los alimentos básicos, y el gas envasado hace que la gente sí o sí tenga que moverse para subsistir (Referenta Casa Comunitaria, Villa Aguirre, marzo 2020).

Entre los problemas más urgentes, se identificaron la falta de ingresos por la interrupción de las actividades de trabajadores informales, y con ello la dificultad de garantizar acceso a alimentos, servicios, elementos de higiene y de limpieza. Asimismo, se destacaban las problemáticas vinculadas con: “… cuestiones habitacionales, derivadas de la precariedad habitacional y del hacinamiento en las viviendas, que impacta directamente en las condiciones de convivencia y bienestar […]; la preocupación por el pago del alquiler y los servicios […]; la violencia intrafamiliar y de género” (^{Linares et al., 2020a, pp. 8-9}).

En algunos de los testimonios de los barrios Tunitas, Movediza, Movediza II, Palermo, Belgrano y Villa Aguirre, se resaltaba la vinculación entre déficits habitacionales y cuidado de la salud y prevención de enfermedades:

… con el tema de prevención y cuidado, el tema es que muchas de las familias les cuesta el tema de hábito de higiene, por ahí hay gente que vive hacinada […]. Otro tema es que si empiezan los fríos, el clima frío se va a complicar con el lugar donde viven, porque viven hacinados, con mala ventilación, mala calefacción, ahí van a empezar los problemas respiratorios que se van a confundir con Coronavirus, con la gripe, con todo, ahí se va a complicar (Referente Centro de Salud Comunitaria, Tunitas, marzo 2020).

La falta de agua (Barrio Movediza) es un problema central, no solo con lo vinculado a la higiene y elaboración de alimentos, sino sobre todo teniendo en cuenta las medidas preventivas del Coronavirus con el lavado de manos (Referenta militante territorial de organización social, barrios Movediza, Movediza 2, Palermo, Belgrano, Villa Aguirre, marzo 2020).

tros testimonios revelan cómo se vieron modificadas además las actividades prácticas cotidianas al interior de los hogares durante la cuarentena:

… en calle Uspallata al 600 hay un asentamiento reciente eso hace que las viviendas en su mayoría sean muy precarias, algunas construidas con silo bolsa. Eso ocasiona que no tengan espacios para estar dentro de la casa y por tanto la niñez comparte juegos y los adultos se encuentran al aire libre pero sin temor. […] Una de las principales problemáticas que han surgido es la vinculada a la cuestión alimentaria, ya que la mayoría de las familias son trabajadorxs informales, también se observó la falta de gas envasado, lo que dificulta la elaboración de alimentos […]. La principal dificultad en los barrios populares visitados está vinculada a la infraestructura habitacional. Agravado si bajan las temperaturas. También si llega a llover en cantidad (Referenta militante de movimiento social, barrios Tunitas, Villa Cordobita, Villa Laza, Movediza, Villa Aguirre y Villa Gaucho. Además de Vela y Gardey, marzo 2020).

Si durante los primeros meses ya surgían situaciones que ponían de manifiesto la diferencialidad de las experiencias de habitar en pandemia, la prolongación del ASPO agravó las problemáticas presentes. Aun cuando la evolución epidemiológica permitió en Tandil un cambio de fase —pasaje del ASPO al DISPO—, el cuadro de situación no presentó un mejoramiento de las condiciones observadas. En agosto de 2020, el segundo informe sobre el impacto social de la pandemia en la ciudad identificó como problemáticas más urgentes las relacionadas con “… trabajo, alimentación, educación, salud, vivienda, servicios básicos, violencias y acceso a las políticas públicas” (^{Linares et al., 2020b, p. 12}).

