Introducción

El 10 de agosto de 2018, al tratarse el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), luego de una década de inacción legislativa, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una masiva movilización en las afueras del Congreso, acompañada por concentraciones y vigilias en espacios públicos de las principales ciudades del país. Aunque el proyecto no fue aprobado en el Senado y hubo que esperar un nuevo tratamiento, la media sanción en Diputados fue leída por periodistas, dirigentes y activistas como un logro feminista.

Este episodio ilustra un hecho significativo: las desigualdades de género y las políticas para revertirlas tienen hoy un lugar prominente en el debate político de Argentina. En cuarenta años de democracia se alcanzaron cambios fundamentales en el ordenamiento jurídico/legal, en la institucionalidad estatal y en ámbitos asociativos. Los feminismos renovaron sus cuadros militantes, actualizaron repertorios de movilización, diversificaron sus demandas y permearon una diversidad de espacios, desde sindicatos hasta universidades. Las clásicas agendas de participación política, derechos sexuales y (no) reproductivos, eliminación de la violencia e igualdad económica se conectaron con demandas de justicia ambiental, críticas al extractivismo y al ideario neoliberal.

Este artículo propone revisitar algunos hitos en la trayectoria de participación y representación política de las mujeres en la historia democrática reciente con un doble objetivo. En primer lugar, se proponen claves para interpretar el proceso de construcción de las agendas feministas de igualdad actuales, a la luz del activismo feminista previo en la sociedad y la política legislativa. En segundo lugar, se discute una serie de desafíos políticos y programáticos para el logro de una democracia paritaria con igualdad real en todos los ámbitos sociales y políticos.

Limitaciones de la ciudadanía política de las mujeres y el cupo femenino como respuesta pública al sexismo

En la década de 1980, las mujeres se volcaron a participar masivamente en partidos políticos y organismos de Derechos Humanos (^{Marx, Borner y Caminotti, 2007}). De hecho, es difícil pensar el régimen político que comienza a edificarse en 1983 sin una referencia a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, un emblema global en la búsqueda de verdad y justicia. El activismo político de las mujeres se vio intensificado en la transición democrática, pero no era una novedad en el país. Desde los inicios de un siglo XX políticamente convulsionado, las anarquistas lucharon contra la opresión en el trabajo y los hogares, mientras las socialistas y las sufragistas buscaron la igualdad jurídica y el voto (^{Barrancos, 2002}).

La Ley 13010, que regula el voto femenino, se sancionó durante la primera presidencia de Juan D. Perón (1947-1952), bajo el liderazgo de Eva Duarte y en el marco de su esfuerzo de organización de las mujeres del movimiento peronista (^{Barry, 2009}). Barrancos señala que el 9 de septiembre de 1947, “luego de agitar durante meses a los más variados grupos de mujeres, obreras, empleadas, amas de casa” (2002: 144-145), Evita organizó una amplia movilización al Congreso para reclamar la aprobación de la ley de sufragio. Con la creación del Partido Peronista Femenino y la decisión de incorporar mujeres en las listas electorales, en la década de 1950, Argentina registró proporciones inéditas de legisladoras.¹ Esta experiencia temprana de incursión en el poder legislativo fue rápidamente interrumpida por el golpe de Estado que derrocó a Perón y no se reeditó en los gobiernos constitucionales de 1958-1961 y 1963-1966, cuando, con el peronismo proscripto, la presencia femenina en el Congreso fue escasa.

En 1983, tras la traumática experiencia del terrorismo de Estado orquestado por la última dictadura cívico-militar, la presidencia de Raúl Alfonsín (UCR, 1983-1989) generó amplias expectativas de participación política. En un clima de efervescencia cívica, en 1984 se conformó la Multisectorial de la Mujer, integrada por militantes de partidos, sindicatos, académicas e intelectuales, con el objetivo de promover proyectos legislativos. Por otra parte, la participación de una comitiva de mujeres argentinas en la Conferencia de Nairobi (1985) influyó en la organización del primer Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en 1986, lo cual inauguró un espacio anual de diálogo político que persiste hasta la actualidad.²

El gobierno de Alfonsín asumió el compromiso de garantizar la protección de los Derechos Humanos y el imperio de la ley, y poner término a la discriminación legal de las mujeres. Bajo esta agenda democratizadora se concretaron reformas de la legislación civil y familiar, con la sanción de las leyes de patria potestad compartida y de divorcio vincular. A su vez, se crearon organismos específicos como la Subsecretaría de la Mujer en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación (^{Weathers, 2007}). En cambio, como contracara del activismo social y político, la presencia de mujeres en cargos de decisión y representación fue muy escasa a lo largo de la primera década democrática.

En la Cámara de Diputados, la representación descriptiva (Pitkin, [1967]1985) de las mujeres -concepto que alude a su presencia numérica- no superó el 6% de las bancas entre 1983 y 1991. Hacia el término del gobierno de Alfonsín, mujeres de la Unión Cívica Radical comenzaron a reclamar cargos políticos frente a las dirigencias del partido y, ante a la negativa de establecer cupos en la Carta Orgánica del radicalismo, presentaron un proyecto de ley. Bajo la primera presidencia de Carlos S. Menem (PJ, 1989-1995), la Red de Feministas Políticas y el flamante Consejo Nacional de la Mujer desarrollaron una eficaz incidencia política para la incorporación de una cuota femenina en la legislación electoral. En 1991, el Congreso sancionó la Ley 24012, que regula el “cupo femenino”, y que obligó a los partidos a incorporar un mínimo de 30% de mujeres en posiciones “elegibles” de las listas de candidatos y candidatas. De esta manera, Argentina dio origen a la primera ley de cuotas del mundo e instaló un modelo novedoso en términos internacionales.

