Introducción

El pensar opera con lo invisible, con representaciones de cosas que están ausentes.

Hannah ^{Arendt (2005}:136)

El proceso de normalización universitaria constituyó uno de los temas centrales de la agenda política desde la asunción a la presidencia de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983. Tomando a ^{Sonderéguer (2016}), se llevan a cabo una serie de medidas y acciones para reconstruir la democracia y devolver a la ciudadanía el Estado de derecho como horizonte contractual y de justicia. Se proponen una serie de acciones y medidas: se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP); se procede al juicio sumario de las tres primeras juntas militares, la persecución penal de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras; se procede a derogar la Ley de Pacificación Nacional y se sanciona la reforma al Código de Justicia Militar que confiere al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la jurisdicción para el procesamiento del personal militar. El testimonio de las víctimas en los juicios constituyó un acontecimiento inédito en varias provincias, mientras que devenían como sujetos de derechos y se transformaban en ciudadanos, quebrándose así un pasado de ajuricidad que había marcado la última dictadura cívico-militar Argentina.

Mientras tanto, la educación ―y la universidad, en particular― tuvo que ser normalizada en diciembre de 1983, apenas instalado el nuevo gobierno democrático de Alfonsín. Destaca ^{Pérez Lindo (1985}) que el espíritu de las mismas se deja plasmado en el decreto N°154/83, en el cual se evocan los grandes principios de la Reforma Universitaria de 1918: cogobierno de los claustros, autonomía y participación estudiantil. La Federación Universitaria Argentina (FUA) pasa a ser la única instancia nacional representativa de todas las agrupaciones estudiantiles (art. 9° del Decreto 154/83), transición que implicó que el gobierno universitario se normalizara progresivamente: la militancia estudiantil volvió a nombrar a sus representantes, los sindicatos no-docentes comenzaron lentamente a restablecer sus funciones y a recuperar sus categorías administrativas, mientras los docentes se fueron organizando como un cuerpo representativo y representado en los consejos académicos gracias a las reincorporaciones de los que habían sido cesanteados y a la apertura de concursos ―que comienzan a hacerse efectivos a través de la ^{Ley N° 23.068 de Normalización de las Universidades Nacionales}―.

Para explorar el caso de San Luis nos detendremos en la figura de quien fuera nombrado Rector Normalizador, el Dr. Pascual Colavita, en las singularidades que se produjeron tras el proceso de reconstrucción democrática ―el haber sufrido la desaparición, secuestro y asesinato de docentes, estudiantes y de autoridades como el Prof. Mauricio Amílcar López (1973-1976), durante la intervención cívico-militar en la universidad― y en las acciones emprendidas para recuperar la memoria y hacer visible y enunciable una verdad frente a los delitos cometidos en este periodo ―la reactivación de la participación estudiantil a través de las agrupaciones, los proyectos de Estatutos resoluciones y las ordenanzas que posibilitaron sentar las bases de una nueva estructura universitaria democrática en pos de las elecciones a Rector en 1986.―

Aparecen así estas huellas que pudieron ser relevadas en el Archivo Histórico y Documental de la UNSL que, además de contar con valiosa documentación de la época, recientemente ha recibido el traslado ―desde Secretaría General al mencionado espacio― de las encuadernaciones que recopilan los originales de ordenanzas y resoluciones rectorales desde la década de 1940 a la fecha en perfecto estado de conservación y, nuevamente en esta operación historiográfica de rememoración y reconstrucción los archivos universitarios, adquieren un lugar central pues echan luz a un pasado que hoy tiene un gran valor para el esclarecimiento de la verdad.

El sentido de la memoria

Encontramos una vasta literatura sobre el valor y sentido de la memoria frente a los genocidios sufridos, las dos guerras mundiales, los gobiernos totalitarios, los horrores del nazismo, los episodios dolorosos para nuestra memoria colectiva ―como fueron el último gobierno dictatorial argentino y el atentado de la AMIA, en nuestra historia más reciente―. En ese sentido, son aleccionadores los testimonios de quienes pudieron volver de aquellos infiernos, como el caso de ^{Primo Levi, reflejado en Si esto es un hombre (1947}), donde narra sus vivencias en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz; de Giorgio ^{Agamben, con Lo que queda de Auschwitz (2000}), donde también relata su experiencia del horror, o de Jorge ^{Semprún, con La escritura o la vida (1998}), donde evoca su estadía en el campo de concentración de Buchenwald, liberado en 1945; de Delia ^{Galará, con Rehenes de nuestros sueños (2009}), que narra el horror de las torturas y su paso por diferentes careles y centros clandestinos de detención; o el libro colectivo ^{Nosotras en libertad (2021}), que recoge más de 200 testimonios de mujeres militantes en los años setenta, presas en la cárcel de Villa Devoto, así como tantos otros testimonios que nos acercan una narrativa en primera persona de dolorosas vivencias que tuvieron lugar durante el terrorismo de Estado.

