Introducción

El 5 de abril de 2021 variados medios de comunicación de la ciudad de Olavarría anunciaban públicamente la emergencia de un conflicto habitacional al señalar que una treintena de familias habían tomado terrenos municipales en reclamo por el acceso a una vivienda digna. La respuesta inmediata de las autoridades municipales al reclamo de las familias fue la denuncia penal por considerar la ocupación como un delito. Sin embargo, las acciones emprendidas por la justicia no lograron dar una respuesta efectiva e inmediata al reclamo. Más bien, posibilitaron inscribir la gestión del conflicto en el campo de la política, habilitándo la intervención de variados actores en la búsqueda de una salida no punitiva.

En el presente artículo nos proponemos analizar la producción social del conflicto habitacional inscribiéndolo en un marco más amplio de relaciones sociales en pos de comprender el modo en que la disputa se construyó, se posicionó en la esfera pública y se gestionó política y judicialmente. Para ello, en el primer apartado ofrecemos una contextualización de la problemática habitacional de la ciudad de Olavarría, haciendo énfasis en el proceso que desencadena la ocupación del predio y la situación de emergencia habitacional profundizada por la pandemia. Adentrarse en las particularidades del conflicto por la ocupación del predio resulta crucial para, con posterioridad, dar cuenta de la forma en que se administró. Para ello, vamos a servirnos del andamiaje conceptual que proveen los desarrollos tempranos del procesualismo, desde el campo subdisciplinar de la Antropología Jurídica, ya que se centran en el estudio de la disputa o conflicto –como unidad de análisis– y en sus modos de procesamiento.

Los señalamientos de Comaroff y Roberts (1981) permiten comprender que toda disputa implica la construcción del marco normativo con que las ideas y acciones serán evaluadas, sumado a que cuando las personas disputan no se limitan al objeto de la misma, sino que también están disputando sobre otras cuestiones que hacen al mundo social. En el caso de estudio se evidenció, por un lado, maneras contrapuestas de conceptualizar el accionar de las familias en la búsqueda por garantizar un lugar donde vivir, habilitando la intervención de variados actores sociales, temporalidades, acciones e ideas de justicia que hicieron que la disputa se expandiera y desbordara el campo judicial (Mather e Yngvesson, 1980; Merry, 1986). Y, por otro lado, el caso problematiza la gestión de lo urbano que se realiza desde el gobierno local, existiendo una suerte de opacidad sobre algunos procesos y fenómenos vinculados con el incremento de la informalidad urbana en la ciudad.

En el segundo apartado, nos adentramos en el rol que ocupan las mujeres en los procesos de lucha y en la autoorganización colectiva. La toma puso de manifiesto que la problemática habitacional afectaba principalmente a mujeres y madres del barrio, por este motivo analizamos el modo en que la disputa fue trasladada a la esfera pública apelando a la maternalización (Nari, 2004) y feminización del reclamo como plataforma discursiva que permitió legitimar la demanda y a las personas demandantes. Desde una perspectiva histórica, Nari (2004) evoca el proceso de maternalización de las mujeres, iniciado en la Argentina hacia fines del siglo XIX, a partir de señalar cómo la reivindicación de la identidad maternal fue un proceso que devino en público y político, es decir, permitió exigir derechos y espacios vedados. Sirviéndonos de su planteo indagaremos en el modo cómo la maternidad fue construida como un espacio de acción pública tanto para la exigibilidad de derechos como para el sostenimiento de la vida cotidiana. En este sentido, interesa interrogar la forma en que el barrio asume un lugar central en las tareas de cuidado y en la posibilidad de sostener cotidianamente la lucha por el acceso a una vivienda digna a partir de la generación de lazos de solidaridad, o de lo que Schmucler y Di Marco (1997) entienden como maternidad social.

Las autoras, valiéndose de los casos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de organizaciones de madres que generaban respuestas sociales ante la crisis económica durante los ‘80, señalan que la democratización de la política en la Argentina contemporánea tomó a la maternidad como modelo. ^[1] De este modo, se buscaba integrar al pensamiento político un conjunto de experiencias vinculadas a la maternidad, generalmente confinadas al dominio doméstico y definidas como privadas e incluso apolíticas. Así, la acción colectiva de mujeres-madres redefinía su propia identidad a partir de sus roles privados y la práctica de una maternidad colectiva se convertía en una respuesta política (Schmucler y Di Marco,1997). Estos planteos, además, nos permiten problematizar cómo la cuestión de la infancia y su cuidado formó parte del discurso construido y significó una potente categoría con la cual batallar en la arena pública por la legitimidad del reclamo y la responsabilidad del Estado, así como también motorizó la continua amenaza de intervención por parte de organismos estatales abocados a garantizar contextos adecuados de crianza (Villalta y Ciordia, 2011).

En el tercer apartado abordamos la gestión del conflicto a partir de inscribirlo en un entramado de relaciones sociales y políticas que sirvieron a su resolución. Allí damos cuenta de la centralidad que asumió la figura de la referente barrial en la gestión del reclamo. Nos interesa mostrar el modo en que sus vínculos con las personas ocupantes del predio, así como los lazos políticos construidos con diferentes actores estatales, moldearon y orientaron la forma en que el conflicto fue gestionado no sólo judicialmente sino, sobre todo, políticamente, a partir de lógicas de reciprocidad vinculadas con su labor social en un comedor comunitario (Vommaro y Quirós, 2011; Quirós, 2017). Asimismo, interesa visibilizar el trabajo desarrollado por la referente barrial en la búsqueda por inscribir las demandas de sus vecinos en la esfera pública.

Finalmente, la recuperación etnográfica que realizamos habilita a reflexionar sobre las implicancias ético-políticas de nuestro trabajo de campo, en lo que hace a la implementación de particulares técnicas de registro y a la publicación y manejo de datos (Girado, 2019). Desde un primer momento fue necesario actuar con cuidado en tanto se trataba de un tema sensible que involucraba a un conjunto de familias, las cuales tenían vulnerado el derecho a la vivienda digna. Fernández Álvarez (2010) refiere a la categoría de “procesos políticos calientes” para problematizar el quehacer antropológico cuando se investiga procesos políticos de alta tensión y exposición pública ya que se convierten en “objetos calientes” para la mirada militante y académica, al tiempo que nos obligan a “[…] dialogar y confrontar posiciones, a negociar los términos, alcances y posibilidades del trabajo de campo y sobre todo a preguntarnos sobre las implicancias de nuestra práctica” (2010, p. 82). En añadidura a lo mencionado, Fonseca (2008) señala que el investigador anda en una continua cuerda floja, no solo debe procurar garantizar la riqueza en detalles que persigue el texto etnográfico sino también ejercer una vigilancia constante a los límites éticos que esa osadía supone

Por este motivo, este artículo se nutre de un acercamiento etnográfico al conflicto a partir de un trabajo de campo que incluyó la observación participante en el marco de nuestra participación en un relevamiento de las familias como parte del proceso judicial en curso. Asimismo, durante los meses que duró la ocupación, se privilegiaron las declaraciones que efectuaron en medios de comunicación las personas protagonistas de la toma. Una vez concluida la misma, realizamos entrevistas antropológicas a diferentes actores involucrados en la gestión del conflicto habitacional, como fue el caso de una referente barrial y de un funcionario municipal, así como también un análisis de fuentes documentales (principalmente artículos periodísticos y documentos oficiales respecto a la toma). Todas estas operaciones metodológicas permitieron complejizar la comprensión del conflicto a partir de inscribirlo en un contexto de mayor significación.

