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Introducción
En las postrimerías de la última dictadura cívico-militar se produjo en Argentina un complejo y planificado proceso de consolidación del proyecto universitario instalado a partir de marzo de 1976. Cuando la perspectiva del retorno a la democracia se hacía fuerte y el gobierno entendió la inminencia de la vuelta a las urnas, comenzaron a desplegarse muy aceleradamente una serie de estrategias pensadas e implementadas para la preservación de lo que era percibido como el núcleo principal de los cambios acontecidos en la universidad.
Este artículo es parte de una investigación mayor en la que buscamos analizar el legado de la dictadura en las universidades argentinas en los inicios del retorno a la democracia.
Para este trabajo nos centramos en el análisis de las actas de las reuniones del Consejo Asesor, y luego Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, correspondientes a los años 1982 y 1983, que han sido consultadas en el archivo del propio Consejo Superior de la Universidad.
En el trabajo con las actas hemos relevado todas las referencias a los concursos de profesores, lo que incluye las discusiones sobre los modos de implementación de los mismos, sobre la aprobación del reglamento específico para su sustanciación, sobre los llamados a concursos propiciados desde la totalidad de las facultades, así como los complejos procesos de nombramiento de jurados, el tratamiento de excusaciones, impugnaciones, la posterior aprobación de los dictámenes y, finalmente, las resoluciones de nombramiento de los profesores seleccionados.
Queda para un trabajo posterior el análisis de la continuidad de estos cargos bajo el gobierno democrático, aunque sabemos que fueron pocos los concursos que se reconsideraron, a pesar de las numerosas denuncias que se hicieron sobre la legalidad y la legitimidad de ellos entre los años 1982 y 1984.
Vale aclarar que el proceso de regularización masiva de profesores, con el objetivo de condicionar el funcionamiento de la universidad en la postdictadura, no se ha dado solo en la Universidad de Buenos Aires.
Sin embargo, a pesar de la amplitud y relevancia estratégica del tema, el mismo no ha sido estudiado de modo completo y es mucho lo que resta por hacerse en esa necesaria revisión a 40 años del retorno a la democracia.
A modo de ejemplo en su Historia de las Universidades Argentinas, Pablo Buchbinder apenas menciona la cuestión en un breve párrafo. Luego de considerar que «[…] no existió ninguna política de planeamiento u organización del sistema universitario durante los años del Proceso» (2005: 211), se limita a mencionar que «[…] el régimen militar trató de perpetuarse en las instituciones y para ello organizó un llamado masivo a concursos que fue duramente criticado» (2005: 211), concluyendo el comentario con la minimización del episodio al afirmar «Muchos de estos concursos fueron impugnados. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, de 28 concursos fueron impugnados 27» (2005: 212-213)1. En la más reciente Historia de la Universidad de Buenos Aires, editada en 2022 en cuatro tomos como parte de la conmemoración del bicentenario de esa universidad, el libro referido al período ―Tomo III (1945-1983)― apenas menciona el tema y en el Tomo IV (que abarca el lapso 1983-2021) se encuentran unas breves ―pero significativas― referencias en los textos de algunas de las entrevistas realizadas, aunque con un ánimo predominantemente justificativo, sin entrar en un intento por cuantificar el impacto académico de lo sucedido2. Algo más significativo es el abordaje en Seia (2017) y el que hemos hecho en Unzué (2020) y (2021), aunque no con las fuentes que aquí incluimos.
Sobre los concursos en otras universidades nacionales, encontramos referencias para el caso de la Universidad Nacional de La Plata en Rodríguez (2014) y un estudio más específico sobre lo sucedido en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma universidad en Paso (2010) y Silber y Paso (2011). Para el caso de la Universidad Nacional de Rosario, encontramos una breve referencia al tema en Águila (2015), así como en Luciani (2022).
Sin dudas, el relevamiento de lo sucedido en todas las universidades nacionales también queda como tarea pendiente para futuras investigaciones, aunque vale aclarar que fue la de Buenos Aires la primera que emprendió este proceso y en la que se desplegaron los mayores esfuerzos por alcanzar los objetivos.
Para concluir esta introducción, queremos sostener que parte de esta desatención que conoció el tema en estas cuatro décadas de democracia, puede ser atribuida a cierta incomodidad con el mismo.
Como bien se puede ver en la mesa que se organiza en la Facultad de Derecho de la UBA bajo el título Reflexiones a 35 años de la normalización de la Facultad de Derecho y de la UBA 3. Allí, mientras una exsecretaria académica hace una obligada mención al tema, reconoce que la cuestión del estatus a otorgar a los concursos de profesores realizados durante lo que llama el gobierno militar había sido objeto de importantes debates en los comienzos del retorno democrático, pero transfiere la responsabilidad por su tratamiento a las diversas facultades. Su versión de los hechos es que en la Universidad de Buenos Aires no hubo una política unificada sobre esta cuestión. Sin embargo, en la intervención siguiente, la respuesta de quien fuera decano normalizador en esa facultad, que inicia su intervención pidiendo el juicio de la historia y aclarando que había sido expulsado de la universidad por la dictadura entre los años 1976 y 1983, es que había sido el rector normalizador de la universidad el que indicaba que lo que se debía hacer con esos concursos «[…] era una revisión fundada en los procedimientos y no en las personas» (2021), lo que resulta consistente con lo que veremos más adelante.
