Evolución histórica de la industria argentina de fabricación de ropa

Orígenes del sector e Industrialización por Sustitución de Importaciones

En Argentina, la industria de fabricación de indumentaria nació en el siglo XIX de la mano de empresas textiles de gran magnitud como Alpargatas y La Primitiva, que contrataban talleres para confeccionar diversos productores textiles tales como alpargatas de telas, sacos y lonas (Schvarzer, 1996). Durante la primera mitad del siglo XX el sector experimentó un crecimiento acelerado y sostenido gracias a la ampliación del mercado interno y a la protección frente a las importaciones por las guerras mundiales y la crisis del ’30 (Salgado, 2015). Esta rama fue un ejemplo de la ISI alcanzando su apogeo hacia mediados del siglo pasado (Adúriz, 2009): entre 1925 y 1950 la industria textil⁴ (eslabón anterior al segmento de confección de ropa) creció a una tasa anual de 10% (Canitrot et al., 1976). Para ese año, las fábricas textiles y de confección de indumentaria emplearon a 179.000 trabajadores posicionándose como la cadena industrial con mayor cantidad de empleados: 14% del total de la industria argentina (Canitrot et al., 1976)⁵.

Las condiciones laborales resultaban adversas para los trabajadores del sector ya desde sus orígenes. En su informe de 1904, el sanitarista francés Bialet Massé registró las extensas jornadas laborales en la costura argentina (once horas), los bajos salarios, las hostiles características de los talleres (hacinamiento y falta de ventilación), la presencia de trabajo infantil y la tendencia al contagio de enfermedades (Bialet Massé, 2010). Situaciones similares identificó Pascucci (2006) en los talleres de costura que funcionaban en los institutos de caridad y beneficencia, que empleaban mano de obra femenina e infantil entre 1890 y 1940.

En 1941, el Congreso argentino sancionó la Ley de Trabajo a Domicilio (n° 12.713) con el objetivo de regular la tercerización en la industria de fabricación de ropa. Impulsada por el Senador Alfredo Palacios, la ley fue un logro del movimiento de costureras organizadas ya que establecía una serie de derechos laborales para los trabajadores a domicilio a cumplir por la fábrica o marca dadora del trabajo: plazos, salarios, condiciones y medio ambiente de trabajo, entre otros derechos (Gago, 2014a; Lieutier, 2010; ^{PROTEX, 2016}). La ley, aún hoy vigente, ordenaba al Estado velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores a domicilio.

Durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los países de la órbita capitalista vivieron un crecimiento económico elevado y sostenido, impulsado por el desarrollo del sector industrial (Schvarzer, 1996). Bajo el régimen de acumulación fordista las ganancias empresariales crecieron a la par de una mejor redistribución del ingreso hacia los sectores trabajadores (Harvey, 1989; Neffa et al., 2010). Si bien la sustitución de importaciones en la cadena analizada estaba prácticamente finalizada para la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la economía argentina entre 1950 y mediados de la década del setenta continuó traccionando la producción de la rama, que pasó a ocupar un papel secundario por el despegue de otros sectores industriales como el siderúrgico, el automotriz y el petroquímico (Canitrot et al., 1976).

Primer oleada neoliberal y crisis del sector

Desde fines de la década del sesenta y principios del setenta tuvo lugar en las economías capitalistas occidentales el proceso conocido como estanflación (estancamiento económico con inflación), que puso en tensión la dinámica de acumulación industrial fordista (Boyer, 2015). La fortaleza alcanzada por los trabajadores en los centros capitalistas motivó al capital a relocalizar la producción industrial a países con menores salarios y débil organización sindical (Arrighi, 2007). Los mercados internacionales comenzaron a adoptar modelos de producción flexible, de series cortas, conocido como toyotismo (Neffa et al., 2010). La nueva estrategia del capital internacional se plasmó en la conformación de las Cadenas Globales de Valor (CGV) para lo cual fue necesario liberalizar las normas del comercio mundial: la fabricación de la ropa (segmento intensivo en mano de obra poco calificada) se relocalizó en Asia (Gereffi, 1994). Al mismo tiempo, las empresas líderes conservaron en Europa y Estados Unidos el diseño, el marketing y la comercialización de las prendas, eslabones más rentables de la cadena (Gereffi, 1994; Kacef, 2003).

La relocalización de la fabricación en países asiáticos dio comienzo a un nuevo proceso de deterioro de las condiciones laborales para los trabajadores costureros (Klein, 2001). La corriente estructuralista de la economía laboral destaca que, para el caso de las industrias intensivas en mano de obra como la fabricación de indumentaria, el aumento de la competencia internacional fue una de las principales causas del crecimiento de la economía informal (Galli y Kucera, 2004). La tendencia operó a través de la difusión de los bajos costos de la mano de obra en bienes manufacturados de consumo: una gran cantidad de productores nacionales quebraron mientras otros lograron sobrevivir gracias a reducir los costos laborales a través de informalizar la producción (Castells y Portes, 1989). Dicha transformación implicó un intenso cambio en la correlación de fuerzas entre el sector capitalista y los sectores trabajadores y la transición hacia una forma del estado neoliberal (Bonnet, 2011). El tránsito hacia la forma neoliberal del Estado no se trata de un corrimiento del mismo ante el avance del mercado, sino principalmente de una metamorfosis del Estado, que libró al mercado de la práctica de las regulaciones públicas sobre salarios, condiciones laborales y cargas sociales (Bonnet, 2011).

