1. Introducción

Argentina fue durante el 2022 presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego de que, por rotación, la vacante debiera ser ocupada por un país de América Latina y el Caribe. El organismo intergubernamental que fue conducido en el año 2021 por Fiyi, bajo la figura de Nazhat Shameem Khan, estuvo presidido en su 16º ciclo por Federico Villegas Beltrán, abogado y diplomático de carrera que ingresó al servicio exterior en el año 1993. El presidente entrante aclaró en su discurso que los derechos humanos universales no deben estar guiados por patrones geopolíticos y que deben asegurarse más allá de la frontera nacional. Por su parte, señaló que entre los desafíos a afrontar se encuentran el cambio climático, la discriminación por orientación sexual, la discriminación contra las mujeres, los derechos humanos en la era digital y los derechos de las personas mayores[¹].

En este contexto, la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita se presentó como uno de los desafíos de la nueva administración, ya que se ajustaba a los retos principales en los que focalizaría sus esfuerzos. En este país, el hermetismo promulgado por la monarquía dificulta saber de manera objetiva qué es lo que sucede en el interior del reino. Si nos guiamos por la información aportada por la corona, supondríamos que hoy lo que vive el reino es un proceso de modernización, el cual se oficializó en el 2016 con el lanzamiento del plan Vision 2030, un ambicioso proyecto que busca generar cambios políticos, económicos y sociales. Según el discurso de las autoridades locales, Riad pretende transformar no solo su economía, con el fin de dejar de depender de los hidrocarburos, sino que también la sociedad (^{Habibi, 2019}). En ese sentido, hoy las mujeres pueden postularse y votar en elecciones municipales, ser parte de las fuerzas armadas y presenciar espectáculos deportivos, entre otros derechos adquiridos.

No obstante, esta es solo la versión oficial. En realidad, la corona saudí se encuentra cuestionada internacionalmente desde el año 2018, cuando un Grupo de Intervención Rápida dirigido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, asesinó al periodista opositor Jamal Khashoggi en un consulado saudí en Estambul, Turquía (^{Mazzetti & Hubbard, 2018}). Desde entonces, la monarquía ha intentado, sin éxito, limpiar su imagen. La cumbre del G20 del 2020 en Riad, capital saudí, se presentaba como una gran oportunidad para demostrarle al mundo los avances que había conseguido el país, pero estos planes se vieron frustrados por la pandemia, que obligó a que la reunión se hiciera de manera virtual. La reciente compra del 80% del club inglés Newcastle United por parte del Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita, también conocido como PIF por sus siglas en inglés, tiene las mismas intenciones propagandísticas (^{Fernández Moores, 2021}). De hecho, esta es una práctica común entre los países árabes, conocida con el nombre sportswashing. Ella consiste en encubrir las violaciones de los derechos humanos dentro de un país por medio de la compra de la pasión, el prestigio y el orgullo que generan los deportes, en este caso particular, el fútbol.

En ese sentido, los esfuerzos saudíes se han focalizado en encubrir las constantes violaciones a los derechos humanos, las cuales se han incrementado aún más con la pandemia del COVID-19. Decapitaciones, crucifixiones, juicios arbitrarios, castigos corporales, represión a la libertad de expresión y de reunión son algunos de los actos cometidos por el régimen, que busca silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionarlo.

Si los derechos humanos para las autoridades argentinas debían ser inmunes a los cambios geopolíticos, tal como anunció el entrante presidente del Consejo de Derechos Humanos, el nuevo rol de Argentina en este organismo podía ser fundamental para denunciar las mencionadas trasgresiones perpetradas por el régimen de bin Salman y exigir su cese. Además, el continuo incremento de las violaciones a los derechos humanos en los últimos 6 años, y la posibilidad de que las represiones en Arabia Saudita sigan creciendo, en tanto la oposición a la monarquía sea cada vez mayor por su imposibilidad de cumplir sus promesas, convierte a este caso en particular una situación a ser tratada con urgencia por el organismo. El incremento de las ejecuciones luego de la presidencia saudí en el G20, los crímenes de guerra cometidos en Yemen y la publicación por parte de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos del informe Khsashoggi, en el cual se responsabiliza a la monarquía por el asesinato del periodista árabe, son otras razones de la importancia de este caso en particular.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de Naciones Unidas que fue creado en el año 2006 por la Asamblea General de la ONU con el objetivo de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo y formular recomendaciones sobre ellos. Este está integrado, según lo dispuesto por el párrafo 7 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, por 47 Estados elegidos por la mayoría de la Asamblea General a través de una votación secreta y directa, teniendo en consideración la contribución de los Estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como también sus promesas y compromisos en un sentido voluntario. El mandato dura 3 años con la posibilidad de una única reelección y la renovación de los miembros se da en tercios, es decir que cada año se eligen a los 18 nuevos integrantes. Los miembros electos pueden ser suspendidos de sus mandatos si violaran sistemáticamente los derechos humanos.

La composición del organismo está equitativamente distribuida por regiones, organizándose de la siguiente manera: 13 Estados de África, 13 de Asia-Pacífico, 6 de Europa Oriental, 8 de América Latina y el Caribe y 7 de Europa Occidental y otros. Además, el consejo tiene una mesa integrada por 5 personas, 1 presidente y 4 vicepresidentes, quienes también están equitativamente divididos de modo que cada uno de ellos pertenezca a una de las regiones recién nombradas. Actualmente la presidencia es ocupada por República Checa.

