La creación de la Colonia Catriel

El abordaje de los procesos de comunalización, que en el presente atraviesan las poblaciones indígenas en la localidad de Catriel, exige previamente analizar los modelos de sometimiento e incorporación estatal, producidos en la segunda mitad del siglo XIX en el marco de las campañas militares emprendidas contra los aborígenes. Siguiendo este razonamiento, lo primero que quisiera desentrañar es cómo se dio esta forma de territorialidad estatal en la Patagonia y, en particular, en la localidad de Catriel.

La incorporación violenta del territorio patagónico y su población a la matriz Estado-nación-territorio (^{Delrio, 2005}) argentino a fines del siglo XIX con la Conquista del Desierto puede entenderse, según ^{Pérez y Delrio (2019}), como un evento que estructura nuevas relaciones sociales de producción y que produjo nuevos espacios en el marco de la economía capitalista. Este proceso de territorialización, mediante la expansión que se hizo efectiva vía la ocupación militar en las campañas transcurridas entre 1879 y 1885 por sobre las tierras de Pampa y Patagonia, estaba legitimado en la construcción de un enemigo, el indio, y su forma de vida (^{Nagy, 2018}). De esta manera, se produjeron desmembramientos familiares indistintamente de mapuches y tehuelches, ya fueran estos sometidos voluntariamente o por la fuerza (^{Delrio, 2005}) lo que causó la desarticulación política y social, así como el despojo territorial y económico de la población indígena.

Para ^{Agnew y Oslender (2010}), el proceso de formación estatal, como una forma más de territorialidad, siempre ha tenido como atributos la exclusividad y el reconocimiento mutuo. Esto significa que, según los autores, la soberanía estatal reside en la organización territorial absoluta de la autoridad política y el poder que otorga el reconocimiento que cada Estado recibe de los otros Estados, por medio de la no interferencia en sus llamados asuntos internos. Además, la territorialidad del Estado se pone en práctica de formas diferentes, aunque a menudo, complementarias: (1) mediante la aceptación popular de las clasificaciones de espacio, (2) a través de la comunicación de un sentido de lugar y (3) mediante la imposición del control sobre el espacio.

De este modo, se puede comprender que los procesos y las prácticas genocidas, además de su dimensión destructiva, también produjeron geografías binarias de exclusión e inclusión a través del despliegue de la soberanía territorial y la ubicación en tiempo y espacio de “su diversidad interior” (^{Briones, 2005}). A la vez, en el marco de consolidación de la matriz Estado-nación-territorio, se estableció el tipo humano aceptable, a la vez que produjo a sus otros internos mediante la construcción de aboriginalidad (^{Briones, 2004}), definida como praxis históricamente específica de producción de alteridad que ha hecho que la marcación y automarcación de los pueblos indígenas asocie efectos específicos respecto de la alterización de otros grupos étnicos y/o raciales.

Posteriormente a las campañas, según ^{Salomón Tarquini (2011}), hacia fines del siglo XIX, se llevó a cabo el proceso de subalternización e incorporación subordinada de las poblaciones indígenas al Estado nacional. Algunos grupos pudieron asociarse en torno a determinados líderes y obtuvieron asignaciones oficiales de tierras para asentarse. De este modo, sobre el Territorio Nacional incorporado, las políticas de ordenamiento territorial dispusieron diversas formas legales de espacialización y organización de colectivos indígenas, de manera selectiva y dirigida, redimensionando fronteras sociológicas al interior de la nación (^{Briones y Delrio, 2002}). Sin embargo, quienes accedieron a estos espacios fueron, para la autora, los grupos más “civilizables”, a quienes se les otorgaron tierras en colonias agrícolas o en lotes aislados a grupos familiares. En efecto, fue mediante la sanción de la denominada Ley del Hogar 1501 en 1884, tomando como modelo el proceso de colonización del oeste norteamericano, que se crearon colonias agrícola-pastoriles en los territorios nacionales, algunas de ellas otorgadas a los pueblos indígenas sobrevivientes a la conquista (^{Bandieri, 2005}).

El derrotero de los catrieleros, en este marco, fue un caso excepcional, ya que se constituyó tempranamente en un “laboratorio” del proyecto estatal para civilizar a los indígenas (^{Pérez, 2014}). Esta parcialidad que ocupaba previamente la zona de Azul en la provincia de Buenos Aires, en febrero de 1879, previo a las campañas militares, fue desplazada para conformar la Colonia General Conesa y, posteriormente, la Colonia Catriel del entonces Territorio Nacional de Río Negro (Figura 1). De este modo, se buscó su incorporación mediante la ocupación de esas tierras al circuito productivo agrícola-ganadero en expansión por el Estado argentino (^{Pérez, 2014}; ^{Mombello y Spivak, 2019}).

Siguiendo la perspectiva de ^{Lefebvre (2013}), la producción del espacio debe entenderse como un proceso complejo continuo e inacabado que vincula lo mental, lo cultural, lo social y lo histórico. Esto implica que el espacio como un producto social debe ser considerado de tal forma que “la producción y el producto se presentan como dos realidades inseparables”, es decir, como un “producto-productor” dialéctico, soporte de las relaciones económicas y sociales (^{Lefebvre, 2013}, p. 47). El autor distingue una triplicidad existente en el espacio: las representaciones del espacio, los espacios de representación y las prácticas espaciales. En el caso que presento, como se verá a continuación, el espacio representado, es decir, aquel que es planificado, cuantificado, concebido como parte del proceso de territorialización estatal, no se corresponde con las prácticas espaciales de mayor movilidad en función de los modos de ocupación tradicional de las familias catrieleras.