En efecto, Dumenil y Levy (2004) entienden al neoliberalismo como un proyecto del capital de los países centrales para re-balancear su poder relativo luego de los avances de los sectores trabajadores durante el período fordista y socialdemócrata de las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las reformas neoliberales de las últimas décadas del siglo XX debilitaron la fortaleza del movimiento obrero, lo que determinó el empobrecimiento de amplios sectores sociales (Duménil y Levy, 2004). Como sostiene Sassen, “el Estado (...) es uno de los dominios institucionales estratégicos donde se realizan las labores esenciales para el crecimiento de la globalización” (Sassen, 2007: 62; citado en Míguez, 2013). En este sentido, los Estados Nacionales estuvieron a la cabeza de los mecanismos que posibilitaron la redistribución de ingresos a favor del capital. Las políticas de desregulación del mercado doméstico y de apertura al mercado mundial implicaron una mercantilización con des-estatalización de relaciones sociales (Bonnet, 2011).

La reconfiguración del mercado mundial implicó un fuerte aumento en el comercio global de prendas, fenómeno que repercutió en Argentina a través del incremento de la competencia importada (Kosacoff, 2004). Los gobiernos de la última Dictadura Cívico-Militar, Menem y De la Rúa aplicaron políticas de apertura comercial⁶ en contextos de apreciación cambiaria, lo que impulsó un fuerte aumento de las importaciones de ropa a bajos precios.

En paralelo, el Rodrigazo de 1975 dio inicio a un proceso de largo plazo de caída del poder adquisitivo de los sectores populares, profundizado por la híper-inflación de fines de la década del ochenta y por la depresión final de la convertibilidad (González, 2012). La combinación de ambos fenómenos (caída del salario e importaciones baratas) motivó la crisis del sector de indumentaria y llevó a la quiebra a varias fábricas: el empleo formal en la confección se redujo de 69.000 trabajadores en 1974 a sólo 36.000 en 2004⁷ (Bertranou y Casanova, 2013; Ministerio de Hacienda, 2017; Montero Bressan, 2017).

Durante las décadas de 1980 y 1990 comenzaron a proliferar los talleres clandestinos producto de la ventaja competitiva que significaban los menores costos asociados a la evasión de impuestos, de las cargas sociales y de las normas de seguridad e higiene (Bentolila et al., 2011; Cortés, 1988). Una porción cada vez mayor del mercado de comercialización de indumentaria pasó ser abastecido por los talleres clandestinos (Montero Bressan, 2012). Por ello diversos autores destacan que la precarización de las condiciones laborales en la industria argentina de ropa fue la forma que encontró el capital para sobrevivir a la avalancha de importaciones de prendas de origen asiático (Bentolila et al., 2011, Gallart, 2006; Lieutier, 2010). Campos (2008) destaca los problemas de acción colectiva que llevaron a un círculo vicioso de competencia basado en la precarización de las relaciones y condiciones laborales, que perjudica tanto a trabajadores como a empresas.

En este punto, es importante destacar que el rubro mano de obra tiene una elevada participación en los costos del eslabón industrial, dado que la costura es un eslabón industrial intensivo en mano de obra y con reducida tecnificación a nivel mundial (Ferreira y Schorr, 2012). Lieutier (2010) calculó que subcontratar talleres clandestinos a través de intermediarios representa un ahorro del 50% en los costos de fabricación de las prendas.

El surgimiento y proliferación de los talleres clandestinos fue fruto, en parte, de las estrategias de minimización de costos de las marcas y talleres formales de indumentaria. En efecto, durante la crisis y re-estructuración del sector en los años de hegemonía neoliberal, las marcas derivaron su producción en talleres clandestinos como forma de evadir las cargas sociales y pagar salarios por debajo de los establecidos por los convenios colectivos. La explicación sobre el origen de la informalidad laboral en el sector como consecuencia de estrategias de minimización de costos de marcas formales goza de consenso entre varios autores (Adúriz, 2009; Arcos, 2013; Carpio y Salgado, 2015; Egan, 2015; Ferreira y Schorr, 2012; Lieutier, 2010; Montero Bressan, 2012; Ministerio de Hacienda, 2017; Salgado, 2015). En línea con la visión estructuralista de la economía laboral (Castells y Portes, 1989), dichos autores destacan que las marcas incurren en la tercerización productiva y la subcontratación de fábricas o intermediarios formales que, en la mayoría de los casos, subcontratan talleres y trabajadores informales. Arcos (2013) afirma que “los mismos (los talleres clandestinos) abastecen al 80% de la producción de las grandes marcas” (Arcos, 2013: 3).

