Las tomas de fábrica de 1964 en la historiografía

Diversas investigaciones han subrayado la relevancia del proceso de ocupaciones fabriles comandadas por la CGT hacia mediados de 1964. En algunos casos, como parte de indagaciones más generales en torno al sindicalismo o a los procesos de lucha y organización obrera. Así, Juan Carlos Torre ha considerado que se trató de una operación cuasi militar, que dejaba escasa iniciativa a las bases, con objetivos centralmente políticos: corroer la política sindical del gobierno radical y posicionarse como un actor político significativo ante los militares, los empresarios y el propio Perón (^{Torre, 1983}). Daniel James, por su parte, ha sostenido que durante los primeros años de la década del

sesenta los trabajadores transitaron por un proceso de desmovilización y desmoralización, como consecuencia de las derrotas infligidas por el desarrollismo. Para el autor, este fue además un período de integración del aparato sindical al sistema político e institucional, así como de burocratización de los sindicatos, cuando la hegemonía vandorista se construyó a través de una política de negociación, pragmatismo y fuerte posicionamiento del sindicalismo como fuerza política dentro del peronismo. En esta lectura, el Plan de Lucha de la CGT fue caracterizado como un conjunto de acciones concertadas, planificadas y acatadas por disciplina gremial, lo cual junto al papel político desempeñado por la dirección sindical, resultó una elocuente expresión del inmenso poder acumulado por la cúpula sindical (^{James, 1990}). Mónica Gordillo, en su investigación sobre las luchas obreras y sindicales de Córdoba durante la década del sesenta, ha caracterizado la etapa abierta tras la normalización de la CGT a principios de 1963, como “muy rica, de intensa actividad organizativa e impulso programático”, “cuando la CGT alcanzó el mayor grado de combatividad y de movilización de base”. Para Gordillo, a diferencia de 1962, cuando los trabajadores se expresaron mediante movimientos espontáneos de base contra la crisis económica, en 1964 los movimientos respondieron a una estricta planificación, con “enorme apoyo en las bases” (Gordillo, 1999: 88). Senén González, por su parte, ha enfatizado en las diferencias surgidas en el interior de la propia CGT, donde un conjunto de dirigentes “independientes” objetaron la política del “todo o nada” que a su juicio representaba el Plan de Lucha, llamando la atención sobre las heterogeneidades existentes en el interior de las cúpulas y las dificultades para pensar la adhesión como resultado directo de la disciplina gremial (Senén González, 1971).

Otros autores han enfocado sus análisis más directamente en el Plan de Lucha de la CGT de 1963 1965 y sus diferentes etapas. Es el caso de Grau, Ianni y Martí, quienes han profundizado en la primera de esas etapas, acontecida en mayo de 1963 y caracterizada por una semana de agitación y propaganda coronada por una huelga general con alto acatamiento en especial de los obreros industriales. En el proceso, según las autoras, se logró el apoyo de otros sectores de la sociedad y se consiguieron varias de las demandas planteadas. Posteriormente, analizaron los restantes momentos del Plan de Lucha, sin profundizar en el proceso de tomas, a los fines de avanzar en una comprensión y explicación más general del proceso de lucha política atravesada por Argentina en esos años y que tuvo al movimiento obrero como un actor fundamental (Grau, Ianni y Martí, 2004 y 2006).

Entre los autores que han prestado atención específicamente al proceso de ocupaciones, Guy Bourdé ha asumido que el Plan de Lucha se inscribió en el apogeo del vandorismo y en su política de movilizar a las masas para reforzar la posición de la burocracia sindical. No obstante, para el autor la adhesión a este proceso no puede ser comprendida sin la crisis económica y el consiguiente descontento por la degradación de las condiciones de vida y de trabajo que ella trajo consigo (Bourdé, 1978). Cotarelo y Fernández, por su parte, han sostenido que el proceso de ocupación masiva de fábricas fue utilizado como medio de lucha política de la clase obrera por primera vez en mayo/junio de 1964, en un contexto de reunificación del movimiento obrero y de articulación de alianzas políticas con otros sectores. En este sentido, han afirmado que la mayor parte de las tomas se produjeron en el sector más concentrado de la industria y en los principales núcleos urbanos, por lo cual la fracción obrera de la gran industria se postuló como sector dirigente de la alianza, sin trascender los objetivos de democratización del régimen social y político (Cotarelo y Fernández, 1997).

Desde otra perspectiva teórico metodológica, Alejandro Schneider ha sostenido que el inmenso poder adquirido por la burocracia sindical debe buscarse en la movilización de las bases - expresada en las ocupaciones de fábricas incluso con toma de rehenes producidas a partir de 1962, muchas de las cuales escaparon al control de la CGT- lo cual explica la capacidad de articulación ostentada por los trabajadores durante el proceso de implementación del Plan de Lucha de 1964. En efecto, en el segundo semestre del año 1962 se incrementaron en el norte del Gran Buenos Aires las ocupaciones fabriles, a pesar del contexto represivo y como respuesta a la situación económica de recesión, en protesta por atrasos en los pagos, en reclamo de aumentos de salarios o en defensa de las fuentes de trabajo. Este estudio ha mostrado que las ocupaciones de fábrica incluso con tomas de rehenes ya formaban parte del repertorio de acciones de lucha obrera (^{Schneider, 2007} y 2009).

Finalmente, desde perspectivas locales/regionales Marcelo Raimundo, ha centrado su mirada en las distintas etapas del Plan de Lucha en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, visibilizando la necesidad de dar cuenta desde perspectivas locales de las disímiles dinámicas y conflictos que atravesaron el proceso, para tensar las interpretaciones circulantes sobre el tema (^{Raimundo: 2008}).

En estos trabajos se ha avanzado en la determinación del papel jugado por las fracciones que hegemonizaron la dirección de la CGT desde enero de 1963 (62 organizaciones e “independientes”) a nivel nacional, en evaluar el rol cumplido por las direcciones gremiales en relación con los márgenes de espontaneidad y movilización de las bases y de otras corrientes del movimiento obrero en el proceso de tomas de fábrica y en la significación y composición social de dicho proceso. Sin embargo, a niveles provincial y regional las direcciones nacionales entramaron de manera disímil con los procesos, actores y tradiciones particulares, tal como ha sido analizado para el caso de Córdoba o La Plata, pero ha sido muy escasamente trabajado para el Gran Rosario.

Recientemente, cierta revitalización del interés por la historia obrera de la región, ha permitido conocer algunos rasgos de la militancia sindical, la conflictividad y las condiciones de trabajo y explotación que caracterizaron determinadas ramas de la producción y colectivos obreros sobre fines de los cincuenta y principios de la década siguiente en el Gran Rosario (^{Menotti, 2008}; Vogelmann, 2012; Simonassi y Vogelmann, 2017 y 2018).^{1 2 3} Sin embargo, persisten notables vacíos en las investigaciones acerca de la historia de la clase trabajadora de la región en su interrelación con la escena nacional durante los primeros sesenta. Lo que sigue representa un esfuerzo por analizar un momento clave en la historia obrera y sindical nacional, para evaluar las expresiones que adoptó en el escenario local/regional.