Obtener la presidencia implica ser apoyado por los países de la región para su representación. Además, la importancia de este cargo radica en que, si bien quien lo ejerza no puede decidir qué se aprueba o qué no, si tiene una gran influencia en la determinación de la agenda del organismo, pudiendo definir qué tema tiene predominio o mayor necesidad de ser tratado, es decir, donde se pone el foco de atención del consejo. Por esta razón, el consejo ha sido criticado por su politización, manifestada en el sesgo ideológico a la hora de tratar determinados temas, y por la designación de miembros para completar el cupo regional a pesar de que pueda haber otros Estados que tengan mayores méritos para ostentar la posición. Estas polémicas fueron algunas razones por las que el gobierno de Estados Unidos de la mano del expresidente Donald Trump, abandonó en el pasado el organismo (^{Miguel, 2021}). Ante esto, Argentina anticipó que los derechos humanos debían ser inmunes a cambios geopolíticos y que durante su presidencia uno de los desafíos sería reflexionar sobre los derechos desde una perspectiva histórica, haciendo referencia a las prácticas que han sido naturalizadas durante siglos y que aún deben ser erradicadas, como la esclavitud, el colonialismo y la discriminación hacia la mujer.

Retomando la composición del organismo de derechos humanos, debemos destacar que para el 2021, 119 de 193 miembros de las Naciones Unidas formaron parte del mismo, lo que implica mayor legitimidad al pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos en los demás países, aunque como se señaló recientemente, esto también genera polémicas. Entre los integrantes actuales se destacan Argentina, Libia, Uzbekistán, China, Alemania, Ucrania, Japón, Federación Rusa, Reino Unido, Brasil y Venezuela.

El consejo se reúne al menos en tres periodos ordinarios anuales, para un total de 10 semanas. Estos se llevan a cabo en marzo (4 semanas), junio (tres semanas) y septiembre (tres semanas). Además, el organismo puede celebrar periodos de sesiones extraordinarias si un tercio de los Estados miembros lo solicitara, con el fin de abordar violaciones de derechos humanos y situaciones de emergencia.

El consejo tuvo su primera reunión el 18 de junio de 2007. En ella adaptó el paquete institucional que proporciona elementos que guían su labor actual. Uno de los elementos a destacar es el Examen Periódico Universal (EPU), un proceso que involucra un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los miembros de las Naciones Unidas. Cada año se examinan 42 miembros de Naciones Unidas, lo que implica que la revisión total se completa en un periodo de 4.5 años. El consejo le da la posibilidad de declarar a cada miembro las medidas aplicadas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir sus obligaciones en la materia, al igual que también pueden expresar sus preocupaciones y formular recomendaciones a los Estados objeto de análisis. Los Estados examinados cada año reciben un promedio de 180 recomendaciones. De ellas, se espera que cada país indique cuáles apoya (en promedio sostienen cerca de un 75% del total), y explique qué medidas adoptará para aplicarlas. De igual forma, el EPU permite que los Estados soliciten asistencia técnica de otros países a fin de mejorar la capacidad para hacer frente a diferentes problemáticas. El objetivo principal del EPU es mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y abordar la violación de los derechos humanos dondequiera que se produzcan, manteniendo un trato igual para con todos los miembros (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [HRC], 2022).

Una función primordial del Consejo de Derechos Humanos es la de crear comisiones de investigación y misiones de determinación de los hechos para responder a violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, ya sean prolongadas o derivadas de acontecimientos súbitos, a fin de determinar la responsabilidad de tales violaciones. Las comisiones pueden ser creadas desde una perspectiva temática o específica de un país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), actualmente bajo dirección de la expresidente chilena Michelle Bachelet, tiene un papel primordial en tanto proporciona conocimientos técnicos y asistencia a las misiones y comisiones creadas (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH],2022).

Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos tienen la obligación de utilizar métodos ajustados a la Carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional.

Fiyi, presidente del consejo en 2021, utilizó los mandatos como un instrumento a la hora de proteger los derechos humanos. De este modo, durante su dirigencia se extendieron 17 procedimientos especiales y órganos de investigación y se crearon 7 nuevos mandatos, a destacar: un proyecto de rendición de cuentas en Sri Lanka, una misión de seguimiento en Bielorrusia, una comisión de investigación sobre el Territorio Ocupado de Palestina, e Israel, un órgano de justicia racial que se encargue del racismo sistemático en la aplicación de leyes en todo el mundo, un cuerpo de investigación para la situación de Etiopía, un relator especial en Afganistán y un relator especial sobre el cambio climático.

Por otro lado, el 2021 fue la primera vez en la que el consejo llevaron a cabo 5 sesiones especiales en un año, con el fin de responder efectivamente a las crisis globales que surgieron. En efecto, el organismo se reunió para tratar la situación de los derechos humanos en Afganistán, Myanmar, Sudán, Etiopía y del Territorio Ocupado de Palestina, e Israel.

El consejo ha tenido importantes avances. En primer lugar, la institución ha sido fundamental en el estudio y la concientización sobre los factores estructurales internacionales que influyen en la realización universal de los derechos humanos. En segundo lugar, se debe destacar su rol normativo, con su contribución al desarrollo de nuevas normas. Entre ellas cabe mencionar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otra parte, el consejo tiene una importante función preventiva, la cual implica diferentes dimensiones: el monitoreo de conflictos emergentes con un análisis desde la óptica de los derechos humanos a fin de evitar que ellos sean violados y el estudio de las medidas que deben aplicar los países para evitar violaciones masivas de derechos humanos por medio de los Exámenes Periódicos Universales. El organismo también ha remarcado la importancia de que se desarrollen normativas a fin de proteger a la población de genocidios y de evitar que ellos sucedan.

Las misiones de investigación han sido fundamentales para informar de forma imparcial la situación de los derechos humanos en países donde ellos se ven amenazados. En Libia, por ejemplo, las 103 entrevistas con testigos y víctimas evidenciaron que en el conflicto que sufre el país se han producido violaciones como ataques directos a civiles, desapariciones forzadas, arrestos extrajudiciales, abuso sexual, tortura y persecución de minorías, entre otras (HRC,2022). En Siria, los investigadores encontraron evidencia de ataques contra civiles, detenciones arbitrarias, centros de detenciones con condiciones inhumanas, desapariciones, asesinatos civiles con drones y uso de armas altamente explosivas en zonas cercanas a donde se encontraban civiles (HRC, 2022). En Yemen, se encontró evidencia de que todas las partes en conflicto, incluidos Arabia Saudita y Bahréin cometieron violaciones de los derechos humanos, entre las que se destaca el asesinato de civiles, la destrucción de infraestructura civil, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, arrestos ilegales y tortura. Además, las partes obstaculizaron el tránsito de alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria. Los hutíes, por su parte, impidieron que los ciudadanos fueran vacunados contra el COVID-19 (HRC, 2020).