Contextualización del conflicto habitacional

La ciudad de Olavarría ^[2] se localiza en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Al igual que ocurre en otras ciudades medias de la provincia, la gestión municipal de lo habitacional no ha ocupado un lugar destacado en la agenda institucional, implementándose políticas públicas que se abocan, principalmente, al trabajo de regularización dominial de inmuebles y a la generación de obras públicas e infraestructura urbana. Esta situación, además, habilita cierta opacidad sobre algunos procesos y fenómenos vinculados con el incremento de la informalidad urbana (Girado y Larrea, 2022) como consecuencia de la falta de medidas que garanticen el acceso al suelo urbano y la generación de viviendas.

Una reciente investigación de Canestraro et al. (2021) analiza la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat ^[3] (LAJH) en la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires; entre los datos secundarios que se recuperan están los que arroja el “Registro público provincial de Villas y Asentamientos precarios” (artículo 28 de la LAJH), realizado en 2015. En este sentido, del total de 27 municipios que se analizan, sólo en 11 existen villas y asentamientos, siendo Olavarría uno de ellos. Respecto a ese total, la mayor cantidad se localiza en los partidos de General Pueyrredón (69), siguiéndole Bahía Blanca (32), Necochea (12) y Olavarría (7). Asimismo, el 73,6% de los asentamientos son anteriores al año 2000, el 20,0% se consolidó entre los años 2001 y 2010, y el restante 6,4% se registró entre los años 2011 y 2015. Canestraro et al. (2021) mencionan que la generación del registro resulta un avance para sistematizar el déficit urbano-habitacional y de ese modo pensar políticas de hábitat. No obstante, la información no debería circunscribirse a villas y asentamientos, ya que existen otras estrategias habitacionales que despliegan los sectores populares. Más allá de los mencionados señalamientos, los datos que atañen a la ciudad de Olavarría, así como el evento de ocupación en el barrio Lourdes que se reconstruirá a continuación, permiten comenzar a tensionar representaciones extendidas respecto a que la informalidad urbana resulta un fenómeno excepcional y anormal en lo que hace a la generación de espacio urbano (Bachiller, 2018; Massida, 2018).

El 5 de abril de 2021 variados medios de comunicación de la ciudad de Olavarría anunciaban públicamente la existencia de un conflicto habitacional al señalar que una treintena de familias habían tomado terrenos municipales en la búsqueda por garantizar el acceso a una vivienda digna. Dichos terrenos resultan linderos al barrio Lourdes, ubicado territorialmente en los márgenes de la ciudad, ^[4] y eran utilizados por los vecinos como basural. El número de familias que protagonizaron la ocupación fue incrementándose con el correr de los días, es decir, inicialmente fue una única familia la que se instaló en el lugar y comenzó a realizar una delimitación de la tierra a través de hilos y bolsas de nylon. Esta acción motorizó que otras familias también se asentaran en el lugar en la búsqueda de una solución habitacional. Por este motivo, cuando los medios de comunicación comenzaron a cubrir el evento se hacía alusión a que eran aproximadamente cien familias ocupando el predio. Asimismo, desde los inicios de la ocupación diversas organizaciones sociales y políticas también se hicieron presentes y acompañaron las acciones y demandas de las personas.

La primera respuesta estatal se efectuó mediante el sistema penal, ya que la gestión municipal radicó una denuncia por considerar la toma un acto ilegal. Si bien las personas sabían que se encontraban infringiendo la ley, y que esta forma de reclamo los enmarcaba dentro de la categoría jurídica de usurpación, se enunciaban un conjunto de criterios a los fines de legitimar sus acciones y demandas. Se encontraban poniendo el cuerpo por necesidad, en un contexto de pandemia y bajo condiciones climáticas adversas, debido a que la situación habitacional que vivenciaban resultaba insostenible entre otro motivos, porque no contaban con los ingresos necesarios para afrontar y sostener un alquiler lo que habilitaba situaciones de hacinamiento con familiares, violencia de género y situación de calle. Asimismo, mencionaban que el Estado –en sus diferentes niveles– no garantizaba el derecho constitucional a una vivienda digna y que, inicialmente, habían privilegiado la vía institucional para resolver su problema a partir de recorrer variadas oficinas del gobierno municipal en la búsqueda de respuestas.

A través de la judicialización del conflicto, se perseguía como objetivo inmediato la concreción de un desalojo, en tanto medida ejemplar y pedagógica que permitiría generar antecedentes que desalentaran futuras ocupaciones (Carman y Yacovino, 2007). De este modo, mientras se activaban mecanismos judiciales, administrativos y políticos para gestionar el conflicto, el accionar colectivo se consolidaba en la búsqueda de respuestas por parte del Estado. Así, las familias realizaron tareas en pos de dividir las tierras en manzanas y en terrenos, para que cada una contara con una porción de suelo y, posteriormente, instalaron algunas carpas (confeccionadas con diversos materiales como lonas, palos y troncos de árboles) para lograr permanecer en el lugar. Asimismo, designaron a referentes, realizaron un censo interno y delinearon un proyecto de autoconstrucción que ofrecía una salida no judicial ni punitiva al conflicto (Girado y Larrea, 2022).

No obstante, la escalada del mismo y su rápida inscripción en el ámbito de la justicia habilitó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, indicándose la necesidad de implementar el “Protocolo de Acción para Desalojos” dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en pos de resguardar los derechos humanos de las familias a partir de establecer pautas de actuación para los funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad frente a situaciones de ocupación y/o desalojos de inmuebles. Además, intervino la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul ya que el derecho a la vivienda estaba siendo vulnerado así como también se debía asegurar asistencia letrada a las familias involucradas en el procedimiento y evitar –que en el marco de un desalojo– quedaran personas expuestas a una situación de calle o de emergencia habitacional. La intervención de ambos organismos, así como de funcionarios de la provincia de Buenos Aires vinculados al área de tierra y hábitat, perseguía como objetivo generar canales de diálogo con el Municipio en la búsqueda por evitar un desalojo compulsivo.

Conforme avanzaban los días las expectativas de las familias por conseguir una respuesta habitacional se iban erosionando, ya que desde el Estado se desplegaba una política de subsidios y asistencia momentánea sobre la base de diagnósticos socioambientales que certificaran la situación de vulnerabilidad y precariedad habitacional (O’Donell, 2008). Sumado a ello, se desestimó el proyecto de autoconstrucción bajo el argumento que eran terrenos degradados ambientalmente y se sostuvo el posicionamiento respecto a que la toma no era una forma adecuada para reclamar. De este modo, el desalojo se realizó el 25 de junio de 2021 en un predio que se encontraba vacío ya que las familias habían acordado previamente retirarse de manera pacífica a la espera de las promesas de asistencia esgrimidas por el Estado.

A los fines de comprender las particularidades que asumieron las demandas y las formas de gestionar la disputa, se deben inscribir en un contexto de mayor significación. La pandemia por COVID-19 no sólo agudizó la problemática habitacional existente, sino que fundamentalmente dio lugar a una precarización integral de la vida, situación que habilitó la generación de nuevas ocupaciones a nivel provincial y nacional en tanto estrategia colectiva de acceso a la ciudad.

