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Pobreza franciscana: entre utopía y realidad. La Provincia de la Santísima Trinidad hacia fines de la colonia en Chile

 

Cristián Leal* Elías Pizarro**

* Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile. E-mail: cleal@ubiobio.cl
** Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. E-mail: epizarro@uta.cl

 

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Resumen

El artículo analiza la realidad económica de la Orden franciscana, en el contexto de la administración Borbónica, con la finalidad de observar el concepto de pobreza establecido en las normativas de comienzos del siglo XVII. En primer término presentamos un balance historiográfico respecto al interés que ha suscitado la existencia material de la Orden. Luego, nos adentramos en las principales fuentes de financiamiento para el siglo XVIII, en los problemas que generó la secularización de los frailes y las nuevas formas de administración económica adoptadas por la Orden en los inicios del siglo XIX. La política de los Borbones, de abierta predilección por el clero secular, no afectó mayormente el desenvolvimiento económico de la Orden franciscana. A las tradicionales formas de financiamiento sumaron otras más modernas, como las inversiones, con las cuales lograron no solo sortear los problemas económicos sino también vivir lejos de la pobreza material.

Palabras clave: Orden franciscana; Pobreza; Recursos económicos; Chile

Franciscan poverty: between utopia and reality. The Province of the Holy Trinity by the end of the colony in Chile

Abstrac

The Franciscan Order economic reality, in the Bourbon administration context, is analyzed in order to observe the concept of poverty expressed in the regulations of early seventeenth century. First we present a historiographical balance regarding the interest aroused by the material existence of the Order. Then we focus in the main sources of funding for the eighteenth century, the problems generated by the friar’s secularization and the new economic management adopted by the Order in the early nineteenth century. The Bourbon policy of open predilection towards the secular clergy did not particularly affect the economic development of the Franciscan Order since they added modern form of financing -such as investments- to the traditional ones. As a consequence, they were able to overcome their economic problems and could avoid material poverty.

Key words: Franciscan Order; Poverty; Economic resources; Chile

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Introducción¹

La política de los Borbones contempló un creciente interés por los bienes de la Iglesia. Las necesidades económicas y el pensamiento ilustrado de la época hicieron que el patrimonio de las órdenes regulares también fuera foco de interés de la monarquía (Fraschina 2015).
Bajo la influencia de las tendencias reformistas, la Corona acentuó el regalismo e hizo uso de los derechos correspondientes al patronato universal que le habían sido otorgados por los Papas. La política de reformas comprendió también asuntos religiosos y eclesiásticos (Krebs 2002).
La propia política imperial española en Europa repercutía negativamente. La Revolución Francesa produjo entre las monarquías del viejo continente un creciente temor y desconfianza (Troisi 2006). En el año 1790 la Corona española requirió de un subsidio eclesiástico a todo el clero latinoamericano, gravándolo con un sexto de sus estipendios. Los franciscanos solicitaron la excepción de la ley, la cual les fue denegada (Troisi 2006).
En la búsqueda de extender su presencia a todos los rincones de sus vastos dominios, la Corona descubre en la “red de parroquias un instrumento eficaz para lograrlo”, donde el párroco se transformó en una suerte de “agente o funcionario” de la monarquía (Di Stéfano 2006; Enríquez 2008). Por su parte, el clero regular ofrecía múltiples dificultades para adecuarse a las transformaciones económicas, culturales y políticas que traía consigo una economía de rasgos modernos. De este modo, el clero regular quedó relegado al papel de “tropa auxiliar” de los párrocos (Di Stéfano 2006).
La expresión más concreta de este cambio fue la secularización de las doctrinas ordenadas por la Corona en 1749, y que afectó especialmente a España, lo que generó consecuencias devastadoras en los conventos. Junto a una disminución de vocaciones se produjo al mismo tiempo un fuerte exclaustramiento (Carvajal 2015).
Un ejemplo concreto de esta política fue lo ocurrido con los censos y capellanías, una de las principales formas de financiamiento del clero regular, los cuales comenzaron a ser afectados por una serie de medidas. Por ejemplo, se pretendió bajar los réditos de los censos de un 5% a un 3%, a raíz de las calamidades de los últimos tiempos. En 1800 y 1802, a través de dos pragmáticas, se decretó la:

percepción a través de la Consolidación de vales reales, de una anualidad íntegra de los frutos y ventas correspondientes a todos los beneficios eclesiásticos, seculares y regulares, de cualquier género o denominación, dignidades mayores y menores, prebendas, capellanías, beneficios simples, etc. que vacaren en España, Indias o islas adyacentes, por cualquier modo o causa (Cavieres 2008: 139).

Las capellanías también fueron centro de interés del poder civil, aprobándose en 1804 un Decreto de amortización, que buscaba someter a las capellanías y fondos píos a la jurisdicción real (Cavieres 2008; Guarda 2011).
En un contexto más local, las autoridades que asumieron la Junta de gobierno y el Congreso nacional en 1811, no sólo hicieron una crítica a las órdenes por su funcionamiento, muchas veces poco decoroso, sino que también establecieron normas que afectaron desde un punto de vista económico la existencia del clero. Por ejemplo:

se decretó la abolición de derechos de matrimonio, bautizos y entierros menores, para lo cual, además, se debió eliminar las contribuciones que los regulares debían hacer a sus prelados por la licencia para salir de los claustros para servir de vice-curas o tenientes y se suprimieron las contribuciones destinadas a construcción de iglesias (Cavieres 2008: 143)