En 1896, Bibiana García, viuda del cacique Cipriano Catriel, comenzó las gestiones para solicitar 10 mil leguas (125.000 hectáreas) de campo fiscal entre los ríos Negro y Colorado para destinarlas a ganadería y agricultura para ella y su tribu compuesta de novecientas personas. Estas tierras le fueron cedidas mediante decreto presidencial en julio de 1899. Siguiendo este pedido, el proyecto original de Catriel se situaba inicialmente en la zona de Medanito de los Barriales y estimaba una superficie de 125.000 hectáreas, divididas en 200 lotes de 625 hectáreas, cada uno destinado a las familias indígenas, mientras que reservaba 5.000 hectáreas para futuras colonizaciones agrícolas y la formación de centros urbanos. En cuanto a la entrega de campos, si bien el decreto hace referencia a las gestiones realizadas por Bibiana García en representación de un grupo ante la Dirección General de Tierras y Colonias de la Nación, en el mismo se explicita que tienen preferencia los aborígenes que se ajustan a los términos de la Ley del Hogar 1501: según la normativa, para contar con la propiedad definitiva, se debía demostrar cinco años de residencia continua y una serie preestablecida de mejoras.³ Es decir, en el momento en que le otorgaron las tierras, se establecieron no solo quiénes serían los destinatarios, sino también las condiciones de la práctica espacial: las familias debían ocupar los lotes (rigurosamente delimitados) que vino a imponer el Estado nación. Tal como lo muestra el siguiente plano (Figura 2), elaborado por el agrimensor Saturnino Leiva en 1901:

En la primera mitad del siglo pasado, el decreto firmado por el entonces presidente Julio A. Roca por el que se concedía la tierra a la parcialidad de los Catriel, resultó ser el documento con mayor grado de legalidad que podían esgrimir los habitantes de la zona. En la práctica, esas ocupaciones, por distintas causas, nunca pudieron oficializarse y muy pocos alcanzaron a obtener el título de propiedad de los 200 lotes que componen la Colonia Catriel. Como ejemplo, solo cuatro pobladores indígenas son registrados por la inspección General de Tierras (1919-1920), según constancias existentes en la Dirección de Tierras y Colonias de la Provincia de Río Negro.⁴ Además, para 1902, colonos españoles y franceses comienzan a instalarse en la localidad, crean obras de riego y organizan los primeros cascos de estancias donde cultivan alfalfa, viñedos y manzanas. Otros campos fueron poblados por familias provenientes de Buenos Aires y La Pampa, algunos se dedicaron a tareas pastoriles y otros, orientados a la habilitación de chacras de riego, las que se alineaban a lo largo de un canal alimentador. Hacia 1917, en el sector que hoy se denomina Colonias Peñas Blancas y Valle Verde, aparece la sociedad “La Colonizadora del Sur”, integrada por propietarios de tierras procedentes de la provincia de Buenos Aires, a los que se sumaron un grupo de franceses y dinamarqueses.

Como nos advierte ^{Lefebvre (2013}), la reproducción de las relaciones sociales de producción, asegurada por el espacio y en el espacio, implica, a pesar de todo, un uso perpetuo de la violencia y es en el espacio donde se expresan los conflictos de los intereses y de las fuerzas socio-políticas. Así, las disputas por el territorio comienzan tempranamente, entre otras cuestiones, por la diversificación del uso del suelo que se reparte entre quienes se dedican a la acumulación de tierras, la cría de ganado menor y al cultivo de forrajes. Pero también por la diversidad de origen étnico y social de los primeros habitantes, que arrastra y oculta formas de legitimación de la ocupación del espacio también distintas.

El linaje como forma de acceso a la tierra

Las historias espacializadas de las comunidades mapuches, entendidas como práctica espacial y espacio representado (^{Lefebvre, 2013}), reconstruyen eventos del pasado y también enraízan a las instituciones indígenas en una concepción local de territorio, pudiendo servir, en ocasiones, a los objetivos pragmáticos de recordar los límites políticos y legitimar la defensa del territorio. Sin embargo, desde una perspectiva de la memoria oral, ^{Ramos y Delrio (2011}) explican que muchos de los recuerdos espacializados de los grupos mapuche y tehuelche tienen una relación más compleja con estos intereses inmediatos. Expresan, en primer lugar, que los marcos oficiales sobre la delimitación del espacio son restringidos, atemporales y miniaturizados, ya que “estas historias no hablan de mojones y límites sino de movilidades, relaciones sociales y conexiones entre lugares” (^{Ramos y Delrio, 2011}, p. 487). En segundo lugar, estas narrativas no congelan la historia en un orden mítico, sino que incorporan la experiencia de la dominación. En este sentido, las representaciones de territorialidad conectan imágenes en el marco histórico más amplio del movimiento, específicamente, de los desplazamientos impuestos por los estados nacionales. Es precisamente en este desplazamiento, según los autores, donde se producen los marcos de interpretación en los que se funda un tipo de conciencia histórica sobre el pasado y sobre el territorio. Ahora bien, ¿cuáles serían las prácticas espaciales asociadas a la comunidad Newen Kurruf? ¿Cómo fueron sus procesos de reterritorialización luego del desplazamiento a la Colonia Catriel?