Un nuevo marco normativo para las universidades nacionales
La sanción del decreto-ley 22.207 en abril de 19804 es el marco primario del proceso que vamos a analizar. El proyecto de ley elevado al presidente de facto Jorge Rafael Videla es presentado por sus ministros de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y por su ministro de Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, dos civiles con una relevante experiencia universitaria y que ocupan posiciones estratégicas en el gabinete nacional.
La amplia presentación del proyecto se centra en destacar como punto de partida que «[…] el universitario es uno de los sectores de la vida del país en donde con mayor intensidad actuó la subversión apátrida» (Decreto Ley 22.207, 1980: 5) pero que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) «[…] ha reestablecido el orden formal en nuestras Casas de Altos estudios» (1980: 5) para sostener luego que en última instancia el propósito es «[…] restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del estado» (1980: 6). De allí que la norma que sería aprobada haga numerosas referencias a estos problemas, comenzando por las prohibiciones del artículo 4° sobre actividades político-partidarias o gremiales, o las condiciones exigidas para ser docente universitario establecidas en el artículo 19 y completadas en el 215.
La subordinación de las universidades al Gobierno, que ya estaba dada de hecho, encuentra aquí su anclaje. Se establece que el rector debe ser nombrado por el presidente de la Nación a propuesta del Ministerio de Educación y que los decanos deben ser elegidos por ese ministerio a instancias del rector.
La Ley 22.207 también supone la redacción de nuevos estatutos en las universidades nacionales, lo cual estará en manos del Ministerio de Cultura y Educación, en uso de las atribuciones de la Asamblea Universitaria.
El primero que se publica en el Boletín Oficial del 5 de noviembre de 1981 será el de la Universidad de Buenos Aires6, ya con un nuevo gobierno encabezado por Roberto Viola, con Carlos Burundarena en el Ministerio de Educación y Lorenzo Sigaut en el Ministerio de Economía7.
El estatuto parece ir más allá que la propia ley en algunos de sus fundamentos doctrinarios. El artículo 4° dice
La Universidad de Buenos Aires inspira su acción en los principios esenciales de la tradición cultural y espiritual de la Nación, fortaleciendo el respeto por la dignidad de la persona y sus derechos y contribuyendo al afianzamiento del espíritu cívico y de la conciencia nacional.
También refrenda la prohibición legal de toda actividad política catalogada de totalitaria o subversiva (artículo 6°), así como la incompatibilidad entre los cargos de gestión universitaria y los partidarios o gremiales. Sostiene, además, que todos los docentes deben estar identificados con los principios constitucionales, con los valores de la Nación, que no pueden integrar o haber integrado o apoyado grupos que hagan o hayan hecho un uso ilegal de la fuerza «[…] ni propiciar ni adherir a concepciones políticas totalitarias o subversivas» (artículo 16). El requisito de integridad moral y rectitud universitaria, aunque no claramente definido, también se mantiene para todo el personal docente. Si bien es típico de este tipo de textos, el Estatuto de la UBA se dedica a definir qué es una cátedra (artículo 11) y qué funciones cumple el profesor titular, explicitando que no solo se trata de la máxima jerarquía del profesorado, sino de ser el encargado de dirigir e impartir personalmente la enseñanza fijando su orientación (artículo 19). Se trata de un punto relevante dado que se completa con el señalamiento de los concursos como mecanismo de selección de los mismos (artículo 22).
En cuanto a los aspectos del gobierno universitario, no reconoce la participación estudiantil, ni la de los graduados, lo que supone el establecimiento de la tradicional concepción del gobierno de los profesores y donde los decanos tienen entre sus funciones: «[…] asegurar el orden, el decoro y la disciplina en el ámbito de la Facultad» (artículo 63).
El planteo del objetivo
Vamos a dividir el período en dos etapas, a nuestro juicio claramente diferenciables.
Una primera, vertiginosa en su desarrollo y sin dudas más significativa por sus implicancias, que se inicia con la referida aprobación del estatuto. Le seguirá la sanción del reglamento de concursos y su desarrollo teniendo como objetivo declarado y mandatorio alcanzar la regularización de nada menos que el 60 % del padrón de profesores, concentrándose en los profesores titulares, para cerrar la etapa de normalización con la realización de elecciones del claustro en diciembre de 1982.
Para llevar adelante esta etapa estratégica, se designa como rector a un personaje emblemático y de fuerte peso propio, como Alberto Rodríguez Varela, quien viene a cumplir una misión fundamental y que, al alcanzarla, renuncia inmediatamente al cargo a fines de ese año 1982.
En este período la urgencia del proceso de los concursos fue máxima. Los mismos se centraron en concursar a los profesores titulares, lo que también les dio una mayor relevancia, pues se entendió que eso consolidaba a los verdaderos responsables de producir los programas y brindar la orientación general a las materias. También podemos adelantar que se trató de un período en el que no se manifestaron disensos, al menos en el Consejo Asesor, sea por la ascendencia del rector, o también por el carácter meramente asesor del Consejo, completamente sometido normativamente a las decisiones unipersonales de Rodríguez Varela, nombrado a su vez, directamente, por el poder ejecutivo a propuesta del Ministro de Cultura y Educación.
La segunda etapa se corresponde ya al año 1983 y prosigue con los concursos en los meses previos al retorno democrático.
Se trata de un período en el que la enorme presión por realizar las elecciones universitarias ya ha sido superada (estas se realizan en diciembre de 1982), lo que permite la aparición de algunas novedades. Esta segunda ya es la de vigencia del nuevo estatuto. El Consejo Asesor deja lugar a un Consejo Superior en el que se integran, al menos formalmente, algunos representantes de los profesores. También es un momento en el que la cuenta regresiva del régimen se hace evidente y los cuestionamientos comienzan a tener más peso en las discusiones internas.