También se vieron afectadas por el tema de las dotes. Con fecha 23 de octubre de 1811, y con el objeto de limitar el crecimiento de los fondos pertenecientes a manos muertas, se acordó que en adelante: “las dotes otorgadas a los hijos religiosos una vez fallecidos, todas las asignaciones otorgadas al hábito de religiosas o por ingreso a conventos, con excepción de las religiosas capuchinas, se devolvieran a las personas que correspondiera” (Cavieres 2008: 143).
Los bienes eclesiásticos fueron considerados como privativos del Estado pero con el cuidado de no caer en nuevos secuestros o embargos, como con los Jesuitas que si bien en un comienzo trajo beneficios a la postre quebrantó lealtades.
En consecuencia, los gobiernos patriotas y republicanos seguirían la misma política de la Corona en los últimos años de la Colonia, la cual tuvo por objeto “no sólo el aumento del poder del Estado sobre la Iglesia, sino también la renovación interna de ésta” (Krebs 2002: 20).
Fue así como en 1824, bajo el gobierno de Ramón Freire, se procedió al secuestro de los bienes regulares, quedando todas las temporalidades de los regulares incorporadas a la Hacienda Pública. La realidad descrita, según Eduardo Cavieres, “se venía construyendo desde la década de 1760 con la expulsión de los Jesuitas” lo cual alcanzaría “con los estados republicanos, que aun siendo conservadores en sus principios generales, comparan sus propias arcas con las potencialidades económicas que implicaría mantener el patronato sobre la Iglesia” (Cavieres 2008: 135). La Corona privilegió sus necesidades sobre cualquier otro tipo de razonamiento respecto a las riquezas de la Iglesia.
La situación de los franciscanos era particular, más aún por la estricta observancia del voto de pobreza, lo que hacía que tuvieran que apoyarse completamente en la voluntad de la comunidad local para sustentarse económicamente. Del mismo modo, a diferencia de los sacerdotes seculares, no tenían derecho al diezmo y, en comparación al resto de las órdenes católicas, “no podían administrar o usufructuar propiedades rurales” (Troisi 2006: 122).
Por ello, es necesario preguntase por las repercusiones de la política de los Borbones y de los gobiernos republicanos, concretamente por los problemas que debieron enfrentar los Ministros Provinciales y la respuestas que éstos dieron para sostenerse económicamente. ¿Qué elementos de continuidad y cambio podemos observar en la administración económica de sus bienes?; ¿en qué medida las normas establecidas sobre la pobreza y la administración de la pecunia se cumplieron según lo establecido en sus Estatutos y Constituciones?
Para ello, mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de las fuentes, principalmente libros de cuentas, expolios y donaciones, disposiciones, estatutos, constituciones, decretos, autos y circulares, nos aproximamos a la realidad económica de la Orden, centrándonos en las entradas en dinero y en especies que tenían los frailes, como en los gastos de los mismos. La vida material de estos religiosos no se vio afectada mayormente por la política de los Borbones y logró adaptarse a las nuevas circunstancias con éxito, utilizando diversas formas de financiamiento, donde no siempre estuvieron presentes los preceptos de su Regla.

Los regulares y sus recursos económicos: un balance historiográfico

Gabriel Guarda en su obra la Edad Media de Chile, en el capítulo destinado a los “Bienes de la Iglesia”, cita una frase que acuñó el obispo Fr. Juan Pérez Espinosa en una Relación Ad Limina: “Los ordinarios somos pobres y las religiones muy ricas” (Guarda 2011: 483). Hasta el día de hoy, la veracidad de esta afirmación sigue presente, especialmente la última parte de la frase: si las órdenes religiosas fueron ricas.
Al realizar un balance sobre el estudio de los recursos económicos de los regulares, nos damos cuenta que si bien existen interesantes estudios en diversas latitudes no ocurre lo mismo para el caso chileno. En España, Nueva España y Argentina, se han realizado estudios que es oportuno mencionar. En España, los autores De Pazzis Pi y García (1995) analizan la vida conventual de los religiosos franciscanos durante el siglo XVIII, reparan en los conflictos que generaba la administración de los recursos y las repercusiones al interior de los claustros. En Nueva España, en sus estudios sobre las capellanías, Wobeser (1994, 1999). ha mostrado un camino de análisis en cuanto a los mecanismos de multiplicación del los dineros, el cual era prestado a una tercera persona, comerciantes y hacendados, pagando por el préstamo el 5% de interés anual. Dichos trabajos han sido reiteradamente citados por los historiadores argentinos y mexicanos.
Los investigadores argentinos han hecho interesantes aportes. Los análisis sobre el clero regular señalan que los conventos necesitaban asegurar la subsistencia de sus miembros y posibilitar el ingreso de otros, como también financiar sus diversas actividades pastorales, culturales y educativas. Así, las órdenes religiosas llevaban adelante una “política de inversiones” que buscaban garantizar la conservación y reproducción de sus bienes (Di Stéfano y Zanata 2009). En este sentido, para algunos, la Iglesia pasó a ser “el banco de América colonial”.
En relación a las órdenes religiosas en Buenos Aires, Peire señalaba que los préstamos constituían una inyección muy importante de dinero en la economía colonial y que la lógica que movía las decisiones de los frailes era enteramente racional y económica, aun cuando el objetivo último no era la acumulación en sí misma sino el financiamiento de sus actividades (Peire 2000). Según Di Stéfano y Zanata “estaríamos muy lejos de una Iglesia que inmoviliza el dinero que le donan sus fieles” (2009: 75).
El clero regular porteño tenía ingresos por aquellos establecimientos productivos que mantenía en la ciudad y en el campo, así como el alquiler de fincas y casas. En cuanto a los préstamos, la lógica fue optar por inversiones seguras aunque fuesen menos redituables y se hizo común arrendar, en vez de la explotación directa (Di Stéfano y Zanata 2009).
En Córdoba, el trabajo de Troisi sobre los franciscanos de la Provincia de Asunción, período 1780-1820, da cuenta de cómo las llamadas Reformas Borbónicas afectaron negativamente a la Orden. Un ejemplo lo constituyó el subsidio eclesiástico de 1790 para todo el clero latinoamericano, “gravándolo con un sexto de sus estipendios con el fin de apoyar económicamente en un eventual conflicto europeo” (Troisi 2006: 123), todo ello a raíz de la Revolución Francesa. Pese a que los franciscanos solicitaron una excepción, el Colector del Subsidio Eclesiástico en Córdoba, “los amenazó con confiscar las propiedades de las que se beneficiaban los franciscanos” (Troisi 2006: 123).
Sin embargo, la observancia del voto de pobreza causaba a los franciscanos un problema mayor, ya que según sus Estatutos sólo podían hacer uso de los bienes a ellos otorgados a través de un laico denominado síndico, quien recibía en nombre del Obispado las limosnas dadas a los frailes. De este modo, nos dice Troisi, “los franciscanos debieron constantemente lidiar con laicos y jerarquía eclesiástica para sostener su actividad” (Troisi 2006: 122). De ahí entonces que la dependencia de la comunidad local para el sustento económico era de vital importancia. Los franciscanos no tenían derecho a recibir parte del diezmo ni a usufructuar propiedades rurales (Troisi 2006).
El autor plantea que:

