Introducción

La revitalización sindical junto con la persistencia de la heterogeneidad laboral y social de los trabajadores son dos rasgos destacados del período histórico marcado en términos políticos por el ciclo de gobiernos kirchneristas (^{Abal Medina, 2017}; ^{Natalucci, 2017}; ^{Palomino y Dalle, 2016}; ^{Rebón, 2018}). En esta última dirección, la precariedad, tercerización, consolidación de formas emergentes de organización del trabajo e identidades ancladas a este campo -identificables en períodos previos- marcaban aún a fines de este período la diversidad existente en el mundo del trabajo. En este contexto nos interrogamos por los repertorios de acción colectiva de los trabajadores: ¿las distintas divisiones implican diferentes formas de expresar colectivamente los reclamos? Si esto es así, ¿a través de qué mecanismos la heterogeneidad de la fuerza de trabajo y sus organizaciones se traduce en el campo de la confrontación? ¿Cuáles son las variables que intervienen en la selección e instrumentación de las distintas formas de acción?

En este artículo presentamos y ponemos a prueba un modelo teórico-analítico para el estudio de los repertorios de acción de los trabajadores en sistemas socio-productivos. En esta perspectiva integramos elementos de la obra de Charles ^{Tilly (1978}, 2000, 2008), junto a desarrollos provenientes del neomarxismo a partir de las obras de Erik Olin ^{Wright (2000}, 2010, 2013), Beverly ^{Silver (2005}) y Stefan ^{Schmalz (2017}). La hipótesis de trabajo que guía nuestro análisis sostiene que tanto la experiencia de lucha como los recursos de poder y sus respectivas interacciones, intervienen en configurar los repertorios de confrontación. Para poner a prueba nuestra propuesta teórica abordamos dos casos de estudio en el período 2003-2015: el servicio de trenes urbanos de pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y la empresa hidrocarburífera YPF en la cuenca Neuquina.

El artículo se estructura en cuatro apartados. Comenzamos por desarrollar nuestro modelo teórico y estrategia metodológica; luego presentamos su aplicación a ambos casos de estudio; y concluimos exponiendo los alcances del modelo.

Estrategia teórica y metodológica

Las formas de acción o performances que asume la acción colectiva varían histórica y socialmente y lo hacen de un modo que no es ni azaroso ni infinito. Charles ^{Tilly (1978}, 2008), en sus estudios de la contienda política, afirma que los grupos no emplean todos los formatos de acción teóricamente posibles sino los disponibles. La acción colectiva tiende a caer dentro derepertoriosdelimitados y definidos en torno a un conjunto reducido de performances⁴ que lo componen y que son particulares a tiempos históricos, actores y objetivos. Los repertorios son patrones de acción que expresan y constituyen las relaciones de confrontación entre grupos sociales. Que cada uno de estos lleve adelante su demanda mediante un conjunto de formas y no de otras depende principalmente, según este autor, de su instalación cultural.

El desarrollo teórico en torno a la dimensión simbólica de las formas de lucha, si bien cuenta con antecedentes en la tradición marxista (^{Thompson, 1979}; ^{Marín, 2007}), es sistemáticamente abordado en la obra de ^{Tilly, especialmente en su libro Contentious Performances (2008}). Desde una perspectiva constructivista y relacional, el concepto de repertorio refiere al conjunto acotado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas por un grupo social en la confrontación con un otro. Con este término, no sólo se hace referencia a los libretos históricos, sino que también se instala la posibilidad de que los actores en conflicto innoven e improvisen, abriendo el espacio al cambio social. La evolución del repertorio de acción responde a un complejo y gradual proceso de construcción y selección social. El éxito real o atribuido a las formas de acción guía dicha evolución, sedimentando culturalmente ciertas formas y excluyendo otras.

^{Tilly (2008}) analiza las variaciones que los repertorios presentan entre sociedades planteando un esquema de doble condicionamiento: descendente y ascendente. En el primero, las características de los regímenes políticos regulan las formas que asume la acción colectiva al establecer prescripciones, tolerancias y proscripciones (^{Tarrow, 2008}). En el segundo, las contiendas previas condicionan a las posteriores al proveer modelos de acción para ser emulados por los disconformes, los cuales pueden provenir de la experiencia directa del propio grupo o de modo indirecto por los agrupamientos con los cuales se está en relación.

En este punto nos interrogamos si, más allá del condicionamiento cultural, esta experiencia es aleatoria: ¿por qué unos grupos configuran sus repertorios sobre ciertas performances y otros sobre otras?

En su propuesta, ^{Tilly (2000}, 2008) está centrado en observar cómo los repertorios varían entre sociedades o épocas históricas y no al interior de sí mismos; el énfasis recae en el régimen político mientras que se dejan explícitamente de lado otros factores (el económico, por ejemplo) que, aunque se reconocen como influyentes, no se les brinda mayor tratamiento. Consideramos que estudiar la variación de los repertorios en torno a sistemas socio-productivos de nivel intermedio requiere de un abordaje que retome la hipótesis de Tilly (2008) pero que la integre con otras perspectivas. Las sugerencias provenientes de distintas aproximaciones neomarxistas a los recursos de poder en la estrategia sindical y de los trabajadores (^{Silver, 2005}; ^{Wright, 2013}; ^{Schmalz, 2017}) son fructíferas a este propósito.

