Panoramas de las etnografías de la política sobre el mundo popular

La convocatoria a este dossier de la Revista Cuadernos de Antropología Social se propuso actualizar el panorama de los estudios etnográficos sobre la política con la intención de identificar problemas emergentes, conceptos y categorías que contribuyan a replantear los parámetros de un conjunto de discusiones que durante los últimos veinte años se tornaron convencionales acerca de la política, la producción de conocimiento y las dinámicas del mundo popular. Considerar este dossier como actualización de un estado de conocimiento supone reconocer un momento sumamente activo durante el cual se conformó un cuerpo de estudios académicos en torno al clientelismo político y los movimientos sociales que renovó términos analíticos para el abordaje de la política y el mundo popular, lo que realzó el valor de la investigación etnográfica como ángulo de confluencia de la antropología, la sociología y las ciencias políticas. A la vez, también parte de reconocer en el presente un momento de condensación de un largo proceso durante el cual se multiplicaron malestares desatendidos (profundizados a partir de la pandemia por COVID-19 y de los modos de gestionarla), se polarizó el debate público, lo que obliteró las posibilidades críticas, se rutinizaron los modos de hacer política, la disconformidad no encontró lenguajes óptimos para su expresión pública más allá del voto o la protesta y se configuraron nuevas derechas a nivel global con gran capacidad de interpelación masiva, procesos que aún no logramos comprender cabalmente y cuyas consecuencias no podemos anticipar. Este recorrido se construye desde Argentina, tratando de trazar los diálogos que forjan nexos no solo con las discusiones en países centrales, sino especialmente con América Latina y el llamado Sur global.

Si bien la relación entre sectores populares y política fue un tema clásico de las ciencias sociales en el país (^{Neiburg, 1998}), y existen numerosos antecedentes claves en la elaboración de este recorrido que proponemos (^{Ratier, 1971}; Feijóo, ¹⁹⁸⁴; ^{Hermitte y Boivin, 1985}; ^{Jelin, Vila y D’Amico, 1987}), el cuerpo de estudios académicos al cual nos referimos comienza a formarse promediando la década de 1990, cuando el registro de la vida cotidiana en barrios populares daba cuenta de efectos dramáticos de las políticas de orientación neoliberal sobre amplios sectores sociales, cifrados en el aumento en los niveles de desempleo y subempleo, el empobrecimiento y la extensión de una modalidad de asistencia a la pobreza, estatal y descentralizada, que requería de la mediación de líderes locales vinculados a partidos políticos -centralmente el peronismo para el caso de nuestro país- y de otro tipo de referentes vinculados a organizaciones sociales y religiosas. A la par, el tiempo extraordinario que instauran las protestas sociales también marcó el ritmo de la vida política en la región para esa misma época, solo por mencionar algunos acontecimientos emblemáticos; basta con recordar las denominadas Guerras del Agua y el Gas en Bolivia, las puebladas y los cortes de ruta en Argentina. Estos episodios de beligerancia popular pusieron en cuestionamiento los programas neoliberales que organizaban la trama social y estatal, pero también anunciaban los contornos y densidades de prácticas y actores sociales novedosos como cocaleros, sin tierra, desocupados y asambleas populares.

Con el objetivo de volver inteligibles esos procesos, un número significativo de estudios se transformaron en referencias ineludibles para el diálogo, el debate y la creación de redes de cooperación en el estudio del mundo popular. Tal como desplegamos a continuación, la confluencia de investigaciones que parten del enfoque etnográfico pusieron el foco en la vinculación del momento de la movilización colectiva con las formas de vida cotidiana y avanzaron en analizar las lógicas de acción de las clases populares (^{Grimson, 2003}; ^{Merklen, 2005}; ^{D’Amico y Pinedo, 2009}).

El influyente trabajo de Javier Auyero en una villa de emergencia en el Gran Buenos Aires durante la década de 1990 mostraba que las redes históricas de supervivencia se superponen con redes políticas partidarias, fundamentalmente del peronismo, para la resolución de problemas (Auyero, ²⁰⁰¹). Este autor discutía con enfoques que definían al clientelismo como intercambio espasmódico entre individuos motivados por el interés y el cálculo costo-beneficio, oponiendo a esta visión instrumental la perspectiva del clientelismo sociocultural: como relación social de carácter interpersonal regida por el intercambio recíproco a lo largo del tiempo, que funciona mediante obligaciones morales e imperativos afectivos. No obstante, se realizaron varios señalamientos críticos, como el uso analítico de una categoría de acusación de los actores; el descuido sobre los procesos de moralización de la política, asociados a la separación entre políticos profesionales y vecinos (^{Frederic, 2004}); el encadenamiento entre peronismo, pobreza y clientelismo (^{Masson, 2002}); la poca atención dispensada a la capacidad reflexiva de los actores para hacer y deshacer esos vínculos y la jerarquización de dimensiones de la vida social, por cuanto la moralidad y el afecto funcionan para encubrir la realidad última del clientelismo: el carácter instrumental y la subordinación (Vommaro y ^{Quirós, 2011}).

La emergencia del movimiento de desocupados viró parte de la agenda intelectual hacia el estudio de la acción colectiva y la protesta (^{Svampa y Pereyra, 2003}; ^{Merklen, 2005}); se ponderaron positivamente la autonomía de los movimientos sociales de los partidos políticos y el Estado así como la capacidad para democratizar formas de participación popular, a la vez que se señaló centralmente la tensión entre pobreza y ciudadanía como un modo específico de politicidad de las clases populares a través de diferentes modos de acción colectiva territorializados, tras la crisis de la sociedad salarial. Con relación a los primeros abordajes, desde la antropología se ha cuestionado la moralización que conlleva la distinción entre buena y mala política, específicamente entre clientelismo peronista y movimientos sociales, para mostrar cómo las relaciones interpersonales, de pertenencia familiar y barrial, operaban con la equivalencia entre piqueteros y peronistas como parte de los que daban (recursos, planes, etc.), lo que destaca una lógica de obligaciones y expectativas mutuas (^{Quirós, 2011}). También se buscó reconstruir el proceso histórico en que el problema de la desocupación se fue construyendo en las interacciones entre pobladores, referentes, funcionarios, censos, petitorios, actos, así como los modos en que esas tramas se fueron transformando después de la crisis de 2001, en relación con los gobiernos kirchneristas en sus diferentes configuraciones a lo largo del tiempo (^{Ferraudi Curto, 2006}, 2007, ²⁰¹⁴; ^{Colabella, 2009}; ^{Manzano, 2013}; ^{D’Amico, 2018}).

La relectura de textos clásicos del historiador inglés E. P. ^{Thompson (1992}, ¹⁹⁹⁵), que contienen una crítica abierta a las perspectivas economicistas de la acción humana, ha sido una tarea fundante en este tipo de estudios sobre la política en el mundo popular. Las investigaciones sobre motines de subsistencia y la economía moral de la multitud de la Inglaterra del siglo XVIII permiten refinar el análisis de las protestas y las movilizaciones colectivas, en tanto que discuten con la “visión espasmódica” de la historia que explica los levantamientos populares como respuestas automáticas a estímulos económicos (el hambre, la suba de precios, la crisis, entre otros), con la consecuente reducción del papel de la plebe en el proceso histórico a estallidos discontinuos a lo largo del tiempo (Thompson, ¹⁹⁹⁵). Bajo esta perspectiva de la historia social, los materiales del folklore y la antropología se vuelven significativos porque permiten traspasar la caricatura del homo economicus, académica y lega, para estudiar la conducta humana en la urdimbre de las costumbres, la cultura y las tradiciones (Thompson, ¹⁹⁹²).

