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Memoria americana

versión On-line ISSN 1851-3751

Mem. am.  no.22-2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires dic. 2014

 

ARTÍCULO

Un funcionario en la revolución: postulados presentistas y un estudio de caso de la real hacienda en jujuy

 

Bárbara M. Aramendi *

* Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología (CEPHIA), Universidad Nacional de Salta (UNSa), Argentina. E-mail: barbara_aramendi@yahoo.com.ar

 


A civil servant in the revolution: the present and a study case of the royal treasury in Jujuy

Resumen

En el presente trabajo nos proponemos observar los cambios y permanencias en la administración de la Real Hacienda en Jujuy a partir de la revolución de mayo de 1810 para analizar cómo fue el camino de trasformación que sufrió esa administración colonial y sus instituciones. Nos centramos en el análisis de las modificaciones que se dieron en esa caja subalterna y, para dar cuenta de ello, pondremos el foco de atención en la figura del teniente tesorero y sus actuaciones. El análisis de la organización administrativa, a través de un estudio de caso enfocado en la persona de un funcionario, nos permite prestar atención a las permanencias y transformaciones desde un lugar diferente al de la tradicional historia de las instituciones; y a la vez nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre las relaciones entre ese determinado pasado y diversos presentes.

Palabras clave: administración; hacienda; revolución; estado

Abstract

This paper's aim is to observe changes and permanencies in the administration of the Real Hacienda (Royal Treasury) in Jujuy since May Revolution in 1810, in order to analyze the transformations in the colonial administration and its institutions. The analysis is centered in the modifications underwent by the account office focusing in the actions of a lieutenant treasurer and its prerogatives. The analysis of the administrative organization is considered through a case study focused in the person of an official, and conveys an alternative approach of studying that differs from the traditional History of Institutions; simultaneously it offers the possibility of reflecting on the relations between this certain past and diverse presents.

Key words: administration; treasury; revolution; statey


 

Reflexionar sobre la organización administrativa y la posterior construcción del estado, teniendo en cuenta las tensiones pasado-presente, nos invita a pensar esa parte de la historia desde el punto de vista de la apropiación y la resignificación del pasado y desde lo que las perspectivas del presente proyectan hacia el pasado. En este trabajo, a través de un estudio de caso, nos permitimos pensar la importancia que para la historiografía y la visión del presente sobre el pasado han revestido los temas relacionados a la organización administrativa y a la posterior construcción del estado. Debemos resaltar aquí que lo que puede ser entendido, asumido, reconocido y valorado como pasado tiene connotaciones cambiantes y situacionales. En esa dirección, se puede ver el pasado como una construcción social dinámica y contingente que involucra el trabajo creativo, inventivo y su apropiación por parte de diversos agentes. Así se disputa quiénes encarnan o personifican el pasado, qué origen se atribuye a la sociedad, sus antepasados comunes, los héroes fundadores y sus descendientes y herederos, qué acontecimientos, lugares y personajes han de considerarse importantes, fundamentales y fundacionales y qué valores e ideales los representan. Intelectuales, funcionarios e instituciones se arrogan el derecho de difundir la historia, homenajearla, conservarla, y ello constituye un medio social de apropiación, resignificación y reproducción (Villagrán 2012).

Entonces, la posibilidad de analizar la administración desde un estudio de caso en el particular contexto de la revolución reviste gran importancia a la hora de pensar la conformación del posterior estado argentino, estado entendido aquí como las instituciones y los funcionarios que lo componen inmersos en sus redes de relaciones. Una reflexión sobre el pasado-presente nos permite también detenernos a pensar sobre las revoluciones en sí mismas y cómo en muchos aspectos no representan cambios abruptos -radicales- que rompen con todo el pasado, como si pudiese de un solo movimiento desmontarse toda una estructura de funcionamiento, un sistema de procedimientos y pautas de comportamiento.

Comprender las operaciones, transformaciones y permanencias, que atravesaron las instituciones administrativas en diferentes períodos resulta indispensable para pensar el futuro de la administración despojado de postulados presentistas. En la historiografía jurídica europea, el proceso de construcción del Estado nacional exigió una potente operación ideológica en la cual la historia como disciplina asumió el cometido de naturalizar la idea estatal, construyendo el Estado en el pasado. Los juristas confeccionaron a partir del Estado liberal una teoría del Estado y los historiadores -juristas y no juristas- convirtieron al Estado, así teorizado, en la forma de organización política propia de toda sociedad civilizada. La imagen que el Estado -contemporáneo- forjó de sí mismo impregna toda la historiografía institucional. Se construyó así un esquema interpretativo pre-ordenado en función del resultado, un modelo historiográfico llamado paradigma estatalista (Garriga 2004).