Desde 1900 a 1904, comenzó el desplazamiento de las familias hacia donde se conformaría la Colonia Agrícola Pastoril Catriel. Basados en la memoria oral transmitida por generaciones, los primeros integrantes de la comunidad Newen Kurruf de quienes se tiene registro fueron José García y Pelegrina Montes. Ahora bien, el problema principal de los lotes planificados fue que estaban alejados de los ríos, en tierras estériles de la estepa y con escasas precipitaciones donde no se podían efectuar mejoras por la carencia de agua. Así esta pareja, que se desplazó junto a Bibiana García como parte de la tribu de Catriel, se asentó inicialmente en la zona de Peñas Blancas (al norte de la ciudad de Catriel) y formó su familia, según lo que la comunidad recuerda, sobre la costa del río Colorado para obtener acceso al agua y mejores suelos (^{Dehais, 1999}).

Hacia 1914, hubo una gran inundación debido al desborde del río Colorado que obligó a la familia García-Montes a trasladarse nuevamente junto con sus animales, tal como lo relata el werken (vocero) de la comunidad:

Después de la creciente de 1914, creo que fue una creciente grande que hubo, se vinieron para acá, al ojo de agua. Te acordás que contaba la abuela que (…) vino la creciente y se murió mucha gente. Se inundó hasta acá debajo de la pichana llegó el agua.⁵ Y dice que también, contaba que le había contado el padre a ella, se resguardaron en una loma, empezó a sacar unas chivas, unos animales para poder seguir viviendo de eso. Y que en la noche se veían fueguitos, fuegos de los pocos que se habían salvado.⁶

Este suceso que motivó el traslado hacia lo que se refieren como el “ojo de agua” (lugar cercano al dique Casa de Piedra), ubicado en la zona de Sargento Ocón, se debió a que “era el lugar más importante de la zona porque era el único que tenía vertiente de agua y toda la disputa en la zona era por ese lugar”⁷.

Hacia los años 40, uno de los hijos de la pareja, José García (hijo), se desempeñó como puestero y como mercachifle en la localidad de General Roca donde conoció a Leonor Ezeiza, nacida en Puelén (La Pampa), con quien se casó en segundas nupcias. Principalmente, hacían trabajo temporal en los viñedos, vendían leña a un comercio de ramos generales. Ambos tuvieron aproximadamente 10 hijos, entre ellos, a Leonor Margarita García, madre de Lucía Parada García, lonko de la comunidad Newen Kurruf. Posteriormente, a mediados de los años 50, regresó con su familia a la zona de Sargento Ocón, instalándose en distintos puestos en los cuales desempeñaron tareas rurales a escala familiar.

Porque dice que cuando ellos se vinieron de Roca estuvieron un tiempo ahí donde su tía Ignacia que es la madre de los García, en el puesto de sus abuelos quedaron ahí. Le dijo que se vengan de Roca porque no le gustaba, era una parte fea la que vivían en Roca. Entonces le dijo “venite para acá José, yo te doy unos animales y vos te armas ahí y te quedas ahí”. Y bueno, se vino y se instaló⁸.

Según los relatos de la comunidad, la forma de vida y relación con el territorio era comunitaria “todos éramos vecinos no era que decían que este es mi campo y alambraban, todos agrupados, entre todos se cuidaba todo”. Así lo rememora también el lonko de la comunidad Ñanculeufú, emparentado con la familia García:

Esa laguna era de todos porque se juntaba agua, cuando llovía, había agua siempre. Así que, todo el que anda en el campo, busca la parte del agua para darle a los caballos, para uno. Hacían una ruka chiquita, un matacebo, reparo para dormir en el invierno o sombra para el verano. (…) Ahí estuvieron viviendo los García, los Morales, los Ñanculeo, los Figueroa, los Avendaño. O sea, se usaba todo, no es como está ahora que tienen el campo alambrado, cada uno con su tierra⁹.

Años después, José García (hijo) enfermó y falleció en el campo. Sus vacas fueron vendidas a un colono cercano para poder sustentarse. Tras su muerte, la viuda Leonor Ezeiza y sus hijos más pequeños, dejan el puesto para trabajar como peones en un campo cercano “para hacerse de animales”. Los miembros de la comunidad, refieren que era una práctica usual trabajar a cambio de animales para poder “armarse” y tener su propio ganado.

Mientras tanto, Leonor Margarita García, a quien su familia se refiere directamente como Margarita, ya adolescente vivía en la ciudad de Cinco Saltos, donde trabajó por un tiempo como empleada doméstica a cambio de casa y comida. Este tipo de trabajo doméstico no remunerado monetariamente era una práctica habitual en esos años. Según indican los relatos de los miembros de la comunidad, respondiendo a una lógica tradicional de ocupación territorial mapuche que obedece a patrones de desplazamiento, las generaciones previas a Leonor Margarita García, madre de la lonko Lucía Parada y quien se instaló de manera permanente en el puesto hoy llamado “Puesto La Marga”, se han ido trasladando por los parajes de la zona a lo largo de los años, habitando distintos puestos por distintos lapsos de tiempo (Figura 3).