La CGT y el Plan de Lucha

La economía argentina transitaba desde 1962 por un período recesivo que redundó en un severo deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares. Mientras tanto, la CGT atravesaba por un proceso de normalización que culminó en enero de 1963 con un Congreso en el cual se aprobó un documento que contenía amplias demandas antirepresivas, democráticas y de transformaciones económicas y sociales, tales como la reforma agraria, la anulación de los contratos petroleros suscriptos durante el gobierno de Frondizi y la participación de los trabajadores en los órganos de conducción de la vida económica de la nación. A poco de asumida la nueva comisión directiva de la CGT, se dispuso la aplicación de un Plan de Lucha que se inició con una semana de protesta y un paro general el día 31 de mayo, con demandas inmediatas tales como: aumentos de salarios, control de costos y fijación de precios máximos para artículos de primera necesidad, plena ocupación, pago de pensiones y jubilaciones atrasadas, créditos para reactivación de la producción, viviendas populares, reincorporación de cesantes por conflictos laborales, entre otras^.2

Tras la asunción del gobierno radical de Arturo Illia, en octubre de ese año, la CGT exigió el cumplimiento de un conjunto de demandas a través de la organización de concentraciones y un paro de seis horas en diciembre. Ante la inobservancia de las exigencias, en el mes de enero se anunció la continuidad del Plan de Lucha, en tanto se incrementaba la conflictividad obrera por sectores y lugares de trabajo. El Plan contemplaba dos etapas, una primera de preparación y agitación mediante la realización de reuniones, asambleas y actividades públicas de difusión y una segunda -durante el mes de marzo-, de ocupación de los centros de producción agropecuarios, industriales y comerciales^.3

Para el cumplimiento de esta segunda etapa se dividió al país en cuatro zonas en las cuales se realizarían reuniones de delegados regionales y secretarios generales de organizaciones confederadas, con el fin de impartir instrucciones para las ocupaciones que serían sorpresivas y anunciadas con no más de dos horas de anticipación. Se disponía además que se formarían comités secretos para contrarrestar acciones represivas.⁴Como resultado de estos anuncios, el gobierno otorgó a la CGT participación en el Consejo Nacional de Abastecimiento y en la Comisión de Salario Mínimo, Vital y Móvil de próxima creación y asumió un conjunto de compromisos de cumplimiento de las principales demandas, lo cual condujo a suspender las acciones programadas.

Sin embargo, recién se iniciaba mayo de 1964 cuando el Comité Central Confederal de la CGT reanudó la segunda etapa del Plan de Lucha, que comprendía la ocupación masiva y simultánea de todos los centros de producción y establecimientos industriales y de comercialización. Esa decisión fue tomada por unanimidad y aclamación ante el incumplimiento de las demandas y el secretariado se abocó a la planificación y ejecución del Plan de Lucha. Ante esto, el gobierno propició la sanción de la Ley de Salario Mínimo, lo cual no frenó la oleada de ocupaciones.

En esta coyuntura y tras diversos desacuerdos con las 62 organizaciones en torno a la aplicación del Plan de Lucha, se produjo la renuncia de dirigentes “independientes”.⁵ Como parte de este grupo, La Fraternidad afirmaba que “La abulia, la inacción, está fomentando la proliferación del descreimiento y el avance de ideologías extrañas a nuestro modo de ser republicano y democrático, inclinándonos peligrosamente hacia una situación cuyo rasgo invariable será la violencia” (Senén González, 1971: 62).

En Buenos Aires el primer operativo se inició el día 21 de mayo, con la ocupación de 800 establecimientos y se fue ampliando a distintas empresas, ramas y regiones del país hasta principios del mes de junio. Paralelamente, distintos gremios continuaron con sus protestas específicas y se fueron adhiriendo, por fuera del plan de acción de la CGT. Durante esos días circularon diversas versiones sobre la cantidad de establecimientos adheridos, y proliferaron las expresiones de descontento y alarma de empresarios, partidos políticos y el propio gobierno. Incluso se iniciaron numerosas acciones judiciales debido a las ocupaciones.

En el mes de junio y tras el fracaso de la mediación del cardenal Caggiano se ordenó una nueva oleada de ocupaciones. Así, el día 18 de junio en Buenos Aires y el conurbano, 850.000 trabajadores de casi 3.000 establecimientos se adhirieron y el día 24, fueron más de un millón de trabajadores y 4.000 establecimientos en varias regiones del país. Un mes después se aprobó la realización de cabildos abiertos y movilizaciones y más tarde la CGT convocó a un paro general de 48 horas, para los días 17 y 18 de diciembre, dando fin a las distintas fases del Plan de Lucha. El año se cerró con un movimiento sindical atravesado por las diferencias entre los integrantes de las 62 y los “independientes” (que no apoyaron el paro), la represión y el hostigamiento a dirigentes y activistas sindicales. A ello se sumaba el fracaso del retorno de Perón al país, un tema que atravesó al peronismo sindical y político durante esos meses. Las huelgas y el malestar ante cesantías y suspensiones se prolongaban en algunos sectores industriales como la carne, y los empleados del sector estatal continuaban luchando contra los incumplimientos salariales y de condiciones de trabajo.

La conflictividad obrera y sindical en el Gran Rosario

Desde 1955, los trabajadores de la ciudad de Rosario protagonizaron un conjunto de conflictos nacionales y de corte regional, tanto por ramas de actividad como por empresas. Desde 1955 se articularon luchas callejeras que se inscribieron en la resistencia al gobierno militar con una importante conflictividad en sectores estatales e industriales que continuó de manera sostenida durante el frondicismo (1958-1962). Entre los estatales, el proceso de lucha obedeció a la arremetida por la racionalización de los diferentes niveles del Estado y registró diferentes grados de intensidad y alcance. En Rosario se destacaron los municipales y los docentes, aunque otros sectores como los ferroviarios y el transporte urbano, fueron protagonistas en diferentes momentos de la conflictividad en la región. Como resultado de este proceso, en 1959 se formó una Comisión Coordinadora de Gremios Estatales.

Por su parte, los obreros de la industria formaron parte del colectivo de trabajadores que lucharon durante el gobierno de la “Libertadora” y el frondicismo contra la ofensiva por el incremento de la productividad, la limitación del poder de las comisiones internas y contra las políticas antiobreras expresadas en una legislación regresiva y en la represión. En el Gran Rosario, debido a su importancia en el perfil industrial regional, a la relevancia de sus organizaciones y a las acciones protagonizadas, se destacaron los trabajadores de la carne y los metalúrgicos.⁶

A partir de 1962 la conflictividad se acrecentó como consecuencia de la recesión que atravesó la economía argentina. Dos años después, si bien había claros indicios de recuperación, todavía la carestía de vida para los sectores obreros, los despidos, las suspensiones y las dificultades para cerrar las negociaciones de convenios a los niveles esperados por los trabajadores, eran cuestiones recurrentemente denunciadas como severos problemas por parte de las direcciones político sindicales del movimiento obrero. Estos factores se articularon con la crisis de algunos sectores tradicionales de la industria, que ante la obsolescencia técnica producto de la escasa inversión en equipos y maquinarias de las décadas precedentes, habían llegado a situaciones críticas, que planteaban la posibilidad de cierre de plantas. Era el caso de los frigoríficos, los ingenios azucareros, textiles y ciertas fábricas metalúrgicas, además del ferrocarril (Schvarzer, 1996). Los molinos harineros, la confección de bolsas y la fabricación de cigarrillos se contaban entre las ramas altamente concentradas y atrasadas tecnológicamente (Niosi, 1974). Estas situaciones confluyeron para que los niveles de conflictividad se mantuviesen elevados.