Esta corriente historiográfica dejó una profunda huella en los estudios tradicionales sobre el problema de la organización administrativa del imperio español. En el Antiguo Régimen se afirmaba la existencia de un Estado concebido como una institución de carácter eminentemente jurídico, construida de una vez y para siempre desde los textos legales. Así se detalló la organización del imperio: describiendo las instituciones y su funcionamiento, las responsabilidades y las atribuciones de los distintos funcionarios y tratando los diversos cambios habidos en la administración. Múltiples trabajos llevaron a cabo esta historia descriptiva de corte institucional para el ámbito de América del Sur, muchas veces impulsados por la búsqueda de los antecedentes y los orígenes nacionales en los fundamentos ideológicos de la organización estatal española en sus colonias. Para el caso argentino podemos mencionar que se basaban en el convencimiento de la realidad de un país preexistente (Halperín Donghi 1996, Mariluz Urquijo 1995, Ravignani 1956)1.

Tanto la historiografía argentina como la latinoamericana enfatizaron el rol predominante de las élites y grupos dirigentes urbanos en la construcción de los Estados nacionales, que resultaron de la disgregación del Imperio español en América. El accionar político de estas élites fue considerado el origen de las nuevas naciones emergentes del proceso revolucionario y sus más activos representantes, tanto políticos como militares, se convirtieron en los padres de la patria. En las dos últimas décadas, nuevas perspectivas teóricas llevaron a la revisión del conflictivo período de la independencia considerando que constituyó una experiencia político-social inédita, cuyos resultados eran difíciles de predecir. Así, la construcción de los Estados nacionales pasó a ser considerada el resultado y no la condición primera que otorgaba sentido a las prolongadas luchas que tuvieron por escenario las colonias españolas en América. Sin embargo predominó, por un lado, una perspectiva hegemónica de Buenos Aires y, por el otro, desde las historias regionales, una visión centrada en las ilustradas élites locales y en la vinculación ideológica y política que las ligaba con la élite dirigente de Buenos Aires (Mata 2004).

El problema de la administración fue trabajado en diferentes espacios de América y desde distintos puntos de vista (Arnold 1991, Burkholder 1993, Burkholder y Chandler 1984, Pietschmann 1996 y Socolow 1987) pero hacia el interior del virreinato del Río del Plata el vacío historiográfico es evidente en lo que al proceso independentista se refiere. Sin el brillo de los grandes acontecimientos ni la posibilidad de rescatar a grandes hombres de la guerra se generó un problema inexplorado para la historiografía tradicional y para ciertos agentes cultores del pasado.

En el presente trabajo analizaremos los cambios que se produjeron en la Real Hacienda jujeña poniendo el foco de atención en el teniente tesorero, funcionario que encarna el supuesto pasado colonial pero que en realidad forma parte sustancial del engranaje de lo nuevo que surge a partir de la revolución. Se trata de un agente que se presenta como articulador entre el nuevo orden buscado y las herencias de un sistema colonial no desmontado totalmente.

Esta elección tiene que ver con una concepción de las instituciones que considera a las mismas como organismos vivos que requieren ser estudiados desde la dinámica de sus estructuras y el sistema de relaciones que las constituyen, considerando las incompatibilidades, las contradicciones y las tensiones, para descubrir las prácticas que aseguran el gobierno de los hombres (Mendes de Miranda 2005). En este tipo de estudios, las fuentes ya no se limitan a los textos normativos sino que se privilegia el hecho de reconocer que una institución no funciona sino con hombres que, a su vez, se encuentran inmersos en redes sociales que desbordan por todas partes a la institución. De hecho, la relación de los agentes con la institución es solo una de las muchas conexiones que mantiene el individuo dentro de su propia red de relaciones y "el conjunto de relaciones que mantienen el conjunto de los agentes que intervienen en un proceso administrativo cualquiera tiene repercusiones sobre el mismo" (Dedieu 2000: 28).

La real hacienda

Entre las reflexiones que en su momento presentara François-Xavier Guerra sobre el paso de las sociedades de Antiguo Régimen a las posrevolucionarias estaba la hipótesis que señalaba a la política del siglo XIX como una consecuencia de la coexistencia o de la hibridación entre un conjunto de ideas, imaginarios y prácticas nuevas y elementos heredados. En el marco de este planteo Guerra afirmaba, sin embargo, que las luchas de independencia habían debilitado e incluso destruido a la administración regia en América (Guerra 1998). Por su parte, Horst Pietschmann había señalado que el montaje institucional imperial había perdurado más de lo que originalmente se pensaba en el proceso de emancipación (Pietschmann 1994).

Así, inmediatamente después de la llegada de Colón a América la corona tomó intervención en la administración económica y financiera de los territorios del Nuevo Mundo. Una de las primeras instituciones instaladas fue la Real Hacienda, la cual controlaba los numerosos ingresos de la corona como los impuestos, las ventas de cargos, los comisos. Su sistema de funcionamiento se apoyaba en las denominadas cajas recaudadoras. Las principales, situadas en las capitales virreinales y en las cabeceras de circunscripciones administrativas menores, estaban bajo el mando colegiado del tesorero y el contador. En el resto de las ciudades se instalaron cajas subalternas, dependientes de las principales y administradas por un teniente tesorero.

