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Introducción
El presente trabajo indaga en el entramado de la arena pública y sus límites con la esfera privada a partir del empleo de categorías nativas y analíticas como familia y comunidad. Para ello, se analizan los posicionamientos de dos pueblos diaguitas, Los Chuschagasta y Tolombón, ubicados en la provincia de Tucumán, noroeste argentino, en un contexto de conflictos territoriales, incumplimiento de derechos indígenas y reclamos judiciales ocurridos en los últimos doce años. Particularmente se destacan tres eventos: las instancias judiciales (2018-2019) derivadas del asesinato de Javier Chocobar en Chuschagasta, cometido en 2009; las acciones impulsadas ante la falta de sentencia firme del juicio por dicho asesinato, por parte del Poder Judicial de la provincia de Tucumán (2019 en adelante); y la situación de intento de desalojo a un comunero en Pueblo Tolombón (2020-2021). A lo largo del trabajo, se analiza cómo estos dos pueblos, que delimitan territorialmente y comparten lazos de parentesco, han (re)articulado sus vínculos y roles familiares y comunitarios, para posicionarse públicamente, cuestionar y resignificar dichos eventos traumáticos. Los y las chuschagastas y tolombones, a partir de dicho accionar público, dieron cuenta de los lazos familiares de los terratenientes y su connivencia con el poder político-judicial.
Las reflexiones de este trabajo provienen de los resultados de una investigación que comenzó con la tesis doctoral (año 2015) donde analicé los procesos de autorreconocimiento, organización comunitaria, territorialización y posicionamientos de Los Chuschagasta y Pueblo Tolombón en un contexto de conflictos territoriales. Particularmente, en este escrito, para indagar en cómo se entrelazan los roles y relaciones familiares y comunitarios de los y las tolombones y chuschagastas; y cómo, a partir de estos entramados, resignificaron eventos violentos y denunciaron el accionar de terratenientes y del poder político-judicial, me basé en el modo etnográfico con trabajo de campo, entrevistas semiestructuradas y recopilación de pronunciamientos de ambos pueblos en sus redes sociales.
El modo etnográfico lo considero como formas de estar, sentir y pensar con otros (Katzer, 2019). La investigación consiste en acompañar y descifrar los procesos y experiencias vivenciados por los actores para poder comprender la arena pública y sus articulaciones (Gaztañaga, 2013). Desde hace siete años, he realizado dos instancias de viaje anuales al territorio, que me permitieron acompañar procesos de búsqueda de justicia y denuncias por el accionar de terratenientes de los y las comuneros/as, conocer sus propuestas y actividades de reivindicación territorial-identitaria, como también sus prácticas cotidianas y vínculos.
En esta oportunidad, del material trabajado durante estos años, opté por priorizar fragmentos de publicaciones de Facebook de cada pueblo, antes que extractos de entrevistas. Particularmente hacia el año 2018, momento en que se anunció el comienzo del juicio por el asesinato de Javier Chocobar en Chuschagasta, las manifestaciones públicas y pronunciamientos en redes sociales como Facebook se reavivaron. Detrás de cada publicación se generaron diversas instancias de reflexión para elaborar el contenido de los mensajes -reuniones, debates-, que dinamizaron opiniones y reelaboraciones sobre los sucesos ocurridos, los años de lucha y de espera por la resolución de la justicia de la provincia de Tucumán. Asimismo, los fragmentos visibilizan los posicionamientos en primera persona de los y las chuschagastas y tolombones. Resulta importante destacar que desde los aportes de etnografía virtual se sostiene que los escenarios virtuales, antes que un espacio de almacenamiento de datos, son arenas de interacción social donde se desarrollan relaciones cognitivas y afectivas, prácticas, intercambios de información y formas de participación y de encuentro que son objeto de análisis (Ruiz Méndez y Aguirre Aguilar, 2015). Así, en los muros de portales como Facebook se pueden observar diversas interacciones de sus miembros -perfiles, fotos, videos añadidos, información personal, reacciones como “Me Gusta”, notificaciones, entre otros (Dettano y Cena, 2020).
El trabajo se estructura en tres apartados. El primero contiene la revisión bibliográfica sobre esferas público-privadas y conexiones familiares; y acciones de protesta y denuncias en contextos de violencia. En el segundo se presentan a ambos pueblos, su composición y sus principales conflictos territoriales. En tercer lugar, describo los eventos a partir de los cuales analicé cómo se han entramado los vínculos y roles familiares y comunitarios, resignificándolos y cuestionando al poder político-judicial-terrateniente. Finalizo con las discusiones y reflexiones de cierre.
Esferas público-privadas y conexiones familiares en contextos de violencia política
Diversos trabajos etnográficos analizaron que los límites entre la denominada sociedad civil-Estado y entre la esfera íntima y la pública no son estáticos ni taxativamente escindidos, sino porosos y ambiguos (Roseberry, 1994; Balbi y Rosato, 2003; Balbi y Boivín, 2008; Gaztañaga, 2013).1 Dichos ámbitos se caracterizan por su capacidad performativa, es decir, por entrecruzamientos e interrelaciones entre sus actores y entre normas y prácticas, retroalimentándose entre sí. La investigadora Bárbara Galarza (2021), desde una relectura de textos clásicos y modernos, muestra que el oikos y la polis -la satisfacción de las necesidades cotidianas y la vida pública-ciudadana, respectivamente- son ámbitos complementarios antes que separados. Otras investigaciones, como las de María Victoria Pita (2010, 2017) y Diego Zenobi (2014), aportan a la comprensión y cuestionamiento de la separación taxativa entre lo público, lo estatal y lo privado al introducir las categorías de “familia”, “familiares” en sus análisis de casos judicializados por muertes políticas violentas y politización de los reclamos. Esta noción es comprendida como una construcción difusa, producto de procesos de clasificación social situados donde intervienen diversos actores con sus legitimaciones (Zenobi, 2014). Para analizar cómo se entrelazan los vínculos familiares en las esferas estatales y judiciales, Pita y Zenobi destacan la tensión entre usos o categorías nativas y aquellas sociológicas/analíticas. Como categoría nativa, “familiares” permite comprender posiciones diferenciales con valor político que adquieren autoridad y legitimidad en relación con el resto de personas y grupos que participan de las protestas, por ejemplo, respecto de “militantes” y/o “sobrevivientes”. La construcción de dicha legitimidad y autoridad está mediada por lazos y apegos primordiales experimentados como vínculos inefables, vigorosos, con toda una serie de obligaciones, reglas de comportamiento y derechos (Pita, 2010, p. 19). En tanto categoría sociológica, “familiar” es presentada como “una entidad moral, una esfera de acción social, un espacio ético dotado de positividad […] capaz de despertar emociones, sentimientos, reacciones” (Pita, 2010, p. 19).