Siguiendo a ^{Wright (2000}, 2013), entendemos al poder como la capacidad de producir efectos en la acción de otros en función de un determinado objetivo en el marco de condiciones socio-estructurales que limitan y/o potencian dicha capacidad. En su desarrollo, el autor identificados recursos de poder con relación a su fuente: el estructural y el asociativo. De manera complementaria, trabajos posteriores como los de ^{Schmalz (2017}) nos proveen de una conceptualización específica referida al recurso institucional de poder.

En primer lugar, el recurso de poder estructural refiere a aquel que deviene de la posición que se ocupa en un sistema de relaciones de interdependencia como el existente entre capital y trabajo. Su magnitud es observable en la capacidad que los trabajadores tienen de dislocarlo a partir de una acción de no cooperación. Para analizar este recurso de poder es necesario observarla capacidad que poseen los trabajadores de negociar en función de su posición en el mercado laboral. En este caso hay que considerar las tasas de desempleo, segmentación del mercado y acceso a formas desmercantilizadas de reproducción social (^{Silver, 2005}). La existencia de barreras sociales e institucionales para despedir e incorporar trabajadores (derecho de indemnización, bolsas de trabajo sindicales) también influye sobre la posición de ellos en este ámbito y por ende sobre su capacidad de acción. Cuando existe una relación indirecta con la empresa -como en el caso de la tercerización (^{Basualdo, Morales y Cabello, 2014}; ^{Etchemendy, 2018}) -, la posibilidad de prescindir de la fuerza de trabajo por el capital es mayor, disminuyendo el poder estructural de los trabajadores. También el poder estructural puede observarse en la posición en el lugar de trabajo. Las variables que considerar refieren a la forma de organizar la producción de acuerdo con las jerarquías dadas por la división social del trabajo y la centralidad que tengan las actividades ocupacionales en el entramado productivo. Asimismo, es de relevancia el rol que el funcionamiento de la unidad productiva posee respecto del conjunto social; así, una posición estratégica dota a los actores de mayores grados de poder por las posibilidades de generar una afectación que la trascienda. En definitiva, una mayor dependencia del sistema del grupo social incrementa el poder estructural de este. De este modo, la heterogeneidad laboral delimitada con base en la inserción o exclusión del proceso productivo, la centralidad o no en la organización de la producción y las condiciones de consumo de la fuerza de trabajo (por ejemplo, tipo de contrato, remuneración) inciden en el poder que dispone cada grupo de trabajadores.

En segundo lugar, el poder asociativo refiere a la capacidad organizativa de un agrupamiento para sostener sus demandas y se manifiesta en la existencia de expresiones asociativas, que pueden asumir diversas formas. A este recurso puede estudiárselo en función del grado de estructuración organizativa y de la relación que los colectivos mantienen con otros actores. El primer caso se observa en la cantidad de miembros de una organización, en los recursos materiales y humanos y en la eficacia de sus estructuras organizativas para desarrollar estrategias orientadas a objetivos comunes (^{Wright, 2000}; ^{Schmalz, 2017}); también en la relación que el núcleo activo de la organización mantiene con su base de sustentación respecto a su capacidad de representar intereses e incentivar a la movilización (^{Offe y Wiesenthal, 1992}).Otra dimensión de este recurso refiere a las probabilidades de generar vínculos de cooperación con otros que potencien las demandas. Esto puede ocurrir a partir de promover articulaciones para la obtención de recursos específicos y/o vía la transversalización de objetivos que aúnen voluntades activadas a partir de compromisos mutuos. El poder asociativo será mayor en la medida en que se dispongan de más recursos organizativos y de movilización.

Finalmente, el poder institucional refiere al conjunto de regulaciones que delinean los compromisos sociales básicos. Establece parámetros relativamente perdurables en el tiempo, los cuales delimitan el horizonte de los comportamientos y expectativas, y asume un carácter doble al conceder derechos y habilitaciones e imponer límites (^{Schmalz, 2017}). Se lo puede observar en las características de los diseños institucionales que intervienen en el ordenamiento social en sus distintos niveles y ámbitos. Las normas y reglas ordenan los recursos de poder: en el campo de la producción regulan las dinámicas de relación, sean directas o indirectas; en el ámbito asociativo, a las expresiones organizativas formalmente reconocidas. El grado de poder institucional que los distintos actores detenten será mayor al ganar en derechos y habilitaciones.

Existen una serie de consideraciones adicionales para el uso de este modelo teórico analítico. Las dimensiones presentadas no son independientes entre sí. El poder estructural crea condiciones favorables para la construcción del asociativo; a la vez, las luchas y conquistas realizadas en el marco de determinadas configuraciones de poder estructural y asociativo inciden en la estructuración del poder institucional (^{Schmalz, 2017}). Este último influye tanto sobre el poder estructural, por medio de la regulación de los ordenamientos sociales que definen las posiciones de los distintos actores en las tramas de relaciones, como sobre el poder asociativo, a través de la legislación que lo potencia o lo dificulta (^{Silver, 2005}). Adicionalmente, la forma en que los recursos de poder son percibidos y evaluados por los grupos es relevante: una percepción negativa del propio poder puede llevar a la pasividad mientras que la valoración positiva motiva hacia la acción (Silver, 2005); en los extremos, la subvaloración o la sobrevaloración del poder puede inhibir o favorecer la movilización con consecuencias probablemente negativas para la propia consolidación del poder y la efectividad de la acción.