La dependencia de la comunidad producía en tiempos normales un alto grado de interacción entre aquella y los franciscanos que pertenecían a ella. En tiempos no normales, empero, podía también mostrar cuan débil podía ser la posición de la Orden y eso es, aparentemente lo que estaba sucediendo en Córdoba hacia fines del siglo XVIII (Troisi 2006: 122).

En conclusión, más que la política de la Corona española

fue la sociedad cordobesa -tanto los pobladores libres que no querían comprar propiedades con cargas eclesiásticas como los esclavos que no tenían temor a enfrentárseles judicialmente o hasta la jerarquía de la Iglesia que los obligaba a pagar el Subsidio- quien estaba desafando y cambiando la forma en que los franciscanos interactuaban con el mundo (Troisi 2006: 125-126).

Las entradas estaban supeditadas también a los vaivenes de las coyunturas económicas. Los altibajos en los ingresos existieron, las órdenes intentaron no sólo depender de las limosnas y donaciones sino que procuraron encontrar inversiones provechosas para sus dineros y bienes, con el fin de proveerse de entradas seguras y periódicas. Las inversiones de los recursos eclesiásticos se orientaron hacia tres campos económicos: “la producción agroganadera, el negocio de los bienes raíces urbanos y la actividad crediticia” (Tedesco 2002: 61).
En el caso chileno, quienes se han adentrado al tema de las órdenes religiosas mendicantes (Sánchez 2000; Muñoz 2005; Iturriaga 2005a, 2005b, 2005c; Millar y Duhart 2007 y Guarda 2011), se detienen, de manera general, en las entradas y los gastos que tenían los conventos y en los recursos que disponían para su labor pastoral y educativa, sin entrar en mayor detalles en los libros de cuenta, expolios y donaciones, como tampoco en las disposiciones, fuente de primordial importancia a la hora de abordar el tema económico, dejando así planteadas una serie de interrogantes sobre la forma en que fueron administrados los recursos a la luz de su normativa.

La realidad económica de la Provincia franciscana de la Santísima Trinidad hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX

Hacia fines del siglo XVIII, la Provincia franciscana de la Santísima Trinidad estaba compuesta por 366 religiosos, incluyendo legos, corista y sacerdotes. En Santiago moraba el grueso de los frailes, sobre el 45% que vivían en los conventos de la Alameda y la Recoleta como también en el colegio San Diego².
La Provincia se extendía en el territorio desde La Serena por el norte hasta Chiloé por el sur; con una veintena de institutos, entre conventos y hospicios, incluyendo uno en Mendoza, el San Francisco Solano, más un colegio de misiones: el de San Ildefonso de Chillán. El siguiente mapa da cuenta de la presencia de la Orden franciscana en el reino de Chile hacia la segunda mitad del siglo XVIII.
La organización económica que tenían los conventos en Chile, según Millar y Duhart (2007), no diferían de la que se daba en otros lugares de América hispana, aunque la pobreza general del Reino hacía menos importantes las sumas que manejaban, las cuales a veces no alcanzaban para mantener una comunidad cada vez más numerosa, a pesar de los nada despreciables bienes raíces que habían ido acumulado.
Estos recursos llegaban a manos de las comunidades religiosas, generalmente, a través de donaciones hechas por bienhechores quienes a cambio solicitaban misas, oraciones o un lugar digno donde ser sepultados (Millar y Duhart 2007). En el caso particular de los conventos franciscanos ingresaban en calidad de plata “física” y en especies.
Las entradas en dinero a los conventos franciscanos eran variadas; por censos y capellanías, limosna del sustento, entierros y asistencias, misas, conmutaciones, aporte de la Orden tercera, venta de mortajas, aportes de feligreses, ingresos extraordinarios, cartas de hermandad, costas de embargos, entre otras.
Con la finalidad de dimensionar mejor los montos que se indicarán en líneas siguientes presentamos algunos valores de referencia para el siglo XVIII. Por ejemplo, en alimentos tenemos que una fanega de trigo podía fuctuar entre 1 y 3 pesos (dependiendo si era candeal o blanco), una fanega de harina, cebada fuctuaba entre 1 y 2 pesos, una de frijoles 4 pesos, una de chuchoca 2 pesos, una de ají 2 pesos, un lío de charqui 20 pesos, una arroba de vino 3 pesos. En cuanto al valor de los animales: un par de carneros 1 peso, un caballo 8 pesos, una vaca 12 pesos, un buey 15 pesos.