La recuperación del trabajo de E. P. Thompson implica distintos movimientos intelectuales entre quienes abordan la política en el mundo popular. Uno de esos movimientos se gesta en los circuitos antropológicos de Estados Unidos con efectos más perceptibles en la práctica antropológica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abocada al estudio de movimientos piqueteros y de fábricas recuperadas (^{Manzano, 2013}; ^{Fernández Álvarez, 2017}). El debate estadounidense de larga data entre culturalismo y economía política se relanza con otras tonalidades cuando se recupera el legado de Antonio Gramsci en torno a la categoría de hegemonía (Pire do Rio Calderia, ¹⁹⁸⁹; ^{Crehan, 2004}). En ese camino, ^{Roseberry (1994}) retiene la noción thompsoniana de campo de fuerza, pero rebasa el modelo de dos dimensiones (la gentry y la plebe, lo dominante y lo dominado, lo dominante y lo subalterno o lo dominante y lo popular) para tratar con el mundo multidimensional de lo social, político y cultural. En sus palabras, la hegemonía no construye una ideología compartida sino un marco común material y significativo, poderoso y frágil a la vez; por eso mismo, en numerosas situaciones, los lenguajes de protestas y resistencias deben adoptar discursos dominantes para ser registrados o escuchados, en la medida que estos establecen formas legítimas de proceder o formas prescritas de expresar aceptación y descontento (Roseberry, ¹⁹⁹⁴).

Mientras este movimiento fue transitando desde la antropología hecha en la Universidad de Buenos Aires hacia la historia social y los estudios culturales, se produjeron también otros movimientos más o menos contemporáneos que se sumergieron en el análisis de la cultura de los sectores populares y se acercaron a la antropología producida en Brasil desde una perspectiva elaborada en la lectura de la Escuela de Birmingham que trajo la revista Punto de Vista a la Argentina, una práctica de investigación sociológica interesada en los problemas de la transición democrática que se desplegó en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), la institucionalización de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el trabajo de investigación sociológica y crítica cultural de espíritu bourdiano que se fue consolidando en Apuntes de Investigación del CECyP- Centro de Estudio en Cultura y Política- (^{Semán y Ferraudi Curto, 2018}). Bajo la dirección de Lucas Rubinich, en este último espacio se iniciaron los trabajos de Auyero (hacia la sociología histórica estadounidense propuesta por Tilly), Merklen (hacia la pregunta por la integración social a partir de Castel), Semán (hacia la antropología de la persona hecha en Brasil), Grimson (hacia los estudios sobre migraciones) y Farinetti (hacia la historia conceptual forjada en las lecturas de Koselleck), entre nuestros interlocutores más cercanos. Específicamente, la perspectiva de Semán se constituyó en una reelaboración situada de las investigaciones de ^{Duarte (1988}) sobre la vida nerviosa de las clases trabajadoras brasileñas, atendiendo a historicidades heterogéneas que encuentran diferentes síntesis posibles entre el peronismo, el rock chabón, el pentecostalismo y la autoayuda pero se construyen sobre ese bajo continuo holístico, jerárquico y relacional (Semán, ²⁰⁰⁶, ²⁰²¹). Su lectura de E. P. Thompson buceaba por la economía moral de la multitud en la elaboración de una tensión productiva entre la posición subordinada y la posibilidad de autonomía en los modos de elaborar las experiencias de los sectores populares. Esta perspectiva se proyectaba sobre una comprensión de la cultura de masas que retoma trazos decertaucianos para acercarse a lectores de Paulo Coelho o de Felipe Pigna. A la vez, junto con un proceso de institucionalización de la antropología social en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Grimson y Semán promovieron los vínculos intelectuales y académicos con una antropología brasileña que encontraba la etnografía como centro.

Estas diferentes líneas se fueron tejiendo en un momento en que la internacionalización académica, la ampliación de los posgrados y la revitalización del CONICET contribuyeron a pluralizar las trayectorias. La antropología hecha en Brasil nutrió estos debates a través de numerosas interlocuciones. Destacamos especialmente los aportes de Lygia ^{Sigaud (2000}, ²⁰⁰⁴), Claudia ^{Fonseca (2000}) y Mariza ^{Peirano (1993}, ²⁰⁰⁶). Estas perspectivas más amplias constituyeron nuestro modo de acercarnos a un campo más específico de elaboración teórica, la antropología de la política brasileña, que planteaba inicialmente la crítica a los supuestos moderno-céntricos de la concepción académica de política para tomarla como categoría etnográfica (Peirano, ¹⁹⁹⁷) o nativa (Núcleo de Antropología Política -NuAP-, ¹⁹⁹⁸). Dentro de esta corriente profusa de producción académica, la tesis doctoral de Antonádia Borges logró concretar un experimento etnográfico en pos de la teoría vivida, al comprender los modos en que la política se imbricaba en la vida de los habitantes de la periferia de Brasilia a través de proponer un análisis centrado en lo que denomina “lugares-evento”: invasión, asfalto, lote, casilla y tiempo de Brasilia (Borges, ²⁰¹⁷).

Estos debates que tuvieron a la antropología como disciplina central también dieron lugar a derivaciones en otros espacios disciplinares e institucionales. Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), un grupo de investigadores en formación se propuso articular estas perspectivas con una sociología analítica, histórica y situada que trazó fuertes vínculos con la historia social en general y con la historia reciente en particular, que por ese entonces ya había cristalizado en un espacio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la revista Sociohistórica, que Pinedo, uno de sus protagonistas, reconstruye en la entrevista incluida en este dossier. La pregunta por la historicidad de los procesos da cuenta de la larga duración, que permite relativizar los efectos de novedad que suele imputarse a actores colectivos, reconociendo estructuras preexistentes de poder con las cuales se relacionan, a la vez que previene el riesgo funcionalista que conllevan las delimitaciones que se ciñen al presente etnográfico. Para sortear la posibilidad de ambas derivas, se recupera otro aporte sin dudas invaluable de E. P. Thompson: comprender la política como “campo de fuerzas”. Esta perspectiva habilita interrogantes sobre las prácticas políticas que quedan ocluidas bajo perspectivas que recortan a los actores sociales como identidades homogéneas, monolíticas y discretas. Al quebrar con una mirada organizacional, la perspectiva sociohistórica permite analizar la manera en que los sujetos políticos (sus lenguajes, repertorios de acción, tradiciones, tramas, procesos y sedimentaciones) emergen en esas batallas y dan lugar a nuevas formas densas de organización y de movilización colectiva.

Estos entrecruces también se traman a partir de la preocupación compartida por reconstruir las formas que adoptan las interacciones entre sectores populares y Estado mediante el análisis de dispositivos de políticas públicas, clasificaciones, experiencias y lenguajes de vinculación con diversas configuraciones de agentes y agencias estatales. Este tipo de análisis se fortalece a partir de lo que se conoce como el giro etnográfico hacia el Estado; tengamos en cuenta que la antropología ha reconocido históricamente al Estado como marco central del hacer político, pero también ha cuestionado esta centralidad en la descripción de sus prácticas escurridizas, de fuga y de transposición (^{Manzano y Ramos, 2015}). De modo que el giro reciente retoma esas preocupaciones clásicas y propone una mirada descentrada de las instituciones para explicar la porosidad y fluidez de los márgenes, las operaciones de poder de disgregación y dispersión, y la espacialización de las formas e imaginaciones del Estado (^{Ferguson y Gupta, 2002}; ^{Franzé Mudanó, 2013}).