En este panorama de experiencias, testimonios y lugares que han marcado el siglo XX y dejado profundas huellas, se dirime la memoria frente al olvido y todo el esfuerzo de una sociedad por institucionalizar prácticas que permitan su rememoración y conmemoración. Vaya si esto no ha significado no sólo cumplir con un deber de memoria, sino con un deber de trabajar por y para ella. La pregunta, a propósito de ello, sería: ¿cómo ha sido posible que en la Universidad Nacional de San Luis el informe elaborado por la Comisión encargada de investigar lo sucedido durante la intervención militar en la UNSL (1984), que llevó el nombre de Nunca Más, no saliera a la luz durante estos 40 años de democracia?

Podemos inferir que la respuesta a esta pregunta pueda comprenderse porque:

Todo lo que se hace en una época solo puede hacerse si sale a luz. El hacer y el padecer de una época, suponen su régimen de luz. Y del mismo modo, todo lo que se piensa en una época, suponen su régimen de enunciados. Los enunciados no son ideas entre las cosas, tampoco simples comunicaciones entre ideas, son las condiciones para el despliegue de toda red de ideas que se efectúa en una época. Las visibilidades no son solamente datos como los otros, son condiciones de luz que vuelven posible el tránsito, el ascenso a la luz del día de lo que se hace y se padece en una época (Deleuze, 1985: 26-27).

Este régimen de luz del que nos habla Gilles Deleuze, retomado de Michel Foucault, no es otra cosa que la verdad de una época y refiere cómo está íntimamente relacionada con el par ver/hablar, lo visible y lo enunciable, afectado por unas condiciones de posibilidad histórica que permiten que ciertas verdades puedan ser no solo vistas sino también dichas. Esta compleja conjunción constituye una formación histórica, tal como fueron los discursos que se enunciaron durante la apertura democrática, que partían de que no cualquier enunciado se combina con cualquier visibilidad. «Este agenciamiento de lo visible y lo enunciable como constitutivo de la formación histórica es lo que Foucault llamará […] un dispositivo» (Deleuze, 1985:33).

El naciente Estado democrático tuvo, en poco tiempo, que montar un nuevo régimen de veridicción a través de un conjunto de medidas, instalando un nuevo aparato legislativo que contribuyera a consolidar una nueva discursividad para el dispositivo universitario. Citamos el Decreto N° 154/83, la Ley 23.068 ―sobre la normalización de las universidades―, las leyes 23.151 y 23.569 ―que fijaron su régimen económico y financiero y finalmente la derogación de la Ley de Facto N° 22.207. Así, cada universidad debió tomar medidas para adecuarse al nuevo funcionamiento, en el caso de San Luis se puso en vigencia el Estatuto de 1966, hasta tanto se llamase a Asamblea Universitaria y se apruebe uno nuevo. El gobierno militar había dejado como legado una universidad de limitada significación ―desde el punto de vista académico― y con una contribución, en el campo de la producción científica, muy escasa ―especialmente en las investigaciones en el campo social y de las humanidades―. A partir de la experiencia previa, esta área de conocimiento comenzó a experimentar un giro al revalorizarse el papel de la investigación científica y tecnológica, tanto en los centros extrauniversitarios ―como CONICET, INTA, INTI, CNEA― como en las propias universidades nacionales.

Se destaca, en 1984, la creación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, establecida inicialmente en la Jurisdicción del Ministerio de Educación y Justicia. En 1985, por disposición del poder Ejecutivo, se organizó el sistema Universitario de Cuarto Nivel (SICUN). Se creó también, el Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (SAPIU), que estaba destinado a promover y apoyar las actividades de investigación en el ámbito universitario, entre otras. Algunas de estas acciones, durante este periodo, vendrían a preparar el terreno para la consolidación no solo de un modelo, sino de una política neoliberal que tuvo un fuerte impacto en las universidades nacionales, marcando nuevamente un antes y un después en su historia a partir de los años noventa.