Conventos y hospicios franciscanos, Provincia Santísima Trinidad, siglo XVIII. Fuente: Elaboración de los autores a partir de la Tabla Capitular de 1769. Actas del Definitorio, volumen 6, 1766-1790, Fondo S. T., Archivo Franciscano de Santiago de Chile.

El pago mensual de un cocinero era 4 pesos, un peón 2 pesos, un criado 1,5 pesos, un barbero 4 pesos, un sangrador 6 pesos. La visita de un médico costaba 1 peso, siendo los abogados los mejor remunerados, entre 8 y 50 pesos dependiendo de las actividades encomendadas.
En lo estrictamente religioso los valores eran los siguientes: una misa cantada 2 pesos, una rezada 1 peso, un sermón 12 pesos, una novena entre 4 y 9 pesos, dependiendo del arraigo en la comunidad de la virgen en cuestión. Una tabla de rezo 1 peso, una vinajera 28 pesos, un lazo 6 pesos, una libra de pabilo 1 peso, dos varas de tocuyo 1 peso, una mortaja 4 pesos, etcétera (Iturriaga 2005; Leal 2008).
Centrándonos en el principal convento de la Orden, el de la Alameda, las entradas trienales fluctuaban entre 6 y 13 mil pesos entre 1796 y 1810. Para el período 1804-1808, las mayores fueron por concepto de censos y capellanías con un 56%, seguido por los entierros y asistencias con un 18%, las misas y las limosnas del sustento con un 6,5%, y las conmutaciones con un 6% (Iturriaga 2005).
Por su parte los gastos se concentraron mayormente en alimentos, vestuarios, pago de sirvientes y operarios, reparación y construcción de edificios, ornamentos sagrados, servicios médicos, trámites judiciales, etcétera. La tendencia fue siempre equilibrar los gastos con las entradas, aún en los momentos complejos como lo fueron las luchas por la independencia.
En esta crucial coyuntura la Orden franciscana no tuvo un mayor impacto en sus entradas en dinero. En el propio convento de la Alameda, entre 1812 y 1822, los ingresos trienales fuctuaron entre 8 y 13 mil pesos; es decir, algo muy parecido al período anterior. Las entradas mayores, al menos para el período 1810-1819, siguieron siendo los censos y las capellanías con un 56%, la limosna del sustento con un 9,2% y los entierros y asistencias con un 8,8% (Iturriaga 2005c).
Por su parte las entradas en especie a los conventos eran variadas y en algunos casos alcanzaban los miles. Las disposiciones, presentadas trienalmente en los Capítulos, registran importantes cantidades de trigo, frijoles, papas, charqui, grasa, sal, ají y animales (corderos, carneros y terneros predominantemente). Estos eran recolectados en los diversos partidos o curatos que formaban parte de la jurisdicción territorial. Era tal la recolección de alimentos que los conventos disponían de dos despensas para sus necesidades, una para la comunidad y la otra para el padre guardián del convento.
En ellas las fanegas de trigo, cebada, porotos, los líos de charqui, los zurrones de grasa, las arrobas de vino y aguardiente, pescado, bacalao, arroz, aceite, costillares, carbón y leña, no faltaron (Iturriaga 2005c). Era tal la magnitud de la limosna que se hizo frecuente que los guardianes conmutaran los alimentos para cubrir de mejor forma la dieta alimenticia.
Los gastos eran múltiples y variados. La compra de alimento, principalmente para cubrir el “gasto de plaza”, incluía la compra de carne (vaca, cerdo y cordero), interiores (guatitas, ubres y criadillas), legumbres (lentejas, garbanzos, porotos) charqui, pan, verduras, huevos, pescados y mariscos (pescado fresco, seco, pescadilla, corvina, congrio, cochayuyo y luche), grasa, manteca, ají, aceite, arroz, chuchoca, zapallos, etcétera.
Además, estaba el pago de aquellos laicos que trabajaban al interior de los conventos y en las chacras prestando diversos servicios, entre los que contamos: médicos, enfermeros, sangradores, barberos, cuidadoras de enfermos, molineros, chancheros, agrimensores, procuradores, carpinteros, hortelanos, podadores, pastores, panaderos, serenos, cocineros, lavanderas, peones de huerta y de servicio, coheteros, músicos, bronceros, relojeros, fonderos, abogados, síndicos, entre otros.
Los gastos en elementos y ornamentos sagrados también eran de importancia. En las disposiciones aparece registrada la compra de misales, vinajeras, copones, casullas, cíngulos, lazos, vestidos para las imágenes de la virgen y los santos, estolas, ropa interior, zapatos, etcétera. Otro gasto no menor fueron las reparaciones de los conventos, los cuales sufrían el natural deterioro de los años y las inclemencias del tiempo (temporales, terremotos), lo que significaba una importante cantidad de dinero en la compra de materiales, herramientas y el correspondiente pago a los operarios.
El Cuadro 1 da cuenta de la distribución de los gastos en el principal convento de la Orden durante el período 1796-1828.