De esta forma, hasta aquí, se encuentran dos aspectos a destacar y pormenorizar: primero, la categoría familiar y su construcción pública no se encuentra únicamente definida en términos de vínculos de parentesco pensados de forma natural o producto de un dolor natural de la pérdida (Zenobi, 2014). Segundo, el repertorio de lenguajes y vínculos se sustenta en emociones y sentimientos que explicitan el mundo moral en el que se anclan las denuncias de estas muertes y expresa el carácter deseable que adquiere su adhesión a las causas.
Las investigadoras Claudia Briones y Ana Margarita Ramos (2016), y Sian Lazar (2018), también desde enfoques de relacionalidades, profundizaron en el análisis de parentesco y política, especialmente en la formación del ser juntos y de reciprocidades.2 Los lazos parentales no se derivan únicamente de forma genealógica por cuestiones naturales-biologicistas preestablecidas (consanguinidad, por ejemplo), sino por otras variables. Entre estas se encuentran: vínculos sociales, políticos, materiales y afectivos construidos; las experiencias performativas de estar relacionados; los lenguajes utilizados para dar cuenta del sentimiento de estar relacionados, especialmente para colectivos que históricamente han sufrido desplazamientos forzosos y desmembramientos, como es el caso de los pueblos originarios (Briones y Ramos, 2016, p. 24). Las autoras sostienen que el parentesco es un lenguaje posible de relacionalidad y que los procesos de familiarización son procesos históricos y socioculturales.
Ahora bien, las imbricaciones cotidianas entre lazos de parentesco y política también se evidencian al interior de la esfera político-judicial, la cual, lejos de ser un espacio neutral o técnico, es aquella donde se intercambian lógicas de la ley y otras que se basan, fundamentalmente, en las relaciones personales, de (des)confianza, incluyendo intercambios, reciprocidades y valores morales (Martínez, 2005; Sarrabayrouse Oliveira, 2011, 2019). En las investigaciones de María Josefina Martínez (2005) y María Sarrabayrouse Oliveira (2011, 2019), se observan y analizan los diferentes roles y posiciones en el entramado social que poseen el personal judicial y actores involucrados en causas judiciales como crímenes de lesa humanidad. En el caso de agentes judiciales, se destaca la mención de la familia judicial, es decir, los lazos familiares y simbólicos entre quienes integran los fueros judiciales. Se destaca, por un lado, un número pequeño de apellidos repetidos en pasillos de tribunales y de las facultades de Derecho. Por otro, la noción de familia judicial alude a un espíritu corporativista -de pasados aristocráticos- y a la pertenencia a espacios de sociabilidad, grupos de interés y lugares compartidos -barrios, colegios, universidad, clubes, lugares de veraneo, entre otros-. También, se hace referencia al parentesco político, es decir, a los vínculos con otros actores de la política.
Esferas público-privadas, acciones de protesta y denuncias en contextos de violencia
Un segundo aspecto central para trabajar las imbricaciones entre la esfera pública y la privada, entre lo íntimo-familiar y lo estatal, es focalizar en cómo los lazos afectivos generados entre los grupos, personas y familiares permiten intervenir en contextos de violencia política. En otros términos, los actores experimentan lo vivido, articulan memorias y lo representan mediante narrativas -o “versiones de las personas de carne y hueso” (Pita, 2010, p. 48)- que les permite confrontar el poder clausurante estatal, judicial y policial y reclamar justicia.
Interesa resaltar la creatividad y potencialidad de las acciones de protesta y denuncia pública. Las diversas intervenciones se encuentran cargadas de un carácter emocional y afectivo que habilita convertir a la víctima en sagrada. En otras palabras, cuentan con la potencialidad de trascender el arraigo individual y el lugar asignado de “insumos íntimos y privados, próximos a fenómenos psicológicos” (Pita, 2010, p. 83) para ser asuntos colectivos-públicos.3 De este modo, la creatividad se centra en que lo emocional da lugar a la emergencia de un sujeto social que se dirige directamente a otros y que vincula, y hasta redefine, el lenguaje de los derechos para realizar las denuncias (Pita, 2010; Lazar, 2018). Por ello, las emociones devienen proveedoras de poder personal-social, capaz de movilizar, de crear un sentimiento de fuerza antes que de debilidad, de transcender lo puramente físico, lo cual, en el caso de muertes, por medio del proceso de sacralización, les restituye a las personas fallecidas humanidad (Pita, 2010, p. 22). La fuerza de estas acciones y manifestaciones políticas toma principal relevancia si se considera que las estructuras institucionales-estatales interpelan y (des)legitiman a los familiares mediante diversos dispositivos como programas, leyes y resoluciones. Los actos de institución y nominación estatal, las “técnicas de gobierno”, al nombrar crean, al mismo tiempo, la realidad, contribuyen a conducir los comportamientos familiares, y a la producción y representación de la realidad social y a la condición de “familiares” del siniestro (Zenobi, 2014, p. 101).4 Para el caso de pueblos originarios, tal como menciona Briones (2016, p. 56), los dispositivos estatales etnogubernamentales cuentan con lenguajes etnizados y racializados como lo es la figura de la comunidad indígena (Ley Nacional N° 23.302, Res. 4811). Dicho dispositivo presume mecanismos formales de adscripción y desadscripción. Entre estos se encuentra el requisito de que las comunidades deben estar conformadas por un conjunto de familias emparentadas en una determinada unidad doméstica o residencial, donde puedan demostrar una historia y forma actual de vinculación anclada en prácticas de convivencia temporalmente duraderas.