Sin embargo, en base a los datos recolectados, podemos decir que el proceso estuvo lejos de interrumpirse. En realidad, con los procedimientos de los concursos ya más aceitados, los datos relevados muestran que se hicieron más concursos en 1983 (804 profesores concursados) que en 1982 (620 nombramientos). También, como ya hemos adelantado, se puede decir que se avanzó más decididamente sobre las segundas líneas ―los profesores adjuntos―.
A través de nuestro relevamiento hemos dado cuenta de un total de 1424 concursos de profesores realizados en la Universidad de Buenos Aires durante el tramo final de la dictadura militar, correspondiente al bienio 1982-19838.
Etapa 1: los concursos de 1982 para la normalización
El 11 de febrero de 1982 se reúne el Consejo Asesor de la UBA con la presencia del señor rector, Alberto Rodríguez Varela, secundado por el secretario académico, Roberto Enrique Luqui, el secretario de Coordinación universitaria, José María Ugarte, el secretario jurídico, Gregorio Badeni, y el de Planeamiento y Asuntos económico-financieros, Fernando Curat. También participan los decanos y delegados de las doce facultades que tenía en ese entonces la universidad. El tema más importante y urgente de la agenda es el tratamiento de un nuevo reglamento de concursos, cuya propuesta se distribuye entre los presentes.
El rector anuncia que el reglamento presentado ha tomado como base la experiencia de hace doce años, recordando que en 1968/699 se dictó un primer reglamento de concursos para la universidad, que luego fue modificado en 1971 con el fin de acelerar los tiempos de los trámites.
En ese sentido, el rector anuncia que el nuevo reglamento que estaba presentando expresaba como objetivo fundamental el de sustanciar los 3000 o 4000 concursos pendientes, evitando que se genere un número similar de pleitos.
Sin embargo, lo más llamativo de toda la presentación, es que da cuenta de un plan que tiene como principal fin llevar adelante una regularización masiva de la planta de profesores, en especial titulares, en un período de tiempo récord de poco menos de nueve meses.
La preparación del tema parece importante. El rector hace saber que asesores propios especializados en técnica operativa habían armado un modelo de trámite de concurso, en el que se contemplaban todas las posibilidades; que del análisis del modelo se habían desprendido varias simplificaciones y que, de ese modo, estimaban que los futuros concursos podrían concluirse en un plazo de cien días o incluso menos.
Con un tono científico, que apela a una supuesta precisión técnica, el rector comparte su proyecto, al que el Consejo Asesor ―compuesto por todos los decanos― no atina más que a aprobar de forma unánime, introduciendo solo pequeños ajustes de redacción10. También declara que, según los tiempos previstos, el proceso debía comenzar antes del 7 de marzo de 1982.
En una sola sesión se aprueban todos los artículos del reglamento elaborado y propuesto por el rector que, en un momento de la sesión, ante la consulta de un decano por las implicancias de la expresión amistad íntima como causal de recusación de un jurado, afirma: «Nuestro deseo hubiera sido y es limitar al máximo las causales. En definitiva, todos los profesores de cada facultad somos como una hermandad. Además, aclaro que no podemos suprimir esta causal, por cuando ese hecho puede prestarse a malas interpretaciones» (CS, 1982, f. 1562).
Rodríguez Varela repite la idea poco después: hay que minimizar las causales de recusación de jurados para poder completar el proceso de regularización de modo rápido. Su objetivo es llegar a fines de ese año con todos los concursos resueltos para dar cumplimiento a la ley y la normalización de la universidad.
En la versión taquigráfica del acta de la sesión citada aparece una enmienda o tachadura, que permite inferir que algo de lo dicho se prefirió quitar de la versión final. Sin embargo, en épocas de máquina de escribir, es sólo un tachón que permite la lectura de lo suprimido por el ojo revisor. El rector habría dicho que:
[…] por lo demás y muchos de nosotros sabemos y también lo saben los aspirantes que según sea la integración del jurado podrán ganar o no tendrán ninguna posibilidad de ganar el concurso. De modo tal que aquel que prevea no ganar el concurso habrá de procurar desintegrar ese jurado y correrá el albur de que se sustituya por otro que a lo mejor […] un poco más auspicioso para sí (CS, 1982, f. 1565).
Rodríguez Varela viene a la universidad a cumplir una misión y, para ello, quiere forzar la maquinaria administrativa hasta sus límites. En ese proceso, el eslabón que sigue a la sanción de la ley y la aprobación del estatuto es el rearmado del reglamento de concursos con dos fines claros: poder tener fuerte influencia en los resultados y minimizar los eventuales contratiempos, como los que producen las impugnaciones. El rector sabe, lo dice y lo oculta, que es en la selección de los jurados en donde se definirá buena parte de los mecanismos que se buscan implementar, en especial la cuestión de lo que podríamos llamar el control ideológico de los ganadores. Por eso, como retoman más adelante en el debate, la idea es darles un amplio margen de maniobra a los jurados, que llega a que puedan solicitar la no realización de la prueba o clase de oposición. Como señala el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, César Trejo11, «En relación con la filosofía del reglamento, estimo que en forma muy acertada se le asignó al jurado un amplio conjunto de grados y de libertad operativa. Por ejemplo, al asignarle la posibilidad de eximirlo de la prueba» (CS, 1982, f. 1578).