Desde el régimen de los Reyes Católicos el cobro directo de los impuestos por parte de funcionarios de la corona sólo se realizaba en casos excepcionales, ya que esta tarea había sido transferida a manos de particulares. Este sistema demostró ser muy ineficiente y generó abusos que la corona no pudo resolver (Pietschmann 1996). En el siglo XVIII, uno de los aspectos más importantes de las reformas borbónicas fue la nueva organización de la hacienda. Con la pretensión de regularizar y mejorar la administración fiscal se impusieron reglas más precisas y un control más estricto en el manejo y la percepción de los fondos. Las cajas reales de todo el virreinato se convirtieron en tesorerías y contadurías de Real Hacienda, los oficiales reales pasaron a denominarse ministros cuya obligación era recaudar y administrar los recursos fiscales que estuvieran a su cuidado, pero sin las facultades judiciales que habían tenido hasta entonces. Los empleados de la Real Hacienda estuvieron exentos de cargas públicas y concejiles para que pudieran dedicarse exclusivamente a la administración real. Se creó la Junta Superior de Real Hacienda para uniformar los procedimientos administrativos y controlar el mecanismo financiero; en las capitales de cada intendencia se creó una Junta provincial integrada por el intendente, el teniente asesor, el contador y el tesorero (Emilliani 1994).

En el Tucumán había una caja principal de la cual dependían las cajas menores del resto de las ciudades que comprendían la gobernación y posteriormente la intendencia. Hasta 1784 la caja principal estuvo ubicada en Jujuy, momento en el que fue trasladada a Salta por ser la capital de la Intendencia. A partir de entonces Jujuy, en calidad de subordinada, contó con una Caja Menor a cargo de un teniente tesorero que dependía directamente de los ministros de Salta. Hacia 1810 quien desempeñaba el cargo de teniente tesorero de Jujuy era don José Ignacio de Guerrico, peninsular oriundo de Ceráin, Guipúzcoa2.

Revolución y violencia. El conflicto entre los miembros de la real hacienda y el cabildo de Jujuy

La noticia oficial de la Revolución de Mayo en Buenos Aires llegó a Jujuy casi un mes después. El cabildo publicó un bando con la proclama el día 15 de junio y posteriormente arribó Feliciano Chiclana, el gobernador intendente nombrado por la Junta de Buenos Aires. Chiclana se instaló en Jujuy y desde allí supervisó los suministros con que los vecinos debían contribuir al arribo del ejército, que a fines de septiembre comenzó a llegar desde Córdoba en pequeñas columnas (Aramburu 1947).

Durante quince años el territorio jujeño fue un escenario en guerra permanente, hubo once invasiones realistas y su población debió abandonar la ciudad en tres oportunidades. Jujuy fue objeto de saqueos y pillajes, levas, empréstitos y expoliaciones; además vio interrumpida su principal fuente de ingresos: el comercio (Conti 2010b: 100). En otras palabras, la Revolución provocó un gran impacto en la vida cotidiana y los efectos de la guerra se vieron reflejados en la demografía, las actividades económicas y la vida política. La contienda generó enfrentamientos entre miembros de la misma sociedad, e incluso dentro de algunas familias (Conti 2010a).

La organización administrativa de la Intendencia del Tucumán también se vio afectada por los conflictos, ya que los tradicionales caminos de la burocracia se vieron alterados por la inmediatez de la guerra y la presencia efectiva del ejército. Los problemas más visibles fueron aquellos que tuvieron como protagonista a la Real Hacienda, muchos de ellos se relacionaron con la necesidad de contar con dinero de manera urgente para satisfacer necesidades inmediatas referidas a la guerra.

Una particular situación de violencia se dio en relación a la extracción irregular de fondos de las cajas en 18113. El cabildo había recibido un pedido urgente de auxilio por parte de un vecino de Orán para repeler las incursiones de los indios alzados de la Reducción de San Ignacio, entonces resolvió que la Junta entregara 3.000 cartuchos y que la tesorería franqueara 1.000 pesos para gastos (Sánchez de Bustamante 1957).

Los cabildantes Manuel Espinosa, Julián Gregorio Zegada, Manuel de Marmol y Tapia y Torcuato de Sarverri advirtieron al tesorero, Joseph Ignacio de Guerrico, sobre la necesidad de contar con dinero de manera inmediata. Ellos decían: "Las imperiosas y notorias necesidades de este pueblo han obligado a este ilustre cabildo a tomar la resolucion de extraer si fuese preciso de las caxas que corren a cargo de usted mil pesos"4.

La advertencia fue seguida por la acción pues dos días después Zegada, alcalde de segundo voto, ante la negativa de Guerrico de cumplir la orden del cabildo mandó deschapar la caja donde se guardaba el dinero y lo extrajo. Para dar noticia del inusual acontecimiento Guerrico escribió lo siguiente a sus superiores en Salta:

En el momento que acabo de ser sorprendido por el alcalde ordinario de segundo voto de esta ciudad, como comisionado del Ilustre Ayuntamiento de ella pasé oficio a esta Junta Subalterna impartiendo tan extraña ocurrencia [...] a cuyo cumplimiento me negué [...] y apenas respiro del sobresalto para comunicar a ustedes esta noticia5.

