Tú no puedes afectar la libertad de mi mente

(Thou canst not touch the freedom of my mind)

John Milton

Introducción

La cita del epígrafe es de la obra Comus, escrita por John Milton en 1634. La pieza, una exhortación a la virtud, sigue la historia de una joven noble que fue secuestrada por un hechicero llamado Comus. Luego de atarla a una silla encantada, trata de seducirla con argumentos sobre el encanto del placer corporal. A pesar de todos sus asaltos retóricos, la mujer rechaza repetidamente sus avances y afirma que, sin importar lo que él haga o diga, ella continuará afirmando su libertad de pensamiento, que está más allá del poder físico de su secuestrador. Al final, la joven es rescatada por sus hermanos, que ahuyentan a Comus.

La frase citada transmite la idea de que la mente es una especie de último refugio de la libertad personal y la autodeterminación. Mientras que el cuerpo puede ser fácilmente sujeto a la dominación y al control de los demás, nuestra mente, junto con nuestros pensamientos, creencias y convicciones, están en gran medida más allá de los ataques externos. Sin embargo, con los avances en ingeniería neuronal, neuroimágenes y neurotecnología, la mente podría ya no ser una fortaleza tan inexpugnable. Como explicaremos en este artículo, las nuevas neurotecnologías tienen el potencial de permitir el acceso a al menos algunos componentes de la información mental. Si bien estos avances pueden ser muy beneficiosos para los individuos y la sociedad, también pueden ser mal utilizados y crear amenazas sin precedentes a la libertad mental y a la capacidad de los individuos de gobernar libremente su comportamiento.

En el contexto de la investigación médica, las neuroimágenes se utilizan ampliamente para comprender el funcionamiento del cerebro humano y detectar los correlatos neuronales de los estados mentales y el comportamiento. Las aplicaciones clínicas de las imágenes cerebrales, así como de otras neurotecnologías, están contribuyendo significativamente al bienestar de pacientes que sufren trastornos neurológicos, ofreciendo nuevas herramientas preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Fuera del ámbito clínico, nuevas aplicaciones comerciales están generando nuevas posibilidades de auto-cuantificación, mejora cognitiva, comunicación personalizada y entretenimiento. Además, varias aplicaciones de la neurotecnología están captando interés en el ámbito jurídico, especialmente en el derecho de responsabilidad civil, el derecho penal y la ejecución de la ley.

Por otra parte, el mal uso o implementación inadecuada de estas tecnologías implican el riesgo de crear formas sin precedentes de intrusión en la esfera privada de las personas, potencialmente causando un daño físico o psicológico, o permitiendo una influencia indebida en el comportamiento de las personas.

Este artículo argumenta que las posibilidades abiertas por los desarrollos neurotecnológicos y su aplicación a diversos aspectos de la vida humana obligarán a reconceptualizar ciertos derechos humanos, o incluso a crear nuevos derechos para proteger a la gente de daños potenciales.

En 2013, el presidente Obama de los EE.UU. llamó la atención sobre el impacto potencial de la neurociencia sobre los derechos humanos, destacando la necesidad de abordar cuestiones como aquellas

(...) relacionadas con la privacidad, la capacidad de acción y la responsabilidad moral respecto de nuestras acciones; preguntas sobre la estigmatización y la discriminación basadas en medidas neurológicas de inteligencia u otros rasgos; y preguntas sobre el uso apropiado de la neurociencia en el sistema de justicia penal (Comisión Presidencial para el Estudio de Cuestiones Bioéticas, ²⁰¹⁴).

Este artículo comienza explorando las posibilidades y desafíos actuales de la neurotecnología y considera qué tendencias neurotecnológicas impulsarán esta reconceptualización ética y legal. Después de analizar cuidadosamente la relación entre la neurociencia y los derechos humanos, se identifican cuatro nuevos derechos que pueden llegar a ser relevantes en las próximas décadas: el derecho a la libertad cognitiva, el derecho a la privacidad mental, el derecho a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica.

La revolución neurotecnológica

Durante mucho tiempo, los límites del cráneo han sido considerados generalmente como la línea de separación entre la dimensión observable y la inobservable de los seres humanos vivos. De hecho, aunque formas primitivas de neurocirugía utilizadas en las sociedades antiguas, incluidos los procedimientos pseudocientíficos como la trepanación, podían permitir la observación e incluso la manipulación (por ejemplo, la eliminación selectiva) del tejido cerebral, los procesos neuronales y mentales que se desarrollan en el cerebro y subyacen a las emociones, el razonamiento y el comportamiento permanecieron por mucho tiempo inobservables. En contraste, los avances modernos en la neurociencia y la neurotecnología han permitido el desbloqueo progresivo del cerebro humano y proporcionaron información sobre los procesos cerebrales, así como sobre su relación con los estados mentales y el comportamiento observable. En 1878, Richard Canton descubrió la transmisión de señales eléctricas a través del cerebro de un animal. Cuarenta y seis años después, se registró la primera electroencefalografía (EEG) humana. Desde entonces, la revolución neurotecnológica ha tenido lugar dentro y fuera de la clínica. En los años 1990, a veces llamada “la década del cerebro”, el uso de técnicas de imágenes para estudios neuroconductuales aumentó drásticamente (Illes, ²⁰⁰³). Hoy en día, mientras un amplio espectro de tecnologías de neuroimágenes se ha vuelto clínica y comercialmente disponible, el registro y la visualización no invasivas de patrones de actividad cerebral (a menudo asociados con la realización de tareas físicas o cognitivas) se ha convertido en una práctica estándar. Por ejemplo, los registros de EEG se están utilizando ampliamente para medir de forma no invasiva la actividad eléctrica del cerebro y detectar fluctuaciones de voltaje. Además, los derivados de la técnica de EEG, como los potenciales evocados (EP, por las siglas en inglés ¹ ) y los potenciales relacionados con evento (ERP), permiten promediar las respuestas del EEG a la presentación y procesamiento de los estímulos, y así registrar las señales del cerebro durante el desempeño de tareas sensoriales, cognitivas o motoras específicas. Otra técnica, la resonancia magnética funcional (fMRI), permite medir la actividad eléctrica del cerebro de forma indirecta, esto es, utilizando las respuestas hemodinámicas (el flujo sanguíneo cerebral) como marcadores indirectos. Las técnicas actuales de fMRI pueden localizar la actividad cerebral, representar gráficamente los patrones de activación neuronal, y determinan su intensidad codificando por medio de colores la fuerza de la activación. Estas se implementan para una variedad de propósitos que incluyen la evaluación de riesgos antes de una cirugía, el mapeo funcional de áreas del cerebro para detectar anomalías (por ejemplo, asimetría hemisférica en las regiones del lenguaje y la memoria), el monitoreo de la recuperación después de un accidente cerebrovascular o de una cirugía, así como los efectos de terapias farmacológicas y de comportamiento. Además, un número de condiciones neurológicas como la depresión y la enfermedad de Alzheimer ahora pueden ser diagnosticadas por medio del uso de fMRI (Koch et al., ²⁰¹²).