Pero hay otro elemento que también es planteado por el rector en respuesta a una sugerencia del decano de Ingeniería, Enrique Dittmar Fliess. Rodríguez Varela demuestra no sólo que los objetivos de su misión son muy claros y precisos, sino que, además, parten de la siguiente situación:
[…] se supone que los profesores que en altísimo porcentaje son interinos, si se les ha ido renovando la designación ha de ser porque están en condiciones de desempeñarse. Es ese uno de los elementos esenciales que hemos incorporado al reglamento para consolidar la obra que se hizo en la Universidad. En particular con la participación de ustedes, porque yo no he estado en el gobierno de la Universidad en los últimos años. Todo esto tiende a consolidar esas situaciones (CS, 1982, f. 1573).
Es decir, el reglamento busca dar el marco para regularizar los nombramientos arbitrarios e ideológicos que se hicieron a partir de 1976, luego de las purgas de los sectores de izquierda que se inician con el accionar de la Triple A y que se cristalizan con el golpe de estado de marzo de 1976, lo que incluye expulsiones y desapariciones. El rol de Rodríguez Varela será, entonces, consolidar a la planta de profesores nombrada en su mayoría por las autoridades de facto, a fin de garantizar sus continuidades ante el escenario del retorno a la democracia.
Según sus propias palabras: «[…] cuanto mayor sea el número de cátedras que podamos concursar, mejor para la Universidad: habremos cumplido de mejor manera nuestra misión y no dejaremos cosas con puntos suspensivos» (CS, 1982, f. 1585).
Con esa premisa se aprueba todo el reglamento de concursos y se comienzan los llamados en las facultades de modo inmediato.
En la sesión correspondiente al 4 de marzo de 1982 se discuten cuestiones de procedimientos para los concursos, de implicancias presupuestarias sobre las dedicaciones, y hay una referencia al perfil de los jurados. Hay acuerdo en que los jurados pueden ser profesores de universidades privadas argentinas, algo que es bien visto por varios y por el rector, sosteniendo el buen nivel de los mismos. También se plantea la dificultad de nombrar jurados internacionales. Para el rector, ello complica y dilata los trámites. Para el decano de Ingeniería, Fliess, hay otra dimensión importante: los extranjeros que vienen no conocen a la gente (CS, 1982, s. n.).
En las sesiones posteriores se aprueba un enorme número de llamados a concursos, centrados, como se dijo, en los casos de los profesores titulares, aunque anunciando que apenas sea posible se pasará a los adjuntos.
Apenas un par de meses después, en la sesión del Consejo Asesor del 29 de abril de 1982, ya se repasa el avance de los trámites a solicitud del rector. Los diversos decanos dan cuenta de lo sucedido en sus facultades en tan solo dos meses. El primero que expone sus adelantos es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Pedro Perissé, que anuncia que sobre 26 materias y 75 cargos llamados a concurso se presentaron 218 aspirantes. Sin embargo, señala como un problema la designación de los jurados para esos concursos, dado que, a su entender, los mismos debían estar a cargo de profesores titulares. El rector Rodríguez Varela le responde que ello es cierto para los cargos de titular, pero que no era necesario que la integración de los jurados recaiga en profesores titulares cuando se trataba de concursos de adjuntos. Perissé manifiesta que, a su entender, debían ser titulares todos los jurados de todos los concursos, a lo que el rector le responde:
Pero con ese criterio no vamos a poder avanzar un centímetro, y realmente estamos un poco apremiados porque tenemos un cronograma para el año que viene. La aceleración del proceso político que va a ejercer influencia en el proceso universitario, nos obliga a extremar los recaudos para procurar cuanto antes poder llegar a las elecciones de claustro y a la integración de los consejos (CS, 1982, f. 1656).
Completa su intervención diciendo que, en general, se trata de adjuntos que cubren cargos de titulares interinos «[…] y que previsiblemente van a ganar el concurso de titular» (CS, 1982, f. 1657).
A continuación, toma la palabra el decano de Medicina, Carlos Abel Ray, que sostiene que su facultad es de una larga tradición por lo que, en principio, acordaba con lo expuesto por Perissé, pero «[…] vista la circunstancia de que la prioridad es que la Universidad marche ya mismo» (CS, 1982, f. 1657), estaban integrando a adjuntos en los jurados. El rector responde «[…] si no actuamos con rapidez no llegamos a fin de año. Aunque sea habrá que llamar a un número razonable, aunque no se llame a todos» (CS, 1982, f. 1657).
A su turno, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Carlos Segovia Fernández, relata que están a punto de cerrar las inscripciones a los concursos, que se ha llamado a cubrir 46 cargos de profesores titulares y que los concursos constarán de una prueba escrita que será la presentación de los antecedentes, mientras que la prueba oral quedará a criterio de los jurados, sosteniendo que «El panorama es complejo, pero de todas maneras el objetivo del 60 % de los cargos concursados que marca la ley, tengo firme esperanza de que para fin de año lo podremos cumplir» (CS, 1982, f. 1660).
El decano de Agronomía, Ichiro Misuno, relata que se llamó a concurso diez cargos de profesor titular y veinte de asociados en una primera etapa, pero que estima que van a avanzar con todos los cargos usando los mismos jurados para titulares, asociados y adjuntos, por lo que para la segunda mitad de mayo van a llamar a prácticamente todos los concursos.