Guerrico se había negado a entregar los 1000 pesos ya que no había recibido órdenes por los conductos tradicionales que lo dejaran a cubierto sobre la extracción. Esto nos remite a la observancia y el apego a las normas por parte de los funcionarios, inclusive en un contexto de excepción pero no era solo una cuestión de formas lo que preocupaba a Guerrico; le preocupaba también la acuciante falta de dinero: "las cortas existencias apenas sufragan a los gastos urjentes del dia en la conducción de armamento a Tarija [...], pagamento de yerba y otros gastos"6.

Los ministros de Salta apoyaron la determinación de su subalterno porque dijeron que si el cabildo necesitaba dinero solo la Junta de esa provincia podía librárselo, ya que las facultades del subdelegado habían recaído en ella:

pero de ningun modo pudo hacerlo el Cavildo, ni otro cuerpo o individuo no autorizado. Por esto es que nuestro teniente tesorero procedió sujeto a ordenanza quando denegó la entrega de los mil pesos y por consiguiente las llaves de la real caja; y que el Ilustre Cavildo atentó contra las leyes y bulnero la jursidiccion de dicha Junta de Jujuy, y los fueros y privilegios de aquella caxa menor. Ir a la tesorería del modo que se espresa a las dos menos cuarto de la tarde sin oir las exenciones y protestas del teniente y descerrajar la caxa a virtud de una disposición desnuda de prueva y autoridad como la del Ilustre Cavildo de Jujuy es un procedimiento violento y ruidoso de que no hay ejemplo en esta provincia e ignoramos si lo habrá en el reino7.

La Junta Provincial de Salta resolvió desaprobar todas las medidas tomadas por el cabildo e imponer una multa de 100 pesos a cada uno de los cabildantes firmantes de las notas. Para dar cumplimiento a la orden el gobernador presidente de la Junta, Tomás de Allende, se trasladó a Jujuy. Posteriormente destituyó a Zegada, Marmol y Tapia y a Sarverri, nombrando a otras personas en su lugar. En Jujuy el suceso generó un gran descontento contra la Junta de Salta y la subordinada de Jujuy. Posteriormente la Primera Junta resolvió que la de Salta se había excedido, declaró nulas sus providencias y ordenó la reposición de los cabildantes destituidos (Sánchez de Bustamante 1957)8.

A través de este reclamo los ministros reflejaban dos escenarios de tensión, uno entre los miembros de la Real Hacienda y el Cabildo y otro surgido entre el Cabildo y las Juntas de Salta y Jujuy.

El cabildo era el órgano principal de gobierno y administración de justicia a nivel local y sus funciones eran de diverso carácter: administraba los bienes de la ciudad, era responsable de las obras públicas, determinaba precios y aranceles, cobraba derechos y conformaba las milicias de la ciudad. Sin embargo, no tenía injerencia sobre la Real Hacienda y esta era la realidad que amparaba a Guerrico para negarse a colaborar con el pedido del capítulo.

Los conflictos en relación al dinero pueden ser enmarcados en aquellos que desde la colonia existían entre Salta y Jujuy. Estos estaban referidos a la percepción del Ramo de Sisa y de Alcabalas y a la defensa de los Propios del Cabildo. El ayuntamiento jujeño había llevado adelante una batalla contra el avance del Ministerio de Hacienda de Salta sobre la percepción y manejo de impuestos que gravaban la circulación de bienes sobre el territorio de Jujuy. Estos conflictos se profundizaron durante la guerra por la enconada defensa del cabildo de Jujuy de su soberanía jurisdiccional y sus derechos rentísticos. Desde 1811 el cabildo había comenzado un proceso de reclamos por la recuperación del ramo de sisa (Conti 2010b).

Con respecto a las tensiones entre el cabildo y la Junta, aunque el reglamento de las Juntas establecía que se abstuvieran de todo acto de jurisdicción contenciosa o administrativa y dejaran actuar a los cabildos, justicias y funcionarios públicos, las rivalidades no tardaron en presentarse (Tío Vallejo 2001: 223)9. En este caso, la tensión producida por el avance del cabildo sobre facultades que solo correspondían a la Junta es denunciada por los ministros de Salta, no aparece en el marco de un enfrentamiento directo entre las instituciones jujeñas aunque sabemos que el cabildo expresó su descontento con la de Jujuy. Este es un conflicto que debe ser analizado a la luz de objetivos particulares; de hecho, el alcalde de primer voto, Manuel Espinosa, había sido nombrado por la Junta subalterna de Jujuy.

Indudablemente se trataba de una disputa de larga data, el condimento que se presentaba como novedoso era la violencia10.

Además de las situaciones que mencionamos se mezclaban en estos problemas malestares personales previos, el enfrentamiento entre Guerrico y el cabildo no era nuevo. En febrero de 1810 el tesorero había solicitado que su apoderado, Joaquín de Echeverría, vecino y del comercio de Jujuy, a la sazón síndico procurador del cabildo, marchara a Potosí a concluir la contrata que Guerrico había celebrado con la Real Hacienda para conducir allí los azogues del asiento del finado Tomás Villota11. Para el caso los interesados habían solicitado al gobernador que Echeverría fuera eximido de cargos concejiles, a lo cual se opuso el cabildo. Guerrico manifestó que cuando Echeverría se encontraba con el pie en el estribo el ayuntamiento lo embarazó12.

