Introducción

“El agua vale más que el litio”. Este es el mensaje que un hombre clava en la pequeña iglesia de Aguas Blancas después de una reunión de la Asamblea de Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc. La foto que recibió el primer premio de la revista Población y Sociedad sobre “Ciencias Sociales en Imágenes” (figura 1) se tomó durante una estancia de trabajo de campo etnográfico realizado entre febrero de 2018 y agosto de 2019. En dicha oportunidad pasé 11 meses en la región, la mayor parte del tiempo en comunidades originarias. En la zona de las Salinas Grandes, la población originaria teme que la extracción de litio afecte negativamente a sus actividades económicas tradicionales, como el pastoreo (sobre todo de llamas, ovejas y cabras), la agricultura a pequeña escala, la producción de artesanía (tejidos) y la extracción artesanal de sal. Por eso, con la llegada de la minería del litio a la región en 2010, surgió un movimiento de resistencia. Las 33 comunidades aledañas a las Salinas Grandes se empezaron a organizar en la Mesa de Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, que desde entonces ha servido como asamblea y lugar de debate.

Si bien las reuniones de la asamblea se habían celebrado mensualmente desde entonces, la ocasión en la que se sacó la foto fue crítica. A principios de 2019, las comunidades originarias de las Salinas Grandes habían expulsado a una empresa de exploración y organizaron un corte de ruta en señal de protesta. En los meses posteriores no se produjeron conversaciones aclaratorias con el gobernador Gerardo Morales. La foto fue realizada poco antes de las elecciones gubernamentales de la provincia de Jujuy, momento en el que los ánimos estaban encendidos. En esa asamblea estuvieron presentes los presidentes de gran parte de las 33 comunidades de la zona. Las comunidades querían llamar la atención sobre su situación y posicionarse en contra de Gerardo Morales. Se celebraron intensos debates durante horas y se elaboró una estrategia mediática. Al final de la reunión se llegó a la conclusión de que era necesaria una acción de protesta en la capital de la provincia. En el momento que tomé la foto, mientras frente a la iglesia se izaba la bandera wiphala que representa a las comunidades originarias de los Andes, un hombre colocaba una banderola sobre la puerta de la entrada de la iglesia, que decía “Cuidemos el agua para las futuras generaciones. El agua vale más que el litio. Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc.” En este momento la gente estaba entusiasmada. Aquí y allá se escuchaban algunos gritos de apoyo, mientras otros cantaban una copla. Comenzaba la preparación logística de la acción de protesta. La marcha de protesta se realizó una semana después, el 24 de mayo de 2019, en San Salvador de Jujuy.

Esta foto es de una actualidad alarmante a la vista de los hechos ocurridos en las últimas semanas. La oposición a la minería del litio y las protestas contra el Estado volvieron a estallar recientemente con la reforma de la Constitución provincial en junio de 2023. En esta nota quisiera dar cuenta de los motivos de este conflicto y cómo podría encuadrarse históricamente la protesta. Además, me gustaría abordar la cuestión de por qué en el mismo mes de junio fue posible que una segunda mina de litio entrara en producción comercial en el Salar de Olaroz-Cauchari sin protestas de la población local del departamento de Susques. Tanto la protesta de mayo de 2019 vinculada a la foto premiada como los acontecimientos recientes se inscriben en un contexto global e histórico. Por ello, tras una breve discusión de la criticidad global y regional del litio, intento reseñar brevemente la historia de la resistencia contra la minería del litio y destacar las diferentes reacciones de las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy.

Fuente: Fotografía propia, mayo de 2019

Figura 1 El agua vale más que el litio 

La construcción social de una materia prima crítica

El litio está ganando impulso en el contexto de una transición energética verde-tecnológica. Estados Unidos, la Unión Europea y China incluyeron al litio en sus listas de recursos críticos en 2018 y 2020, subrayando su importancia para la descarbonización de las economías, especialmente en el sector del transporte. En este contexto, la definición de los recursos como críticos depende de su importancia estratégica para una determinada vía de transición y de si los riesgos políticos pueden poner en peligro el suministro continuo. Más del 56,2% de los recursos mundiales de litio y el 50,8% de las reservas se encuentran en el llamado triángulo del litio (USGS, 2022). La región se extiende desde el Salar de Uyuni boliviano hasta el Salar de Atacama chileno y una serie de salares en el noroeste de Argentina. Se refiere a la meseta altoandina del Altiplano, Atacama y Puna, una zona muy árida caracterizada por altitudes de entre 2.500 y 4.500 m.s.n.m. que está poblada principalmente por comunidades originarias de los pueblos atacama, lickanantay, kolla y quechua. Aquí, el litio puede extraerse de forma comparativamente rentable de depósitos de salmuera no convencionales.