El decano de Odontología, Lionel De la Serna, hace saber que en esa facultad ya han cerrado la inscripción para 17 cargos de titulares y asociados y que, en un segundo llamado ―previsto para agosto―, abrirían otros 14 cargos de adjuntos, por lo cual, de los 107 profesores que tiene la facultad, estarían cumpliendo con el 60 %.
En Arquitectura, el decano José Aldo Piña también comenta que la inscripción ya ha sido cerrada. Que la facultad tiene casi el 14% de los profesores titulares concursados, que hay diez concursos que tendrán una resolución casi inmediata porque se ha inscripto un solo candidato, que muchos de los concursos serán sólo orales y con exposiciones breves con una duración máxima de 30 minutos o de 15 para las pruebas de talleres, y que estaban comenzando con los concursos de adjuntos.
La respuesta del rector es lacónica: «[…] sería interesante solicitarle al jurado que no se tome el tiempo que le establece el reglamento» (CS, 1982, f. 1663).
El decano de la Facultad de Farmacia, Juan Claudio Sanahuja, señala que allí ya cerraron la inscripción y que participarán el 90 % de los profesores titulares y asociados, ya que para veinte cargos se presentaron veintitrés aspirantes, por lo que estima que son concursos que van a salir a gran velocidad y que, en la mayor parte de los casos, se trata de los docentes que están a cargo de las materias de forma interina, mientras que para los adjuntos tienen previsto lanzar los concursos en el mes de junio, por lo que el claustro quedaría «[…] holgadamente por arriba del 60 % a fin del corriente año» (CS, 1982, f. 1665).
En la Facultad de Ciencias Económicas, el decano Mario Biondi relata que están por cerrar las inscripciones a titulares y asociados de casi todos los departamentos y que en los primeros días de mayo comenzarían con las correspondientes a los adjuntos, con lo que van a cubrir holgadamente el 60 % buscado.
En la Facultad de Veterinaria, el decano Norberto Ras hace saber que solo tienen cuatro profesores regulares, lo que genera problemas incluso para formar jurados, pero que están trabajando para alcanzar la meta a fin de año.
En cuanto a Filosofía y Letras, el decano José Santos Gollán dice que ya han llamado a quince concursos de titulares y que están comenzando con los casos fáciles, que son los que tienen un solo candidato. También comenta que en la segunda semana de junio avanzarían con asociados y adjuntos, mientras que prevén un tercer llamado durante la segunda semana de agosto para completar estas últimas categorías. Asimismo, refiere que eximirían de la prueba de oposición a aquellos que ya están ocupando los cargos sea como ordinarios o interinos.
En Ingeniería, el decano Fliess anuncia que ya se han llamado a concurso cuarenta y nueve cargos de titulares, pero que aún hay muy pocos inscriptos. Sin embargo, ya tienen los jurados listos para su aprobación y espera avanzar luego con adjuntos.
Finalmente, el rector manifiesta que, en las carreras dependientes de rectorado, fundamentalmente Psicología y Sociología, hay temas de cambio de planes de estudio que están frenando el avance de los concursos.
En la sesión del 13 de mayo de 1982, el tema de los concursos vuelve a ser central, en especial por las reacciones ante el reglamento de los mismos. El rector se muestra inquieto por saber cuáles han sido las diversas respuestas en las facultades. Destaca que en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales «[…] se presentaron dos reservas, una de ellas del apoderado del Partido Comunista Oficial» (CS, 1982, f. 1688). El decano Biondi dice que en su Facultad no hubo «[…] ninguna. Hubo algunas sonrisas al leerse los detalles del reglamento, pero nada más»12 (CS, 1982, f. 1688). El decano Fliess, de Ingeniería, dice que en su facultad prácticamente nadie pidió el reglamento. El decano De la Serna manifiesta que el proceso de nombramiento de jurados está siendo muy conflictivo «A pesar de ser Odontología una facultad muy chica, lamentablemente ha estado muy politizada; hay algunas facciones que no se avienen, de manera que puede haber algunas excusaciones o recusaciones» (CS, 1982, f. 1688). El rector lo interrumpe, preocupado, repreguntado si hubo objeciones al régimen, a lo que responde que no y tampoco al reglamento.
Poco después, el decano Sanahuja dice que ellos prefirieron, a diferencia de Medicina, que haya integrantes del jurado que no sean de la Facultad. Rodríguez Varela le replica tajante «[…] en ese caso ustedes van a tener que soportar las consecuencias» (CS, 1982, f. 1691).
En la sesión del Consejo Asesor, correspondiente al 17 de junio de 1982, el tratamiento del tema de los concursos vuelve a ocupar un lugar central, con un primer y extenso informe del rector Rodríguez Varela, que comienza del siguiente modo:
[…] de acuerdo con lo que venimos conversando desde el comienzo de nuestra gestión y a pesar de las circunstancias críticas que vive el país, hemos procurado continuar aceleradamente el proceso de normalización, conscientes de que es importante que en momentos de concretarse el proceso de apertura política la universidad tenga autoridades genuinas con un claustro normalizado, consejos académicos, Consejo Superior. Para ello es necesario que alcancemos el porcentaje mínimo del padrón. Los cargos docentes (profesores ordinarios) del presupuesto de la universidad son 3695, y hay 893 confirmados. De modo que en teoría la universidad debe llamar a concurso para proveer 2802 cargos. La ley exige para iniciar el proceso de convocatoria a elecciones que esté cubierto el 60 por ciento de los cargos, lo cual nos da una posibilidad de flexibilidad para no llamar cuando por una u otra circunstancia así se considere conveniente. Hemos llamado en la primera etapa para 450 cargos. Conscientes de que el tiempo se nos va de las manos, en lugar de aguardar la terminación de los concursos de profesores titulares llegamos a la conclusión de que era necesario acelerar el proceso. La Universidad de La Plata, que ahora inicia su proceso por haber obtenido la aprobación de su estatuto, va a llamar simultáneamente para titulares y adjuntos, porque el tiempo no alcanza. Con los llamados complementarios que se han hecho en Medicina, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Agronomía, Odontología y Arquitectura tenemos 453 cargos. Por lo tanto, el total de cargos ya convocados es de 903. O sea, entonces, que para cubrir el total de cargos todavía habría que sustanciar 1899 concursos.