La etapa de la normalización universitaria en San Luis

Resulta propicio destacar, antes de analizar el caso de San Luis, que el proceso de normalización universitaria en la región de Cuyo tuvo algunos puntos de encuentro marcados por la singularidad de la región, mientras que otros siguieron procesos diferenciales según el grado de implicancia de los actores que continuaban ocupando cargos aún en el periodo democrático y que, por tanto, habían tenido participación directa durante la intervención militar. En ese sentido, el caso de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), estudiado por ^{Castillo (2019}), describe el proceso de reinstitucionalización que tuvo que llevar a cabo la universidad, tanto en sus funciones como en sus actividades y que, al igual que la UNSL, adoptó el estatuto de la Universidad Nacional de Cuyo, vigente desde 1966. Por otra parte,

[…] la casa de estudio sanjuanina experimentó un crecimiento diferencial en materia de investigación CyT, registrando un efectivo incremento en las actividades científicas propias de las Ciencias Sociales, en relación a la institucionalización de espacios destinados a la investigación, creación de proyectos de investigación, como también la consolidación del corpus de investigadores (^{Castillo, 2019}: 76-77).

En San Luis, recién en 1986 y por Ordenanza del Consejo Superior N° 56, se crea la Secretaría de Ciencia y Técnica de Rectorado, con una estructura que regula su funcionamiento y fija como política el fortalecimiento de proyectos de investigación en curso (a la par de los que ya venían gestándose). En cuanto a Mendoza, Lazzaro Jam (2016), en su estudio sobre la normalización de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), presenta varias similitudes que permiten comprender los alcances de las medidas que cada institución tuvo que aplicar para poder normalizarse, atendiendo las urgencias y a los reclamos que se presentaban por parte de la comunidad universitaria. Se crearon, al igual que la UNSL, diversas comisiones abocadas al retorno de los sancionados y expulsados, a la crisis pedagógica y al problema presupuestario que había dejado la intervención militar.

Por ello, entre 1984 y 1985, el Consejo Superior Provisorio (CSP) estableció las comisiones de: Interpretación, Reglamento y Reincorporaciones; Docencia, Investigación y Concursos; Finanzas y Presupuesto; Edificio y Campus; y Estudiantes y Acción Social. Esta organización actuaba sobre tres ejes diferenciables: cuestiones académicas, lo vinculado a lo presupuestario y, por último, un bloque dirigido a los nuevos ingresantes ―y en este sentido, a las nuevas líneas de acción que debían forjarse entre la universidad y la comunidad (^{Lazzaro Jam, 2016}: 137)―.

La normalización en la UNSL se llevó a cabo mediante la implementación del Decreto N° 154/83, con el nombramiento como Rector Normalizador del destacado físico Pascual Colavita¹ por ^{Decreto presidencial N° 96/84}, que ya se había desempeñado como rector electo en la UNCuyo (1959-1961), comenzando así una nueva etapa en la vida universitaria local, dándose inicio a numerosas acciones, entre las que se destaca las del esclarecimiento de lo sucedido durante el periodo 1976-1983, hecho que implicó el desmontaje del aparato pedagógico y administrativo que se había instaurado en el periodo anterior para dar lugar a la puesta en acción de un conjunto de normativas basadas en criterios democráticos, participativos, autónomos y libres. Así lo testimonia el Dr. Pascual Colavita:

El proceso de normalización de las universidades Nacionales tuvo como objetivo principal recuperar la autonomía universitaria. Para lograrlo fue necesario establecer el claustro de profesores llenando las cátedras por concurso. Restableciendo los claustros de profesores, alumnos y egresados se procedió a la elección de consejeros y decanos y la Asamblea Universitaria eligió Rector […]. La diferencia principal entre la Universidad antes y después de normalizarse es que la universidad normalizada es autónoma (^{Colavita, 1998}: 4).

Una de las primeras acciones llevada a cabo durante esta gestión tuvo que ver con la aplicación de la Resolución N° 40, del 6 de febrero de 1984, que establecía el derecho a la reincorporación del personal docente y no docente que había sido declarado prescindible o cesante en la UNSL sin que hubiese mediado sumario previo. Dadas las numerosas solicitudes presentadas para la readmisión, el Consejo Superior Provisorio dictó la ^{Resolución N° 220/84}, por la cual dispuso designar una Comisión Especial integrada por delegados docentes y alumnos para que actuaran en la reincorporación del personal dejado cesante. La Comisión actuó en el marco de la ^{Ley N° 23.068} de Normalización Universitaria, que, en su Artículo 10, establecía que «[…] cada universidad asegurará la existencia de su régimen de reincorporaciones», tras lo cual se decide aplicarlo solamente al personal docente y no docente dejado cesante, no redesignado, declarado prescindible u obligado a renunciar por motivos «[…] políticos gremiales o conexos en la UNSL entre el 24 de marzo de 1976 al 9 de enero de 1984» (^{Riveros, 2023}: 25).

