Introducción ^[1]

El problema del acceso a la vivienda por parte de la población migrante tiene varios antecedentes históricos, y actualmente adquiere diversas expresiones en distintos escenarios locales (Morice, 2007; Magliano y Perissinotti, 2020).^[2] La demanda de los migrantes por el acceso y la inclusión al espacio urbano ha sido descrita para múltiples ciudades latinoamericanas, poniendo énfasis en sus denuncias frente a las desigualdades del mercado inmobiliario y las dinámicas de exclusión que caracterizan la informalidad urbana (Mera y Vaccotti, 2013; Perissinotti, 2016; Vaccotti, 2017a; Vaccotti, 2017b; Marcos & Mera, 2018). Numerosos factores son comunes en estas situaciones: precios elevados, exigencia de garantías, formalidad del estatus migratorio y del trabajo –condiciones que reproducen y amplían las desigualdades que afectan a las personas migrantes–.

Chile es uno de los países de la región donde más ha crecido la inmigración latinoamericana y caribeña en las últimas décadas (CEPAL y OIT, 2017), lo que ha ocurrido en un escenario marcado por el perfil neoliberal del Estado chileno, que ha delegado en el mercado, vía subsidiariedad, la provisión de servicios asociados a derechos fundamentales, como la educación, la salud y la vivienda, entre otros (Hidalgo, Paulsen Bilbao y Santana Rivas, 2016). Este elemento estructural se suma a un marco normativo elaborado en un contexto de dictadura cívico-militar (1973-1990), que ha regulado las migraciones internacionales en clave de seguridad (Stang, 2016), y que aunque ha cambiado recientemente, ^[3] ha mantenido ese enfoque securitario, con renovadas expresiones. Ambos factores explican numerosas problemáticas que afectan a la población migrante, incluyendo el acceso a viviendas de calidad (CDH-UDP, 2011; 2016). En ese marco, los migrantes se debaten entre el arriendo y el subarriendo ^[4] (Chaná Ferrada, 2019), muchas veces en condiciones abusivas, además de la autoconstrucción en asentamientos informales, conocidos como campamentos (López-Morales, Flores Pineda y Orozco Ramos, 2018).

Este artículo se centra en la problemática del acceso a la vivienda que afecta a los migrantes internacionales que residen, en Chile, en comunas con alta concentración de esta población, en las regiones Metropolitana y de Antofagasta. Nos proponemos mostrar cómo la situación de extranjeridad –que no refiere sólo a la situación migratoria, sino también a procesos de etnización y racialización–, en articulación con el perfil neoliberal del Estado chileno y la desregularización del mercado inmobiliario, han jugado un rol central en la configuración de la problemática del acceso a la vivienda y las condiciones de habitabilidad de la población migrante internacional en estas comunas. Esto se ha materializado en tres situaciones principales, que están interrelacionadas: arriendo abusivo, hacinamiento y autoconstrucción en asentamientos informales. Si bien otros trabajos han presentado evidencias cercanas a los hallazgos que desarrollamos aquí (Margarit y Bijit, 2014; Contreras, Ala-Louko y Labbé, 2015; Troncoso, Troncoso y Link, 2019; Razmilic, 2019), la novedad que busca aportar este texto se centra en el análisis y contraste de dos escenarios regionales a la vez (Metropolitana y Antofagasta), en relevar que la extranjeridad, en tanto otredad, no depende exclusivamente de ser migrante o no, y en evidenciar la articulación de las diversas aristas de la extranjeridad con el perfil neoliberal y subsidiario del Estado chileno como política de acceso a servicios públicos.

Tras exponer las nociones centrales en torno a las que se entreteje la mirada analítica, se realiza una contextualización del tema a partir de un recorrido breve por las políticas regionales y nacionales de vivienda y su relación con el tipo de Estado que es el chileno, junto con algunos indicadores de la situación de acceso a la vivienda de la población migrante en Chile. En el apartado siguiente se presentan los aspectos metodológicos del estudio y algunas notas descriptivas de las comunas que fueron su escenario. Los resultados se exponen en cuatro sub-apartados: el primero se ocupa de expresiones de la extranjeridad en el acceso a la vivienda y las condiciones de habitabilidad, el segundo del arriendo abusivo y el hacinamiento, el tercero dedica un espacio a la relación entre extranjeridad y subsidiariedad, a partir del caso del subsidio para el arriendo, y el último trata de la autoconstrucción en campamentos. Por último, se plantean algunas reflexiones finales surgidas de este recorrido.

Marco conceptual: extranjeridad, neoliberalismo y subsidiariedad

El análisis que se propone utiliza varios conceptos de significados debatidos: por un lado, los de extranjeridad, etnización y racialización, y por el otro, los de neoliberalismo y subsidiariedad. En este apartado, ofrecemos un breve marco acerca de cómo se entienden en este trabajo.

Sayad distingue la categoría de extranjero, como la “definición jurídica de un estatuto”, respecto del inmigrante como una condición social (1998, p.243). Esta distinción queda subsumida bajo la noción de extranjeridad que proponemos aquí, que intenta asir de manera articulada esa condición jurídica y social, anclada de forma específica en este escenario nacional. La extranjeridad, entonces, enlaza de manera compleja estas dos dimensiones: la jurídica, referida a las formas y categorías de acceso a cierto estatus legal (o su denegación), asentada a su vez sobre la distinción básica entre nacional-ciudadano/extranjero-no ciudadano, y la social, estrechamente relacionada con aquella, pero centrada principalmente en procesos de alterización racial y étnico-nacionales, que en América Latina se encuentran, a su vez, atravesados por la pertenencia de clase.

La dimensión jurídica se liga con el acceso a la regularidad migratoria, y como anverso, a los procesos de irregularización de una parte de la población migrante, en el marco de una estructura de derechos de movilidad altamente diferenciados y desiguales. La irregularidad migratoria se articula estrechamente con un proceso de informalización del trabajo que opera como variable de precarización de la mano de obra, en el marco de la economía neoliberal: se trata de un proceso activo de inclusión del trabajo migrante a partir de su ilegalización (De Genova, 2002), o una inclusión diferencial (Mezzadra y Neilson, 2016), en la que los diversos filtros que ponen los Estados ‒controles fronterizos, categorías migratorias, trabas burocráticas y administrativas‒ operan de manera funcional a la formación capitalista contemporánea. La irregularidad, entonces, “aparece como una condición producida y como un aspecto clave en la política de movilidad” (Mezzadra, 2012, p.171), lejos de representar un efecto no deseado.

La dimensión social de la extranjeridad entrama, por su parte, varios procesos. La noción de “extranjero” no es un concepto unívoco:

[…] la pregunta sobre el ‘extranjero’ es siempre una pregunta ontológico-política que nos fuerza a interrogarnos sobre el propio lugar y los fundamentos que se ven amenazados cuando accede a éste algún elemento extraño […] es el afuera ‘inerradicable’ que debe ser recibido y a su vez expulsado (Penchaszadeh, 2008, p.60).

Esa sensación de amenaza relevada por Penchaszadeh es posiblemente la que explica que, frente a los elementos extraños, se produzcan procesos de racialización y etnización por parte de la sociedad receptora de migración. Estos procesos pueden ser definidos preliminarmente como construcciones que la sociedad receptora elabora respecto de quienes considera como otros. De acuerdo a Wallerstein y Balibar (1991), en la formación de los Estados-nacionales, la creación de una “etnicidad ficticia” fue la respuesta que los Estados encontraron a la necesidad de la construcción de un pueblo que diera sustento a lo nacional. Esto, dado que

[…] de hecho no hay base étnica para el Estado nacional […]. No teniendo ni los pueblos ni las razas existencia natural, ‘hay que crear en la realidad [y por lo tanto en el tiempo de la historia] su unidad imaginaria, contra otras unidades posibles’ (en Trujillo y Tijoux, 2016, p.52, cursivas del original).

