Introducción

Una de las aproximaciones más usuales desde las ciencias sociales a la problemática del Estado es la que lo liga a la conformación de un orden social. Esta perspectiva, que tiene antecedentes claros en algunos clásicos del pensamiento político, plantea que el marco político-institucional puede ser definido como un principio de autoridad y ortodoxia. De acuerdo con la reelaboración de la concepción weberiana desarrollada por Pierre ^{Bourdieu (2015}), mediante el monopolio legítimo de la fuerza física y simbólica el Estado se erige como fundamento de la integración lógica y moral de una comunidad. Es decir, funciona como el garante de las categorías que operan como marcos comunes de construcción de la realidad para los distintos sujetos.

Los análisis sobre el disciplinamiento y la homogeneización social que impusieron progresivamente los Estados también aportan a la comprensión del tipo de autoridad y de efecto que implicó su emergencia histórica (^{Scott, 1998}; ^{Corrigan y Sayer, 2007}). En este sentido, uno de los aspectos fundamentales en su constitución fue la monopolización de los medios legítimos de movimiento y de identificación personal (^{Torpey, 2006}): estos dispositivos fueron claves en la construcción de la autoridad sobre la “población” que, como sabemos, emergió en el proceso mismo de su codificación en redes específicas de saber-poder (^{Foucault, 2011}).

La centralidad de estos planteos no se limita a la caracterización del surgimiento de las tecnologías de gobierno, sino que localizan una transformación en las lógicas de constitución de las prácticas sociales. Es decir, señalan que una vez lograda la exclusividad estatal en el reconocimiento legítimo de las personas, la totalidad de la existencia individual y colectiva comienza a ser mediada -de modo heterogéneo y con niveles de conflictividad variable- por las mallas regulatorias centrales.

Ahora bien, numerosos estudios han problematizado distintos aspectos de estas aproximaciones. Entre diferentes contrapuntos se señaló que, por un lado, los efectos de las intervenciones estatales nunca son completos, ya que las apropiaciones locales, las resistencias (^{Sharma y Gupta, 2006}; ^{Shore, 2010}), la falta de capacidades y/o las inconsistencias y contradicciones institucionales (^{Asad, 2008}; ^{Balbi y Boivin, 2008}; ^{Soprano, 2007}; ^{Schavelzon, 2010}), entre otras dinámicas, complejizan el panorama monolítico que sugieren las posturas que destacan la integración y el centralismo. A su vez, por otro lado, se puso en relieve que las tramas relacionales sobre las que intervienen y que coconstituyen las agencias estatales no solo impactan en las comunidades, sino que también definen en parte las características que adquieren las instituciones (^{Das y Poole, 2008}; ^{Begaria, 2012}; ^{Perelmiter, 2016}). De esta manera, es posible reconocer la conformación de diferentes zonas relacionales de negociación a partir de las cuales (y en las cuales) las políticas públicas y las agencias estatales terminan de definir sus lineamientos (^{Acuña, Jelin y Kessler, 2006}; ^{Manzano, 2007}; ^{Frederic, 2009}).

Recuperando estos antecedentes y buscando nutrir la reflexión sobre los efectos que producen las lógicas y dispositivos estatales en procesos sociales concretos, en este artículo nos centramos en el análisis de uno de sus mecanismos fundamentales: la acreditación de sujetos individuales y colectivos -y de sus bienes- a partir de diferentes credenciales. Los “papeles” son uno de los mecanismos principales de legibilidad de la población (^{Scott, 1998}), de producción de identificaciones y posiciones subjetivas (^{Hull, 2012}) y de institución de la frontera que escinde Estado y sociedad (^{Mitchel, 1991}). La pregunta por la capacidad de los documentos de establecer posiciones y marcos de comprensión de los fenómenos, entonces, permite aproximarnos a las dinámicas de regulación de la vida social y a la eficacia de las agencias y políticas.

Nuestros interrogantes emergen a partir del registro de una reiteración en nuestro trabajo de campo, desarrollado en la última década con integrantes de asociaciones de migrantes bolivianos/as en la ciudad de La Plata:¹ de modo recurrente, especialmente en la narración de diversos conflictos, nuestros/as interlocutores/as mencionan diferentes documentos que, a partir de su presencia (o ausencia) y de la consideración de su legitimidad, van delineando el devenir de sus relatos. Estos testimonios dan cuenta, por un lado, de la capacidad de los “papeles” para promover cauces y lógicas de acción codificadas de acuerdo con los parámetros institucionales. Por el otro, de las apropiaciones heterodoxas que realizan las personas y colectivos. Y, finalmente, los relatos también evidencian la puesta en debate de su validez como acreditadores legítimos en determinadas circunstancias.

En función de nuestros intereses, podemos reconocer tres posiciones de relevancia en los análisis sobre las relaciones entre migraciones, Estado y documentación. En primer lugar, muchos trabajos que caracterizaron al régimen de ciudadanía como un régimen de inclusión-exclusión incorporaron a las documentaciones en sus análisis. Desde esta perspectiva, señalaron que la producción de la “irregularidad” migratoria es un aspecto fundamental del funcionamiento del sistema estatal-nacional (^{De Genova, 2002}; ^{Düvel, 2003}; ^{Mezzadra, 2012}) que se vería impugnado por la movilidad poblacional (^{Sayad, 2008}).