También se produce la formación de una Comisión Asesora Investigadora de Gestión de lo ocurrido entre el 24 de marzo de 1976 y 9 de enero de 1984. Además, dada la complejidad y variedad de los problemas que habría de analizar luego de la etapa de la intervención militar en la universidad, se resolvió crear otras cuatro Comisiones (^{Res. N° 268/84}). Cada comisión estaría abocada a determinar la responsabilidad de quienes actuaron en las cesantías del personal, la expulsión y suspensión de alumnos, las designaciones irregulares de los docentes y no-docentes y los problemas referidos a las construcciones universitarias. Por último, una comisión estudió el retiro y desaparición de libros de la Biblioteca Central y posibles irregularidades en el Hogar y Club Universitario, entre otras que dio como resultado la redacción del informe Nunca Más de la UNSL². Por otra parte, se adopta el Estatuto de la UNCuyo del 29 de julio de 1966 (Ord. 2/984) hasta tanto se redacte uno nuevo bajo el nuevo contexto de normalización universitaria. Se nombra, así, una Comisión especial destinada a elaborar el anteproyecto de Estatuto para la UNSL. Además, destacándose la revitalización de la función democrática del conocimiento y la cultura, se reivindica la autonomía y la autarquía, expresada en sus tres primeros artículos:

Art. 1°. La Universidad tiene por función esencial el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas a través de la enseñanza superior, la investigación científica, la preparación técnica, la formación profesional y la elevación del nivel ético y estético.

Art. 2°. Su actividad se orienta hacia el esclarecimiento de los grandes problemas humanos, en forma preferente los de la vida nacional y en modo especial los de la Provincia de San Luis.

Art. 3°. La Universidad desarrolla su acción dentro del régimen de autonomía y autarquía que le concede la legislación vigente. En tales condiciones dicta y modifica sus Estatutos, dispone de su patrimonio y lo administra, confecciona su presupuesto, tienen pleno gobierno de los estudios que en ella se cursan, elige sus autoridades, nombra y remueve sus profesores y personal en todos los órdenes y jerarquía […] (Universidad Nacional de San Luis, 1984: 1).

Asimismo, como actividades orientadas a la configuración de un nuevo escenario académico-administrativo, se llevaron a cabo un conjunto de acciones para normalizar la institución universitaria, entre las que destacamos, la creación de la Secretaría de Asuntos de Educación Media, Primaria y Preprimaria, en la que es designada como responsable a la reconocida pedagoga Dra. Carmen Vera Arenas, de San Juan. También, se modificó la estructura de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles ―que dependía de la universidad desde 1939―, creándose un Consejo de Escuela que incorporaría a docentes de todos los niveles, padres, alumnos del secundario y no-docentes. También se aprobó el Régimen Electoral para la Normalización, habiéndose llamado previamente a la Asamblea Universitaria para la aprobación del nuevo Estatuto que tuvo lugar en el año 1985. Se creó el Hogar y Club Universitario de Villa Mercedes. También, se realizó la Primera Reunión Nacional de Secretarios de Asuntos Estudiantiles (^{Arias, 1995}: 228-229).

En este marco, se puede mencionar la necesidad de reorganizar la estructura académico administrativa de la universidad para darle mayor consistencia a cada una de las funciones de la universidad a través de la elaboración de anteproyectos y proyectos que se concretaron con la finalidad de contribuir a un nuevo modelo de universidad que se alejara del dispositivo universitario del periodo anterior, entre los cuales podemos destacar, a modo de síntesis: el Proyecto de Estructura Orgánica Funcional de la UNSL (^{Res. N° 66/84}); la designación de una Comisión para que redacte el anteproyecto que fije la constitución y funcionamiento de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles (^{Res. N° 67/84}); la constitución de una Comisión para redactar un anteproyecto de reglamentación especial sobre la conformación de los diferentes claustros en la universidad (Res. N° 68/84); la conformación de una Comisión para que elabore un anteproyecto de Estatuto para la UNSL (Res. N° 69/84) y la designación de una Comisión para que estudie y elabore un anteproyecto de reglamento para el funcionamiento de los Centros de Estudiantes (^{Res. N° 111/84}), entre otras numerosas gestiones.