Cuando hablamos de sociedad receptora, nos referimos concretamente aquí a la sociedad chilena. Es posible encontrar una variedad de definiciones de extranjeridad, racialización y etnización en la literatura latinoamericana e internacional, pero nos parece relevante proponer una comprensión de aquellos conceptos que se ajusten a los usos lingüísticos/culturales locales, propios de esta formación nacional de alteridad (Segato, 2007). Entendemos, como propone la autora, que “los procesos de otrificación, racialización y etnitización propios de la construcción de los estados nacionales emanan de una historia que transcurre dentro de los confines, y al mismo tiempo plasma el paisaje geográfico y humano de cada país” (Segato, 2007, p.28). Es decir, cada formación nacional, “en tanto matriz idiosincrática de producción y organización de la alteridad interior de la nación”, presenta formas de racismo, prejuicios y discriminación étnica que son específicos de ese orden particular, construidas en una historia propia, y es ese el horizonte específico respecto del que entendemos estas nociones. Por lo demás, numerosos autores que se han ocupado de ellas han insistido en el carácter histórico y, por ende, variable, de su contenido (Comaroff, 1992; Hering Torres, 2007).

Para definir racialización, consideramos lo propuesto por Tijoux y Palominos, quienes en base a investigación realizada en Chile entienden este concepto

[…] como el proceso de producción e inscripción en los cuerpos de marcas o estigmas sociales de carácter racial […] derivados del sistema colonial europeo y la conformación de identidades nacionales chilenas, en que determinados rasgos corporalizados son considerados jerárquicamente inferiores frente al ‘nosotros’, justificando distintas formas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación y explotación en las que el racismo y el sexismo adquieren una dimensión práctica en la experiencia de las comunidades de inmigrantes en Chile (2015, p. 250).

Considerando la importancia de referir a la comprensión local de ciertos conceptos, sostenemos entonces que la racialización es una manera específica de construir alteridad, y que en la sociedad chilena se dirige hacia las personas de colores de piel construidos como distintos, históricamente oprimidas e inferiorizadas en procesos de explotación colonial. Por su parte, entendemos el concepto de etnización, en el marco de este artículo, como aquellos procesos de construcción de alteridad que se dirigen hacia aquellas personas a las que se adscribe una ascendencia indígena.

En definitiva, en el marco de este artículo, referido al caso de Chile, entenderemos extranjeridad, por una parte, como esta doble condición jurídica/social del extranjero/migrante a la que alude Sayad, y respecto de esta segunda arista de la dualidad, como ser-visto-como-aquel-tipo-de-extranjero que, en virtud de elementos como su nacionalidad, su idioma (o su manera de hablar español), sus características físicas y su situación de clase, es susceptible de ser sometido a un proceso de racialización y/o de etnización, lo que implica desconocer el ejercicio pleno de sus derechos, sin que eso tenga mayores consecuencias negativas para quien los desconoce o vulnera.

En un plano diferente, pero de igual relevancia para este artículo, consideramos los conceptos de neoliberalismo y subsidiariedad. En Chile y en el mundo, durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, se desplegó lo que se ha llamado el giro neoliberal. El neoliberalismo es, a la vez, una fase particular del capitalismo; una forma específica de gobierno de los problemas sociales; una red de producción de conocimiento; una particular forma de vida cotidiana, y un nuevo espacio de disputa de formas de acción colectiva (Ossandón, 2019), pero dado el interés de este artículo, nos centraremos aquí en la forma de administración y gobierno de los problemas sociales que supone.

El Estado neoliberal, en el contexto latinoamericano, comenzó a destacar por la reducción de derechos al mínimo y el aumento de la participación del mercado; se privatizaron los servicios públicos y se tercerizó su prestación, se puso énfasis en una política monetaria y un ajuste fiscal orientado a favorecer el flujo del capital financiero (De Paila Faleiros, citado en Fuster-Farfán, 2019, p.8). Si bien el neoliberalismo está presente en diversos lugares del mundo, hay cierto consenso respecto de que en Chile ese modelo fue introducido de manera especialmente intensa –el país ha sido considerado la cuna del neoliberalismo (Hidalgo y Janoschka, 2014), o su laboratorio (Ansaldi y Giordano, 2012)–, lo que en parte fue posible debido a la articulación de la élite cívico-militar del país en una dictadura que cerró el parlamento y reprimió violentamente a la sociedad civil.

De acuerdo con Fuster-Farfán, en Chile se pueden distinguir dos momentos del neoliberalismo: uno experimental (hasta 1989), y uno corregido (Garretón, 2012), que en algunas áreas profundiza el carácter neoliberal, mientras en otras el Estado intenta asumir un rol de regulador o participante (Maillet, 2015). En relación a la temática de la vivienda, “este tipo de políticas se basa en un referencial de mercado (desregulado y sostenido en la austeridad presupuestaria) y se centra en financiar y sostener la oferta, dejando en un segundo lugar las aspiraciones, requerimientos y particularidades de la demanda (los habitantes y/o población objetivo de la política pública)” (Ravinet y Palier, citados en Fuster-Farfán 2019, p.7).

Por su parte, el principio de subsidiariedad, específicamente en lo que se refiere a los derechos sociales –dentro de los que se considera el acceso a la vivienda–, supone que

[…] la función del Estado no es asegurarlos igualitariamente, sino garantizar las condiciones del mercado y un mínimo a quien no pueda acceder al mercado. En materia económica, esto quiere decir que el Estado no puede actuar en la economía afectando la posibilidad de acción de agentes privados […]. En los hechos, el Estado subsidiario coincide con los rasgos fundamentales que definen al modelo neoliberal. E incluso más: el deber del Estado subsidiario no es solo respetar la existencia de mercados incluso en las esferas de derechos sociales, sino mantener esos mercados positivamente mediante enormes subsidios públicos (Atria, Salgado y Wilenmann, 2020, p.187-189).

Los autores llaman la atención sobre el hecho de que en Chile el concepto de subsidiariedad no significa lo mismo que en otras partes del mundo, donde se le entiende como un principio que proviene de la doctrina de la Iglesia Católica y que representa una alternativa al socialismo y al liberalismo. En Chile, en cambio –y tal como fue explicado– está estrechamente vinculado al neoliberalismo.

Aumento de la migración y políticas neoliberales de vivienda: algunas notas contextuales

Desde mediados del siglo XX, en varios países de América Latina se ensayaron diferentes modelos de políticas de vivienda, identificadas como tres diferentes generaciones: 1) las de primera generación, desde los años ‘50 en adelante, buscaban erradicar los asentamientos irregulares mediante políticas estatales; 2) las de segunda generación o alternativas (Tapia, 2006), en la década de 1970, entendían la vivienda como proceso e incorporaban a los habitantes para pensar soluciones; 3) las de tercera generación, alentadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de la experiencia chilena, desde los años ’90, se basaron en el rol subsidiario del Estado, como facilitador de la iniciativa privada (Maquet, 2013).