Cuadro 1. Distribución porcentual de gastos según rubros. Convento San Francisco de la Alameda o Máximo, 1796-1828. Fuente: Elaborado por los autores a partir de las Disposiciones del convento San Francisco de Santiago. Publicaciones del Archivo Franciscano de Santiago de Chile 82, 2005.

Como se observa en el cuadro, el mayor gasto en el convento de la Alameda fue la alimentación con un 42,7%, seguido por los gastos en materiales para la construcción y reparación de los diversas dependencias que formaban parte del convento: claustros, capillas, refectorio, cocinas, sala coro, enfermería, etcétera. No menor era el gasto en operarios, tanto de aquellos que trabajan al interior del convento (albañiles, carpinteros, herreros, pintores, hojalateros, bronceros) como los que laboraban en la chacra (ovejero, chanchero, hortelano, matancero). El servicio doméstico (lavandera, cocinera, costurera) fue otro gasto importante de un 5,1%, también el de salud (médicos, enfermeros, sangradores, barberos) con un 3%, lo que se entiende por el elevado número de moradores de dicho convento, cercano al centenar.
A ello debemos sumar el gasto en vino, el cual no faltó en el ritual de la misa ni mucho menos en el refectorio diario y que junto al aguardiente se constituyeron en las bebidas alcohólicas más importantes de los frailes. Las festividades religiosas también demandaban operarios, como músicos, coheteros, fonderos y sirvientes, a quienes se les debía pagar para su correcta ejecución. Mientras los gastos en administración, para cancelar al escribano, cajero, procurador y síndico del convento, afortunadamente para la Orden no fueron sustanciales.
En síntesis, si bien las entradas en plata podían en ocasiones no cubrir del todo las necesidades de los religiosos, lo cierto es que con las limosnas en especies que recibían satisfacían sus necesidades y, aún más, podían conmutarlas por dinero y darse algunos gustos para la época, como era el consumo de chocolate, alojas y helados.
Ahora, al observar dicha realidad desde la Provincia nos daremos cuenta que la situación no fue distinta. En este sentido, los libros de cuentas nos aportan datos que confirman lo señalado. La Provincia, administrada por el Provincial y el Venerable Definitorio que moraban en el convento principal y desde donde se administraba la Orden, se nutría económicamente por cuatro vías: los aportes trienales que hacían todos los conventos de la provincia, los ingresos por sota curas o capellanes (servicio de parroquias), los expolios (bienes y dinero dejado por los frailes al momento de morir) y las donaciones.
Las entradas trienales por estos conceptos fuctuaban entre siete mil y diez mil pesos, al menos para el periodo 1779-1810³. En este marco temporal no observamos mayores alcances negativos; es decir, por lo general la entrada fue superior al gasto. Sin embargo, en dos momentos de esta larga historia económica la Provincia tuvo alcances negativos, en 1710 y 1819 con 2.983 y 3.902 pesos, respectivamente. El Gráfico 1 muestra el período 1779-1822 como reflejo de la estabilidad económica de la Provincia.

Gráfico 1. Distribución de las entradas, gastos y alcances, Provincia Franciscana Santísima Trinidad, 1779-1822. Fuente: Elaborado por los autores en base a las Cuentas Provinciales y Expolios, 1693-1822, Archivo Franciscano de Santiago de Chile.

Como se puede observar existió un equilibrio entre las entradas y los gastos en la Provincia, demostrando que en lo poco y en lo mucho siempre buscaron adecuarse a las circunstancias que los tiempos imponían. Cuando los alcances fueron negativos, no constituyeron mayor problema ya que con la venta o conmutación de un par de limosnas en especies se solucionaba inmediatamente el problema.
El momento más crítico que muestra el gráfico, fue en 1819 con un alcance negativo cercano a los cuatro mil pesos, cifra no menor si consideramos que equivalía a la mitad de los ingresos trienales del principal convento de la Orden, o al total de las entradas trienales por el servicio de los frailes de las parroquias del obispado de Santiago en calidad de tenientes curas.
El monto no significó un desembolso para la Orden. Si bien el dinero fue invertido en una noble causa, reparar el convento del Monte, este costo fue asumido íntegramente por el provincial Guzmán y Lecaroz con su propio peculio. En todas las Actas de Venerable Definitorio, entre 1779-1822, los padres Provinciales terminaron señalando que “no existía deuda en su administración”. Para lograr el objetivo estuvieron dispuestos a utilizar hasta su propio patrimonio para no quedar expuestos al descrédito de sus pares. Así ocurrió en 1819 con Guzmán y Lecaroz, quien asumía la no despreciable suma de 3.800 pesos, en directo beneficio del convento San Francisco del Monte.