Sin embargo, existe otra corriente de investigación sobre el fenómeno que destaca que el núcleo del trabajo informal se concentra “en los talleres “invisibles”, en el trabajo a domicilio y en los circuitos de dichos talleres con la comercialización en mercados informales (La Salada, Av. Avellaneda)”, sin vínculos con las empresas formales (Gallart, 2006: 177). En efecto, la feria La Salada nació en 1991 cuando un grupo de costureros dejaron de fabricar para marcas y talleres y comenzaron a vender su producción por cuenta propia, al margen de las regulaciones impositivas (Gago, 2014a; Girón, 2012; Pogliaghi, 2008). La ropa de imitación de las grandes marcas era vendida a muy bajos precios lo atrajo a una gran cantidad de compradores minoristas y mayoristas de todo el país, e incluso de países vecinos (Ossona, 2010).

El crecimiento de la desocupación y la problemática de ingresos para un segmento cada vez más importante de la población argentina fue el contexto ideal para el intenso crecimiento de La Salada, que llegó a constituirse como la mayor feria informal de América del Sur según la Oficina Ejecutiva a del Representante de Comercio del Presidente de Estados Unidos .La comercialización de prendas de bajo precio para los segmentos de consumo masivo y popular constituyó a La Salada como el “shopping de los pobres”, como la definiera Ossona (2010).

En el circuito de producción de ropa que se comercializa en La Salada, la tradicional explicación de las causas de la informalidad laboral (por decisión de empresas que tercerizan la producción para minimizar costos) no aplica pues quienes fabrican y venden las prendas son, en su gran mayoría, pequeñas unidades productivas familiares en donde el eslabón de comercialización se encuentra integrado al de fabricación (Dewey, 2014). Diversos estudios cualitativos destacaron la importancia una serie de factores subjetivos en la decisión de no formalizar el empleo tales como: i) el desconocimiento de las normativas laborales por parte de los encargados del puesto-taller; ii) la naturalización de la informalidad laboral por los vínculos familiares; iii) el temor y desconfianza a la formalización ante organismos públicos; iv) la asociación de formalización con pérdida de tiempo (Bentolila et al., 2011; Dewey, 2014; Gallart, 2006, Pogliaghi, 2008).

El crecimiento económico de la post-convertibilidad

En 2002 se abandonó la paridad cambiaría de la convertibilidad (un peso igual a un dólar estadounidense) y hacia el tercer trimestre comenzó un ciclo intenso de expansión de la industria argentina en general y de la confección de indumentaria en particular (Tavosnaska, 2010). El drástico incremento del valor de la divisa encareció fuertemente los productos importados y en combinación con una política más activa de administración del comercio exterior, la producción nacional recibió un fuerte estímulo a sustituir importaciones (Ferreira y Schorr, 2012).

A su vez, desde mediados de 2002 tuvo lugar un proceso virtuoso de crecimiento económico, traccionado por la inversión productiva, la recuperación del consumo interno y un rol expansivo del gasto público (Porta y Bianco, 2009). El Estado Nacional expandió fuertemente la cobertura de la seguridad social, en particular a través de las moratorias previsionales, la creación de la Asignación Universal por Hijo para desocupados e informales y la ampliación de las pensiones no contributivas (Ludmer y Ludmer, 2015). Esta incorporación al consumo de una gran cantidad de personas sumada a la recuperación de los ingresos impulsó fuertemente la demanda agregada, lo que retroalimentó la creación de nuevos puestos de trabajo y el aumento de los ingresos (Kulfas, 2016).

A contramano de las políticas implementadas en los años de hegemonía neoliberal, durante el periodo 2002-2015 el Estado Nacional estimuló la fabricación nacional de prendas a través de la administración del comercio exterior y la expansión de la economía. Como consecuencia, la producción del sector creció y se crearon nuevos puestos de trabajo formales: los asalariados registrados en la seguridad social pasaron de 24.215 en el tercer trimestre de 2002 -mínimo histórico- a 49.898 en el tercer trimestre de 2008 (+106,1% en seis años), según estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS).

Sin embargo, el aumento de la producción de ropa también motorizó un intenso aumento en la cantidad de costureros informales (+240%): de alrededor de 35.000 en 2002 pasaron a 120.000 en 2008 (INTI, 2016). En la misma dirección, y a partir del trabajo con los micro-datos de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) de la Dirección de Estadísticas de CABA, Lieutier et al. (2018) demuestran que la tasa de informalidad laboral en la industria de confección de indumentaria se mantuvo relativamente constante en el orden del 56% de los ocupados entre 2004 y 2016. De esta forma, el proceso de crecimiento económico de la post-convertibilidad no fue suficiente para lograr avances considerables en materia de formalización de la producción de indumentaria (Arcos, 2013). Esto evidencia una compleja y profunda trama de intereses económicos que se benefician con el statu quo actual, incrementando la dificultad para romper el equilibrio alcanzado.

Diciembre de 2015 a la fecha: la restauración neoliberal

Hacia fines de 2015, Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación e inauguró lo que Rofman (2017) denominó como la “restauración neoliberal”. Se trata de la implementación de un modelo de valorización financiera provocó incrementos en las tasas de interés y un nuevo proceso de apreciación cambiaría (Rofman, 2017). Este último factor se sumó a la desarticulación de diversas herramientas de administración de comercio exterior, provocando un intenso crecimiento de las importaciones de indumentaria (Lucero, 2017). A su vez, tuvo lugar un deterioro del poder adquisitivo de la población y readecuaciones tarifarias que provocaron el incremento de los costos de producción de las industrias (Alfie y Tavosnaska, 2018).