Por su parte, Fuster-Farfán (2019) analiza las políticas sociales en Chile en el siglo XX, distinguiendo tres grandes paradigmas: “el keynesianismo o apogeo del Estado de Bienestar; el neoliberalismo ‘fundacional’ que intenta seguir, la pureza de la propuesta neoliberal; y el neoliberalismo híbrido, basado en estrategias de intervención de promoción e inversión social y empresarial” (Fuster-Farfán, 2019, p.6). El último de ellos resulta de interés para el análisis propuesto, y se caracteriza por

[…] redefinir los elementos constitutivos de una intervención pública sobre lo social, llamada política diferenciada y territorializada, cuya concepción general, sus principios y procesos son la individualización de lo social, la selectividad del público, de sus prestaciones y del territorio y, finalmente, la responsabilización de sus beneficiarios (Fuster-Farfán, 2019, p.11).

Individualización, selectividad y responsabilización son ideas centrales para entender las medidas adoptadas por el Estado chileno respecto del acceso a la vivienda en las últimas décadas, en este marco de neoliberalismo híbrido en el que la subsidiariedad juega un papel central. La política habitacional de los años noventa en Chile puso énfasis en el déficit cuantitativo, aspecto en el que tuvo un éxito relativo. Los allegados ^[5] se organizaron para postular a los programas oficiales mediante comités. El esquema de financiamiento establecido consideraba subvención directa a la demanda, ahorro individual del postulante a través de un depósito inicial, además de un crédito hipotecario. Según Maquet (2013), esta respuesta de política focalizada fue insuficiente, pues el 20% más pobre de la población continuó sin acceso a la vivienda, y aquellos que ingresaron al programa generaron una alta tasa de morosidad, dada su precariedad económica.

Mientras el Estado en Chile estructuraba políticas habitacionales de carácter neoliberal, en los años noventa comenzó a aumentar progresivamente la proporción de población migrante. Así, con especificidades territoriales y nacionales, y otras vinculadas a la condición de extranjeridad, se reprodujeron para esta población los tres principales problemas en torno a la vivienda en América Latina y el Caribe, a saber, brechas cuantitativas y cualitativas, dificultad en el acceso y segregación (Maquet, 2013).

La manera más común en que las personas migrantes acceden a una vivienda en Chile en la actualidad es el arriendo. Según la encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica) 2017, solo un 12,3% de los migrantes tenía vivienda propia, un 82,8% arrendaba y un 3,7% habitaba una vivienda cedida (en la población chilena, las cifras eran del 63%, 18,7% y 15,6%, respectivamente) (MDS, 2017). En parte, el arriendo aparece como una solución habitacional ligada al horizonte de transitoriedad inicial del proyecto migratorio (Contreras, Ala-Louko y Labbé, 2015), pero esta característica también se vincula con los numerosos obstáculos que dificultan el acceso de la población migrante a una vivienda propia.

Otro problema especialmente grave que afecta a este grupo poblacional es el hacinamiento. ^[6] Según Techo-Chile existe un 25% de migrantes que viven en esa situación a nivel nacional (Flores, 2017). A su vez, la encuesta CASEN 2017 confirmó que el hacinamiento que afecta a las personas migrantes es muy alto, y que existen diferencias notorias en relación con los chilenos: del 20,6% de personas migrantes que viven con hacinamiento, un 12,9% se encuentra en un hacinamiento medio bajo, un 4,9% en hacinamiento medio alto, y un 2,8% en condiciones de hacinamiento crítico. ^[7] Contrariamente, en el caso de los chilenos, estas cifras son de 4,3%, 1% y 0,6%, respectivamente (MDS, 2017). Es este contexto, a grandes rasgos, el que define el escenario en el que se inserta este artículo.

Aspectos metodológicos y escenario del estudio

El análisis propuesto surge de un estudio desarrollado en 2018, que indagó cualitativamente sobre las necesidades habitacionales de la población migrante y su trayectoria residencial ^[8] en algunas comunas de Chile. En concreto, se realizaron 43 entrevistas en profundidad a migrantes peruanos, colombianos, haitianos, bolivianos, ecuatorianos y venezolanos residentes en las regiones Metropolitana (21 entrevistados) y de Antofagasta (22 entrevistados), y 15 a actores clave de ambas regiones (funcionarios de oficinas municipales de migración, vivienda y planificación; académicos y miembros de organizaciones para migrantes).

El principal criterio de selección de los migrantes fue contar con experiencias de aquellos que hubiesen accedido al subsidio de vivienda del MINVU y de otros que no hubiesen postulado. Para ello, se contactó a los entrevistados siguiendo muestras teóricas predefinidas por región y nacionalidad, en base a estadísticas de la encuesta CASEN sobre concentración de población migrante en términos de su distribución espacial y su nacionalidad. En el caso de migrantes que no hubieran postulado al subsidio, se trabajó con la técnica de contacto de la bola de nieve, mientras que a aquellos que contaban con subsidio se accedió a partir de un listado de contacto provisto por la institución que otorga el beneficio. Respecto de los actores claves, se definieron previamente instituciones relevantes como oficinas municipales, organizaciones no gubernamentales y otras agencias estatales que trabajan con población migrante constantemente, lo que se complementó con entrevistas a académicos de trayectoria en la temática.

En el caso de la Región Metropolitana se consideraron las comunas de Santiago, Estación Central y Quilicura, y en el de Antofagasta, la comuna homónima. Santiago y Antofagasta eran en 2018 las dos comunas con mayor cantidad de residentes migrantes del país (212.037 y 52.954 personas, respectivamente). Estación Central ocupaba, según este criterio, el sexto lugar (38.648 personas), y Quilicura el décimo primero (23.671 personas), sobre un total de 346 comunas a nivel nacional (INE & DEM, 2019). Además de la cantidad de población migrante, se consideraron criterios específicos para la inclusión de estas comunas en la muestra: Antofagasta es reconocida a nivel nacional por la significativa presencia de migrantes viviendo en campamentos; Estación Central, por su parte, ha aparecido en la prensa, durante los últimos años, como un escenario importante para la problemática de hacinamiento que afecta a esta población, a partir de lo que se han llamado guetos verticales, ^[9] mientras que Quilicura interesaba especialmente por su alta concentración de población haitiana.

La comuna de Antofagasta, ubicada en el norte del país, a aproximadamente 1.300 kilómetros de Santiago, tenía 361.873 habitantes según el censo de 2017, de los cuales el 11% eran migrantes internacionales, principalmente colombianos (41,5%), bolivianos (22,9%) y peruanos (20,6%). Se trata de una comuna con una presencia histórica de población migrante, de diferentes orígenes, pero sobre todo de países limítrofes, debido en gran medida a que se trata de territorio de disputa bélica que pertenecía a otros países antes de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, en el último tiempo la dinámica migratoria ha experimentado algunos cambios, principalmente por la llegada de población colombiana, y venezolana en años recientes. La actividad minera opera como un importante atractivo de flujos migratorios hacia esta región, más allá que los migrantes internacionales, en general, no obtengan empleos directamente en ese rubro, sino en actividades de comercio y servicios impulsadas por su dinamismo.

De acuerdo al estudio realizado en campamentos de Antofagasta por el Centro de Investigación Social de TECHO-Chile:

Debido al contexto regional, los altos precios de suelo, el déficit habitacional, los grandes flujos migratorios, y la discriminación hacia los extranjeros, deriva en abusos en las relaciones hacia los inmigrantes que se ven expuestos a buscar estrategias de habitabilidad no formales, como lo son los asentamientos (Ibáñez y Flores, 2016, p.78).

Estación Central, por su parte, está ubicada en el área céntrica de Santiago. En el censo de 2017 registró 147.041 habitantes, de los cuales el 17% eran migrantes internacionales. Los tres principales grupos nacionales, de acuerdo con esta misma fuente, eran por entonces los peruanos (32,7%), haitianos (26,4%) y venezolanos (14%).