No obstante, si bien estas misiones de investigación encontraron evidencias de violaciones de derechos humanos en estos y otros países, también demuestran las mayores debilidades del Consejo de Derechos Humanos: su politización y la inconsistencia a la hora de tomar decisiones relevantes e instar a que el Consejo de Seguridad actúe. En efecto, a pesar de las pruebas y los esfuerzos, fueron numerosas las resoluciones estancadas en el Consejo de Seguridad, especialmente debido al veto de las 5 potencias con banca permanente. Por otra parte, misiones de investigación como la de Yemen no fueron renovadas por el Consejo de Derechos Humanos a causa del lobby saudí que ejerció presión ya que en las investigaciones se develaban pruebas que incriminaban al reino. Argentina fue uno de los países que votó a favor del cierre de esta misión.

De todos modos, a pesar de las carencias en la toma de decisiones, el debate de las violaciones de derechos humanos es importante porque su efecto sobre la legitimidad de los actores involucrados puede servir como instrumento de presión para que ellos analicen su accionar. Esto sería aún más claro en casos como el de Arabia Saudita, donde la corona realiza grandes esfuerzos por limpiar su imagen autoritaria, puesto que para obtener inversiones, para conseguir mano de obra calificada y para promover el turismo necesitan que el país sea visto internacionalmente como un sinónimo de modernidad y de transformación.

2. Los derechos humanos en Arabia Saudita bajo cuestionamiento

En el año 2017 Mohammed bin Salman, hijo del rey Salman bin Abdulaziz se convirtió en el heredero al trono de Arabia Saudita, desplazando de esta posición a su primo, Mohammed bin Naif, quien había ocupado el cargo entre 2015 y 2017. El actual príncipe heredero se presentó en la escena nacional como un joven reformista con grandes proyectos modernizadores para su país, lo que se reflejó en su plan Vision 2030 lanzado en 2016. Por ello, fue aclamado por la comunidad internacional, que creía que este era el comienzo de una nueva era para el reino que históricamente estuvo gobernado por una monarquía absolutista mundialmente reconocida por sus violaciones a los derechos humanos. No obstante, la represión por parte de la corona, lejos de disminuir, ha alcanzado niveles inéditos. Como prueba de ello se pueden mencionar las purgas de bin Salman en 2017, cuando encerró a 381 personas en el hotel Ritz Carlton en el marco de una supuesta campaña anticorrupción que tenía el propósito de contrarrestar a opositores de sus reformas de la campaña militar en Yemen (^{Meneses, 2018}) y la del 2020, cuando encarceló a su primo y predecesor como heredero al trono y a su tío, Ahmed bin Abdulaziz (^{Sánchez, 2020}), por sus múltiples críticas al gobierno. El príncipe heredero incluso puso en prisión domiciliaria a su propia madre, Fahda bint Falah al-Hathlin, por oponerse a su designación como heredero al trono de Arabia Saudita, ya que creía que él aún no estaba preparado para ocupar el cargo (^{Carrión, 201}8).

Las purgas dentro de la familia real son una consecuencia del descontento por la concentración de poder del príncipe heredero, quien hoy es el epicentro de la política saudí. Además de ser heredero al trono es ministro de defensa, dirige el Fondo Soberano de Arabia Saudita, es presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo, presidente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad y presidente del Consejo Supremo de Saudi Aramco, entre otros. En otras palabras, tiene el control personal sobre la defensa, la economía y la política exterior del país. Este creciente personalismo contradice la tradición familiar de toma de decisiones mediante mecanismos de consulta y de consenso entre el rey y sus familiares, el cual tiene el propósito de asegurar la cohesión y la armonía entre los miembros de la realeza (^{Hernández Martínez, 2020}). Por ello, familiares de bin Salman han elevado públicamente sus críticas contra el gobierno por sentirse excluidos, y, en consecuencia, han sido reprimidos por Riad.

Sin embargo, estos miembros de la casa de Saúd representan solo uno de los tantos grupos que han sufrido la brutalidad del gobierno saudí. En realidad, toda oposición al régimen padece de estas consecuencias. Empresarios, periodistas, académicos, usuarios de redes sociales, líderes religiosos, activistas y familiares de ciudadanos exiliados también son frecuentemente perseguidos. La justificación para tales actos se basa en un discurso nacional populista con culto a la persona de Mohammed bin Salman (^{Al-Rasheed, 2021}; p.172). Bajo esta dinámica, el pueblo se encuentra dividido en dos grupos: los khains o traidores y los watanis o verdaderos nacionalistas. Los primeros están integrados por todas las minorías que no se ajustan al estereotipo promovido por el reino y por aquellos que se atreven a cuestionar al príncipe heredero. En cambio, los segundos constituyen un grupo devoto a bin Salman que lo sigue incondicionalmente, que no cree en la persuasión ni en la negociación y que apoya la utilización de la fuerza para la eliminación de los enemigos internos y externos, a quienes se los culpan de todos los males del país (^{Al-Rasheed, 2021}; p.172). De esta forma, todas las minorías son excluidas y las disidencias son eliminadas. De hecho, en este reino en el que se promueve la interpretación wahabita del islam, la apostasía está penada con la muerte y las minorías musulmanas chiíes son sistemáticamente hostigadas y discriminadas, sufriendo dificultades para acceder al mercado laboral, a la educación y al sistema judicial (^{Anishchenkova, 2020}; p.81).