Por último, resulta interesante recuperar la dimensión espacial de los lazos y manifestaciones político-emocionales, es decir, cómo se insertan en trayectorias de espacios geográficos y sociales en contextos de desplazamientos forzosos y violencias políticas. A diferencia de la lógica del derecho formal, que tiende a desterritorializar los conflictos en la medida que los abstrae de la arena en la que están insertos, los familiares, en sus intervenciones, no aparecen desterritorializados, sino por el contrario, insertos en la trama de relaciones sociales que ha dado lugar a su ocurrencia (Pita, 2010, p. 80). Al respecto, resulta elocuente que Claudia Briones y Ana Margarita Ramos (2016, p. 33) indiquen, al indagar en el pensamiento de autores/as como Doreen Massey y Tim Ingold, que los lugares no son simplemente áreas o superficies en un mapa, sino anudamientos de espacios-tiempos múltiples, acontecimientos con matices afectivos; entramados de formas de ser juntos con sus historias juntos (Das, 1995; Massey, 2005). Dichos lugares, a su vez, se encuentran delimitados por movilidades estructuradas, que no solo se recorren, sino que también se construyen en la lucha e irrumpen en la reproducción de la vida de una comunidad.
Los Chuschagasta y Pueblo Tolombón
El pueblo diaguita Los Chuschagasta se encuentra en el valle de Choromoro, departamento de Trancas, provincia de Tucumán. De acuerdo con el relevamiento territorial realizado (Res. 450/2014, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), limita hacia noreste con la Ruta Nacional N° 9, atravesada por el río Vipos; hacia el noroeste, la Ruta Provincial 312 (km 52 a km 12), paralela a los ríos Chuscha y Choromoro. Se encuentra a 73,2 kilómetros de la capital provincial, San Miguel de Tucumán. Hacia el oeste, limita con la Comunidad Indígena de Potrero Rodeo-Grande y con la Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón. Los Chuschagasta, hacia el año 2019, se componía de aproximadamente 160 familias reconocidas y censadas que viven a lo largo de las cuatro bases5: Chuscha y La Higuera, El Chorro y Ñorco. Por su parte, si se continúa por la Ruta Provincial N° 312 por 22 kilómetros, se llega a la comunidad Pueblo Tolombón. Tolombón se compone de aproximadamente 400 familias reconocidas y censadas, quienes residen, algunas, a lo largo de las seis bases territoriales, y otras, en las bases de apoyo (Figura 1).
En función de la extensión de este trabajo, me interesa destacar características de cada comunidad y aspectos que comparten. En el caso de Los Chuschagasta, la base El Chorro presenta la particularidad de tener una cantera de lajas, lugar donde ocurrió el asesinato de Javier Chocobar. Dicha cantera se ubica en el centro del territorio relevado de la comunidad Los Chuschagasta, y es metaforizado como “el corazón de la comunidad”, tanto por su ubicación como también por la dimensión que adquirió a partir de los hechos del 12 de octubre del año 2009. La explotación de la cantera por parte de la familia terrateniente Amín fue lo que generó distintas acciones violentas -amenazas, intentos de desalojo, quemas de casas, entre otras-, las cuales tuvieron su máxima expresión con dicho asesinato.
El asesinato de Javier Chocobar derivó en una causa judicial. El proceso -que aún no cuenta con sentencia firme- se llevó a cabo durante agosto-octubre de 2018, y resultaron imputados Darío Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso. En el contexto de este conflicto territorial, de un entramado histórico que remite a tiempos coloniales (Manzanelli, 2020a), en el año 2019, se llevó a cabo otro juicio para la comunidad: el comunero y referente Ismael Chocobar y la exautoridad tradicional Francisco Balderrama fueron llevados a juicio, acusados como usurpadores por la familia terrateniente Amín en el año 2013.
Pueblo Tolombón, con personería jurídica Nº 053/2001 e inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) y Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral Nº 576, contaba, hacia el año 2019, más de 80 conflictos territoriales y causas judiciales, tanto civiles como penales. Hacia mediados del año 2020, estas disminuyeron, aunque lejos de primar la tranquilidad, nuevos intentos de desalojos azotaron a los y las tolombones. Entre estos, destaco un conflicto judicializado de larga data en la base territorial Gonzalo con una familia comunera, el cual desarrollaré en el siguiente apartado. No obstante, no es el único, ya que desde fines de la década de 1990 y comienzos del 2000, a lo largo de las bases de Tolombón surgieron otros. En Gonzalo, otros comuneros, como don Santos Ríos, fueron demandados por la familia terrateniente Guerinao -familiares de los terratenientes Critto- por el uso de la “mesada” -planicie utilizada como cerco de siembra comunitario compartido por las familias comuneras-. En noviembre del año 2016, tal como los y las tolombones lo expresaron, otra familia comunera, de apellido Cayata, perdió su cerco comunitario en manos de la familia terrateniente Critto; además de ser acusados de quemar el denominado “quincho comunitario”. Otro ejemplo que sobresale es la causa judicial por el conflicto territorial del comunero Donato Nievas contra el terrateniente Javier López de Zavalía. El intento de desalojo al comunero Donato Nieva y su familia en el año 2017 contó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Dicho fallo causó un gran impacto en toda la comunidad, debido a que fue el puntapié que habilitó a que los terratenientes reiteraran sus amenazas, hostigamientos y activaran nuevamente causas, tanto contra el comunero Donato Nievas como contra las familias implicadas en los conflictos territoriales mencionados (Manzanelli, 2020b).