Sólo en los últimos años Estación Central ha comenzado a perfilarse como una comuna con alta proporción de migrantes, situación que posiblemente contribuya a explicar por qué aún no existe investigación académica sobre su situación de vivienda y migración. De todas formas, diferentes medios de prensa han mostrado situaciones de hacinamiento crítico y muy malas condiciones de habitabilidad para la población migrante, que también pudimos observar en nuestro propio trabajo de campo. La problemática de los guetos verticales, mencionada previamente, aparece como una situación específica, asociada en parte a déficits del plan regulador de esa comuna.

La comuna de Santiago se encuentra en el sector central de la ciudad homónima, capital de Chile. Alberga los principales organismos y funciones de gobierno y Estado, el centro histórico, los primeros barrios, hoy sistemas mixtos en que coexisten las actividades económicas, de negocios, servicios y viviendas. Sus características han implicado que se constituya como una de las principales comunas en las que se establecen los migrantes que llegan al país (Margarit y Bijit, 2014). Según el censo abreviado de 2017, el porcentaje de migrantes internacionales que residía allí alcanzó el 28%, de los cuales venezolanos (30,7%), peruanos (30,3%) y colombianos (16,5%) eran los que tenían mayor representación en el total de migrantes.

De acuerdo a los hallazgos de una investigación realizada durante los años 2012-2015, “los inmigrantes latinoamericanos que arriban a las áreas centrales de Santiago […] tienden a localizarse en aquellos sectores donde existe un parque residencial deteriorado que asegura el acceso” (Contreras, Ala-Louko y Labbé, 2015, p.60). El mismo estudio mostró que:

Los inmigrantes latinoamericanos que llegan al centro de Santiago […] no sólo se ven enfrentados a los requisitos del marco normativo que regula el mercado formal de acceso a la vivienda, también están restringidos por los requisitos formados socialmente por propietarios y administradores chilenos que ven el mercado del sub-alquiler como mecanismo de ahorro, seguridad social y formas explícitas de discriminar (Contreras, Ala-Louko y Labbé, 2015, p.68).

Quilicura, finalmente, es una comuna del sector norte de la ciudad de Santiago. Tras constituir una comunidad agraria, conformada por un conjunto de parcelas próximas a la capital, empezó a experimentar un crecimiento vertiginoso desde la segunda mitad del siglo XX. En el censo de 2017 registró un total de 210.410 habitantes, de los cuales el 8% eran inmigrantes internacionales. Los tres grupos nacionales con mayor representación eran los haitianos (52,8%), peruanos (19,7%) y colombianos (7,3%). La población migrante de la comuna ha crecido desde la década de 2000, a partir de la llegada tanto de migrantes como de refugiados.

La selección de esta comuna como escenario de la investigación, como se señaló, obedece a la mayor presencia de población haitiana. De hecho la comuna es, desde hace algunos años, la que concentra la mayor cantidad de migrantes de este origen del país, constituyendo incluso lo que algunos autores han llamado un enclave residencial:

La comuna posee una importante oferta laboral en el sector terciario y un parque industrial, junto con la presencia de zonas urbanísticamente degradadas que favorecen el acceso a la vivienda por la existencia del mercado del subalquiler y el allegamiento entre coterráneos (Álvarez et al., 2020, p.107).

Algunos estudios han comprobado además que en esta comuna existen diferencias por nacionalidades en el acceso a la vivienda, que perjudican a este grupo:

en el caso de los haitianos se identifica la existencia de discriminación intensa e indicios de segregación social. Tanto en hombres como en mujeres se reconoce que tanto la población [nacional] como otros colectivos de migrantes latinoamericanos (colombianos, peruanos, ecuatorianos) consideran a los haitianos el escalón más bajo de la pirámide social (Thayer, Correa y Novoa, 2014, p.45).

Además, en la Región Metropolitana en general este grupo nacional es el más afectado por el hacinamiento: un 52,8%, seguida de la peruana (39,3%) (Rojas y Silva, 2016, p.37).

Para la sistematización de la información recopilada se recurrió a un programa de análisis cualitativo (Dedoose®) que permite codificar y ordenar archivos de datos en las categorías analíticas establecidas, siguiendo la técnica de análisis de contenido cualitativo (Schreier, 2014).

El resultado problemático de la ecuación entre extranjeridad, desregulación inmobiliaria y política subsidiaria

Abordamos a continuación las principales expresiones que surgen de la combinación de la condición de extranjeridad con un mercado de vivienda desregulado y un Estado neoliberal de carácter subsidiario: arriendo abusivo, hacinamiento y autoconstrucción, temas que organizan el apartado, junto con un espacio específico para la relación entre extranjeridad y subsidiariedad a partir del caso del subsidio para el arriendo.

La extranjeridad como barrera

Los análisis sobre los procesos migratorios en Chile aluden a un nudo crítico causado por el régimen de visado –vigente al momento de realización de este estudio–, con implicaciones directas y perjudiciales en la vida de los migrantes precarizados que residen en el país. Se trata del vínculo entre regularidad documentaria y disponibilidad de trabajo, que empuja a la informalización de numerosas dimensiones de la vida de los migrantes (por ejemplo, Ibáñez y Flores, 2016; Stefoni, Leiva y Bonhomme, 2017; Leiva, Mansilla y Comelin, 2017). El hecho es que una de las principales vías de acceso a la regularidad dentro de ese régimen es la visa temporal sujeta a contrato de trabajo. Esta gran puerta-cerrojo tiende a generar un círculo vicioso, puesto que es muy difícil obtener un trabajo sin un visado, pero a la vez no se logra el visado sin la disponibilidad de un trabajo.

La visa sujeta a contrato, operativa al menos hasta la entrada en vigencia de la nueva ley, tenía una duración de dos años, los que una vez cumplidos trabajando con el mismo empleador habilitaban al migrante a solicitar la residencia definitiva. Como recogimos en el trabajo de campo, este requisito de permanencia con el mismo empleador empujaba a muchos migrantes a soportar malas condiciones laborales para no perder esa continuidad, pues de terminar el contrato, la contabilización del tiempo volvía a cero (Contreras, Ruiz-Tagle y Sepúlveda, 2013). Los entrevistados refirieron además que en los últimos años se había generalizado el requisito de disponibilidad de un visado de residencia definitiva, complejizando aún más el acceso a un empleo formal.

Muchos migrantes quedaban entrampados por largos períodos en este círculo burocrático, lo que hace evidente el vínculo entre irregularidad migratoria e informalidad laboral. Esta relación ha operado de modo funcional al modelo de acumulación neoliberal chileno, en tanto ha posibilitado la generación de una mano de obra precarizada merced a su irregularización, como expresión de lo que Mezzadra y Neilson (2016) denominan inclusión diferencial. Este proceso tiene incidencia asimismo en una informalización y precarización en el acceso a la vivienda, puesto que la irregularidad documentaria y la informalidad en el empleo han contribuido a la conformación de un mercado informal de arriendo en el que la dimensión de extranjeridad es determinante. El encadenamiento, entonces, es evidente, y muestra la incidencia de una de las aristas de la extranjeridad en el acceso a la vivienda: la condición jurídica del migrante.

La dificultad que enfrentan los migrantes para cumplir con requisitos para el acceso a arriendos formales a causa de este aspecto de la extranjeridad, sumada a un déficit de oferta de viviendas en alquiler a precios accesibles y en localizaciones centrales o pericentrales (Contreras, Ala-Louko y Labbé, 2015; Troncoso, Troncoso y Link, 2019), ha derivado en una oferta de arriendo y subarriendo de espacios sin regulación, con muy malas condiciones de habitabilidad, y a un elevado costo. Eso, a su vez, ha generado un alto nivel de hacinamiento.