Ante la imposibilidad de las familias de sostener el pago de un alquiler, las situaciones de hacinamiento y precariedad habitacional, así como la pérdida del empleo, generaron las condiciones para que se propiciaron tomas de tierras públicas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el 20 de julio de 2020 se producía la toma de Guernica, en el partido de Presidente Perón. La misma adquirió centralidad ya que involucró aproximadamente a 3000 familias e iluminó sobre la modalidad de organización en pos de sostener las reivindicaciones de tierra para vivir, tierra para producir y tierra para criar; reivindicaciones que, además, dan cuenta de la fuerte impronta feminista ^[5] que permeó el accionar colectivo atento al cuidado mutuo de las personas allí presentes (CELS, 2021). Asimismo, Guernica se destacó en la historia reciente de las tomas por el incumplimiento de variados protocolos de actuación, dando lugar a la concreción de un desalojo violento que evidenció el fracaso de una salida política al conflicto.

En el caso de Olavarría, desde los sectores gubernamentales se hizo uso de este antecedente reciente para dar cuenta de que la ocupación en el barrio Lourdes amenazaba negativamente la dinámica urbana local. Por este motivo, los medios de comunicación advertían, “Volvieron las tomas de terrenos en la Provincia. Un grupo de 30 familias acaparó un predio en Olavarría. El Municipio busca mediar en el conflicto”. ^[6] De este modo, en el próximo apartado abordamos dos características centrales del reclamo por el derecho a una vivienda digna dando cuenta, en continuidad con lo acontecido en Guernica, de la feminización de la demanda así como de la apelación al maternalismo (Nari, 2004, Tabbush y Caminotti, 2015), en tanto permitieron politizar las necesidades cotidianas, legitimar demandas de acceso a bienes y servicios y establecer vinculaciones con el Estado.

Feminización y maternalización del reclamo

Como señalamos en el apartado anterior, la toma del barrio Lourdes se caracterizó por la fuerte y mayoritaria presencia femenina e infantil, lo cual abonó a la construcción de una plataforma discursiva orientada a dar cuenta de la problemática habitacional como un problema que afecta principalmente a las mujeres del barrio en tanto madres y, en la mayoría de los casos, único sostén de hogar. De este modo, veremos cómo la feminización y maternalización resultaron estrategias útiles tanto para legitimar el reclamo como también para politizar demandas y necesidades cotidianas en la esfera pública.

Más allá de la dimensión discursiva que, creemos, resultó útil para conformar una base sólida de reclamo, queremos también dar cuenta del contexto y las condiciones que posibilitaron llevar adelante la ocupación. El barrio Lourdes se encuentra ubicado en los márgenes de la ciudad de Olavarría. Se trata de un barrio de aproximadamente seis manzanas cuyas viviendas fueron construidas, en su gran mayoría, por las primeras generaciones de vecinos/as que actualmente residen allí, mediante el plan de autoconstrucción “el hornero” ofrecido por el entonces gobierno municipal de Helios Eseverri. ^[7] Las calles del barrio son mayoritariamente de tierra y cuentan con servicios de luz, agua y gas natural, no así de cloacas. Las viviendas están construidas con materiales de cemento, piedra y chapa y, actualmente, se observan construcciones pequeñas por encima de algunas viviendas, situación que una de las entrevistadas adjudicó a la necesidad que tienen las nuevas generaciones del barrio de acceder a espacios habitacionales para sus propias familias.

Muchas de las personas ocupantes del predio mencionaron la centralidad que asumía la referente de un comedor del barrio. La mujer se encargaba de entregar numerosas viandas –durante los fines de semana– y mercadería a las personas que se encontraban en el predio, principalmente a las familias monoparentales integradas por mujeres solas con hijo/as a cargo. Por este motivo, es que decidimos entrevistar a Ana, ^[8] vecina del barrio de aproximadamente 50 años, quién además mencionó que fue ella junto a su hijo y nuera quienes inicialmente ocuparon un terreno, generando el puntapié para la concreción de la ocupación; “Mi hijo está juntado, la mujer está embarazada, pero él alquila y un alquiler de $20000 la gente no lo puede pagar. Tenés alquiler, tenés los impuestos, es imposible... Y acá hay mucha humildad”. ^[9]

La recuperación de su relato sobre la ocupación del predio permite dar cuenta del conocimiento de primera mano que Ana tiene de la problemática barrial y, en particular, de quienes llevaron adelante el reclamo. Este conocimiento se encuentra íntimamente vinculado con la gestión de su comedor y con las tareas de asistencia a niños/as y mujeres del barrio (como por ejemplo provisión de alimentos, vestimenta, materiales para la construcción), las cuales muchas veces habilita la generación de vinculaciones con diferentes áreas y actores del gobierno municipal a los fines de lograr gestionar respuestas a las demandas que cotidianamente recibe.

Según relataba Ana, la concreción de la toma se vincula a la problemática asociada a la cantidad de hogares monoparentales que predominan en el barrio y a las situaciones de hacinamiento que padecen numerosas familias. En este sentido, algunas características que hacen a las dinámicas familiares actuales son los embarazos tempranos y la residencia de las mamás jóvenes en los hogares maternos ^[10] donde conviven hasta tres generaciones. Si bien la cuestión habitacional es la principal problemática que afecta a la población del barrio, del relato de Ana se desprenden otras (violencia de género, desocupación, etc.) que afectan diferencialmente a las mujeres. ^[11]

En las familias del barrio, la mayoría de las chicas viven con sus madres. Son chicas jóvenes, la mayoría con problemas de adicción, de prostitución. Hay chicas embarazadas de 12 años, 13 años […]. Hay muchas mamás solteras. El otro día fui a buscar los anticonceptivos para mi hija y me encontré una vecina que me dice que la hija de 12 años estaba embarazada. […]. Después tenés una familia y contás 14 adentro de la casa. Acá a la vuelta son 13, porque tenés a la mamá, a la hija, a la hija de la hija.^[12]

Ahora bien, algunos datos que arroja el censo interno que las familias realizaron junto a una agrupación política que acompañó el conflicto, así como los informes realizados por la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul a raíz de la judicialización del evento, permitieron confirmar la presencia de 130 familias. De este total, además, se desprende la presencia de 9 mujeres que estaban cursando un embarazo y 300 niños/as, mayoritariamente escolarizados. Asimismo, más de un tercio del total estaba constituido por hogares monoparentales, principalmente madres solteras a cargo de niños/as, muchas de las cuales se encontraban ocupando el predio como consecuencia de vivenciar violencias por razones de género.

Respecto a la situación habitacional de las familias relevadas, más del 90% expresaron no tener seguridad en la tenencia de los lugares de residencia de origen. En este sentido, un número importante residía en viviendas de familiares o terceros (57.7%) –con condiciones de habitabilidad no adecuadas– mientras que otras alquilaban (38.5%) y en menor medida (3.8%) realizaban una ocupación informal, cesión o préstamo. En lo que respecta a la situación laboral, el 47% de las familias se encontraba desocupada y el 44.7% contaba con trabajos informales; se debe ponderar también que más del 70% manifestó percibir ingresos en el marco de programas sociales estatales. La recuperación de los mencionados datos permite ilustrar que la problemática habitacional y socioeconómica que vivenciaban las familias, agravadas por el contexto de pandemia y aislamiento, fueron aspectos que motivaron la ocupación en el barrio Lourdes. Ante este panorama crítico, una vecina del barrio y una de las últimas en permanecer en el predio relataba:

Estamos desesperadas, esperando que venga alguien del municipio a darnos una respuesta, a llegar a un acuerdo. Ya ahora quedamos 15 familias más o menos, porque se van yendo las chicas, por el frío… a las casas de las madres. Somos todas mujeres las que quedamos, con chicos… muchas de las que estamos acá, nosotras principalmente, estamos desde el 2013 reclamando, conocen, saben mi historia… no es que yo ahora vengo y quiero un terreno. Lo que pasa es que yo tengo trabajo pero en negro, yo no puedo acceder a un plan de vivienda así, nosotras queremos pagarlos a los terrenos pero con el trabajo que tenemos no podemos. Queremos una casa para nuestros hijos. Por ejemplo yo soy yo y mi hermana, un terreno para las dos queremos, y pagarlo obvio, pero como hacemos con un empleo en negro.^[13]

La alusión a las 15 familias que quedaron en la toma refiere a que, luego de un tiempo de negociaciones en el marco de la implementación del “Protocolo de Acción para Desalojos”, el 8 de abril de 2021 se anuncia públicamente que se había logrado concretar un acuerdo. ^[14] Las familias se retirarían del predio de manera pacífica bajo el compromiso asumido por el gobierno municipal, con la ayuda del gobierno provincial, de atender caso por caso las demandas, así como tampoco se daría curso a la denuncia penal –por el delito de usurpación– que existía sobre algunas personas. En el acuerdo que se firmó, aparece Ana junto a dos personas más en calidad de representantes de las familias; también se explicita que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul se comprometían a realizar el seguimiento de las gestiones.