Por su importancia, y su cercanía a Jujuy, la Villa Imperial de Potosí era el mercado por excelencia para los comerciantes jujeños; algunos establecieron comercio en la misma Villa Imperial, mantenían fluidos contactos con comerciantes avecindados, e incluso había quienes actuaban como representantes e intermediarios de casas comerciales de Buenos Aires y de Potosí. Los flujos de mercancías entre ambas ciudades incluían efectos de Castilla, esclavos y yerba mate paraguaya destinados a Potosí -y de allí a otros centros de venta (Conti 2010a: 27).

Detrás de la conducción del asiento de azogues podemos inferir un interés comercial por parte de Guerrico y de su apoderado, quien pertenecía al comercio de la ciudad. El cabildo obstruía así la presumible empresa comercial del tesorero interfiriendo en sus objetivos, esto sin importar la disminución notable que se señala sobre las transacciones en Jujuy puesto que el comercio no se detuvo completamente.

El enfrentamiento entre el teniente y la junta provincial

En 1811, dentro del proceso revolucionario y el ensayo de distintas alternativas políticas, surgieron, por orden de la Junta Superior, las efímeras Juntas Provinciales. Se ordenó por reglamento la implementación de Juntas Principales en cada capital de Intendencia y Juntas Subordinadas en las ciudades y villas que enviaban diputados a Buenos Aires. Las Principales estaban integradas por el gobernador intendente y cuatro vocales elegidos por el pueblo y en ellas residía toda la autoridad del gobierno de la provincia. Las Subordinadas estaban compuestas por el comandante de armas de la ciudad y dos vocales elegidos también por el pueblo (Tío Vallejo 2001).

La Junta de Jujuy estuvo integrada por Mariano Ramón de Saravia, Celedonio Gorriti y Manuel Francisco Basterra13. Saravia era salteño pero tenía estrechas relaciones con Jujuy, había contraído matrimonio -en dos oportunidades- con mujeres oriundas de esa ciudad y poseía allí una finca. Gorriti era teniente de la compañía de patricios de Jujuy y Basterra estaba relacionado con una importante familia jujeña, por su casamiento con María Valeriana del Portal y Urrutia, hija de Juan del Portal -encomendero de los Ocloyas.

Guerrico se enfrentó a la Junta de manera permanente; este tipo de conflicto tenía sus antecedentes en los enfrentamientos constantes que surgieron entre los tenientes tesoreros y los subdelegados durante la etapa colonial (Aramendi 2009a). En una oportunidad Guerrico se quejó ante los ministros principales de Salta por la falta de disposiciones para mandar a cobrar lo que se debía a la Hacienda en conceptos de alcabala y composición de pulperías desde 1810:

Es pues preciso decir que ni las providencias superiores no menos mis reiterados oficios dictados únicamente por el cumplimiento de obligación surten efecto alguno grabandose de este modo la Real Hazienda con la demora que se advierte en todas las recaudaciones: por tanto estoy desengañado que mis reclamaciones, además de experimentar un notable desaire, serán infructuosas, y en el día mucho mas por las trabas con que se be irrita esta Junta mis sagrados deberes14.

Anteriormente, en uno de los oficios que Guerrico había pasado a la Junta solicitó que se nombrara a dos comerciantes que valuaran lo que se debía a la Real Hacienda en concepto de reventas. La Junta tomó muy mal el pedido y cuestionó las formas del mismo pidiéndole que guardara el estilo al dirigirse a ella. Este incidente avivó el descontento del Teniente quien alegó nunca haber faltado el respeto y decoro debido a la Junta.

El mes siguiente el enfrentamiento tuvo que ver con el hecho de que la Junta impidiera la salida de un guarda hacia el puesto al que había sido destinado. Tradicionalmente cada año para la época de la feria de mulas se designaban guardas en diferentes parajes estratégicos, para tomar razón de las extracciones y frenar las clandestinas (Aramendi 2009b). En las vías de acceso más usadas estaban establecidas las receptorías aduaneras dependientes de la Aduana de Jujuy, principal fuente recaudadora de divisas (Conti 2010a).

Como mencionáramos en el acápite anterior, la situación de Jujuy era particular pues por allí pasaba el camino Real que unía las ciudades virreinales de Buenos Aires y Lima; era un centro de tránsito obligado entre la Altiplanicie y las tierras bajas pampeanas, donde los viajeros permanecían el tiempo necesario para equiparse con bastimentos. Esta ubicación privilegiada en el camino que unía a Buenos Aires con Potosí y con Lima le imprimía un gran dinamismo mercantil, ya que pasaban mercaderes, comerciantes, tratantes, funcionarios y viajeros en general. Jujuy era la última ciudad de importancia de la vía carretera del camino Real entre el Río de La Plata y Potosí; hasta allí llegaban las carretas procedentes de Buenos Aires, Córdoba o Tucumán, cargadas con mercancías cuyo destino era los mercados del Alto y Bajo Perú. En adelante el camino era de herradura, por lo cual solo se podía continuar el viaje en mula y las mercancías debían enfardarse para ubicarlas en tercios de mula o burro (Conti 2010a). Conti señala que las guerras de independencia representaron un duro golpe para la economía jujeña pero debemos mencionar que no se trató del final del circuito comercial sino más bien de una disminución del flujo dentro del mismo.