La administración económica de los franciscanos: de la norma a la realidad

La constitución del Papa Inocencio XI, con fecha 20 de noviembre de 1679, declaraba los preceptos de la Regla de los frailes menores. Allí, junto con insistir que el mejor camino para evitar la relajación de las costumbres era la vida en comunidad, reparaba en el manejo del dinero. Ningún religioso debía administrar caudales, bienes muebles e inmuebles.
Los preceptos, 18 los de primera clase, eran claros respecto al dinero. El número cinco decía: “No se reciba dineros ni pecunia por sí ni por interpuesta persona”. El sexto: “No se tenga nada propio” (Constitución... 1680, en Espinoza Ábalos 1944: 109-110). La pena por el incumplimiento de estos dos preceptos negativos -que prohíben hacer una cosa-, era la privación de sus oficios ipso facto.
Para evitar el delito de “propiedad” contemplado en los Estatutos se había creado por autoridad apostólica la figura del síndico, para “recibir y gastar los dineros”, con la finalidad de que los religiosos tuvieran una más “pura observancia” del voto de pobreza. El tema de la pecunia y la llamada “guarda de la pobreza”, con todas sus implicancias, estaban contemplados en los Estatutos (Estatutos Generales...1746: 15-26). Por ejemplo, lo relativo al uso de las cosas materiales, el rol de guardián en los conventos, el número de frailes por instituto, los réditos anuales, el registro de las misas, limosnas, entierros, etcétera, son expuesto con toda claridad en dichos Estatutos.
A fin de evitar las situaciones arriba señaladas, el síndico aparecía como la instancia de solución. Estaba instituido como autoridad apostólica, el cual en nombre de la Santa Sede administraban las temporalidades y reemplazaba a los frailes en el manejo de los dineros (Constitución del año 1680, fondo Santísima Trinidad, volumen 1, Actas del Definitorio, AFSCh., f. 49-50). En consecuencia, al síndico debían recurrir los frailes cuando necesitasen gastar los dineros asignados, ya sea de palabra o por escrito, manifestando sus necesidades (Estatutos Generales... 1746: 16-20).
El uso de las cosas estaba permitido en relación a las necesidades de los religiosos. El papa Clemente V señalaba expresamente que “no se reciban cosas preciosas, curiosas, y superfluas, así en los edificios de las Iglesias, y Conventos, como en los ornamentos, por ser cosa no congruente a la profession de nuestra pobreza”. Según el Concilio de Trento, los religiosos que fueran convencidos de tener cosas como propias quedarán “privados de voz activa y pasiva por dos años”. Por su parte, los prelados, según el citado Concilio, debían velar por que los religiosos “no tengan cosa superflua, con tanto que ninguna cosa necessaria les sea negada” (Estatutos Generales 1746: 20). Más aún, si los prelados superiores fueran negligentes en proveer lo necesario, comida y vestido fundamentalmente, serían indefectiblemente privados de sus oficios.
En definitiva, los padres Provinciales y los Guardianes debían “conceder moderadamente a los Religiosos el uso de las cosas, según las necesidades que ocurren, y conforme a la calidad de las personas, de los lugares, y tiempos” (Estatutos Generales 1746: 20). En los padres guardianes también recaía gran parte de la administración de los dineros. Estaban obligados todos los meses y el primer día del mes a dar cuenta clara de las limosnas que se habían dado y del modo cómo se dieron, como de los gastos y de cómo se gastaron. Dicha cuenta se debía dar “delante de los Discretos y Syndico del Convento” y de “tres a tres meses estarán obligados los Guardianes de dar cuenta a toda la Comunidad de las limosnas y gastos del Convento; y los que hicieren lo contrario, por la primera vez sean privados de sus oficios por seis meses, por segunda un año, y por tercera perpetuamente” (Estatutos Generales 1746: 22).
Mirado el problema desde la realidad misma de los frailes en los conventos, la pobreza franciscana y la administración de la pecunia no fue nada de fácil de cumplir. El gran desafío para muchos religiosos de las diversas órdenes mendicantes fue renunciar a dejar de vivir en el mundo material o en el siglo, para refugiarse en el espiritual, alejados de los bienes y riquezas, del dinero.
Sin embargo, la realidad mostraba otra cosa. Por ejemplo, en la visita que realizó a la provincia Tomás Torrico en 1789 detectó una serie de anomalías en el manejo del dinero (Rovegno 2006). En su Informe, el problema mayor fue que los religiosos administraban libremente los recursos sin mayor intervención del síndico⁴. Situación parecida ocurrió con los Provinciales, quienes utilizaban en la formalidad la figura del síndico pero en la práctica eran los soberanos.
Pero más allá de estas situaciones anómalas en materia económica, la Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad debió enfrentar otros problemas en relación con la política de los Borbones quienes, como ya hemos señalado, manifestaron predilección por el clero secular. Una de las entradas económicas importantes de la Provincia fue por el servicio de las parroquias en calidad de tenientes curas o capellanes, en los inicios del siglo XIX entró en crisis y los padres provinciales debieron innovar en la administración de sus recursos, utilizando mecanismos reñidos con sus Estatutos y constituciones.
El problema fue el de la secularización del clero. Los religiosos regulares estaban autorizados para servir en parroquias, tanto en la ciudad como en el medio rural. Este servicio implicaba un estipendio que ingresaba a la provincia. El Cuadro 2 da cuenta de los montos y porcentajes.
Sin duda el ingreso a la Provincia por servicios a las parroquias urbanas y rurales del obispado de Santiago, en calidad de “sotacuras o capellanes”, fue importante. El promedio del ingreso considerando sólo hasta 1810 fue de un 43,4% pero comenzó a descender hacia la segunda década del siglo XIX.

Cuadro 2. Porcentaje de entradas en pesos por sotacuras y capellanes. Provincia Santísima Trinidad, 1779-1821. Fuente: Elaborado por los autores en base al libro Cuentas Provinciales. Expolios, 1693-1822. Archivo Franciscano de Santiago de Chile.