Así, en Rosario los metalúrgicos, los trabajadores de la carne, del vidrio, molineros y jaboneros, entre otros colectivos de obreros industriales, protagonizaron luchas más bien defensivas, por la reincorporación de despedidos, por aumentos de salarios y contra los avances patronales en las condiciones de trabajo. Nos dedicaremos a continuación a profundizar la situación de tres colectivos obreros: metalúrgicos, molineros y jaboneros del Gran Rosario.

En el caso de los metalúrgicos, la experiencia transitada durante los prolongados y frontales conflictos librados durante la negociación nacional de convenios de 1956 y 1959, permitieron garantizar el proceso de tomas de mediados de 1964. En efecto, en 1956 se había fortalecido una militancia de base - incluso actuando por fuera de la intervención al gremio-, mediante acciones como el paro activo, las asambleas y la conformación de comisiones de activistas. Esa experiencia se retomó en el conflicto de 1959 y se fortaleció a través de masivas asambleas en el Estadio Norte de la ciudad y la activación de una cadena de solidaridades. En 1960 se produjo un cambio en los contornos de la conflictividad, pues las negociaciones de convenios colectivos a partir de entonces se libraron sin las prolongadas y duras luchas protagonizadas durante los años precedentes, aunque la práctica vandorista de “golpear para negociar” rodeó las coyunturas de renovación de convenios de huelgas parciales que no cesaron. En esos momentos, por fábricas se realizaron asambleas y se expresó el activismo que actuaba a nivel del suelo de fábrica. La recesión económica y sus consecuencias en el sector fueron detonantes de un sinnúmero de conflictos localizados en las principales ciudades industriales (Simonassi y Vogelmann, 2018).

De modo que en el año 1962 la conflictividad estuvo centrada en la renovación del convenio, la demanda por aumentos salariales y los reclamos por demoras en los pagos, contra las suspensiones y los despidos. Al año siguiente la situación no había variado demasiado. El malestar entre los trabajadores ante la prolongación de estos problemas era motivo de reclamo entre los activistas. En Rosario la fábrica Gema, trabajó durante varios meses menos de ocho horas y suspendió por un mes a todos los trabajadores; Cindelmet operó cuatro horas y media y la carrocera Decaroli luego de un cierre prolongado, seis horas diarias. Estos ejemplos grafican lo que acontecía en otras fábricas importantes e innumerables talleres de menores dimensiones. “Lo cierto es que cada día estamos peor, casi igual a 1961-62”, denunciaban activistas de Palabra Obrera.⁷

La patronal, fundada en la situación de la industria, se negó ante el vencimiento del convenio, a establecer incrementos salariales y propusieron su prórroga por ciento ochenta días. La UOM nacional- lanzó paros parciales de actividades y asambleas de fábrica.⁸ Así, los trabajadores de algunas empresas como Acinfer en Villa Constitución, votaron en asamblea solicitar no menos del 40% de aumento y seis meses de vigencia del convenio.⁹ Si bien las respuestas no resultaron en la combatividad exhibida en Buenos Aires - donde desde mediados de 1962 los trabajadores metalúrgicos realizaron ocupaciones de diversas plantas-, los delegados de algunas fábricas de la ciudad lograron movilizar en setiembre de 1963, a 200 obreros.¹⁰

Finalmente, las negociaciones de 1964 se abrieron en el contexto de la etapa más dura del Plan de Lucha lanzado por la CGT, por lo cual los empresarios metalúrgicos de Rosario se negaron a concurrir a discutir el nuevo convenio, planteando que hasta que no se normalizara “el estado de subversión”, no se sentarían a negociar. En Rosario durante el Plan de Lucha fueron ocupados establecimientos de la rama, en algunos casos, con toma de rehenes. El convenio en el orden nacional se firmó finalmente en el mes de agosto.¹¹ Una de las fábricas tomadas fue la metalúrgica Chaina, “una de las más negreras de Rosario” según la caracterización de los activistas.^{12 13} Se trataba de una fábrica con una larga historia de conflictos que durante el proceso aquí analizado fue noticia en la prensa, al ilustrar uno de los principales periódicos locales la toma de la planta con una foto que mostraba un sistema de izado montado en la vereda, desde donde las familias y amigos proveían de alimentos^.13

En el caso de los trabajadores molineros, durante 1964 el sector fue sacudido por un conflicto que surgió en una empresa particular, se extendió al conjunto de la industria molinera y se superpuso con el Plan de Lucha ordenado por la CGT para mediados de ese año. La contienda se originó a raíz del despido de veintidós obreros afiliados a la Unión Obrera Molinera pertenecientes a la empresa SAIC Molinos Harineros de Ramírez Ltda., de Villa Ramírez, provincia de Entre Ríos. Se inició una toma con rehenes que al ser desalojada extendió el conflicto y las ocupaciones en varias partes del país, en algunos casos también con toma de rehenes y la adhesión del personal de vigilancia. Fue el caso de Molinos Rio de la Plata y Morixe Hnos. en Buenos Aires, donde además hubo represión. En la primera de estas fábricas confluyeron reclamos desatendidos por las patronales, que pretendían “considerar salubre el trabajo de los cargadores de bolsas, cuando en realidad estos se mueven en una atmósfera irrespirable”.¹⁴

En otros sitios del interior, como Rosario, las patronales se quejaron por no haber existido la “suficiente asistencia policial para garantizar la libertad de trabajo y la seguridad de los trabajadores que desean trabajar y de los bienes de las empresas”.¹⁵ Paralelamente, responsabilizaron al Ministerio de Trabajo por no haber actuado ante la extensión de la huelga al conjunto de la industria y comenzaron a contratar rompehuelgas.^{16 17}

En Rosario, la huelga tuvo un acatamiento total, se organizaron piquetes y se registraron algunos conflictos con intervención policial. El epicentro de la lucha fue la fábrica Minetti, cuando al contratar rompehuelgas se ocupó la planta con toma de personal jerárquico y rompehuelgas como rehenes.¹⁷

En este caso en particular confluyeron el conflicto molinero nacionalizado con un descontento más general y antiguo contra las condiciones de trabajo y las políticas disciplinarias de la empresa. En efecto, los atropellos patronales denunciados por los trabajadores consistían en sanciones disciplinarias desmedidas (por no usar el birrete o por usar la camisa desprendida), pésimas condiciones de trabajo (trabajo a cincuenta grados sin poder salir ni ingerir agua), engaños y atropellos sobre derechos laborales (negativa a pagar salario a los enfermos y accidentados).¹⁸

De acuerdo a las versiones, entre 100 y 300 obreros colgaron carteles donde se leía “Este molino ha sido ocupado por trabajadores netamente” o “Basta de atropellos. Queremos justicia”. Incluso se registró un ataque a tiros en la casa de un jerárquico de la empresa. La CGT Rosario manifestó su solidaridad con la ocupación.¹⁹

La Federación Nacional de la Industria Molinera, por su parte, denunció al Ministerio de Trabajo distintos hechos de violencia producidos en Rosario sobre un obrero de esa fábrica, a quien le fue baleado el frente de su domicilio y hacia un directivo de la firma, que fue agredido en su casa. Se quejaron además que en la planta, se había ocupado la sección fideería, que no pertenecía a la industria

molinera.²⁰

De modo que en este caso, se trató de un conflicto nacional que tuvo una “derivación imprevista” en el orden local, según indicaba la crónica del diario local La Tribuna.²¹ Esta ocupación se ubicó por fuera del Plan de Lucha concertado por la CGT y visualizó la decisión del activismo de una importante fábrica de la rama de hacer frente a un descontento de larga data. Según un dirigente sindical histórico del Partido Comunista local, la empresa ostentaba una importante historia de enfrentamientos con sus trabajadores y era caracterizada como “hambreadora del pueblo”, junto con Swift y Bunge y Born.²² Era señalada como una de las responsables de la carestía de vida, al acaparar trigo de cosechas anteriores y por las ganancias extraordinarias que históricamente recaudaron.²³