Sin embargo, al día siguiente un grupo de familias impugnaron el acta acuerdo que se había firmado bajo el argumento de que no había sido consultado a la totalidad de las personas que se encontraban ocupando, al tiempo que denunciaron que el Estado buscaba individualizar la atención y de ese modo avanzar en la fragmentación del proceso colectivo. De este modo, quienes decidieron permanecer en el predio eran mujeres-madres que, incluso, venían reclamando –desde el año 2013– respuestas al gobierno municipal respecto a la situación habitacional precaria que vivenciaban.

Acá la situación viene desde hace años, no es de ahora. Somos madres solteras, con hijos, personas con hijos, gente grande con chicos, que ya la situación es insostenible. Si no nos dan una respuesta esto en unos años no va ser igual, va a ser peor.^[15]

Denunciamos que desde el municipio […] se han realizado distintas maniobras para desarticular y dividir a los vecinos desde un primer momento. Presionando, mintiendo y jugando con nuestras necesidades […]. Desde hace más de un mes que estamos luchando por la tierra y creemos que irnos de acá sin ninguna solución concreta significa volver a girar por oficinas sin respuestas o ser visitados por trabajadoras sociales que ya conocen la realidad en la que vivimos y por la que nada se ha hecho hasta el momento.^[16]

Como se desprende de los testimonios recuperados, el grupo de familias que decidió continuar en el predio, permitía volver a enfatizar el carácter feminizado que asumió la problemática, al tiempo que apelaban al maternalismo ^[17] en pos de afianzar la lucha política, dando cuenta de que “hay ciertas condiciones en que la vida se vuelve invivible” (Butler, 2017, p.23). En este sentido, se tensionaba la hegemónica división sexual del trabajo y las obligaciones al interior de un grupo familiar, señalando que la mayoría de las mujeres eran el único sostén de sus familias. A su vez, indicaban que no sólo se encargaban de la crianza de sus hijos/as sino que trabajaban de manera informal para proveer los recursos necesarios para su sustento. En sintonía con estos planteos, desde la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría se realizó un comunicado para visibilizar esta problemática, “La gran mayoría de las que están encabezando la toma son mujeres con niñes que sostienen a sus familias y luchan por tener un lugar donde vivir, las que ponen el cuerpo todos los días y salen a laburar para pagar un alquiler y la olla”. ^[18] Del mencionado comunicado se desprende una coordenada que resulta central para analizar el conflicto por la toma en el barrio Lourdes, esto es, el creciente proceso de inquilinización de la población. El siguiente fragmento extraído de nuestros registros de campo ilustra la situación de algunas de las mujeres ocupantes del predio, narrada por ellas mismas:

Mientras nos encontrábamos en ‘la toma’ anotando en nuestros cuadernos, vemos acercarse a cuatro personas que observan lo que estamos haciendo. Primero se acercan dos mujeres con dos niños pequeños; una de ellas, una joven de aproximadamente veinte años, con barbijo, nos comenta que vive sola con dos de sus hijos de tres y cinco años. Nos comenta que tiene otro niño de seis años pero que el papá ‘se lo sacó’. Ella había hecho una denuncia por violencia familiar a su pareja, pero la justicia determinó que se quede con el papá, según señala: ‘porque él también me denunció y reclamó la tenencia´ [...]. Menciona que el Servicio Local^[19] había ido a su casa cuando ella hizo la denuncia por violencia, pero enfatiza que ‘nunca más aparecieron, no se preocuparon más´. Le preguntamos el motivo por el cual se encuentra allí en ‘la toma’ y responde que se debe a que no puede seguir sosteniendo el alquiler. La segunda mujer que se acercó junto a ella, de cuarenta y ocho años, sin barbijo, nos menciona que vive sola con dos hijos adolescentes. También se encuentra alquilando y no puede continuar solventando ese gasto. Finalmente, se acercan una joven de diecinueve años y un joven de veintitrés. La primera nos cuenta que está casada y que desea obtener un terreno para vivir con su pareja porque no pueden continuar alquilando ya que no cuenta con empleo y su esposo sólo realiza changas.^[20]

Al igual que en otros conflictos ^[21] acontecidos en Argentina durante la última década, la imposibilidad de costear los alquileres resulta uno de los principales motivos esgrimidos para legitimar el accionar; situación que se complejiza si tenemos en cuenta la no existencia de una política integral para las personas inquilinas en situaciones de emergencia habitacional. En Olavarría, al igual que en otras ciudades de Buenos Aires, se otorgan subsidios de alquileres de manera discrecional, por un periodo de tiempo reducido y un monto de dinero que no permite garantizar el acceso a una vivienda con condiciones de habitabilidad adecuadas, ni generar previsibilidad a corto y mediano plazo en la vida de las personas. Pero además, las familias deben experimentar las dificultades para acceder a una vivienda en alquiler puesto que, generalmente, no tienen garantías de locación ni recibos de sueldo, sumado a ciertas restricciones por parte de locatarios (no embarazadas, cierta cantidad de niños/as), lo cual ocasiona que se vinculen con el mercado inmobiliario informal, agravando su situación de vulnerabilidad.

En relación a la presencia de mujeres y niños/as en el predio, quisiéramos recuperar las conceptualizaciones de Bermúdez sobre el maternalismo en tanto “la apelación política basada en esa ligazón tiende a reforzar paradójicamente las mismas acusaciones morales que pretenderían trascender, en la medida en que es precisamente a las madres a quienes se les adjudica la responsabilidad social de la crianza moral de sus hijos” (2016, p. 63). En este sentido, variados actores sociales cuestionaron los modos de vida y la crianza de los/as hijos/as de las mujeres que protagonizaron la toma; situación que habilitó la amenaza constante respecto a la intervención de organismos estatales de protección de derechos de la infancia. ^[22] Al respecto Ana mencionaba:

Yo tenía una mamá… que no tenía dónde vivir y vivía en un chiquero de chancho prácticamente. En la toma me dice, ‘Ana ¿y si me quedo a dormir acá?, Y… le digo, con las criaturas no te conviene… porque por ahí viene servicio local y te lo saca, ¿Y dónde voy a dormir? Me dice’. Entonces vinimos, buscamos unas frazadas acá en casa, una carpa y nos quedamos ahí […]. Eso le pasó porque, bueno… sufría violencia de género con el marido, le pegaba mucho, después la echó de la casa y así andaba, boyando con las criaturas. ¿Y la asistente social?^[23]

En este punto es importante resaltar que desde los organismos de protección de la niñez se realiza un continuo trabajo con las familias en pos de “fortalecer roles parentales” –sobre todo maternos– como modo de moldear un “medio familiar adecuado” (Villalta y Ciordia, 2011, p. 436) que no ponga en riesgo a sus hijos/as. Como sostiene Villalta (2021), la familiarización de los problemas sociales, es decir, la familia como responsable primaria de los “déficits” de sus miembros –en particular de sus niños y niñas–, se acompaña de la naturalización de las funciones y pautas de comportamiento asignadas a sus miembros. ^[24] Desde estos organismos se regulan relaciones y vínculos familiares a través de un trabajo que incluye el establecimiento de acuerdos, consensos y negociaciones entre el Estado y la familia (Grinberg, 2008; Barna, 2015; Larrea, 2021) pero siempre bajo la advertencia de la posibilidad de la separación de los/as hijos/as si no se logra revertir una situación caracterizada como de riesgo.