En dichos puestos llevaban adelante, además de las actividades vinculadas con la vida reproductiva y doméstica, actividades agrícolas a escala familiar (cría de chivos, vacas, caballos fundamentalmente, siembra de algunas hortalizas que resisten la falta de agua permanente). Asimismo, en sus usos tradicionales del territorio, las familias podían ocupar más de un puesto a la vez u ocuparlos de manera estacional, en función de la organización de cada actividad económica (búsqueda de agua o alimento para el ganado, por ejemplo) o de la propia dinámica familiar (formación de una nueva familia, asistencia temporal a un familiar que ocupa otro puesto, etc.). En este sentido, la comunidad destaca que la modalidad tradicional de ocupación coincide con la noción de campo abierto o sin alambrados, la valoración del movimiento y una noción amplia de territorio donde se llevaban a cabo diversas prácticas de comunalidad.

La lógica del “campo abierto” opera como marco de interpretación de un tiempo pasado signado por la valoración del movimiento y una noción amplia de territorio que se define por los lugares que la gente transitaba y conocía; un territorio en el que las fuerzas y espíritus de sus elementos establecían vínculos de reciprocidad y entendimiento con los caminantes. Es en este marco es que adquieren sentidos especiales los recuerdos sobre las formas en que las personas antiguas se vinculaban entre sí mientras se movían aún con cierta autonomía. Al respecto, Lorena ^{Cañuqueo (2016}) analiza que la movilidad es una práctica recurrente que responde a una lógica tradicional de ocupación territorial mapuche y refiere que “a principios de 1900 aún había tránsitos que no necesariamente respondían a situaciones de traslados forzosos, sino a prácticas sociales relativamente autónomas sobre el espacio” (^{Cañuqueo, 2016}, p. 21). Es posible que esta relativa autonomía, además, se debiera a la ausencia de instituciones estatales en la zona, hasta avanzado el siglo XX, que ejecuten el proyecto civilizador y ejerzan el control sobre el espacio. Según lo expresa el inspector que realizó el relevamiento de tierras en 1920: “Esta Colonia se encuentra algo abandonada, carece de Oficina Telegráfica y Escuela, el Juzgado de Paz se encuentra situado en el campo del Sr. Gari y el destacamento de Policía instalado en el lote 108, se compone de un agente”¹⁰.

Si bien los desplazamientos de esas generaciones previas se daban en el marco de una lógica de ocupación tradicional que se produce a través de prácticas de movilidad, así como la transitoriedad en la habitación de los distintos puestos (o la ocupación parcial de algunos miembros de las familias por temporadas), también se pueden asociar, según los relatos de los miembros de la comunidad, al desempeño de otras actividades laborales que, más que a su práctica tradicional, responden a los condicionamientos y presiones del orden estatal capitalista, el cual produjo el desplazamiento de sus territorios e impuso un proceso de proletarización selectiva. Entre estas actividades, los miembros de la comunidad destacaron la ocupación de tropero (comerciante de ganado, tarea en la que se desempeñaba José Eugenio Parada), la de mercachifle o vendedor itinerante (ocupación de José García hijo) así como la de jornaleros de cosecha o de alguna otra tarea temporaria ligada a la producción agrícola-ganadera (principalmente, la fruticultura del Alto Valle del Río Negro). Así, las prácticas espaciales y procesos de reterritorialización de las familias catrieleras dan cuenta de una agencia propia al llegar a la Colonia que se mantuvo por más de medio siglo y que no obedecían a las representaciones espaciales estatales establecidas por decreto.

Los motivos que fundamentaron, según los relatos, la instalación de carácter más permanente de Leonor Margarita García y José Eugenio Parada en el “Puesto La Marga” responden a las lógicas de subsistencia y la organización de la vida familiar.

Mi mamá, ya estaba casada, nos tenía a todos nosotros, así que se trajo los animales. Ya para esto mi papá recorría, porque él era tropero, negociante, vendía animales así de arreo, él conocía todo, la Aguada La Pichana que es ésta, la Laguna el Loro, todo eso porque cuando viajaban con animales, que iba inclusive hasta La Pampa, del Valle a La Pampa, volvía con animales y pasaba a darle agua.¹¹

Así, Leonor Margarita, que venía de compartir puesto y animales con su madre y hermanos se instaló, desde 1983, en el “Puesto La Marga” situado en cercanías de la ruta nacional Nº 151 en el paraje Bajada La Escondida, a 45 kilómetros de la ciudad de Catriel (Figura 4).

Como señala la lonko Lucía Parada, el marido de Leonor Margarita conocía el puesto por su ocupación de tropero, ya que al situarse en cercanías de la “Aguada La Pichana” lo había utilizado en algunas de sus paradas para dar de comer y beber a los animales durante su traslado para la venta. También habían habitado el puesto, según indican otros relatos de los miembros de la comunidad, generaciones previas de la familia y vecinos (emparentados o no) en algún momento para pastoreo de animales en invierno, ya que “el campo estaba descansado” y había acceso al agua.