De cualquier manera, el 60 por ciento del total alcanza a la cifra de 2217. Si a esa cantidad le restamos los confirmados (son 893) resulta que necesitaríamos llamar 1324. En síntesis, para poder llamar el 60 por ciento, tendríamos que llamar a 421 cargos de profesores ordinarios (CS, 1982, f. 1757).
Hecho ese cálculo, comienza a pasar revista de los concursos que se podrían poner en marcha. El decano Perissé anuncia que pueden llamar aproximadamente a 643 cargos de adjuntos, lo que le permite al rector decir que tanto las facultades de Filosofía como la de Ciencias Veterinarias, que recién iniciaban con el proceso, no necesariamente tendrían que comenzarlo.
Sin embargo, hace un llamado a los decanos para avanzar rápido en el camino, recuerda que según los cálculos realizados por el Capitán Buján13, se podrían concluir en cuatro meses en los casos simples.
El objetivo que sostiene Rodríguez Varela es el de lograr los propósitos de autonomía de la universidad que «[…] están proclamados en la propia ley. Además, creo que la universidad estará en mejores condiciones para afrontar los difíciles momentos que seguramente va a vivir el país, con motivo del paulatino o tal vez acelerado proceso de apertura» (CS, 1982, f. 1759).
El repaso de la situación de las facultades a la fecha se centra en las tres que están próximas a concluir sus concursos: Derecho, Ingeniería y Farmacia. En Ingeniería el decano anuncia que, sobre 422 cargos, entre confirmados y llamados a concursos, hay 149 y que llegarán al 75 % del total de cargos regularizados. En Farmacia están llamando a 130 adjuntos, por lo que llegarán al 70 %. El decano de la Facultad de Filosofía dice que necesita hacer 100 llamados para llegar al 70 %, aunque el rector le responde que según el presupuesto ellos tienen 116 titulares, 32 asociados y 36 adjuntos, lo que muestra que hay poca rigurosidad con los números que se mencionan.
Finalmente, el 1° de julio se produce el inicio del proceso de designación de los primeros profesores titulares regulares. El rector da con mucho agrado los nombres de los designados, dos profesores de ingeniería y uno de medicina14.
Para el mes de julio de 1982 la tramitación de los concursos de profesores muestra diversos aspectos en el Consejo Asesor. Se aprueba un número importante de renuncias y excusaciones de jurados en todas las facultades. Sólo en una sesión hemos relevado dieciséis excusaciones y veintidós renuncias de jurados, pero que impactan en un número mucho mayor de concursos, con algunos casos significativos. A modo de ejemplo, William Leslie Chapman se excusa de intervenir en concursos para designar a doce profesores titulares del área contable de la Facultad de Ciencias Económicas, mientras Jorge A. Aja Espil renuncia a ser jurado de los concursos para designar a siete profesores titulares de derecho internacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Raúl Enrique Castagnino hace lo propio con los jurados para designar a doce profesores titulares en el departamento de diseño arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. A estos ejemplos los mencionamos para mostrar que los nombramientos concentraron muchos concursos en pocos jurados considerados confiables o consustanciados con el objetivo, aunque algunas veces ello haya fallado15.
En el encuentro del Consejo Asesor del 26 de agosto de 1982, el rector anuncia que se hicieron 115 designaciones correspondientes a los 743 cargos ya concursados. Rodríguez Varela afirma que algunas facultades, como Ingeniería, «[…] están entrando en una celeridad realmente auspiciosa, ya que han resuelto 28 llamados» (CS, 1982, f. 1861) y que el objetivo es apresurar los concursos para llamar a elecciones el 15 de diciembre de 1982, constituir el Consejo Superior esa misma semana y convocar a la Asamblea universitaria para el 15 de febrero para que la universidad arranque 1983 normalizada y autónoma. Aquí surgen dos comentarios: el primero es que hay una clara hoja de ruta, con tiempos precisos que se deben cumplir y que se explicitan de modo constante. El rector, en cada sesión, pasa revista de la situación de los concursos e interpela a los decanos al respecto. Lo segundo es la extraña referencia a la autonomía, desde una universidad que no tiene nada de autónoma. La universidad intervenida con sus autoridades nombradas por el poder ejecutivo de facto está preparando su autonomía, para preservarse cuando asuma el próximo gobierno democrático que, a esta altura, ya con la derrota en la Guerra de las Malvinas sellada, comienza a verse cada vez más cercana.
Es por esto que para Rodríguez Varela todo ese proceso se debería haber hecho dos o cuatro años antes, lo que lo lleva a lamentarse por la demora en la aprobación del estatuto, afirmando que ese criterio era compartido por el Ministro y el Presidente de la Nación. La presión con la que están trabajando es alta y compromete a toda la estructura burocrática de la universidad.