Se ha probado que la capacidad de las técnicas de neuroimágenes de mapear las funciones del cerebro es también eficaz en la obtención de información sobre las intenciones, puntos de vista y actitudes de las personas. Por ejemplo, se pudo inferir qué acciones tenían la intención de realizar los participantes de un experimento a partir de la decodificación de su actividad cerebral. La tarea en cuestión consistía en decidir si sumar o restar dos números y mantener encubierta su intención por unos pocos segundos. Durante ese lapso de tiempo, los científicos pudieron determinar con un 70% de precisión cuál de las dos tareas los sujetos intentaban realizar encubiertamente (Haynes et al., ²⁰⁰⁷). En otro estudio, los participantes recorrieron primero varias casas en un espacio de realidad virtual, y luego sus cerebros fueron escaneados mientras recorrían otro conjunto de casas. Al identificar ciertos patrones de actividad cerebral para cada casa, los científicos pudieron determinar cuáles eran las casas en las que los sujetos habían estado antes (Smith, ²⁰¹³). Los escáneres cerebrales no sólo permiten “leer” las intenciones y recuerdos concretos relacionados con un experimento, sino que parecen incluso ser capaces de decodificar preferencias más generales. Un estudio estadounidense ha demostrado que la resonancia magnética puede utilizarse para deducir las opiniones políticas de los usuarios identificando diferencias funcionales entre los cerebros de demócratas y republicanos (Schreiber et al., ²⁰¹³). De manera similar, la frecuente preferencia de los hombres por coches deportivos se ha correlacionado con diferencias funcionales específicas entre los cerebros de hombres y mujeres (Baron-Cohen ²⁰⁰⁴).

La posibilidad de identificar de forma no invasiva los correlatos mentales de diferencias cerebrales funcionales es de particular interés para el marketing. Hace más de una década, McClure y otros (²⁰⁰⁴) utilizaron fMRI para mostrar diferencias funcionales (mayor activación en la corteza prefrontal dorsolateral, el hipocampo y el mesencéfalo) entre el cerebro de personas bebiendo Coca Cola a sabiendas y el cerebro de las mismas personas bebiendo Coca Cola sin etiquetar. Sus resultados mostraron que las diferentes estrategias de marketing (por ejemplo, la etiqueta de Coca Cola) pueden determinar diferentes respuestas en el cerebro de los consumidores (McClure et al., ²⁰⁰⁴). Estos resultados fueron pioneros en el establecimiento de una rama de la neurociencia en la intersección con la investigación en marketing llamada ‘neuromarketing’, que se ha expandido rápidamente durante la década pasada. Hoy en día, varias empresas multinacionales como Google, Disney, CBS, y Frito-Lay utilizan los servicios de investigación en neuromarketing para medir las preferencias e impresiones de los consumidores respecto de sus anuncios o productos. Además, un número de compañías especializadas en neuromarketing incluyendo EmSense, Neurosence, MindLab International y Nielsen, aplican rutinariamente técnicas de neuroimágenes, principalmente fMRI y EEG, pero también topografía de estado estable (SST en inglés) y mediciones fisiológicas (por ejemplo, la respuesta galvánica de la piel) para estudiar, analizar y predecir el comportamiento del consumidor. La posibilidad de una extracción de datos de la mente (o al menos de aspectos estructurales de la mente ricos en información) puede ser potencialmente utilizada no solo para inferir las preferencias mentales, sino también para incitar, implantar o activar esas preferencias. Por ejemplo, Neurofocus, una empresa multinacional americana de neuromarketing recientemente adquirida por Nielsen, probó técnicas subliminales con el fin de producir respuestas (por ejemplo, preferir un ítem A en lugar de uno B) que las personas no pueden registrar conscientemente (Penenberg, ²⁰¹¹). Estas técnicas presuponen insertar estímulos de menos de 30 milisegundos, bajo el umbral de la percepción consciente. En vista de estos desarrollos, se ha subrayado la necesidad de establecer normas éticas y jurídicas para las prácticas de neuromarketing (Ulman, Cakar y Yildiz, ²⁰¹⁵).

Las técnicas de imágenes cerebrales se desarrollaron originalmente, y todavía se aplican en su mayoría, en el contexto de la medicina clínica y la investigación neurocientífica. Sin embargo, en los últimos años, una serie de aplicaciones neurotecnológicas se han abierto camino en el mercado y están ahora integradas a un conjunto de dispositivos de consumo para usuarios sanos con diversos con fines no clínicos. El término genérico que se suele utilizar para englobar a todas estas neurotecnologías no invasivas, escalables y potencialmente ubicuas es “neurotecnología omnipresente” (pervasive neurotechnology, Fernández et al., ²⁰¹⁵), una noción derivada de la más extendida de “computación omnipresente”. Hoy en día, las aplicaciones dominantes de la neurotecnología incluyen interfaces cerebro-computadora (BCIs) para el control de dispositivos o la neuromonitorización en tiempo real, sistemas de operación de vehículos a partir de neurosensores, herramientas de entrenamiento cognitivo, sistemas de estimulación magnética o eléctrica del cerebro, dispositivos portátiles para el bienestar mental y sistemas de realidad virtual.

La mayoría de estas aplicaciones usan registros de EEG que monitorean la actividad eléctrica en el cerebro para una variedad de propósitos, incluyendo la neuromonitorización (evaluación en tiempo real del funcionamiento del cerebro), el entrenamiento neurocognitivo (usando ciertas bandas de frecuencia para mejorar las funciones neurocognitivas) y el control de dispositivos. Los BCIs basados en EEG se están usando cada vez más como accesorios portátiles para un número de actividades diarias incluyendo juegos, entretenimiento y el control remoto de teléfonos inteligentes. Por ejemplo, las empresas Emotiv y Neurosky ofrecen un gran surtido de cascos inalámbricos para uso diario que se pueden conectar a teléfonos inteligentes compatibles y computadoras personales (Ienca & Haselager, ²⁰¹⁶). El control cerebral puede ser usado para controlar a distancia varios tipos de dispositivos y realizar varias actividades, incluidos juegos y otras formas de entretenimiento, marketing, automonitoreo y comunicación.

La posibilidad de un control cerebral no invasivo ha captado la atención de la industria de la comunicación móvil. Varias compañías líderes, incluyendo Apple y Samsung, han incorporado dispositivos neuronales (neurogadgets) entre los accesorios de sus productos principales. Por ejemplo, accesorios de iPhone como el casco XWave ya pueden conectarse directamente a iPhones compatibles y leer las ondas cerebrales. Mientras tanto, el control por medio de actividad cerebral a través de BCIs basados en EEG ya se ha probado en los prototipos de próxima generación de tablets de Samsung Galaxy y otros dispositivos móviles o portátiles (Powell et al., ²⁰¹³). A la luz de estas tendencias, Yuan y colegas predijeron que los dispositivos neurológicos reemplazarán gradualmente el teclado, la pantalla táctil y el ratón como la forma preferida de los humanos para interactuar con las computadoras (Yuan et al., ²⁰¹⁰).

No solo los dispositivos de neuroimágenes y las BCIs entran en la categoría de la neurotecnología omnipresente. Varios estimuladores eléctricos del cerebro también encajan en esta categoría. A diferencia de las neuroimágenes, los neuroestimuladores no se utilizan principalmente para registrar o decodificar el cerebro sino para estimular o modular eléctricamente la actividad cerebral. Dispositivos portátiles y fáciles de usar de estimulación transcraneal de corriente directa (tDCS) son la forma más extendida de neuroestimulador de consumidor. Se utilizan en una serie de aplicaciones de bajo costo dirigidas al consumidor, destinadas a optimizar el rendimiento del cerebro en una variedad de tareas cognitivas, dependiendo de la región del cerebro que se esté estimulando. ² Recientemente, la estimulación magnética transcraneal (TMS), un método magnético utilizado para estimular brevemente pequeñas regiones del cerebro para fines tanto diagnósticos como terapéuticos, también ha sido implementada en dispositivos portátiles, lo que resultó eficaz para el tratamiento de la migraña (Lefaucheur et al., ²⁰¹⁴). Finalmente, una técnica quirúrgica invasiva llamada estimulación cerebral profunda (DBS) que implica la implantación de un neuroestimulador en el núcleo ventral intermedio del tálamo, ha obtenido la aprobación de la FDA y ahora se utiliza cada vez más como tratamiento para el temblor esencial, la enfermedad de Parkinson, la distonía y el trastorno obsesivo-compulsivo.