La exclusión de la tierra por medio de la industria extractiva

El 20 de noviembre de 1959 se marca como un hito en la Colonia Agrícola Pastoril de Catriel, ya que, ese día, el pozo RNCOxI a cargo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) bombeó los primeros metros cúbicos de crudo. Con el descubrimiento de petróleo hace 60 años, en la localidad se dio un proceso de reconversión de la actividad económica, volcándose a la exploración y extracción de hidrocarburos de tipo convencional que tuvo como efecto un crecimiento demográfico acelerado, acompañado por la instalación de equipamientos e infraestructura necesaria (^{Mombello, 2016}; ^{Tagliavini, 2014}).

Esta segunda fundación de Catriel implicó la transformación identitaria de su población a lo largo del tiempo, pasando de ser colonia mapuche a pueblo petrolero, lo cual repercutió de diversas formas en su articulación social. En este marco, la industria extractiva tuvo como consecuencia la municipalización debido al aumento exponencial de la población devenida de la demanda de mano de obra. Así, la localidad pasó de tener una población de alrededor de 500 personas, al momento del descubrimiento del petróleo, a incrementarse en más de 5000 para la década siguiente (^{Mombello, 2016}). Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado para 2010, la población llegaría a los 18 032 habitantes. Este aumento exponencial se debió, principalmente, a la movilidad constante de trabajadores petroleros que migraron orientados por los vaivenes de la industria extractiva que tendió, cada vez más, a dispersarse en un número mayor de áreas en la zona rural circundante a Catriel.

Desde entonces, el carácter no renovable del recurso y las políticas estatales sobre la actividad hicieron que la economía de Catriel estuviera condicionada por los momentos de auge y de declinación de la industria hidrocarburífera. En sus comienzos el Estado tuvo un rol fundamental como agente productivo y dinamizador a partir del asentamiento y afianzamiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en la localidad. A finales de la década del ochenta, una disminución en el rendimiento relativo de los niveles de productividad de los pozos trajo como consecuencia el abandono de las tareas por parte de la empresa (^{Dillon, 2010}; ^{Tagliavini, 2014}). Luego, la implementación de políticas neoliberales a partir de los 90 en materia de recursos energéticos, implicó la desregulación del sector y la privatización de YPF. Desde entonces, predominó el acceso a la tierra por parte de las empresas petroleras privadas, como encargadas de la exploración y explotación de los hidrocarburos. Así, fue desplazada la concepción desarrollista que comprendía a los recursos energéticos como bienes estratégicos vinculados al proceso de construcción de soberanía, pasando a ser considerados por el Estado nacional como “recursos estratégicos”, es decir, como commodities o bienes comerciables en el mercado internacional (^{Mombello, 2016}; ^{Svampa, 2013}).

Además, en 2006, se dio el traspaso, del Estado nacional hacia las provincias, de la propiedad de los recursos del subsuelo y administración sobre los yacimientos de hidrocarburos, mediante la Ley 26197 (2006) modificatoria de la Ley 17319 (1967). A nivel local, la provincia de Río Negro puso en marcha el Plan Hidrocarburífero Provincial, por el cual se incrementaron los niveles de extracción, a partir de la concesión y puesta en producción de áreas que habían sido exploradas por YPF y permanecían en reserva; lo cual implicó un despliegue exponencial de la actividad obedeciendo a la commoditización (^{Gavaldá y Scandizzo, 2010}).

Según relatan los miembros de la comunidad Newen Kurruf, la actividad hidrocarburífera en el territorio ha ido en aumento desde los años 80 hasta el presente. Cuando Leonor Margarita García y José Eugenio Parada se asentaron con sus hijos en el puesto, solo había dos pozos de extracción en el predio. Actualmente, existen entre 50 y 60 explotaciones convencionales de extracción de gas y petróleo, algunas de las cuales pueden observarse desde las cercanías del puesto. Estas infraestructuras de la industria hidrocarburífera forman parte del área de concesión “Agua Salada”, cuyas operadoras son las empresas argentinas Tecpetrol (un 70%) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Yacimientos del Sur (YPF-YSUR) (un 30%) y de las áreas denominadas “El Santiagueño” y “Bajo del Piche”, ambas operadas por la empresa Petróleos Sudamericanos (100%).¹² Estas empresas tienen contratos vigentes de operación hasta el año 2027 (Figura 5).

Además de estas operadoras, acceden, circulan y desarrollan actividades dentro del predio donde está situado el “Puesto La Marga” otras empresas de servicios a la industria hidrocarburífera que se desempeñan como contratistas de Tecpetrol, YPF-YSUR y Petróleos Sudamericanos.

Ahora a la noche vos mirás acá y es como una ciudad. No en ese entonces no, inclusive los pozos usaban ¿cómo se llaman los aparatos? Los generadores. Ahora ni se escuchan porque son eléctricos, pero cuando yo era chica se escuchaban tatatatata, de acá se escuchaba el que estaba allá, y después la otra que tenía eran las piletas, los piletones de petróleo eran a campo abierto, se caían los animales ahí (…) a los potrillos que se salvaban los metían en un corral con el guano y le pasábamos un cuchillo para sacarle, viste, era terrible.¹³