Según las teorías de los recursos de poder, estos representan elementos significativos para toda estrategia de acción. En nuestra hipótesis -las performances como parte de dicha estrategia-están condicionadas por los recursos de poder (^{Rebón y Hernández, 2016}). La magnitud y las combinaciones de los recursos generan que algunas formas de acción sean privilegiadas respecto a otras. Como desarrollaremos en el análisis de los casos, sostenemos que:1) Las formas de no cooperación están asociadas positivamente al poder estructural. En la medida en que este se acompañe de los restantes recursos de poder, la no cooperación o su amenaza de realización, forman parte de una estrategia de negociación institucionalizada. 2) Las formas más disruptivas y extra institucionales de acción tienden a estar asociadas negativamente al poder en sus tres dimensiones (Rebón y Hernández, 2016; ^{Taylor y Van Dyke, 2004}).⁵ 3) Los procesos de tercerización tienden a disminuir el poder estructural y a promover formas más esporádicas y disruptivas de acción que tienden a desplazar la no cooperación institucionalizada. Sin embargo, los efectos negativos en torno al poder estructural de la tercerización y, por derivado, en las formas de acción, pueden ser compensados cuando aquella se realiza en actividades centrales de la producción.

Nuestro modelo propone una articulación de los enfoques de la experiencia y los recursos (Esquema N. º1). En el caso de un sistema socio-productivo concreto, las formas de acción de un actor en el eje de confrontación trabajo-capital están condicionadas por elementos que se localizan más allá del sistema mismo. El régimen político y el modelo de acumulación condicionan externamente los repertorios de confrontación. En el caso particular de cada actor, sus repertorios se encuentran condicionados por experiencias de lucha adquiridas de modo directo y/o indirecto que le proveen libretos para actuar. Los recursos de poder en sus combinaciones específicas inciden en la selección de las performances pasadas y presentes. La integración de ambos componentes en vinculación a los actores que los personifican no forma un complejo cerrado; por el contrario, está en constante interacción con las condiciones de contorno del sistema e incluso pueden trascenderlo. Por ejemplo, los sindicatos, junto a sus experiencias y recursos, suelen exceder los límites de la empresa o unidad socio-productiva.

Esquema N.º 1 Modelo teórico para el estudio de los repertorios de acción colectiva de los trabajadores en un sistema socio-productivo 

En este artículo pretendemos poner a prueba el modelo propuesto, haciendo un análisis estático de los repertorios de acción colectiva de los trabajadores en diferentes sistemas socio-productivos. Abordaremos el servicio de trenes de pasajeros de RMBA y la empresa hidrocarburífera YPF en la cuenca Neuquina durante el período 2003-2015.

Los casos fueron seleccionados según un criterio de factibilidad, ya que se disponía de registros sistemáticos elaborados por nuestro equipo de investigación (^{Rebón y Hernández, 2016}; Hernández, 2020; ^{Pérez y Rebón, 2017}, ^{Súnico, 2020}); también, según criterios teórico-analíticos. Ambos casos representan sistemas socioeconómicos complejos de alcance intermedio en los que se articulan diversas unidades productivas y constituyen actividades que cumplen una función estratégica en el entramado social más amplio (transporte, energía). Por un lado, los trenes de pasajeros RMBA desempeñan una función social nodal en la estructuración de la movilidad urbana cotidiana con un peso significativo en los desplazamientos producidos, principalmente, por trabajo y estudio en la mayor área urbana del país (^{Gutiérrez, Hernández, Kralich y Pérez, 2020}). Por otro lado, YPF posee fuerte presencia en los distintos segmentos de la cadena de valor del sector y representa el 47% de la producción de petróleo y el 30% de la producción total de gas. La cuenca Neuquina⁶ es la principal del país: aporta el 62% y el 45% de la producción de petróleo y gas, respectivamente, siendo YPF la operadora con mayor peso en la cuenca (Secretaría de Energía de la Nación, 2019). Cabe señalar que la presencia del Estado ganó relevancia durante el período en estudio. Los ferrocarriles pasaron de un modelo concesionado a empresas privadas a uno con dominancia estatal, en el que el Estado recuperó la explotación de cinco de las siete líneas de servicio y la gestión de la infraestructura ferroviaria (Pérez y Rebón, 2017), mientras que la empresa YPF fue reestatizada parcialmente cuando el Estado Nacional expropió el 51% del paquete accionario. Estas características promovieron que alrededor de los casos ocurrieran heterogéneas formas de conflictividad y acción colectiva por parte de distintos grupos de trabajadores. Esta diversidad permite contrastar nuestro marco analítico. La elección de un mismo período histórico -ciclo de gobiernos kirchneristas- fue definida con el objeto de minimizar diferencias en las condiciones de contorno.