En la sesión del 30 de septiembre de 1982, por primera vez, el rector se hace eco de algunas críticas que está despertando el proceso de normalización que lleva adelante16. El rector dice que el proceso «[…] ha sido un poco zarandeado últimamente» (CS, 1982, f. 1909) pero que «[…] tengo la impresión, Dios mediante, que quizás podamos ir superando los escollos» (CS, 1982, f. 1909).
Rodríguez Varela se refiere a las repercusiones públicas del tema, destacando que el decano de la Facultad de Medicina había hecho declaraciones públicas muy buenas y que los periódicos La Nación y La Prensa habían hecho editoriales de apoyo, así como el periódico La Convicción, mientras que La Voz era crítico. En ese escenario, llama a no disminuir el ritmo porque, según sus palabras, «[…] estamos ante una carrera contra el tiempo» (CS, 1982, f. 1909).
Rodríguez Varela anuncia que para hacer las elecciones y llamar a la conformación del Consejo Superior la semana posterior, iban a requerir un decreto que ya estaba redactado y que le había mandado ese día al ministro. Allí anuncia que se deberá elegir a un nuevo rector en la Asamblea de febrero ya que el grado de personalización de la situación hacía conveniente para la universidad que él sea reemplazado, aunque los decanos podrían quedar si ello resultaba su voluntad. También repite:
[…] ya les pido encarecidamente que no decrezca el ritmo de los concursos, sobre todo en aquellos casos en los que hay pocos presentados, si los jurados no se toman los tiempos previstos mejor. El caso de los adjuntos será más complejo, pero sobre todo en estas seis facultades que necesitamos, les pedimos que acentúen el ritmo hasta donde sea posible, porque falta poco tiempo. El doctor Badeni, uno de nuestros juristas, a lo mejor sabe con qué anticipación hay que hacer la convocatoria. Hemos pensado en el 20 de diciembre, porque es un día lunes, con lo que es una prolongación del domingo, es decir que se prolonga la inactividad de un día (CS, 1982, f. 1911).
En la sesión del 28 de octubre de 1982 el trabajo es frenético, entre aceptaciones de renuncias y excusaciones de jurados, designación de sus reemplazos en casi todas las facultades, múltiples autorizaciones para llamados de nuevos concursos y designaciones de profesores ordinarios que prosiguen en las sesiones del 18 de noviembre y del 15 de diciembre de 1982. Esta última, justo antes de la realización de la elección y de la renuncia inmediata del rector que, habiendo cumplido con la primera etapa de la normalización, es decir, con su misión, cumple con lo anunciado y se retira.
Etapa 2: los concursos para consolidar la universidad permanente en 1983
El 10 de febrero de 1983 se produce la primera reunión del ahora llamado Consejo Superior, integrado conforme a lo dispuesto por la ley y surgido de las elecciones de diciembre de 1982. Como era de esperarse, las continuidades en el gobierno de la universidad son la norma. El nuevo rector es el exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Carlos Segovia Fernández, tal vez como premio al enorme aporte hecho por esa facultad a los concursos de profesores. Ello lleva a que el decanato de la misma sea asumido por Osvaldo Argentino Peso. Sin embargo, el resto de los decanos permanecen en sus cargos. La única novedad es que el nuevo cuerpo integra a representantes de los profesores, surgidos de los concursos realizados. También vemos que el nuevo rector nombra a sus secretarios.
A pesar de haberse conseguido el objetivo inicial, en 1983 se prosigue con la normalización, tanto a partir del llamado a múltiples concursos nuevos, como por la designación de profesores que habían concursado a fines de 1982. Esto se verifica también en todas las sesiones posteriores en las que se resuelven importantes cantidades de renuncias de jurados y se refrendan dictámenes elevados por las facultades.
En esta segunda etapa podemos ver que el esfuerzo está puesto en los adjuntos, al menos en las facultades que están más avanzadas con el proceso. A modo de ejemplo, la Resolución 349/82 llama a 40 cargos de profesor adjunto de medicina interna para esa facultad.
Pero también se nota un ligero cambio, que da indicios del debilitamiento del gobierno. Ya no es un Consejo Asesor el que se reúne, sino el Consejo Superior, y paulatinamente empiezan a aparecer algunas resistencias (modestas, en forma de abstenciones) que no había tenido que enfrentar Rodríguez Varela en un clima mucho más monolítico.
En la sesión del 22 de septiembre de 1983 se discute por un inesperado refuerzo de cargos que recibe la UBA para todas las facultades. Tal vez se trata de un intento por fortalecer el tramo final de los concursos, pero la repartición de los adicionales entre las facultades genera cierto debate y la abstención de varios consejeros. Otro ejemplo de la complejización del escenario lo vemos cuando en la sesión del 11 de octubre de 1983, tratándose un expediente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para regularizar catorce cargos de profesores adjuntos de derecho civil, se producen catorce recursos, por lo que se decide dejar sin efecto el trámite. Es cierto que en la Facultad de Derecho es donde se presentan más recursos judiciales contra los concursos y eso explica en parte las demoras que se dan en esa unidad académica, pero la suspensión del llamado resulta una novedad.
Eso no significa que se deje de avanzar en todos los frentes posibles o que en las restantes sesiones no se avance con las designaciones.