En los inicios de la toma, la decisión de designar a diversos vecinos/as en calidad de voceros del conjunto de las familias, se llevó adelante en términos estratégicos no sólo a los fines de establecer vinculaciones con el Estado y avanzar en la construcción de acuerdos, sino también como una forma de instalar las demandas en la arena pública resguardando la exposición de las familias. Esto es, se buscaba evitar un desalojo compulsivo previendo que la presencia de menores de edad en el predio –principalmente por permanecer con sus madres como principales cuidadoras– pudiera propiciar intervenciones estatales que impliquen medidas de separación de los/as niños/as de sus familias.

De este modo, la cuestión de la infancia y su cuidado formó parte del discurso construido y significó una potente categoría con la cual batallar en la arena pública por la legitimidad del reclamo (Girado y Larrea, 2022). El discurso de los derechos de los/as niños/s, pregonado y enaltecido desde variados ámbitos estatales, era recuperado y cuestionado en los relatos de las ocupantes. Si desde estos organismos se les señalaba la centralidad que asumía contar con una vivienda para una adecuada crianza de sus hijos/as, se cuestionaba la inacción del propio Estado a los fines de acceder a una vivienda digna. Asimismo, quisiéramos señalar que durante el transcurrir de la toma se dio cuenta de cómo se desplegaban un conjunto de relaciones sociales que permitían asistir a las familias y conceptualizar al barrio como otra escala de habitar y residir (Cravino, 2014).

La realidad es que no hay ningún servicio y bancar tantos días sin baño, sin agua en un terreno donde no hay sombra […] los vecinos se solidarizan enseguida porque entienden que es un reclamo genuino y porque son sus hijas, sus hermanos, sus nietos, sus primas, los propios familiares de ahí del barrio.^[25]

En relación a lo mencionado, se hizo explícita la idea de una “maternidad social” (Schmucler y Di Marco, 1997), refiriendo con ello a que las tareas de cuidado y crianza de los/as niños/as no eran responsabilidad exclusiva de las mujeres-madres, lo que permitía concebir a la maternidad como una cuestión de índole pública. Esto es, siguiendo a las autoras, se la transforma en un problema de la comunidad en la medida en que se compromete la solidaridad y se apela al Estado como un actor más involucrado en la problemática. La maternidad, entonces, es redefinida como práctica colectiva concibiéndola no solo un acto de amor o mero altruismo, sino como trabajo, como “liderazgo de actividades para la sobrevivencia [...]. En estos casos, las mujeres asumen sus intereses específicos de género, sus necesidades como trabajadoras y reconocen - y reclaman - sus derechos en tanto mujeres” (p. 30).

Las 15 familias que permanecieron en el predio buscaban impedir la concreción del desalojo a partir de dar cuenta de las problemáticas que vivenciaban, construyendo al maternalismo como una narrativa de lucha que interpelaba al Estado en la búsqueda de una respuesta. Como señala Nari (2004), para el caso de las feministas argentinas de inicios del siglo XX que construyeron al maternalismo como plataforma política de acceso a derechos, la reformulación de la maternidad acabó siendo más pública que privada, más política que social. ^[26] No se pretendía, al igual que en el caso que se aborda, transformar ni modificar las relaciones sociales de género al interior de los hogares ni en la dinámica barrial, sino construir, a partir de la familiarización y maternalización del problema, una plataforma discursiva –pero también política–, que les permitiese acceder a una vivienda y a un bienestar tal en pos de garantizar la crianza adecuada de sus hijos/as, tal como se demanda desde la óptica estatal.

La maternidad como una herramienta que permitía erigir espacios de agencia les habría puertas y canales de diálogo a través de la escenificación de la autoridad femenina (Guizardi et al., 2019.), pero sobre todo, dotaba de legitimidad las demandas de derechos al Estado. La construcción de un maternalismo político (Nari, 2004) como plataforma discursiva que dotaba de particulares sentidos al reclamo, permitió visibilizar el conflicto por una vivienda digna como un evento crítico inserto en un entramado de relaciones politizadas, tal como abordaremos con mayor detenimiento en el próximo apartado.

Labor social y reciprocidad política en la gestión del conflicto

En el presente apartado se aborda la administración del conflicto habitacional acontecido en el barrio Lourdes ya que fue en su devenir que se articularon diferentes foros (Nader y Tood, 1978) –del campo político y judicial–, lo cual implicó el despliegue de variados actores institucionales, acciones, lenguajes y temporalidades que operaron en su procesamiento. Como sostienen Mather e Yngvesson (1980), se debe pensar a la disputa como un proceso de negociación en el que el objeto de la misma y el marco normativo que se aplicará se negocian en la medida que avanza la disputa, es decir, el conflicto se configura sobre su propia marcha. Por este motivo, proponen abordar las formas en que se transforman las disputas ya sea a través de su estrechamiento y/o expansión.

En el caso de estudio, máximas autoridades del gobierno municipal buscaron inscribir desde un primer momento el conflicto en el ámbito penal, lo cual podría pensarse como una estrategia de estrechamiento de la disputa habitacional en pos de circunscribir la discusión en criterios jurídicos, concibiéndose a la ocupación únicamente como un acto ilegal. Además, permitía obtener una resolución inmediata como era el desalojo. Contrariamente a lo esperado, la judicialización del conflicto habilitó instancias de reunión, participación y articulación entre variados organismos estatales y las familias implicadas, lo que ocasionó que se dilatara su resolución y que la política adquiera centralidad en tanto estrategia privilegiada de administración de la disputa.

De este modo, la generación de diversos espacios de negociación política (reuniones, censos, visitas a territorio por parte de funcionarios municipales y provinciales, informes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría Departamental de Azul), permitió ampliar el campo de discusión en la búsqueda por generar cambios en los marcos interpretativos a través de los cuales se percibía la ocupación, así como también se incorporaron nuevos participantes activos, que atendiendo al poder que detentaban, dieron forma e influyeron en el resultado (Mather e Yngvesson, 1980). En este escenario, Ana ocupó un lugar destacado ya que a través de movilizar relaciones sociales previas con funcionarios municipales, consiguió que las familias que ella representaba lograran retirarse de la ocupación con respuestas concretas por parte del Estado, aspecto que además permite iluminar cómo el proceso de administración de la disputa estuvo continuamente politizado, inclusive cuando se priorizó su judicialización.