En resumen, si en las últimas décadas la neurotecnología ha desbloqueado el cerebro humano y lo ha hecho legible bajo lentes científicos, las próximas verán a la neurotecnología convertirse en omnipresente, inmersa en numerosos aspectos de nuestras vidas y cada vez más eficaz en modular los correlatos neuronales de nuestros procesos mentales y comportamiento. Mientras que alentamos el progreso continuo en el desarrollo de la neurotecnología, en este trabajo argumentamos que las implicaciones éticas y legales de la revolución neurotecnológica deben ser consideradas tempranamente y de una manera proactiva. Más específicamente, sostenemos que el sistema legal tiene que estar adecuadamente preparado para hacer frente a los nuevos desafíos que podrían surgir de la neurotecnología emergente, en particular en el contexto de los derechos humanos. A medida que la neurotecnología avanza, es crucial evaluar si el marco actual de derechos humanos está conceptual y normativamente bien equipado para enfrentar los nuevos desafíos que surgen del entrelazamiento cerebro-computadora-sociedad, para dar simultáneamente orientación a los investigadores y a los desarrolladores de tecnología, al mismo tiempo que proteger a individuos y grupos.

La tecnología del cerebro y el derecho

La neurociencia y el derecho se cruzan en muchos niveles y en varias cuestiones diferentes. Esto no es sorprendente. Mientras que la neurociencia estudia los procesos cerebrales que subyacen al comportamiento humano, los sistemas legales se ocupan por antonomasia de la regulación del comportamiento humano. Por lo tanto, es razonable afirmar que ambas disciplinas están destinadas a ser “aliadas naturales” (Goodenough & Tucker, ²⁰¹⁰). La idea subyacente al nuevo campo llamado “neuroderecho” (neurolaw) es precisamente que un mejor conocimiento del cerebro llevará a un mejor diseño de las leyes y a procedimientos legales más justos. Los ejemplos de aplicaciones de la neurotecnología potencialmente pertinentes desde el punto de vista jurídico son numerosos. Las técnicas de imágenes cerebrales, por ejemplo, podrían contribuir a decisiones en el marco de procedimientos penales que estén basadas en evidencia, tanto en la investigación y la evaluación de la responsabilidad penal, como en el castigo, la rehabilitación de los delincuentes y la evaluación de su riesgo de reincidencia. Las herramientas que ofrece la neurociencia podrían desempeñar también un papel en los procedimientos de derecho civil, por ejemplo, en la evaluación de la capacidad de un individuo para celebrar un contrato, o de la severidad del dolor en las demandas de indemnización de daños. Nuevas y más fiables tecnologías de detección de mentiras basadas en el conocimiento del funcionamiento del cerebro podrían ayudar a evaluar la fiabilidad de testigos. La supresión de memorias de criminales violentos reincidentes y de las víctimas de delitos especialmente traumáticos (por ejemplo, el abuso sexual), son otra posibilidad que abre nuestro nuevo conocimiento del cerebro (Goodenough & Tucker, ²⁰¹⁰).

Aharoni y otros (²⁰¹³) han señalado un posible uso de la neurotecnología en el campo legal que podría tener un gran impacto. En su estudio, los investigadores siguieron a un grupo de 96 prisioneros varones luego de su liberación. Usando fMRI, los cerebros de los prisioneros fueron escaneados durante la realización de tareas computacionales en las que tenían que tomar decisiones rápidas e inhibir reacciones impulsivas. Los investigadores siguieron luego a los ex-convictos durante 4 años para ver cómo se comportaban. Los resultados del estudio indican que aquellos individuos que muestran una baja actividad en una región del cerebro asociada con la toma de decisiones y la acción, la corteza cingulada anterior, tienen una mayor probabilidad de volver a cometer delitos dentro de los cuatro años siguientes a su liberación (Aharoni et al., ²⁰¹³). Según el estudio, el riesgo de reincidencia es más del doble en los individuos que muestran una baja actividad en esa región del cerebro que en los individuos con alta actividad en esa región. Sus resultados sugieren un “potencial biomarcador neurocognitivo para el comportamiento antisocial persistente”. En otras palabras, los escáneres cerebrales pueden ayudar teóricamente a determinar si ciertos convictos tienen un mayor riesgo de reincidencia tras ser liberados.

Esta posibilidad evoca la historia de ciencia ficción de Philip Dick de ¹⁹⁵⁶ “The Minority Report”, que fue adaptada a una película de 2002. La trama trata de una unidad especial de la policía (“División Precrimen”) que es capaz de identificar y detener a asesinos antes de que cometan sus crímenes. El sistema parecía funcionar perfectamente hasta que un oficial de esa misma unidad es acusado, por error, de un futuro crimen (Dick, ²⁰⁰²). Este escenario distópico, que podría resultar de los nuevos conocimientos sobre el cerebro, plantea importantes cuestiones éticas y de derechos humanos ¿Cuán seguro es que los escáneres cerebrales solo permitirán identificar a los delincuentes de alto riesgo? ¿Pueden los datos generados por la neurotecnología, que tienen una naturaleza probabilística, aplicarse directamente para predecir el comportamiento criminal de un individuo en particular? ¿Pueden estas conclusiones preliminares, que se basaron en una cohorte muy específica, ser generalizadas a otros grupos? En cualquier caso, está claro que se necesitan muchos más estudios para asegurar la fiabilidad de la técnica antes de autorizar su uso por los tribunales, ciertamente no como sustituto de los métodos actuales de evaluación de la peligrosidad, pero tal vez como una herramienta adicional y complementaria.