En sintonía con lo anterior, algunas propuestas se centraron en la codificación y “captura” de la subjetividad que moviliza el marco de ciudadanía. En diálogo estrecho con las posiciones anteriores, pusieron el énfasis en la normalización de las prácticas sociales y en la producción de un tipo de sujeto específico, adecuado a los parámetros estatal-nacionales (^{Balibar, 1991}), así como en las resistencias que movilizan las personas (^{Isin, 2009}; ^{Nyers, 2015}).

Ambos conjuntos de propuestas oponen los mecanismos de control a las producciones subjetivas “autónomas” de los/as migrantes. Sin embargo, la perspectiva del trasnacionalismo -que visibilizó las aperturas operacionales y retóricas que posibilitan la emergencia de sujetos y espacialidades para la política no circunscriptas nacionalmente (^{Sassen, 2002}; ^{Baubök, 2010}; ^{Boccagni, Lefleur y Levitt, 2016}; ^{Martin y Paasi, 2016})-, así como los estudios específicos sobre documentación, permiten identificar estrechas imbricaciones entre procesos de subjetivación y parámetros estatales, al mismo tiempo que prácticas que se escinden de las exceptivas oficiales.

Los materiales que informan este texto fueron recogidos en diferentes experiencias de campo con organizaciones de migrantes bolivianos/as de la ciudad de La Plata desarrolladas en la última década. Nos nutrimos de un extenso derrotero que incluyó la realización de observaciones participantes en actividades sociales, culturales y políticas de colectivos situados en zonas urbanas y periurbanas de la periferia este y oeste de la localidad y de entrevistas con sus referentes y algunos/as de sus integrantes en el marco de diferentes investigaciones.

Específicamente, en este texto presentaremos materiales recogidos en el trabajo con asociaciones de productores/as hortícolas/as y con grupos “vecinales” creados en asentamientos informales movilizados por la tenencia de las tierras (en las que habitan y/o producen) en los barrios de Melchor Romero, Lisandro Olmos y Abasto. La entrevista a Eduardo, realizada en Melchor Romero, corresponde a una investigación que buscaba analizar el campo relacional que constituyen asociaciones de migrantes con instituciones estatales y organizaciones políticas tanto de Bolivia como de la Argentina, en la cual la disputa por la tenencia y titularidad de las tierras emergió como un motivo relevante de conformación de las entidades bolivianas. El resto de los testimonios y observaciones fueron obtenidos en el marco de una indagación sobre los modos de producción y experiencia de la condición ciudadana de migrantes bolivianos/as. De un conjunto amplio de materiales, seleccionamos aquellos que permiten elaborar una problematización de los usos de las documentaciones en diferentes conflictos, especialmente ligados a la problemática del acceso al suelo.

^{Torpey (2006}) señala que los documentos de identificación movilizan una “paradoja” ya que, por un lado, inscriben a los sujetos en el campo de visibilidad de las instituciones y los vuelven más controlables. Y, por el otro, incrementan su poder relativo al expandir sus posibilidades de reclamar distintos derechos. En el campo del feminismo, la idea de la “paradoja” también fue desarrollada por Joan ^{Scott (2014}), cuando propuso que el movimiento de mujeres se constituyó paradojalmente al luchar cuestionando el discurso biologicista de la diferencia sexual que afirmaba la incapacidad “natural” de las mujeres para la política, pero lo hacía en nombre de un colectivo (justamente, las mujeres) constituido como tal por ese mismo discurso. De esta manera, negaban y reafirmaban, en el mismo posicionamiento, esa diferenciación.

El argumento central de este artículo es que los papeles (especialmente los DNI, pero también títulos de propiedad y las constancias tributarias, entre otros) son un elemento fundamental del posicionamiento ciudadano de los/as migrantes, pero de un modo no necesariamente previsto institucionalmente. Es decir, si por un lado es ineludible su reconocimiento como clivajes de la dinámica y el conflicto social, por el otro, su apropiación -y, en ciertas circunstancias, su rechazo- hace parte de la producción de ciudadanías inesperadas y alternativas a los parámetros oficiales (^{Nyers, 2006}; ^{Chatterjee, 2007}; ^{Asad, 2008}; ^{Butler y Spivak, 2009}; ^{Begaria, 2012}). De esta manera, al adoptar y al mismo tiempo tensionar los parámetros de autoridad estatales sostenidos por los documentos, los/as migrantes realizan un uso paradójico de ellos.

Para dar cuenta de esto, comenzamos reconstruyendo las políticas migratorias -bolivianas y argentinas- que pusieron a los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) en un lugar central y las mediaciones directas e indirectas que estas credenciales operan sobre los posicionamientos ciudadanos. En segundo lugar, analizamos la combinación de diferentes credenciales que realizan los/as migrantes en sus prácticas políticas, que dan como resultado redes de capitalización que, si bien se encuentran en cierta medida cristalizadas y legitimadas en una dinámica de negociación entre organizaciones sociales y agencias estatales, no se constituyen completamente de acuerdo con los parámetros normativamente definidos. A continuación, reconstruimos dinámicas en las que la validez de ciertas documentaciones es puesta en cuestión, lo que nos permite reconocer que estas abren una zona de indeterminación que se resuelve contingentemente en la dinámica de los conflictos. Finalmente, concluimos el artículo señalando que estas dinámicas pueden caracterizarse como tres paradojas de la relación sujetos-documentaciones que forman parte de la producción de ciudadanías inesperadas.