Diversas políticas económicas análogas a las implementadas a durante la última dictadura cívica militar y la década del noventa tuvieron resultados similares: la cadena de valor textil indumentaria se vio particularmente afectada, lo que se tradujo en la pérdida de puestos de trabajo formales y el cierre de empresas (Lucero, 2017). Según estadísticas recientes del ex-MTEySS, en los tres años comprendidos entre el primer trimestre de 2015 y el primero de 2018 se perdieron 4.800 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector de confección de indumentaria, lo que significó la reducción de 10,3% en la plantilla de personal.

En este nuevo contexto, Magnano et al. (2017) advierten sobre el deterioro de las condiciones laborales de los costureros más vulnerables, ante un Estado que deliberadamente asume un rol más ausente a la hora de fiscalizar y una industria que enfrenta condiciones de negocios sustancialmente más adversas que una década atrás.

Características de los trabajadores y de los capitalistas de la rama

Sector trabajador

Analizar la situación relativa a la clase trabajadora y al sector empresarial resulta necesario a la hora de entender la informalidad laboral en el sector. La corriente marxista entiende al salario y a las condiciones laborales (entre ellas, la informalidad) como un producto de la capacidad de las clases obreras para imponer sus condiciones en el contexto de la lucha de clases (Castel, 2010). Dicha capacidad depende de factores objetivos (tales como el nivel de empleo, la magnitud del ejército industrial de reserva, la dificultad para localizar los pequeños talleres clandestinos, entre otros) y subjetivos (las características del liderazgo sindical, las incapacidad para diseñar estrategias sindicales y alianzas con los organismos de inspección que comprendan las transformaciones en la estructura de producción del sector) (Lieutier, 2010).

Más allá de quién decide la fabricación informal (si una empresa formal o una unidad productiva familiar) es posible destacar otras causas que también explican la problemática y están vinculadas con las características del colectivo de trabajadores. En primer lugar, las reducidas dimensiones de los talleres clandestinos (en promedio tienen entre 5 y 10 trabajadores) generan aislamiento de los obreros, dificultando su sindicalización (Bentolila et al., 2011; Egan, 2013).

En relación a las calificaciones, el oficio de la costura resulta relativamente fácil de aprender y la posibilidad de realizarlo desde el hogar favorece la inserción femenina, incrementando la oferta de trabajadores (Bentolilla, 2011; Jelin et al., 1998; Rozenwurcel y Bezchinsky, 2013). A su vez, durante las últimas décadas se desarrollaron redes familiares y de sociabilización de trabajadores de países limítrofes (en particular, de Bolivia, Perú y Paraguay) que permitieron la llegada de una importante cantidad de trabajadores en situación de vulnerabilidad social (Egan, 2015).

Por lo general, una proporción de los trabajadores de países limítrofes se encuentran en situación migratoria irregular, desconocen la normativa laboral que los ampara, mientras algunos no manejan con fluidez el idioma y carecen de contactos por fuera del taller, lo que incrementa sensiblemente su vulnerabilidad (Lieutier, 2010, ^{PROTEX, 2016}). En efecto, a pesar de las pésimas condiciones laborales a las que son sometidos, la mayoría de los costureros migrantes no denuncian a los talleres clandestinos por temor a perder no sólo el trabajo sino también el techo y la comida para sus familias (Magnano et al., 2017). La combinación de estos factores explica la amplia oferta laboral de costureros, la fragmentación del colectivo de trabajadores y su escaso poder de negociación sobre salarios y condiciones laborales (Bentolila et al., 2011; Carpio y Salgado, 2015; Gallart, 2006; Lieutier, 2010).

Ahora bien, la debilidad objetiva del colectivo de trabajadores se combina con diversos elementos de carácter subjetivo de los actores involucrados en esta cadena. La socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui (2011) destaca la “reciprocidad diferida” y el “derecho de piso” como dos mecanismos que regulan las relaciones laborales al interior de los miembros de la comunidad boliviana que producen y venden en La Salada. En relación al segundo concepto, Cusicanqui señala que existe un saber implícito al interior de la colectividad boliviana según el cual los costureros recién llegados, más jóvenes, son los que más deben esforzarse y trabajar en peores condiciones laborales (Gago, 2014b). Respecto a la reciprocidad diferida, se constituye como un mecanismo por el cual el costurero migrante soporta adversas condiciones laborales y bajos ingresos como forma de devolver el esfuerzo monetario realizado por el tallerista para traerlo desde Bolivia (Cusicanqui, 2011).

Gago (2014a) utiliza el concepto de “neoliberalismo desde abajo” para referirse a una serie de prácticas, saberes y dispositivos de una tecnología de auto-empresarialidad de masas vinculadas a los talleres que venden su propia producción en La Salada, que rechazan al Estado con una idea que Ronconi (2017) sintetiza: “¿Por qué debería yo cumplir con mis obligaciones cívicas si ni el Estado ni la sociedad se preocuparon por asegurarme el acceso a mis derechos básicos?” (Ronconi, 2017: 126).