Todas estas acciones se pueden ver reflejadas en diferentes documentos de la época y en las estrategias que se fueron montando para restablecer la vida democrática en la institución universitaria y, sobre todo, la participación estudiantil, otorgando nuevos regímenes de visibilidad y enunciación en el dispositivo democrático universitarios, tal y como se puede ver reflejado en una revista del CEUSLC (Centro de Estudiantes Universitarios San Luis Capital) llamada Punto de Partida. Hacia una universidad democrática, cuyo primer número salió en junio de 1984 y a través del cual los estudiantes se proponen emprender un dialogó con diferentes miembros de la comunidad en el marco de una nueva democracia. Así lo dejó plasmado un estudiante:

La ansiada vuelta a la democracia se vive una nueva instancia, donde todos los estamentos universitarios estarán comprometidos en la conducción de la universidad, hacia caminos que lleven a esta a su inserción en el pueblo, abriendo sus puertas a él y atendiendo sus necesidades, cumpliendo con la extensión universitaria tan necesaria para su progreso como así también la universidad autónoma, cogobernada y cubriendo sus cargos docentes por concursos libres, de oposición y antecedentes, con lo cual se garantiza la libertad de cátedra y que nunca más haya discriminación ideológica, para poder ofrecer a los estudiantes la pluralidad de ideas, poniendo así a la universidad al servicio de la liberación nacional, para que se pueda definitivamente constituir una democracia auténtica y estable, que tanto le hace falta a nuestro país y a nuestro pueblo (^{Lusich, 1984}: 13).

El testimonio evidencia lo que significó para los estudiantes universitarios volver a las aulas luego de lo vivido en la etapa de la intervención militar. Compartimos también otros testimonios de un estudiante militante de Franja Morada, el primero, y de la JUP³, el segundo, que narran cómo fue volver a pensar en la política estudiantil y organizarse para contribuir a una universidad democrática:

Lo mirábamos así como una unidad, éramos un grupo de estudiantes que teníamos un objetivo muy claro y muy definido. Después de la guerra de Malvinas, empieza a haber un reflotar de la necesidad de organización de partidos políticos, de que se dieran elecciones, de terminar ya con la dictadura, que claramente ha sido lo peor que nos ha pasado en el siglo XX… Y empezamos a definirnos por agrupaciones, por afinidades, unos pertenecían a la JUP, otros al Frente de Izquierda Popular y otros al Partido Socialista Popular de Esteban Boero (^{Tognelli, 2017}).

En nuestra agrupación (JUP) había mucho interés en la formación política, un interés de poder capacitarnos en diferentes temas tales como fue la historia del movimiento peronista y el justicialismo, cuáles eran los conceptos más importantes que dejo este movimiento a través de la figura de Perón, cuáles eran las consignas y él porque estábamos para poder nosotros hacer servicio a la comunidad en general no tenía que ver con ser peronista sino en general, y dentro de eso estaba la justicia social y dentro de la justicia social como poderla plantearlo dentro del sistema universitario (^{Sales, 2017}).

En el plano discursivo, las practicas universitarias llevadas a cabo por los estudiantes, tal como lo expresan los entrevistados, testigos de esta reconstrucción democrática, buscaron instalar una nueva voluntad de verdad que actualiza enunciados provenientes de la justicia social y de la unión en la lucha por la recuperación de los valores democráticos y por el restablecimiento de la participación plena en el gobierno universitario, voluntad de verdad que, al decir de ^{Foucault (1992}), cuenta con un soporte institucional que está a la vez reforzada y acompañada por un conjunto de prácticas, pero que es acompañada, más profundamente, por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad en la que es valorizado, distribuido, repartido y, en cierta forma, atribuido. Frente a esta problematización sobre la verdad, ^{Foucault (1992)} se pregunta: ¿qué es, por tanto, lo que está en juego, sino el deseo y el poder? El deseo de instalar una revolución pacífica y un poder responsable que garantice el trabajo, la paz, la justica social, la libertad y la autonomía de ideales un poco inspirados en los años previos al terrorismo de Estado. Los hechos develan un juego complejo en el cual el discurso se convierte, a la vez, en instrumento y efecto de poder, pero también en punto de resistencia y punto de partida para una nueva estrategia de lucha. «Los discursos son elementos o bloques tácticos en el campo de las relaciones de fuerza» (^{Foucault, 1985}: 181).