Mediaciones de las ciudadanías

En las últimas décadas, en el marco de la conformación de lo que algunos/as autores/as denominan un “régimen global de control migratorio” que estableció enfoques y abordajes de los movimientos poblacionales comunes para los diferentes países (^{Düvel, 2003}), la cuestión de la “ilegalidad/irregularidad” fue conceptualizada como la problemática central del fenómeno, ya que obstaculizaría tanto la gobernabilidad estatal de los flujos como el cumplimiento de los derechos de los/as migrantes. Con el impulso de los organismos internacionales, entonces, se constituyeron distintos espacios multilaterales que, más allá de sus diferencias, promovieron transformaciones políticas y normativas destinadas a abordar esta cuestión (^{Domenech, 2011a} y ^2011b; ^{Ramírez, Ceja y Alfaro, 2019}).

En este marco, en la Argentina se sancionó la Ley n° 25.871 en 2003, que considera a la migración como un derecho humano. Entre muchas otras transformaciones, esta normativa facilitó la tramitación de la residencia -especialmente para los/as arribados/as de países de la región- y posibilitó la implementación de distintas políticas de regularización como el programa Patria Grande (implementado entre los años 2006 y 2010) y el programa de Abordaje Territorial (entre 2013 y 2015). Estas políticas asociaron el acceso a derechos con el acceso a la documentación, lo que reproduce la subordinación de la ciudadanía a los mecanismos estatales de legitimación de los sujetos (^{Domenech, 2011a} y ^2011b; ^{Pizarro, 2012}). En este sentido, la fuerza ilocucionaria de las credenciales que califica las posibilidades de los individuos (^{Peirano, 2002}) primó, de acuerdo con las posturas críticas de estas políticas, por sobre el criterio de universalidad del derecho a la movilidad humana.

Sin embargo, las posibilidades en las prácticas cotidianas que habilitaron los programas de documentación y las articulaciones que los colectivos de migrantes construyeron a partir de su implementación local dieron lugar a la emergencia de nuevas demandas y vinculaciones políticas en el contexto de recepción (^{Canelo, 2012}; ^{Caggiano, 2013}; ^{Magliano, Perissinotti y Zenklusen, 2015}; ^{Merenson, 2015}; ^{Vaccotti, 2018}).

Por su parte, en las últimas décadas se produjo en Bolivia el surgimiento de un nuevo actor social en el escenario político de ese país: los/as bolivianos/as residentes en el exterior (^{Domenech e Hinojosa Gordonava, 2009}). Después de un proceso de movilizaciones situadas tanto en Bolivia como en la Argentina, el Estado boliviano desarrolló una mayor vinculación con los/as emigrados/as mediante el reconocimiento de derechos, como el voto en el exterior, y de la creación de nuevos organismos consulares. Estas transformaciones volvieron más accesible la tramitación de documentación del país de origen, que resulta imprescindible para la obtención de certificaciones por parte del Estado receptor.

Si bien en el año 2016 en la Argentina comenzó a implementarse una estrategia mucho más restrictiva y, a partir del Decreto n° 70/2017, se limitaron muchos de los aspectos progresivos de la Ley n° 25.871, las transformaciones en las agendas de las organizaciones de migrantes y en el reconocimiento de las instituciones estatales y civiles argentinas evidencian que los procesos de movilización y posicionamiento ciudadano tramados en el período anterior no se han detenido.

En otros trabajos se ha destacado que las medidas del Estado argentino de acceso a los DNI para los/as extranjeros/as, conjuntamente con el proceso de reconocimiento de los/as emigrados/as -y de fortalecimiento de las burocracias diaspóricas- por parte del Estado boliviano, formaron condiciones en las que emergieron fenómenos políticos novedosos que involucran a los/as migrantes. Entre ellos se destacan la elaboración de nuevas demandas por parte de sus asociaciones -como las vinculadas a la seguridad y al acceso a tierras en ocupaciones informales- y la redefinición del reconocimiento por parte de instituciones y organizaciones argentinas, que comenzaron a otorgarles relevancia como integrantes de los “sectores populares” y como actores con incidencia en los procesos electorales (^{Rodrigo, 2019}).

Estas dinámicas evidencian el desarrollo de un proceso de doble ciudadanización: un mayor protagonismo, en cuanto migrantes, tanto en el escenario político argentino como en el boliviano. Es decir, el acceso a documentación incidió tanto en la vinculación de las personas con las instituciones estatales como en sus procesos de subjetivación, a partir de los cuales se posicionan como actores legítimos en la movilización de ciertas demandas y en el acceso a determinados bienes.

En numerosos relatos que obtuvimos en nuestras entrevistas, los “papeles” aparecen como objetos protagónicos de los acontecimientos. Tener el DNI (o no tenerlo) es mencionado como un aspecto relevante de negociaciones en torno a las condiciones laborales en las quintas de producción hortícola, ante intentos de desalojo o conflictos interpersonales o grupales por los lotes en ocupaciones de tierras, en negociaciones con la policía ante situaciones delictivas, etc. En todas estas circunstancias, las identificaciones personales son percibidas como capitales en los procesos de disputa.

Este tipo de productividad de los “papeles” no resulta ninguna novedad, ya que distintos/as autores/as han señalado que al mismo tiempo que inscriben a los sujetos en el campo de visibilidad de las instituciones, también pueden incrementar sus posibilidades de reclamar (^{Torpey, 2006}). Gordillo, por su parte, señaló que “la tensión entre el poder estatal y el incremento del poder de la gente frente al Estado es importante para comprender el tipo de identidades creadas por la generalización de documentos de identidad” (^{Gordillo, 2006}, p. 170). Buena parte de la bibliografía que atiende a la dimensión subjetiva de estos procesos destaca su carácter performativo, al señalar que por su intermedio se “hace” al/a ciudadano/a (^{Hull, 2012}).