Los trabajadores jaboneros, por su parte, habían transitado en el orden nacional por un importante conflicto en el año 1961, inicialmente localizado en dos plantas y más tarde generalizado a todo el gremio. Los reclamos estuvieron centrados en los aumentos salariales y en la reincorporación de los despedidos durante los meses que duró el conflicto. Mientras tanto, la rama atravesaba por un proceso de modernización y ampliación. Era el caso de SAIPE Jabón Kop, en la vecina localidad de Granadero Baigorria, que en abril de 1961 puso en funcionamiento una nueva planta modernizada y comenzó a cotizar en bolsa. Además de abastecer el mercado interno, los planes consistían en exportar hacia países latinoamericanos.²⁴Sin embargo, la recesión de 1962 abortó parte del optimismo inicial lo cual se reflejó en la reducción de las ventas y la demora en conquistar los mercados de países vecinos'²⁵A mediados del año siguiente se desató allí un importante conflicto derivado del despido de los doscientos trabajadores de la planta. La publicación Compañero denunció lockout patronal, al tiempo que la empresa solicitaba convocatoria de acreedores y renunciaba su directorio.²⁶

La situación generó acciones que desbordaron los muros de la fábrica y sus activistas. En efecto, se realizaron marchas solidarias hacia la fábrica y la CGT convocó un plenario con participación de estudiantes y diversas organizaciones.²⁷ Las asambleas gremiales fueron manifestando su solidaridad con los trabajadores despedidos, como fue el caso de la UOM Seccional Rosario. También se pronunciaron en similar sentido las 62 Organizaciones de la ciudad'²⁸

El Plenario de la CGT resolvió repudiar la actitud de la empresa por los injustificados despidos, “apoyar decididamente la lucha” de los trabajadores, continuar los contactos entre las partes, realizar una intensa campaña para interesar a las organizaciones confederadas para realizar acciones concretas en apoyo y solicitar a las autoridades la aplicación de las disposiciones legales vigentes que correspondan “como acto de justicia y de pacificación”.²⁹

El Sindicato de Jaboneros en asamblea, por su parte, resolvió mantenerse en estado de alerta y movilización, facultar a los directivos a impulsar acciones gremiales y legales para lograr que la patronal concretara las soluciones y continuar con la campaña de ayuda económica a las familias obreras y esclarecimiento en Rosario, al tiempo que demandaban a la CGT nacional la ejecución de medidas de solidaridad.³⁰El sindicato exigió también la intervención del gobernador de la provincia y denunció las maniobras especulativas de la empresa “que responden a fuerzas económicas extranjeras, en complicidad con algunos miembros del directorio”, así como las presiones para hacer firmar a los trabajadores la renuncia de sus derechos.³¹ Además, el dirigente de la Federación Nacional de Jaboneros, Alfredo Arias “bajó” a dirigir el conflicto promoviendo la movilización y la lucha y proponiendo incluso la toma de la fábrica.³² La CGT nacional, por su parte, respaldó a la Federación de Jaboneros, realizó gestiones ante el Ministerio de Trabajo e instruyó a la Regional Rosario a prestar su solidaridad.³³

El conflicto fue efectivamente rodeado de la militancia de algunos sectores, como algunos centros de estudiantes y agrupaciones universitarias, por ejemplo el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y la Agrupación APRI de Medicina. Como cristalización de esas prácticas solidarias, los estudiantes de la Facultad de Medicina pusieron a disposición de los despedidos de Jabón Kop, diez médicos y medicamentos. Además algunos partidos y organizaciones de izquierda participaron activamente del conflicto, como es el caso de Palabra Obrera, cuyos dirigentes resolvieron llevar un mimeógrafo al local del sindicato de Jaboneros para colaborar con las acciones de propaganda.³⁴

Durante el proceso se logró reincorporar a algunos trabajadores, aunque la situación se volvió a agravar al producirse nuevos despidos, por lo cual la Federación de Jaboneros se reunió con el Presidente. En ese momento, febrero de 1964, el gremio atravesaba además por una conflictiva negociación de convenio, devenida de la posición empresaria de retirar los aportes para la obra social sindical.³⁵Ello condujo a “paralizaciones inesperadas de tareas con asambleas de fábricas y paros generales en la industria”, que lograron frenar el propósito empresario y obtener un 28% de incremento salarial.³⁶

Sin embargo, la situación de SAIPE continuó sin resolución. El congreso de la Federación de Jaboneros que sesionó desde el 31 de agosto al 2 de setiembre de 1964 repudió la actitud de la empresa SAIPE (y Jabón Federal en Buenos Aires), “por su actitud antiobrera y reaccionaria, al pretender desconocer derechos y conquistas de los trabajadores, garantizadas por leyes y convenios en vigencia”. Ante el paro declarado en ambas empresas, dispuso manifestar su “total solidaridad”.³⁷

En síntesis, este conflicto muestra nuevamente la articulación entre demandas y conflictos nacionales y especificidades locales, al quedar circunscripto a la lucha por la reincorporación de despedidos de una empresa particular, situada en el cordón norte del Gran Rosario. El conflicto se rodeó de una amplia solidaridad, desde la CGT local cuya comisión directiva estaba recientemente asumida hasta diversas corrientes de la izquierda, pasando por una experiencia de articulación con corrientes estudiantiles universitarias.

Por cierto, estos no fueron los únicos conflictos librados en la región. Otros colectivos de trabajadores, como los empleados en el depósito de materiales y laboratorio de análisis y elaboración de asfaltos de la empresa de la construcción Gardebled Hnos, en la vecina localidad de Roldán, desataron medidas de lucha en el marco del Plan de Lucha. Allí los quinientos trabajadores de la empresa, en mayo de 1964, ocuparon el establecimiento, cortando toda comunicación con el exterior y con las oficinas de la empresa ubicada en Rosario.³⁸La CGT local apoyó la “valiente” decisión de los trabajadores de la construcción ante la violación por parte de la empresa de conquistas obreras: “demuestra y confirma el espíritu que anima a los trabajadores en estos momentos previos a la ejecución total del plan de lucha”.³⁹

En el ámbito estatal, otros sectores en conflicto a nivel local y provincial fueron los docentes, los trabajadores de Vialidad Nacional y del Ministerio de Obras Públicas. Estos últimos, por caso, demandaban escalafón técnico funcional o aumento a cuenta del mismo, reclasificación del personal y reincorporación de los trabajadores dejados cesantes por razones políticas y gremiales.⁴⁰ Este Ministerio era un bastión de la Asociación de Trabajadores del Estado - ATE - Rosario, donde militaron algunos de los dirigentes sindicales que controlarán la Regional local de la CGT desde agosto de 1963. A ese tema nos abocaremos a continuación.