Otras tecnologías cerebrales que pueden ser relevantes para el sistema legal son los detectores de mentiras, los decodificadores mentales y las huellas cerebrales. Los detectores de mentiras son dispositivos capaces de registrar y medir las respuestas cerebrales asociadas a la recuperación de los recuerdos, con el propósito de determinar los valores de verdad de las declaraciones relativas a esos recuerdos. Los detectores de mentiras tradicionales, como el polígrafo, miden algunos marcadores corporales como la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y las reacciones musculares. A pesar de su baja fiabilidad, son utilizados regularmente por algunas agencias gubernamentales para investigar a sus empleados. Sin embargo, muy raramente son aceptados como prueba en los tribunales de EE.UU. Las nuevas generaciones de detectores de mentiras, que están basados en EEG y fMRI, se consideran mucho más fiables que el polígrafo, ya que detectan la mentira en su origen: el cerebro. En los Estados Unidos, al menos dos compañías –No Lie MRI y Cephos Corp– están actualmente ofreciendo servicios de detección de mentiras por medio de fMRI (Greely, ²⁰⁰⁹). Un estudio publicado en 2005 por un grupo de investigación vinculado a Cephos, afirmó que la detección de mentiras basada en fMRI tiene una fiabilidad de alrededor del 90%. El estudio predijo que el procedimiento se mejorará aún más y estará listo para ser utilizado en los tribunales en un futuro no muy lejano (Kozel et al., ²⁰⁰⁵). Estudios más recientes han confirmado la mayor fiabilidad de detectores de mentiras basados fMRI en comparación con la poligrafía (Langleben et al., ²⁰¹⁶). Por su parte, los decodificadores mentales son capaces de decodificar estados mentales y transformarlos en outputs observables como texto, señales verbales o imágenes gráficas. Por ejemplo, Herff y otros (²⁰¹⁵) y Mirkovic y otros (²⁰¹⁵) han demostrado, en forma separada, la eficacia de un decodificador capaz de reconstruir el habla a partir de ondas cerebrales. Esos dispositivos tienen un gran potencial de aplicación clínica en tanto podrían beneficiar a varias clases de pacientes neurológicos, especialmente aquellos que sufren de síndrome de enclaustramiento y parálisis. Tales pacientes, que podrían haber perdido su capacidad de comunicarse verbalmente, serían capaces de interactuar con el mundo exterior produciendo habla solo por medio de la actividad cerebral. Fuera del contexto clínico, tales decodificadores se están probando para mejorar la comunicación móvil a través de conversores de pensamiento a texto. No todos los decodificadores mentales están diseñados para mejorar la autonomía de los usuarios. Algunos dispositivos están actualmente siendo probados para monitorear los estados cerebrales con el propósito de guiar el comportamiento del individuo. Por ejemplo, la NASA y Jaguar están desarrollando conjuntamente una tecnología llamada Mind Sense, que medirá las ondas cerebrales para monitorear la concentración del conductor de un auto (Biondi & Skrypchuk, ²⁰¹⁷). Si la actividad cerebral indica una mala concentración, entonces el volante o los pedales podrían vibrar para concientizar al conductor del peligro. Esta tecnología puede contribuir a reducir el número de accidentes causados por conductores estresados o distraídos. Sin embargo, también abre teóricamente la posibilidad de que terceros utilicen decodificadores cerebrales para espiar los estados mentales de las personas.

Implicaciones similares surgen en relación a los decodificadores de huellas cerebrales (brain printers). Estos son dispositivos prototípicos que se están probando actualmente como métodos de autenticación basados en el cerebro. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Binghamton en el estado de Nueva York han ideado una forma de verificar la identidad basada en cómo el cerebro responde a ciertas palabras. Los investigadores observaron las señales cerebrales de 45 voluntarios mientras leían una lista de 75 acrónimos, como FBI y DVD, y registraron la reacción de cada cerebro a cada grupo de letras, centrándose en la parte del cerebro asociada con la lectura y el reconocimiento de palabras. Resulta que los cerebros de los participantes reaccionaron de forma diferente a cada acrónimo, de modo que un sistema computacional fue capaz de identificar a cada voluntario con una precisión del 94% (Armstrong et al., ²⁰¹⁵). Esta tecnología, que podría sustituir a corto plazo a las contraseñas y las huellas dactilares como instrumento de autenticación para las cuentas personales, plantea novedosos problemas de privacidad y seguridad.

A medida que la neurotecnología avanza y abre nuevas oportunidades para el control y el seguimiento de la función cognitiva, existe incertidumbre sobre cómo la ley debe actuar frente a tales avances. En particular, sigue siendo discutible si las nuevas tendencias en neurotecnología requieren una revisión o incluso una sustitución de los conceptos jurídicos existentes en diversos niveles, entre ellos el derecho civil (en especial, el derecho de daños), el derecho comercial y la filosofía jurídica. Aunque cada vez se presta más atención en la literatura a las aplicaciones de la neurotecnología emergente en el contexto del derecho penal o al creciente uso de pruebas neurocientíficas en los tribunales, poco énfasis se ha puesto en las implicaciones de los avances de la neurociencia y la neurotecnología respecto de los derechos humanos. Este componente descuidado del discurso del neuroderecho es de particular relevancia, ya que la naturaleza universal del marco de los derechos humanos podría proporcionar un sólido fundamento para este emergente “derecho de la mente”.

Neurociencia y derechos humanos

La libertad cognitiva

Un primer paso esencial hacia la creación de un marco neuroorientado de derechos humanos ha sido el reciente debate sobre la noción de libertad cognitiva. Según Bublitz (²⁰¹³), esta noción compleja, a menudo también llamada “autodeterminación mental”, comprende dos principios fundamentales e íntimamente relacionados: a) el derecho de las personas a utilizar las nuevas neurotecnologías; b) la protección de las personas contra el uso coercitivo y no consentido de tales tecnologías. Como afirmó concisamente Bublitz, la libertad cognitiva es el principio que garantiza “el derecho a alterar los estados mentales de uno con la ayuda de las herramientas neurocientíficas, así como a negarse a hacerlo” (Bublitz, ²⁰¹³, p. 234).

Los partidarios de la libertad cognitiva sugieren considerarla también como un “derecho humano fundamental”, como “un principio jurídico central que guíe la regulación de las neurotecnologías” (^Bublitz, 2013, p. 234). La razón de su función fundamental se deriva del hecho de que “el derecho y la libertad de controlar la propia conciencia y los propios procesos electroquímicos de pensamiento son el sustrato necesario para cualquier otra libertad” (Sententia, ²⁰⁰⁴). De hecho, como argumentó Bublitz, “es difícil articular cualquier concepción de un sujeto jurídico en la que la mente y las capacidades mentales (por ejemplo, actuar a partir de razones o la deliberación) no se encuentren entre sus condiciones constitutivas necesarias” (²⁰¹³, p. 242). La libertad cognitiva, por lo tanto, es necesaria para todas las demás libertades porque es su sustrato neurocognitivo. Como tal, la libertad cognitiva se asemeja a la noción de “libertad de pensamiento” que suele considerarse como la justificación esencial de otras libertades, como la libertad de elección, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad religiosa. No es sorprendente que Sententia (²⁰⁰⁴) presente a la libertad cognitiva como una actualización conceptual de la libertad de pensamiento que “tiene en cuenta el poder que tenemos ahora, y tendremos cada vez en mayor medida, de vigilar y manipular la función cognitiva”. Algunos estudiosos del derecho como Boire y Sententia han interpretado el derecho a la libertad cognitiva con especial énfasis en la protección de la libertad individual y la autodeterminación respecto del Estado. Por ejemplo, Sententia ha afirmado que “el Estado no puede, de acuerdo con la Primera Enmienda de la Constitución, manipular por la fuerza los estados mentales, e implícitamente los estados cerebrales de los ciudadanos individuales”.

Dada su complejidad conceptual, la libertad cognitiva es multidimensional. Bublitz reconoce al menos tres “dimensiones interrelacionadas, pero no idénticas” (Bublitz, ²⁰¹³, p. 251). Estas son: i) la libertad de modificar la propia mente o de elegir si y por qué medio modificar la propia mente; ii) la protección de las intervenciones sobre otras mentes para proteger la integridad mental, y iii) la obligación ética y jurídica de promover la libertad cognitiva. Estas tres dimensiones configuran la libertad cognitiva como un derecho complejo que implica los requisitos previos de las libertades tanto negativas como positivas en el sentido de Berlin (¹⁹⁵⁹): la libertad negativa de tomar decisiones sobre el propio dominio cognitivo en ausencia de obstáculos, barreras o prohibiciones gubernamentales o no gubernamentales; la libertad negativa de ejercer el propio derecho a la integridad mental en ausencia de restricciones o violaciones de las corporaciones, los agentes criminales o el gobierno; y finalmente, la libertad positiva de tener la posibilidad de actuar de tal manera que podamos tomar el control nuestra vida mental.