Pero a su vez, las documentaciones también forman parte de la subjetivación ciudadana de los/as migrantes de un modo indirecto. Si bien su abordaje requeriría de una indagación específica que excede los alcances de este trabajo, nuestra hipótesis es que al menos algunas de las modalidades de acceso a la residencia establecidas por las distintas normativas migratorias fueron apropiadas en la práctica como modos de legitimación de las demandas y posiciones sostenidas por los/as migrantes. Es decir, algunos de los criterios jurídicos de tramitación del DNI cristalizaron como topoi político, independientemente de su vigencia o pertinencia formal. El caso más llamativo e interesante es el de la apelación a los/as hijos/as argentinos/as.

En La Plata, como en muchas otras ciudades argentinas, los años de crecimiento económico desarrollados entre mediados de la década de 2000 y la siguiente promovieron un proceso sostenido de incremento del precio del suelo (^{Cisterna y Matteucci, 2015}). Esta dinámica de mercado, potenciada por una estrategia de valorización especulativa de diferentes agentes, incidió directamente en las restricciones ya existentes al acceso a la vivienda propia en los sectores populares, y dificultó aún más su concreción por la vía comercial. En estas condiciones, las tomas colectivas informales de tierra se sucedieron en distintas zonas de la ciudad, posicionándola como una de las localidades que más intervenciones de estas características contienen.

Esta dinámica genera diferentes tipos de conflictos entre quienes protagonizan las ocupaciones y el resto de los/as habitantes. En algunos casos, se registran pugnas con productores/as hortícolas que procuran utilizar para sus actividades terrenos pretendidos por las organizaciones que promueven las tomas. Esta fue la situación que atravesaron Rosa y su familia.

Esta mujer, una tarijeña arribada a la Argentina en la década de 1990 que trabaja en la horticultura junto con su marido (primero como peones, luego por “porcentaje” y desde hace algunos años como arrendatarios),² nos exponía las razones por las cuales consideraba su derecho legítimo a la tierra donde produce y vive:

Nosotros también tenemos derecho como ellos, que tenemos los hijos argentinos, que son nacidos acá, que están estudiando acá. ¿Dónde vamos a ir? Yo no tengo mi casita todavía. Vivo acá, mis hijos de acá van a estudiar, vuelven a la tarde, así todos los días. (Entrevista con familia de productores/as hortícolas, Abasto, La Plata, agosto de 2019)

En muchas otras circunstancias, distintos/as migrantes nos hablaron de sus hijos/as para destacar su derecho al acceso a ciertos bienes: oportunidades laborales, cupos en políticas sociales, incluso ante la posibilidad de realizar festejos patronales en el espacio público son solicitados aludiendo a su descendencia “argentina”. Lo interesante de este argumento es que formó parte de los requisitos de admisión establecidos por el decreto/ley de Migraciones y Fomento de la Inmigración n° 22.439 y sus reglamentaciones -marco normativo conocido popularmente como “Ley Videla”- que rigió en la Argentina entre los años 1981 y 2003 y que muchos/as de nuestros/as interlocutores/as sortearon para acceder a la residencia en la década de 1990 y los primeros años de la de 2000. Si bien no era el único requisito, era el único al que muchas personas podían acceder.

De esta manera, más allá de que la actual Ley de Migraciones n° 25.871 y los convenios migratorios suscriptos por el Estado argentino posibilitan solicitar la radicación sin necesidad de demostrar filiación en el país,³ derogando las anteriores pautas, observamos que el mecanismo vigente previamente se autonomizó de su función jurídica y quedó cristalizado en el sentido común. Este desplazamiento, incluso, permitió que personas que arribaron a la Argentina o tramitaron su residencia luego de 2003 también participaran de esta concepción. De esta manera, la descendencia en el país constituye uno de los argumentos de arraigo más usuales de los/as migrantes, a partir del cual intentan demostrar no solo legalidad sino también legitimidad en su permanencia.

Al mismo tiempo, trabajar -o la necesidad de hacerlo- también suele ser un justificativo con el que defienden algunas de sus posturas y/o reclamos. El caso de este criterio es más complejo, ya que mientras que, por un lado, forma parte de las categorías de residencia tanto para la Ley n° 22.439 como para la n° 25.871, por el otro, aparece en un sinnúmero de discursos referidos a la totalidad de la vida social. Es decir, su constitución en fuente de legitimidad trasciende a los/as migrantes y opera también para otros sujetos y circunstancias.

Si entendemos a la ciudadanía como un proceso “conflictiv[o] vinculad[o] al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué, al definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados” (^{Jelin, 1993}, p. 25), el establecimiento de los interlocutores legítimos frente a las agencias estatales y sus demandas posibles tiene a las documentaciones como una mediación de relevancia. Tanto de manera directa cuando recurren a ellas en distintos conflictos, como de manera indirecta cuando se apropian de algunos de los criterios que definen su obtención como modos de validación de sus reclamos, el posicionamiento ciudadano de los/as migrantes bolivianos/as incorpora estos objetos y sus mecanismos -actuales o pasados- de adquisición. Ahora bien, los DNI no son las únicas certificaciones oficiales que inciden en estos procesos e, incluso, su recuperación se realiza en relación con otros “papeles” que coconstituyen los posicionamientos de las personas.