Los casos de Ali Nimr, Abdullah al-Zaher y Dawood al-Marhoun son un claro ejemplo de las persecuciones que sufren las minorías chiíes en Arabia Saudita. Los tres jóvenes fueron arrestados en el año 2012 (siendo en aquel entonces menores de edad) por participar en las protestas contra el gobierno en la Provincia Oriental realizadas en el marco del proceso regional de revoluciones popularmente conocido como Primavera Árabe. Ellos corrían el riesgo de sufrir la pena de muerte pero, gracias a la presión internacional, su condena se puso en revisión (^{Amnistía Internacional, 2020a}). Quien sí fue ejecutado en el 2016 fue el clérigo chií Nimr al-Nimr, también arrestado durante las protestas del 2012. Otro caso similar fue el de Youssuf al-Muhsikhass, quien había sido condenado a muerte en un juicio injusto y que finalmente fue ejecutado en julio del 2017 junto a otros tres hombres chiíes (^{Amnistía Internacional, 2020a}). Dos años más tarde, en abril del 2019, el gobierno realizó una ola de 37 ejecuciones[²], 32 de ellos pertenecían a la minoría chií, muchos declarados culpables por cargos como terrorismo tras juicios que fueron basados en declaraciones obtenidas por medio de torturas (^{Amnistía Internacional, 2019}). De hecho, la ley antiterrorista sancionada en 2017 es uno de los principales instrumentos de represión utilizados por la corona. Dicha normativa define al terrorismo como “la alteración al orden público” (^{Penal Law for Crimes of Terrorism and its Financing, 2017}). Definiciones tan amplias e imprecisas permiten que cualquier forma de activismo político o protesta sean calificadas como terrorismo, punible con largas penas de prisión o con la pena de muerte (^{Josua, 2021}).

Entre las mencionadas ejecuciones de abril del 2019, una persona fue crucificada. Esta es una práctica que está permitida en el país y que consiste en decapitar al enjuiciado, unificar su cabeza con su cuerpo, colocarlo en una cruz y exhibirlo en público (La crucifixión, la cruel práctica que sigue vigente en Arabia Saudí, 2018). El mensaje que buscan dar las autoridades es claro: quien se oponga a la realeza puede ser el siguiente en ocupar ese lugar. En verdad, está demostrado que la pena de muerte en cualquiera de sus formas no disminuye la delincuencia, pero el reino no ha dado lugar a los pedidos de reformas realizados por parte de las organizaciones internacionales (^{Amnistía Internacional, 2008}).

Por otro lado, el recién explicado discurso nacionalista también está presente en forma de tribalismo, de modo que en el reino existe una fascinación por la genealogía y se celebra la pureza y autenticidad tribal. Esto le permite a la familia real la institucionalización de la autenticidad tribal y manifiesta el impacto de la autenticidad genealógica en la legitimación gubernamental. En consecuencia, existe una clara exclusión de los diferentes grupos tribales, a quienes se les restringe la integración al aparato estatal y burocrático (^{Al-Rasheed, 2021}; p.202). Un estudio de Mohammed al-Sunaytan arrojó que en un año solo 68 miembros de tribus obtuvieron becas escolares de estudios y resaltó los bajos índices de concesión de permisos gubernamentales que obtienen estas personas a la hora de iniciar proyectos industriales y financieros, en contraposición con los altos índices en provincias como Najd o Hijaz donde hay mayor cantidad de población sedentaria integrada a los conglomerados urbanos (^{Al-Rasheed, 2021}; p.202).

Otra de las minorías perseguidas en Arabia Saudita es la comunidad LGTBI. La homosexualidad está prohibida en el reino por ser considerada una ideología extremista, con condenas que pueden llegar hasta la flagelación y la pena de muerte (^{Arabia Saudí describe el feminismo, la homosexualidad y el ateísmo como ideas extremistas, 2019}). Los activistas por los derechos de dicha comunidad también son reprimidos. Mohammed al-Bokari, defensor yemení de los derechos LGTBI fue encarcelado bajo las acusaciones de “violar la moral pública, promover la homosexualidad en internet e imitar a las mujeres”. Finalmente, fue juzgado en junio del 2020 y condenado a pagar una multa de 10 mil riyales saudíes[³] y a cumplir 10 meses de prisión (^{Amnistía Internacional, 2020b}).

Asimismo, el feminismo es considerado una ideología extremista en el reino y, por ende, las activistas son hostigadas (^{Arabia Saudí describe el feminismo, la homosexualidad y el ateísmo como ideas extremistas, 2019}), lo que contradice la misma posición que el gobierno pretende proyectar puertas afuera desde el 2017 al reconocerle derechos a las mujeres. Esta contradicción resulta más razonable si entendemos que realmente en el país se están realizando reformas superficiales, pero no se está corrigiendo el problema estructural (^{Bsheer, 2020}), por lo que la sociedad sigue siendo patriarcal. Así, algunos de los avances de los que se jacta el gobierno saudí no beneficia a la población en general sino a mujeres particulares. Tal es el caso de la designación de Reema bin Bandar como embajadora en Washington, quien se convirtió en la primera mujer saudí en estar al frente de una embajada (^{Carrión, 2019}), o el nombramiento de Tamadar bin Yusef como la primera viceministra en la cartera de Trabajo y Desarrollo Social (^{Cue Barberena, 2018}). Por otra parte, que el autoritarismo de la corona no haya cesado significa que el reconocimiento de derechos en la teoría no necesariamente implica que el gobierno permita realmente su ejercicio. De este modo, si bien en teoría las mujeres pueden postularse a elecciones municipales, cuando la activista feminista Loujain al-Hathloul quiso presentarse como candidata en 2015, su candidatura fue boicoteada y su nombre fue excluido de las papeletas, por lo que no pudo ser votada (^{Prieto, 2021}).