A partir del recorrido y convivencia con ambas comunidades, identifiqué que comparten modos de vida y lazos familiares. Las familias comuneras, tanto en Chuschagasta como en Tolombón, viven de su territorio, y se aprovisionan de lo necesario para el día a día mediante diversas actividades, como las vinculadas a la cría y cuidado de animales. Entre éstas se encuentran: cabras y ovejas -de las cuales también se obtiene leche para realizar los quesos y quesillos-, caballos y chanchos. Otras labores diarias son las de cultivo -con variedades de plantas, entre ellas, frutales- y de siembra donde varios cercos son compartidos entre las familias, y también se encuentra la recolección de leña (Manzanelli, 2021).
Otro aspecto para destacar refiere a los vínculos entre los y las comuneras de cada pueblo. En la mayoría de los casos, ambas comunidades comparten familia; incluso, como lo han reiterado en varias oportunidades, “somos todos familia, familia cercana, si no somos hermanos, somos primos”. Así, por ejemplo, comuneros y comuneras en Tolombón indicaban que tal o cual comunero/a de Chuschagasta ha sido su familiar, y viceversa. A medida que se han casado y han formado familia, se han mudado tanto a las bases de una misma comunidad como entre comunidades. Para ilustrar, tal como mostraré en el caso del intento de desalojo en Pueblo Tolombón, los/as integrantes de la familia afectada pertenecen a ambos pueblos (Los Chuschagasta y Tolombón) tanto por línea paterna como materna.
Conflictos territoriales, causas judiciales y acciones públicas
Como anticipé en la introducción, los tres eventos a desarrollar se encuentran hilvanados, no solo por la violencia y el incumplimiento de derechos indígenas, sino también por el camino transitado para exigir justicia por parte de familiares y comuneros/as, referentes y autoridades comunitarias. Estos son: instancias judiciales que atravesó la comunidad Los Chuschagasta (años 2018 y 2019) en el marco del asesinato de Javier Chocobar y las heridas de gravedad a comuneros-referentes y autoridades en 2009; la falta de sentencia firme en el juicio por el asesinato de Javier Chocobar (desde 2019 en adelante); y otro intento de desalojo a un comunero en Pueblo Tolombón (2021 y 2022). A continuación, desarrollo cada momento, a partir de la identificación y descripción de acciones y pronunciamientos públicos de los y las chuschagastas y tolombones. Allí emergen usos de distintas categorías, “familia”, “comunidad”, con sus vínculos y lazos emocionales.
Instancias judiciales en contextos de conflictos territoriales
Un año después de la finalización del juicio por la muerte de Javier Chocobar, el 09 de agosto de 2019, se llevó a cabo otro juicio para la comunidad: el comunero y referente Ismael Chocobar y la exautoridad tradicional Francisco Balderrama fueron llevados a juicio acusados de usurpadores por parte de la familia terrateniente Amín. A lo largo de los 57 días que duró el proceso, los y las chuschagastas fueron transmitiendo cómo lo vivenciaron en su portal de Facebook. Indico tres fragmentos de la publicación donde anunciaban el inicio del juicio en el marco de una ceremonia a la Pachamama:
CHUSCHAGASTA ES UN TERRITORIO LIBRE […] En este mes tan simbólico, los Chuschagastas nos encontramos nuevamente enfrentando otro intento de despojo territorial por parte del asesino usurpador Dario Luis Amín (condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Javier Chocobar), su madre María Sofia Herrera de Amín y su hermano Santiago Amín. En este caso, los Amín embisten contra uno de nuestros comuneros, Enrique Ismael Chocobar, haciendo uso de la figura de “usurpación”.6
El pronunciamiento continúa con el detalle de las “implicancias físicas, psicológicas y económicas que estas instancias conllevan”, luego de haber pasado tan solo menos de un año del juicio por la muerte de Javier Chocobar:
Ismael es uno de nuestros referentes políticos en la actualidad, lleva adelante diversos roles otorgados por los Chuschagastas. Es acusado de usurpar la casa perteneciente a sus mayores: Amadeo Chocobar y Fortunata Díaz de Chocobar, ambos abuelos paternos de Ismael Chocobar, quienes vivieron desde siempre en el territorio que los Amín y sus socios pretenden apropiarse para lucro personal.