Tanto los migrantes y actores clave entrevistados como otros autores (Margarit y Bijit, 2014; Contreras, Ala-Louko y Labbé, 2015; Troncoso, Troncoso y Link, 2019) aluden a la barrera que representan los requisitos para acceder al arriendo formal, difíciles de cumplir especialmente en los primeros años de la trayectoria migratoria en el país. Contar con liquidaciones de sueldo que demuestren ingresos estables y de montos más elevados de los que suelen percibir los migrantes precarizados, por períodos más o menos prolongados, o bien cotizaciones previsionales consecutivas, son las principales limitaciones señaladas.

- ¿Y por qué tan difícil?, ¿qué se te hacía difícil? [al buscar casa para arrendar].

- Es que piden harto, piden garantía, piden un mes de garantía, piden la liquidación de sueldo sobre 600 mil pesos [847 dólares estadounidenses],^[10] y siempre lo han pedido.^[11]

[…] a los extranjeros les están pidiendo mayor documentación, mayores requisitos que ellos deben presentar al momento del contrato de arriendo… a ellos les piden muchos más documentos, por también, por la situación laboral en la cual se encuentran, que a veces es provisoria, no tienen trabajos estables, que les cuesta mucho vincularse con un empleo estable, se les hace prácticamente imposible acceder a un arriendo, los niveles de exigencia, y también ahí uno puede especular y decir que los niveles de xenofobia también entran en eso.^[12]

Otra de estas exigencias es la de un garante o aval, difícil de cumplir por dos razones: la red de conocidos en el país es muy reducida, y ese garante debe acreditar un ingreso muy alto. Por otra parte, muchos de los migrantes entrevistados que han buscado vivienda en los últimos años hablan de la exigencia del pago de más de un mes de garantía.

Dificilísimo [encontrar lugar para arrendar]. Porque como uno es extranjero, bueno no sé cómo les irá a los chilenos, pero como uno es extranjero… supongo que se quieren como asegurar ellos. Y… y uno recién llegando sin conocer a nadie, difícil conocer a alguien que le diga ‘no, sí, yo te voy a servir de codeudor’… Y en la mayoría de las partes piden eso. [El codeudor] tiene que traer el contrato, tiene que… no estar en Dicom, son como los mismos requisitos que le piden a uno. Y tiene que… ganar más de un millón de pesos [1.411 dólares estadounidenses]… Entonces… es difícil. Yo a la única que conocía acá es a mi amiga, que trabaja de conserje en un edificio y gana también el mínimo.^[13]

- ¿Qué cosas fueron las que más se te dificultaron? [para conseguir arriendo]

- Los papeles… los papeles, te pedían doce cheques, muchas veces te pedían mucha plata, y… el Rut [cédula de identidad] definitivo… en la mayoría… en este caso yo tenía el temporal y estaba por vencerse...^[14]

La otra arista de esto que hemos definido como extranjeridad en el marco de este análisis, esto es, la condición social de migrante que se articula con procesos de racialización y etnización en esta formación nacional de alteridad, opera en el mismo sentido que la condición jurídica materializada en irregularización, esto es, dificultando el acceso a viviendas en arriendo. Estos procesos suelen basarse en aspectos tales como su nacionalidad, su color de piel, sus rasgos fenotípicos, su manera de hablar español y otros elementos que diversos estudios han identificado como marcadores étnicos y raciales:

[…] entonces esas son las trabas que les ponen, y peor si uno es extranjero, porque hay veces que se han encontrado con personas chilenas que lo escuchan hablar y dicen ‘no, no, extranjero, no le arriendo’. Entonces eso es… discriminación.^[15]

[…] muchas veces uno llamaba y le decían ‘no, no queremos colombianos, así, inclusive hasta con improperios… una vez yo llamé y le dije ‘y cómo sabes que somos colombianas si ni siquiera’… te saca, hay mucho migrante, no puedes decir… no pun, y nos tiraba el teléfono, ya muchas personas... […] con la señora no, y como igual la señora tenía experiencia con extranjeros, pero de tez blanca, no le gustan de tez negra… porque igual como ella ha notado porque los vecinos son de tez negra son un poco más escandalosos, ruidosos, y a ella no le gusta eso, inclusive que si de pronto hay algún ruido o molestia, escándalo así tipo en la casa, hay que entregar la habitación.^[16]

La evidencia empírica recogida permite entonces documentar y describir la forma en que esta doble arista de la extranjeridad ha estado operando como una barrera difícil de sortear para el acceso a la vivienda en las dos regiones analizadas, materializándose en la precarización e informalización que afecta a los migrantes en su acceso a la vivienda.

Arriendo abusivo y hacinamiento

Como señalan Margarit y Bijit (2014), los requisitos excesivos para acceder a un arriendo actúan como obstáculos para conseguir viviendas con condiciones mínimas habitables, y restringen el mercado inmobiliario para los migrantes a lo que las autoras caracterizan como infraviviendas: mal iluminadas y ventiladas, con infraestructura deteriorada y escasa superficie útil, dado que se produce una indiscriminada subdivisión de habitaciones –tugurización o casas loteadas–. Estas condiciones conforman lo que se ha denominado arriendo abusivo, esto es,

[…] una situación de aprovechamiento y explotación habitacional sobre la base de una relación asimétrica, donde el migrante se encuentra en una posición de desventaja –inducida principalmente por falta de información y limitadas posibilidades de acceso a otras alternativas habitacionales competitivas– que le impide establecer una relación de horizontalidad con el arrendador en la cual poder exigir un trato digno (Troncoso, Troncoso y Link, 2019, p.20).

El testimonio de Elisa ejemplifica este arriendo abusivo:

Por ejemplo, mire, mire esta casa… Los cables están todos mal instalados. Si uno quiere vivir, tiene que sacar de su bolsillo, porque no se va a tomar la molestia de ‘este cable está mal’, no les importa [...] A ellos [los arrendadores o subarrendadores] les importa la plata nomás, que le depositen.^[17]

Otro aspecto en que la condición de extranjeridad incide en la informalización del acceso a la vivienda es el elevado costo que tienen que pagar en relación con las condiciones de habitabilidad que se les ofrecen, como se lee en la cita previa. Los relatos señalaban que los cobros son de hasta 200.000 pesos chilenos (282 dólares estadounidenses) por una habitación compartida en una vivienda colectiva.

El costo elevado se relaciona directamente con el hacinamiento (Flores, 2017), puesto que para solventar el valor que se cobra por el espacio, generalmente reducido, se generan arreglos de cohabitación numerosa para dividir el pago. En nuestro trabajo en terreno, estuvimos en viviendas en las que un baño era compartido por alrededor de 15 grupos familiares. En relación con ello, un miembro de una organización para migrantes describe algunas de estas problemáticas:

[…] hacinamiento es yo creo que el problema uno, y que es como lo que más vemos. Si uno le pregunta a una persona: ‘¿cuántas personas duermen donde tú duermes?’, que por lo general unos describen que es un lugar como este, que es bastante pequeño, nos dicen a veces hasta tres familias en un espacio así, o una familia con cinco miembros… y a veces nos empiezan a describir por ejemplo el lugar donde viven, que no cuentan con las instalaciones eléctricas adecuadas, o que tienen un solo baño, uno ve que no hay condiciones sanitarias […] y obviamente todos estos incidentes como incendios, que se generan a partir de eso.^[18]

Los migrantes que llevan más tiempo residiendo en el país refieren además un aumento en el valor de los arriendos que ha sido muy significativo en el último tiempo, y lo atribuyen a un incremento notable de la demanda. Un estudio realizado por Techo y Mercado Libre Clasificados, del año 2018, analiza los cambios ocurridos en el mercado inmobiliario del Gran Santiago entre 2007 y 2017, confirmándolo: durante la década analizada los precios promedio de viviendas (casas y departamentos), tanto para compra como para arriendo, se incrementaron en 53,3%, y en el caso específico de las casas se dio un alza de 104,2%. ^[19] En Antofagasta la dinámica de arriendos abusivos se agudiza por una inflación de precios causada por la economía minera (Stefoni y Stang, 2017).