Redes de capitalización

Eduardo es un obrero de la construcción nacido en el departamento de Cochabamba, en Bolivia. En el año 2007 se asentó definitivamente en la localidad de Melchor Romero, de La Plata, en la periferia oeste de la ciudad, en una zona que creció principalmente a partir de asentamientos y loteos comerciales informales. La conflictividad en torno a la titularidad de las tierras en las que habitan llevó a que conjuntamente muchos/as de sus vecinos/as de la zona conformaran una asociación civil: la Asociación Barrio Cochabamba. Él lo relataba de este modo una mañana de 2014, en el terreno en el que la asociación estaba construyendo una pequeña capilla para la Virgen de Urkupiña:

Nosotros compramos acá el terreno y uno que no era dueño nos estafó primero. [Nos vendió y] él no era dueño. Ahí pone la inmobiliaria, el dueño pone orden de desalojo con el juez. Vienen las citaciones, entonces en ese momento comencé a organizarme y luchar, caminar […] Hay muchos que viven en terrenos tipo fiscales. Entonces vienen unos grupos y nos quieren sacar, si no tienes tu boleto [de compra-venta], tu DNI, nos quieren sacar. (Entrevista con referente de la Asociación Barrio Cochabamba, Melchor Romero, La Plata, Julio de 2014)

Como se observa en el relato de Eduardo, el DNI es concebido como un aspecto relevante de las condiciones políticas a partir de las cuales imagina los objetivos y prácticas del colectivo del que es miembro. Al mismo tiempo, su posicionamiento no se agota en este objeto. Los boletos de compra-venta también se presentan como elementos fundamentales en las disputas ya que funcionan con cierta complementariedad en el fortalecimiento de las acciones durante el conflicto.

Títulos de propiedad de inmuebles o terrenos, certificaciones tributarias, personerías de asociaciones civiles, entre otros, también aparecen continuamente en los relatos de los/as migrantes y evidencian la conformación de redes de capitalización desarrolladas a partir del acceso a estas documentaciones. ^{Peirano (2002}) señaló que los documentos son requeridos y obtenidos en secuencia, formando series que marcan etapas de la vida de los individuos. De esta manera, destaca que hay credenciales directamente vinculadas con momentos vitales y que, por esto, su obtención puede representar el pasaje de una etapa a otra.

También en nuestro trabajo encontramos que la ritualización de cambios de ciclo y/o condición incorporan con frecuencia a diferentes papeles. En nuestros diálogos, esta cuestión se evidenció especialmente en el posicionamiento como “propietarios/as”, como parte de un determinado segmento laboral, como representantes étnico-nacionales (a partir de ocupar un cargo en una asociación) o, en términos más generales, como ciudadanos/as. Estas condiciones, a su vez, se yuxtaponen y retroalimentan, especialmente en ciertas situaciones conflictivas.

Los fraudes en el mercado del suelo en la ciudad de La Plata son relativamente recurrentes, al menos en la experiencia de los/as migrantes. No solo en los barrios de la periferia urbana tienen lugar este tipo de situaciones, sino que también suceden en la zona productiva.

Tomasa arribó a La Plata proveniente del departamento de Tarija en Bolivia a fines de la década de 1990, luego de haber vivido y trabajado en Salta y en Rosario. Aquí se dedicó a la horticultura junto con su marido, primero como peones y luego como medieros.⁴ En una entrevista realizada en la quinta donde trabaja, nos explicaba que algunos años atrás habían sido víctimas de un vendedor falso y que, a partir de ese fraude, iniciaron un contacto con una organización social que fue relevante en el proceso de creación de su propia asociación:

Compré un lote en la Ruta 2 y también me engañaron, porque el dueño que me vendió no era dueño. Y no me devolvió más mi plata ni el lote […] [Nos contactamos con una integrante de un movimiento social y] vino a asesorar a la gente, nos dijo que hagamos el monotributo social para que tengamos más derechos, los derechos a reclamar. (Entrevista con integrantes de la Asociación 15 de Abril, Abasto, La Plata, abril de 2019)

Nos llama la atención el razonamiento según el cual el monotributo social⁵ puede permitir tener “derecho a reclamar”. El supuesto que expone es que la inscripción como agente económico formal mejora la tramitación de una denuncia judicial y policial y las posibilidades de restitución de los bienes perdidos. La formalidad económica, entonces, sería un elemento relevante que complementaría la regularidad migratoria o la acreditación de la operación de compra del terreno. En esta lógica, al igual que en el relato de Eduardo, que conjuga DNI y boletos de compra-venta, las credenciales son articuladas en el reclamo. Pero no lo son por medio de una coincidencia preestablecida institucionalmente, sino a partir de un criterio de legitimación construido en la práctica de negociación entre organizaciones sociales y agencias estatales.

Si las agencias estatales pueden comprenderse como escenarios de organización contextual de la vida política, cuya dinámica no responde a una unidad coherente de intención o de acción, sino a la interacción microsituada entre los participantes de esos escenarios (^{Perelmiter, 2016}), sus elementos constitutivos se definen y negocian en la propia dinámica relacional del espacio. De esta manera, el “derecho a reclamar” se conseguiría de acuerdo con un saber adquirido en la experiencia política, incorporando diferentes documentaciones a la presentación de los/as demandantes.

Entonces, la capacidad performativa de los papeles que posibilita la creación de posiciones y entidades por su intermediación, se completa con la productividad de la práctica política que transforma los sentidos asignados normativamente a ciertas credenciales. Esta cuestión evidencia que la fortaleza que brindan los documentos en diferentes conflictos no se encuentra contenida en ellos, sino que resulta en parte de la capacidad de apropiación de quienes los portan.