Nuevos y viejos dirigentes en la CGT rosarina

Como adelantamos, la CGT Regional Rosario había cambiado la composición de su comisión directiva en agosto del año 1963, al triunfar una lista de unidad encabezada por sectores del peronismo en unidad con el MUCS. Esto condujo a producir ciertos cambios en el manejo de la CGT local, al promover un más activo acercamiento a los conflictos y la ruptura con los sectores anticomunistas del sindicalismo local. En rigor, este rasgo del movimiento sindical rosarino puede ser caracterizado como una “alianza incómoda”, es decir, como una política sostenida por sectores del peronismo y los comunistas, de unidad de acción frente a un conjunto de hechos y procesos, que convivía en tensión con episodios de conflicto y enfrentamiento. El encumbramiento de esta nueva directiva resultó de la articulación de viejos líderes sindicales, representativos del sindicalismo peronista “tradicional” y del Partido Comunista con un conjunto de nuevos dirigentes peronistas fogueados en la Resistencia y de activistas independientes y de izquierda. De modo que la presencia de un dirigente comunista en la nueva directiva produjo la retirada de los “independientes” y del peronismo anticomunista (Simonassi y Vogelmann, 2017).

La hegemonía entonces quedó en manos de la nueva camada de líderes sindicales mayoritariamente pertenecientes al peronismo “duro”, cuya expresión más sobresaliente fueron activistas del sector estatal, enrolados en ATE Seccional Rosario pertenecientes a la División Paraná Inferior del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación (MOP). Allí en agosto del año 1958 estos nuevos activistas lideraron una huelga y unos meses después lograron ganar las elecciones de ATE Rosario. Uno de ellos llegó a la CGT regional en 1960 (Mario “Negro” Aguirre), al tiempo que el activista de izquierda independiente Alberto Belloni, saltó de la militancia local a contar con proyección nacional. El nuevo Secretario General de la CGT Regional Rosario, Héctor Quagliaro, formaba parte de esta camada de activistas (Simonassi y Vogelmann, 2017).

Uno de los rasgos distintivos de la nueva dirección fue el apoyo otorgado a los conflictos que se sucedieron en la región, en algunos casos con participación activa. En efecto, solo un par de días después de su conformación, la nueva directiva se expidió sobre el conflicto que transitaban trabajadores de prensa pertenecientes al diario Rosario y realizaron gestiones por la reincorporación de trabajadores despedidos ante la compra del Matadero Municipal por parte de la Corporación Argentina de Productores - CAP-.⁴¹En el caso de jaboneros, asumieron una participación más activa convocando a diversas acciones de solidaridad aunque sin llegar a convocar a un paro general. Se manifestaron también a favor de las ocupaciones impulsadas por los trabajadores de la empresa constructora Gardebled y la de Minetti durante el conflicto molinero.⁴²Por otra parte, la publicación Compañero destacó el acompañamiento de las masas a sus dirigentes en Rosario, en contraste con Buenos Aires. Destacando el sesgo peronista de la directiva, señalaba: “por algo a Rosario se la llama la Capital del Peronismo”.⁴³ Mientras tanto, la CGT en Buenos Aires había tratado de frenar las luchas y allí las masas habían desbordado a la dirigencia, siempre según la opinión de Compañero.⁴⁴

Otra característica que sobresale fue la tendencia a propiciar acercamientos con otras corrientes políticas por fuera del peronismo, como es el caso de los comunistas y de los activistas de Palabra Obrera. Nuevamente el caso de jaboneros es paradigmático. Según reflejan los documentos internos de esta última organización, Quagliaro en particular era permeable a aceptar instancias democráticas y masivas como los plenarios “con barra”. La relación tramada entre ellos habría garantizado también el despliegue de las numerosas acciones de solidaridad que se extendieron durante el conflicto de los trabajadores de SAIPE - Jabón Kop.⁴⁵Palabra Obrera, la organización liderada por Nahuel Moreno, contaba con presencia desde 1960 en la región y en 1963 había logrado constituir cinco equipos, con estudiantes y algunos activistas obreros. Durante estos años promovió su política de “entrismo” en el peronismo (González, 1999).A pesar de su escasa inserción en el movimiento obrero local logró tener participación en el conflicto de Jabón Kop y trabar relación con el Secretario General de la CGT local.

Como anticipamos, la relación con los comunistas, transcurrió por diferentes etapas. En efecto, de acuerdo a lo que venimos analizando, las políticas de unidad se expresaron por la cúpula en la conformación de la Lista Blanca, lo cual permitió a la nueva directiva ganar las elecciones de la CGT Regional. De hecho, el PC/MUCS tenía una importante inserción en el movimiento obrero local, dirigiendo o participando en varios sindicatos de la región.⁴⁶La unidad se expresó también cuando el Secretario General de la CGT encaró las gestiones por la reincorporación de los cesantes del Matadero Municipal en conjunto con el dirigente comunista del Sindicato Trabajadores Particulares de Matadero, Oscar González y otros activistas, lo cual enfureció a sectores anticomunistas del gremio.⁴⁷

Sin embargo, las acciones anticomunistas fueron muy relevantes, como el ataque a tiros acontecido durante al plenario ampliado de la CGT realizado en el sindicato de Cerveceros de la ciudad, donde se discutía el Plan de Lucha. En esa oportunidad resultaron asesinados tres militantes peronistas y del Movimiento Nacional Tacuara, y heridos un agente policial, un activista comunista y otros integrantes de Tacuara'⁴⁸La CGT local, declaró un paro de 12 horas y convocó a asistir al entierro de “nuestros desaparecidos compañeros”. Paralelamente repudiaron enérgicamente el atentado y exigieron pronta y amplia investigación, en el mismo momento en que manifestaban su apoyo al Plan de Lucha de la CGT nacional.⁴⁹ Según el PC, las 62 Organizaciones sin participar al resto de la comisión directiva de la CGT local, convocó a un paro de actividades en su nombre, lo cual da cuenta de la debilidad de los sectores del peronismo “duro” y de las profundas diferencias que atravesaban al peronismo sindical dentro mismo de la CGT. Para el PC, el ataque de los “tacuaras” al plenario sindical representó un esfuerzo por “detener y aplastar el proceso de unidad que se halla en ascenso de lo cual es expresión la dirección local”. La política unitaria contra la que se habría alzado el ataque también involucraba las acciones de coordinación con otros sectores que impulsaba el plenario para garantizar el Plan de Lucha.⁵⁰

Tres días después, fueron baleados en represalia dos reconocidos abogados comunistas, tras lo cual fue apresado en las terrazas linderas al local de la CGT, un dirigente de su secretariado, suegro de uno de los muertos en Cerveceros, que poco después se declaró culpable del ataque.⁵¹ Se trataba de un dirigente del Sindicato de la Construcción, que era para los comunistas “una cueva de gangsters y provocadores”, donde “se asientan y actúan sectores de la juventud peronista, en particular los Tacuara, y se planean ataques.. .”⁵² De hecho, en la línea de las denuncias realizadas por el PC, la prensa local relevaba durante estos meses diversos hechos de violencia que tuvieron como protagonistas a sectores de la UOC. Cuestionaban también a la Regional Rosario de la CGT, que si bien había dado pasos hacia la unidad, se hallaba “trabada y retrocediendo” por la “permanencia en su seno de los elementos antiunitarios y propatronales, que a punta de metralletas siguen exigiendo acciones anticomunistas y apañan a los asesinos Tacuaras.” En este marco denunciaron la actuación de “bandas asesinas” en las asambleas sindicales.⁵³

De modo que el anticomunismo llegó a la propia CGT, pues a pocos meses de la asunción de la nueva directiva con participación del MUCS expulsaron al dirigente del PC, poniendo fin a la alianza por la cúpula de la CGT Regional y al descubierto los límites de la unidad entre estos sectores del movimiento sindical. Los activistas del Partido Comunista culparon a las 62 Organizaciones de esa decisión, cuestionaron la expulsión, reclamaron depurar la CGT “de los elementos reaccionarios derechistas, antiunitarios y tacuaras” y retomar la línea “de la unidad combatiente y sin discriminaciones”.⁵⁴

De modo que la conflictividad que atravesaban diversos gremios o determinadas fábricas, el accionar de un activismo sindical de izquierda, así como los esfuerzos de consolidación de una nueva comisión directiva en la CGT local -con importantes conflictos que la atravesaban - configuró el contexto en el cual se efectivizó el plan de ocupaciones de fábricas y lugares de trabajo de la CGT a mediados de 1964.