Siguiendo la expresión de Riofrancos (2022, p. 4) de que “geología no es destino”, entiendo que el triángulo del litio es una construcción discursiva que subraya la presencia de un solo commodity como el elemento que define la relevancia que tiene todo un territorio. De este modo, una región compleja y diversa se convierte en lo que Bridge (2001) denomina una zona de suministro de materias primas. La construcción discursiva tanto de la criticidad de la materia prima como de la región misma sitúa la cuestión de las relaciones de poder en el centro del análisis. Asimismo, la homogeneización impuesta sobre este “triángulo del litio” encubre las diferentes estrategias políticas que existen con respecto a la minería del litio. La legislación minera argentina, que tiene un marcado carácter neoliberal, es un legado de la reforma del sector de los años noventa configurada por el Consenso de Washington (para una descripción más completa, véase Nacif, 2019). A diferencia de Bolivia y Chile, el marco regulador del litio en Argentina está muy abierto a la inversión privada. Desde que FMC Corporation (ahora Livent) inauguró la mina de litio Fénix en el Salar del Hombre Muerto en el norte de Catamarca en 1997, la bonanza del litio de Argentina ha atraído a una multitud de inversores internacionales. Con la inauguración del proyecto de Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz-Cauchari en 2014, el país se convirtió en el segundo exportador de litio del mundo después de Chile, y en el cuarto productor de litio después de Australia, Chile y China.

En este contexto, el Estado desempeña en Argentina un doble papel. Por un lado, tiene un interés político y económico en el desarrollo activo de proyectos mineros en el contexto de la transición energética. Por otro lado, busca garantizar la protección de los derechos de las minorías. Para ello se los ancló a la Constitución argentina y se ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ratificación argentina de dicho Convenio no sólo daría derecho a los pueblos originarios de ser consultados sobre una posible exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios, sino también sobre posibles cambios legislativos o administrativos susceptibles de afectar a las comunidades directamente (artículo 6).

Una breve crónica de la resistencia de la minería del litio en Jujuy

El auge mundial del litio comenzó a finales de la década de 2000. Esto también se manifestó en las potenciales regiones de extracción de Argentina. A principios de 2010, las comunidades que viven en la periferia de Salinas Grandes notaron actividades inusuales dentro del salar. Algunos residentes describen la circulación repentina de vehículos todoterreno y maquinaria. Poco después, la empresa minera de litio South American Salars (con capitales de Orocobre) comenzó a acercarse a la Cooperativa Minera Salinas Grandes con el objetivo de comprar sus concesiones mineras. A pesar de la escasa infraestructura, las nulas posibilidades de comunicación y los esfuerzos financieros asociados, a partir de mayo de 2010 las comunidades se reunieron mensualmente en una asamblea e iniciaron un proceso de resistencia contra la minería de litio en sus territorios. A partir de ahí las comunidades buscaron, por un lado, atraer la atención nacional con acciones de protesta visibles, como bloqueos de rutas. Por otro lado, las comunidades iniciaron una serie de procesos judiciales para exigir el derecho a la consulta previa y a la participación, con la ayuda de los abogados Alicia Chalabe y Rodrigo Solá (posteriormente también Franco Aguilar), y con el acompañamiento y apoyo financiero de científicos sociales y organizaciones (por ejemplo, FARN, ENDEPA, OCLADE).

En noviembre de 2010, se presentó un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una audiencia pública celebrada en 2012, el tribunal se declaró incompetente y decidió remitir el caso a los tribunales provinciales. Ante esta declaración judicial, las comunidades decidieron presentar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, en 2011 denunciaron su situación al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, en Ginebra. En 2015, la asamblea general de las comunidades aprobó el Kachi Yupi, un protocolo que determina un procedimiento de consulta particular (véase Solá, 2016). Ese mismo año, el gobierno provincial de Gerardo Morales expresó su voluntad de reconocer el protocolo. Posteriormente, con una asamblea general mensual y una mesa ejecutiva más reducida, se siguió manteniendo la organización supracomunitaria, pero disminuyó la participación.

Sin embargo, el protocolo de consulta no fue reconocido oficialmente. A finales de 2018, Ekeko SA realizó estudios exploratorios dentro de los territorios de las comunidades de Quebraleña, San Miguel del Colorado y Rinconadilla. La empresa había obtenido la aprobación de un grupo de pobladores de Quebraleña. Al mismo tiempo, la empresa provincial JEMSE convocó una licitación para proyectos mineros en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama sin el consentimiento de las comunidades. Una vez más, las comunidades volvieron a unirse inmediatamente y expulsaron a la empresa que realizaba los trabajos de exploración. Los incidentes de principios de 2019 hicieron que las comunidades cambiaran radicalmente su postura y en lugar de ser consultados, ahora claman el “no al litio”.