En Argentina, el gremio que agrupa a los costureros es el Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), integrante de la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA). Según la coordinadora de la oficina encargada de recibir las denuncias sobre talleres clandestinos, Liliana Rapicavolli, el SOIVA nunca realizó denuncias sobre talleres con trabajadores informales (Amengual, 2011; Pascucci, 2009). La pasividad del SOIVA a la hora de defender los derechos laborales de los costureros informales durante el crecimiento económico de la post convertibilidad contrasta con la centralidad que adquirió el resto del sindicalismo como mecanismo institucionalizado de canalización de las luchas sociales por aquellos años (Bonnet y Piva, 2013). En efecto, esa estrategia pasiva del sindicato ha ido en contra de los propios intereses de los trabajadores formales de la rama, cuyos puestos de trabajo se ven amenazados, así como su capacidad para reclamar aumentos salariales, ante la posibilidad de la industria de confeccionar la ropa en talleres clandestinos (Lieutier, 2010).

En paralelo, la cooperativa La Alameda-Unión de Trabajadores Costureros (UTC) es una organización no gubernamental surgida de una asamblea popular del año 2001, que posee un rol activo en denunciar ante los organismos públicos de inspección los diversos talleres clandestinos y a las marcas contratistas. También realiza esfuerzos para lograr la reinserción laboral de los ex trabajadores de los talleres clandestinos a través de la creación de cooperativas (Amengual, 2011; Pascucci, 2009).

Otros dos sindicatos del sector son la Unión de Cortadores de Indumentaria (UCI) y el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). El primero nuclea a los obreros dedicados al corte de las telas. Por su parte, SETIA agrupa a diversos trabajadores de las empresas textiles y de indumentaria tales como administrativos, encargados, capataces, choferes, auxiliares, personal de maestranza, personal técnico y vendedores (SETIA, 2018). En una entrevista realizada para el presente trabajo a Jorge Lacaria, asesor paritario de la Cámara Industrial Argentina de la Industria de Indumentaria (CIAI), el gremio más importante del sector es el SOIVA, con alrededor de 28.000 afiliados en 2015, seguido por SETIA con 6.000 y por último Cortadores, con 3.000.

También existe el Sindicato de Trabajadores y Talleristas a Domicilio (STTD) que agrupa a los dueños de los talleres de confección. La Ley de Trabajo a Domicilio de 1941, aún vigente, otorga un doble rol a los talleristas: respecto a las marcas, son empleados; respecto a los costureros que contratan, son empleadores (Gago, 2014a, ^{PROTEX, 2016}). Una estrategia posible para el STTD podría ser combatir la atomización de los talleristas y conseguir que las fábricas y marcas les paguen mejores precios por la confección, condición indispensable para la formalización de los talleres y la mejora de las condiciones laborales de los costureros. Sin embargo, la pasividad de dicho sindicato, en parte producto de que los talleristas se reconocen como empresarios y no como trabajadores, los posiciona en un círculo vicioso de clandestinidad y bajos ingresos, cuyas peores consecuencias son trasladadas a los costureros, eslabón más vulnerable de la cadena de valor (Lieutier, 2010). Al igual que en el caso del SOIVA, el STTD tampoco ha realizado denuncias a talleres clandestinos (Pascucci, 2009).

Sector empresario

En la industria de fabricación de ropa resulta posible distinguir, al menos, tres segmentos de empresas diferenciados entre sí: i) un canal minoritario de marcas y talleres que fabrican con trabajadores formales (en 2017 el sector contaba con 44.000 asalariados registrados según el MTEySS); ii) un canal mayoritario de fábricas y marcas formales que tercerizan la totalidad o una gran parte de su producción a talleres clandestinos; iii) un canal importante de microempresarios familiares que fabrican y venden su producción en los circuitos informales (Dewey, 2014; Kestelboim, 2012). A diferencia de otros sectores de la economía argentina, la fabricación de indumentaria es un sector compuesto eminentemente por Micro-Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), sin grandes jugadores que detenten cuotas mayoritarias del mercado (Ludmer, 2010).

En el sector, la entidad empresaria más importante es la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), que forma parte de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA). También está presente la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIByN) y la Asociación de Confeccionistas de Pergamino. En una situación similar a la del sindicato de costureros formales, las fábricas formales se enfrentan a la competencia desleal de talleres clandestinos que fabrican con menores costos productivos dada la evasión de las cargas sociales, salarios menores a los del convenio y el incumplimiento de diversas normas de seguridad e higiene (Benencia, 2009).

Uno de los representantes de la Unión de Cortadores de Indumentaria entrevistado por Benencia (2009) expresa el núcleo de la problemática: “Lo que pasa también es que no hay reglas por igual para los empresarios. No existen penalidades para el que contrata en negro y, en consecuencia, el que cumple con todo no puede competir en precio” (citado en Benencia, 2009: 55). En la misma línea, Héctor Kolodny, directivo de CIAI afirmaba en 2007 que “son peligrosas las consecuencias de la existencia de una gran masa de producción tercerizada a costos muy bajos debido a las condiciones de trabajo existentes, ya que de alguna manera fomentan la expansión de este modelo de producción esclavista debido a la imposibilidad de competir por parte de aquellas empresas-marcas que enfrentan mayores costos de producción por prenda.” (citado en D’Ovidio, 2007: 36).