La represión a activistas no solo nace del temor a los movimientos feministas que no sean controlados por la corona y que critiquen el ritmo lento de reforma o su poca profundidad, sino también del deseo de Riad de que los derechos reconocidos a las mujeres, como manejar o permitirles mayor visibilidad en los espacios públicos, sean directamente proyectados como el resultado del plan reformista del príncipe heredero y no como la sucumbida de la monarquía ante movimientos populares de mujeres que han luchado por ellos desde hace años (^{Al-Rasheed, 2021}; p.237).

Las mujeres saudíes pelearon desde antes de los años ´90 por el derecho a manejar. En épocas recientes lo hicieron por medio de campañas como Campaing2drive y October26drive, expresando que la habilidad de conducir es una precondición indispensable para su independencia. Antes, las familias debían contar con un chofer hombre que estuviera a su disposición para llevarlas a donde necesitaran. Eso no solo implicaba la dependencia directa con respecto a un varón, sino que también se requería un determinado status económico para poder solventar los gastos respectivos. El derecho a manejar fue constantemente negado por la corona saudí por medio de las fetuas[⁴] emitidas por el gran muftí, Abdulaziz bin Abdullah al-Sheik, la mayor autoridad religiosa elegida personalmente por el rey, quien llegó a advertir que las desventajas de que las mujeres pudieran manejar eran mucho mayores que las ventajas (^{Al-Rasheed, 2021}; p.243). En el 2017 la corona cedió ante las presiones y, por medio de un decreto real en el cual no se mencionaban a los actores ni movimientos no estatales, otorgó el derecho a conducir a las mujeres, pretendiendo adjudicarse todos los créditos de estos nuevos avances y citando al Consejo Superior de Ulemas[⁵] para legitimar religiosamente este cambio de postura (^{Al-Rasheed, 2021}; p.243). Debemos resaltar que este es un mecanismo común en Arabia Saudita. Las autoridades wahabitas son aliados indispensables de la corona ya que son quienes se encargan de legitimizar religiosamente todas las decisiones de Riad, y, en consecuencia, juegan un papel fundamental tanto en la negación de derechos como en su reconocimiento (^{Hernández Martínez, 2020}).

La realidad es que mientras el príncipe heredero difundía ante el mundo su carácter de precursor de la nueva sociedad saudí, activistas que lucharon por el reconocimiento sus derechos como Eman al-Nafjan, Madeha al-Ajroush, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Loujain al-Hathloul y Aziza al-Yousef entre otras, fueron arrestadas por las autoridades locales y acusadas de cargos compatibles con los tipificados en la ley antiterrorista que se promulgó en el 2017 (^{Saudis detain women's advocates ahead of driving ban lift, 2018}). Al día de hoy, numerosas activistas por los derechos de las mujeres siguen detenidas, entre ellas Maya al-Zahrani, mientras otras como al-Sada y al-Hathloul han sido puestas en libertad condicional con prohibición de salir del país y han denunciado haber sido abusadas y torturadas en prisión (^{Amnistía Internacional, 2021b}).

El gobierno saudí ha optado también por perseguir a los familiares y amigos de sus opositores, incluso de los exiliados, culpándolos de las acciones de sus cercanos a fin de generar una grieta entre los principales enemigos públicos del reino y sus seres queridos. Tal es así que los padres y hermanos de la activista al-Hathloul fueron imposibilitados de abandonar el país (^{Al-Rasheed, 2021}; p.173), al igual que 19 familiares[⁶] del clérigo opositor Salman al-Ouda, quien fue encarcelado por las autoridades nacionales por twittear un mensaje en su cuenta con 14 millones de seguidores en el que apoyaba la mediación entre las autoridades saudíes y qataríes luego del bloqueo ejercido por parte de los primeros hacia los segundos (^{Saudi Arabia: detention and torture of prominent islamic scholar salman alodah submitted to the un committee on the rights of persons with disabilities, 2021}).

Una de las demandas feministas principales actualmente en el reino es la eliminación total del wilaya, el sistema de tutela -el más estricto del mundo islámico- por el que las mujeres se encuentran bajo el total control de los hombres (padres, maridos o en algunos casos hasta sus propios hijos) y viven como niñas durante toda su vida. Para acceder a derechos como la educación, determinados tratamientos médicos e incluso para contraer matrimonio ellas necesitan del permiso de su guardián masculino. Además, el denunciar de los maltratos de su tutor o el desobedecerle a este puede llevarlas a ser encerradas en un Dar Alreaya, que oficialmente son conocidos como refugios para mujeres pero que realmente funcionan como cárceles para mujeres menores de 30 años, en donde ellas son privadas de su libertad indefinidamente, son sometidas a diversos abusos como aislamientos y castigos corporales y de los que no pueden salir sin el permiso de su tutor. Una vez alcanzado el límite de edad, ellas son trasladadas a otras instituciones similares, conocidas como Dar Aldheyafa, donde pueden permanecer por el resto de su vida. La única salida suele ser un matrimonio arreglado, por lo que generalmente los hombres recurren a estas instituciones con determinadas especificaciones -como la altura- en búsqueda de una mujer para casarse. Los intentos de suicidios son frecuentes en estos centros y las mujeres no reciben ningún tipo de apoyo psicológico (^{Bostock, 2020}).

Esta es una de las razones por las que muchas mujeres han intentado escapar de Arabia Saudita. Uno de los casos que generó mayor conmoción fue el de Dina Alí, una maestra de 24 años que planeó huir a Australia en busca de asilo en un intento de escape del sistema de tutelaje saudí. Ella fue interceptada en una escala del avión en Manila, Filipinas y fue entregada por las autoridades filipinas a dos hombres que alegaron ser sus tíos, quienes la llevarían de vuelta al reino. Aquel 12 de abril del 2017 fue la última vez que se supo de ella (^{Espinosa, 201}9). Sin embargo, no es la única. Raham Mohammed es otra mujer que fue detenida en el 2019 en Tailandia mientras escapaba de su familia hacia Australia por los abusos que sufría en su casa. Finalmente, renunció al islam y pudo obtener asilo en Canadá. De volver a Arabia Saudita, podría ser condenada a muerte (^{Espinosa, 2019}).