La metodología utilizada se basa en una técnica con amplio uso en la temática, que es el catálogo de eventos contenciosos o de lucha (^{Marín, 2007}; ^{Tilly, 2008}). Estos fueron confeccionados a partir de registros de la prensa nacional y local.⁷ Los episodios se analizan en sus dimensiones centrales. En dichas fuentes registramos todos los episodios de disconformidad colectiva desarrollados en el marco del servicio de trenes urbanos metropolitanos (108 casos) (citada en el cuerpo del texto como Base Trenes-IIGG, 2020) y la empresa YPF en la cuenca en estudio (97 casos) (citada en este artículo como Base YPF-IIGG-UBA, 2020). El tratamiento estadístico de los datos procuró captar en cada caso la existencia de un actor, forma de acción, meta, destinatario, sincronización temporal y convergencia en el espacio. A partir de esta información realizamos una búsqueda de las asociaciones más regulares para reconocer formas típicas de acción según actores que nos permitieran identificar el repertorio. En al análisis cuantitativo trabajamos con variables de respuesta múltiple, debido a que un mismo episodio puede ser protagonizado por distintos actores con diversas demandas y que además emplean varias formas de acción. Para el procesamiento y análisis de estas variables se calcularon los porcentajes sobre el total de los casos y no sobre las respuestas, para dar cuenta de este modo de su participación en relación con la totalidad de los eventos de conflictividad. A fin de simplificar la lectura de los datos en las tablas de este artículo, para cada variable analizada presentamos las categorías más significativas, entendidas como aquellas que superan el 10% de los casos. Además, para reconstruir los recursos de poder de los que disponen los actores realizamos un análisis documental sobre distintas fuentes: investigaciones académicas, regulaciones, informes públicos y de las empresas. Finalmente, recurrimos a nuestra producción en la temática. Se trata de un universo que excede la habitual definición de conflicto laboral, ya que incorpora a trabajadores formales, tercerizados o incluso desocupados que demandan trabajo.

Trenes urbanos

La red de ferrocarriles de superficie de la RMBA está compuesta por siete líneas que comunican los partidos del conurbano bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trasladando en promedio el equivalente a un millón de boletos pagos diarios (CNRT, 2019). Es por este patrón de movilidad que los trenes urbanos adquieren en los principales corredores un peso respecto a las otras formas públicas de transporte masivo de pasajeros (^{Gutiérrez et al., 2020}).

Durante el período en estudio, los trenes urbanos fueron escenario de una intensa conflictividad social que involucró una diversa gama de protagonistas, antagonismos y formas de acción colectiva (^{Rebón y Hernández, 2016}; ^{Pérez y Rebón, 2017}). En el ámbito del trabajo registramos que los sindicatos del sector (40% de los eventos) y los tercerizados de las empresas contratistas (14%) fueron los actores destacados (Base Trenes-IIGG, 2020). La Fraternidad (maquinistas) y la Unión Ferroviaria (cambistas, vías y obras, talleres, depósitos y administrativos) protagonizaron la mayor cantidad de eventos contenciosos.

En su historia organizativa ambos sindicatos fueron promotores originarios de la asociación de los trabajadores del sector y del movimiento obrero (^{Bauni, 2017}). En el período analizado su accionar estuvo orientado a confrontar a las empresas prestatarias y al Poder Ejecutivo Nacional, el que, con el transcurrir de los años, cobró importancia como destinatario por su función de mediador en los conflictos, en la determinación de los niveles salariales vía subsidios a las empresas operadoras (^{Bertranou y Serafinoff, 2018}) y por asumir en 2015 la explotación directa de cinco de las siete líneas de la red (^{Pérez y Rebón, 2017}). Los principales objetos de la protesta consistieron en demandar por las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo: recomposición o incremento salarial (47% de los eventos) y mayor seguridad para los trabajadores (20%) (Base Trenes-IIGG, 2020).

Como telón de fondo, este actor encontró en los primeros años del período una mejor posición de los asalariados en el mercado de trabajo por la caída relativa de los niveles de desempleo (^{Etchemendy y Collier, 2008}). La formalización de la relación laboral refuerza el poder estructural e institucional del que disponen los trabajadores, puesto que las garantías asignadas incrementan el costo de un posible despido. El grado de calificación que suponen ciertas tareas favorece también a nutrir estos recursos de poder. No es la misma experticia que se requiere como maquinista que la necesaria para otros tipos de tareas involucradas en la producción del servicio. Asimismo, existe en el lugar de trabajo otro componente adicional que fortalece la posición de los trabajadores sindicalizados, quienes desarrollan un servicio que comprende un conjunto de actividades que no escinden la producción del momento de su consumo. Es por esta razón que una acción de no cooperación tiene consecuencias directas sobre la prestación del servicio, incrementadas en su alcance por la relevancia de los ferrocarriles metropolitanos en la dinámica urbana.

En lo que respecta al poder asociativo como al poder institucional ligado a esta dimensión, los sindicatos disponen de altos niveles de ambos. Tanto La Fraternidad como la Unión Ferroviaria tienen una trayectoria consolidada en el monopolio institucional de representación laboral con una creciente capacidad de disponer de recursos organizativos y de movilización. Durante el período, lograron un posicionamiento estratégico en la organización social del servicio⁸ que les permitió intervenir en la dinámica de funcionamiento del sistema, en el manejo de los recursos humanos y en la promoción de mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados, con quienes consolidaron su base de sustentación, a expensas de excluir a otros colectivos de trabajadores (^{Basualdo et al., 2014}; ^{Bauni, 2017}).