Sin embargo, más allá de estas declaraciones públicas, las cámaras empresariales del sector no han jugado un rol central en la contienda contra la informalidad en el sector (MTEySS y BID, 2015). En cambio, sí han realizado esfuerzos por modificar la Ley de Trabajo a Domicilio y desregular la relación entre la marca y el tallerista a domicilio (Lieutier, 2010; Salgado, 2016).

El rol del Estado en la informalidad laboral en indumentaria

Legislación del sector

Como primer paso para comprender el rol del Estado en la problemática, resulta necesario presentar la legislación vigente que regula las relaciones laborales en el sector. En efecto, la legislación laboral puede ser entendida como el resultado de la forma en que una sociedad salda la disputa entre el capital y el trabajo en un momento determinado (Castel, 2010). Adicionalmente, las leyes y normas funcionan como reglas de juego para la competencia entre las distintas empresas de un mismo sector: evadir el pago de salarios de convenio y de cargas sociales no sólo afecta al trabajador y desfinancia a las instituciones de la seguridad social sino también representa una competencia desleal para los capitalistas que la cumplen (Lieutier, 2010). Las marcas que confeccionan con unidades productivas informales tienen menores costos de producción y, por ende, pueden fijar precios inferiores, apropiándose de una porción del mercado que de otra forma no conseguirían.

En la actualidad, la contratación de trabajadores en empresas dedicadas a la fabricación de indumentaria está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley n° 20.744) y los convenios colectivos del sector: el CCT 626/11 de costureros entre FONIVA y FAIIA; el CCT 614/10 de los cortadores entre UCI y FAIIA y el CCT 501/07 del personal administrativo entre SETIA y FAIIA (MTEySS y BID, 2015). En aquellos casos donde la marca o los fabricantes de indumentaria tercerizan la confección en talleres y obreros a domicilio, la relación laboral se encuentra regulada por la Ley de Trabajo a Domicilio. Como se señaló anteriormente, el encargado del taller a domicilio adquiere un doble carácter: respecto al dador de trabajo (ya sea marca o fabricante) el tallerista es un empleado en relación de dependencia. Respecto a los costureros que contrate, el tallerista es un empleador y rige la ley de contrato de trabajo (Gago, 2014a).

A su vez, la Ley de Trabajo a Domicilio establece la responsabilidad solidaria de empresarios, intermediarios y talleristas que tercerizan la producción respecto al cumplimiento del pago a los obreros a domicilio de los salarios del Convenio y de las condiciones laborales (^{PROTEX, 2016}). Esta exigencia se encuentra en línea con el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (n° 20.744) que establece que quien subcontrate o delegue trabajo es solidariamente responsable y deberá exigir a sus contratistas el adecuado cumplimiento de las normativas laborales y de la seguridad social. La ley establece penas de presión de entre 6 meses y dos años a aquellos empresarios e intermediarios que, a través de violencia, intimidación, dádiva o promesa no cumplan con el pago de los salarios correspondientes. También instruye a definir un Tarifario de Trabajo a Domicilio que establezca los montos a retribuir por prenda confeccionada, aunque en la actualidad dicha institución está en desuso (MTEySS y BID, 2015).

En este sentido, diversos autores destacan que, pese a su antigüedad (fue sancionada en 1941), la ley reconoce la complejidad de la trama productiva en la confección de indumentaria argentina y establece una serie de medidas para proteger a los trabajadores a domicilio y garantizar condiciones laborales similares a los costureros de las fábricas (Magnano et al., 2017; Salgado, 2016). De hecho, Salgado (2016) destaca positivamente que no hayan prosperado los intentos de modificación de la ley sobre eliminar la responsabilidad solidaria. Más allá de esta observación, la actual extensión de la problemática deja en evidencia que la ley se encuentra en desuso.

Rol de los organismos de inspección

La ley de trabajo a domicilio establece al Ministerio de Trabajo de la Nación como encargado de su fiscalización. En las primeras décadas de vigencia, se alcanzaron altos niveles de cumplimiento: entre 1942 y 1974, el Departamento de Trabajo a Domicilio del Ministerio habilitó a razón de 520 nuevos dadores de trabajo a domicilio en promedio por año, cifra que se redujo a la cuarta parte en promedio durante los noventa (Pascucci, 2009).

En efecto, durante la década de 1990, el gobierno nacional desarticuló el sistema de inspección del trabajo a nivel nacional y desmanteló las oficinas encargadas de inspeccionar el cumplimiento de la legislación laboral (MTEySS y BID, 2015; Magnano et al., 2017). Mientras en 1990 la Dirección de Trabajo a Domicilio contaba con más de 50 inspectores, para 1994 sólo quedaron 6 (Jelin et al., 1998). En la misma década se realizaron sucesivas reorganizaciones de las funciones dentro del organigrama del Ministerio, se redujo la cantidad de personal especializado en la tarea de fiscalización del trabajo a domicilio y se descentralizó la inspección a jurisdicciones provinciales y municipales sin la correspondiente transferencia de recursos (Magnano et al., 2017). Estos factores contribuyeron a incrementar la cantidad de talleres clandestinos en un contexto de escaso control por parte del Estado (Jelin et al., 1998; D’Ovidio, 2007, Magnano et al., 2017). Los cambios en la forma del Estado en la Argentina de la década de los noventa tuvieron su correlato en el abandono de la inspección y el cumplimiento de la ley de trabajo a domicilio. Los avances en la legislación laboral conseguidos por el movimiento de costureras organizadas de mediados del siglo caían en letra muerta por parte de un Estado que convalidaba una nueva avanzada del capital sobre los sectores trabajadores.