Por último, destaco de esta publicación la referencia al rol del Estado provincial, que por medio de sus dispositivos etnogubernamentales estatales y marco de derecho, ha actuado en connivencia con los terratenientes:
Históricamente el Estado y la Justicia han sido funcionales a las familias oligárquicas “usurpadores-terratenientes”, generando las condiciones para que sigan violentándonos con persecuciones individuales hacia nuestras comuneras y comuneros, tal como se evidencia en el uso de la figura de “usurpación”, modus operandi de los terratenientes en connivencia con la justicia para el despojo territorial. La Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 17 como así también la Constitución de la provincia de Tucumán en su artículo 149 (entre otras leyes a nivel nacional e internacional) nos reconoce a los Pueblos originarios como un sujeto colectivo (no individual) con derechos especiales. Es decir, los Chuschagastas […] poseemos un marco de Derecho Indígena que emana del Derecho Consuetudinario (propio) de cada Pueblo, el cual es de incidencia colectiva, “es decir que afecta a todo el Pueblo en su integridad cultural y territorial. […] El Estado Argentino nos exige “adaptación” a sus modelos occidentales de justicia, que no es otra cosa que el fraccionamiento de nuestro ser colectivo hacia un despiadado individualismo propio del sistema capitalista opresor, ejerciendo así el control y la persecución hacia los pueblos originarios […]
Durante la sexta jornada del juicio, los y las chuschagastas publicaron parte de los testimonios de tres testigos de la comunidad. Uno declaró:
[…] Dijeron que cuando eran chicos iban a caballo al Chorro (una de las bases territoriales de la comunidad) a comprar quesos, pollos en varias casas, una de ellas las de Fortunata Dìaz (abuela del comunero acusado Ismael Chocobar). También dijeron conocer los conflictos de la familia usurpadora [resaltado propio] Amín con nuestra Comunidad relatando què [sic] el terrateniente Jacinto Amín apoderado “Jayì” (padre del asesino Darío Amín) hace cuarenta años aproximadamente quemó la casa de un comunero de la base territorial Ñorco. Por último, dijeron que la casa donde actualmente vive el comunero Ismael Chocobar la construyó su propio abuelo Amadeo Chocobar y que siempre estuvo habitada por la familia Chocobar, que cuando no estaban unos estaban otros de la familia.7
Otro testigo fue “Audolio Chocobar (hijo de Javier Chocobar, primo de Ismael Chocobar y actual Autoridad Comunitaria de Los Chuschagasta)” [énfasis propio], quien señaló:
El asesino Darío Luis Amín junto a su madre Sofía Herrera de Amín y efectivos de la gendarmería se meten a su casa y en la casa de los demás comuneros y luego hacen un asado en el lugar donde el asesino Amín había matado a su padre el 12 de octubre del 2009 […]. También afirmó que a pesar de los reiterados intentos, la familia terrateniente NUNCA ha podido desalojar a ningún integrante de nuestra Comunidad Los Chuschagasta y que nuestros comuneros viven en el mismo lugar DESDE SIEMPRE habitando nuestro territorio de generación en generación.
En estos pronunciamientos se pueden apreciar tres puntos sobre las relaciones y entramados entre lo público y lo íntimo-privado. El primero consiste en los modos en que los roles familiares se entrelazan con los comunitarios; el segundo, cómo fueron definidos y construidos los hechos del conflicto territorial remitiendo al asesinato de Javier Chocobar, y la identificación de los terratenientes como “familia usurpadora”, “oligarca”, entre otras adjetivaciones.
El primer aspecto es que en los fragmentos citados se intercalan las referencias de hijo y Autoridad Comunitaria, tal cual como ocurrió con el tratamiento del propio Javier Chocobar -fue padre y Autoridad Tradicional-. Para entender más esta combinación y los solapamientos entre figuras, resulta importante remitirse a tres años atrás (2015), momento en que los y las chuschagastas crearon el sitio “Territorio de Memoria, Justicia y Resistencia Javier Chocobar” y el Salón Comunitario nombrado “Javier Chocobar”, para homenajear y señalar el territorio donde Javier había sido asesinado.
Durante la jornada del 12 de diciembre del año 2015, de inauguración del sitio “Territorio de Memoria, Justicia y Resistencia Javier Chocobar” y del Salón Comunitario nombrado “Javier Chocobar”, Audolio Chocobar y Andrés Mamaní sostuvieron que el asesinato de Javier Chocobar no se trataba solamente de la muerte de un familiar -un padre, un primo, un tío-, sino de la pérdida de un líder comunitario, de una autoridad quien, tras sistemáticas amenazas, hostigamientos y ataques por parte de los terratenientes Amín, dio la vida por defender el territorio. Sus palabras daban cuenta de que la comunidad comenzó a recordar y a resignificar la figura de Javier Chocobar resaltando su rol colectivo-comunitario en el camino de lucha, resistencia territorial y reivindicación cultural-identitaria (Manzanelli, 2018). De hecho, y tal como lo han detallado en otras oportunidades, “su [la de la comunidad] obligación y responsabilidad [es] hacer una lectura del momento político que estamos viviendo y es fundamental que unifiquemos nuestros pensamientos y acciones en una lucha colectiva”8.
En segundo lugar, el uso de los términos para describir lo sucedido fue central: distintos medios de comunicación, tanto hacia el inicio como durante el transcurso del juicio, realizaron diferentes titulaciones sobre el caso refiriendo a que se había tratado de un ataque entre bandas, de un hecho policial asociado a la inseguridad, de disputas entre particulares, entre otros (Giarraca, 2009). Para los y las chuschagastas, en cambio, fue el asesinato -diré hacia el final, una muerte política- de un familiar y de una autoridad. La razón para señalar que no consistió únicamente en una muerte, sino en un asesinato, y no solo de un padre, una madre o un tío, radica en que los hechos del 12 de octubre del año 2009 se inscriben en una trama de avasallamiento y subalternización histórica. En otras palabras, este evento crítico se encuentra inscripto en una historia de largo plazo de inseguridad jurídica y de persecución sobre las tierras y territorios comunitarios. Asimismo, durante conversaciones y entrevistas con comuneros y comuneras sobre lo vivido durante y al final del juicio del año 2018, señalaron que el terrateniente no había buscado a cualquier comunero/a, sino a quienes eran identificados como “líderes”. Así, el ataque no fue “algo personal”, sino que se trataba de amedrentar a la comunidad en su conjunto.