La Junta tomó la decisión de frenar la partida del guarda basada en la impracticabilidad del comercio en el momento y se notificó a Guerrico en los siguientes términos:

Sin embargo de haver dispuesto el señor perfecto de la provincia en provisión de 12 del pasado salgan los guardas a los indicados destinos, debió vuestra merced haver echo parte a este govierno aun antes de lo acaecido la superior resolución, haver si se presentaba algún inconbeniente que según las circunstancias embarazase el cumplimiento de la indicada resolución. La internación o feria de mulas es impracticable en el dia, interin no mejore de aspecto o tome otro semblante la causa, por cuio motivo no halla por conveniente este gobierno camine el guarda15.

Guerrico escribió a los ministros para dejar sentado su parecer sobre las decisiones de la Junta y no ahorró las apreciaciones que los miembros de la misma le merecían:

Yo estaba persuadido que las ordenes superiores no debían consultarse con los goviernos subalternos, para ver si conviene o no su cumplimiento (sin duda que habré estado engañado quando haora se me requiere por esta falta) si debe ser así toda resolución estará sujeta al antojo, capricho, y voluntariedad de mandones [...]

Ya he dicho a ustedes en otra ocasión que el servicio del rey tiene muchas trabas en este destino [...] nunca podra hacerse bien mientras no mude de aspecto esta actual Junta Subordinada16.

Los ministros decidieron acudir al prefecto Pedro José de Saravia, a la sazón gobernador, para que resolviera los conflictos que sufría el teniente tesorero en Jujuy.

Los problemas de la administración que hasta aquí mencionamos están cruzados por diferentes variables, conflictos personales, jurisdiccionales, políticos. Dos son los escenarios sobre los cuales se yerguen: el conflicto de la guerra y la intención autonómica de los jujeños y el malestar que generaba seguir dependiendo políticamente de la ciudad de Salta y sus administradores.

¿Funcionario realista?

Los nuevos gobiernos no generaron una revolución administrativa y, por lo general, mantuvieron en sus cargos a quienes contaban con la experticia necesaria y con los conocimientos que requería el manejo de la administración. Dentro del universo de funcionarios que sirvieron a la corona es necesario diferenciar aquellos que llevaban en sus espaldas años de carrera como técnicos de aquellos que ocupaban cargos políticos (Burkholder 1993, Pietschmann 1996). Para el primer caso, vemos un grupo que nombrado en su momento por la corona había adquirido una identidad social. La corona había conseguido crear ese grupo de individuos, definiéndolos y dotándolos de una identidad que no se desmoronó con la llegada de la revolución. La identificación con la función fue muy fuerte para aquellos que desempeñaron durante años una tarea en particular y es dable ser observado, sobre todo, en aquellos que tenían un cargo de los que llamamos técnicos; y era en la Real Hacienda donde estos encontraban mayormente su lugar de acción.

Esta identificación puede quedar ilustrada con un hecho particular ocurrido en el marco del primer éxodo jujeño, el 23 de agosto de 1812. El general Manuel Belgrano, apostado con el ejército en la ciudad, recibió del Triunvirato la orden de retroceder con el ejército y la población civil hasta Tucumán, ante la amenaza de la invasión realista por la Quebrada de Humahuaca. Junto con las órdenes de retirarse de la ciudad, levantar las cosechas, talar los sembradíos, se mandó que el archivo y las existencias de la tesorería de Salta y Jujuy se condujesen también a San Miguel para que no cayeran en manos españolas. El 20 de agosto de ese año el teniente de Jujuy, Francisco Pico, había informado a Guerrico que todo debía ser trasladado a Tucumán, junto con las tropas, con el fin de salvar sus intereses de las "uñas del enemigo"17. Pero la carreta que llevaba los caudales, el archivo y demás intereses de la caja volcó en el río Juramento.

Viniendo dentro de ella el mismo Guerrico que hubo de peligrar su vida con este acontecimiento de no estar tan vigilantes los indios matacos que lo sacaron a la orilla en brazos: con este suceso que ocasionó la mojazon de todo lo que conducia la carreta que estuvo sumergida en dicho rio todo el dia, se sacó con bastante trabajo el cajon que contenia las cuentas y archivo de Jujuy [...] pero todo tan mojado y aberiado que especialmente los papeles hubiesen quedado inteligibles si la eficacia de dicho Guerrico, en secarlos al sol18.

Resulta difícil encasillar a los protagonistas del proceso estudiado como adscriptos, de una vez y para siempre, a fidelidades realistas o autonomistas. Sería fácil explicar el enfrentamiento entre Guerrico y la Junta Provincial y el cabildante Zegada si supusiéramos que éstos últimos respondían a una marcada intención independentista y Guerrico a la contaria. Sin embargo, esta simplificación está lejos de haber sido moneda corriente. Al respecto podemos mencionar que el mismo Zegada, diputado electo representante a la Primera Junta, durante la invasión del general Pezuela a Jujuy en 1814 se quedó en la ciudad con los realistas e integró el cabildo que éstos formaron. A pesar de ser criticados por algunos su carrera política no terminó allí y siguió participando de la vida ciudadana de Jujuy (Sánchez de Bustamante 1957).