El predio donde se sitúa el puesto de la comunidad Newen Kurruf está atravesado, además, por el Oleoducto del Valle S.A. (OLDELVAL). El mismo pasa a, aproximadamente, 500 metros de vivienda y 400 de la zona de corrales y bebederos del puesto. Las obras de construcción de dicho oleoducto realizadas en el año 2005 perturbaron, según los relatos de los miembros de la comunidad Newen Kurruf, la disponibilidad de agua dulce en el predio (Figura 5). Esto sucedió, afirman, ya que se secaron algunas de las aguadas existentes por el uso del agua, proveniente de las mismas, para actividades de la industria de hidrocarburos:

A nosotros nos pasó cuando hicieron el movimiento de tierras del oleoducto a Puesto Morales teníamos dos aguadas dulces, una maravilla viste, y el movimiento de tierra se ve que se fue, pero pincharon la barda allá arriba y sacaron agua dulce. ¿Qué hacen? Llenan los camiones, pero a nosotros no nos dan, perdimos el agua nuestra.¹⁴

La noción de “paisajes del despojo” propuesta por Diana ^{Ojeda (2016}), quien analiza las geografías del despojo en el Caribe colombiano, resulta esclarecedora para comprender la desposesión como resultado de procesos violentos -en permanente actualización- de explotación y exclusión que se acumulan en el espacio y que entretejen múltiples escalas espaciales y temporales. La autora propone examinar cómo el capital para su reproducción debe recurrir a un proceso de permanente despojo, que se traduce en procesos de acaparamiento, concentración y extranjerización de los recursos, además de privación forzada de la tierra, derechos, medios de vida, deseos o modos de pertenencia. Si bien en términos generales se lo entiende como la pérdida por medios violentos de la posesión de un bien, el despojo permite preguntarse no solo por la manera como se priva de la propiedad de los recursos a alguien o a un grupo de personas, sino cómo se disputan las diversas formas de uso, acceso, control y representación de los recursos. Vista de este modo, la categoría permite enfocarse en las articulaciones entre despojo, desigualdad y violencia. La autora propone, entonces, más que un análisis global, el abordaje situado a partir de casos para comprender cómo ocurre el despojo, qué factores lo posibilitan, cómo se traduce (o no) en dinámicas particulares de acumulación de capital y cuáles son sus características generalizables y concretas.

En el caso de Newen Kurruf, aunque el despojo por medio de la industria petrolera no implica necesariamente el desalojo u otras formas de coacción o violencia física directa (^{Ojeda, 2016}), la superposición de actividades de condiciones y necesidades tan heterogéneas como, por un lado, la cría de ganado en una economía de subsistencia familiar y, por otro lado, las actividades de extracción en el territorio trajeron aparejadas, a lo largo de los años, distintas problemáticas ambientales que impactan en la vida cotidiana de la comunidad y en el desarrollo de sus tareas. A la disminución del agua en el predio, mencionada en la cita anterior del testimonio de Lucía Parada, se sumaron los ruidos asociados a la construcción y operación de los pozos, además de los riesgos que suponían los piletones de petróleo a cielo abierto para la cría de ganado, como también menciona la lonko. A las problemáticas que los relatos sitúan temporalmente en las décadas pasadas (exceptuando la falta de agua que sigue señalándose como problema en la actualidad) se fueron agregando otras dificultades. Entre ellas se destacan el movimiento de maquinaria y camiones por los caminos internos del predio, causa de pérdida de ganado vía accidentes viales, así como también la generación de polvo que se suspende en el aire con eventuales consecuencias para la salud de quienes se exponen de manera periódica a él. Estas pérdidas de animales y sus efectos para la economía familiar, así como los riesgos sanitarios, son señalados por los miembros de la comunidad como desatendidos por parte de las empresas que intervienen en las actividades de la industria de hidrocarburos y que son las responsables en provocarlos.

A estas situaciones, se suman los derrames de crudo en el territorio de la comunidad (Figura 7). Ejemplo de ello es el hecho ocurrido el 6 de junio de 2021, cuando se rompió un caño deteriorado de un oleoducto de la Batería 3 del área de concesión hidrocarburífera Agua Salada que opera la empresa Tecpetrol. La rotura en el caño provocó un derrame de aproximadamente 8 metros cúbicos de crudo, que abarcó una superficie de casi 2.000 metros cuadrados, según lo informó a un medio local Nicolás Jurgeit, delegado de la región Alto Valle de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial (SAyDS).

Para la lonko Lucía Parada, estos accidentes afectan de diversas formas el modo de vida de la comunidad:

El tema de este derrame pasó este fin de semana y, cuando fuimos a ver, ya se ve que lo habían tapado con una máquina con tierra. En cuanto a la forma en que nos afecta y bastante, se puede ver en las fotos, la tierra que se contamina toda, las plantas están todas sucias, llenas de petróleo. Cuando sale todo eso del caño, no sale solamente petróleo, sale todo lo que viene con él. Eso trae algo de agua también. Eso corre para abajo por los cañadones y, si en algún lugar se detiene, los terneros y las vacas van a consumir esa agua y muchas veces quedan empantanados, llenos de petróleo. El agua esa les hace mal a los animales¹⁵.