Cómo pensar lo popular es otro eje de indagación que se fortalece en diálogos comunes. Tanto la antropología como la sociología se explayaron acerca del carácter polisémico de lo popular abogando por esfuerzos analíticos que combinen conocimientos sociodemográficos (empleo, ingresos, educación, salud, locación urbana, entre otras variables), etnográficos e históricos (^{Semán y Ferraudi Curto, 2016}). De acuerdo con las variables demográficas, lo popular se asemeja a un conjunto heterogéneo en el que conviven sectores diferenciados, lejos de la masa marginal homogénea que remite a estudios pioneros en esta temática. El libro de Vicente ^{Moctezuma Mendoza (2021}), reseñado por Manuel Bessega, actualiza la cuestión sobre lo popular planteando su heterogeneidad y difícil categorización, por ello retoma la propuesta de E. P. Thompson para concentrar el análisis en experiencias compartidas, en la producción cultural y en las capas de historicidad. La relación de lo popular con las dinámicas de movilización social y política en Argentina durante las últimas décadas también condujo el análisis hacia experiencias de largo plazo vinculadas con la territorialización, estatalización y sindicalización (Seman y Ferraudi Curto, ²⁰¹⁶). Pensar lo popular junto con la obra de E. P. Thompson remite al problema de la formación histórica de las clases sociales e impone, en cierta medida, traspasar recortes más clásicos, como la ponderación de la estructura de empleo e ingresos, para repensar las cambiantes experiencias de trabajo y su significación en la vida cotidiana.

Este profundo entramado de problemas y conceptos vinculados a la política y el mundo popular, producido en distintas temporalidades, lugares, redes e instituciones, nos inspiró para actualizar el panorama de estudios etnográficos en el tema y motorizar la composición del presente dossier.

Reconfiguraciones recientes de las clases sociales y pluralización de la política popular

Varios trabajos de este dossier nos invitan a reflexionar sobre las implicancias de las clases sociales para la construcción de identidades y para la constitución de prácticas políticas. La pregunta acerca de la constitución de clases sociales requiere de miradas movedizas entre la constelación de relaciones que estructuran las dinámicas que asume el capitalismo (propiedad, despojo, extracción, explotación, financiarización, coerción y control) y la reconfiguración, espacialización y fluidez de las identidades de clase en los terrenos de las etnografías (^{Kalb, 2015}; ^{Lazar, 2019}). El diálogo que se abre con las ideas de clase en el marco de la antropología y las ciencias sociales en general resulta impostergable, especialmente teniendo en cuenta que los circuitos académicos del Norte global se encuentran atrapados, según Kalb (²⁰¹⁵), en una “distorsión cognitiva” que confunde la transformación de la clase obrera fordista, que ha sido una formación de clase geográfica e históricamente específica -industrial, masculina y blanca-, con el fin de las clases sociales en sí mismas en el marco de la globalización neoliberal que exalta la figura del individuo, la crisis de los estados de bienestar y la caída de los socialismos realmente existentes (Kalb, ²⁰¹⁵; ^{Carbonella y Kasmir, 2015}). Este sesgo particularista y regional opaca procesos que ocurrían en simultáneo en el Sur global, como la acelerada urbanización y proletarización de una gran masa de población (Kalb, ²⁰¹⁵; Lazar, ²⁰¹⁹).

Rediseñar los enfoques académicos presume reconocer que la economía capitalista genera procesos permanentes de diferenciación y fragmentación de las clases, lo que abre interrogantes acerca de las particularidades que adoptan las relaciones de producción y reproducción, las regulaciones y los registros estatales, las modalidades de urbanización y la asociación de las clases con ideas y prácticas de parentesco, familia, género, edad y etnicidad (^{Kalb, 2015}). Asimismo, la profunda distinción entre asalariados y no asalariados se imprime en el proceso permanente de división y fragmentación (^{Lazar, 2019}). En una dirección similar, se ha enfatizado en los circuitos extractivos relacionados con la finanza y con la deuda, con las operaciones de extracción de valor de un conjunto heterogéneo de actividades, formas de cooperación y obligaciones de laboriosidad que penetran intensivamente las capas de la vida cotidiana a través de la mediación del consumo (^{Wilkis, 2014}; ^{Gago y Mezzadra, 2015}). A la par, las tecnologías informáticas que posibilitan tareas de plataforma desafían regulaciones tradicionales asociadas con el trabajo asalariado, las distinciones históricas entre las actividades formales e informales y las categorías de identificación disponibles.

Todas estas cuestiones son parcialmente redefinidas en contribuciones de este dossier que proponen análisis situados geográfica y temporalmente, para dar cuenta de la experiencia de grupos sociales diversos que, aun siendo parte de la pluralidad de lo popular, elaboran percepciones y adscripciones de clase bien diferenciadas, aunque ciertamente confluyentes en una serie de apreciaciones sobre el Estado.

El artículo de Pablo Semán y Nicolás Welschinger analiza los efectos de dislocamiento de la pandemia sobre las subjetividades de las juventudes de sectores populares que habrían contribuido a la emergencia de un “temperamento juvenil” crítico de la política, la economía y el “estado del Estado” al que denominan “mejorismo”. Una nueva sensibilidad que permitiría comprender la adhesión a la figura de Javier Milei del partido La Libertad Avanza (LLA). Las experiencias que recuperan Semán y Welschinger expresan una distancia manifiesta con respecto a las expectativas de la izquierda en torno a la lucha de la juventud precarizada así como a la militancia juvenil en torno a la ampliación de derechos e inclusión social que aborda el artículo de Julieta Pacheco en este mismo dossier tomando como caso la agrupación “La Cámpora”.

Semán y Welschinger tratan con un universo de jóvenes que se dedican a actividades profusas entre las que se encuentran plataformas de reparto, programación, construcción, atención en call centers, comercio, gastronomía, empleados municipales y cooperativistas. La investigación desafía los modos en que las ciencias sociales “hicimos” a los sectores populares y a las clases sociales como categoría analítica. Si la pregunta de Thompson nos remite a la participación de la clase obrera en su propia formación en Inglaterra, aquí nos reencontramos con un proyecto de agrupamiento del que los propios sujetos muchas veces intentan escapar (o en el que evitan caer). Mientras Thompson nos ayudó en la elaboración de una perspectiva histórica y relacional sobre las clases trabajadoras, aquí también es una relectura de Hoggart la que habilita el desplazamiento de la ideología hacia las sensibilidades políticas, encarnadas en la propia experiencia. Quizá esta línea no solo nos desafíe sobre cómo pensamos lo político sino también nos ayude en el camino por reelaborar el concepto de clase. ¿Cómo reconstruir un sentido de estructura social en este mundo inestable? ¿En qué relaciones se distinguen las partes que componen esta configuración opaca, que observamos localmente pero está atravesada por fuerzas más o menos distantes?