Enríquez ha estudiado la presencia de los Regulares en las parroquias y vice-parroquias del obispado de Santiago en el período 1760-1810, dejando en claro la asidua concurrencia de religiosos regulares, especialmente franciscanos, en las parroquias y vice-parroquias en calidad de tenientes curas. Nos dice:

Basta mirar los libros parroquiales para darse cuenta que la administración de los sacramentos a la población, contenido fundamental de la cura de almas, estuvo en manos de los regulares, de los que oficialmente tuvieron los nombramientos de tenientes curas y de los que ocasionalmente celebraron bautismos, matrimonios y defunciones (Enríquez 2005: 205).

A raíz del proceso de independencia se va a producir una estampida de religiosos franciscanos al clero secular, al punto de existir en la Provincia no más de 160 religiosos hacia 1819, de los 370 que existían en 1791.
Esta situación fue descrita por Joseph Xavier de Guzmán, en su calidad de Ministro Provincial, en los siguientes términos:

El estado físico y moral en que he encontrado la Provincia al tiempo de recibirme de ella es el más miserable y puede formar época en su destrucción. No pasan sus religiosos de 160, y éstos, los más, viejos, enfermos e inhábiles para ejercer las funciones claustrales. Sin predicadores, sin lectores, y abandonados enteramente los estudios, los claustros desiertos o con pocos religiosos, y a proporción todos los demás sin orden ni concierto (Iturriaga 2005a: 12).

La situación llegó a ser tan compleja que ante la necesidad de mantener económicamente a la Provincia, con una cuota que se prorrateaba entre todas las casas, el Provincial señalaba que sólo habían contribuido los conventos de El Monte, Valparaíso, Quillota, Higuerillas, Curimón, Coquimbo, Copiapó, Recolección y San Fernando, porque “los demás se han relevado de esa pensión por su suma pobreza y mal estado en que han quedado con la guerra y el saqueo y dilapidación que han padecido por los Guardianes que fugaron a Lima” (Iturriaga 2005a: 12).
Las parroquias y capillas del Obispado de Santiago, en las cuales prestaban servicios espirituales los religiosos franciscanos, comprendían tanto el medio urbano como rural. El Cuadro 3 indica no sólo el nombre de los frailes involucrados sino también el dinero que cada uno aportaba y el total para el período septiembre 1789 a mayo de 1794, siendo Ministro Provincial Jerónimo Arlegui. Este servicio no siempre trajo buenos dividendos. El interés por parte de los frailes seráficos por servir parroquias del obispado de Santiago fue creciendo, lo que era concordante con la política de los Borbones, ocasionando problemas económicos serios para la Orden. Entonces, ¿cómo suplir el aporte de los frailes? y ¿cómo financiaron las situaciones coyunturales? A esa tarea se abocaron los Ministros Provinciales, junto al Venerable Definitorio.

Cuadro 3 .Entradas en plata: Sotacuras-capellanes. Parroquia/capilla: Obispado de Santiago, 1789-1794. Fuente: Elaborado por los autores a partir del libro Cuentas Provinciales. Expolios, 1693-1822. Archivo Franciscano de Santiago de Chile.

Los frailes fueron muy prácticos y racionales al momento de resolver las situaciones económicas que los afectaban, como fueron las luchas por la independencia y el proceso de secularización, recurriendo a sus bienes patrimoniales. Así ocurrió durante el gobierno de Bernardo O`Higgins, 1817-1822, cuando los Ministros Provinciales hicieron uso de su patrimonio para buscar nuevas formas de fnanciamiento para su labor pastoral y educacional (Leal 2011).
Cuando la situación se hizo más compleja, la Provincia debió recurrir a la venta de casas, sitios e hijuelas (Leal 2010). El caso más emblemático lo constituyó lo ocurrido en el convento de la Alameda, donde se vendió la parte de la Cañada, equivalente a 18 sitios, que cubría una superficie de 22.181 varas cuadradas y que reportó un censo principal de 37.577 pesos, con réditos anuales de 1.551 pesos<sup>5</sup>.
Los principales compradores fueron las máximas autoridades del momento, el Director Supremo Bernardo O`Higgins, el Ministro de Guerra José Ignacio Zenteno, el Ministro de Estado Joaquín Echeverría, el Notario Fernando Olivares y el Alarife Antonio Mancheño⁶.
Desde 1821 será posible observar una nueva etapa en la historia del convento de la Alameda, marcada por el inicio de la pérdida de un patrimonio que se había configurado desde el siglo XVI y que equivalía a “doce solares” (Millar y Duhart 2007: 142) y también por una nueva forma de administrar los recursos, donde los Ministros Provinciales jugaron un rol de vital importancia (Leal 2011). Ya no serán sólo las limosnas recibidas de los feligreses sino que a partir de la venta de parte de sus propiedades en la periferia urbana se invirtió en otras propiedades que les reportaron los recursos necesarios para subsistir. En ello pusieron todo su esfuerzo y visión económica.
En este contexto, Bernardo O´Higgins no sólo fue uno de los principales deudores del convento (Iturriaga 2005c) sino que también estuvo vinculado al origen de un importante espacio económico que le reportó a la Orden beneficios materiales y también espirituales: la Chacra-La Granja (Iturriaga 2005c). El año 1821, en calidad de Director Supremo:

cede en censo a los franciscanos del convento de san Francisco de la Alameda, una chacra en la localidad denominada La Granja, a cambio de la huerta que poseían en el centro y cuya expropiación se hacia necesaria para el desarrollo de la ciudad (Beltrame et al. 2008: 25)