Siendo el sustrato neurocognitivo de todas las demás libertades, la libertad cognitiva no puede ser reducida a los derechos existentes, por lo que es inmune al riesgo de inflación de los derechos. Además, ya que la vida cognitiva, aunque en varias formas y grados, es inherente a todos los humanos, la libertad cognitiva es coherente con una definición de los derechos humanos como inalienables derechos fundamentales que “le corresponden inherentemente a una persona por el simple hecho de ser un ser humano” (Sepuldeva et al., ²⁰⁰⁴), independientemente de su nacionalidad, ubicación, idioma, religión, origen étnico o cualquier otra condición. En consecuencia, su integración al marco de los derechos humanos permitiría la protección de características constitutivas de los seres humanos que no están totalmente protegidas por los derechos existentes.

A los efectos de nuestro análisis, en este artículo nos centraremos exclusivamente en la formulación negativa del derecho a la libertad cognitiva, es decir, el derecho a rechazar usos coercitivos de la neurotecnología. Además, aunque apoyamos la introducción del derecho a la libertad cognitiva, argumentamos que esta noción no es suficiente por sí sola para cubrir todas las implicaciones éticas y legales asociadas a la neurotecnología. Más bien, el establecimiento de la libertad cognitiva como un derecho humano debería coordinarse con una reconceptualización de los derechos existentes o incluso la creación de otros nuevos derechos neuroespecíficos. Estos son el derecho a la privacidad mental, el derecho a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica.

El derecho a la privacidad mental

El derecho a la integridad mental

Las intrusiones en los cerebros de las personas no solo pueden resultar en una violación de su privacidad mental, sino que también pueden tener un impacto directo en su computación neuronal y resultar en un daño directo hacia ellos. Ienca y Haselager (²⁰¹⁶) han introducido la noción de brainhacking malicioso para referirse a las actividades neurocriminales que influyen directamente en la computación neuronal de los usuarios de neurodispositivos de una manera similar a como se hackean las computadoras en los crímenes informáticos. Centrándose en las interfaces cerebro-computadora (BCIs), identifican cuatro tipos de brainhacking malicioso basados en los diferentes niveles del ciclo de la BCI donde el ataque puede ocurrir. Tres de estos tipos (esto es, cuando el ataque se produce al nivel de la medición, de la decodificación o de la retroalimentación) pueden implicar la manipulación directa de la computación neuronal de una persona. Los agentes maliciosos pueden añadir ruido o anular la señal enviada al dispositivo con el propósito de disminuir o eliminar el control del usuario sobre la aplicación, o incluso sustituir el control voluntario de la víctima. Por ejemplo, un criminal podría anular la señal enviada por un usuario y tomar control del dispositivo manejado por la BCI (por ejemplo, un Smartphone o una silla de ruedas electrónica) sin el permiso del usuario.

En este tipo de casos, la privacidad mental de los usuarios y la protección de sus datos cerebrales no son los únicos derechos en riesgo. Más bien, la integridad física y mental de la víctima también está en juego. De hecho, la intrusión forzada y la alteración de los procesos neuronales de una persona plantean una amenaza sin precedentes a su integridad mental.

El derecho a la integridad física y mental de la persona está protegido por la Carta de la Unión Europea de derechos fundamentales (artículo 3), afirmando que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y mental”. Es comprensible que la Carta enfatice la importancia de este derecho en los campos de la medicina y la biología, debido al impacto directo que las tecnologías biomédicas pueden tener sobre la integridad física y mental de las personas. La disposición se centra en particular en cuatro requisitos: el consentimiento libre e informado, la no comercialización de los elementos del cuerpo y la prohibición de las prácticas eugenésicas y de la clonación reproductiva. No se hace referencia explícita a las prácticas relacionadas con la neurotecnología. Este silencio es comprensible si consideramos que la Carta fue adoptada en 2000, cuando el debate sobre las implicaciones éticas y legales de la neurociencia se estaba recién iniciando. Sin embargo, hoy en día, las posibles aplicaciones de la neurotecnología pueden impactar en la integridad personal de una manera que es comparable con el modo en que puede hacerlo la genética y otras prácticas biomédicas. Por esta razón, el marco normativo debe estar al día con los avances neurotecnológicos y extender la protección de la integridad de las personas a esta nueva área.

Proponemos llenar este vacío normativo solicitando una reconceptualización del derecho a la integridad mental. De hecho, mientras que la ECHR y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE consideran a la integridad mental como un derecho a la salud mental, dependiente del derecho a la integridad física entendida como salud física, la neurotecnología apunta a una dimensión más compleja de la integridad mental. La integridad mental en este sentido más amplio no solo debería garantizar el derecho de las personas con enfermedades mentales a acceder a los servicios de salud mental y recibir tratamiento o apoyo psiquiátrico cuando sea necesario. Además de eso, también debería garantizar el derecho de todos los individuos a proteger su dimensión mental de posibles daños.

Este derecho reconceptualizado debería proporcionar una protección normativa específica contra posibles intervenciones habilitadas por la neurotecnología que implican la alteración no autorizada de la computación neuronal de una persona, potencialmente resultando en un daño directo a la víctima. Para que una acción X califique como una amenaza a la integridad mental, tiene que: i) implicar el acceso directo y la manipulación de las señales neuronales; ii) no estar autorizada –es decir, debe producirse en ausencia del consentimiento informado del generador de la señal–; iii) dar lugar a un daño psicológico. A medida que la neurotecnología se convierte en parte del ecosistema digital y la computación neuronal entra en la infoesfera, la integridad mental de los individuos se verá cada vez más amenazada si no se aplican medidas de protección específicas.

Las amenazas a la integridad mental no se limitan a los ataques cerebrales malintencionados y otras actividades ilícitas similares. Las alteraciones no autorizadas de la computación neuronal de una persona también podrían surgir de aplicaciones militares de la tecnología de las BCIs para la mejora de soldados. Lebedev y otros han descrito que una prótesis controlada neurológicamente podría enviar información táctil de vuelta al cerebro en casi tiempo real mediante el uso de la microestimulación intracortical (ICMS), creando esencialmente una “interfaz cerebro-máquina-cerebro” (Lebedev et al., ²⁰¹¹). Esas intervenciones pueden modificar directamente la actividad neuronal y pueden utilizarse para ejercer algún grado de control sobre tropas de soldados. Por ejemplo, el Comité de Oportunidades en Neurociencia para las Futuras Aplicaciones Militares del Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales (Committee on Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications of the National Research Council of the National Academies) ha investigado el uso de tecnologías portátiles como la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) para detectar deficiencias en los procesos neuronales de un soldado y la estimulación magnética transcraneal (TMS) para suprimir o mejorar los procesos cerebrales individuales (Consejo Nacional de Investigación, ²⁰⁰⁹). De manera similar, los derechos relacionados con la integridad mental deberían incluirse expresamente entre los derechos de los prisioneros de guerra, para evitar el uso de intervenciones invasivas de lavado de cerebro.

La estimulación cerebral es un dominio adicional en el que el derecho a la integridad mental puede jugar un papel. Con el creciente número de neuroestimuladores portátiles disponibles en el mercado o dispositivos ensamblados de tipo ‘hazlo-tú-mismo’, existe el riesgo de que la gente pueda hacer un mal uso de estos dispositivos con el consiguiente impacto negativo en su funcionamiento neuronal, lo que debe ser evitado. Por ejemplo, mientras que la estimulación transcraneal de corriente directa (tDCS) para consumidores está diseñada para funcionar de manera segura solo en cierta banda de frecuencia, hay pocas salvaguardias para evitar que los usuarios o a terceros manipulen la frecuencia del dispositivo.