Las tomas de fábricas y lugares de trabajo en Rosario

El inicio de la etapa de ocupaciones del Plan de Lucha fue recibido en Rosario con rumores de todo tipo, entre los cuales circulaba que las primeras tomas con rehenes se producirían en el frigorífico Swift y en los depósitos de la Shell Mex en la zona portuaria. Sin embargo, nada de eso aconteció, a pesar de lo cual la policía permaneció acuartelada. Ese día solo pararon, según el parte policial, las empresas en conflicto, como las fábricas donde se desarrollaba el conflicto molinero. También se prohibió un acto justicialista donde se esperaba la presencia de Framini, por la sospecha de que Rosario podía haber sido elegida como “principal base” de acciones vinculadas al Plan de Lucha. Decía el comunicado: “a partir de la fecha queda estrictamente prohibida la realización de toda clase de actos de índole política, mientras subsista el clima de agitación que provocara el ‘plan de lucha’ anunciado por la CGT”.⁵⁵Sin embargo, militantes peronistas acudieron al centro de la ciudad en grupos y se encontraron con un “despliegue inusitado y provocativo de fuerzas de represión” con el saldo de dos detenidos.⁵⁶

Por su parte, un conjunto de activistas comunistas reprodujo en una solicitada publicada en los diarios una declaración del MUCS donde llamaban a decidir y garantizar el Plan de Lucha con asambleas en los lugares de trabajo y en los gremios. Planteaban la paralización de tareas, la movilización callejera, la realización de actos relámpagos y la culminación con un paro general con acto público. Llamaban a las 62 Organizaciones y a los “independientes” a no dividir las luchas obreras y rechazaban las manifestaciones “sectario-partidistas”. Esas demandas conjuntas consistían en el reclamo contra la carestía de la vida, los bajos salarios, la desocupación y la vigencia de leyes represivas.⁵⁷

Sobre fines del mes de mayo tanto Luz y Fuerza como ATE Fabricaciones Militares comenzaron medidas de lucha, al tiempo que en Marítimos había amenaza de paro.⁵⁸ Reuniones de delegados acontecidas en la ciudad hicieron circular nuevamente el rumor de que en Rosario y la zona se iniciarían las tomas. Sin embargo, éstas se habían producido en el Gran Buenos Aires y no en Rosario, donde reinaba la “tranquilidad”.⁵⁹

El día 28 la prensa informaba las ocupaciones no solo en Buenos Aires sino en diferentes sitios de la provincia, en Córdoba y otras provincias como San Juan y Entre Ríos. En Rosario la policía custodiaba oficinas públicas y empresas estatales de servicios.⁶⁰ El día 29 fueron ocupadas las principales fábricas y el edificio de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. En Rosario, mientras tanto, solo se produjo la ocupación de la Facultad de Filosofía y Letras, en apoyo a los reclamos no docentes y en adhesión al Plan de Lucha de la CGT.⁶¹

Tras los rumores y el seguimiento cotidiano de la prensa de cada una de las novedades vinculadas al Plan de Lucha, el diario La Tribuna tituló su portada del 2 de junio de 1964: “CGT Local: 1000 fábricas ocupadas por 50000 obreros”. En efecto, el Plan de Lucha se cumplió ese día en Rosario y otras ciudades del sur de la provincia de Santa Fe mediante la modalidad de tomas de fábricas y edificios de la administración pública.

Según El Litoral de Santa Fe, en el sector industrial de Rosario, la adhesión fue contundente y las principales ramas adheridas fueron metalúrgicos, construcción, frigoríficos, textiles y aceiteros. Por ejemplo fueron ocupados el establecimiento de materiales de construcción Facar, en la zona sur de la ciudad de Rosario (60 obreros), la fábrica Cerámica Alberdi (200 obreros), la empresa de construcción Elina, encargada del tendido de cables de alta tensión subterráneos de Agua y Energía (70 operarios), el Frigorífico Swift (3.500 obreros), Establecimientos Industriales Wicrasa, de la zona oeste (150 obreros), metalúrgica Petit en el centro de Rosario (65 obreros), otra fábrica metalúrgica, Electra en la zona noroeste (160 operarios), otros dos talleres metalúrgicos de la zona (120 y 100 obreros). El diario informaba que a lo largo del día se habían ido agregando otros establecimientos grandes, como las metalúrgicas Chaina y Hanomag, la constructora Gardebled en su campamento en Roldán y la textil Estexa.⁶²

Según La Tribuna, fueron ocupadas Swift, Cerámica Alberdi, Cervecería Quilmes, Petit SA, FILA, Echarme, Establecimiento Industrial Textil Rosario, Stragiotti, RAS, FICOSA, Daneri, Centenera (350 operarios), Electrodinie, Acindar Rosario (350 operarios), Cametal, FACAR. En San Lorenzo fueron ocupados los principales establecimientos industriales: Petroquímica, Cerámica IPSAN, SIMFA, DELTA SA; en la localidad de Roldán, la empresa Gardebled y en Carcarañá la empresa Koller. Hubo además una toma simbólica de la Facultad de Medicina'⁶³

En algunos sitios, las ocupaciones resultaron en la toma de rehenes, como fue el caso de la metalúrgica Chaina Cía y la firma SIMFA de San Lorenzo.⁶⁴

La información de la CGT, según el Secretario General de la delegación Rosario, precisaba el alcance de la medida: en el gremio de la construcción, habían sido ocupadas casi la totalidad de las obras en ejecución; en la industria metalúrgica la totalidad; en el gremio textil, las diez fábricas más grandes; en aceiteros, la totalidad (incluyendo las fábricas de San Lorenzo), así como lugares de trabajo controlados por Luz y Fuerza y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En Villa Constitución, Acindar, Acinfer, Marathon y la textil CILSA se habrían sumado al proceso de ocupaciones.

En el sector público, como adelantaba Quagliaro, Luz y Fuerza protagonizó acciones en distintas dependencias de Agua y Energía y también YPF administración y destilería. ATE había ocupado el Ministerio de Obras Públicas, en la zona portuaria, donde 1000 trabajadores se adhirieron. Hubo respuestas de algunos gerentes de las empresas ocupadas e intervención de la Policía Federal en algunos sitios públicos (por ejemplo en la Usina Sorrento). No obstante, tanto el comercio como el transporte no se paralizaron, mientras el servicio telefónico de llamadas a larga distancia se vio afectado.⁶⁵

La comisión directiva de la UOM local felicitó a los trabajadores y delegados por la actitud “viril y combativa” evidenciada durante la jornada.⁶⁶El éxito de la medida y las expresiones de regocijo de los dirigentes fueron seguidas de varios episodios de violencia que sacudieron la ciudad, donde artefactos explosivos estallaron en locales de gremios “independientes”, como la Federación Gráfica Rosarina, la Asociación Bancaria y la Fraternidad, recibiendo el repudio de diversas organizaciones sindicales.⁶⁷

También la CGT conducida por Quagliaro expresó “su más enérgico y absoluto repudio” y su convicción “de que las luchas del movimiento obrero nacional darán los resultados perseguidos en tanto se encuadren disciplinada y orgánicamente dentro de las directivas impartidas por los cuerpos estatutarios”.⁶⁸

Tras el fracaso de la mediación del cardenal Caggiano y a pesar de la promulgación de la Ley de Salario Mínimo, se ocuparon nuevamente las fábricas en Buenos Aires y el interior. El 24 de junio en Rosario se procedió a cumplimentar la nueva etapa, ocupando fábricas y sitios públicos. La medida afectó especialmente a las medianas y grandes fábricas y obras en construcción, algunas facultades como Ciencias Económicas y Ciencias Médicas y dependencias municipales.