En lo relativo a sus formas de expresar la disconformidad (ver Tabla N. º1), los sindicatos tienden a consolidar un repertorio fuerte en la medida en que está acotado a un conjunto de performances derivadas de una misma forma de acción (^{Tilly, 2008}) con capacidad de alterar el orden en el ámbito productivo. Una porción sustantiva de las acciones corresponde a la huelga (44% de los eventos) junto con otras directamente asociadas a esta como el anuncio de huelga (31%) y el quite de colaboración (10%). Esta tríada constituye una forma típica históricamente consolidada para expresar la disconformidad de los trabajadores asalariados; cuenta con bajos niveles de modularidad al constituir una forma de acción estrechamente articulada al proceso de trabajo y a la construcción identitaria de los trabajadores ocupados, quienes son potenciales “huelguistas” -condición que hace que estas perfomances resulten difícilmente transferibles como forma de acción a otros colectivos sociales (^{Marín, 2007}) -. Además, al estar consolidados como un derecho en el campo jurídico, estos modos de actuar están previstos y regulados por el ordenamiento institucional, y forman parte de las modalidades convencionales de la protesta.⁹

Distinto es el caso de los trabajadores tercerizados, que cuentan con bajos niveles de poder estructural, asociativo e institucional. El eje de su confrontación está situado en contra de las empresas prestatarias, el Poder Ejecutivo Nacional y los sindicatos. Las principales demandas refieren a las condiciones de trabajo: pase a planta permanente (83% de los eventos) y reincorporación contra despidos (39%) (Base Trenes-IIGG, 2020). Aunque comparten un contexto general positivo en el mercado de trabajo al no tener una inserción formal en este, los trabajadores tercerizados quedan supeditados a un tipo de relación laboral precaria. Esta condición se ve extremada en los casos de las cooperativas fraudulentas como las que existieron en la línea Roca (CELS, 2012). Adicionalmente, al interior de la unidad productiva, los tercerizados se ocupan de actividades auxiliares al servicio como desmalezamiento, limpieza y seguridad, entre otras. Por sus condiciones de trabajo e ingreso representan un claro ejemplo de tercerización nítidamente precarizante y pauperizante (^{Bauni, 2017}). Todas estas condiciones juegan a debilitar los recursos de los que disponen. En términos de poder asociativo, tienden a ser excluidos de la representación sindical. Esto es observable en el fomento a la precarización laboral como política propia de las gremiales en oposición a las demandas por mejoras en las condiciones de trabajo (CELS, 2012; ^{Basualdo et al., 2014}). Frente a este estado de situación, la dimensión organizativa de los tercerizados estuvo dirigida a articular con actores periféricos del sistema político y del gremialismo combativo. En el caso ferroviario, encontraron un aliado estratégico en el Partido Obrero, que con su cultura de movilización activa y disruptiva les permitió potenciar sus acciones colectivas. El caso emblemático de esta articulación fue el de Mariano Ferreyra, asesinado en 2010 por un grupo de choque vinculado a la Unión Ferroviaria en el marco de un conflicto entre los tercerizados y los sindicatos (Bauni, 2017).

El repertorio de este actor (Tabla Nº.1) presenta acciones directas de fuerte componente disruptivo que desbordan los canales dominantes para el procesamiento de la conflictividad establecidos por el Estado (^{Pérez y Rebón, 2012}). También en este caso el carácter estratégico de los trenes urbanos potencia la capacidad de la acción para visibilizar las demandas e incrementar los costos políticos y empresarios mayormente derivados de suspender la prestación. Las principales performances utilizadas son el corte de vías (44% de los eventos), el bloqueo de boleterías/liberación de molinetes (26%) y el corte de calles (26%). La primera es una herramienta de lucha poco generalizada que no está formalmente legitimada por el ordenamiento social como forma de protesta, condición que tampoco se cumple en los otros casos. El carácter guiado de los trenes urbanos facilita el despliegue de este tipo de acciones, puesto que con poca cantidad de personas logran obstruir las vías, detener el servicio y garantizar la efectividad de la acción.

Tabla N.º 1 Principales performances de los actores laborales. Trenes urbanos de pasajeros. RMBA. 2002 -2015. (Respuesta múltiple con base en el total de eventos). 

YPF

Nuestro segundo caso en estudio es un ejemplo ilustrativo de la heterogeneidad del mundo del trabajo. La organización del proceso de producción en la empresa se basa en formas de tercerización y subcontratación laboral. La resultante de este esquema radica en la articulación de diversas empresas que realizan actividades anexas: YPF como operadora y concesionaria de los yacimientos y las empresas contratistas como prestadoras de servicios. Dicha organización permaneció inalterada luego de la estatización. En complementariedad, el colectivo laboral se fragmenta en diversas categorías y agrupamientos de trabajadores con distinta representación gremial, tal como se observa en los principales actores de los episodios contenciosos (Base YPF-IIGG-UBA).¹⁰

Podemos reconocer tres protagonistas durante el período abordado: los sindicatos petroleros, tanto aquellos que agrupan a los trabajadores de las contratistas como al personal de YPF (76% de los eventos), los trabajadores desocupados (24% de los eventos) y los sindicatos no petroleros, que aglutinan a los trabajadores de la construcción y el transporte, que prestan servicios en los yacimientos (8% de los eventos). A partir de estos actores se configuran dos tipos de conflictos. Por un lado, aquellos relacionados a las disputas laborales por las condiciones de acceso, consumo y contratación de la fuerza de trabajo asalariada. En este tipo se encuentran las agrupaciones gremiales. Por otro lado, los conflictos referidos al universo del trabajo de tipo no asalariado. En estos participan los agrupamientos de trabajadores desocupados que no se encuentran vinculados contractualmente a la empresa, pero que la conciben como objeto de sus demandas y accionar.