El hacinamiento, la falta de espacio en las viviendas y la precariedad habitacional permanecieron como preocupaciones principales en relación con la posibilidad de cumplir con las medidas de ASPO. Durante el invierno, se sumaba la necesidad de contar con materiales para mejorar la calidad de las construcciones y su capacidad de aislación térmica para afrontar las bajas temperaturas y preservar la salud, sobre todo de quienes padecen enfermedades prevalentes o se encuentran entre los grupos de riesgo de contagio. Adicionalmente, se volvió cada vez más crítica la situación de la población inquilina, que incrementó sus demandas por políticas públicas urbanas de mejoramiento habitacional, regularización dominial y provisión de vivienda social (^{Linares et al., 2020b, pp. 17-18}).

En los barrios populares y asentamientos de la ciudad, la situación era sumamente crítica, especialmente en La Unión, Villa Gaucho, La Movediza, Movediza II y Villa Cordobita, donde los problemas de acceso alcanzaban a numerosos servicios básicos (agua, gas, cloacas, transporte público, internet) (^{Linares et al., 2020b,p. 20}). Los testimonios destacan diversos problemas, resaltando el hecho de que no se presentan aislados, sino “Todos juntos, hay familias que no tienen baño en sus casillas, menos formas ni medios para garantizar la continuidad pedagógica desde el hogar” (referente de asamblea vecinal, barrio La Movediza II, julio 2020). También se mencionan otros, como:

La dificultad para pagar los alquileres, las condiciones de las viviendas, el acceso a los servicios son algunas de las mayores problemáticas. El acceso a la electricidad y el gas son un gran problema. En muchos casos los vecinos se calefaccionan con basura en las estufas debido a los exorbitantes precios de la leña. Con la llegada del invierno se complica cada vez más el acceso a la leña por ejemplo, ya que casi la mayoría de los vecinos no tiene gas (Referenta cooperativa de la economía popular, Villa Aguirre, julio 2020).

Hay familias numerosas viviendo en casas pequeñas, o personas que no tienen baño, cocina, casas precarias hechas de chapa o planchones y que tienen pisos de tierra. Hay personas que están incluidas en la categoría factor de riesgo, que viven en estas condiciones (Referente de Centro Cultural, Villa Cordobita, julio 2020).

Continuidad pedagógica por falta de conectividad. Tiempo y espacio para desarrollar las actividades. Hacinamiento, calidad de las viviendas, falta de materiales. Gas, electricidad, cloacas. Dificultad en el acceso y precios elevados. Dificultades para cumplir con las tareas escolares, aumento de la violencia intrafamiliar, por hacinamiento (Referenta organización social, Villa Gaucho, julio 2020).

… por ahí las mujeres, como te decía, dejaron de trabajar tanto afuera porque se quedan con los nenes que no están yendo a la escuela. Ellas están más y por eso hacen cosas para vender desde la casa en vez de salir y trabajar […]. No he escuchado que hayan cortado la luz acá en el barrio y eso que sé de muchos que no han pagado. Gas casi nadie tiene, la mayoría se calefacciona con salamandra, y leña algunos compran la bolsa […] van muchos a sacar leña de acá del bosque […] El colectivo es todo un tema, no tanto porque no puedan pagarlo, pero pasa muy pocas veces y hay que organizarse bien […] hay gente que depende del colectivo y si lo pierden es mortal. Eso sí estaría bueno que vuelva como antes… (Referenta Iglesia Evangélica, Movediza, julio 2020).

Viviendas precarias y con poco espacio que no permiten en muchos casos el aislamiento con respecto a la infancia y la tercera edad (personas de riesgo). Trabajo, alimentación, educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos, violencias (intrafamiliares y de género), higiene. Problemas respiratorios que se agravan con la precariedad de las viviendas. Hacinamiento, falta de materiales para una vivienda digna (techo, ampliación, habitaciones, paredes). Agua, gas, cloacas, calefacción (Referenta militante de movimiento social, Tunitas, Villa Cordobita, Villa Laza, Movediza, Villa Aguirre y Villa Gaucho. Además de Vela y Gardey, julio 2020).