La condición de extranjeridad se encarna igualmente en un patrón específico de localización de la población migrante en la ciudad. En efecto, las personas migrantes precarizadas tienden a optar por localizaciones urbanas centrales y pericentrales en el primer periodo de llegada, principalmente por la posibilidad de moverse hacia sus trabajos a menores costos (Schiappacasse, 2008). Al combinarse esto con la poca oferta asequible para los migrantes en ese tipo de localizaciones, devienen las situaciones de abuso en el mercado informal (Contreras, Ala-Louko y Labbé, 2015).

El arriendo abusivo, al igual que las barreras de acceso que suponen los requisitos exigentes y arbitrarios que se describieron, subsisten por las limitaciones de fiscalización estatal y municipal en este ámbito. Según Troncoso, Troncoso y Link (2019), la posibilidad de injerencia de los municipios se reduce a la facultad de clausurar o demoler edificaciones que no cumplen con las normas. Además, como señalaban algunos actores clave entrevistados, los municipios se sienten compelidos a autolimitar esa ya limitada facultad por la escasez de oferta de vivienda a precios accesibles y con buenas condiciones de habitabilidad:

[…] el tema de la fiscalización también es un arma de doble filo, […] ¿qué hacen con las personas que sacan?... ¡No tienen dónde llevarlas!... No, no hay ni presupuesto, ni hay albergues, ni hay ofertas accesibles. Hoy un subsidio de arriendo anda como en los 130 mil pesos al mes [183 dólares estadounidenses], entonces les podrían ayudar como con dos subsidios de arriendo por ejemplo a una familia, que igual, aunque los saquen de un lugar como estos, ellos no pueden garantizar que esas familias van a vivir en un lugar mejor, porque por 130 mil pesos, te vuelven a arrendar una pieza en esas condiciones, sólo que en otro lugar.^[20]

Esta última cita pone en un primer plano un efecto concreto de la ausencia del Estado en la regulación del mercado inmobiliario, propia del perfil neoliberal del Estado chileno, que toma forma en las diversas expresiones de abuso y vulneración de derechos en el acceso a la vivienda que hemos estado describiendo.

Extranjeridad y subsidiariedad

Otra materialización de este Estado neoliberal es, como hemos señalado, su rol subsidiario en la provisión de las condiciones para la garantía de este derecho a la vivienda (entre otros derechos), lo que supone, como explicamos en el apartado conceptual, asegurar el mantenimiento del mercado, en este caso el inmobiliario, y proveer ciertos mínimos para quienes no pueden acceder a él. Esto se traduce en lo que en Chile se ha llamado la política del voucher, es decir, la provisión de bonos y subsidios a la demanda, estableciendo criterios de selectividad de los beneficiarios, en quienes se deposita la responsabilidad por la satisfacción de su necesidad, en general a partir de vías individuales que ponen a las personas a competir por su obtención. Esta lógica opera tanto para la adquisición de una vivienda, que es dificultosa para la población migrante –se les exige poseer un visado de residencia definitiva, un estatus difícil de obtener (Solís, 2014), además de otros requisitos comunes a los nacionales–, como para su arriendo, para lo que se implementó desde 2014 un subsidio específicamente destinado a personas migrantes.

Hasta 2018, momento en que se realizó el trabajo de campo, este programa de subsidio al arriendo había tenido una escasa cobertura en la población objetivo. Las razones de este bajo alcance muestran claramente en qué forma la articulación de este rol subsidiario del Estado, al intersecarse con la dimensión de extranjeridad, redunda en barreras específicas para el acceso a la vivienda en el caso de la población migrante.

La principal de estas barreras proviene de las dificultades para acceder a la regularidad, en dos formas bien concretas: porque si no se posee un RUT chileno no es posible inscribirse en el Registro Social de Hogares (RSH),^[21] puerta de entrada a la oferta pública de programas sociales en general, y de este en particular, y porque sin la cédula de identidad tampoco es posible acceder a empleos formales, que permiten acreditar los ingresos que se reciben; ambos elementos son parte de los requisitos que este programa de subsidio exige cumplir para la postulación.

La imposibilidad de muchos migrantes de demostrar formalmente (o documentar) los ingresos que se solicita acreditar para la postulación, puesto que tienen trabajos informales (por ejemplo, cargadores en mercados, vendedores en ferias, entre otros), se relaciona con el círculo vicioso entre regularidad y disponibilidad de empleo formal al que empuja la regulación de extranjería vigente en Chile al momento de realizar el estudio, como explicábamos antes:

si bien es cierto es una ayuda que entrega el Estado, pero los requisitos son hartos como para que lleguen a concretarse, y es poco el subsidio, porque en definitiva son alrededor de cien mil pesos que entregan, además que tiene que, como se llama… la persona tiene que tener un respaldo económico, entonces un cargador de la feria de Lo Valledor no va a poder optar al subsidio del arriendo… porque no tiene contrato.^[22]

A su vez, en este encadenamiento causal de la incidencia de la extranjeridad sobre la posibilidad de acceder a este subsidio, el hecho de no poder demostrar los ingresos también actúa como barrera para ser incorporado al RSH.

Pero este instrumento de selección actúa como obstáculo para los extranjeros aun teniendo un empleo formal. Muchos migrantes remesan dinero a sus familias en los países de origen, de hecho, para muchos de ellos ese fue el motivo de su migración, y un objetivo central de su estancia, sobre todo los primeros años. En esos casos, tienen un ingreso nominal más alto que el que efectivamente pueden usar para su subsistencia en Chile, y ese ingreso puede superar el máximo que se admite como requisito para postular al subsidio:

[…] tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, vestirse, tienes que comer, pagar el arriendo, sobre todo nosotros pagamos el arriendo aparte y los que son gastos de la casa como agua y luz son aparte, entonces en tu sueldo, después de todos esos gastos, yo me preocupo para mi familia que tengo allá, entonces tengo que mandarles… después de todos esos gastos a veces tú no tienes casi nada para ahorrar.^[23]

Otro elemento que los desfavorece en la medición que realiza el RSH, y que determina si ese hogar tiene o no las condiciones de precariedad suficientes para acceder al subsidio, es su nivel educativo formal, un tema asociado a la sobrecalificación que afecta a numerosos migrantes en Chile –es decir, al hecho de que acceden a trabajos cuya exigencia de formación es menor a la que tienen, como en el caso de las trabajadoras de casa particular que son profesoras, bastante relevado en la investigación–.