En el ámbito laboral asalariado, los sindicatos petroleros privados de la actividad protagonizan mayoritariamente los episodios contenciosos (75% de los eventos).¹¹ Entre ellos, se distinguen los que agrupan al personal operario (quienes participan en el 63% de los eventos) y aquellos que encuadran al personal jerárquico (protagonistas en el 12% de los eventos). En ambos casos priman los sindicatos correspondientes a los trabajadores de Río Negro, Neuquén y La Pampa. El eje de confrontación desplegado por este actor radica en YPF, otras empresas operadoras, contratistas y el Gobierno nacional. Para los trabajadores de las contratistas, YPF es objeto de las reivindicaciones, ya que, dado el esquema de tercerización aplicado, se desempeñan en un mismo espacio laboral, correspondiente a la concesión de la empresa. Además, esta es la encargada de la toma de decisiones productivas y de inversión, determinando el nivel y la forma de desarrollo de la actividad, a la vez que es parte de las negociaciones relativas al salario y las condiciones de empleo. Los sindicatos petroleros privados actuaron en pos de demandas habituales de la relación laboral: incrementos salariales (45% de los eventos), continuación del empleo ante despidos y suspensiones (35%) y ambiente laboral y condiciones de trabajo (22%).

Al situarnos en la configuración de poder para este actor es posible observar que detenta altos grados en los tres tipos. En cuanto al estructural, estos trabajadores comparten el contexto general de las características del mercado laboral para estos años y su actividad se caracteriza por el requerimiento de calificación y saberes especializados, siendo este último aspecto más notorio para el caso de los trabajadores jerárquicos y profesionales. A pesar de la situación de tercerización, en el lugar de trabajo la posición de este actor se ve fortalecida, debido al tipo de tareas que son subcontratadas por YPF. A diferencia de los trenes urbanos, en este modelo, los trabajadores de las contratistas realizan las actividades centrales del proceso productivo, lo que los posiciona con mayor poder para realizar una acción de no cooperación y les otorga atributos similares a los sindicatos de aquel caso. Adicionalmente, como se mencionó, YPF es una empresa central en el sector hidrocarburífero, de relevancia para distintas actividades productivas y para la reproducción socio-económica, es decir que la interrupción de su actividad no sólo implica pérdidas para la empresa, sino que también es disruptiva para el conjunto social, lo que amplía el alcance de la acción de no cooperación.

Los sindicatos petroleros privados cuentan con una organización sólida que fortalece su poder asociativo; encuadran a la mayor proporción de los trabajadores -en el sector y en la empresa- y poseen el poder institucional de revistar el monopolio legal de la representación laboral en el territorio. Otros elementos robustecen sus capacidades asociativas. Las agrupaciones gremiales intervienen en el acceso al empleo y a puestos de importancia en el entramado laboral. Las dirigencias movilizan activamente a sus representados y logran fuerte adhesión a las medidas de lucha y actividades propuestas. Además, luego de la reestatización parcial de YPF, los trabajadores cuentan con representación en el consejo de accionistas de la empresa, posición ocupada alternadamente entre los secretarios generales de los sindicatos privados operarios y jerárquicos. Adicionalmente, las conducciones tienen fuertes nexos con el ámbito político partidario y han ocupado puestos oficiales,¹² aspectos que les brindan recursos y acceso a canales políticos e institucionales. Por último, su poder institucional se funda en la condición de trabajadores asalariados formales amparados por la legislación laboral. Ello se ve potenciado por la tramitación de la puja distributiva a partir de la mediación estatal mediante la negociación colectiva.

Con base en el esquema de análisis propuesto, observamos el repertorio de acción para los sindicatos petroleros privados. Como se puede ver en la Tabla N.°2, se consolida un repertorio fuerte (^{Tilly, 2008}) como consecuencia del uso mayoritario de la suspensión de la producción a través de la huelga o distintos mecanismos como la retención de servicios (55%), seguido por el anuncio de medidas de fuerza (54%) y las acciones declarativas, que agrupan a los comunicados, petitorios y conferencias de prensa (11%). Al interior de este universo, encontramos en los trabajadores jerárquicos una tendencia mayor hacia la utilización de formas que no llegan a alterar la producción. En su repertorio, tanto las declaraciones como la suspensión de la producción alcanzan el mismo porcentaje: 25% de los eventos, mientras que en los trabajadores operarios alcanzan el 7% y el 62%, respectivamente. Esta diferencia denota que cuando se cuenta con alto poder estructural y presencia de asociativo e institucional es posible prescindir de la efectivización de una medida de lucha, siendo suficiente la amenaza o anuncio de realizarla. Tal es el caso de los trabajadores que ocupan puestos de supervisión y jerarquía en el entramado productivo.