La sesión del 24 de noviembre de 1983 se anuncia como la última antes del cambio de gobierno. El rector Segovia Fernández hace saber que en los próximos días va a presentar su renuncia y sostiene:
Acepté el cargo de rector de la Universidad de Buenos Aires en un momento en que el porvenir era bastante incierto. En realidad, la situación de la universidad no era muy promisoria. Decidí que tenía que hacerlo y diversas circunstancias me colocaron en esa coyuntura que podría juzgarse desfavorable. Creo que las batallas hay que librarlas no sólo cuando se está seguro de que se ganan, sino cuando se supone que valen la pena. Hemos tenido un año de intenso trabajo y salimos adelante. Hemos salido adelante y en este sentido, la Universidad de Buenos Aires ha brindado al país un ejemplo de orden y de trabajo [...] la universidad ha sido un ejemplo de orden y de trabajo y estos hechos se los debemos a toda la gente que ha trabajado, a lo que yo llamaría Universidad permanente. En mi opinión, la universidad permanente son los alumnos, que regeneran la nueva savia con su inteligencia, los docentes, los investigadores, cuya tarea se refleja en cientos de trabajos publicados cada año, y los no docentes, nunca suficientemente reconocidos [...]. Me alejo con una gran confianza en el futuro; pienso que el futuro está asegurado. El futuro de la Universidad está asegurado, pero no por un ordenamiento jurídico ni por las autoridades pasadas, sino por la gente que nos rodea, por la unidad que también nos rodea y por la gente joven que nos va a reemplazar (CS, 1983, f. 6454 y 6455).
El discurso de cierre de su labor como rector, ante el retorno a la democracia que se traducirá en una rápida intervención de todas las universidades nacionales, es muy claro. Considera que han cumplido su tarea y ve con confianza el futuro, al que entienden resguardado por el fuerte trabajo realizado. Una buena parte de lo que llama la universidad permanente ya ha inoculado: son esos docentes e investigadores que asumieron sus cargos regulares en el frenético esfuerzo de dos años. Su confianza parece reposar en una buena lectura de lo que estaba por suceder.
Conclusiones
Los concursos de profesores, que tuvieron distinta penetración en las facultades (siendo Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Medicina y Derecho y Ciencias Sociales las que más concursos realizaron en el período)17, fueron un proceso claramente premeditado para condicionar el funcionamiento de la universidad ante el inminente retorno de la democracia, como se puede concluir a partir de las voces de los propios protagonistas aquí relevadas. También podemos afirmar que se trató de un complejo pero exitoso conjunto de medidas que llevaron de modo consistente a alcanzar los objetivos buscados.
A pesar de las múltiples resistencias que se expresaron mientras se estaban realizando y a posteriori de las declaraciones públicas de los principales partidos políticos ―como las que realizan diversas figuras del Partido Radical , del Justicialista, el movimiento estudiantil en todas sus expresiones comenzando por la Federación Universitaria de Buenos Aires y la Federación Universitaria Argentina, y de diversos colectivos de intelectuales18―, el gobierno que asume en diciembre de 1983 no muestra mucha voluntad de producir una anulación general de los mismos, como tampoco lo hará con los nombramientos realizados para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación19.
Ya el Decreto 154/83, dictado el 13 de diciembre de 1983 ―es decir apenas asumido el gobierno constitucional―, establece la intervención de todas las universidades nacionales, anula la vigencia de los estatutos de facto declarándose la aplicación de los vigentes con anterioridad al 29 de julio de 1966, suspende la sustanciación de todos los concursos docentes universitarios en su artículo 7°, y delega en los Consejos Superiores provisorios de las universidades, «[…] revisar la aparente validez de los concursos realizados bajo el imperio de la Ley 22.207» (Decreto 154/83, artículo 8°).
Las diversas polémicas sostenidas sobre la legalidad de esos concursos, sobre los modos en que condicionaban el porvenir de la nueva universidad democrática, comienzan a aplacarse con diversas intervenciones públicas del ministro del área, Carlos Alconada Aramburú20, pero también con expresiones de las autoridades de la misma universidad de Buenos Aires, como el rector normalizador, Francisco Delich, quienes encabezan el llamado a mirar hacia adelante y a pensar más en los auxiliares docentes como el futuro de la universidad que en los viejos profesores21.
Algunos meses después de la asunción del nuevo gobierno electo, se sancionará la Ley 23.068, del 13 de junio de 1984, derogatoria de la Ley 22.207, y concluye el debate sobre el tema de los concursos de profesores estableciendo que pueden «[…] ser impugnados a pedido de parte interesada dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley» (artículo 9°). En el mismo plazo le encomienda a cada universidad la implementación «[…] de un régimen de reincorporación que contemple la situación del personal docente y no docente cesanteado, prescindido u obligado a renunciar por motivos políticos; gremiales o conexos» (artículo 10).
El resultado es que la mayoría de los profesores concursados bajo la dictadura conservaron sus cargos, en general, hasta alcanzar sus edades jubilatorias años después del retorno a la democracia. En ciertas facultades como Medicina o Ciencias Exactas se organizaron para resistir posibles revisiones de sus concursos, o incluso sus reemplazos, con el llamado a concursos posteriores22.
Ese legado abre una importante pregunta sobre la continuidad en las aulas, en los programas, en los enfoques, en los criterios para la selección de los nuevos docentes ingresantes a sus cátedras, de los valores promovidos y utilizados como criterio de selección por los concursos realizados durante la dictadura militar.
El objetivo era claro, como expresará el propio rector Segovia Fernández en su alocución de despedida ante el Consejo Superior: legar una universidad permanente, lo que le permite afirmar que el futuro de la Universidad está asegurado.
El silenciamiento posterior del tema, su paulatino olvido y las resistencias de los profesores surgidos de los concursos aportaron a la perduración de sus efectos.