En los casos que venimos exponiendo, las asociaciones civiles son fundamentales en esta dinámica. Su constitución, su conformación interna y sus fracturas forman parte de la historia de la trama política de la colectividad a nivel local. El espacio relacional heterogéneo y conflictivo a partir del cual se produce la comunidad imaginada boliviana en La Plata se articula en parte -y de modo creciente- en torno de posiciones institucionalizadas: si bien los colectivos de productores/as son los que más formalizan sus organizaciones, en los últimos años, distintos grupos comenzaron a reconocer la necesidad de contar con los “papeles” de sus espacios. Por un lado, porque la formalización permite la tramitación de diferentes beneficios, lo que resulta especialmente relevante en la producción o la organización de ciertos eventos. Pero a su vez, por el otro, porque la posibilidad de acceder a espacios de negociación en ciertos ámbitos mejora su posición de negociación frente a distintas situaciones.

En el marco de las ciencias sociales argentinas se han desarrollado una gran cantidad de estudios que reconstruyen la producción histórica de espacios de negociación que integran a los organismos públicos y sus políticas junto con organizaciones sociales de diferentes características (^{Manzano, 2007}; ^{Frederic, 2009}). En este sentido, en diferentes ámbitos, las organizaciones emergen como parte relevante de los dispositivos de mediación de la conflictividad social.

En síntesis, observamos que las estrategias de capitalización ciudadana que desarrollan los/as migrantes incorporan diversas documentaciones que funcionan en red en distintas situaciones concretas. Esta complementación no sigue una lógica establecida por la normativa, sino que se articula contingentemente por medio de criterios ad hoc. Ahora bien, como queda claro en particular en la intervención de ciertas organizaciones sociales, en ámbitos institucionales específicos -como las agencias de seguridad o las entidades que intervienen en las tomas de tierra-, existen ciertos parámetros relativamente estables que se transmiten como un saber relevante en el abordaje de distintos conflictos.

Zona de indeterminación

Si bien los “papeles” aparecen en los testimonios como capitales relevantes en determinados procesos, e incluso podemos reconocer que algunos aspectos de su lógica de tramitación cristalizaron como criterios de legitimación autónomos en la práctica social, ello no implica que su posesión garantice de antemano el éxito de lo que se proponen sus portadores/as ni que su valoración sea uniforme. Por el contrario, en distintas situaciones, su validez y pertinencia es parte de la disputa que emprenden los sujetos. Registramos este tipo de contrapuntos especialmente en vinculación con la titularidad de las tierras.

Como señalamos en forma previa, las estafas en el mercado inmobiliario en La Plata son una posibilidad siempre latente en la experiencia de los/as migrantes bolivianos/as. En los testimonios expuestos en este artículo, queda en evidencia que la estafa se concreta con documentaciones que no acreditan lo que los/as compradores/as creían estar adquiriendo. Así, la confianza depositada en ellos es defraudada ya que dichos documentos no permiten luego el acceso a los lotes.

Estos casos ejemplifican un aspecto ineludible de la vinculación de las personas con los “papeles” y, en términos más generales, con el Estado: los símbolos y dispositivos estatales no se les presentan a los sujetos de modo transparente, estableciendo campos de sentido claramente delimitados. Por el contrario, las implicancias de cada credencial y las características que sustentan su validez son objeto de especulaciones y temores.

En este marco, los espacios de producción y socialización de conocimientos que disminuyen el margen de incertidumbre -como las organizaciones- adquieren relevancia. Pero, al mismo tiempo, el posicionamiento de los/as migrantes no se agota en la búsqueda de poseer un saber que permitiría decodificar los “papeles correctos” y sus alcances, porque parte de su aplicación se define contingentemente en cada circunstancia. Algunos de los conflictos que registramos en asentamientos informales nos permiten graficar esta cuestión.

En Melchor Romero, una localidad de la periferia de la ciudad que creció en las últimas décadas fundamentalmente a partir de la realización de ocupaciones de tierras (en muchas de las cuales se incorporaron migrantes bolivianos/as provenientes de los departamentos de La Paz, Oruro y, principalmente, Cochabamba), la conflictividad entre los/as habitantes involucra la disputa por los lotes en donde asentarse. Mabel, una mujer de 25 años arribada a la Argentina de pequeña que trabaja en un taller textil familiar y en una cooperativa de limpieza gestionada por un movimiento social de la zona, nos explicaba un conflicto entre su organización y otro habitante por la ocupación de un terreno, luego de que su antiguo propietario se fuera de la Argentina a vivir a España.

El primer día nosotros amanecimos, toda la noche todo, con chicos todo. Y él se enteró al día siguiente, a la mañana. Y viene con los papeles y dice: “quién les dejó entrar a ustedes, este terreno es mío”. Y nosotros le dijimos, porque yo como vecina, y otras compañeras como vecinas sabemos cómo es ese terreno, quién es su dueño. Y nosotros le dijimos “que no, que no es suyo”. (Entrevista con integrante de movimiento social territorial, Melchor Romero, La Plata, junio de 2019)

Mabel nos explicó que quien reclamaba la titularidad era el dueño original de todos los terrenos de la zona, ya que poseía algunas hectáreas que había subdividido (informalmente, sin las aprobaciones institucionales) y luego vendido las fracciones a sus actuales ocupantes (obviamente, también de modo informal). Entonces, muchos/as de ellos/as no contaban con “papeles”, ya que nunca les habían sido entregados. Por este motivo, entendían que la certificación con la que contaba este hombre no otorgaba ninguna legitimidad a su reclamo.