Tras cuatro años de silencio entre el gobierno y las comunidades alimentado por la pandemia de Covid-19, en junio de 2023 se aprobó una reforma de la Constitución provincial acelerada, que dio como resultado dramáticas protestas. Las comunidades temen que la reforma constitucional facilite la aprobación de proyectos relacionados con el litio. Este temor está alimentado principalmente por la modificación del artículo 67 “Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, que está destinada a dificultar las protestas sociales y, especialmente, el bloqueo de rutas, la principal forma de protesta de las comunidades. Además, las comunidades originarias se remiten al artículo 74 “La tierra es un bien de trabajo y de producción” que podría derivar en la apropiación estatal de sus tierras. Esto se debe a que muchos de sus territorios no están reconocidos y se clasifican oficialmente como fiscales.

Debido a la protesta, se eliminaron las modificaciones propuestas de dos artículos especialmente críticos (artículo 36 y 50). En ellos se abordaban los mecanismos de expropiación, así como los poderes del Estado en relación con el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, científicos sociales como Melisa Argento (2023) califican la reforma constitucional como un intento de acabar con el conflicto con las comunidades y suprimir todas las reclamaciones territoriales. El periódico El Cronista (2023, sin página) califica la reforma como “una carta magna que restringe la protesta social, promueve una mirada extractivista de los recursos y contradice los derechos de los pueblos originarios.”

Tras una marcha de protesta de las comunidades hacia la capital provincial, éstas comenzaron a instalar cortes de ruta a la altura de la localidad de Purmamarca. La carretera bloqueada es una arteria importante con acceso al Paso de Jama que une la ciudad de San Salvador de Jujuy en Argentina con San Pedro de Atacama en Chile (Ruta Nacional 52) y a la Quiaca, paso fronterizo con Bolivia (Ruta Nacional 9). La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para intentar levantar las barreras. Como resultado, se multiplicaron los testimonios de detenidos, gente herida e incluso casos de personas que perdieron la vista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que señalaba “con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy“ y condenaba la violencia y la represión policiales (CIDH, 2023, sin página).

A través de las redes sociales, las incesantes protestas atrajeron la atención y la aprobación nacional e internacional bajo el lema Jujeñazo. Las propias comunidades se refieren a su resistencia, en cambio, como tercer Malón de la Paz (invasión de la paz), aludiendo explícitamente a la protesta contra el Estado arraigada en su memoria colectiva. Esta memoria remite a la demanda de títulos de propiedad de las tierras tradicionalmente indígenas-comunitarias que desembocó en la Batalla de Quera de 1875, un violento conflicto entre la población indígena local y los soldados del ejército argentino (Paz, 1989). Se utilizó por primera vez la expresión Malón de la Paz en 1946, cuando una caravana de más de 100 arrendatarios indígenas marchó 2.000 km desde la localidad de Abra Pampa hasta Buenos Aires. Sin embargo, en lugar de recibir allí derechos sobre la tierra del presidente Perón, fueron deportados forzadamente de vuelta (Kindgard, 2004). El segundo Malón de la Paz se desencadenó por la larga demora del gobierno provincial a cumplir una orden judicial que otorgaba a las comunidades indígenas 15.000 km2 de tierra.

Territorios en disputa ¿Por qué algunas comunidades resisten y otras no?

Cabe destacar que las comunidades no deben considerarse homogéneas ni internamente ni entre sí. Si bien las Salinas Grandes y el Salar de Olaroz-Cauchari están separados por una distancia de sólo 50 kilómetros en línea recta, hoy en día se pueden identificar posturas y actitudes muy diferentes hacia la minería del litio en las comunidades circundantes. Mientras que las 33 comunidades que viven en las proximidades de Salinas Grandes protestan contra cualquier forma de exploración y explotación minera, las 10 comunidades indígenas del departamento de Susques que rodean el Salar de Olaroz-Cauchari colaboran en gran medida con las empresas mineras. Por ello, en los últimos 10 años se han podido inaugurar aquí las minas de Sales de Jujuy y Minera Exar.