En el Swift, la patronal logró desmontar la toma a partir de la declaración de asueto, mientras obreras y obreros ocuparon la textil Estexa. Según los informes policiales, fueron ocupadas las metalúrgicas Marietta (160 operarios), Ras (70 trabajadores), Altamura (40 obreros), Petit (60 obreros), Fundiciones Reno (80 obreros), Impeca (25 operarios), Renacimiento (28 obreros), Centenera Argentina (340 obreros), Gema (todo el personal de turno), Daneri (300 obreros con toma de rehenes) y Chaina (350 obreros). La Cervecería Quilmes (54 obreros), Cristalería Cuyo (170 trabajadores), la Usina Sorrento (todo su personal) y la Yerbatera Luis Cura (22 obreros) completaban la lista. Al día siguiente hubo paro de transporte.⁶⁹

De modo que el Plan de Lucha se cumplió en Rosario tal como fue planeado, de manera disciplinada. No obstante, no es posible aceptar ese grado de acatamiento sin las tradiciones sindicales y de lucha previas. La centralidad de la participación de los metalúrgicos, caracterizada por una estructura dispersa en múltiples fábricas de diferentes dimensiones y especialización, es un rasgo destacado. También la solidaridad que rodeó la ocupación de Chaina puede leerse como resultado de una larga historia de lucha y de resistencia a las políticas patronales. Los conflictos desenvueltos por fuera del Plan de Lucha, que respondían a cesantías y violaciones de derechos conquistados, rodearon la coyuntura de mayo-junio de 1964. Los trabajadores de la carne, con el abrumador protagonismo del Swift y las textiles de Estexa, junto con dependencias públicas con historia de emergencia de un nuevo activismo como el MOP, configuraron el universo variado del Plan de Lucha de junio de 1964 en la ciudad.

Lecturas contemporáneas sobre el proceso de tomas de fábrica de 1964

Tanto la CGT local como las organizaciones político-sindicales mencionadas hasta el momento, participaron del proceso de ocupaciones y acordaron con las principales demandas que las motivaron, aunque su accionar se desenvolvió en el marco de diferentes apreciaciones en torno a la situación política general. Además de las 62 Organizaciones y la CGT, que impulsaron el proceso (con la ya citada excepción de los “independientes”), diversas corrientes de la izquierda apoyaron y participaron activamente.

Los militantes del PC apoyaron el Plan de Lucha de la CGT planteando que desde los lugares de trabajo, al calor de las luchas y mediante organismos coordinadores, se unieran los trabajadores y sectores populares y progresistas para que se convirtiese en patrimonio de las masas. Es que para esta organización, en 1962 se había producido un giro a la izquierda de las masas peronistas.⁷⁰Afirmaban que la “arremetida reaccionaria” en Argentina iba encaminada contra el Plan de Lucha, “el que convenientemente tomado por las masas obreras y populares, se transforma en el arma de todo el pueblo por los cambios de fondo que exige la actual situación”.⁷¹

Decían estar en una “encrucijada histórica”, donde las masas obreras y populares requerían cambios estructurales para solucionar los problemas de carestía, desocupación, estancamiento y para lograr la reforma agraria. Para el PC, con el gobierno radical se había abierto una “brecha democrática” con un programa que “en cierta medida contempla las aspiraciones populares”. La acción del partido debía encaminarse a ampliar esa brecha, para derogar los decretos represivos, frenar el avance derechista, desmontar los aparatos de poder paralelo e impulsar el cumplimiento del programa prometido. Acordaban con ciertos aspectos de las políticas radicales, como la anulación de los contratos petroleros, el freno a los aumentos de tarifas eléctricas de la Sofina, la sanción “retaceada” de la ley de Abastecimiento, las medidas internacionales de comerciar con “todos los países del mundo”. En esa dirección, para el MUCS el gobierno radical había dado pasos positivos que el movimiento sindical debía estimular y apoyar, postura que fue cuestionada incluso por sectores de las propias bases del Partido Comunista.⁷²

En el orden provincial, festejaron la “iniciativa trascendental” de solicitar judicialmente la disolución de las bandas Tacuara, asegurar libertades públicas, disponer los precios máximos para el pan, exigiendo su extensión hacia otros productos básicos en el hogar obrero. Positivas pero insuficientes, la acción combativa debía conducir a frenar el creciente costo de vida, lograr la plena ocupación, aumento de salarios de emergencia hasta la discusión de la Ley de Salario Móvil, contra la sanción de la “ley-trampa derechista” sobre los partidos políticos, la reforma agraria, el levantamiento de las proscripciones de comunistas y peronistas, la ruptura con el FMI, relaciones con el campo socialista, en particular la URSS y la “heroica Cuba”. Para el logro de estos objetivos las fuerzas nacionales no comprometidas con la oligarquía y el imperialismo, debían formar un Frente de Liberación Social y Nacional. A nivel nacional y latinoamericano, la etapa estaba marcada según la lente del partido, por la arremetida de la derecha contra la lucha antifeudal y antiimperialista.

Palabra Obrera, por su parte, planteaba un combate frontal contra la patronal, el gobierno y el imperialismo, priorizando la lucha en los lugares de trabajo y la experiencia obrera. En este sendero, consideraban que el Plan de Lucha había fortalecido a la nueva vanguardia que estaba surgiendo en el movimiento obrero, había potenciado y acelerado un proceso que ya se venía produciendo y por el contrario, había debilitado a la dirigencia sindical, aunque reconocían que continuaba ejerciendo “el más estricto control”: “Quien sale fortalecida es la vanguardia que ha dado la cara en las ocupaciones, aunque tengamos que repetir que este avance no es tampoco masivo, sino atomizado, disperso”...“El plan de lucha fortaleció a las direcciones medias, a los responsables de fábricas, a los delegados y DI que hicieron una buena experiencia como se puede ocupar una fábrica y ser dueños y señores”.⁷³ Sin embargo, advertía sobre la apatía -incluso el desconocimiento- con la cual había sido recibida en algunas fábricas la directiva de la CGT, impartida burocráticamente, ante lo cual solo el debate democrático por la base podía garantizar el cumplimiento del Plan de Lucha. Es que consideraba que el método resultaba “el único camino para derrotar a la patronal y al régimen e imponer nuestros objetivos sociales y políticos”.⁷⁴

Según Palabra Obrera, el gobierno había salido debilitado frente a los trabajadores y los patrones, cada vez más convencidos de su falta de autoridad para resolver los problemas de fondo. A diferencia de otras corrientes de izquierda, para esta organización lo fundamental era profundizar el trabajo en la clase obrera y “no perder un conflicto más”. Por último, consideraban que para resolver los problemas estructurales hacía falta un gobierno obrero y popular. ⁷⁵Con relación al método de ocupaciones, sostuvieron que el Plan de Lucha había demostrado que no eran una “locura” y que debían profundizarse, con la condición ineludible del debate democrático y de base, de lo que había carecido el proceso de mayo-junio de 1964.⁷⁶