3. El caso Khashoggi: un punto de inflexión

El recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos como las brutales represiones a las minorías o las ejecuciones públicas no fueron suficientes para atraer la atención de la comunidad internacional, que solo tomó dimensión del despotismo saudí con la muerte del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, quien fue asesinado en 2018 en un consulado saudí en Estambul, Turquía, por parte de un grupo de acción rápida integrado por 15 agentes y dirigido por Mohammed bin Salman (^{Mazzetti & Hubbard, 2018}). Khashoggi era un hombre saudí de 59 años que vivía en el exilio desde septiembre del 2017. Él había trabajado para el gobierno de su país durante el reinado de Abdullah bin Abdulaziz, pero se convirtió en un opositor años después, con el ascenso de bin Salman, cuando comenzó a considerar que la represión de la corona era insoportable. En realidad, se esperaba que Khashoggi fuera uno de quienes se impresionaran con los planes reformistas del príncipe heredero, pero su cambio de posicionamiento y su aparición en medios de comunicación- tanto árabes como occidentales- con una mirada crítica, comenzaron a desarticular la maquinaria propagandística saudí. Luego de su exilio, Jamal fue ampliamente criticado tanto por los defensores del reino, que lo consideraban un traidor, como también por los opositores, que sabían de sus relaciones pasadas con la monarquía. Sin embargo, sus críticas hacia bin Salman fueron incrementándose más, hasta el punto en que prometió crear lazos entre grupos opositores suníes y chiíes, activistas hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Esto fue percibido como una amenaza por la corona, que decidió silenciarlo (^{Al-Rasheed, 2021}; p.137). Un 2 de octubre, con la excusa de entregarle los papeles que necesitaba para su boda, se le solicitó que se presentara en el consulado saudí en Estambul. Luego fue encerrado, torturado, asfixiado y desmembrado (^{Kirkpatrick & Cumming-Bruce, 2019}). La corona saudí no podía permitir que se creara una oposición unificada en el exilio ya que necesita del apoyo internacional para mantener su estabilidad interna y puesto que depende de una percepción global optimista que crea que se está transformando la estructura social del reino para así poder atraer inversiones y mano de obra, a fin de concretar el plan reformista impulsado por bin Salman. Por ello, la imagen externa es fundamental. El gobierno utiliza las becas estudiantiles en el exterior para que sus beneficiarios funcionen como representantes del reino y difundan esta nueva era bajo la figura del joven mandatario y las oportunidades que ofrece el país. Mientras tanto, se lleva a cabo una estricta campaña de control sobre ellos para evitar que divulguen críticas contra su país y que perjudiquen los intereses saudíes (^{Al-Rasheed, 2021}; p.274).

Este es el motivo por el que el caso de Khashoggi fue tan importante. El mundo quedó conmocionado no solo por la crueldad del hecho, sino que también porque comprendieron que aquel supuesto líder reformista al que le dieron su apoyo no era tal. Durante las primeras purgas del príncipe heredero, hubo quienes argumentaron que eran un mal necesario para hacer de Arabia Saudita un país más secular y abierta (^{Bsheer, 2020}), pero se equivocaron, no solo porque el objetivo de las purgas no era este, sino que también porque el considerar como inevitable las violaciones de los derechos humanos le da la posibilidad a la corona de perpetrar el mal que supuestamente plantea eliminar y legitimiza la utilización de la fuerza con el fin de eliminar las disidencias. El régimen se convierte, así, en el único e incuestionable poseedor de la verdad.

El asesinato de Khashoggi fue un punto de inflexión. Generó escepticismo sobre las modernizaciones en Arabia Saudita y su impacto sobre la opinión pública internacional significó que la situación de los derechos humanos en el reino árabe sea debatida por la clase política de sus países aliados. Gran Bretaña, Francia y Alemania realizaron una declaración conjunta en la que denunciaron el incidente y pidieron justicia. Además, Angela Merkel, canciller alemana, suspendió la venta de armas a Arabia Saudita por este hecho (^{Valero, 2018}). Entretanto, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), presentó en febrero del 2021 un informe en el que se responsabiliza al príncipe heredero del asesinato y por el cual se impusieron sanciones a 76 ciudadanos saudíes acusados de amenazar a disidentes en el extranjero (^{Estados Unidos anunció la prohibición de entrada para extranjeros que amenacen a disidentes y periodistas, 2021}). No obstante, la monarquía es uno de los grandes pilares estadounidenses en el Medio Oriente, por lo que el gobierno del presidente Joe Biden no aplicó ningún castigo contra bin Salman.

4. Arabia Saudita y Argentina en el Consejo de Derechos Humanos

Al ser esta la primera presidencia argentina en la historia del Consejo de Derechos Humanos en la presente investigación se realizará un resumen sobre las posiciones que ha tomado el país sudamericano en los Exámenes Periódicos Universales, específicamente de Arabia Saudita, con el objetivo de examinar la postura nacional sobre los derechos humanos en Arabia Saudita dentro de este marco institucional antes de su elección. En este contexto, debemos mencionar que el reino ha sido evaluado en 3 de estos procesos, en los años 2009, 2013 y 2018.