El ámbito médico no está exento de la posible aplicación del derecho a la integridad mental. Las intervenciones que involucran neurotecnología invasiva como la estimulación cerebral profunda (DBS) implican la alteración del procesamiento neuronal del paciente por medio de impulsos eléctricos generados por electrodos. Mientras que este procedimiento proporciona beneficios terapéuticos para pacientes neurológicos que no responden a otros tratamientos, también existe la posibilidad de efectos neuropsiquiátricos adversos incluyendo apatía, comportamiento compulsivo y alucinaciones (Mackenzie, ²⁰¹¹). Además, al ser un procedimiento quirúrgico, existe el riesgo de infección, hemorragia y rechazo del neuroestimulador implantado. Por lo tanto, aunque en dicho procedimiento médico el consentimiento informado se obtiene siempre sobre la base de un requisito mínimo de ética médica, aún así hay un riesgo de que la alteración de la computación neuronal posibilitada por la DBS pueda causar un daño desproporcionado en comparación con el beneficio terapéutico. Este alto potencial de efectos adversos es la razón por la que, aunque se ha demostrado cierta eficacia en el tratamiento de afecciones como la obesidad y la anorexia nerviosa, la DBS todavía no está aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. para el tratamiento de esas condiciones. En este contexto, el derecho a la integridad mental está no solo para prevenir el daño, absolutamente concebido, sino para prevenir un daño relativo desproporcionado en comparación con el potencial beneficio terapéutico.

Por último, el creciente campo de la ingeniería de la memoria probablemente represente un desafío para el derecho a la integridad mental. Se han desarrollado varias técnicas para modular (por ejemplo, aumentar o borrar selectivamente) los recuerdos de una persona. Por ejemplo, Nabavi y colegas utilizaron una técnica optogenética para borrar y posteriormente restaurar memorias específicas a través de un láser óptico que selectivamente fortalece o debilita las conexiones sinápticas (Nabavi et al., ²⁰¹⁴). Aunque no han alcanzado aún el nivel de la experimentación humana, estos hallazgos tienen un gran potencial para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer y el estrés postraumático (PTSD). Al mismo tiempo, sin embargo, el mal uso de estas técnicas por parte de actores malévolos puede generar oportunidades sin precedentes de manipulación mental y lavado de cerebro. Por ejemplo, criminales podrían borrar selectivamente los recuerdos de los cerebros de sus víctimas para evitar ser identificados por ellas más tarde o simplemente para causarles daño. En un escenario a largo plazo, esta tecnología podría ser utilizada por agencias de seguridad y vigilancia con el propósito de borrar selectivamente recuerdos peligrosos o inconvenientes del cerebro de las personas, como se muestra en la película Men in Black con el llamado neuralizador. Los posibles motivos de la alteración ilícita de la memoria son varios, incluyendo el aumento de la seguridad nacional o ejercer control sobre individuos o grupos.

Al igual que el derecho a la privacidad mental, también el derecho a la integridad mental puede no ser absoluto. Por ejemplo, se podría argumentar utilitariamente que violaciones controladas y temporales del derecho a la integridad mental deben permitirse como una forma de mejora moral para los delincuentes violentos persistentes. En tal sentido, Persson y Savulescu (²⁰⁰⁸) han sostenido que, si fuera posible desarrollar técnicas biomédicas de mejora moral (moral enhancement) que fueran seguras y efectivas, entonces estas deberían ser obligatorias. Del mismo modo, Ellegaard y Kragh (²⁰¹⁵) han argumentado que no solo es moralmente permisible, sino que es moralmente necesario forzar a delincuentes violentos persistentes a someterse a tratamientos de mejoramiento moral, siempre y cuando se demuestre la eficacia de esas intervenciones. Estas posibles excepciones al derecho a la integridad mental obviamente requerirían un amplio debate social para determinar si –y cuándo– tales manipulaciones obligatorias de la dimensión más profunda del ser humano se podrían justificar en beneficio de la sociedad. Si bien el presente trabajo no tiene por objeto tomar posición en el debate sobre el mejoramiento moral, solo queremos destacar que la propuesta de derechos a la privacidad mental y a la integridad mental no implica ipso facto reconocer el carácter absoluto de los mismos.

El derecho a la continuidad psicológica

Además de la privacidad mental y la integridad mental, también la percepción que las personas tienen acerca de su propia identidad puede ser puesta en riesgo por un uso inadecuado de la neurotecnología emergente. Como hemos visto en la primera sección de este artículo, los dispositivos neuronales pueden ser usados no solo para monitorear el cerebro, sino también para estimular o modular la función cerebral. Por ejemplo, los dispositivos de estimulación transcraneal de corriente directa (tDCS) aplican una corriente constante y baja a un área de interés del cerebro a través de electrodos en el cuero cabelludo con el propósito de modular la función cerebral. Dado que esta estimulación hace que el potencial de reposo de la membrana neuronal se despolarice o hiperpolarice, causa alteraciones en la función cerebral que son potencialmente beneficiosas para pacientes. La estimulación magnética transcraneal (TMS) y la estimulación cerebral profunda (DBS) abren la posibilidad de intervenir sobre la función cerebral de manera aún más sustancial. Dado el aumento de la eficacia terapéutica de tDCS, TMS y DBS, y el rápido avance de la tecnología, es probable que los dispositivos de estimulación cerebral se expandan a grupos psiquiátricos más amplios y, en el caso de los dos primeros, también a la población en general.

Sin embargo, los cambios en la función cerebral causados por la estimulación cerebral también pueden generar alteraciones en los estados mentales críticos para la personalidad, y por lo tanto pueden afectar a la identidad personal (Decker & Fleischer, ²⁰⁰⁸). En particular, se ha observado que la estimulación cerebral puede tener un impacto en la continuidad psicológica de la persona, esto es, un requisito crucial para la identidad personal que consiste en experimentarse a sí mismo persistiendo a través del tiempo como la misma persona (Klaming & Haselager, ²⁰¹³). En varios casos reportados en la literatura científica la DBS ha producido cambios de comportamiento como el aumento de la impulsividad y la agresividad (Frank et al., ²⁰⁰⁷; Sensi et al., ²⁰⁰⁴) o cambios en el comportamiento sexual (Houeto et al., ²⁰⁰²). Un estudio sobre pacientes tratados con DBS mostró que más de la mitad de ellos articulaban una sensación de extrañeza y desconocimiento de sí mismos después de la cirugía (“Ya no me siento como yo mismo”; “Me siento como un robot” o “No me he encontrado de nuevo a mí mismo después de la cirugía”) (Schüpbach et al., ²⁰⁰⁶). Estudios más recientes han indicado cambios de personalidad en la dirección de mayor impulsividad (Lewis et al., ²⁰¹⁵; Pham et al., ²⁰¹⁵). En paralelo, las tecnologías de la ingeniería de la memoria pueden impactar en la identidad de una persona al remover, alterar, agregar selectivamente o sustituir los recuerdos individuales que son relevantes para el autorreconocimiento de las personas.