Guerrico era peninsular, su nombre aparece en diferentes razones de individuos europeos de la ciudad de Jujuy a los cuales se les impuso contribuciones forzosas en beneficio de la patria pero no fue alejado de su cargo19. Es decir, sin importar qué postura tomara el gobierno revolucionario, ni cuál fuera la situación personal de cada uno, los funcionarios de carrera continuaron siendo aquello que la corona había decidido que fueran: funcionarios.

Guerrico permaneció en la ciudad y participó de su vida política como un ciudadano más. Fue diputado a la primera legislatura jujeña luego de que la ciudad obtuviera su autonomía y posteriormente se desempeñó como ministro del gobernador Roque Alvarado (Sánchez de Bustamante 1957).

Algunas reflexiones

Durante el período independentista se produjo un proceso de reconfiguración del poder y surgieron nuevos actores políticos y sociales beneficiados por las nuevas posibilidades de ascenso social y económico dadas por la guerra y la militarización. En este contexto de guerra y conflicto, plagado de cambios políticos, una enorme confusión se sumó a la ya difícil administración hispana y el funcionamiento de la Real Hacienda se vio notoriamente afectado.

No obstante, a pesar de los cambios suscitados en lo que se refiere a la administración del gobierno, siguió en pie gran parte del sistema borbónico. Continuó la vigencia y el apego a leyes y normativas que regían la administración colonial y la mayoría de los funcionarios continuó con sus actividades. Como mencionáramos anteriormente los funcionarios que desempeñaban cargos técnicos en la etapa colonial continuaron en sus funciones más allá de las coyunturas y contextos políticos particulares.

Los procesos políticos a través de los cuales se organizaron las nuevas formas de poder durante los primeros años de la revolución mostraron el inconfundible sello de la colonia. La organización administrativa colonial se modificó muy lentamente y la ruptura con la tradición española no fue absoluta (Mata 1999). En muchos casos los funcionarios del rey permanecieron en su ámbito profesional a pesar de cierta reestructuración de los espacios políticos-administrativos. En trabajos anteriores pudimos visualizar cómo a principios del siglo XIX comienza un sutil proceso de cambio con el ingreso de milicianos en sectores bajos de la administración de la Real Hacienda, pero a niveles estructurales los cambios parecen no haber sido profundos (Aramendi 2009 b)20.

Esta nueva etapa presentó conflictos permanentes entre tenientes tesoreros, cabildos, subdelegados y miembros de las juntas centrales y subalternas del nuevo régimen que, a pesar del marco de inestabilidad y tensión en el que tuvieron lugar, abrevaban en aquellos conflictos resultantes de la superposición de jurisdicciones propia del orden institucional colonial -proyectado durante buena parte del proceso revolucionario y más allá de él. Dentro de estos es preciso no olvidar la relación entre Salta y Jujuy como capital y ciudad subalterna respectivamente y las tensiones que se presentaron a raíz de la defensa de los derechos del cabildo jujeño.

Las relaciones personales también jugaron un importante papel dentro de estos conflictos, por lo cual no se puede explicar las acciones de los sujetos durante el período independentista pensando solo en la adhesión a uno u otro orden en pugna. En las sociedades de Antiguo Régimen donde más que con instituciones se gobernaba con hombres, las redes de relaciones eran un elemento fundamental del capital social y de la capacidad de acción de los poderosos. La acción política en el mundo del Antiguo Régimen tenía un aspecto esencialmente grupal porque una buena parte de esta política tenía por objeto conseguir para sí mismo, o para parientes y allegados, puestos directivos en los cuerpos. En esta vida política ordinaria, las formas de acción consistían esencialmente en el juego de influencias y relaciones para obtener decisiones favorables o para obstaculizar las adversas21.

El caso particular de Jujuy nos permite observar cambios, permanencias y el surgimiento de nuevos conflictos en el ámbito de la Real Hacienda a un nivel micro en un contexto en el cual todo estará teñido por la omnipresencia de la guerra. Como mencionáramos al inicio, el estudio de caso sobre la administración en Jujuy -a través de uno de sus funcionarios- nos permite reflexionar sobre la realidad de un camino que se hizo al andar, sobre la necesidad de tener en cuenta que la posterior construcción del estado tuvo que ver con diferentes ensayos y posibilidades, y también nos permite pensar esa construcción despojando la mirada de postulados presentistas. Dichos postulados coadyuvaron además a generar el efecto de pensar un estado moderno donde no lo había, proyectando nociones y cualidades inexistentes en una organización política del pasado que, en cambio, presentaba características propias bien definidas. Estas miradas tuvieron un peso importante y no solo en el campo científico, desde cierto sector social, como mencionábamos en la introducción, también se construyó la idea del surgimiento de la Nación Argentina el 25 de mayo de 1810 en pos de ciertos usos y apropiaciones.