La primera ronda de exámenes de los saudíes se realizó en febrero del 2009, en la novena sesión del cuarto periodo del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Durante la misma, la representación de la monarquía, encabezada por el Dr. Zaid bin Abdul Mushin al-Husein, dejó en claro que estos exámenes son acordes a los principios islámicos, especialmente al de la rendición de cuentas y al de igualdad de derechos de minorías y no musulmanes, uno de los puntos de cuestionamiento por parte de diversos países hacia Riad. Además, afirmó que en el reino hay violaciones de derechos humanos, pero lo atribuyó a prácticas individuales y no sistemáticas. Por su parte, la representación real hizo hincapié en los grandes esfuerzos realizados para mantener un equilibrio entre los derechos humanos y las operaciones antiterroristas. Durante el diálogo interactivo, las declaraciones de Argentina, al igual que las de otras 23 delegaciones, no llegaron a ser leídas por falta de tiempo. Entretanto, una de las intervenciones más destacadas fue la de Chile, que le recomendó a la corona varias políticas. En primer lugar, sugirió una modificación de la legislación nacional a fin de que se encuentre en conformidad con las normas y los requisitos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, recomendó disposiciones para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, para prevenir la violencia contra las mujeres, para suprimir la pena capital y los castigos corporales, para prevenir las amenazas contra la seguridad de las personas privadas de su libertad, para garantizar la no discriminación por motivos religiosos, étnicos, de credo y de los trabajadores extranjeros y, por último, para que estas disposiciones se cumplieran efectivamente. Arabia Saudita hizo lugar a este pedido y se comprometió a dar respuesta a ellos, con excepción de las demandas de acabar con los castigos corporales y abolir la pena de muerte. Otra negación de Riad fue ante los pedidos de Canadá, Francia, Italia, entre otros, de retirar las reservas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (^{Asamblea General de Naciones Unidas, 2009}).

La segunda ronda de exámenes de Arabia Saudita se realizó en la primera sesión del 17º periodo del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, celebrada el 21 de octubre el 2013. La representación saudí estuvo a cargo del Dr. Bandar bin Mohammed Aleiban, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En esta ocasión, la delegación árabe reiteró su apoyo a los EPU y su concordancia con la sharía. A su vez, expresó los cambios que se estaban produciendo en el reino, destacando una mayor protección de los derechos de las mujeres y de los niños, mediante, por ejemplo, la promulgación de la Ley de protección contra los malos tratos. Asimismo, explicó que la participación de las mujeres estaba creciendo en la política, con las posibilidades de colaboración en la gestión de medidas nacionales mediante el cupo mínimo de 20% en el consejo consultivo, como también así también en el ámbito local, con el derecho a presentarse y votar en elecciones municipales. Por otra parte, la representación real explicó las medidas tomadas contra la discriminación contra los trabajadores extranjeros, que constituyen 9 millones de personas. En este contexto, mencionó las nuevas políticas promulgadas como el seguro médico obligatorio, un registro electrónico para la protección salarial y los acuerdos bilaterales con los países de origen de los trabajadores. La posición argentina en esta ronda se basó en tres puntos principales: un elogio a las altas tasas de alfabetización y bajas tasas de mortalidad infantil, que fue agradecido por la delegación saudí, un pedido de continuar la lucha para eliminar los estereotipos patriarcales y de género relativos a las funciones y responsabilidades de los hombres y de las mujeres y un pedido de reforzar las medidas para garantizar la aplicación de las leyes contra la discriminación y la violencia religiosa. Estas dos recomendaciones fueron aceptadas por el reino y se comprometió a dar una respuesta. La posición argentina no hizo alusión a los derechos de las minorías chiíes en el contexto de la primavera árabe, a las prácticas de tortura ni a la transparencia del poder judicial, problemáticas que tenían extrema relevancia cuando se realizaron los exámenes (^{Asamblea General de Naciones Unidas, 2013}).

La tercera ronda de exámenes de Arabia Saudita se realizó en la primera sesión del 31º periodo del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, celebrada el 5 de noviembre del 2018. La representación saudí estuvo a cargo, como en la ronda anterior, del Dr. Bandar bin Mohammed Aleiban. La delegación árabe comenzó exponiendo sobre sus nuevas políticas para hacer frente a cualquier actividad delictiva que pusiera en riesgo el disfrute de los derechos humanos, sobre la creciente capacitación de los jueces, sobre los nuevos derechos de las mujeres, sobre la protección de los civiles y del gobierno legítimo en Yemen en el conflicto con los hutíes y, finalmente, sobre el accidente en relación al asesinato de Jamal Khashoggi. En cuanto a este último punto, la delegación saudí prometió juicios imparciales e independientes, en conformidad con las leyes del reino, contra todos los responsables, a quienes se llegaría mediante profundas investigaciones. Por su parte, la representación argentina hizo foco nuevamente en tres asuntos particulares: la abolición de la pena de muerte contra los menores de edad, el establecimiento una moratoria oficial de todas las ejecuciones y la libertad de expresión de los activistas por los derechos humanos y de los periodistas. La representación saudí aceptó las recomendaciones realizadas y prometió dar respuesta a su debido tiempo. Nuevamente, la posición argentina falló por ser endeble, ya que evitó condenar el asesinato de Khashoggi y hacer alusión al sistema de tutela masculina, las constantes purgas contra todo opositor al régimen como la del hotel Ritz Carlton y a la situación de los derechos humanos en Yemen, entre otros temas de gran relevancia que si fueron condenados por otros países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Croacia, Chile y Uruguay (^{Asamblea General de Naciones Unidas, 2018}).

5. Conclusión

Argentina ocupó por primera vez en su historia la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el organismo internacional encargado de la protección y de la promoción de los derechos humanos que fue creado en 2006. Este rol implica grandes beneficios, como la posibilidad de influir en la agenda del consejo, pero también significa una gran responsabilidad internacional. Contemporáneamente, persisten crisis mundiales que llevan años vulnerando los derechos humanos, como las situaciones de Nicaragua, Venezuela, Bielorrusia y Sudán, mientras que hay otras que han sufrido una escalada en los últimos tiempos como la situación en Kazajistán, Ucrania o Afganistán. En este contexto también debemos hablar de Arabia Saudita, un país en el cual si bien hace décadas existen serias violaciones de los derechos humanos por parte de la monarquía, en los últimos 5 años, con el ascenso de Mohammed bin Salman en el escenario nacional, ellas han alcanzado niveles inéditos.