Como puede observarse, la falta de cobertura de servicios públicos, la ausencia de infraestructura social comunitaria y los déficits de conectividad afectaron las posibilidades de habitar respetando el ASPO y el DISPO, dificultando el sostenimiento de los cuidados sanitarios y de prevención, esenciales frente al COVID-19. Paralelamente, se advirtió la modificación de las prácticas y los usos del espacio habitado que transformaron las rutinas al interior de los hogares en vinculación con las actividades que pasaron a ser realizadas “desde la casa”. En este sentido, se evidencian cambios en las relaciones de género y en la organización de la vida cotidiana al interior de las viviendas, situación que: “… podría indicar cierta ‘generización’ en los efectos de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, situación que implicaría profundizar en los múltiples impactos socio-espaciales de la pandemia (especialmente en sus efectos diferenciales según el género)” (^{Linares et al., 2020b, p. 19}). Asimismo, por las bajas temperaturas del invierno, se activaron problemas relacionados con el acondicionamiento térmico y la calefacción de las viviendas, al combinarse el incremento de los consumos resultantes del “quedarse en casa” con los costos de los servicios energéticos. “Los efectos lamentables de las situaciones de pobreza energética resultan evidentes en los reiterados casos de incendios de viviendas, puesto que, las estrategias que puede adoptar la población excluida para calefaccionarse son ciertamente limitadas” (^{Linares et al., 2020b, pp. 20-21}).

Si bien parte de las dificultades generadas por la precariedad y pobreza energética vieron reducidos sus efectos con el cambio de estación y la suba en las temperaturas, otras problemáticas continuaron desarrollándose, incluso durante el distanciamiento social y las fases que habilitaban mayores grados de circulación de la población. Las formas y experiencias de habitar en los asentamientos y barrios populares durante la pandemia se vieron modificadas en función de la materiali- dad del espacio, las condiciones de habitabilidad y el acceso a los beneficios de la ciudad. Los efectos de la diferencialidad producida por la desigualdad socioespacial y urbana continúan siendo un tema a profundizar, puesto que, además de actuar como vector de reproducción de las desigualdades sociales, afectan de manera diferente a algunos grupos sociales específicos. Aunque el levantamiento progresivo de las restricciones a la circulación sobre los últimos meses del año 2020 modificó algunos de estos aspectos, otros, según los testimonios, continúan teniendo plena vigencia:

La situación, sacando la parte económica de les habitantes de los barrios, se ha mantenido casi igual, las obras que estaban programadas se han parado por la pandemia [...] la falta de espacios verdes y de esparcimiento acentuó la diferencia que hay en las niñeces de los barrios y la del resto de la ciudad en cuanto a qué hacer sin las clases, a qué juegan y cómo se entretienen, ya que hay lugares como microbasurales o aludes de tierra donde les chiques es la única propuesta que tienen para jugar (Referente RENABAP Tandil, noviembre 2020).

Reflexiones finales

En el análisis, hemos planteado que la ciudad, en tanto espacio social, se produce de manera permanente y siempre en disputa, a través de múltiples relaciones. También que, en el capitalismo, este carácter social de la producción del espacio urbano es invisibilizado por su apropiación privada (bajo la forma de mercancía). Asociadamente, resaltamos que las condiciones de acceso a la ciudad tienen una dimensión de clase —materialmente observable en la diferencialidad del acceso a los beneficios del desarrollo urbano y la calidad de vida—. Pero, además, que las desigualdades urbanas adoptan un sesgo de género —que se manifiesta en los roles, actividades y recorridos cotidianos en la experiencia de habitar de hombres, mujeres y diversidades—.