Entonces, ¿por qué en el caso de las Salinas Grandes pudo materializarse tal resistencia con la llegada de la minería del litio? En algunas comunidades como Santuario de Tres Pozos y El Moreno ha surgido en los últimos años un discurso de rechazo radical. La minería de sal y el turismo nunca podrían existir junto a la megaminería invasora. La minería del litio es también un atentado contra todos los animales, contra las personas, contra el agua, contra la Pachamama y, en definitiva, contra la vida. En este contexto, sostengo que detrás de la palabra clave agua se sitúa sobre todo la lucha por el territorio, los títulos de propiedad y la autodeterminación (Dorn, 2021). Esto también se hace evidente cuando consideramos la clasificación de las comunidades de los sucesos actuales como el tercer Malón de la Paz, porque los dos primeros Malones de la Paz ocurrieron antes de que la minería del litio fuera un problema. Las protestas descritas anteriormente demuestran que la lucha por los títulos de propiedad de la tierra en las Salinas Grandes constituye una continuidad histórica. Entonces, para comprender las distintas relaciones de las comunidades de Susques y Salinas Grandes con la economía capitalista debemos remontarnos aún más al pasado.

Basándose en investigaciones archivísticas y arqueológicas, Rivet (2014) muestra que la actividad del pastoreo siempre ha estado relacionada con otras actividades, como la minería, y subraya que el espacio nunca es un producto acabado para la eternidad, sino que está en continuo flujo. Esto demuestra que la cultura local -en una continua interacción de territorialidades superpuestas y adaptaciones parciales- siempre ha estado sujeta a cambios. Estas territorialidades híbridas surgieron tanto en las Salinas Grandes como en Susques, pero tenían un carácter diferente. En las comunidades de las Salinas Grandes, a partir del siglo XX, las estrategias de subsistencia antes mencionadas se combinaron cada vez más con empleos ocasionales remunerados en las minas de El Aguilar y Pirquitas (Abeledo, 2017). Más allá de eso, tanto la cría de ganado como la extracción de sal eran actividades identitarias que permitían a los habitantes cierta libertad económica. Con la Ruta Nacional 52 asfaltada en su totalidad a partir de 2005 y el creciente número de turistas, la diversificación de la economía local aumentó aún más (por ejemplo, trabajo como guía turístico, producción de artesanía y tejidos, etc.). Si bien algunos residentes hoy en día buscan trabajo en la minería del litio y en los proyectos mineros de Mina Aguilar y Mina Pirquitas, la economía local los habitantes locales se consideran esencialmente independientes de un mercado laboral global. El trabajo remunerado complementa formas de economía de subsistencia (por ejemplo, para comprar frutas y verduras, ropa, internet, motocicletas o automóviles). Además, la construcción social del territorio y la consiguiente identidad local consolidada se nutren de la continuidad histórica de la lucha por los títulos de propiedad de las tierras comunitarias.

La situación es diferente en las comunidades del departamento de Susques, donde las empresas mineras de litio han logrado establecerse rápidamente. A diferencia de las Salinas Grandes, Göbel (2003) describe en Susques el predominio histórico de una estrategia de negociación con terceros. El actual departamento de Susques forma parte de la Puna de Atacama, que cambió varias veces de jurisdicción a lo largo de su historia y sólo se integró a la provincia de Jujuy en 1943, tras la disolución del Territorio Nacional de los Andes. Entonces, la región ocupaba una posición particularmente marginal en el contexto estatal y se caracterizó por la ausencia histórica del estado que resultó en una infraestructura deficiente, como la falta de escuelas secundarias, medios de transporte, medios de comunicación y pocas conexiones con las principales carreteras de la provincia. En el siglo XX, en el departamento de Susques operaban Mina Providencia, una mina de cobre, y varias minas de borato. Cuando Mina Providencia cerró en 1997 y los proyectos de minería de borato en el Salar de Olaroz-Cauchari se detuvieron paulatinamente, muchos residentes locales buscaron trabajo fuera de la región y muchos jóvenes abandonaron sus comunidades por falta de oportunidades educativas. Precisamente en esta época, con el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, se crea una estructura organizativa paralela a la estructura administrativa estatal ya existente. Dado que las comunidades carecen de presupuesto propio, los presidentes indígenas ejercen su cargo de forma voluntaria. En consecuencia, sólo las personas con trabajo regular (remunerado) pueden ocupar un cargo, lo que tiene un efecto excluyente. Por tanto, los intereses de la población trabajadora tienden a estar sobrerrepresentados, lo que, en el caso de varias comunidades del departamento de Susques, se tradujo en clientelismo político. En esta situación, a finales de la década de 2000, las empresas mineras golpearon a las puertas de las comunidades y las comunidades se abrieron rápidamente a las negociaciones bilaterales. Los residentes lo explican por la esperanza que tienen de conseguir puestos de trabajo y una perspectiva de futuro para los jóvenes. Además, los empleados locales de las mineras destacan la enorme mejora conseguida en las condiciones laborales en comparación con las condiciones explotadoras de las borateras.