La construcción de estos eventos y de las relaciones como algo público y que excede a lo meramente íntimo-privado se plasma también en otras situaciones. Por un lado, en diversas publicaciones, testimonios y charlas, los y las chuschagastas han expresado que los hechos del 12 de octubre del año 2009 no solo manifiestan una violencia física, sino también afectiva y emocional colectiva; en sus palabras, “una herida colectiva” (Manzanelli, 2020b). Se reiteran numerosas expresiones de emociones y sentimientos como “dolor y la tristeza de no tener a Javier entre nosotros, y con la bronca e impotencia de saber que su muerte era evitable”9. Por otro lado, durante el juicio por el asesinato de la autoridad tradicional Javier Chocobar, se pidió una restricción perimetral para que los acusados no pudieran acercarse a determinados comuneros/as dado que, hasta ese momento, podían hacerlo libremente.10 El punto para resaltar son las reflexiones de la comunidad respecto de que, en dicha orden de restricción, no se contempló la particularidad de que la comunidad es un territorio amplio, muy distinto a la delimitación de otros espacios, como urbanidades, donde se puede restringir el acceso y contacto tomando como referencia una casa. En sintonía, los y las chuschagastas indicaban que la perimetral no era a una sola familia o persona, sino a la comunidad en su conjunto, ya que en el juicio atestiguó gran parte de ella.
Por último, enfatizo en la referencia “familia terrateniente”, caracterizada como “usurpadora” y “oligarca”, entre otras adjetivaciones. “Los Amín”, en las publicaciones, fueron identificados como “familia”, tanto por los vínculos genealógicos -el “terrateniente Jacinto Amín apoderado ‘Jayì’ (padre del asesino Darío Amín)”; la “madre Sofía Herrera”; su “hijo”, Darío Amín; el “hermano”, Santiago Amín- como por lazos simbólicos sustentados en las conexiones con el poder político-judicial de la provincia de Tucumán. La noción de “familia judicial”, en términos de Sarrabayrouse Oliveira (2019) -y agrego “terrateniente”- se refleja en la frase: “Históricamente el Estado y la Justicia han sido funcionales a las familias oligárquicas ‘usurpadores-terratenientes’, generando las condiciones para que sigan violentándonos con persecuciones individuales hacia nuestras comuneras y comuneros”.
Lo mencionado se sustenta en diversos relatos de los y las chuschagastas y tolombones, donde señalaron que los vínculos entre las principales familias terratenientes tanto de las bases de Chuschagasta como de Tolombón remiten a lazos de parentesco, políticos e incluso económicos.11 Estos lazos de parentesco genealógicos y simbólicos entre las familias terratenientes y el poder político-judicial tucumano fueron lo que les permitió realizar prácticas de explotación como arriendos, pastajes y obligaciones y luego amenazas y hostigamientos a las familias comuneras.
Incumplimiento de la sentencia firme. La lucha continúa
Si bien el 15 de octubre del año 2018 el juicio por la muerte de Javier Chocobar obtuvo fallo favorable para la comunidad, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, luego de 18 meses (año 2020), y ante la apelación de los acusados, no dejó firme la sentencia, motivo por el cual los responsables fueron liberados. Ante esta situación, los y las chuschagastas realizaron distintas actividades para exigir que se cumpliera con la condena. Entre estas se encuentra la organización de una Asamblea Comunitaria Permanente en conjunto con una “Radio Abierta Los Chuschagasta-Comunicación con identidad” en la Plaza Hipólito Yrigoyen, frente al Palacio de Justicia, San Miguel de Tucumán, durante doce días de julio de 2020. En cada testimonio de la radio abierta, se destacan los lazos de familiaridad con la Autoridad Tradicional Javier Chocobar, por ejemplo, una mujer se identificó como “comunera, hija de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar”, y un hombre fue señalado como “Referente Comunitario de lxs Chuschagastas e hijo de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar”.12
Estas acciones no fueron las únicas; otros momentos fueron el pronunciamiento por el undécimo aniversario del 12 de octubre (año 2020), en el cual se retoman, primero, fragmentos de las declaraciones de Audolio Chocobar, presentado también como “referente comunitario de la Comunidad Los Chuschagasta e hijo de Javier Chocobar”. Audolio indicó: “11 años sin un ser querido, 528 semanas sin nuestra Autoridad Tradicional, 4.015 días sin nuestro abuelo, 96.360 horas sin nuestro padre”13. Así, expresó cómo se sentían él y la comunidad de la que forma parte (empleó la primera persona del plural) tras once años de lucha: “(…) nos sentimos amenazados, con miedo, bronca y dolor. Tenemos una herida y un vacío en nuestro corazón. ¡Los asesinos están libres y nosotros sin nuestro padre! Debemos alcanzar la justicia para que el alma de mi padre descanse en paz”. También, señaló: “El Estado provincial es responsable de avalar la impunidad con que se manejan estos delincuentes y asesinos. Asimismo, entendemos que una justicia lenta no es justicia”.
Luego de sus palabras, la publicación continúa con un comunicado de la comunidad, donde identifica su inscripción estatal: “Desde nuestra Comunidad Indígena Los Chuschagasta perteneciente al Pueblo Nación Diaguita - N° de inscripción en el Re.Na.Ci 03/2002, Personería Jurídica N° 4811”. Enfatizan en el sendero de amenazas sufridas, luego del “despiadado atropello” y en la “lentitud” de la justicia tucumana, motivo por el cual obtuvieron la libertad los asesinos:
Nuevamente exigimos a la Corte Suprema de la provincia de Tucumán […]. Nuestra lucha y resistencia lleva más de quinientos años estamos convencidos que no ha sido en vano. Las y los Chuschagastas tomamos el legado que nos dejaron nuestros ancestros con más fuerza que nunca para continuar preservando la vida y el territorio ancestral Diaguita.