Propiedad privada: la acumulación por especulación

A partir de 1955, el proceso de provincialización de los Territorios Nacionales, implicó el traspaso de las tierras administradas por el Estado nacional mediante el Ministerio del Interior a las provincias. Así, las parcelas no escrituradas, pasaron a ser parte de las tierras fiscales de la provincia de Río Negro y comenzaron a otorgarse permisos precarios de ocupación y la posterior venta. Particularmente en Catriel, algunos de los pobladores lograron permisos precarios de ocupación que, aunque legalmente tuvieran menor peso que la escrituración, en los hechos les permitía reclamar derechos de posesión. Una vez transcurridos los veinte años de ocupación, mediante permisos que se renovaban regularmente, accedían a títulos de propiedad; proceso del que los catrieleros quedaron excluidos. De esta construcción de legalidades y ocupaciones superpuestas sobre los mismos territorios derivaron no pocos conflictos, en los que los sectores con mayor capital económico y social resultaron beneficiados (^{Mombello, 2018}).

Tanto la provincialización como el impulso de las actividades hidrocarburíferas que se dieron casi de manera simultánea, provocaron procesos de acaparamiento de tierras que respondían a intereses especulativos en función de la renta petrolera. Sobre la renta petrolera podemos reconocer dos actores principales: el Estado en tanto propietario de los recursos del subsuelo (recibe la renta en concepto de regalías) y las empresas petroleras (a través del producto). Pero también, debido a estas actividades extractivas, el Estado nacional configuró una categoría jurídica relacional para denominar a los propietarios del suelo donde se extrae el crudo, los llamados “superficiarios”. ¿En qué consiste esta categoría? Al ingresar al campo del dueño de la superficie para realizar trabajos de exploración o de explotación, el titular del permiso, la operadora petrolera, se compromete a pagar un canon al superficiario por la servidumbre de paso. Así, el superficiario recibe una indemnización que tiene carácter reparatorio de los daños que le ocasionan al suelo las actividades propias de la exploración y explotación del subsuelo.¹⁶ La figura del superficiario, además, dio lugar en Catriel a procesos de concentración de tierras por las ganancias obtenidas a través de los derechos de servidumbre de paso. Esto fue lo que sucedió en el caso que analizo.

Haciendo un repaso histórico respecto de la situación dominial del territorio de la comunidad, desde mediados de los años 70, la Dirección de Tierras de la provincia de Río Negro había otorgado permisos precarios de ocupación de la parcela -donde el puesto de la comunidad se sitúa- a un particular. En 1986, estando ya instalados en el puesto los miembros de Newen Kurruf, esa misma dirección adjudicó el terreno en venta. Sin embargo, quien figuraba como propietario pierde un juicio de carácter civil, por lo que las tierras son rematadas y, posteriormente, adjudicadas al demandante del proceso judicial. En los años 90, con la comunidad Newen Kurruf entonces en el puesto, se ordena la entrega de la posesión al nuevo adquirente mediante el juzgado de Paz de Catriel quien, a su vez, le cedió los derechos de propiedad a sus abogados patrocinadores, los doctores Alberto Ricardo Aparicio y Rafael Humberto Ortiz, que se desempeñaban en un estudio jurídico de la ciudad de Neuquén.

Cabe destacar que, ante esta situación, los miembros de la comunidad recurrieron al juicio de usucapión como mecanismo de reconocimiento de acceso a la tierra que ocupan de manera tradicional. El juicio se inició en 2014 en contra de los intereses de Aparicio y Ortiz pero se perdió esa instancia.¹⁷ Posteriormente, en 2017, son Alberto Ricardo Aparicio y Rafael Humberto Ortiz, que aparecen en la carátula del expediente como “Aparicio y otro”, quienes inician la demanda que deriva en una orden de desalojo contra la comunidad del puesto en el que permanece hace aproximadamente 40 años ejerciendo ocupación tradicional.

Frente a esta situación, la propia comunidad Newen Kurruf apeló a vías legales para visibilizar su ocupación en el predio respecto del cual continúa vigente la orden de desalojo. Además, una medida cautelar de carácter urgente a fin de que el fiscal ordene no innovar la situación de hecho existente en el predio. Pese a dicha solicitud, en septiembre de 2019, se intentó hacer efectivo el desalojo. Ante esta situación, el werken (vocero, mensajero) de la comunidad, amenazó con atentar hacia su persona, frenando así su expulsión del puesto, pero sin poder evitar que se retirara algo de mobiliario de la vivienda y se colocara un candado en la tranquera de ingreso que priva a la comunidad del acceso al puesto como relata la lonko Lucía:

Bueno, estaban mis hijos allá y llegó esta gente, la oficial de justicia de Catriel, la policía, los dos supuestos dueños que son abogados también y el de seguridad de las empresas, se ve que en carácter de testigos. Y bueno dicen que llegaron y que iban a desalojar. Así que estuvieron ahí conversando y bueno se metieron y discutieron. Venían con una orden de desalojo del juez. Así que mi hijo mayor les dijo que a él lo iban a sacar muerto. Él les dijo que se iba a colgar en la ramada y que ellos se iban a hacer responsables de su muerte. Así que entraron a la casa y sacaron una silla y una mesa. La dejaron ahí en el patio. Quedó todo intacto. Cuando llegamos nosotros, llamamos a la referente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y llegaron las otras comunidades y se alborotó todo. Mi hijo se fue para la entrada y plantaron la bandera mapuche en la ruta. De todo esto, lo que quedó, es que firmaron como que habían hecho el desalojo.¹⁸