“El mejorismo”, como contenido medular del temperamento juvenil crítico, complejiza la autoadscripción de clase al reivindicar la superioridad moral de aquellos que sobreviven en el mercado sin depender de un salario público o de ingresos, subvenciones, transferencias de algún modo provistas por el Estado. Aquí no se trata de una identificación como clase media ni tampoco como asalariados, más aún, se trata de escapar de relaciones salariales degradadas que limitan el manejo del tiempo y de la autonomía para lograr el propio proceso de reproducción social, incluidas las tareas de cuidado. Este posicionamiento abre un abanico de conflictos sociales que se expresa en una teoría sobre el ordenamiento clasista de la sociedad en el que los emprendedores (desde repartidores hasta empresarios innovadores) experimentan el antagonismo con quienes viven de subsidios y con quienes se visualizan como élites corruptas de gremialistas, políticos y sectores empresarios.

Ahora bien, los emprendedores parecieran concebirse a sí mismos a través de un encadenamiento de esfuerzos, apoyos y obligaciones familiares de variada configuración, antes que inspirados en la figura abstracta del individuo calculador y racional del liberalismo. Así, el emprendedurismo clama por abrir su propio camino en el mapa cognitivo de las ciencias sociales y en las clasificaciones regulatorias que suelen ordenar las identificaciones entre trabajadores formales, pobres, beneficiarios de programas sociales, clases medias profesionales o trabajadores de la economía popular. La sensibilidad de estos jóvenes encuentra, en un discurso que privilegia la libertad y las oportunidades por sobre la igualdad, un sentido al cual adherirse y volver pública su experiencia. Siguiendo la premisa epistemológica de los autores, dichas subjetividades operan como estructura de acogida de los discursos libertarios.

Si la contribución de Semán y Welschinger parte de la experiencia generacional para adentrarse en la configuración de las clases sociales, el artículo de Merenson nos sitúa desde su inicio en el problema de los lenguajes y autopercepciones de clase en un grupo de trabajadores industriales. No obstante, el peso de las dimensiones generacionales permite advertir la inflexión de los lenguajes y modalidades de acción sindical vis a vis las profundas transformaciones en los procesos de producción, la organización del trabajo y la composición empresarial.

El sindicato ocupa un lugar cardinal en la vida de este grupo de trabajadores de la Cervecería y Maltería Quilmes, la acumulación de saberes acerca de los movimientos empresarios, sus programas de racionalización y sus objetivos productivos que per se pueden interpretarse como ataques contra el bienestar de los trabajadores se redirigen para lograr aquello que se nomina como “beneficios”. Se trata de un conocimiento incorporado a una modalidad de acción gremial pautada por el diálogo, el acuerdo y el compromiso de las partes que se configura a distancia de un modo de oposición que se estructura a partir de la denuncia y la confrontación. Se podría pensar, junto con Thompson, que este modo de constitución de la acción gremial, antes que al equilibrio de fuerzas, responde al desbalance histórico de esas relaciones. Así, las prácticas sindicales se despliegan desde un fondo de historicidad donde las antiguas relaciones son leídas como “salvajes”, aludiendo al esfuerzo físico que demandaba la producción, la vertiginosa racionalización de la fuerza laboral hacia fines de la década de 1990 y la política sindical de los primeros años de restauración democrática, que tuvo a los trabajadores cerveceros como puntal de huelgas generales y de luchas callejeras.

Los nuevos lenguajes sindicales, que Merenson entiende en sentido amplio como sentir, decir y hacer, realzan categorías tales como beneficios, privilegios y ventajas, que si bien no anulan la lucha y la apelación a derechos, emplazan a los trabajadores cerveceros en un horizonte comparativo con otros en función de su nivel salarial, el empleo fijo, criterios impositivos (tributar el impuesto a las ganancias) y el acceso a la propiedad de una vivienda, a través del cual se identifican relacionalmente como clase media. En tal sentido, el trabajo de Merenson se inscribe en una literatura global que plantea que trabajadores que se ven a sí mismos como clase media, tal como muestra la investigación de Sian Lazar con sindicatos del sector público argentino, se organizan no para resistir al capital, sino para mantener “privilegios” en un sistema económico cada vez más desigual y volátil (Lazar, ²⁰¹⁹). Por otra parte, esta identificación no anula completamente los conflictos a partir de los cuales las clases participan de su propia formación, en tanto el sindicato recuerda periódica y pedagógicamente su labor y categoriza al barrio como barrio obrero, o cuando quienes ocuparon históricamente el barrio sobre la base de sus jerarquías laborales (profesionales o administrativos) reconocen la equiparación con los obreros en términos de ingreso, pero actualizan sus diferencias de clase valorando el uso que los operarios devenidos propietarios les otorgan a sus viviendas.

Otros son los recorridos que ofrece la contribución de Andrea Villagrán en tanto su análisis se sitúa en un espacio diferente al área metropolitana de Buenos Aires donde transcurren las escenas etnográficas que energizan los trabajos de Semán, Welschinger y Merenson. En este caso se abordan la desarticulación del sistema de trabajo residencial y la configuración de los vínculos interpersonales en las fincas vitivinícolas del Valle Calchaquí (Salta) en simultáneo a la formación de las tramas de estatalidad a nivel municipal.

La descripción densa del espacio social de las fincas vitivinícolas y de su desarticulación desafía explicaciones de sentido común sobre la política en los márgenes geográficos del territorio nacional que tiene como uno de sus efectos la identificación de las provincias del extremo norte del país con los resabios del clientelismo, el patronazgo y el caudillismo. Villagrán muestra que el trabajo residencial se sostenía en el entramado de vinculaciones recíprocas entre patrones y peones y se manifestaba en el “arreglo” (de palabra y entre varones en su calidad de jefe de familia uno y de patrón de la finca el otro) de trabajo que incluía el préstamo de una porción de tierra y vivienda a los peones para alcanzar su reproducción social. El inicio de las transformaciones en la producción vitivinícola, primero del suelo cultivable para continuar luego con cambios en las bodegas y la diversificación hacia el turismo y el mercado externo, impusieron la “salida” de las familias residentes de las fincas en un arco temporal de treinta años.

Los trabajadores cerveceros que aborda Merenson se inscriben en una relación asalariada a través de la cual garantizan la reproducción social y proyectan una vida deseable. Esta experiencia de clase y su autopercepción como clase media se aleja de aquella de los jóvenes mejoristas, quienes fuera de la relación salarial orientan sus esfuerzos autónomos al sostenimiento de emprendimientos en el entramado de apoyos y relaciones familiares. Ambas distan de los peones de los Valles Calchaquíes retratados por Villagrán, quienes históricamente reprodujeron su vida más allá del salario a través del control, vía préstamo, de la tierra y la vivienda en las fincas vitivinícolas, y accedieron a pequeñas parcelas destinadas a la siembra y a la crianza de animales de granja que aseguraban el acceso a diversos alimentos que complementaban el salario. En tanto que otro momento de un largo proceso histórico, como es la salida de las fincas, se consuma acabadamente durante la década de 1990, que coloca a los antiguos peones y a sus familias en una situación de desocupación debido a los cambios permanentes en la tecnología y la organización del trabajo vitivinícola. En ese contexto, el vínculo con el Estado tiende a estabilizarse a partir del acceso a la vivienda social y se recrea a través de un conjunto de prestaciones que se interpretan como ayudas y asistencias que tramitan de modo personalizado las mujeres.