Ahora bien, como sostuvimos en el apartado anterior la figura de Ana resulta central en la dinámica barrial. A partir de su labor social, principalmente con mujeres y niños/as del barrio, logró obtener reconocimiento y prestigio tanto de sus vecinos/as como de variados actores del gobierno municipal. En tal sentido, se han realizado desde actos de reconocimiento a su labor en el centro de atención de la salud del barrio, como también a mayor escala, en el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad, a raíz de la conmemoración del Día de la Mujer en el año 2021, acto donde se le entregó un premio de “Compromiso sociocomunitario”. ^[27]

Ana se define como una vecina que lucha contra el hambre y la violencia que sufren mujeres y niños/as. La pérdida de su hijo, quien murió en el marco de una pelea con otro adolescente del barrio hace ya algunos años, motorizó el proyecto sociocomunitario que es su comedor barrial. De este modo, Ana ofrece su ayuda a las familias del barrio no solo a través del comedor, sino también a través de una labor que caracteriza como solidaria y desinteresada: asistiendo con alimentos, vestimenta, cuidando a los/as hijos/as y monitoreando las vidas de las familias para conocer sus problemas. Pero, además, se ocupa de trasladar las problemáticas a las diferentes áreas estatales encargadas de administrarlas, lo que significa construir vínculos con diversos actores estatales que la posicionan como mediadora ^[28] en diversos reclamos entre el Estado y las familias.

Sobre la base de recuperar diferentes trabajos respecto a la participación de mujeres en organizaciones sociales y movimientos piqueteros, Taruselli (2016) señala que las prácticas de las mujeres en los comedores comunitarios constituyen una experiencia política a través de la cual van construyendo recursos para moverse en el ámbito público, al tiempo que pueden pensarse como espacios de aprendizaje para interpelar el accionar del Estado y establecer vinculaciones con distintos funcionarios y agentes sociales. Esto último, permite volver sobre la conceptualización de Quirós respecto a la productividad política de las relaciones de interconocimiento, “cómo y en qué condiciones esa peculiar intensidad de relación recíproca –lo conozco, me conoce, nos conocemos– es susceptible de producir, conducir y/o traducirse en (ciertos) vínculos y expresiones de adhesión política” (2017, p. 131). Esas relaciones no darían cuenta de una alta intensidad afectiva o moral entre las personas, sino más bien referirían a un conocimiento difuso, general y de baja intensidad personal pero que adquiere relevancia ya que el ser conocido de tal y cual persona o, como suele decirse, tener llegada a, posibilita sortear ciertas formalidades y burocracias, generar instancias de diálogo y habilitar otras reciprocidades.

El capital político que Ana fue obteniendo a partir de su labor social operó en la forma en que decidió llevar el reclamo de las familias a la escena pública; su lenguaje se fundaba en la gramática de las obligaciones y derechos, favores y contraprestaciones con el Estado. En tal sentido, quien reclamaba no era cualquier mujer en la ciudad, sino una cuya trayectoria de trabajo y lucha posibilitaba la generación y profundización de vínculos con el Estado a partir de hacerse hincapié en el apolitismo de lo institucional; es decir, el ser una mujer que hablaba en nombre de lo que la gente de su barrio necesitaba permitía ser recibida por funcionarios y, en menor medida, obtener respuestas por parte de los mismos. Fue a partir de esta configuración de relaciones, que desde el propio gobierno municipal se buscó contener al conflicto. Si inicialmente se tomó represalias por su participación, avanzado el conflicto, logró gestionar materiales para la reparación y construcción de viviendas, alimentos para el comedor y, finalmente, concesión de terrenos. Se trataba de bienes concretos que, en sucesivas cadenas de reciprocidad, permitieron ir desarticulando la ocupación en la medida que las personas abandonaban el predio luego de aceptar el ofrecimiento. Tal como planteara Mauss (2009) [1924] a propósito de la lógica del don, los vínculos sociales que éste configura obliga a quien lo recibe a dar algo a cambio. Para el caso que nos ocupa, los bienes ofrecidos obligaban, por la fuerza moral que unía a las personas con Ana y a ella con el Estado, a conceder, a cambio, el desalojo del predio. Habiendo obtenido no solo bienes materiales para la construcción de viviendas sino también terrenos –aun cuando no eran los reclamados– pudo negociarse una resolución al reclamo, interpretada como justa.

Las relaciones de intercambio –como fenómeno social que excede la dimensión transaccional situada– se encuentran enmarcadas en un entramado de obligaciones sociales (morales) que, en caso de ser desatendidas por alguna de las partes involucradas, se convierten en un elemento de desacreditación moral de su persona (Matta, 2013, p. 179).

Así, tanto Ana se veía compelida a negociar el desalojo con las personas ocupantes a cambio de los bienes y la conservación de su capital político, como estas últimas a desalojar el predio a cambio de los bienes concedidos por quien reconocían como la persona legitimada para gestionar sus demandas.

De acuerdo con esto, se torna evidente que la gestión del conflicto corrió por canales judiciales así como también por canales políticos. El hacer de Ana, lo cual se traducía en la generación de bienes tangibles e intangibles y relaciones sociales, era un aspecto que se ponía en consideración para pensar su reputación y su imagen frente a otros (Quirós, 2011). Ana buscaba diferenciarse de partidos políticos de izquierda que se encontraban acompañando la lucha por el acceso a una vivienda digna, a partir de propiciar formas de reclamo que pudieran encauzarse por vía de la corrección política. Esto es, formas de reclamo moralmente legitimadas por quienes debían recepcionar y responder las demandas. Por este motivo, Ana nunca percibió ni expresó estar “haciendo política”; lo que en realidad dice hacer es una labor solidaria, por cuanto concibe a la política como moralmente perjuiciosa: quienes hacían política, a través de acciones de protesta y confrontación directa con el Estado, eran “oportunistas”. Esta situación ocasionó que con el correr de los días la toma se divida en dos facciones, “la gente de Ana”, su círculo más cercano, y quienes se encontraban representados por la agrupación política de izquierda.

Yo me dividí, porque después se metió la política. Estaban los del PO, entonces yo me dividí, yo política no quiero, con la gente no se hace política. Entonces yo me vine para este lado, para la Fassina. Yo decía esta esquina es mía y acá me voy a quedar. Entonces me quedé en esa esquina, éramos yo, Marta, Mario, Mariano, la hermana de Mario. Y yo les dije, el que se va para allá no vuelve más, ustedes van a vivir toda su vida en una carpa, hagan lo que quieran. Yo no voy a pelear por ustedes, yo voy a pelear por mí y por mi gente. Éramos esos poquitos que yo te nombré. Y les dieron, no les dieron acá en Olavarría, sino en Sierra Chica.^[29]

Si bien Ana conceptualizaba sus acciones como no políticas, fue a través de las tramas de relaciones que comenzó a tejer desde la institucionalidad de su comedor, las que posibilitaron que se vinculara con la política partidaria, no tanto desde cálculos específicos y acciones-decisiones instrumentalmente orientadas, sino más bien como efecto emergente y contingente de su discurrir (Fernández Álvarez et al., 2016). De este modo, nuestra interlocutora nos invita a pensar a la política como un trabajo (Gaztañaga, 2009) vinculado con lo social, particularmente con el comedor comunitario, que busca solucionar problemas y demandas de las personas cuanto de proyectar nuevas acciones institucionales. Este trabajo no solo supuso estar en el predio ocupando, sino también concertar llamadas, participar de reuniones institucionales y garantizar visitas recurrentes en el Municipio en pos de establecer canales de diálogo que permitiesen encontrar una salida no violenta ni punitiva.