Con la revolución cambió poco la estructura administrativa, estuvo plena de rasgos de Antiguo Régimen y funcionó en general como lo había hecho hasta entonces. Con el tiempo se generaron cambios paulatinos pero lejos estuvo el período de haber representado una ruptura decisiva con la colonia. Lejos de haber constituido, como se quiso ver, el nacimiento de una nueva nación. Aunque esta es una cuestión zanjada para la historiografía actual, la intención aquí es la de pensar el tipo de estatalidad que observamos en una situación histórica particular. Si bien ésta es una tarea que indefectiblemente se realiza desde el presente, de lo que se trata es de forjar conceptos que eviten la asignación de sentido anacrónico -algo que aquí hemos llamado postulados presentistas- y que permitan pensar en la especificidad de los procesos históricos.

Fuentes documentales

Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (ABHS), Fondos de Gobierno, Carpetas 27 B, 28, 28 A, 29, 30 C, 32 A y 32 B. 1810-1816.

Notas

1. Siguiendo el paradigma muchos estudios anclados en el análisis de la primera mitad del siglo XX en Argentina entendieron esa etapa como "formativa" y germinal de una democracia incipiente. Se basaban en la idea de un sistema político que inevitablemente evolucionaría desde formas personalistas, despóticas o autoritarias, del ejercicio del poder hacia el desarrollo pleno de las instituciones democráticas, con división de poderes y un marco jurídico administrativo moderno de individuos iguales, libres de sujeciones y compromisos personales (Villagrán 2009).

2. Durante las últimas décadas del siglo XVIII arribó a Jujuy un flujo migratorio procedente del norte de España; muchos de estos hombres -vascos y cántabros contrajeron matrimonio con mujeres de la elite local y formaron nuevas familias. La mayoría de estos inmigrantes se dedicó a actividades mercantiles y algunos cubrieron puestos militares y administrativos -como funcionarios de la Real Hacienda y cargos menores en la burocracia local (Conti 2010a).

3. Ese año estuvo signado por el avance de la vanguardia independentista y su llegada hasta La Paz, y la posterior derrota en Huaqui con el regreso a Jujuy.

4. Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (en adelante ABHS), Fondos de Gobierno, Caja 28 A, año 1811, Jujuy, 20 de marzo de 1811.

5. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 28 A, año 1811, Jujuy, 20 de marzo de 1811.

6. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 28 A, año 1811, Jujuy, 20 de marzo de 1811.

7. Meses más tarde, cuando la caja sufrió un robo importante de caudales los ministros trajeron a colación el episodio protagonizado por Zegada, pues luego de que ocurriera la extracción forzada no se habían vuelto a poner las chapas en el arca ni se habían devuelto los 1000 pesos lo cual era preciso precaver porque decían que dichas violencias: "Suelen dejenerar en asaltos y urtos" (ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 28 A, año 1811, Salta, 28 de julio de 1812).

8. Los conflictos entre cabildantes y gobernadores/gobernadores intendentes a raíz de las elecciones capitulares anuales fueron una constante durante todo el período colonial. El hecho de que el gobernador pudiera rectificar una elección o nombrar miembros en el cabildo desató disputas que fueron llevadas a las más altas esferas de la justicia imperial.

9. Para Tucumán Tío Vallejo (2001) señala además que la Junta criticaba al cabildo por no querer aplicar las medidas revolucionarias con la necesaria energía, mientras el cabildo sentía que su competencia era invadida.

10. En la ciudad de San Miguel de Tucumán el teniente tesorero también fue compelido bajo amenaza a entregar dinero de las arcas (Aramendi 2013).

11. Villota había rematado el asiento de azogues en 1796.

12. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 27 B, año 1810. Jujuy, febrero de 1811.

13. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 28 A, año 1811. Jujuy, 20 de marzo de 1811.

14. ABHS, Fondos de Gobierno. Caja 28 A, año 1811. Jujuy, 18 de febrero de 1812.

15. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 29, año 1812. Jujuy, 22 de marzo de 1812.

16. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 29, año 1812. Jujuy, 22 de marzo de 1812.

17. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 29 A, año 1812. Jujuy, 25 de agosto de 1812.

18. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 30 C, año 1813. Tucumán, 26 de enero de 1814.

19. ABHS, Fondos de Gobierno, Caja 32 A, año 1815. Jujuy, 20 de mayo de 1815. Caja 32 B, año 1815. Jujuy, 31 de enero de 1816.

20. A manera de comparación podemos mencionar el caso de México donde la administración fiscal colonial/nacional se halló en un período de transición en el que fueron de poca importancia los cambios en la situación política, en la ideología económica y hasta en la forma de gobierno (Jáuregui 1998: 223).

21. Incluso las acciones que pudieran parecer eminentemente individuales estaban íntimamente unidas a estrategias de grupo, sobre todo familiares. Las relaciones familiares -o de clientela- eran siempre la palanca más eficaz de acción social y el éxito o fracaso individual implicaba a otros miembros del grupo (Guerra 1998).

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Fecha de recepción: 6 de agosto de 2014.

Fecha de aceptación: 25 de septiembre de 2014.

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