El hecho de que se requiera ser parte de un núcleo familiar para postular al subsidio también tiene un impacto que es mayor en el cruce con la dimensión de extranjeridad. Es un hecho que parte importante de los migrantes se desplazan solos en la primera etapa del proceso migratorio, hasta que logran generar ciertas condiciones para reagrupar a su familia en el país de residencia, en el caso que la tengan. En esa etapa, muchos recurren a otro tipo de arreglos de convivencia para afrontar los costos de los arriendos, por ejemplo, compartiendo espacios con amigos o conocidos, o con otros migrantes que enfrentan la misma necesidad. Sin embargo, esta posibilidad no está contemplada en los requisitos, según los cuales el núcleo puede estar compuesto por el postulante junto a su cónyuge o pareja, o sus hijos, o ambos, lo que tiene en su base una mirada convencional de familia que ya empieza a cuestionarse respecto de la población en general, y con mayor razón en el caso de las personas migrantes, por las particularidades de los desplazamientos:

muchas personas migran solas, no migran inicialmente con su familia, como te decía, yo creo que se van, a veces, trayendo a la familia poco a poco, dependiendo de si se va demorando su situación, si su situación no mejora no se van a traer a nadie, pero mucha gente viene sola, o sea, viviendo con una prima, con un conocido de la misma nacionalidad, etc., pero para la persona… los que viven en lugares… o sea, para una sola persona, también falta esa oferta, como de vivienda para una persona que está sola, de manera transitoria.^[24]

Por otra parte, en el caso que en un grupo familiar con varios miembros migrantes no todos tengan su cédula de identidad (es decir, que no hayan podido regularizar su situación migratoria), pueden incorporarse nominalmente al Registro Social de Hogares, pero en la práctica sus condiciones no se cuantifican o reflejan en el puntaje de ese núcleo familiar, y eso opera como una barrera de obtención del subsidio, en la medida que el puntaje no refleja la situación compleja que vive ese hogar.

Autoconstrucción en campamentos: los énfasis del problema en Antofagasta

La comuna de Antofagasta es, como dijimos, una ciudad marcada por la explotación minera, y su realidad habitacional y migratoria no escapan a este signo. En efecto, este caso muestra especificidades vinculadas a esa economía extractiva, que se materializan principalmente en la fuerza que adquiere una vía particular de acceso informal a la vivienda: el campamento. ^[25]

Según el informe anual que elabora el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en 2016 Antofagasta era la región con más migrantes viviendo en campamentos (32,9%), seguida por Arica y Parinacota (28%) y Atacama (25,4%) (CDH-UDP, 2016). Desde 2014 el crecimiento de estos asentamientos se intensificó de modo tal que quebró la tendencia de las dos décadas previas, tanto en la comuna como en la región (Stefoni y Stang, 2017). En 2005 había 24 campamentos en la región (CIS, 2005); en 2011 la cifra aumentó en cuatro (CIS, 2013), disparándose en 2015 y alcanzando los 44 (CIS, 2015). Ese incremento, cifrado en un 224%, fue el más significativo a nivel nacional, y aunque no se explica exclusivamente por el crecimiento de la población migrante en este mismo período, son procesos relacionados.

Como se ha documentado, el valor de los arriendos en esta comuna tiende a ser más alto que en Santiago, a causa del efecto de distorsión sobre los precios que tiene la economía minera (Stefoni y Stang, 2017; Troncoso, Troncoso y Link, 2019). Además la ciudad tiene particularidades, como su tamaño intermedio, una distribución del territorio que favorece el desplazamiento desde la parte plana, junto al mar, hacia una suerte de anfiteatro de cerros que la bordea por el este, ^[26] lo que ha favorecido el movimiento hacia campamentos, no solo de la población migrante, sino también de la nacional. El Catastro Regional de Campamentos 2015, desarrollado por el Gobierno Regional de Antofagasta, registró que los migrantes representaban el 59,8% de los habitantes de este tipo de asentamientos. Aun así, se han conformado algunos campamentos exclusivamente de migrantes, dando cuenta de una alta segregación (Rojas y Silva, 2016).

En este escenario, la condición de extranjeridad opera agudizando la precarización habitacional a partir de las barreras para el acceso al mercado formal de arriendo y la limitada oferta estatal de vivienda social. En un diagnóstico de la situación migratoria en la comuna de Antofagasta, varios especialistas concuerdan en que la proliferación de campamentos en dicha ciudad se relaciona con un problema anterior al incremento de la llegada de población migrante: el déficit de oferta de viviendas para los sectores medios y bajos, debido a especulación inmobiliaria, inflación de precios por la economía minera y escasa oferta pública de viviendas (Stefoni y Stang, 2017), manifestaciones de la problemática articulación de un Estado neoliberal con una economía extractivista.

Según la encuesta CASEN de 2017, la región ocupa el segundo lugar respecto del déficit cuantitativo en vivienda, ^[27] resultante de la presencia de hogares y núcleos allegados (MINVU, 2018). Un segundo factor que volvió crítica la situación fue el freno en la construcción de viviendas a partir del 2009, momento en que la superficie autorizada de edificación experimentó un descenso abrupto, producto de la incertidumbre económica y el Plan Regulador de la ciudad (Municipalidad de Antofagasta, s. f.). Por otra parte, actores clave entrevistados señalan otros elementos: el alto costo de los terrenos en la ciudad (Ibáñez y Flores, 2016) y la especulación inmobiliaria de ciertos actores, como el Ejército, institución que dispondría de terrenos que podrían destinarse a la construcción de viviendas.

A nivel nacional existe un déficit habitacional relativo a vivienda social que se agudiza en esta región,

[…] ya que los montos de subsidio están muy por debajo del costo de construcción, lo cual ha generado una paralización de la construcción de vivienda subsidiada por el riesgo económico que supone para las constructoras vinculadas al rubro. Lo anterior, sumado a los desastres naturales y a la llegada de migrantes, ha aumentado la cantidad de familias viviendo en campamentos de 1.000 a 4.000 familias entre 2012 y 2016 (Troncoso, Troncoso y Link, 2019, p.31).

Es decir, se observan situaciones que ponen en evidencia los límites de una política subsidiaria actuando en un mercado desregulado.

La confluencia de estos elementos explica en buena medida el aumento de campamentos en la comuna durante los últimos años. En el caso de la población migrante, son condiciones específicas las que conducen a la ocupación informal de terrenos y a la autoconstrucción:

[…] yo vivía en dos piezas súper pequeñas y el dueño súper pesado, malo, incluso pagaba del agua, yo, por persona 20 mil, por persona, y somos mi mamá, mi pareja, mi sobrina, somos como cuatro en mi casa, nos cobraba como 80 mil casi, aparte nos cobraba del cable, 10 mil por televisión, así que ahí era como unos 100 mil que yo pagaba, solo luz, agua y cable… Del arriendo por la pieza… me salía como 130 las dos piezas, casi pagaba, 250 más o menos pagaba, total. Ellos me decían, los vecinos, ¿cómo usted paga tanto?, pudiendo arrendarse algo mejor… yo les decía ‘pero en varios lugares no quieren con niños pequeños arrendar y las casas son con un mes de adelanto’.^[28]

Eran una piecitas así como de esto, pero eran chiquititas, así, eran como quince piezas así pegaditas, pero independiente cada uno su llave, y el dueño era uh…cada vez que tomaba venía y le pedía adelanto a todo el mundo y si no te botaba o te echaba pichí [orina] en la puerta, uy no, sufrí las mil, y eso lo hacía cuando las personas eran solas, porque cuando tenían pareja no, no se enfrentaba al marido, el señor era agresivo, y así hasta que yo aguanté un año ahí.^[29]

A los factores reseñados se suma que las opciones de piezas en el centro de la ciudad, además de costosas, suponen un elevado índice de hacinamiento que obliga a compartir baños y cocina entre muchas personas, así como ausencia de espacio para que los niños jueguen, riesgos de incendios por las falencias infraestructurales, ambientes ruidosos y riesgos sanitarios. Frente a ello, levantar una casa en un campamento aparece como una solución no solo viable, sino que ofrece un modo de vida razonable, en la medida en que permite tener acceso a más espacio, aún a pesar de los riesgos que implica una casa en una toma: ^[30]