Estos artículos muestran la polisemia de lo popular, así como procesos que diferencian y fragmentan las experiencias de clase social, las cuales se tramitan cultural y políticamente en múltiples direcciones. Las contribuciones ponen en evidencia el desplazamiento de las categorías de identificación sociopolítica con relación a los cambios en las experiencias vitales marcadas simultáneamente por la transformación del lazo laboral y de los vínculos y las concepciones del Estado. En el texto de Semán y Welschinger, esas transformaciones se acentúan y agudizan a partir de las formas de la gestión de la pandemia por COVID-19 y se expresan en el entendimiento del derecho como merecimiento, la autonomía personal como valor moral y el esfuerzo individual como clave de ascenso social, frente a un Estado vivido que es acusado de promover “derechos que empobrecen”. Otra clave de este desplazamiento la muestra Merenson al reconstruir cómo la experiencia de ser trabajadores percibe antiguos derechos como beneficios, ventajas y/o privilegios aun cuando requieran de instancias de organización colectiva a través del sindicato. En el caso de Villagrán, el lenguaje de los derechos que incorporan los sindicatos vitivinícolas a fines de la década de 1960, cuando denuncian el incumplimiento de legislación laboral y social en las fincas, no habría logrado vertebrar prácticas cotidianas, más aún cuando se dislocan las relaciones sociales y los antiguos peones de las fincas son incorporados a dispositivos de bienestar estatales, siendo parte de nuevos vínculos mediante los cuales se vehiculizan prestaciones calificadas como ayudas o asistencias discontinuas.

Estatalidades, mediaciones de las políticas públicas y horizontes de expectativas de los sectores populares

La centralidad del Estado como eje analítico no ha sido independiente de la importancia que adquirieron las políticas públicas en la configuración de diferentes poblaciones. Como señalamos al comienzo de esta introducción al dossier, se compuso un campo específico que, a partir de los análisis sobre clientelismo y movimientos sociales, fue buscando dar cuenta de diferentes modos en que las políticas públicas eran apropiadas al entramarse socialmente. Las mismas políticas públicas produjeron cambios que, para ser captados, requirieron revisar los modos de abordaje: individualización, digitalización, judicialización, securitización, así como una diversificación de los problemas tratados y los modos en que diagnósticos, categorizaciones y moralidades se actualizan en esos procesos. ¿De qué modo se reintroduce la pregunta por las formas políticas populares a partir de estas transformaciones? Veamos qué nos dicen las investigaciones.

El artículo de Soledad Balerdi muestra cómo el programa de subsidios para mejoramiento habitacional “Mi Pieza”, implementado a partir de la pandemia, se propone como una política más individualizada, ‘sin mediadores’, pero es apropiada a partir de redes familiares y vecinales. En este sentido, el abordaje de Balerdi se inscribe en una modulación histórica y cambiante de las burocracias estatales en la Argentina reciente. A partir de 2003, mientras la masificación de las políticas de Transferencia Condicionada de Ingresos reconocía la mediación de tejidos organizacionales en el sostenimiento de la vida de las clases populares, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación promovió formas territorializadas de la política social que acortaron la distancia entre funcionarios y receptores de las políticas, lo que conformó una burocracia plebeya de cercanía (^{Perelmiter, 2016}).

Ahora bien, el mismo gobierno nacional promovió, a partir de 2009, estrategias de masificación de políticas no contributivas que significaron un aumento de las transferencias de ingresos no laborales para los hogares de menor quintil de ingreso. Algunas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), se llevaron adelante a través de mecanismos administrativos que favorecieron procesos de individualización de la relación entre Estado y sectores populares (^{D’Amico, 2018}). Al establecer dispositivos de atención nacionales centralizados y eliminar instancias de contraprestación laboral características de los históricos programas de empleo, esta política prescindió de la mediación de organizaciones sociales. Como consecuencia, las oficinas públicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pasaron a ser el principal lugar de encuentro entre Estado y beneficiarios. Junto con estos cambios en los procesos administrativos de gestión de las políticas, la democratización del consumo, las políticas de redistribución monetaria y la bancarización de los ingresos ampliaron su alcance y produjeron un impacto duradero sobre los modos de subjetivación de las clases populares, la organización cotidiana y la proyección de sus vidas. Impactos valorados positivamente en una primera instancia, porque establecían marcos de certidumbre para la (re) producción social, en tramas en que, frecuentemente, el sostenimiento de la vida se resuelve en el día a día. No obstante, tiempo después, aquellas valoraciones fueron matizadas por malestares asociados a la creciente presión de la inflación.

Sobre estas políticas vividas, la pandemia acentuó nuevos rasgos. Los dispositivos que organizaron las políticas sociales se apoyaron en procesos de digitalización ante el auge de la virtualidad en la vida cotidiana, asociada a la restricción de circulación por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). En este sentido, Balerdi analiza cómo, a través de una app y una plataforma, la política social prescinde no solo de las organizaciones territoriales, sino de las mediaciones administrativas que expresan las formas estatales (los empleados, las ventanillas). Al igual que el planteo que hacen Semán y Welschinger, la fragmentación e individualización no implican la exacerbación del individualismo aislado pregonado por la economía liberal. En este caso, la información que la política ya no provee se canaliza a través de redes de socialización cercana. Y esas redes son fundamentales ante la incertidumbre, las dudas y los miedos que genera el programa: desconocer los mecanismos de funcionamiento, los usos que se harán de la información recabada y posibles estafas.

Estas transformaciones en la mediación entre Estado, políticas y sectores populares trajeron aparejadas nuevas formas de construir criterios de distribución de recursos escasos. Una amplia bibliografía (^{Ferraudi Curto, 2006}; ^{Quirós, 2006}; ^{Cravino y González Carvajal, 2012}; ^{Manzano 2013}; ^{Olejarczyk y Jauri, 2013}) estudió la construcción de criterios locales para organizar la distribución de recursos escasos en los entramados territoriales, que si bien pueden remitir a una lógica de “los papeles”, se sostiene en una economía moral que, siguiendo a Thompson, privilegia nociones legitimadoras sobre las prioridades con que se definen y resuelven los problemas comunes. Si bien en este caso existe un criterio que opera como barrera de ingreso (tener el Certificado de Vivienda familiar del Registro Nacional de Barrios Populares -RENABAP-), entre las inscriptas no se establece un criterio de prioridad sino de sorteo. Balerdi cuenta cómo se emocionan las mujeres cuando la “suerte” les llega. Sus relatos evocan los análisis sobre el juego de azar como terreno de una temporalidad diferente a la linealidad moderna en la cual sectores económicamente inestables depositan la esperanza de “salvarse” (^{Figueiro, 2022}). Del “beneficio” de los trabajadores con quienes dialoga Silvina Merenson a la “suerte” de las beneficiarias de Mi Pieza analizadas por Soledad, encontramos lenguajes que se distancian del derecho como modos de distribuir bienes por fuera del mercado.