Los del PO fueron directamente a la violencia. Yo fui al pasillo del municipio, me dijeron que el secretario no estaba y les dije: bueno lo espero, de ahí no me iba a mover, lo esperé. ¿Qué quería el partido obrero? Que vayamos y quememos goma, que vayamos y rompiéramos el municipio, incitaban a la violencia y acá hay criaturas. Yo les decía [refiriéndose a las familias que estaban con ella] quedémonos acá, yo nunca fui al municipio a hacer nada. Lo que hacían es estar pinchando, pinchando para que hagan quilombo. A mí me decían, vos Miriam te vendiste. Porque supuestamente me habían dado 14 terrenos, y $35000 para mí, y sí, dieron 14 terrenos pero para la gente, una vez que le dieron a mi gente me fui. ¿Qué me voy a quedar haciendo ahí? Si me hubieran hecho caso a mí, si hubiera habido unión, al terreno lo ganábamos, pero... metieron la política.^[30]

La labor que Ana realizaba trasladando demandas al Estado y distribuyendo beneficios en el barrio, permite iluminar sobre un aspecto crucial como es la construcción de criterios de merecimiento a la hora de recibir una ayuda o un favor, los cuales se vinculan con la necesidad, con criterios formalmente estipulados en programas sociales, así como también con el acompañamiento –político– hacia los referentes (Vommaro y Quirós, 2011). Cotidianamente Ana no solo ofrecía su “ayuda” a las familias del barrio, sino que, orientaba la distribución de bienes a partir de conocer quienes realmente los necesitaban y hacían un “buen uso” de ellos.

En el marco del conflicto por la ocupación de tierras, estos criterios se hicieron presentes a la hora de dividir la toma en dos facciones y luchar solo por “su gente”, quienes, desde su mirada, realmente merecían los terrenos, puesto que conocía de primera mano sus historias de vida sumado a que todas las personas eran del barrio Lourdes. No obstante, y en la marco de la negociación política que se estaba realizando para evitar un desalojo compulsivo, debió realizar una suerte de “tarea pedagógica” con las familias a los fines de aceptar lo ofrecido de manera informal por el Municipio, tarea en donde la moral y la conveniencia aparecían en tanto categorías imbricadas (Balbi, 2007).

Adela vivía con sus siete hijos, grandes los hijos, y ella quería un terreno para cada uno. Entonces yo hablé con Adela, le digo…mira Adela, no seas porfiada, no te van a dar siete terrenos, peleá por uno. Si vos vivís en una casa, vivís con todos tus hijos, con tu nuera, con tus nietos, vos con un terreno dividís para todos tus hijos, no vas a estar toda la vida sentada acá… vamos a arreglar por un terreno. Y a ella le dieron un terreno, una esquina en Sierra Chica.^[31]

Como mencionamos en el apartado anterior, Ana firmó un acta acuerdo –junto con dos representantes más de las familias– para evitar un desalojo compulsivo y hacerse de recursos del Estado a fin de atender la problemática habitacional. Posteriormente brindó variadas notas a medios locales, en donde mencionaba que "se habló en buenos términos", “la gente quiere dialogar” y finalmente señalaba que “como referente del barrio me voy a quedar con ellos porque puse mi palabra, hasta que se solucione este problema”. ^[32] No obstante, la firma del acta acuerdo ocasionó que un grupo de familias cuestionaran su realización alegando que el Estado había asumido “promesas que no se cumplirán”, siendo una “maniobra” para dividir y desarticular el reclamo colectivo.

En este marco, y a la espera de que se concretara el desalojo en el predio, aproximadamente 15 familias decidieron permanecer en el lugar, denunciando públicamente que algunas de las que ya habían abandonado el predio lograron conseguir terrenos en la Localidad de Sierra Chica y materiales de construcción. Como señalan Steward y Strathern, (2008) las acusaciones surgen a partir de la circulación inicial de rumores y habladurías que, en este caso, señalaban a Ana como alguien “desleal” y “traicionera”. Asimismo, las familias que no habían acordado exigían “un trato justo para todos ya que ha quedado a la vista que hay recursos públicos disponibles para quienes no tienen la posibilidad de acceder a un techo propio”. ^[33] De este modo, se evidencia que la solución a la ocupación no se encontraba bajo el imperio de la ley (Tiscornia, 2004) sino que se resolvería finalmente en el ámbito de la política, siendo el gobierno municipal un actor clave en tanto principal responsable en lograr garantizar el acceso al suelo urbano y la vivienda (Cravino, 2019).

La administración institucional de la disputa fue erosionando poco a poco las expectativas iniciales de las familias respecto a la posibilidad de quedarse en el lugar e implementar un proyecto colectivo de urbanización, oficiando además la pandemia como un contexto clave para otorgarle mayor legitimidad a sus demandas en tanto salud y hábitat resultaba un binomio indivisible y que urgía ser atendido. Sin embargo, la espera e incertidumbre que vivenciaron en un marco de precariedad habitacional, inclemencias climáticas y de peligro latente ante un desalojo, ocasionaron que se fuera reduciendo el número de familias que lograron sostener la lucha (Girado y Larrea, 2022).

El modo en que el conflicto fue desarticulándose benefició tanto “a la gente” de Ana, más allá de que no hayan sido los terrenos reclamados los que finalmente se adjudicaron, cuanto al Municipio ya que logró un “desalojo pacífico” de la toma y la circulación de una matriz de sentidos en torno al derecho y al merecimiento de la ciudad por parte de sus habitantes, puesto que se rechazaba y deslegitimaba aquellas modalidades de hábitat popular que se inscribían en el plano de la informalidad urbana y que amenazaban el funcionamiento de la dinámica urbana local. En relación a este último aspecto, y en lo que hace la gestión del conflicto, debe considerarse el papel de la(s) audiencia(s) en su procesamiento, ya que los espectadores son una parte integral de la situación y pueden intervenir en la transformación de las disputas. En tal sentido, la audiencia ciudadana del conflicto estuvo mayoritariamente en contra de la ocupación de los terrenos, situación que le permitió al gobierno municipal sostener un discurso punitivista y de criminalización de las personas implicadas en el evento.

Consideraciones finales

Para concluir este trabajo, nos interesa realizar una serie de consideraciones sobre el caso aquí expuesto y analizado. La primera de ellas, sobre la forma en que el conflicto por la ocupación del predio adquirió determinadas características que incidieron en el modo de su administración. Comaroff y Roberts (1981) sostienen que toda disputa implica la construcción del marco normativo con que las ideas y acciones serán evaluadas. Es a partir de su encuadre que la disputa adquiere forma y contenido en tanto se definen las ideas a conflictuar, las formas en que serán evaluadas, los discursos y lugares para discutir, los actores intervinientes, etc. Asimismo, cuando las personas disputan no se limitan al objeto de la misma, sino que también están disputando sobre otras cuestiones que hacen al mundo social.

En el caso que aquí analizamos, la intervención de Ana en la administración del conflicto sirvió al objetivo de inscribirlo en el ámbito de la negociación política al tiempo que posicionaba la lucha de las mujeres del barrio como una problemática merecedora de atención pública. Asimismo, su inscripción en el ámbito judicial por parte del gobierno municipal no consiguió circunscribir la discusión y obtener una resolución inmediata. Por el contrario, permitió expandirla (Mather e Yngvesson, 1980), habilitando la intervención de variados organismos a través de instancias de diálogo y negociación. La judicialización del evento permitió que el conflicto se mantuviera continuamente politizado porque no era la justicia la que ofrecería una solución que atendiera de manera estructural la problemática habitacional de las familias y mujeres del barrio. En tal sentido, diversas ideas de justicia, centradas en su realidad cotidiana, permearon la disputa dotándola de singulares características. La invocación de normas y valores enmarcados en determinadas relaciones sociales propias de quienes ocupaban los terrenos, se esgrimían como modo de negociar y manipular ideas de justicia (Merry, 1986) que no necesariamente se hallaban dentro de la ley.