La publicación finaliza con un sostenido reclamo: “la titularización de nuestros territorios […] para dar por finalizado los conflictos territoriales y los asesinatos, por el solo hecho de ser originarios”; a la par que destaca: “Por nuestra parte, continuamos aquí donde vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros y aquí estaremos para siempre” (Facebook Los Chuschagasta Justicia para Javier Chocobar, 12 de octubre, 2020).
Otras de las acciones organizadas en el marco del reclamo por la falta de sentencia fueron entrevistas radiales que ofrecieron miembros de Los Chuschagastas, donde, por ejemplo, Audolio Chocobar expresó: “«la Justicia debe escuchar el reclamo de la familia. Nos preocupa que los asesinos hayan quedado libres»”14.
En estas publicaciones se destacan los posicionamientos diferenciales y legitimados entre familiares y comuneros/as en la arena pública en función de quienes fueron los damnificados durante el juicio del año 2018, cuya sentencia no quedó firme. Se destacan categorías como “hijo”, “primo” y no roles comunitarios. La alusión a categorías familiares se encuentra vinculada a la representación legal de los damnificados durante el juicio: la persona fallecida por su familia directa, y los heridos -Andrés Mamaní, Delfín Cata y Emilio Mamaní- que se encuentran vivos por los daños civiles y morales. En otros términos, se presentan las conexiones parentales de los y las comuneras involucrados/as en función de quienes son los autorizados e involucrados directamente en la causa judicial.
Otro aspecto que se puede resaltar de las publicaciones, en sintonía con lo indicado en el apartado anterior, es sobre las obligaciones incumplidas que el estado argentino y provincial ha tenido hacia los pueblos originarios en la frase: “El Estado provincial es responsable de avalar la impunidad con que se manejan estos delincuentes y asesinos. Asimismo, entendemos que una justicia lenta no es justicia”.
“Somos una gran familia”: entre desalojos y asambleas comunitarias permanentes
El último evento de conflictos territoriales, hostigamientos y amenazas fue el intento de desalojo de un comunero en Pueblo Tolombón. En septiembre de 2021, la familia Ríos, específicamente el comunero Máximo Román Ríos (88 años), nacido y criado en la base territorial de Gonzalo, Pueblo Tolombón, sufrió -tras siete años de hostigamientos- un nuevo intento de desalojo territorial por parte de la familia terrateniente Critto. En dicho acto, gran parte de su casa fue destruida ante el avance de maquinarias, se le cortó el acceso al agua y al camino común para el ingreso a su casa al colocarse un candado en la tranquera, y se electrificó parte del cerco que rodea a la vivienda, con lo cual corrieron riesgo tanto Román como otros comuneros y comuneras, entre ellos niños y niñas. Luego, el 28 de abril de 2022, el comunero recibió una nueva intimación de desalojado.
Frente a este último intento de desalojo se realizaron acciones como la asamblea comunitaria permanente, la cual tiene la particularidad de haber congregado a comuneros/as de ambos pueblos, Los Chuschagasta y Pueblo Tolombón, que, como mencioné, comparten familia. En las acciones de visibilidad, familiares y comuneros/as detallaron cómo fue cada jornada para la “Reconstrucción Diaguita Colectiva en el Territorio Diaguita”. En una de ellas reprodujeron las palabras de la delegada de la base territorial de Gonzalo de la Comunidad Pueblo de Tolombón:
El avasallamiento perpetrado contra el comunero Máximo Román Ríos, de 87 años de edad es una constante por parte de los usurpadores que se arrogan el título de “dueños” de los territorios ancestrales de los pueblos originarios. Dichos personajes que se ocultan detrás de matones y sicarios pagos, qué compran a jueces, juezas, policías y peones [resaltado propio] que por dos monedas se convierten en potenciales delincuentes, qué con total impunidad portan armas blancas y armas de fuego […].15
Asimismo, indicaron:
la casa de abode [sic] de la familia Ríos que en su momento llegó a albergar a más de treinta nietxs de Andrés Ríos y Eusebia Méndez luego de la embestida brutal hoy solo quedan los cimientos […]. Por su parte, pudimos recoger el pensamiento colectivo de la Asamblea Comunitaria Permanente qué nos expresaron “continuaremos resguardando nuestro territorio ancestral de manera pacífica como nos enseñaron nuestros mayores.
Paralelamente a estos pronunciamientos, se realizó una nueva manifestación, en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, para reclamar por un nuevo aniversario del 12 de octubre (año 2021). Allí, también se pidió por el desalojo en Pueblo Tolombón, enfatizando:
Nosotros como Diaguitas y como familia de Javier Chocobar no queremos que este tipo de atropellos sigan ocurriendo a ningún pueblo originario. […]. Nosotros siempre hemos existido en nuestros territorios, a mi padre lo mataron él tenía 78 años y el durante toda su vida vivió en nuestro territorio ancestral, nació y vivió en la misma casa donde nacieron y vivieron sus abuelos.16
Se puede apreciar que la asamblea es un espacio territorializado y de anudamientos familiares. Son familia dado que, por un lado, comparten madres y padres, abuelos, abuelas, entre otros parientes. Por otro, y principalmente, son familia por los lazos y memorias, los cuales dan cuenta de la transmisión de conocimientos y saberes que remiten a un pasado compartido, a “nuestros mayores”, a un “nosotros como diaguitas”, como también a una ancestralidad que es territorializada y explicitada a partir de estos eventos disruptivos. Asimismo, nuevamente a las relaciones entre terratenientes y miembros del Poder Judicial de la provincia de Tucumán: “se alude a dichos personajes que se ocultan detrás de matones y sicarios pagos, qué compran a jueces, juezas, policías y peones”.