Como Palabra Obrera, la izquierda peronista, se ubicaba en la más cerrada oposición al gobierno radical y planteaba serias diferencias con las corrientes mayoritarias de la central sindical. El periódico Compañero, por ejemplo, recuperaba la consigna “con la cabeza de los dirigentes” y acusaba las maniobras divisionistas de la CGT como alentadas por el gobierno radical y motorizadas por contradicciones imperialistas entre “las 62” pro yanqui y los “independientes” que respondían según su óptica a intereses ingleses. El MUCS, era caracterizado como su furgón de cola. Había que luchar contra la ruptura y división de la CGT, expulsando a unos y a otros de la dirección de la central.⁷⁷

Otras organizaciones, como el Partido de la Vanguardia Popular, reivindicaron la superación del “mero verbalismo de sus dirigentes” y el pasaje a la acción que suponía “la movilización de miles y miles de hombres”. Para esta organización, el abandono del Plan de Lucha por parte de los independientes politizó -peronizó- la lucha debido a la hegemonía de las 62 en el lanzamiento del plan de ocupaciones. Sin embargo, allí se detuvo la política de las 62. Restaba unificar la combatividad del Plan de Lucha con la lucha por el retorno de Perón, o entroncar el Plan de Lucha con el “gran combate político del pueblo contra la proscripción, por su propia liberación”.⁷⁸La posterior decisión de las 62 Organizaciones de “desinflar” la lucha convocando a “concentraciones de triste memoria” condujo a la organización a condenar los verdaderos objetivos: ganar el control político del movimiento popular.⁷⁹

Si en el universo del movimiento sindical y la izquierda prevalecieron los apoyos, las patronales se destacaron por un rechazo homogéneo al Plan, antes, durante y después de su efectivización. Así, la Cámara de Comercio de Buenos Aires lo caracterizó como “un programa revolucionario de ribetes claramente subversivo, que viola elementales disposiciones que hacen a los principios de autoridad, disciplina y convivencia”. Denunciaba además “implicancias comunistas”. ⁸⁰ Finalmente, responsabilizó al gobierno por el “triste espectáculo del país convertido en escenario del delito de usurpación y de privación de la libertad personal, agravado por la impunidad con que sus instigadores han podido concretarlo luego de cuatro meses de prédica desembozada y disolvente.” Para la Cámara, la responsabilidad de los poderes públicos residió en no haber adoptado medidas preventivas y de represión, al tiempo que exigía al presidente de la nación que ejerciese “todo el poder”.⁸¹

La Unión Industrial Argentina (UIA), por su parte, sostuvo que las medidas de lucha no estaban amparadas por el derecho de huelga, sino que representaban “claros delitos contra la propiedad y la seguridad de la Nación”. ⁸² Para la principal organización de empresarios industriales, la responsabilidad recaía también en “la pasividad del gobierno ante el caos que nos amenaza”.⁸³

ACIEL, por su parte, ante el anuncio del Plan de Lucha, acusó al gobierno nacional por la falta de reacción y a la propia CGT - definida como un “factor de poder”-, por llevar a cabo una “gestión extragremial, política en sentido disgregador, negativo, “a veces subversivo”. ⁸⁴Expresó además su aliento y solidaridad con las firmas afectadas por el plan de lucha, en especial a los funcionarios de empresas “víctimas de los excesos de los dirigentes obreros”.⁸⁵

Diversos órganos de expresión de ramas industriales se pronunciaron en similar sentido. Fue el caso de Mundo Metalúrgico, que culpaba a la CGT por impulsar “un Plan de Lucha revolucionario [que] puede desencadenar gravísimos hechos de impredecibles consecuencias”. Los acusaban de: “tomar las fábricas, incomunicándolas con el exterior, y con los patrones como rehenes, alojándolos en habitaciones individuales”. Y continuaban señalando con gran elocuencia que de no tomar el gobierno “enérgicas medidas para detener este estado de subversiva violencia, de proteger la vida y bienes de aquellos contra quienes se instrumenta la acción sediciosa, éstos, en uso de un elemental principio de autodefensa, se verán obligados a protegerse por sí mismos”, es decir, se desataría una “guerra” que era preciso evitar para salvaguardar la Nación.⁸⁶

El periódico EconomicSurveyse ocupó detenidamente de analizar el significado de las tomas al caracterizarlas como “el adiestramiento para la subversión”, consistentes en acciones orientadas a “transtornar realmente el principio de autoridad en las fábricas” más aún, a destruirlo. El semanario se ocupaba de ilustrar con ejemplos de situaciones acaecidas en distintas fábricas, el logro de esos objetivos. La toma de rehenes era calificada como una práctica empleada “por extremistas para llevar adelante sus propósitos”. El blanco privilegiado de ataque era el gobierno, por su debilidad, por su falta de acción, aunque resaltaba con preocupación la falta de resistencia de las patronales: “Que un delegado pueda ordenar que se cierren las puertas de la fábrica y que esto se haga sin resistencia real de la gerencia, es una de las lamentables novedades de nuestra época y denota falta de coraje para defender lo que es exclusivo derecho de los patronos”. Finalmente, presentaba un conjunto de políticas que el gobierno debía seguir y ofrecía una especie de instructivo a los patronos para actuar ante nuevas tomas, en todos los casos de carácter antiobrero, antisindical y represivo.⁸⁷

En el orden local, el panorama no era demasiado diferente. Federación Gremial ostentó una importante conexión y unidad con la liberal ACIEL y se identificó con sus planteos, reproduciéndolos en sus materiales de prensa. La Bolsa de Comercio de la ciudad expresó también su rechazo al Plan de Lucha y advirtió sobre los delitos que cometerían a través de la integración de comisiones de activistas que, afirmaban, controlarían los mercados, las ferias y los comercios. La entidad rosarina planteó que se trataba de “una sistemática acción contra el orden” de modo que “la sola difusión del plan encierra una amenaza cuya efectivización debe ser impedida anticipadamente”. Denunciaron el carácter “sedicioso” del Plan y postularon “la necesidad de su represión”.⁸⁸ Poco después exigieron a Illia que “adopte resoluciones” para restablecer “las formas pacíficas del entendimiento” violado por el “prolongado y agraviante plan de lucha”.⁸⁹

Los metalúrgicos locales, por su parte, se negaron a concurrir a discutir el nuevo convenio en el mes de junio, amparados en las ocupaciones de fábrica. Afirmaron que hasta que no se normalizara “el estado de subversión” no se sentarían a negociar. En el orden provincial protestaron por la inactividad policial ante las “violaciones a los derechos de libertad y propiedad”.⁹⁰

En términos similares, la prensa cuestionaba el Plan de Lucha. La Tribuna advertía que existía un notable encarecimiento de la vida, lo cual otorgaría sólidas razones a las protestas. Sin embargo, las ocupaciones no eran aprobadas ni convenientes porque “alcanza instrumentos de agitación a los extremistas infiltrados en el movimiento obrero.” Y agregaba “Hay ‘guerrilleros’ sin armas en toda la República”.⁹¹

De modo que, mientras las diversas organizaciones de izquierda, con sus matices, ponderaron el proceso como una oportunidad, como un hito de relevancia en el proceso de lucha de los trabajadores, las organizaciones patronales lo percibieron como un peligro, agravado por la falta de intervención estatal en la prevención o finalmente, la represión.