Más allá de esta distinción, las formas de acción utilizadas por los petroleros privados denotan una capacidad de alteración de la producción -efectiva o potencial- prevista dentro de los marcos formales establecidos para el procesamiento de los conflictos. Se conforma un repertorio similar al correspondiente a los sindicatos de los trenes urbanos, característico de la clase obrera industrial (^{Marín, 2007}). Al igual que para dicho caso, intervienen altos niveles de poder en todos sus tipos, que facilitan la utilización de acciones institucionalizadas y con facultad para interrumpir el normal funcionamiento del proceso productivo. Esto se combina con la experiencia de lucha de la clase trabajadora asalariada, siendo la huelga una herramienta clásica de expresión de sus reivindicaciones.

El segundo agrupamiento de trabajadores reconocido dentro del conflicto de tipo laboral asalariado refiere a los sindicatos no petroleros. Estos se distinguen en, por un lado, aquellos que organizan gremialmente a los trabajadores de la construcción, que realizan tareas en obras de ingeniería o arquitectura dentro de los yacimientos, protagonistas del 5% de los episodios, y, por el otro, en aquellos cuya base de representación radica en quienes prestan servicios de transporte y/o logística en los yacimientos (3% de los eventos). El eje de confrontación trazado por este actor radica en YPF, contratistas, otras operadoras y los gobiernos de nivel provincial y municipal. Las principales demandas denotan una movilización de tipo defensiva, al concentrarse en reivindicaciones por deudas salariales (50% de los eventos), continuidad en el empleo (25%) y pedidos de puestos de trabajo (25%).

Los dos colectivos de trabajadores comparten las condiciones particulares del mercado de trabajo en el período y el hecho de ser asalariados reconocidos formalmente. No obstante, lo distintivo es que su posición en el lugar de trabajo disminuye relativamente su poder estructural. A diferencia de los petroleros privados, estos trabajadores subcontratados realizan las tareas adyacentes al proceso productivo, lo que les otorga una menor capacidad para interrumpirlo. A la vez, esto tiene una serie de implicancias para los restantes recursos de poder. Al encargarse de actividades periféricas y con menores grados de continuidad temporal en el vínculo laboral, su poder institucional se ve disminuido. Respecto al poder asociativo, si bien representan ramas sindicales de grandes gremios a nivel nacional, la mencionada fragmentación del colectivo laboral y el hecho de encuadrar a una porción menor de los trabajadores condicionan su capacidad de accionar. Este esquema conlleva mayores exigencias y dificultades en cuanto a la coordinación de acciones y objetivos comunes con otros colectivos sindicales que poseen un mayor peso en el entramado laboral y que pueden incluso verse afectados por las formas de lucha desplegadas.

Respecto al repertorio de acción para los sindicatos no petroleros, como se muestra en la Tabla N.°2, se conforma mayormente por tipos de acción disruptivos de carácter no formal, como el bloqueo de vehículos petroleros (50%) y el bloqueo de instalaciones productivas (25%), formas de lucha que trascienden los canales previstos para la tramitación de las disputas y pueden acarrear consecuencias legales. Esto es acompañado de acciones enmarcadas institucionalmente, como la suspensión de la producción a partir del paro (25%). Los elementos que intervienen en la configuración del repertorio de acción de estos actores radican, en particular, en menores niveles de poder en comparación con los petroleros, en especial en cuanto al estructural. En el caso de los camioneros, si bien se trata de un gremio nacional con alto poder estructural típico de los colectivos sindicalizados en el sector transporte, dicho poder es periférico al funcionamiento de la empresa para el sector upstream. En síntesis, aunque en la caja de herramientas de lucha de los no petroleros se encuentran performances clásicas de los trabajadores asalariados, como la huelga, su posición periférica en el proceso productivo incide en una orientación más disruptiva en su accionar colectivo.

Los trabajadores desocupados protagonizan los conflictos externos a la relación laboral asalariada.¹³ Poseen un heterogéneo grado organizativo, pudiendo comprender desde grupos conformados coyunturalmente hasta colectivos con cierta duración en el tiempo. El objeto de confrontación para este actor se centra en la empresa en estudio, los gobiernos locales y otras operadoras. Su demanda central radica en la consecución de puestos de trabajo, manifestada en el 84% de los eventos.

En lo atinente a su configuración de poder, los trabajadores desocupados presentan bajos niveles en todos los tipos: no están vinculados con la empresa, por lo que se ven imposibilitados de realizar una acción de no cooperación; su capacidad asociativa se ve disminuida al no contar con una estructura organizativa que los aglutine de manera sostenida en el tiempo y les permita realizar acciones que requieran de coordinación y recursos materiales. Más allá de algunas excepciones, su articulación suele derivarse de una situación circunstancial que los unifica en un objetivo común -la búsqueda de empleo- en un determinado momento. Por último, al no estar inscriptos en una relación contractual, no cuentan con mecanismos formales para atender sus propias demandas.