Tres décadas de representación descriptiva y sustantiva: logros y consecuencias

A partir de 1993, la ley de cupo femenino transformó la composición por género del Congreso, con un rápido crecimiento de los porcentajes de legisladoras. La mayor representación descriptiva de las mujeres implicó una ganancia en calidad democrática, porque amplía la inclusividad del régimen político. Al mismo tiempo, la presencia de mujeres en bancas legislativas enriqueció la agenda del Congreso, al incorporar nuevas preocupaciones sobre igualdad de género y ciudadanía (representación sustantiva).³

Puertas adentro de las cámaras, legisladoras con sensibilidad de género colaboraron para presentar, promover y defender proyectos de ley, de modo tal que generaron redes informales y multipartidarias. La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002), la Ley de Cupo Sindical Femenino (2002), la Ley de Aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (2006), la de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (2009), de Matrimonio Igualitario (2010) e Identidad de Género (2012), así como la Ley 26791, que incorporó la figura de femicidio en el Código Penal, son ejemplos de activismo de género en el Congreso argentino (^{Caminotti y Piscopo, 2019}). De forma más reciente, la Ley Micaela (2018), la Ley de Paridad en la Representación Política (2017) y la Ley de IVE (2021) dieron cuenta de la capacidad de articulación de intereses y agendas feministas.

Desde un ángulo de género y sexualidad, los años transcurridos desde 1983 pueden interpretarse como un período de ampliación de la ciudadanía, que incluye la constitucionalización de tratados internacionales de Derechos Humanos y el avance de asuntos “contraculturales” (^{Goetz y Jenkins, 2015}) como el aborto, que desafía creencias religiosas y valores morales, y fue enmarcado como una “deuda de la democracia” con las mujeres y personas gestantes. Es en este suelo que emerge un movimiento masivo y diversificado que se moviliza contra los femicidios bajo la consigna #NiUnaMenos en 2015; se masifica la “marea verde” bajo el liderazgo de la Campaña; se adoptan leyes de paridad electoral prácticamente en todas las provincias; y se instaura una institucionalidad estatal liderada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a partir de direcciones y programas de género en áreas no tradicionales (Economía, Obras Públicas), ministerios provinciales de igualdad y nuevas carteras en los municipios.

Disputas políticas actuales y el futuro de la democracia

El género es una categoría de análisis que permite visibilizar las desigualdades de poder construidas, no naturales, que provocan injusticias y daño a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.⁴ Esta perspectiva analítica es crucial para los feminismos que pretenden ampliar fronteras de la ciudadanía y democratizar las relaciones sociales. Pese a la diversidad de corrientes y propuestas tanto teóricas como programáticas del feminismo, el reclamo de justicia de género y la crítica al orden patriarcal y heteronormativo han permitido tender puentes entre agendas que podrían parecer desconectadas o aun competitivas, como la redistribución de las tareas de cuidado y la igualdad laboral de las personas trans.

No obstante, el género es también una categoría bajo ataque. Desde espacios libertarios asociados con las “derechas 2.0” (^{Stefanoni, 2021}) hasta grupos neoconservadores de raíz religiosa o ultraliberal, una diversidad de voces enarbola narrativas antifeministas que simplifican y enmascaran la contienda política. De manera esquemática, dichas narrativas denuncian la expansión de una “ideología de género” orquestada por representantes de una “izquierda cultural” destructiva de roles y jerarquías “naturales”, que promueve una intromisión desmedida del Estado en la vida privada y erosiona la autoridad en las familias. En países donde estos discursos han logrado escala e incidencia, el framing antifeminista ha servido de amalgama para la oposición a asuntos tan diversos como las políticas de matrimonio igualitario y las de paridad política (^{Caminotti y Tabbush, 2021}).

El activismo feminista dentro y fuera de las instituciones, así como la existencia de políticas de género que sean efectivas, son imprescindibles para abordar muchas de las desigualdades y las brechas de género que nuestra democracia todavía no ha conseguido erradicar. Son desigualdades que se expresan en la carga desproporcionada de trabajos de cuidado no remunerados que recae en mujeres y niñas, de modo que condiciona sus trayectorias; en la feminización de la pobreza, que limita su autonomía personal⁵; en el impacto diferencial de fenómenos como la crisis climática y sus efectos asociados; y en los preocupantes índices de violencia de género, cuya expresión más dramática son los femicidios y trans-travesticidios. Todas estas desigualdades se agudizan cuando el género se combina con otros marcadores sociales como la clase, la orientación sexual, la condición étnica y/o nacional, entre otros. Cuando tales desigualdades no se reconocen ni se abordan, los derechos peligran o naufragan.

De esta manera, cuando los feminismos y las políticas de igualdad afirman la autonomía de mujeres y LGBTIQ+, mientras los antifeministas defienden un “orden natural” (divino o autorregulado) que reproduce relaciones de desigualdad, lo que está en juego no es una disputa entre políticas públicas específicas, sino el futuro de la democracia y su capacidad de dotar a los derechos de contenido sustantivo. El final está abierto.