Por otra parte, y como parte de las tareas de apertura y de devolución a la universidad de la participación en todos los planos, se destaca el interés por promover la realización de distintos eventos, como actividades académicas y culturales que contaron con el apoyo y el auspicio institucional de la universidad, por ejemplo: el Encuentro Nacional de Escuelas Normales sobre el tema, Reflexión Pedagógica sobre la problemática de la Formación Docente para la Enseñanza Primaria y Administración de la Escuela Normal como Instituto de Formación Docente (^{Res. N° 261/84}), las II Jornadas Nacionales de Estudiantes de Geología, organizadas por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la UNSL (^{Res. N° 473/84}), el XIII Congreso Argentino de Foniatría, Logopedia y Audiología y el auspicio de las III Jornadas de Integración Latinoamericana (^{Res. N° 495/84}). Estos eventos, organizados en los inicios de esta nueva etapa democrática, de los cuales solo referimos algunos de los que se llevaron a cabo en la UNSL, ponían el acento en la necesidad de pensar un proyecto liberador en lo nacional, lo social y lo humano, problematizando sus propias disciplinas y el aporte que éstas podían hacer a la democracia.

En el campo de la investigación, Colavita eleva al Consejo de Investigaciones un importante anteproyecto para la creación de Centros de Investigación elaborado en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia ―durante la gestión del Dr. Esteban Jáuregui, Decano normalizador de esa unidad académica―. Se destaca la necesidad de recomponer y restablecer nuevas líneas de investigación que restituyeran la indagación social, la vinculación y los servicios brindados a diferentes sectores del medio local y nacional, con un alto compromiso por la participación e inclusión de diferentes sectores que no sólo abarquen el estrato universitario. Estas iniciativas se pudieron constatar en la radicación de numerosos proyectos de investigación ―y también de extensión―.

En lo que respecta a las propuestas de nuevos planes de estudio, reestructuraciones y creación de nuevas carreras, se produce un interesante crecimiento de nuevas carreras y redefiniciones de las ya existentes, con el fin de que puedan atender las demandas de la Nación, de la región y del pueblo. Destacamos, por ejemplo, el caso de la Escuela de Geología y Minería de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, que elevó el Proyecto de transformación de la carrera de Técnico Universitario en Minería a Ingeniería en Minas ―de seis años de duración (^{Ord. 1/85})―, transformación que implicaría no solo brindar un mejor perfil profesional a sus egresados, sino una jerarquización de la misma. Asimismo, la Escuela de Ciencias Biológicas de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia elevó el anteproyecto de creación de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de cinco años. Esta carrera permitiría una formación con un conocimiento integral de la naturaleza y una mejor comprensión de los problemas biológicos regionales y nacionales, atendiendo así a posibles soluciones (^{Ord. 3/85}). Por el año 1984, se reabrió la carrera de Trabajo Social⁴, que formó parte del conjunto de carreras que fueron cerradas durante la dictadura, por lo que la Facultad de Ingeniería y Administración solicitó la reapertura de la Licenciatura en Trabajo Social y su correspondiente Doctorado. También se aprobó el Proyecto de Plan de Estudio de la mencionada Licenciatura de cinco años de duración (^{Ord. 17/85}).

Al finalizar la gestión del Dr. Colavita, podemos decir que, junto a toda la comunidad, tuvieron que afrontar la difícil tarea de restablecer y recuperar la institución democráticamente, luego de haber sido ésta profundamente afectada por los acontecimientos producidos por la última dictadura cívico-militar Argentina, intervención que adquirió trascendencia por los efectos que produjo en todas las instituciones ―así como en los sujetos y en sus víctimas―. Recuperamos, en ese sentido, las reflexiones expresadas por quien fuera la Decana normalizadora de Ciencias de la Educación, Lic. Nilda Esther Picco:

Nos fijamos como objetivo fundamental la normalización y constitución de claustros docentes, egresados y alumnos, para alcanzar la autonomía universitaria y dejar plasmada la democratización de la Universidad. La tónica de trabajo fue la de estimular la participación en todos los sectores […]. La reincorporación de los cesanteados fue otro de los objetivos (^{Proyección, 1986}: 12).

Este hecho (de las reincorporaciones y apertura de concursos) se articula con otro acontecimiento no menor en esta etapa, como fue la libertad de cátedra, que fuera cercenada, censurada y vigilada durante la intervención militar. Tal y como señala ^{Cano (1987}), este hecho significó un logro esencial ligado al pluralismo y a la convivencia ideológica.