Es claramente una cuestión empírica determinar la frecuencia y la magnitud de estos cambios psicoconductuales y es una cuestión de derecho penal y de responsabilidad civil evaluar el impacto de estos cambios en la capacidad de asumir responsabilidades y obligaciones. Pero la pregunta que nos interesa aquí es si tales cambios de personalidad inducidos por la neuroestimulación o la tecnología de manipulación de la memoria podrían constituir en algunas circunstancias una violación de un derecho humano básico. Esto podría ser teóricamente el caso, por ejemplo, si el paciente es legalmente incompetente (por ejemplo, un niño) y el cambio de personalidad resulta ser psicológicamente perturbador para el individuo. En tales circunstancias, si el representante legal del paciente se negara a consentir la extracción del dispositivo alegando que ha reducido los síntomas de los trastornos neurológicos, se podría considerar que está actuando en contra del derecho del individuo a la continuidad psicológica.

Sin embargo, es más probable que las amenazas a este derecho ocurran fuera del ámbito clínico. En el contexto de organismos de inteligencia y militares, se ha informado que podrían haber tenido lugar violaciones de derechos humanos en las últimas décadas durante experimentos que involucran electrodos cerebrales, LSD, hipnosis, la creación de los denominados “candidatos manchurianos” ¹¹ , y la implantación de falsos recuerdos e inducción de amnesia. Muchos de estos experimentos se llevaron a cabo involuntariamente en civiles y sin ninguna supervisión externa, ni autorización del representante legal de los sujetos, ni ningún seguimiento ulterior (Ross, ²⁰⁰⁷). Los nuevos conocimientos y tecnologías en el campo de la neurociencia ofrecen nuevas y más eficientes posibilidades de llevar a cabo cambios de personalidad no consentidos. Por ejemplo, Pycroft y otros (²⁰¹⁶) expresaron la preocupación de que implantes cerebrales como los empleados en la DBS sean vulnerables a ataques de terceros que quieran ejercer un control malintencionado sobre la actividad cerebral de los usuarios. Llamaron “secuestro cerebral” (brainjacking) a este riesgo de modificación de la actividad cerebral de una persona mediante el uso no autorizado de dispositivos neurológicos por parte de terceros (Pycroft et al., ²⁰¹⁶). Las consecuencias negativas del “secuestro de cerebros” incluyen: i) el robo de información, que resultaría en una violación del derecho a la privacidad mental; ii) el cese de la estimulación, agotando las baterías de los implantes, induciendo daños en los tejidos y deterioro de la función cerebral, lo que resultaría en violaciones del derecho a la integridad mental. Sin embargo, algunas posibles consecuencias del “secuestro cerebral” como la alteración del control de los impulsos, la modificación de las emociones o el afecto, la inducción de dolor y la modulación del sistema de recompensas, podrían ser logradas incluso en ausencia de cualquier violación de la privacidad o la integridad mental. En esas circunstancias, la modificación no autorizada de la dimensión cognitivo-emocional-afectiva parece poner en juego un tipo diferente de violación de los derechos humanos: la violación del derecho a la continuidad psicológica.

En resumen, el derecho a la continuidad psicológica tiende en última instancia a preservar la identidad personal y la coherencia del comportamiento del individuo, protegiéndolas de la modificación no consentida por parte de terceros. Este derecho protege la continuidad dada por los pensamientos habituales de una persona, sus preferencias y elecciones por medio de la protección del funcionamiento neuronal subyacente. Como Paul Tiedemann señala, nos entendemos como unidades personales y como sujetos y fuentes de actitudes siempre y cuando estas actitudes tengan un nivel mínimo de coherencia. Es por eso que una grave falta de coherencia haría imposible comprenderse a sí mismo (Tiedemann, ²⁰¹⁶).

El derecho a la continuidad psicológica puede ser visto como una forma especial del derecho a la identidad resultante de las neurotecnologías. El derecho a la identidad fue desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECtHR) a partir del derecho a la vida privada incluido en el artículo 8 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos. ¹² Como hemos visto en la primera sección, el artículo 8 protege contra la intrusión no deseada y prevé el respeto del espacio privado de un individuo. Sin embargo, hay que distinguir entre la privacidad y la identidad personal. Lo que el derecho a la continuidad psicológica pretende evitar no es el acceso sin restricciones a la información del cerebro, sino la alteración inducida del funcionamiento neuronal.

La Declaración Universal de Derechos Humanos también aborda el derecho a tener y desarrollar una personalidad. El artículo 22 afirma que toda persona está facultada para la realización de los derechos indispensables a “su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad”. Además, el artículo 29 establece que “[t]oda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Según Mănuc (²⁰¹²), los derechos de la personalidad pueden definirse como aquellos que expresan la quintaesencia de la persona humana, y son intrínsecos al ser humano. En este análisis, estos derechos, que de algún modo reconocen el “espíritu” en el individuo, se han desarrollado a partir de cuestiones vinculadas a la privacidad.

Sin embargo, es dudoso que los derechos de la personalidad actualmente reconocidos sean suficientes para hacer frente a las nuevas amenazas a la continuidad psicológica. De hecho, mientras que estos derechos protegen la transición de los estados mentales a la acción, la continuidad psicológica garantiza la protección a un nivel previo: el del funcionamiento neuronal como tal. En el escenario de riesgo presentado anteriormente, el mal uso de la estimulación cerebral no afecta el vínculo entre los procesos mentales y la acción, es decir, la expresión de los estados mentales, sino a los procesos mentales mismos. Para proporcionar este nivel de protección más íntimo, se necesita un nuevo derecho que proteja la continuidad de la vida mental de una persona de la alteración o interrupción abusiva externa.

El derecho a la continuidad psicológica está estrechamente relacionado con el derecho a la integridad mental, y puede superponerse con él. Ambos derechos tienen por objeto proteger a las personas de los abusos y alteraciones no consentidas de su dimensión mental. Sin embargo, difieren en la medida en que el derecho a la continuidad psicológica también se aplica a los escenarios emergentes que no implican directamente un daño neuronal o mental. Por el contrario, como hemos visto en la sección anterior, la presencia de daño es una condición necesaria para que una acción pueda calificarse como una violación de la integridad mental de una persona.

Para apreciar esta diferencia, es importante considerar que la continuidad psicológica podría estar amenazada no solo por un mal uso de la estimulación cerebral, sino también por un tipo de intervención menos invasiva o incluso imperceptible. Un buen ejemplo es la publicidad neural inconsciente desarrollada desde el neuromarketing. Como hemos visto en la primera sección, las empresas de neuromarketing están probando técnicas, como la incorporación de estímulos subliminales, con el propósito de obtener respuestas (por ejemplo, preferir el producto A en lugar del B) sin que las personas puedan advertirlo. Esto ha suscitado críticas entre las organizaciones de defensa del consumidor (como, por ejemplo, el Centro de Democracia Digital, en EE.UU.), las cuales han advertido sobre los peligros de la tecnología potencialmente invasiva del neuromarketing. Jeff Chester, el director ejecutivo de la organización, ha afirmado que “aunque históricamente no ha habido regulación de la publicidad para adultos debido a que los adultos tienen mecanismos de defensa para discernir lo verdadero de lo que no lo es”, ahora debe ser regulada “si la publicidad está diseñada con el propósito de evitar esas defensas racionales” (Singer, ²⁰¹⁰). Nosotros argumentamos que el derecho a la continuidad psicológica puede proporcionar la base conceptual para abordar los problemas señalados por Chester.