Desde 1822 se comenzó a hablar de una “Nueva chacra”, de 70 cuadras, para lo cual se compró al Estado dos regadores de agua, cuyo valor fue de 1.000 pesos. Junto con comenzar a preparar el terreno para sembrar trigo y cebada, construir edificaciones para el ganado, plantar árboles frutales, viñas, levantar cuartos y mediaguas para los operarios se comenzó a arrendar los terrenos para talaje de animales y producción de cereales (Iturriaga 2005c; Beltrame et al. 2008).
De esta forma, podemos apreciar el giro experimentado en la administración económica de los bienes franciscanos desde fines de la Colonia hasta los inicios de la vida republicana, donde los criterios no siempre estuvieron en consonancia con su Regla y Estatutos Generales, pero sirvieron para educar y evangelizar a una población que vivía al margen de los beneficios que tenía la elite.

Conclusiones

La provincia franciscana de la Santísima Trinidad, al igual que el resto de la sociedad colonial, debió hacer frente a la política económica implementada por los Borbones utilizando tradicionales y nuevos mecanismos de financiamiento, en una época de franca predilección por el clero secular.
Si bien ambos cleros debieron enfrentar una serie de medidas que atentaban contra su patrimonio económico, la Orden franciscana logró mantener sus fuentes de financiamiento y con ello dar estabilidad a sus frailes. Las entradas en plata como en especies en el siglo XVIII no mermaron. En los libros de cuentas y en las disposiciones es posible observar una realidad material que satisfacía con creces los requerimientos de una comunidad de frailes numerosa, como los franciscanos. Los feligreses y bienhechores mantuvieron su relación espiritual y material durante todo el siglo XVIII, seguramente por el fuerte arraigo que tenían en la sociedad.
Junto a las tradicionales formas de financiamiento -censos, capellanías, limosna de la calle, donaciones entierros, misas, etcétera-, los franciscanos agregaron otras, como fue el servicio en las parroquias del obispado de Santiago, en calidad de sota cura o capellanes, lo que constituyó en términos económicos un gran alivio a los padres provinciales al momento de solventar los gastos que demandaba la labor pastoral, cultural y educacional.
El creciente proceso de secularización vivido por la Orden, desde la Colonia a los inicios de la República, terminó disminuyendo sus haberes económicos lo que, junto a otros factores, generó una situación de incertidumbre que fue enfrentada por los padres provinciales con éxito. La secularización de los frailes puso a prueba las tradicionales formas de fnanciamiento, lo que ameritó pensar en otras alternativas como las inversiones en el medio rural, que no estaban permitidas por la norma. En este sentido, y al igual que el resto de la sociedad, es posible observar en la comunidad de frailes seráficos elementos de continuidad y cambio.
En este ámbito se destacó el tres veces ministro provincial Joseph Xavier de Guzmán y Lecaroz, quien trató con los autoridades gubernamentales de la época, negociando el patrimonio material localizado en la traza principal de la ciudad de Santiago, para invertirlo luego en el medio rural. Su exitosa gestión económica le valió permanentes felicitaciones el Venerable Definitorio, ya que había traído a la comunidad el socorro y el beneficio necesarios en momentos tan complejos. La Granja, localiza a un par de leguas del convento de la Alameda, fue el predio que auxilió económicamente a los franciscanos durante todo el siglo XIX, generando recursos por arrendamientos, talaje y venta de terreno.
Efectivamente, en la administración y generación de recursos la normativa que pretendía proteger la llamada “pobreza franciscana”, y evitar el delito de “propiedad”, no se cumplió. Los “nuevos tiempos” exigían respuestas a las cuales no pudieron escarpar los frailes seráficos, incorporando decididamente la racionalidad y las inversiones en el manejo de los recursos. Más que los síndicos, fueron los padres provinciales quienes asumieron el rol económico contradiciendo su Regla, estatutos y constituciones.
Finalmente, y a la luz de la información desplegada y de la normativa para el siglo XVIII sobre la pobreza y la pecunia, la realidad se impuso a los ideales del franciscanismo que -como en otros aspectos de la vida de la Orden- presentes desde los primeros siglos de su existencia, coexistieron en permanente tensión (Le Gof 2003).

Notas

^1. Este artículo es parte de un proyecto regular de investigación de la Universidad de Bío-Bío, “La Orden franciscana en tiempos de la Independencia de Chile: Economía y política en los conventos de la Provincia Santísima Trinidad y el Colegio de Chillán”, DIUBB 152344 /4R.

^2. ANCh, Fondo Capitanía General, vol. 664.

^3. Cuentas Provinciales y Expolios, 1693-1821, AFSCh.

^4. Informe de visita Provincia franciscana Santísima Trinidad, de Tomás Torrico, 1789. Libro de Patentes del Convento Grande de Nuestra Señora del Socorro, siendo Guardián el padre Fernando José de Salas, 1784-1905. AFSCh, Fondo Santísima Trinidad.

^5. AFSCh, Asuntos Varios, Sección 1, vol. 6.

^6. AFSCh, Asuntos Varios, Sección 1, vol. 6.

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Nómina de religiosos, 1814, fr. Buenaventura Aránguiz, carpeta s/n. documento 49.
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» Archivo Nacional de Chile (ANCh)
Nombre de los religiosos de esta provincia de la Santísima Trinidad: edad, procedencia y parcialidad. Fondo Capitanía General, volumen 664, fjs. 14-16v.

Fecha de recepción: 9 de diciembre de 2015.
Fecha de aceptación: 1 de abril de 2016.