El sorteo, en el caso analizado por Balerdi, también dialoga con otro trazo del proceso histórico reciente: puede operar, frente a miradas críticas del personalismo estatal que establecen un manto de sospecha sobre tramas ocultas (y corruptas) de orientación de los recursos, como una forma impersonal y justa de distribución. Más aún, se produce un borramiento del Estado como proveedor del programa, reforzado porque el único enmarcado estatal que la política tiene es la pantalla del dispositivo electrónico mediante el cual se gestiona. ¿Cómo se delimita y vivencia desde la experiencia de las receptoras la presencia estatal en esas condiciones? ¿Qué transformaciones produce en el lazo entre Estado, políticas y sectores populares?

Si Balerdi analiza las mediaciones estatales en los efectos que sus dispositivos producen, el artículo de Olejarczyk pone la mirada en una dimensión específica de los mecanismos que se ponen en juego al definir un problema público: el lenguaje estatal. En este caso, la autora reconstruye la categoría de “riesgo ambiental” y el modo en que es introducida en las vidas de los pobladores de las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo a través de la mediación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR, ente interjurisdiccional de gestión de la cuenca creado a partir del fallo de la Corte Suprema en la causa Mendoza). Este modelo de gubernamentalidad aparece asociado a la planificación a gran escala y a los intentos de domesticación de la ‘naturaleza’, a la judicialización, al riesgo y a las afectaciones, que se conecta con los modos en que varios conflictos ambientales se han desplegado en América Latina (aun reconociendo la excepcionalidad de la causa Mendoza). Dentro de este proceso más amplio, el texto permite acercarse a la multidimensionalidad de las desigualdades urbanas y a los procesos de categorización, ordenamiento, jerarquización y valoración que introducen las políticas públicas sobre experiencias polimorfas (^{Shore, 2010}). Especialmente, el artículo busca dar cuenta de las perspectivas de los habitantes, quienes, después de 10 años de los primeros relevamientos, enfrentan la relocalización. El trabajo muestra que la política de relocalización asociada al saneamiento ambiental conlleva vínculos que se tejen entre la legibilidad de la cuestión ambiental nominada estatalmente bajo pautas normativas, legales y judiciales que justifican la relocalización de los pobladores y las formas de apropiación y disputa de dichas categorías por parte de la población, que lee su afectación en términos situados, ya que desde esta experiencia, relocalizarse implica no solo salir del padecimiento -tal como lo plantea el discurso oficial-, sino que conlleva también el dolor de tener que abandonar un lugar que fue autoconstruido como vivienda. A la manera en que lo plantean ^{Das y Poole (2008}), podemos pensar las fronteras variables entre lo legible/ilegible para el Estado, cuando se trata de un conflicto que redefine sus propios márgenes.

De maneras diversas, los artículos de Balerdi y Olejarczyk muestran políticas habitacionales localizadas, ya sea como respuesta a un problema urbano profundo judicializado o como estrategia de redistribución de recursos. Se distinguen así de otro momento en el cual las políticas habitacionales fueron centralizadas por el Estado nacional, a partir del Programa Federal de Construcción de Viviendas (implementado en 2005). En ese modo de la estatalidad, convivieron grandes proyectos de vivienda social que ampliaban los límites de las ciudades y desplazaban residencialmente a los sectores populares hacia las periferias (^{Cravino, 2010}), junto con proyectos emblemáticos del momento de esplendor del kirchnerismo como fue la “urbanización” de Villa Palito, La Matanza (^{Ferraudi Curto, 2014}). A partir de entender la política como categoría etnográfica, dicha investigación muestra cómo la urbanización no constituye (solo) un objetivo de la política estatal, sino que cobra existencia y productividad política al ser construida y significada como un horizonte de expectativas entre los habitantes de Villa Palito. Este proceso se formuló en una dinámica de doble circulación de experiencias, saberes y estrategias de legitimación sintetizadas como “estatalización del barrio” y “barrialización del Estado”. Allí otros modos más dialógicos de trazar los límites entre lo legible y lo ilegible (y tramitar los recurrentes conflictos) se volvieron posibles en las interacciones entre pobladores, referentes políticos y religiosos, profesionales, funcionarios estatales y políticos.

La complejidad de los territorios excede a la política pública. La perspectiva del habitar presente en las contribuciones de Romina Olejarczyk, Soledad Balerdi y Federico Oriolani permite desplazar la mirada estatalista. Si la antropología clásica sostiene como máxima básica centrarse en los modos de vida de quienes estudiamos desandando el camino de la separación de esferas moderna, la antropología en casa, el diálogo interdisciplinario y la especialización temática de los campos de investigación ha conducido a descuidar esa premisa fundamental. La perspectiva del habitar vuelve a la idea de acompañar a nuestros interlocutores en sus vidas de un modo más procesual y abierto que el modelo clásico (al menos en su versión de manual), comprende diversas problematizaciones en torno del lugar y, en la acepción de Tim ^{Ingold (2013}), propone componer una antropología más allá de lo humano. Los tres artículos referidos se sitúan en las periferias de diferentes ciudades bonaerenses: Romina, en la zona sur del conurbano; Soledad, en los márgenes de la capital provincial; y Federico, en la ciudad costera más importante de la provincia. De modos diversos, se acercan a experiencias urbanas descentradas en diálogo con ^{Segura (2015}). Como nos cuenta Pinedo en la entrevista, también estas investigaciones se inspiran en los modos en que Ramiro Segura va analizando la experiencia de vivir afuera. Pero sus focos no están tanto en los diferentes vínculos desiguales con las centralidades, atendiendo a los modos de imaginar y circular por la ciudad, sino en cómo se va haciendo lo urbano en la periferia y cómo se disputa esa condición. De la misma manera que el artículo de Villagrán nos permite revisar etnográficamente la recomposición de las clases enfocando en relaciones que no suceden en el centro político nacional, sino en los Valles Calchaquíes (la periferia, desde una histórica mirada unitaria del Estado-nación), y para ello da cuenta de la expansión territorializada de la estatalidad, los trabajos mencionados producen desde la periferia nuevas definiciones sobre territorio, a partir de los lugares que las personas habitan o disputan por habitar.

En relación con estos lugares vividos, Romina, Soledad y Federico recuerdan también que esos territorios desbordan la ciudad. Romina Olejarczyk explora los modos en que pobladores de las márgenes del río Matanza perciben las mutaciones de este curso de agua, a distancia del discurso oficial que alerta del riesgo ambiental pero demora la relocalización. El vínculo con el arroyo también es referido en el artículo de Soledad Balerdi, en la rememoración del recorrido migrante y la valoración del lugar (entonces despoblado) elegido por el padre de su interlocutora para vivir. Aunque el habitar, en este último caso, sea atravesado por las políticas estatales desde otro ángulo: la autoconstrucción de la vivienda mediante un subsidio. La política pública se apoya sobre saberes populares largamente reconocidos, a la vez que se requiere otras habilidades (herramientas digitales que los jóvenes manejan mejor) y se reconfiguran jerarquías (se asigna exclusivamente a mujeres, apoyada en sus saberes de la gestión).