Este renacimiento del pluralismo, de la libertad de cátedra y de los concursos ―como una garantía mínima y elemental para reclutar el cuerpo docente en base a ciertos criterios objetivos― está probablemente asociado a una cierta elevación del nivel de enseñanza, aunque dicha elevación se ve seriamente contrarrestada por el profundo deterioro ―absoluto y relativo― de las remuneraciones del personal docente y científico, así como por las dramáticas carencias en materia de equipamiento y edificios (^{Cano, 1987}: 150).

En medio de estas tensiones, las universidades fueron organizando estrategias de reordenamiento e ingeniosamente tuvieron que recrear nuevas condiciones para el desarrollo y crecimiento de las propuestas de enseñanza para desarrollar su funcionamiento pese al escaso presupuesto con el que contaban en esos primeros años. La Memoria de Gestión (1986) de la UNSL muestra un diagnóstico de las numerosas acciones emprendidas, entre las que destacamos:

En este marco, y tras la fructífera gestión del Dr. Colavita, la UNSL habría de experimentar un acontecimiento trascendente para la historia de esta institución, cuando en 1986, ya normalizada, se reunió por primera vez la Asamblea Universitaria para definir su destino tras elegir no solo las nuevas autoridades, sino para reformar el Estatuto⁶ y modificar el modo de elegir a sus autoridades. Fruto de este acontecimiento democrático resulta electo por el periodo (1986-1988) el Lic. Alberto Puchmüller y como Vicerrector el Lic. Edgardo Montini y fue reelecto para un segundo mandato (1988-1990) acompañado por la Lic. Susana Zabala Jurado como Vicerrectora.

Ninguna palabra tiene más fuerza que los hechos decía el reciente rector tras inaugurar su gestión de rectoral, que desplegó con una extensa agenda de acciones orientadas a reposicionar y jerarquizar la UNSL desde diferentes órdenes, no sólo en el aspecto académico, sino también en lo relativo a la investigación, al servicio y a la transferencia, devolviendo a la comunidad la posibilidad de la participación y el servicio al medio local y regional.

Lo no dicho. El Nunca Más de la Universidad Nacional de San Luis

En este apartado volvemos sobre una de las acciones que recordamos y recuperamos de la gestión del Dr. Colavita, como fue designar la comisión que se abocó a investigar lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar argentina, tal como hiciéramos referencia en el apartado anterior. Informe que presenta además un valioso corpus de fuentes documentales resoluciones, circulares, ordenanzas, fotografías ente otros y listas de docentes, estudiantes y no docentes que fueron dados de baja y cesanteados, así como las autoridades de las diferentes unidades académicas que estuvieron en la gestión durante los años 1976 a 1983 y nunca se publicó. Los autores del informe dejan claramente expresado cuales fueron las fuentes de inspiración y guía para este trabajo:

Por eso, este informe debe interpretarse como un modesto aporte a una de las múltiples áreas en las que podría complementarse la ejemplar tarea de la CONADEP. Es así como se ha concebido, inscripto con la misma intención y en idéntico objetivo, y motivado por igual necesidad de justicia. De modo que las coincidencias entre el informe de la CONADEP y el presente, no son causales, son consecuencia de la imitación. Hemos seguido el ejemplo del «NUNCA MÁS» de la CONADEP porque creemos que aparte de su indiscutible e imponderable valor intrínseco, constituye un verdadero modelo para este tipo de informes (^{Riveros, 2023}: 15).

El informe Nunca Más, en la UNSL, fue dedicado a todas las víctimas de la represión en la Universidad y, especialmente, a la persona del primer Rector de la UNSL, profesor Mauricio Amílcar López, desaparecido y secuestrado de su domicilio particular el 1° de enero de 1977.

Este antecedente se une a otro cuando, en 1988, no se publica otro libro escrito ya durante la gestión del entonces Rector Lic. Alberto Puchmüller, quien impulsara, junto al Consejo Superior la designación de una Comisión (^{CS, Res. N° 687/88}), integrada por docentes, alumnos y no-docentes con el fin de indagar y esclarecer lo actuado durante el periodo de la intervención.

La Comisión llevó a cabo una amplia convocatoria a la comunidad para la conformación de un grupo de trabajo⁷. Se sostenía la necesidad de «[…] reflexionar sobre el pasado desde los valores de la democracia pluralista y participativa» (Trocello, Campero y otros, 1988: 311-314) que, tal como lo manifiestan sus autores en la reflexión final del trabajo, la publicación tenía una finalidad pedagógica y aspiraba a brindar un análisis crítico del pasado, «[…] que sirva de testimonio para futuras generaciones de universitarios» (Trocello, Campero y otros, 1988: 311-314), «[…] el sentido del mensaje, su esencia debe apuntar a rescatar los valores de la democracia y la libertad» (Trocello, Campero y otros, 1988: 314) . Al finalizar el plazo de su elaboración el trabajo llevó como título La memoria y el mañana. Para que nunca más en la universidad. El manuscrito fue presentado al Consejo Superior que, finalmente, decidió no publicarlo, no quedando registro escrito del porqué de tal decisión.