En efecto, el joven hijo del actual rey saudí fue primeramente conocido por su supuesto carácter reformista y por sus ideas modernizadoras, las cuales se encuentran plasmadas en su plan Vision 2030, presentado en 2016. No obstante, desde su ascenso, lejos de mejorar, la situación de los derechos humanos ha empeorado gravemente: ejecuciones extrajudiciales, juicios injustos, limitaciones a la libertad de expresión y de reunión, castigos corporales y hasta crucifixiones son algunas de las frecuentes violaciones cometidas por la monarquía. Todo ello se fundamenta en un discurso nacional populista promovido por la realeza, bajo el cual el príncipe heredero es el representante del futuro saudí y por el que el pueblo es dividido en dos grandes sectores: los verdaderos nacionalistas, que son quienes apoyan a bin Salman y su proyecto de país, y los traidores, que es todo aquel que se oponga al hijo del rey o no se ajuste a su visión futura de Arabia Saudita. Los integrantes de este último grupo son ampliamente perseguidos por el reino, sin importar quién sea. Feministas, miembros de la casa real, empresarios, clérigos, académicos, usuarios de redes sociales y todo tipo de minorías son víctimas del autoritarismo monárquico.

La comunidad internacional, es cómplice de lo que sucede en el reino. Constantemente ignoró la situación que se vivía en el país árabe y llegó a considerar los abusos de la corona como males necesarios para la estabilización de un gobierno reformista. La crueldad de Mohammed bin Salman no podría haber sido posible si el mundo, en especial sus aliados en occidente no siguieran respaldándolo. En efecto, el príncipe heredero necesita del apoyo internacional para atraer inversiones y mano de obra calificada de otros países y así concretar sus planes modernizadores. Arabia Saudita es muy importante para occidente, especialmente en los temas de seguridad, ya que representa un aliado directo en Medio Oriente que actúe en pos de los intereses de sus socios y que sirva como contrapeso para la potencia iraní. Además, sus recursos petroleros y su liderazgo en la OPEP+ implican la necesidad de sus aliados y socios comerciales de mantener buenas relaciones diplomáticas, especialmente en el contexto actual de crisis energética por la guerra en Ucrania

No obstante, a pesar del apoyo de occidente, el 2018 fue un punto de inflexión. El brutal asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi en un consulado saudí en Estambul, Turquía, generó escepticismo respecto del supuesto carácter reformista de Mohammed bin Salman. La opinión pública internacional presionó para que la situación de los derechos humanos sea debatida por sus aliados en occidente y numerosos países como Estados Unidos y Reino Unido, aprovecharon el Examen Periódico Universal saudí de 2018 para denunciar públicamente al reino saudí por sus atrocidades. Desde entonces, diferentes estrategias propagandísticas se han puesto en marcha en el reino, entre ellas podemos destacar el sportswashing, una maniobra que consiste en comprar pasiones y orgullos derivados de los deportes para así evitar que se hable de los abusos cometidos por el gobierno. También se han intensificado las campañas propagandísticas en torno a los nuevos derechos concedidos, especialmente a las mujeres. De este modo, existe una dualidad de bin Salman: por un lado, se proclama como el principal responsable de que las mujeres ahora puedan manejar, presentarse a elecciones municipales y tengan mayor visibilidad en los espacios públicos. Por el otro, considera al feminismo como una ideología extremista y persigue a las activistas que se atreven a cuestionarlo. Las activistas feministas han advertido por años que las transformaciones son superficiales y que no ha habido cambios estructurales. El sistema de tutela mediante el cual se somete a las mujeres a eternas menores aún sigue vigente, y el simple hecho de desobedecer a un guardián masculino puede provocar que una mujer pase el resto de su vida encerrada en instituciones especiales. El gobierno saudí, ha buscado que las mujeres se conviertan en consumidoras, más no las ha hecho libres. Para poder ser libres necesitan que sus demandas sean escuchadas por la realeza y poder movilizarse libremente.

Por lo pronto, la corona deberá enfrentar diferentes problemas. Los riesgos de sufrir una fractura interna en la familia real aumentan con la constante acumulación de poder del heredero al trono y la ruptura de las tradiciones de gobernanza por medio de la consulta y el consenso en el interior de la casa de Saúd. Además, la crisis económica producida por la pandemia del COVID-19 ha colocado a personas dentro del reino en situación de vulnerabilidad y puede poner en riesgo los planes modernizadores de Mohammed bin Salman. Esta situación, podría generar descontentos entre los seguidores del príncipe heredero, al sentirse decepcionados por las promesas incumplidas y por las proyecciones demasiado optimistas de la monarquía. La comunidad internacional y especialmente Argentina en su nueva posición, deberá permanecer atenta y activa, no solo por las violaciones a los derechos humanos que en efecto se están cometiendo actualmente, sino que también porque la situación podría volverse aún más grave en cuanto la oposición al hijo del rey crezca.

La presidencia del Consejo de Derechos Humanos le dio la posibilidad a Argentina de hacer que la situación en Arabia Saudita fuera tratada por el mismo en carácter de urgencia, sin tener que esperar al siguiente Examen Periódico Universal saudí, el cual está programado para el 45º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo, a principio del 2024. Además, este rol le daba la potestad de crear comisiones de investigación y misiones de determinación de los hechos para responder a violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos, como las que efectivamente se dan en el reino. Sin embargo, al igual que en el pasado, el país sudamericano falló en sus denuncias contra Arabia Saudita al ser demasiado endebles. Las misiones de investigación no fueron creadas y, por el contrario, las relaciones argentinas con el reino árabe se volvieron aún más estrechas al plantear incluso la posibilidad de que los saudíes inviertan 500 millones de dólares en proyectos energéticos y alimentarios.