Si los modos de habitar anteceden a la política pública en todos los casos analizados, es el artículo de Oriolani el que da cuenta más claramente de ese largo proceso de autoconstrucción del lugar mientras se lo habita, así como del vínculo transversal con los criterios formales del mercado o del Estado -tal como argumenta ^{Pires do Rio Caldeira (2017}) respecto de la urbanización periférica-. Su análisis aporta a comprender cómo se lleva adelante el proceso de autoconstrucción en la periferia marplatense donde la posesión se sostiene con la ocupación y debe ser defendida, combinando regímenes monetarios, morales, políticos y violentos. Asimismo, Federico muestra de qué manera el problema del habitar no se resuelve con conseguir una casa, sino que en el entramado territorial que él analiza, ese es el punto de partida de otra serie de conflictos orientada a mantener de hecho esa propiedad. Así como un “pesado” del barrio puede mediar para que otros no se metan con la “familia del tachero” que no se mete con nadie y solo se dedica a trabajar, también una mujer puede recurrir a una olla de agua caliente para sacar a un ocupante de la tierra que reivindica como propia y así hacerse “respetar”; o un funcionario municipal puede presentar un pedido de desalojo “trucho” ante el reclamo de un referente barrial que busca sostener un espacio barrial que en los planos aparece como plaza (y rechazar una ocupación) mientras organiza la distribución de lotes a partir de unas tierras cedidas por un empresario para saldar una deuda municipal. En el análisis que propone Oriolani, ni Estado ni política representan su punto de partida. Allí, los modos de la estatalidad son múltiples y heterogéneos, se despliegan a posteriori y suelen recurrir a la violencia.

Desde un diálogo con la antropología hecha en Brasil (y especialmente con el libro de Antonádia Borges), el análisis de Federico Oriolani también teje puentes hacia el libro de Ana Beraldo que se ha reseñado para acompañar este dossier. En ambos, podemos acercarnos no solo al habitar sino también a los modos complejos de regulación de estos territorios periféricos donde el Estado se combina (y disputa) con otros actores reguladores, como las iglesias y las redes de actividades ilícitas (especialmente el narcomenudeo). Tal como plantea ^{Manzano (2020}) en relación con el proceso de constitución de una red de hábitat en Quilmes, y quizá a diferencia del análisis de Ana en Belo Horizonte, el trazado de esos límites entre agentes reguladores puede volverse objeto de disputa, más que dar cuenta centralmente de un modo de orden. Al menos, pareciera una cuestión que inquieta a referentes territoriales de diferentes organizaciones sociales y a curas villeros, aunque restaría hacer mayor investigación sobre la temática.

Las investigaciones recorridas constituyen análisis situados que interrogan teorizaciones que pretenden dar cuenta de las formas políticas populares, ya sea que se hable de sociedad política o de ciudadanía insurgente, recordándonos más bien la pluralidad de formas que se constituyen histórica y relacionalmente atendiendo al cruce entre mercados, estatalidades y formas de sociabilidad. Muestran estatalidades múltiples y dispersas, procesos de redefinición de sus márgenes e incluso su invisibilización. En cierto sentido, podría pensarse que dan muestras de procesos expansivos de debilidad estatal. A continuación, encontramos otro trazo de la estatalidad: la imposición vertical de una gran obra.

Militancias, distanciamientos y luchas hegemónicas

En este dossier, nos encontramos con apuestas organizativas que, después del conflicto con los productores agropecuarios durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, movilizaron a diversos actores (jóvenes, militantes culturales, artistas, feminismos y diversidades) en lo que fue enmarcado como “batalla cultural”. El trabajo de Julieta Pacheco reconstruye algunos elementos de ese proceso con foco en la agrupación “La Cámpora” y sus modos de “formarse” subjetivamente como militantes en una serie de actividades como apoyo escolar o talleres de género. En el trabajo de Lionel Steinberg, esos vínculos se trazan sobre una trama densa que combina familia y vecindad en torno de diferentes producciones culturales, que se conectaron inicialmente con una corriente del nuevo cine nacional en una villa porteña. Entre sus derivas, se tejió la cadena que, por la mediación del hijo de un intelectual peronista devenido militante cultural, vinculó a la trama artística barrial con quien, después de dirigir el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ocupó la Secretaría de Cultura de la Nación. En torno de este núcleo se articularon redes militantes que viabilizaron la Casa de la Cultura como proyecto en el marco de las Casas del Bicentenario.

A diferencia de las prácticas estudiadas por Pacheco, en el caso que analiza Steinberg, el gobierno nacional buscó mostrar su presencia en una villa porteña a través de una megaobra en torno de la cual se congregaron diferentes proyectos culturales y políticos. Partícipes en la construcción, los referentes culturales barriales encontraron reconocimientos diferenciales, decisiones centralizadas y exclusiones, junto con un edificio monumental que algunos percibían como ajeno al barrio. Hacia fines de 2015, los conflictos entre grupos militantes dentro del kirchnerismo implicaron el inicio del proceso de vaciamiento del centro cultural que se profundizó durante el gobierno de la Alianza Cambiemos.

Estos procesos de reactivación militante en los territorios distan de ser novedosos y forman parte de las estrategias orientadas a tramar redes de compromiso. La formación político-pedagógica es característica de diversas experiencias y territorios populares a través de las cuales se socializa a sus integrantes en valores y prácticas características de los espacios que habitan, al tiempo que se proyectan carreras militantes dentro de las organizaciones socioterritoriales con una apuesta basada en el fortalecimiento del compromiso (^{Palumbo, 2018}). Ahora bien, los trabajos de Steinberg y Pacheco ofrecen algunos elementos que permiten comprender las implicancias que trajo la activación del compromiso como objetivo militante cuando aquella cambió su forma, en tanto no emergió desde los propios espacios locales, sino desde lo que podríamos reconocer como una estrategia del oficialismo para amplificar su llegada a los territorios. Ambos trabajos muestran algunos puntos de fuga que dichas experiencias tuvieron como estrategias de construcción de hegemonía gubernamental en un sentido que podríamos reconocer como “de arriba abajo”.

Steinberg sostiene que la forma en que se creó y sostuvo el centro cultural, así como el carácter arquitectónico que este adoptó, contribuyeron a reforzar una distancia entre la política cultural del gobierno nacional y los vecinos del barrio en Barracas. De la misma manera, el texto de Pacheco muestra cómo “militar el territorio” a través de la promoción del compromiso de estudiantes secundarios emergió como una exhortación a los jóvenes a que se insertaran en villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como una estrategia de formación de “militantes integrales”. Así, la inserción territorial del Frente de Estudiantes Secundario de “La Cámpora” podría ser entendida en un doble sentido: aumentar el caudal electoral oficialista a la vez que reentramar la tradición peronista en lugares menos afines a través de la incorporación de nuevos sujetos -jóvenes de 16 años- en tareas militantes.

El derrotero quizás poco efectivo de estos intentos de inscripción cultural del kirchnerismo en los territorios opera como otra dimensión para interrogarnos por el debilitamiento de los lazos con el Estado, la manera en que varía en sus intensidades, formas, maneras de demandarlo y cuestionarlo. En un libro publicado al calor de la redacción de estas líneas y abonando a la comprensión de este fenómeno, se ha cuestionado cómo la experiencia política kirchnerista promovió prácticas que se pretendían orientadas a la producción de hegemonía, pero que en cambio fueron convirtiéndose en un discurso oficial que operó más bien en la forma de ciencia de Estado (^{Seman, 2023}). A contrapelo de la propia noción de hegemonía, Semán sostiene que el intento de conquistar a la sociedad civil se hizo de arriba abajo y que esas formas de producción de solidaridad fracasaron ante los crecientes movimientos de individualización que encarnaban en las experiencias de los sujetos. Aquí, nos encontramos con artículos que evocan esos trazos en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se reconfiguraron esos vínculos a lo largo de la última década?