Estos dos antecedentes nos llevan a formular una hipótesis apenas transcurrida la normalización universitaria: que la publicación de los dos Nunca Más que se escribieron no fueron publicados y permanecieron silenciados ―hasta ser dejados en el olvido― producto de que varias personas que figuraban en las listas como partícipes directos en la gestión 1976-1983, se encontraban aun desempeñando funciones académicas de gestión e, incluso, al frente de cátedras, hecho que pone al descubierto los efectos y las marcas que aún permanecían latentes en la universidad con sus contradicciones y tensiones frente al difícil y arduo trabajo por la memoria.

A modo de cierre

Hemos querido presentar el entramado complejo ―y hasta contradictorio― de lo que significó la etapa de reconstrucción democrática u hora cero, como inscriben este acontecimiento Claudia Feld y Marina ^{Franco (2015}), en el que la normalización universitaria constituyó uno de los ejes centrales en la política del nuevo gobierno de Raúl Alfonsín. Los casos de esta práctica de normalización se fueron dando de forma singular en cada provincia dependiendo, por un lado, de cómo fueron entregadas estas instituciones luego del horror sufrido por la intervención cívico-militar y, por otro lado, por las condiciones que hicieron posible fijar nuevos límites de visibilidad y decibilidad en la época. A partir de ello, lo que esta indagación nos deja, luego de consultar fuentes testimoniales y documentales, es la posibilidad de entender las relaciones que existieron entre lo que se pudo decir y una determinada práctica política que se buscó instalar durante el fervor del advenimiento de la democracia, hecho que nos lleva a entender la configuración de los discursos que circularon en la época, sus umbrales y las condiciones que posibilitaron su aparición y desaparición (^{Foucault, 1985}: 60).

El conjunto de decisiones estratégicas que pudieron tomarse durante la gestión del Rector Normalizador Dr. Pascual Colavita y el compromiso asumido por gran parte de la comunidad universitaria local, permitieron sentar las bases de un camino difícil, como fue devolver a la universidad el clima de participación de sus claustros, la libertad de cátedra, las reincorporaciones y la apertura de concursos, así como la responsabilidad de asumir la tarea de investigar lo sucedido durante la intervención universitaria por parte del gobierno dictatorial.

La rememoración que hoy hacemos al cumplirse 40 años de recuperación democrática, de este pasado tan cercano para quienes vivieron esa experiencia y pueden testimoniar lo vivido, adquiere múltiples caminos de decibilidad y nuevas políticas argumentativas. La no publicación de los dos Nunca Más de la UNSL, uno en 1984 y el otro en 1988, escrito por sus testigos, adquiere un poder de registro valioso para quienes nos dedicamos a la enseñanza y a la investigación de la historia de la educación argentina reciente. Las miradas actuales que hoy podemos hacer sobre el Nunca Más no escapa;

[…] de un momento social fuertemente constreñido por los límites de lo decible y de lo visible sobre el pasado cercano. Y esos límites estaban aún muy lejos del discurso para pensar el terrorismo de Estado y los derechos humanos tal como circula hoy (^{Franco, 2015}: 55).

En ese sentido, las políticas de memorias que poco a poco se van consolidando en algunas instituciones educativas, como es el caso del Programa de Historia y Memoria de la UNSL (Ord. N° 3/2012) y de los Archivos Históricos que se suman con su tarea de resguardar el pasando para el esclarecimiento de la verdad, resultan reparadores para una trama sociopolítica lastimada.

La lectura que realiza Emilio ^{Crenzel (2008}) sobre la historia política del Nunca Más, y lo que significó el fin del silencio en esta etapa de transición y reconstrucción democrática, nos interpela a través de los modos de su transmisión y de cómo lo enseñamos en el espacio áulico. Es por ello que el hecho de que se haya recuperado del olvido, de se publique y de sea presentado el 24 de marzo del corriente año a la comunidad de San Luis el Informe Nunca Más en la UNSL, exige a las y los lectores nuevas problematizaciones y significaciones sobre lo que implicó la etapa de normalización universitaria.