Yo armé mi casa acá, con mi esposo. Obviamente no una casa de maravilla, pero es de material usado, material ligero, es como… más sencillo pero era algo tuyo, donde no estaba el dueño que te decía ‘ay, me tienes que bajar la luz o el agua, o tus niños’… o que ‘ah, tu mascota’.^[31]

Las condiciones de los campamentos en Antofagasta son muy dispares, y si bien hay algunos donde la vida está marcada por una gran precariedad y desintegración social, hay otros en los que sus habitantes consideran que la calidad de vida es suficientemente buena como para permanecer allí. Las situaciones beneficiosas (Ibáñez y Flores, 2016) que se les atribuyen son la posibilidad de invertir muy poco dinero en vivienda propia, ahorrando para el envío de remesas; contar con más espacio, tanto para disponer de patio como para agrandar la vivienda, y así tener, o traer, a la familia nuclear, e incluso extendida, y contar con las redes de apoyo de los vecinos:

[…] en qué punto vivir en el campamento, sin acceso a los servicios básicos, de manera irregular, con el temor constante que te puedan desalojar, con un posible o no, eventual foco de delincuencia, hoy día, hasta una cantidad importante de controles de identidad, con, a lo mejor, problemas de conflictos con los vecinos que pudiesen darse, con el rechazo y la exclusión que te genera el otro que vive en la población regular abajo, y con un montón de otras cosas que te podrían pasar… ¿cómo eso es mejor que buscar vivir de forma regular? Y dicen: yo podría pagarlo, pero en realidad, yo estoy acá porque estoy entre pares, porque estoy entre personas como yo, porque no me excluyen, porque puedo salir, porque tengo un espacio donde mis niños jueguen.^[32]

El apoyo vecinal resalta, por un lado, la estrategia de organización colectiva ante las dificultades individuales o familiares de obtención de vivienda, y por otro, genera un espacio donde los migrantes pueden sentirse seguros de ir a trabajar o incluso dejar a sus hijos al cuidado de vecinos.

Pareciera entonces que actualmente, entre los migrantes de Antofagasta, es más común el tránsito de la vivienda formal al campamento que al revés. Con un mercado inmobiliario complejo y desregulado como el descrito, la informalidad habitacional aparece como una respuesta comunitaria que resiste las lógicas individualistas con las que se piensa el problema de la vivienda desde la política pública de un Estado neoliberal.

La residencia en campamentos adquiere un sentido específico en el caso de la población migrante, pues se articula con un objetivo significativo para muchas trayectorias migratorias: residir en el campamento se evalúa como una opción de mayor ahorro de dinero para enviar remesas a la familia en el país de origen. ^[33] Este es un tema fundamental para la vida de muchos migrantes, que incluso puede haber determinado la propia decisión de migrar. Esta estrategia económica familiar no ha sido reconocida desde la política pública en toda su relevancia:

Cuando uno está solo dice ya, yo gasto el mínimo mío, entonces me queda esto y envío para mi familia allá y hago… por eso la gente se viene para acá [para el campamento], porque no alcanza realmente, los arriendos eran muy costosos. Más de lo que ganabas en el salario.^[34]

Hay otro aspecto ligado a la conformación de los campamentos que es importante considerar: la historia de la autoconstrucción de la vivienda que ocurre en la mayoría de las ciudades latinoamericanas (Ossul Vermehren, 2017). Efectivamente, “la producción social del hábitat se mantuvo históricamente como una alternativa para que los sectores populares de América Latina pudiesen acceder a la vivienda”, entendiendo por producción social del hábitat, “todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro” (Magliano y Perissinotti, 2020, p.16).

En el trabajo de campo se pudo observar la presencia de una cierta memoria social de derecho al territorio y la ciudad (Harvey, 2008), y de autoconstrucción de la vivienda, que opera otorgando la posibilidad de imaginar la generación de una solución propia a esa problemática, y que en este caso se liga directamente a la condición de extranjeridad. Por supuesto que los procesos de autoconstrucción también son parte de la historia de Chile. El movimiento de pobladores es, de hecho, un actor importante de los procesos sociopolíticos del país (Garcés, 2003; Cortés, 2014; Angelcos, 2016). Pero en el caso de la población migrante, la informalidad de la construcción implica un doble desafío: a las regulaciones estatales en esta materia, y al concepto de ciudadanía nacional (en tanto que no-nacionales). En algunos casos este tipo de respuesta se forjó en una memoria familiar y colectiva que se trae desde el país de origen. Se trata de un aspecto emergente muy interesante, que debiera seguir explorándose en investigaciones que ajustaran su foco en esta línea temática.

Reflexiones finales

Este artículo procuró describir las principales problemáticas que enfrenta la población migrante en su acceso a la vivienda, en cuatro comunas de Chile. Ello permitió observar el modo en que la condición de extranjeridad –en su doble arista, en tanto estatus jurídico/situación migratoria, y en tanto condición social definida centralmente, en esta formación nacional de alteridad, por procesos de etnización y racialización–, en articulación con la desregulación del mercado inmobiliario como expresión del perfil neoliberal del Estado, y su política subsidiaria (y deficitaria) en la garantía de derechos, agudizan las dificultades de la población precarizada para acceder a condiciones dignas de habitabilidad. A su vez, los resultados mostraron múltiples situaciones de discriminación hacia la población migrante de origen latinoamericano y caribeño, lo que representa vulneraciones de derechos que reclaman una consideración activa y urgente desde las políticas públicas que exceden el ámbito de la vivienda, alcanzando por supuesto a las políticas anti-discriminación, así como las migratorias.

Es relevante mencionar que el trabajo de campo del que surgieron los resultados analizados es anterior a la pandemia global del COVID-19, y que ese escenario ha extremado estas problemáticas, por ejemplo, poniendo en evidencia lo difícil que es evitar el contagio del virus en condiciones de hacinamiento. En definitiva, la pandemia ha actuado como un microscopio social, amplificando el carácter estructural de problemáticas sociales (precarización laboral, condición de extranjeridad e informalidad urbana).

Además de describir la problemática del acceso a la vivienda para la población migrante en dos regiones del país, este trabajo permitió observar en qué situaciones y restricciones concretas, y con especificidades locales, se materializa este entramado constrictivo que se teje entre un mercado con ciertas características, un Estado con un determinado perfil, y las dos aristas implicadas en la condición de extranjeridad, que no siempre son abordadas a la par. En ese sentido, retomando la idea de inclusión diferencial (Mezzadra y Neilson, 2016), es posible afirmar que en un escenario de Estado neoliberal subsidiario, y poniendo particular atención a las posibilidades y condiciones de habitabilidad de la población migrante, se produce una inclusión diferencial y a la vez diferenciadora, que fragmenta en diferentes expresiones e intensidades de precarización el acceso selectivo y subsidiado a derechos sociales y económicos.

Los resultados del estudio interpelan a la búsqueda de estrategias que fortalezcan el resguardo estatal de estos derechos y se alejen del dominio privado para resolver la precariedad en la que se encuentran no solo los migrantes, sino en general las poblaciones en contexto de pobreza. A su vez, políticas estatales que privilegien procesos de organización social ayudarían a construir comunidades y territorios habitables y dignos. El caso de la autoconstrucción ofrece un ejemplo poco explorado en la política social chilena, que podría beneficiar enormemente a estas comunidades si hay regulaciones socioambientales apropiadas, y si ello no resulta en otra forma de responsabilización de la población por sus condiciones de pobreza.