La reflexión sobre el Derecho a la Ciudad involucra, entonces, una pregunta nece- saria: ¿la ciudad para quiénes? En consonancia, para comprender las relaciones y experiencias de habitar en pandemia, el análisis del Derecho a la Ciudad debe plantearse en un sentido integral, considerando tanto el acceso a la vivienda digna y al hábitat, como el acceso a los recursos urbanos y a un ambiente saludable. Es decir, entenderlo integralmente en sus múltiples dimensiones: como instrumento de derecho (con alcances individuales y colectivos), como una herramienta política y, además, como una categoría de lucha urbana. Desde esta perspectiva, puede analizarse el acceso a los beneficios y oportunidades que brinda la ciudad (suelo urbano, vivienda adecuada, infraestructura social y comunitaria, servicios básicos, entorno ambiental saludable), sin dejar de lado los procesos de lucha social y la participación política de la ciudadanía en la disputa por una agenda urbana que incorpore demandas populares.

Las transformaciones acontecidas en la ciudad de Tandil durante las últimas décadas fortalecieron procesos de desigualdad socioespacial, consolidados por el incremento en el precio de lotes y propiedades, los cambios en las condiciones de tenencia de la vivienda, el crecimiento del déficit habitacional, la segregación socioespacial de la población y la polarización territorial entre las áreas norte y sur. Estas dinámicas se materializaron en la emergencia de nuevas formas de habitar vinculadas a la ocupación de áreas serranas (para desarrollos inmobiliarios) y al crecimiento espacial y demográfico de barrios populares y asentamientos (incrementando la informalidad urbana). A la par de estos procesos de desigualdad socioespacial, constatamos una diversificación en los conflictos por el Derecho a la Ciudad, que comienza a ser reivindicado por organizaciones sociales y por habitantes de asentamientos y barrios populares de Tandil.

El impacto de la pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades socioes- paciales preexistentes. Este evento disruptivo global afectó las relaciones, prácticas y experiencias sociales. En este contexto, las políticas de ASPO y DISPO introdujeron profundos cambios en las experiencias de habitar y, a causa de su impacto diferenciado en los territorios locales, agudizaron, aún más, los procesos de desigualdad socioespacial existentes, contribuyendo así al desarrollo de nuevas problemáticas. Problemas comunes y particulares configuraron una situación compleja que no puede ser comprendida de manera unívoca.

Cuando comenzamos esta investigación nos propusimos reconstruir parte de la diferencialidad que atraviesa la experiencia de habitar durante la pandemia de COVID-19 producto de “quedarse en casa”. Con este objetivo, hemos buscado caracterizar tanto las problemáticas como las prácticas socioespaciales que emergieron en los asenta- mientos y barrios populares de la ciudad de Tandil durante el año 2020. Consideramos que los resultados obtenidos exigen reflexionar sobre los alcances e implicancias que adquiere el Derecho a la Ciudad durante la pandemia, sobre todo, para quienes habitan espacios diferenciales en contextos de desigualdad urbana estructural.

Los diagnósticos realizados muestran una situación crítica, que afectó con mayor fuerza a algunos grupos sociales específicos: trabajadores informales, mujeres jefas de hogar, adultos mayores y niñeces. Estos grupos no tuvieron garantizadas las con- diciones estructurales básicas para la subsistencia, el acceso al hábitat, a la calidad de vida urbana y a la ciudad y, a raíz de ello, no pudieron sostener medidas de higiene elementales para el cuidado de la salud y la prevención de contagios —como el lavado de manos o el distanciamiento social—. “Quedarse en casa” no era una posibilidad para quienes habitaban en asentamientos y barrios populares. Los obstáculos para el acatamiento del ASPO y del DISPO principalmente estaban vinculados con las condiciones de existencia y con las características de las viviendas y del barrio (en relación con la necesidad de salir para trabajar o para acceder a medicamentos, alimentos y recursos energéticos). Muchas veces, a causa del hacinamiento crítico y de la precariedad habitacional, las familias no permanecían estrictamente dentro de las casas, sino en otros espacios, como las veredas y calles del barrio. En estos territorios, las prácticas socioespaciales se vieron reconfiguradas, tanto en sus esca- las como en las actividades, recorridos y rutinas de sus habitantes. Se constituyeron en un espacio diferencial, también en su dimensión habitada, puesto que los gru- pos sociales con mayor vulnerabilidad vieron agudizadas sus dificultades por tener que sostener las medidas de ASPO y DISPO en contextos de desigualdad urbana. Durante el invierno, los problemas derivados del acceso deficiente a servicios bási- cos e infraestructura social comunitaria se hicieron más complejos. La precariedad habitacional se vio agravada por el descenso de las temperaturas que acarreó el aumento en los problemas de calefacción de las viviendas y, que, sumado al incre- mento en los costos de los servicios y en los consumos resultantes de “quedarse en casa”, profundizaron el alcance de la pobreza energética.