Las amenazas potenciales que podrían ser prevenidas por el derecho a la continuidad psicológica también incluyen nuevas formas de lavado de cerebro. Holbrook y otros (²⁰¹⁶) utilizaron estimulación magnética transcraneal para modular las regiones del cerebro responsables de los prejuicios sociales y las creencias políticas y religiosas. Sus resultados mostraron que los participantes a quienes se les inhibió temporalmente la actividad en la corteza frontal medial posterior a través de TMS estaban más dispuestos a aceptar críticas a sus propios países que aquellos participantes cuyos cerebros no habían sido modulados. Usando la misma técnica, pudieron aumentar en los participantes la creencia en la vida después de la muerte. Mientras que su experimento fue diseñado para mapear los mecanismos neuronales subyacentes a actitudes y creencias de alto nivel, sus resultados muestran que la misma técnica podría ser utilizada para desencadenar un amplio espectro de alteraciones de las actitudes y creencias de una persona. Por ejemplo, agentes malévolos podrían utilizar la neuromodulación para ejercer formas dañinas de control mental. Estos podrían ser líderes religiosos o coordinadores de grupos terroristas que quisieran reclutar y adoctrinar jóvenes, así como líderes de regímenes autoritarios que quisieran imponer la obediencia política y evitar la rebelión. Sin ir tan lejos, las empresas de marketing podrían usar estas técnicas para modular las preferencias y actitudes de los clientes respecto de sus productos.

Al igual que los dos derechos mencionados previamente, también es posible discutir si el derecho a la continuidad psicológica debe considerarse como absoluto o relativo. Se podría argumentar que algunos cambios de personalidad inducidos por la neurotecnología podrían ser aceptables con respecto a delincuentes violentos persistentes (por ejemplo, violadores o asesinos seriales y pedófilos). La necesidad de proteger al público de individuos potencialmente peligrosos que muy probablemente reincidan si son liberados justificaría tales medidas. Esto sería incluso una buena alternativa para los propios individuos, que podrían evitar de esta manera pasar toda su vida en prisión. Sin embargo, se impone una gran precaución y un amplio debate público antes de autorizar tales intrusiones intencionales en la personalidad de las personas.

Conclusiones

El volumen y la variedad de aplicaciones de la neurotecnología está aumentando rápidamente dentro y fuera del ámbito clínico y de investigación. La disponibilidad ubicua de neuroaplicaciones más económicas, graduables y fáciles de usar puede abrir oportunidades sin precedentes en la interfaz cerebro-máquina y hacer que la neurotecnología esté muy presente en nuestra vida cotidiana. Esta tendencia tecnológica puede generar inmensas ventajas para la sociedad en términos de beneficio clínico, de prevención de dolencias, de autocuantificación, de reducción del riesgo de decisiones sesgadas, del uso personalizado de la tecnología, de análisis de marketing, de usos con fines militares y de seguridad nacional e incluso una mayor precisión en las decisiones judiciales. Sin embargo, las implicaciones de estas mismas tecnologías desde el punto de vista de la ética y del derecho necesitan ser exploradas. Argumentamos que el marco normativo debe prepararse urgentemente para hacer frente a los cambios disruptivos que generan las neurotecnologías en el ecosistema digital y evitar su mal uso o las consecuencias negativas no deseadas de tales desarrollos. Además, dado el carácter fundamental de la dimensión neurocognitiva, entendemos que esa respuesta normativa no debería centrarse exclusivamente en el derecho civil (por ejemplo, en la reparación de los daños causados) sino también a un nivel más fundamental, como es el de los derechos humanos.

En este contexto, hemos sugerido que las neurotecnologías emergentes requieren una reconceptualización de los derechos humanos existentes o incluso la creación de nuevos derechos. En particular, hemos argumentado que los nuevos riesgos colaterales asociados al uso generalizado de la neurotecnología omnipresente, como el brain-hacking malicioso, así como los usos abusivos de la neurotecnología médica, pueden requerir una reconceptualización del derecho a la integridad mental. De hecho, aunque la integridad mental está protegida por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 3), este derecho se conceptualiza como un derecho de acceso que protege la salud mental y es complementario al derecho a la integridad física. Sugerimos que en respuesta a las posibilidades de la neurotecnología emergente, el derecho a la integridad mental no debe solo garantizar la protección contra enfermedades mentales o lesiones traumáticas, sino también contra intrusiones neurotecnológicas no consentidas que puedan afectar la mente de las personas, especialmente si causan un daño mental.

Además de esta reconceptualización, hemos argumentado que la creación de derechos neuroespecíficos puede ser necesaria como una estrategia para afrontar posibles usos indebidos de la neurotecnología y como una forma de protección de las libertades fundamentales asociadas a la toma de decisiones de los individuos. En este sentido, apoyamos el reconocimiento de un derecho negativo a la libertad cognitiva, destinado a proteger a los individuos respecto del uso coercitivo y no consentido de tales tecnologías. Además, como solución complementaria, hemos propuesto el reconocimiento de dos derechos neuroespecíficos adicionales: el derecho a la privacidad mental y el derecho a la continuidad psicológica. A ellos se agrega el derecho a la privacidad mental, que aspira a proteger la información privada o sensible en las mentes de las personas contra la colecta, almacenamiento, uso o incluso la eliminación no autorizada de tales datos mentales. A diferencia de los derechos de privacidad existentes, el derecho a la privacidad mental protege la información antes de cualquier externalización extracraneal (por ejemplo, en formato verbal o impreso), así como al generador de dicha información (el procesamiento neuronal de una persona). Como tal, protege la dimensión mental de una persona como el último ámbito de la privacidad de la información en el ecosistema digital. De modo coordinado con esta propuesta, el derecho a la continuidad psicológica protegerá a los sustratos mentales de la identidad de la alteración inconsciente y no consentida por parte de terceros mediante el uso de neurotecnología invasiva o no invasiva.

Todos estos neuroderechos propuestos están mutuamente vinculados. Siendo el sustrato de las demás libertades en este ámbito, la libertad cognitiva –en su sentido positivo– es un prerrequisito de todos los demás derechos neuroespecíficos. Como tal, la privacidad mental, la integridad mental y la continuidad psicológica son algo muy similar a lo que la libertad de pensamiento es a la privacidad, la integridad y los derechos de identidad. Sin embargo, en el sentido negativo de protección contra el uso coercitivo, la libertad cognitiva solo puede abordar en parte los usos no deseados de la neurotecnología emergente. De hecho, las intrusiones ilícitas en la privacidad mental no implican necesariamente coerción, ya que pueden realizarse por debajo del umbral de la experiencia consciente de una persona. Lo mismo ocurre con las acciones que implican un daño a la vida mental de una persona o modificaciones no autorizadas de su continuidad psicológica. Tales acciones también se ven facilitadas por las nuevas neurotecnologías, que permiten intervenir en el procesamiento neuronal de las personas sin que sean conscientes de ello.

Esta propuesta de derechos humanos neuroespecíficos en respuesta a los avances de la neurotecnología es semejante a la propuesta de derechos humanos específicos adoptados en respuesta a los avances de la genética y la genómica, tal como se establece en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (UDHGHR) y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (IDHGD).

Un extenso debate será necesario para probar la solidez normativa de esta propuesta de expansión de los derechos humanos al ámbito de la neurotecnología. Paralelamente, se requieren futuras investigaciones para determinar las implicaciones de los derechos humanos propuestos en otros niveles como el derecho internacional humanitario, el derecho penal, el derecho de daños, el derecho de propiedad y el derecho de los consumidores. Idealmente, este debate se beneficiará de la participación activa y transversal de expertos legales, neurocientíficos, desarrolladores de tecnología, neuroeticistas y organismos de regulación.