En el relato de Mabel, la validez de los documentos que porta el vecino está en cuestión en los propios términos del marco legal. Así, ella -y su organización- reponían la autoridad estatal como principio de estructuración neutral de las relaciones sociales. Sin embargo, su expectativa era que la propia dinámica de movilización y negociación con las diferentes instituciones públicas terminara por consolidar la tenencia de ese lote. En este sentido, el principio de ortodoxia que caracteriza a las instituciones estatales (^{Bourdieu, 2015}) no opera de manera homogénea en todas las acciones: si bien nunca desaparece como marco de referencia, su lugar cambia en las distintas circunstancias.

Tomasa, la tarijeña que formó parte de la creación de la Asociación 15 de Abril luego de sufrir una estafa en la compra de un lote, también nos relató un proceso de disputa muy complejo que involucra el terreno de la quinta en la que ella y su familia producen. En el año 2015, en una quinta lindera donde en el pasado también se realizaban actividades hortícolas pero que en ese momento se encontraba en desuso, se produjo una ocupación. Distintas organizaciones sociales dieron con la información de que la inmobiliaria que comercializaba en alquiler el lote no poseía los títulos para hacerlo y decidieron tomarlo. Luego de unos días, los/as referentes/as de la toma tuvieron fuertes discusiones con Tomasa y el resto de los/as productores de la asociación, ya que también las 15 hectáreas en las que ellos/as producen eran comercializadas por la misma inmobiliaria que -aunque sus inquilinos no lo sabían- no contaba con la posesión de la parcela. Luego de unas semanas de tensión y gracias a la mediación del movimiento social que les aconsejó tramitar el monotributo, lograron coordinar un acuerdo en el que, luego de la expropiación estatal de los terrenos, la tierra en la que trabajan les fue cedida en comodato por un plazo de 10 años.

No obstante, en 2018 nuevamente las organizaciones de la toma buscaron desplazarlos/as para extender la superficie destinada a viviendas. Su argumento se centraba en la “injusticia” que implicaba que unas pocas familias de productores/as contaran con varias hectáreas, mientras que en la toma los lotes eran de 10 × 25 metros, aproximadamente. Un sábado de octubre, notaron que algunas personas habían comenzado a medir para lotear parte de su terreno y, a pesar de sospechar de la complicidad policial con la ocupación (porque, según ella, “hijos de policías” eran parte de ella), Tomasa se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia. Nos relató esta situación:

Entonces yo llegué, fui a la comisaría con mi papel [la certificación de la cesión de la tierra en comodato], les dije “yo tengo el papel que acá quedó como producción [en la zona de las quintas de la asociación] y allá [en la toma] como barrio”. Entonces [el policía] me dice que no me va a tomar la denuncia. “Bueno, si no me va a tomar la denuncia yo me voy a la fiscalía”. Porque a mí me dijeron eso, que si no me tomaban acá yo tenía que ir a la fiscalía y le tenía que decir que yo pasé por la comisaría y no me tomaron. Entonces cuando yo le dije eso, me dijo el comisario “vení, entrá” […] Y el comisario nos recibió la denuncia, todo eso. Y allá llegó la orden de que la gente tenía que salir. (Entrevista con integrantes de la Asociación 15 de Abril, Abasto, La Plata, abril de 2019)

Nuevamente, aquí el “papel” emerge como un elemento fundamental del reclamo que emprende Tomasa, un capital en su disputa con las organizaciones de la toma. Pero el valor de dicho papel, su potencia política, no se encuentra contenida exclusivamente en su materialidad ni es activada de manera espontánea y uniforme. Como queda claro en su relato, ella debió desarrollar una estrategia coactiva para lograr realizar su denuncia y amenazó con recurrir a una instancia judicial. Recién entonces pudo presentar la documentación del comodato y lograr la orden de desalojo.

Aquí, otra vez, los saberes construidos a partir de la vinculación con organizaciones políticas fueron fundamentales en la utilización de ciertas certificaciones como recursos. Las estrategias que los sujetos integrantes de colectivos desarrollan en las interacciones microsituadas con funcionarios/as públicos/as, entonces, operan sobre las barreras en el acceso al cumplimiento de derechos que contingentemente se les presentan (^{Chaves, 2014}; ^{Wanderley, 2009}). En primer lugar, por la transmisión de un saber hacer que involucra las documentaciones y las sitúa como elementos de relevancia. La amenaza y la identificación de otras instancias a las que recurrir -y a las cuales denunciar la (in)acción policial- son resultado directo de esto. Pero además, porque su validez se produce contingentemente en un proceso de disputa complejo. La posibilidad de la movilización y la dinámica de negociación con las organizaciones forman parte de las condiciones en las cuales la potencialidad política de los “papeles” es activada.

Conclusiones

En este trabajo buscamos abordar el interrogante por los efectos de autoridad que produce el Estado en diferentes procesos sociales, a partir de centrarnos en la productividad de uno de sus mecanismos fundamentales: la acreditación de sujetos individuales y colectivos -y de sus bienes- a través de diferentes “papeles”. Tomando experiencias de campo en distintos conflictos que protagonizaron migrantes bolivianos/as -y sus asociaciones- en la ciudad de La Plata, reconstruimos la codificación de criterios y mecanismos de comprensión e intervención que promueven ciertas documentaciones, tanto como las apropiaciones heterodoxas que realizan las personas y colectivos e, incluso, la puesta en debate de su validez como certificadores legítimos en determinadas circunstancias.