El análisis de estos aspectos pone de manifiesto que, en los asentamientos y barrios populares de la ciudad de Tandil, la calidad de vida urbana y el Derecho a la Ciudad se ven condicionados estructuralmente por el desarrollo de la desigualdad social, espacial y urbana. Durante la pandemia de COVID-19, el acceso al hábitat y a la ciudad se vio doblemente comprometido: tanto al interior de las viviendas, como a escala barrial; generando situaciones críticas que imposibilitaron “quedarse en casa”. En este sentido, queremos destacar la imbricación, interconexión y combinación de problemáticas provocadas por las consecuencias sociales de la pandemia (que articularon elementos preexistentes y emergentes), produciendo un cuadro donde se intersectan desigualdades y vulnerabilidades. Los déficits de cobertura y acceso a infraestructuras y servicios (como el agua, el gas, las cloacas, el transporte público y la internet) profundizaron las injusticias y desigualdades socioespaciales en esos territorios. Las condiciones de habitabilidad y la materialidad del espacio de cada familia posibilitaron o impidieron permanecer en las viviendas y desarrollar actividades “desde casa”, siendo un claro ejemplo los obstáculos vinculados con la pobreza energética, el cuidado de la salud y la continuidad pedagógica. Además, en una escala que supera los límites de los barrios y asentamientos en sí mismos, las restricciones a la circulación y la disminución de frecuencia del transporte público también impidieron que los habitantes accedan al conjunto de bienes y servicios que brinda la ciudad, destacándose los problemas de accesibilidad a políticas sociales de asistencia alimentaria, energética, de ingreso familiar de emergencia y de alquileres sociales.

Por otra parte, también se modificaron las prácticas y los usos del espacio habitado, ligados a la transformación de las rutinas al interior de los hogares. Asociadamente, se registraron cambios en las relaciones de género y en la organización de la vida cotidiana de las familias debido a la variación en las tareas reproductivas y de cuidado. En este sentido, los testimonios mencionaron dificultades deriva- das de un crecimiento de las situaciones de violencia intrafamiliar y de género, aspecto que pone de manifiesto la diferencialidad de los efectos de la pandemia con relación al género.

En síntesis, cuando planteamos que las desigualdades urbanas actuaron como un vector de profundización de la desigualdad, buscamos visibilizar la diferencialidad socioespacial que caracteriza los diversos impactos de la pandemia por COVID-19 y que debe ser contemplada en el análisis del Derecho a la Ciudad. En los asentamientos y barrios populares de la ciudad de Tandil, la precariedad habitacional, el hacinamiento crítico, la falta de cobertura de servicios públicos, la ausencia de infraestructura social comunitaria y los déficit de conectividad condicionaron negativamente las posibilidades de habitar en pandemia, el cumplimiento de las medidas de ASPO y DISPO e, incluso, el sostenimiento de los cuidados de salud esenciales. Las experiencias de habitar la pandemia fueron marcadas por la des- igualdad social y urbana. Consideramos que la diferencialidad espacial constituye, a la vez, un vector de reproducción ampliada de las desigualdades sociales y, en su sentido de experiencia habitada, un motor de reivindicación en las luchas por el Derecho a la Ciudad. En el contexto actual, la cuestión urbana emerge con fuerza renovada, ubicando la desigualdad socioespacial y la experiencia de habitar el espacio diferencial como un aspecto central en la agenda pública.