Estas características influyen en su repertorio de acción, marcado por una tendencia disruptiva. Tal como se muestra en la Tabla N.° 2, los tipos de acción desplegados por los trabajadores desocupados asumen un carácter disruptivo en el 74% de los eventos contenciosos mediante el bloqueo de vehículos petroleros (48% de los eventos) y de instalaciones productivas (26%), acciones que se combinan en menor proporción con la realización de concentraciones (22%). Los escasos niveles de poder junto a la experiencia de lucha permean las formas que asume el accionar colectivo de este actor. La carencia de recursos de poder los lleva a desplegar tipos de acción que rebasan los marcos formales. Entre el universo de estas formas de lucha, el corte de rutas se encuentra fuertemente instalado en la memoria cultural de los trabajadores del sector, al haber sido característico de la resistencia a la pérdida de puestos de trabajo por la privatización de la empresa (^{Svampa, 2002}; Svampa y Pereyra, 2003; ^{Bonifacio, Mases y Taranda, 2003}).

Tabla N.° 2 Principales performances de los actores trabajadores asalariados y no asalariados. YPF. Cuenca Neuquina. 2003-2015. (Respuesta múltiple con base en el total de eventos). 

Conclusiones

El conflicto laboral es una de las formas estructurales de la conflictividad en las sociedades capitalistas. En las páginas precedentes desarrollamos y argumentamos un enfoque analítico que nos permitió dar cuenta de la diversidad de repertorios de acción colectiva en el heterogéneo mundo del trabajo. Sostuvimos que la experiencia de lucha previa junto con los recursos de poder que los trabajadores tienen disponibles sedimenta patrones de confrontación.

Los casos analizados nos permitieron poner a prueba de modo preliminar el modelo propuesto. En ellos encontramos una multiplicidad de actores con historias diversas, distintas combinaciones de recursos de poder y diferentes repertorios de acción. Al analizarlos pudimos sostener con mayor énfasis uno de los componentes centrales de nuestro planteo: los recursos de poder son una dimensión clave en la configuración de los repertorios de acción. Registramos que, al producirse una articulación sistemática de estos recursos con fuerte presencia en sus tres tipos, la acción colectiva tiende a recaer en la no cooperación institucionalizada. En esta, la huelga y -en muchos casos- la simple amenaza de su realización son las modalidades que se destacan en la dinámica de negociación colectiva institucionalizada. En el otro extremo, las bajas concentraciones de poder tienden a estar asociadas a las prácticas disruptivas y extra institucionales. Por ejemplo, los desocupados pueden constituirse en un actor que se organiza y reclama esporádicamente a YPF en una región como la cuenca Neuquina, donde esta empresa es un actor económico y de empleo muy destacado, más aún desde que está bajo control estatal. Aquí es la movilización disruptiva la que procura lograr abrir un espacio de reconocimiento y negociación de las demandas. Entre las situaciones de bajo y alto poder encontramos diferentes graduaciones, con sus respectivas variaciones en las dinámicas de acción. Por ejemplo, gremios con alto poder asociativo a nivel general, como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), pueden utilizar de modo significativo la acción directa extrainstitucional cuando en el sistema socioeconómico en cuestión (YPF) tienen bajo poder estructural.

El caso analizado de la tercerización -uno de los elementos clave en la heterogenización de la fuerza de trabajo en la Argentina reciente- muestra interesantes conclusiones. Que los tercerizados apliquen un repertorio disruptivo y no convencional o el clásico repertorio sindical no depende de la tercerización en sí -poder en el mercado de trabajo- sino de la forma de esta y las funciones desarrolladas -poder en el lugar de trabajo-. Cuando la tercerización se registra en actividades centrales del proceso productivo y sus trabajadores están amparados por instituciones gremiales, el repertorio de acción sindical clásico es posible, tal es el caso de los sindicatos petroleros privados. En contraposición, quienes realizan tareas periféricas, como los ya mencionados trabajadores de la construcción en YPF o los tercerizados de los trenes urbanos, recurren a formas de acción disruptivas que rebasan los canales institucionales. Este último caso también muestra cómo la experiencia previa y los recursos no pueden ser escindidos en la explicación de los repertorios. Los tercerizados ferroviarios apelan a una tradición de lucha anclada en la cultura de izquierda y de los movimientos de desocupados, organizaciones con las cuales tienen lazos de cooperación y comparten elementos análogos en los recursos de poder. Los petroleros privados, por su parte, apelan a la tradición sindical, dada la organización que los aglutina con todo lo que aquella implica en recursos de poder y experiencia de lucha. Quedan pendientes a futuro nuevas investigaciones que aborden en una perspectiva diacrónica una mayor cantidad de casos para proveer una comprensión más acabada de cómo operan en su génesis la acción e interacción de experiencia y recursos.

El conflicto es el ámbito de realización del poder (^{Marín, 2007}), es el proceso de interacción que coloca en situación y torna observables las acumulaciones preexistentes. Este espacio de fuerzas y voluntades encontradas es también, en sus formas, condicionado por el poder. Las teorías de la contienda política nos enseñan que el Estado y las experiencias son elementos centrales en su configuración. Como nuestro trabajo muestra, el estado del poder de los actores también importa. Los repertorios son modos en que el poder se expresa y se redistribuye en el mundo del trabajo y más allá de este.