Tanto Sales de Jujuy como Minera Exar emplean equipos de antropólogos para responder a las demandas más urgentes de las comunidades. Desde el principio, se centraron en financiar fiestas tradicionales, comprar pequeños equipos para las escuelas locales, proporcionar transporte o piezas de construcción para salas comunitarias, etc. Con esta estrategia de asistencialismo paternalista (Dorn y Gundermann, 2022) y al satisfacer necesidades básicas, las empresas mineras de litio crearon rápidamente un consenso político básico con la población local. Al mismo tiempo, se aprovechan de la inestable organización de las comunidades ofreciendo a los presidentes trabajo en la minería del litio. Resulta que, en el momento de mi investigación de campo, los presidentes de todas las comunidades tenían relaciones laborales directas o indirectas con las empresas mineras.

Se observa que tanto las relaciones históricas como las actuales de estos habitantes con el Estado se caracterizan por la ausencia de rebeliones y de conflictos abiertos (Dorn, 2021). Podemos decir, entonces, que encontramos en Susques una continuidad histórica de una estrategia de adaptación y negociación (Göbel, 2003). Si bien el miedo y el desconocimiento de los impactos negativos es el mismo en ambas regiones (Dorn, 2021), en Susques predomina el asistencialismo paternalista por parte de las empresas en vez de contratos vinculantes.

Conclusiones

La minería del litio es un ejemplo particularmente emblemático de cómo las llamadas tecnologías climáticamente amigables provocan y legitiman nuevos extractivismos y nuevas fronteras de recursos. El auge del litio en Jujuy se inserta en un contexto global, reproduciendo las relaciones Norte-Sur existentes, las desigualdades sociales y las asimetrías de poder. Sin embargo, la fiebre del litio en la Puna argentina también se enmarca en interacciones con una legislación minera neoliberal, la necesidad estructural de inversión extranjera directa y divisas, y la legitimación discursiva de la actividad minera. El gobierno de Morales no sólo promueve inversiones en proyectos mineros, sino también hace hincapié en la contribución activa del litio a la transición energética y se hace énfasis en la conexión de la minería con los proyectos de energía solar y las fábricas de baterías. Entonces, en el caso de la minería de litio en Susques el nexo Estado-corporativo ha impedido una consulta previa libre e informada de las comunidades según el Convenio 169 de la OIT: A la falta general de estudios hidrogeológicos independientes se suma la asimetría de información entre empresas y comunidades. Los residentes se quejan de que las evaluaciones de impacto ambiental y los informes técnicos son incomprensibles.

En las comunidades del departamento de Susques, una situación de violencia estructural se une a la estrategia histórica de negociación y ha favorecido la puesta en marcha de dos proyectos mineros de litio en la última década. No obstante, aunque muchos habitantes de este departamento ya tenían un trabajo asalariado -al menos esporádico- antes de la llegada de la minería del litio, la dependencia del mercado laboral globalizado se ha acentuado considerablemente. Ello dio lugar a la emergencia de una clase trabajadora indigente y a los consiguientes cambios irreversibles en la estructura social local. No se expresan críticas públicamente por miedo a perder los beneficios percibidos de la extracción de litio. En la actualidad, los habitantes de Susques – off the record – también critican la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales.

En las comunidades de las Salinas Grandes, en cambio, la mayor independencia de la economía global y la identidad consolidada de resistencia permitieron que la incertidumbre sobre las consecuencias ecológicas de la extracción de litio y la demanda de autonomía local se materializara en un conflicto manifiesto con el gobierno. La reforma constitucional de Morales se suma ahora a una larga lista de intentos de promover la exploración de litio también en las Salinas Grandes. Sin embargo, con más de 13 años oponiéndose a las tendencias expansivas del modo de producción capitalista, las comunidades de la zona ilustran la importancia que tiene la agencia de los actores locales. Con su resistencia politizada, muestran una vía alternativa de desarrollo y reivindican la posibilidad de un proyecto de vida independiente. Para los habitantes locales, el litio sólo desempeña un papel subordinado. En el centro del conflicto están el Salar, la participación, la autodeterminación y el control del territorio.

Que las comunidades sobrevivan a la última jugada de Morales, depende ahora también de la estabilidad de sus redes, la transparencia y la atención social (nacional e internacional). La postura actual del tercer Malón de la Paz es que la protesta sólo parará cuando caiga la reforma. Si bien no se trata de una ayuda paternalista desde afuera, este apoyo es una de las tareas esenciales de las investigaciones comprometidas, normativas y críticas contemporáneas.