Ahora bien, tampoco el crecimiento económico de los primeros años de la post-convertibilidad fue acompañado por esfuerzos significativos en materia de inspección de las condicionales laborales (Amengual, 2011). Mientras los talleres clandestinos de costura motorizaban el crecimiento de la producción, sólo 1,4% de las inspecciones realizadas durante 2005 (324 de 20.000) correspondían a fábricas de ropa, lo que muestra la limitada intensidad de las inspecciones realizadas por parte del MTEySS (Amengual, 2011).

Amengual (2011) resalta la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de establecer lazos únicamente con los gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre ellos, el SOIVA, y no vincularse con la Fundación La Alameda dado que no poseía la representatividad sindical del sector. Esta decisión dificultó la capacidad de acceder a información sobre talleres clandestinos a los inspectores encargados del cumplimiento de la Ley de Trabajo a Domicilio. En efecto, Amengual (2011) destaca que el MTEySS poseía recursos administrativos y humanos suficientes para responder al fuerte incremento del nivel de empleo informal en la industria de la indumentaria (Amengual, 2011).

En abril de 2006, se incendió un taller clandestino ubicado en la calle Luis Viale de la Ciudad de Buenos Aires dejando 6 víctimas fatales, 5 de los cuales eran menores de edad. El siniestro puso en evidencia que la existencia de normas legales contra la explotación en talleres clandestinos resulta una condición necesaria aunque no suficiente para garantizar el bienestar de los trabajadores (Montero Bressan, 2012). La notoriedad pública que adquirió el caso sirvió para visibilizar las paupérrimas condiciones laborales en la costura argentina, lo que contribuyó a generar un consenso social que condenaba la trata laboral y la explotación en el sector (Montero Bressan, 2012). Esto otorgó legitimidad a la acción de los organismos inspectores y al incremento de las acciones de clausura, generando desprestigio para las marcas cuya producción era realizada en talleres clandestinos. La internalización del costo de reputación motivó un cambio en la conducta de varias marcas, que empezaron a velar por las condiciones laborales de sus costureros.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) bajo la gestión de Jorge Telerman reaccionó rápidamente con una serie de allanamientos que dejaron el resultado de 100 talleres clandestinos clausurados en los diez días siguientes al incendio (Montero Bressan, 2012) y la incorporación de 100 inspectores a la policía del trabajo. Sin embargo, los esfuerzos en materia de inspección no fueron acompañados por otros distritos (por ejemplo, en La Matanza había sólo 3 inspectores en el año 2008), lo que motivó que una gran cantidad de talleres clandestinos se muden al Conurbano Bonaerense (Lieutier, 2010). Entre marzo de 2006 y octubre del 2008 el GCBA realizó 11.071 inspecciones (un promedio de 580 por mes) en 4.099 domicilios con talleres de costura. En 1.055 casos se obstruyó la labor de inspección, ya sea por no permitir el ingreso al domicilio como por no presentar la documentación laboral requerida (Pascucci, 2009). En 1.536 casos se verificó el incumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y en 280 casos se clausuraron las actividades. Entre los principales problemas que se encontraron fueron la presencia de cables expuestos y material inflamable, además de la falta de elementos de seguridad como matafuegos y disyuntores (Pascucci, 2009).

Amengual (2011) destaca que la capacidad inspectora sobre los talleres clandestinos de ropa depende de los vínculos estado-sociedad, que son función de la coalición política en el poder. En este sentido, el trabajo conjunto realizado por La Alameda con el GCBA luego del incendio de 2006 permitió a los inspectores conocer los domicilios sospechados de albergar talleres clandestinos, lo que posibilitó los allanamientos y las clausuras. En efecto, el rápido cambio en el accionar del Estado de la ciudad fruto del nuevo consenso social mostró que con voluntad política resultaba posible incrementar el nivel de cumplimiento de la ley (Bentolila et al., 2011; D’Ovidio, 2007). Esto deja en evidencia la causalidad entre la decisión política de fiscalizar los talleres clandestinos de costura y la informalidad laboral.

Más allá de la voluntad política del partido político que se encuentre en el gobierno, Magnano et al. (2015) señalan diferentes elementos objetivos que complejizan la tarea de fiscalización de talleres clandestinos de ropa: i) escasez de inspectores; ii) dado que la gran mayoría de los talleres funciona en domicilios particulares, se necesitan denuncias; iii) los costureros informales no suelen denunciar a los talleres por temor a perder el trabajo y la vivienda; iv) gran cantidad de los talleres clandestinos se ubican en villas de emergencia donde el ingreso de inspectores del trabajo resulta difícil y riesgoso; v) impedimentos para vincular los talleres con marcas y fabricantes dada la ausencia de contratos y órdenes de trabajo. La facilidad de traslado de las máquinas de coser y de los elementos necesarios para montar un taller clandestino permite una mudanza rápida y, así, escapar de las autoridades públicas, lo que dificulta la posibilidad de detectarlos (^{PROTEX, 2016}).