Tras los hechos acontecidos en esa ocasión, la comunidad recibió el apoyo de familiares, amigos y referentes de otras comunidades mapuche - tehuelche de la zona, la Consejera Indígena del CODECI en Alto Valle, Noelia Ñanculeo, así como de Orlando Carriqueo, werken de la Mesa Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro. Todos ellos mantuvieron un acampe en forma de reclamo durante una semana en la tranquera con candado que instalaron, quienes se identifican como propietarios, sobre la ruta Nacional n.º 151. Además, tanto la consejera zonal del CODECI como el representante del Parlamento Mapuche formularon una exposición policial en la Comisaría 9ª de Catriel, solicitando de manera urgente una audiencia con el Juez de Garantías y una medida cautelar frente al inminente desalojo apelando al Art. 2 de la Ley 26160 que ordena suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas

En una audiencia posterior, la comunidad negó el derecho a la posesión de Alberto Aparicio y Rafael Ortiz, en tanto estos nunca habitaron ni desarrollaron ninguna actividad productiva en ese predio. Sin embargo, estos propietarios, en calidad de superficiarios, han podido recibir pagos a nombre de regalías de la actividad hidrocarburífera y servidumbres de paso por la presencia de infraestructura fija (pozos, tanques, caños, oleoductos) o móvil (camiones, camionetas, casillas etc.) de esa industria en el predio, al menos, desde 2001.¹⁹

En síntesis, la parcela donde está ubicado el “Puesto La Marga” es, desde mediados de los años 80, una propiedad privada. Por ese motivo, la comunidad Newen Kurruf que permanece en el puesto desde entonces, ejerciendo ocupación tradicional sin declarar como vecinos a ninguno de los propietarios del predio, no ha podido tramitar permisos precarios de ocupación de la parcela en la Dirección de Tierras de la provincia de Río Negro. Por el mismo motivo, tampoco la Dirección ha realizado inspecciones de tierras que permitan fundamentar con documentos oficiales la presencia de los pobladores y las mejoras realizadas.

Conclusión

En este trabajo intenté dar cuenta a partir del conflicto territorial de la comunidad Newen Kurruf, cómo se fue configurando históricamente el mapa de actores que confluyen hoy en distintos proyectos sobre un espacio, mediante la producción y/o destrucción del mismo. Desde fines del siglo XIX, el avance de expansión capitalista del Estado-nación-territorio en Patagonia impuso su propia lógica territorial de control soberano y configuraron las representaciones de cómo produciría la colonización sobre ese espacio. Consecuencia de este proyecto, los catrieleros fueron inducidos a sucesivos desplazamientos que dieron lugar a procesos de desterritorialización y reterritorialización. Sin embargo, conservaron sus propias prácticas tradicionales de movilidad y una noción amplia de territorio que no obedecía al imaginario de parcela o lote como límite que fijó el Estado de cómo debía ocuparse el espacio. Así, las prácticas sociales espaciales mapuche se mantuvieron con relativa autonomía en la zona, como hemos visto, por más de medio siglo con lugares de ocupación más o menos estacionales como los puestos y otros de uso transitorio, como los campamentos comunitarios en torno a una aguada o laguna, en función de la disponibilidad de agua y alimento para los animales.

La emergencia de la actividad hidrocarburífera y la provincialización hacia mediados del siglo XX, profundizó la superposición de lógicas territoriales donde la perspectiva estatal si bien es una más, no es unívoca en el tiempo, terminó primando por sobre otras alternativas dejando en franca desventaja a la población originaria que ve cómo se restringe cada vez más su territorio. Nuevamente la superposición de territorialidades de nuevos actores (empresas petroleras y de servicios, propietarios privados, Estado en sus distintos niveles) dio lugar a diversos procesos de despojo: la proletarización como despojo de formas de subsistencia económica tradicionales, el extractivismo como despojo de bienes naturales y ambientales, la privatización de la tierra como despojo material y simbólico que impide la reproducción del modo de vida de las poblaciones mapuche tehuelche. En este sentido, entiendo, como lo hace ^{Ojeda (2016}), que el despojo no es un evento particular o la pérdida de un bien, sino que un proceso continuo y violento de reconfiguración socioespacial cuya dinámica modifica sustancialmente el entramado de relaciones socioambientales. Al respecto, considero que el este caso que presenté es paradigmático pues confluyen en una misma trayectoria histórica los elementos comunes a otras comunidades mapuche en la zona rural de Catriel que pujan por el derecho al reconocimiento de los territorios colectivos.

Fuentes:

Argentina. Ministerio de Economía de la Nación. Mapas del Sector de Hidrocarburos. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/mapas-del-sector-de-hidrocarburos (Consultado el 3/2/2021).

Argentina. Ley del Hogar 1501 (02/10/1884).

Río Negro. Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro. Informe General de Tierras 1919-1920. (Tomo IV, Choele Choel y Colonia Catriel, p. 335).

Río Negro. Departamento de Catastro de la provincia.

Río Negro. Ministerio de Gobierno de la Provincia. Inspección General de Personerías Jurídicas. Resolución Nº1088 (28/11/2019).

Río Negro. Sistema de Registración Catastral (SIREC) del Departamento de Catastro de la provincia.

World Topographic Map. Disponible en: https://gis.neom.com/portal/home/item.html?id=30e5fe3149c34df1ba922e6f5bbf808f