No obstante, el fallo de la justicia y las gestiones políticas desplegadas brindaron respuestas parciales y acotadas en el tiempo. La concesión de terrenos a algunas familias y no a otras, alejados por más de diez kilómetros de distancia del ámbito barrial de pertenencia, produce, sin ir más lejos, el resquebrajamiento de las redes comunitarias que posibilitaban no solo la organización colectiva para el reclamo, sino sobre todo las condiciones para la producción y reproducción de la vida cotidiana. Son las redes de parentesco, generacionales y comunitarias, lo que permitía tejer lazos de solidaridad para la ayuda mutua en la crianza, cuidado y subsistencia familiar. Esto deja en evidencia, como mencionamos previamente, la no excepcionalidad del evento, sino, por el contrario, la posibilidad de entrever a partir de él la recurrencia de una problemática que, en este caso, escaló al nivel de un reclamo colectivo.

Una segunda consideración que quisiéramos exponer refiere al rol de las mujeres en los procesos de lucha y en la autoorganización colectiva. En relación a ello consideramos centrales los aportes de Vásquet Duplat (2017) ya que analiza el proceso de feminización de las luchas en vinculación con el extractivismo urbano. En este sentido, la autora reactualiza la pregunta respecto de la existencia de una afinidad de las mujeres con el hábitat, aspecto que permitiría comprender la centralidad que asumen en tanto portavoces del derecho a la vivienda y a la ciudad. Arriesga a pensar que, en primer lugar, los roles de cuidado impuestos a las mujeres históricamente por el patriarcado, la distinción público-privado del espacio urbano y las tareas de reproducción de la vida familiar han cimentado una relación particular de las mujeres con la vivienda y con el barrio, lo que además podría fortalecer su participación en procesos de disputa por el hábitat.

En segundo lugar, existiría un cambio paulatino en la jerarquización de las demandas habitacionales como consecuencia de las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres. En la actualidad, adquieren centralidad las reivindicaciones que se vinculan con la integración socio-urbana, el acceso igualitario a los servicios públicos y la mejora de los espacios comunes. La autora señala que las mujeres son las principales usuarias de la vivienda y los espacios comunes intrabarriales, pero además, como vimos en nuestro caso de estudio, el barrio asume un lugar central en las tareas de cuidado y en la posibilidad de sostener cotidianamente la lucha por el acceso a una vivienda digna a partir de la generación de lazos de solidaridad. En este contexto, gana visibilidad la idea de una “maternidad social” (Schmucler y Di Marco, 1997), en tanto las tareas de cuidado y crianza se transforman en un problema público.

Por último, analiza la relación entre la defensa del territorio y el cuerpo femenino al señalar que, cuando se avanza en la concreción de desalojos como consecuencia de la judicialización de los conflictos, los cuerpos de las mujeres actúan como una especie de barricada. Asimismo, la circulación de discursos morales respecto a la feminización y maternalismo de los reclamos, también constituyen elementos estratégicos para legitimar demandas y avanzar en la construcción de acuerdos con el Estado que eviten tanto la criminalización de las personas cuanto un agravamiento en la vulneración de derechos.

Sumado a lo que se mencionó, las situaciones etnográficas recuperadas iluminan sobre la necesidad de no asimilar feminización de las demandas con feminismo. En el caso de la ocupación del barrio Lourdes, las mujeres que protagonizaron el evento no se asumían públicamente como feministas, no obstante eso no niega que el feminismo permee los procesos de lucha. Como sostiene Svampa,

hemos constatado que muy poca gente se reconoce inicialmente como «ambientalista» o «ecologista». Tampoco se deviene ambientalista por elección, sino por obligación, a partir de la asunción de la lucha por la defensa de la vida y el territorio. Podríamos decir lo mismo respecto del feminismo popular. Así, sin asumirlo de modo explícito, muchas mujeres que participan de las luchas sociales van deviniendo, en el proceso mismo de lucha, feministas populares. Pero sin duda este devenir popular del feminismo, que primero no se reconoce como explícitamente feminista, plantea continuidades y rupturas con las corrientes feministas anteriores, o con el feminismo clásico, más ligado a las clases medias (2015, p. 18).

Los planteos de las autoras obligan a interrogarse, en futuros trabajos, sobre cómo la dimensión de género permea los conflictos urbanos, las formas que asume y los desafíos que tiene por delante el feminismo en contextos urbanos, así como también resulta central seguir pensando la infantilización del déficit habitacional ya que entre los grupos más vulnerables no solo se identifican a las mujeres y disidencias, sino también a los niños, niñas y adolescentes. En lo que respecta a la toma del barrio Lourdes, la presencia de menores de edad operó en las acciones desplegadas por variadas instituciones que componen el campo de lo estatal; acciones que entraban en tensión ya que por momentos abonaban a “fortalecer roles parentales” –sobre todo maternos– en tanto forma de moldear un “medio familiar adecuado” (Villalta y Ciordia, 2011, p. 436), siendo el acceso a una vivienda digna un aspecto fundamental para lograrlo. Mientras que en otros momentos de la negociación política y del proceso judicial se priorizó la amenaza; la permanencia en la ocupación implicaba la posible separación de niños y niñas ya que se caracterizaba a la situación como “de riesgo”. De este modo, la cuestión de la infancia y su cuidado formó parte del discurso construido y significó una potente categoría con la cual batallar en la arena pública por la legitimidad del reclamo y de los actores demandantes (Girado y Larrea, 2022).

Finalmente, y con el objetivo de problematizar la manera en que el conflicto se gestionó por fuera del campo judicial, quisiéramos ponderar las relaciones forjadas entre quienes reclamaban y el gobierno municipal, mediadas por la labor social realizada por Ana en el barrio, ya que permitieron moldear un ordenamiento moral que configuró lo que Gluckman (1955) ha caracterizado como enlaces conflictivos de lealtad, y que operaron en la resolución del conflicto. Las problemáticas barriales que afectaban, sobre todo, a las mujeres que son madres, y muchas de ellas jefas de hogar, eran trasladadas a la esfera pública mediante el trabajo social –y político– desarrollado por Ana. Ello significaba defender los intereses de “su gente”, confrontando con diversos actores estatales, pero también negociando beneficios para las personas del barrio y para la construcción de su capital político anclado en el comedor barrial que administra.

En apartados anteriores mencionamos cómo la reciprocidad política en la que Ana estaba inmersa, también resultó una estrategia para la gestión del conflicto. Es decir, las relaciones de intercambio, que el ofrecimiento final de distintos bienes materiales expuso, impregnaban la totalidad de la experiencia de vida de las personas, yendo más allá de la disputa en sí misma, y propiciando una resolución pacífica del conflicto. Esto es, la dimensión política que atravesaba la situación de la toma no estaba separada de otros ámbitos de la vida social de las personas, cuestión señalada por Mauss (2009) [1971] cuando caracterizaba al intercambio como hecho social total. Asimismo, no buscamos hacer énfasis en la singularidad de la circulación de bienes como herramienta para contener el conflicto, más bien lo que proponemos es que esta forma de proceder constituye una de las maneras en la que la política y el Estado se muestran en la situación conflictiva particular. Es el conflicto, sus características asociadas a la feminización y maternalización de la demanda, junto con el trabajo social desarrollado por Ana, lo que singularizó el intercambio, esto es, lo que analizamos como la dimensión política de la situación, aspecto que además permitió desbordar el campo jurídico.