A modo de cierre
A lo largo del trabajo se abordó “lo” público como arena simbólica y material donde diversas categorías nativas y analíticas como familia, comunidad y Estado se solapan y desafían las dicotomías con el ámbito privado. El análisis de tres eventos -las instancias judiciales que atravesó el pueblo diaguita Los Chuschagasta, la falta de sentencia firme y el intento de desalojo de Pueblo Tolombón- fue abordado evitando una lectura homogeneizadora o esencialista tanto de las esferas públicas como de los lazos familiares. Por el contrario, retomé miradas que sostienen que los procesos de familiarización y sus lenguajes conforman entornos para comprender el accionar de las personas y colectivos, de forma situada. Asimismo, el concepto de “familia” es polisémico y una construcción social. Lo dicho me lleva a destacar los siguientes aspectos:
En primer lugar, destaco las imbricaciones entre los roles familiares y comunitarios: se redefinió y resignificó que Javier Chocobar, junto con Andrés Mamaní, Emilio Mamaní y Delfín Cata no solo eran familiares, sino también autoridades y referentes comunitarios que defendieron el territorio. En otros términos, no eran únicamente víctimas particulares, sino colectivas. Dichas imbricaciones les han permitido a los y las chuschagastas contrarrestar la versión de que el 12 de octubre del año 2009 tuvo lugar un hecho policial aislado, y reposicionarlo como un conflicto territorial enmarcado históricamente, incluso remitiendo al genocidio hacia los pueblos originarios. Para sustentar dicha redefinición, apelaron a explicitar sus razones: el incumplimiento estatal del reconocimiento a la posesión y a la propiedad comunitaria del territorio, relevado en función de la Ley Nacional 26.160, y al lenguaje y acciones cargadas de emociones, las cuales, lejos de referir a valores e intereses personales, aluden a compromisos comunitarios y públicos.
En segundo lugar, los lazos entre la familia y la comunidad conformaron entornos particulares de sociabilidad y relacionalidad. Los vínculos y lenguajes familiares se entretejieron con los comunitarios, tal como se vio reflejado en distintas tareas y prácticas cotidianas mencionadas por testigos en el juicio de 2019, como el aprovisionamiento de pollos y quesos. Dichas referencias son leídas a la luz de lo que tanto Galarza (2020) como Lazar (2018) indican: las tareas diarias para satisfacer necesidades -el Oikos- hacen a la comunidad política y al cultivo de un ser juntos. Por otro lado, dichos vínculos y prácticas tienen anclajes en la circulación y el compartir memorias, tal como lo remarcaron los y las chuschagastas y tolombones en las presentaciones. En los vínculos se ponen en juego conocimientos y tareas basadas en la transmisión y en el resguardo de un territorio que es calificado como ancestral.
En tercer lugar, resulta importante recuperar la forma en que estos lazos familiares hacen a la comunidad política-emotiva entre ambas comunidades -chuschagastas y tolombones se autoidentificaron como una “gran familia”-. La familia como lenguaje basado en emociones funciona como espacio ético-político dotado de potencialidad creativa, con obligaciones y compromisos que afectan de forma interpersonal. Por lo tanto, lo dicho habilita tres matices: la obligatoriedad deseable y el compromiso no solo responden a un vínculo natural-biológico, sino a la construcción de un ser y andar juntos. De esta forma, se puede entender cómo la obligatoriedad deseable traspasa a la comunidad política, aun cuando los y las chuschagastas y tolombones distinguen entre quiénes son hijos/hijas -con posicionamientos y narrativas desde ese lugar- respecto del resto de la comunidad (que también, en su mayoría, mantienen algún lazo de parentesco). Dicho desborde de la obligatoriedad deseable y del compromiso público también responde a que el asesinato de la Autoridad Tradicional Javier Chocobar se constituyera como una muerte política; al igual que las acusaciones e intentos de desalojo como el de Román Ríos, parte de un entramado de violencia político-estatal.
En cuarto lugar, y en sintonía, los lazos entre los y las chuschagastas y tolombones en tanto familia y comunidad político-emocional también han habilitado a denunciar y cuestionar los modus operandi de esta otra familia estatal-terrateniente y sus conexiones con el poder político-judicial. De esta forma, los terratenientes fueron identificados como una familia “usurpadora” y “oligarca” por los lazos genealógicos como performativos por su connivencia con el poder judicial y político, donde median diversos intereses, tal como lo refleja la frase “compran jueces”.
Por último, dichas intervenciones, lazos y lenguajes se encuentran territorializados, entendiendo a los lugares no como puntos geográficos, sino como anudamientos de espacios-tiempos múltiples donde se entraman formas de ser juntos e historias en curso. Estos lugares político-afectivos toman cuerpo en la asamblea comunitaria permanente, en los trabajos comunitarios de “Reconstrucción Diaguita Colectiva en el Territorio Diaguita” y en el anuncio de en un “Territorio libre diaguita” que se ramifica y enlaza con las conexiones con la comunidad vecina, Pueblo Tolombón. Estos lazos territorializados son los que exhiben potencialidades creativas y constituyen un soporte público para denunciar violencias y muertes políticas como el desconocimiento en tanto sujetos políticos-colectivos.
Quedará para futuros trabajos, indagar en los modos -aquí identificados, pero no desarrollados- en que el estado interpela y gestiona a los pueblos originarios mediante dispositivos etnogubernamentales como es la figura de la comunidad indígena. Por ejemplo, el dispositivo comunidad indígena implica probar lazos familiares; no obstante, como lo reflejaron los y las chuschagastas y tolombones, desde las mismas estructurales estatales, en este caso provinciales, en connivencia con el accionar de familias terratenientes, se busca desmembrar a las familias e interpelarlas de forma individual.