En el año 2007 el MTEySS completó el proceso de descentralización de las tareas de inscripción, registro e inspección del trabajo a domicilio, que pasaron a dependencias provinciales y municipales con una merma en la cantidad de inspectores y empleados contratados (Pascucci, 2009; Amengual, 2011). Magnano et al. (2017) advierten que esta desarticulación propició la expansión de las modalidades de tercerización en condiciones sumamente precarias para los trabajadores al traducirse en una ínfima presencia del control estatal en esta rama de la producción. En CABA, la responsabilidad de inspeccionar el trabajo a domicilio quedó a cargo de la Oficina de Inspección de Trabajo a Domicilio de la Dirección de Protección del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad.

El ascenso de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la CABA en diciembre de 2007 trajo consecuencias para el sector. El nuevo gobierno quitó recursos al área de inspección de talleres clandestinos al tiempo que desarticuló la red de información con la Fundación La Alameda y dejó de denunciar a las marcas de indumentaria ante el Poder Judicial (Lieutier, 2010; Amengual, 2011).

Para el año 2009 la oficina del GCBA encargada de inspeccionar el trabajo a domicilio contaba con 4 empleados, una coordinadora y sólo 15 inspectores (Pascucci, 2009). En este nuevo contexto, el incendio del taller clandestino de la calle Paez de abril de 2015 volvió a revelar la situación crítica de la industria de confección. Sin embargo, no tuvo el mismo efecto que el incendio de 2006: el tema no se instaló en la agenda mediática y se realizaron una menor cantidad de inspecciones: en todo 2015, el GCBA inspeccionó 518 inmuebles, cifra similar a la del mes siguiente del incendio de 2006 (^{PROTEX, 2016}).

Cabe agregar que el poder ejecutivo no es el único órgano del Estado responsable de la problemática de la informalidad: de las 106 denuncias judiciales realizadas por la Fundación La Alameda a marcas de indumentaria, ninguna llegó a procesamientos de empresarios por parte de la Justicia Federal (Montero Bressan, 2012). Una estrategia más activa del Poder Judicial a la hora de juzgar a los beneficiarios de la producción en talleres clandestinos podría contribuir a elevar los costos del incumplimiento de la normativa laboral y, de esta forma, mitigar la problemática de la informalidad en el sector.

Por último, la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas (PROTEX) es otro organismo público que cumple un rol importante al colaborar con todas las fiscalías del país en aquellos casos donde existe la posibilidad de la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, hecho frecuente en esta industria (PROTEX, 2014). En un reciente informe, la PROTEX criticaba al accionar de la Dirección de Protección del Trabajo del GCBA, en particular en aquellas casos donde al encontrarse con oposición a la tarea de inspección se desistía de realizar el operativo, en lugar de solicitar la colaboración de la fuerza pública como establece la normativa vigente (PROTEX, 2016). En dicho informe, se analizan los resultados de las inspecciones realizadas durante el año 2015, iniciadas gracias a denuncias sobre el paradero de talleres⁸. Del total de inmuebles inspeccionados, se comprobó que el 31,5% no albergaba ningún taller clandestino, en el 33,4% no se puedo realizar el allanamiento (de ellos, 23% parecían viviendas y 10,4% talleres), mientras en el 31,3% de los domicilios sí funcionaba un taller clandestino y en el 3,9% funcionaban talleres habilitados. De los talleres clandestinos inspeccionados, el 61% fue clausurado y en 18,6% de los casos se comprobó la comisión del delito de trata de personas y/o reducción a la servidumbre (PROTEX, 2016).

La PROTEX destaca que limitar la acción del Estado a la actuación de la ley penal simplifica una problemática con múltiples causas y que las inspecciones periódicas de la autoridad administrativa del trabajo a los talleres clandestinos son necesarias y útiles, pero que deben ser acompañadas por la intensificación de los controles sobre las marcas de indumentaria (PROTEX, 2016).

Ahora bien, ¿de qué depende la capacidad de aplicar la legislación? Una posible respuesta indicaría que de los recursos administrativos del ente regulador (cantidad de inspectores, grado de formación, entre otros) y de su grado de autonomía (protección respecto a la interferencia política. Para explicar los cambios motivados por el incendio de Luis Viale en 2006 y del nuevo gobierno de diciembre de 2007, Amengual (2011) destaca la importancia de la capacidad de los inspectores para movilizar recursos e información de las organizaciones de la sociedad civil (ya sean sindicatos, asociaciones empresarias y organizaciones civiles), aunque dicha capacidad resulta inestable y depende, en gran medida, de las coaliciones políticas en el poder.

Un último elemento a considerar refiere al costo político para los gobiernos que puede significar forzar el cumplimiento de las normas en aquellos sectores industriales particularmente sensibles a los costos de la mano de obra, donde las empresas pueden verse afectadas por cumplir con las regulaciones. En particular, Amengual (2015) destaca que cuando las empresas de ropa compiten en base a bajos salarios poseen un incentivo a bloquear la aplicación de las regulaciones laborales que incrementan los costos laborales. Esto puede coincidir con el temor de los trabajadores informales a perder los puestos de trabajo que pueden oponerse a la aplicación de la ley, a pesar de que sean los principales perjudicados de la situación actual.