En sintonía con buena parte de la bibliografía sobre la cuestión, encontramos que los documentos performan prácticas. Es decir, no solo participan de las condiciones de posibilidad que habilitan una actividad determinada que las personas deseaban con anteriormente, sino que su participación en la constitución de ciertas posiciones de sujeto implica la incidencia en la elaboración misma de las expectativas y demandas. Así, en la medida en que tener documentos es un factor determinante en la formulación de ciertos reclamos policiales y judiciales, por citar un ejemplo recurrente en nuestro trabajo, registramos la supremacía de la forma Estado en la vida social que destaca la bibliografía.

En este sentido, las entidades que crean los documentos (^{Hull, 2012}) forman parte de la construcción de un orden relativamente estabilizado de marcos de comprensión y acción. La producción del consenso sobre el sentido del mundo social -que implica lo que Bourdieu denominó el acuerdo sobre los territorios de desacuerdo y sobre los modos de expresión del desacuerdo (^{Bourdieu, 2015}, p, 15)- tiene a los “papeles” como elementos fundamentales.

Ahora bien, también dimos cuenta de que el establecimiento de las formas de visión y división del mundo no sigue cursos lineales. En primer lugar, observamos que las documentaciones forman parte de la subjetivación ciudadana de los/as migrantes de un modo indirecto, ya que algunas de las modalidades de acceso a la residencia establecidas por las normativas migratorias cristalizaron en el sentido común como criterios de legitimación en ciertas prácticas. Este fenómeno es interesante desde el punto de vista de la regulación estatal de la vida social, ya que evidencia que las premisas que instauran los diferentes dispositivos de control poblacional pueden exceder la de las normativas que las sustentaron. Así, en la medida en que los parámetros sostenidos por ciertas disposiciones y “papeles” estatales pueden autonomizarse, al menos parcialmente, de sus fundamentos jurídicos, vemos emerger una primera paradoja como respuesta al interrogante que abordamos en este texto.

Los modos de producción y ejercicio de la ciudadanía son múltiples y no se desarrollan siguiendo repertorios claros. Entonces, si bien la productividad de las documentaciones en la vida y para las disputas sociales es ineludible, la dinámica de la conflictividad social no se encuentra completamente preestablecida por las identificaciones contenidas en ellas. En particular, en este artículo nos centramos en la utilización heterodoxa de ciertas credenciales a partir de la articulación de redes de capitalización. El reconocimiento de diversidad de elementos relevantes en las disputas por los lotes, o prácticas como la utilización del monotributo social en la formulación de una denuncia de estafa, ponen sobre relieve que la mediación de la ciudadanía que operan las credenciales no se limita a la acreditación de posiciones de sujeto estandarizadas sino que, también, pueden funcionar como objetos de estrategias innovadoras.

En estos casos, su literalidad, la supuesta transparencia de sus sentidos, aparece transformada. Entonces, una segunda paradoja está dada por esta doble participación de los documentos en los conflictos: por un lado, hacen ser a los sujetos al permitirles su presentación desde posiciones legitimadas. Pero a su vez, por el otro, son reinterpretados en la práctica política llegando incluso a atribuírseles usos relativamente estables que no se vinculan con sus atributos formalmente establecidos.

La última de las paradojas que encontramos en nuestro trabajo se vincula con la validez que poseen los “papeles”. Hasta aquí hemos repasado distintas dinámicas que, a pesar de sus diferencias, tienen como punto de coincidencia la relevancia que adquieren en ciertos conflictos. Sin embargo, también observamos que parte de lo que se juega en diferentes disputas es, justamente, el valor que se les otorga.

Los títulos de propiedad -o de usufructo- de los terrenos, como vimos, no suponen en todas las circunstancias el mismo efecto. En primer lugar, para sus propios/as portadores/as, las implicancias de cada credencial y las características que sustentan su validez no están completamente claras. La estafas experimentadas o los relatos de ellas que transmiten los/as paisanos/as cargan de temores y especulaciones los campos de sentido asociados a los documentos. Al mismo tiempo, este primer factor es complejizado en diferentes procesos, ya que parte de su aplicación se define contingentemente en cada circunstancia.

Un aspecto interesante de la dinámica de las disputas abordadas es que la autoridad estatal como principio de estructuración neutral de las relaciones sociales nunca desaparece de la consideración de los/as integrantes de las organizaciones. Sin embargo, simultáneamente, la dinámica de movilización y negociación con las instituciones públicas es considerada como un elemento fundamental del acceso a ciertos “papeles” o de la consolidación de lo que estos formalmente acreditan. Así, la tercera paradoja que encontramos desde el punto de vista del lugar de las documentaciones en la consolidación de la supremacía estatal está dada por la atribución de una autoridad tan omnipresente como ambigua y cambiante a las certificaciones. Es decir, si bien es ineludible la operatividad de lo que ^{Bourdieu (2015}) llamó el principio de ortodoxia de las instituciones estatales, este no opera de manera homogénea en todas las acciones.

De esta forma, como ha demostrado una amplia gama de estudios que, más allá de sus diferencias, comparten el interés por los modos en los que las normas jurídicas participan del desarrollo de prácticas (y del reconocimiento de sujetos) que no estaban considerados en sus intenciones originales (^{Nyers, 2006}; ^{Chatterjee, 2007}; ^{Asad, 2008}; ^{Butler y Spivak, 2009}; ^{Begaria, 2012}), los papeles son parte relevante de la producción de ciudadanías inesperadas.