Es posible conectar estas interpretaciones con la llamativa atención que nos provocó, durante la compilación del dossier, la ausencia de textos que pusieran el foco de análisis sobre referentes territoriales, línea que ha sido abordada con recurrencia desde el clásico trabajo de Vidas beligerantes de Javier ^{Auyero publicado en 2004}. Por entonces, la organización devenía contestataria de las prácticas neoliberales emanadas del Estado y los referentes condensaban un punto de encuentro entre la sociabilidad barrial, la representación política - no necesariamente partidaria, sino anclada en formas asamblearias- y las prácticas de reconocimiento. Las transformaciones suscitadas a partir de 2003 modificaron paulatinamente el carácter antagónico de la movilización popular. La inclusión de referentes de organizaciones sociales a distintas áreas de gobierno reconfigura al propio Estado en un doble movimiento: la estatalización de los movimientos y la movimentalización del Estado (^{Gómez, 2010}). En esta dinámica, la militancia deja de presentarse como “lo otro” del Estado; a su turno, los referentes participan en la producción de formas oficiales de la política que, en muchos casos, rutinizan prácticas de movilización e incluso las desactivan.

Interrogantes por los modos en que referentes y militantes tramitan esas tensiones, gestionan y distribuyen recursos, elaboran lenguajes de demanda legibles para los agentes estatales o critican decisiones electorales fueron ejes de análisis etnográfico que nutrieron el debate académico. Pero más cerca en el tiempo, parecen haberse agotado esas líneas de interrogación. Podemos hipotetizar varios motivos. Quizá no se pudieron discernir nuevos aportes. Quizá los cuestionamientos a las mediaciones organizacionales hayan contribuido a ese desvanecimiento. Quizá, como ocurrió en la fábrica analizada por ^{Moriconi (2021}), no solo los referentes se distanciaron de sus bases, sino que el cambio en las relaciones de fuerza implicó la fragmentación de colectivos y de formas de sociabilidad compartida. Quizá algunos de los desafíos éticos y políticos que traía la descripción de las situaciones observadas se hayan escrito en otros géneros textuales (^{Semán y Ferraudi Curto, 2015}; ^{Merlo, 2017}; ^{Santucho, 2017}, ²⁰²¹; ^{Abal Medina, 2021}; ^{Manzano, 2021}; ^{Arena, 2022}). Quizá la especialización de los campos de investigación desactivó diálogos con quienes, desde los estudios de género, dieron cuenta de modos específicos de formación de referentes en los procesos de movilización masiva en torno de #NiUnaMenos y de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Quizá los cambios en las mediaciones y en los sujetos movilizados también implicaron un desajuste de nuestras lentes analíticas.

Resonados casos de criminalización de la protesta social que permanecen irresueltos -como el encarcelamiento de Milagro Sala-, así como las presiones sobre redes comunitarias en el contexto de pandemia para que respondieran en términos de asistencia alimentaria, económica y sanitaria a los sectores populares urbanos frente a los efectos adversos de las políticas de aislamiento social (^{Maneiro, 2020}; ^{Pinedo, 2022}) pudieron resultar en procesos de desborde y agotamiento de las organizaciones territoriales. Organizaciones estas que sufrieron la pérdida de líderes locales reconocidos a causa de la COVID-19, como Ramona Medina, referente de La Poderosa en la Villa 31, o el padre Bachi, referente del proceso de urbanización de Villa Palito, por mencionar dos casos que adquirieron resonancia pública. ¿Cómo los cuestionamientos públicos sobre la exposición que sufrían quienes atendían los comedores comunitarios se procesó en las políticas públicas? ¿Cómo el desgaste, el miedo y los duelos impactaron en las formas de sociabilidad barrial y las militancias después de la pandemia? La pregunta por la ética, los afectos y los modos de transitar el dolor parecen realzar la importancia de investigaciones como las de ^{Lazar (2019}) y Das (²⁰⁰⁸), y, tal como propone ^{Manzano (2020}), invitan a fortalecer dispositivos colaborativos de construcción de conocimiento, renovando los desafíos epistemológicos de la etnografía.

Mientras las políticas públicas y las acciones militantes contribuyeron a delinear los sectores populares, nuestros estudios buscaron dialogar con esas construcciones. Allí se entreveían vínculos no lineales pero fuertes con el proceso político más amplio. Las investigaciones muestran cómo los sectores populares se fueron redefiniendo en el tiempo, procesos de fragmentación, capas geológicas, conflictos (^{Semán y Ferraudi Curto, 2016}). También indican la centralidad de las políticas públicas y sus modos diferenciales de operacionalizase a lo largo del tiempo y del espacio. De cierta manera, el paso del tiempo fue ayudando a construir una perspectiva analítica. Sin embargo, Pablo Semán y Nicolás Welschinger reflexionan sobre un tema caliente, aún abierto y en ebullición con derivas porosas. Este análisis ha sido interpelado en relación con la posibilidad de prever acontecimientos y anticiparse al triunfo electoral de Javier Milei… Hoy, como sucedió en el estallido de 2001 en Argentina, numerosos textos refieren menos a lo disruptivo del contexto que a la propia sorpresa de los/as analistas. En aquel entonces, se fue gestando la síntesis analítica a partir de la cual organizamos estas líneas. En el presente, enfrentamos el desafío de repensarnos para entender lo emergente. Los trabajos reunidos aquí nos permiten iniciar ese camino.

En síntesis, el dossier traza un diálogo entre trabajos que están atravesados por la motivación de comprender la relación entre política y sectores populares, todos señalan transformaciones profundas en la vida social, en las formas de expresión política y en las expectativas respecto de las formas de intervención del Estado. Si esas transformaciones son asibles, es porque las investigaciones aquí planteadas comparten una doble preocupación. Por un lado, analizan formas y relaciones concretas que traman la presencia estatal en experiencias situadas. Por otro lado, cuestionan las categorías que, desde paradigmas convencionales, obturan el reconocimiento de estas otras formas de vinculación entre Estado y sectores populares. Al reconfigurar las estrategias de investigación y análisis, estos trabajos cuestionan lo que Antonadia Borges denominó como un cuerpo académico privilegiado limitado en sus visiones del mundo y proyectos de sociedad. En tanto adoptan otra posición epistemológica, se ubican fuera del canon de cierto sentido común académico sedimentado y ponen en cuestión posicionamientos naturalizados en las ciencias sociales para la comprensión de la vida social. Así, los trabajos permiten interrogarnos: ¿cómo se vienen modelando nuevas formas de producción conjunta de Estado y sectores populares? ¿De qué manera los cambios sustantivos en la forma que adopta la presencia (y ausencia) del Estado contribuyen también a que cambien las expectativas que los sectores populares tienen sobre aquel? ¿Cómo se expresan esos cambios en movimientos de distanciamiento, alejamiento y/o puesta en cuestión de las dinámicas estatales? ¿De qué manera los proyectos político-culturales que no lograron cuajar hegemónicamente sobre amplias partes de la población nos permiten pensar, a la luz del presente, cómo se trazan puentes entre dichas limitaciones y la propuesta libertaria de Milei, como interlocutor que logró capitalizar electoralmente esos cambios de sensibilidades? Estos son, a nuestro entender, los principales aportes que estos artículos traen al debate y la comprensión.