La conformación del Estado Nacional y la ausencia santiagueña

Con posterioridad a la batalla de Pavón, Santiago del Estero reasume su soberanía por ley del 1° de enero de 1862 y Manuel Taboada ocupa el gobierno desde el 24 de abril, mientras actúa militarmente en la línea de defensa sobre el Chaco. Los gobiernos provinciales sucesivos dan cuenta de la inestabilidad y las confrontaciones en la política local, en consonancia con los tiempos finales de la organización nacional. Ausente en la conformación de la elite que, liderada por “los notables”, diera origen a la organización del Estado Nacional, la provincia de Santiago del Estero (eje de esta subregión) manifiesta desde fines del siglo XIX su oposición al ala del Partido Autonomista Nacional (PAN) liderado por el General Julio A. Roca, triunfador de la llamada “campaña al desierto”, y -en consecuencia- tendrá que hacerse cargo de esa disputa por el poder. En los inicios de la década de 1880 las autoridades provinciales cuentan con el respaldo del futuro Presidente de la Nación, Miguel Juárez Celman, como interlocutor en las negociaciones con el gobierno central (^{Gargaro, 1967}, pp. 401-409; ^{Tenti, 2012}).² Los resultados de esas acciones pronto se expresan en la falta de una continuidad gubernativa -especialmente luego de la caída del caudillismo liderado por los hermanos Manuel, Antonino y Gaspar Taboada en 1875-, el deterioro de la gobernabilidad y la carencia de políticas públicas capaces de mejorar la toma de decisiones. Los factores de la coyuntura, asociada a esas características son: la falta del afianzamiento de una territorialidad sostenible vinculada con el desarrollo (^{Fontaine, 2015}, pp. 12-16; ^{Farinós y Romero, 2007}, pp. 7-12), la inestabilidad económica local, la distribución en pocas manos de las tierras fiscales y la depredación de sus recursos naturales vinculados esencialmente a la explotación forestal, que forman parte de una desigual relación entre el Estado -preocupado especialmente por la recaudación- y los denominados actores no estatales (^{Cárcano, 1972}; Tenti, 2010; ^{Farberman, 2020}, pp. 135-156).

Entre 1879 y 1930, Santiago del Estero es administrada por 30 gobernadores, entre los que se incluyen 14 interventores federales (artículo 6 de la Constitución Nacional), además de una Junta de Gobierno Revolucionaria durante 1892 y la intervención derivada del gobierno de facto de septiembre de 1930. En el apogeo de la llamada “etapa radical” (1920-1943) la provincia cuenta con 6 gobernadores constitucionales y 10 que no lo son (^{Yunes, 2002}, pp. 87-88). Solo este enunciado muestra la presencia de una profunda inestabilidad política, aún después de la puesta en vigencia de la ley Sáenz Peña (1912), que permitiera el ejercicio pleno de la democracia y el acceso del radicalismo al gobierno, tanto en el ámbito nacional como en varias provincias argentinas. El Presidente de la Nación se transforma con frecuencia en el árbitro de las contiendas políticas de Santiago del Estero, donde el poder queda en manos de algunas tradicionales familias locales -Rojas, Pinto, Barraza, Ruiz, Olaechea, entre otras- (^{Tenti, 2005}). Comerciantes, abogados, médicos, ingenieros, educadores, periodistas, ganaderos, hacendados, juristas, mayoritariamente nacidos y radicados en Santiago del Estero, forman parte del numeroso elenco gubernativo provincial; sacudido por luchas político-partidarias, internas y también con el gobierno nacional, durante el medio siglo que aquí se estudia (1880-1930), es decir, desde la conformación del Estado Nacional hasta la primera ruptura del orden institucional en la Argentina.

El 1° de diciembre de 1879 es el liberal Pedro Gallo³ (1818-1886) quien asume por segunda vez (la primera en 1861-62) el gobierno de Santiago del Estero, entre los ecos de la campaña del General Julio A. Roca a la Patagonia y los acuerdos para conformar el Estado Nacional. Sus desencuentros con el Presidente Julio A. Roca le traerían costos políticos, hasta ser destituido el 21 de agosto de 1882 por la Sala de Representantes, en medio de la indiferencia del Ejecutivo Nacional que no tardaría en designar al senador nacional, varias veces diputado provincial y Presidente a la Legislatura santiagueña en 1876, Pedro José Lami, como interventor federal. La intervención es breve, entre agosto y octubre de 1882, porque la compleja situación política -generada en el ámbito de la provincia respecto de la venta de tierras fiscales y obras de riego- obligaría a una nueva intervención federal, dispuesta directamente por el mismo Presidente de la Nación hasta el 1° de diciembre de ese año, que recaería -en esta oportunidad- en el empresario azucarero tucumano, jurista, liberal y anticlerical, Filemón Posse.⁴ Su experiencia como diputado nacional es insuficiente para calmar la agitación política provincial. (^{Alen Lascano, 1996}; ^{Cacciavillani y Farberman, 2019}, pp.157-192).

Dos nuevas y sucesivas intervenciones federales en Santiago del Estero, a lo largo de 1883, muestran una vez más la incertidumbre política que reina en la provincia. Tanto la gestión del cordobés y juarista Luis Generoso Pinto⁵ (1847-1912), entre el 1° de diciembre de 1882 y el 10 de julio de 1883, como la del abogado mendocino Isaac María Chavarría,⁶ entre el 10 de julio de 1883 y el 1° de octubre de 1883, no evitan ni subsanan las irregularidades en la ejercicio político local. La elección como gobernador del santiagueño Pedro Firmo Únzaga (1937-1908), abogado, docente y político militante del PAN -a pesar de ser opositor al liderazgo de Roca- sí tiene un objetivo específico: la reorganización del Poder Judicial y la creación del Registro Civil provincial. El propósito es poder recomponer la institucionalidad en la provincia. Pero un conflicto armado en connivencia con la Junta de Representantes lo obligaría a dejar el gobierno local y radicarse, desde 1884, en Buenos Aires.⁷ Esta nueva interrupción en la gestión de un gobernador electo, promueve la designación del vicegobernador Sofanor de la Silva⁸ (1848-1895) para ocupar, desde el 1° de agosto de 1884, la titularidad del Ejecutivo provincial hasta finalizar el gobierno del mandatario desplazado, el 7 de octubre de 1886. De la Silva había sido diputado nacional por Santiago del Estero, como parte de su vinculación con Julio A. Roca, a nivel nacional y de los nexos tejidos con Absalón Rojas en su propuesta política, a nivel local; este último además sería su sucesor en el mando. La reforma de la Constitución de la provincia en 1884 es importante, ya que dispone la duración de tres años para el cargo de gobernador, en busca de una mayor estabilidad gubernamental, mientras la figura de Rojas parece augurar mejores tiempos (^{Gargaro, A., 1967}, pp. 409-413).

Este multifacético santiagueño nacido en 1845⁹, lleva una vida de gran actividad en Tucumán, Salta, Rosario, Córdoba y, luego de la caída del caudillo Manuel Taboada, en Santiago del Estero. Al amparo de la reforma constitucional, Rojas se convertiría en el gobernador de la provincia entre el 7 de octubre de 1886 y el 7 de octubre de 1889. Después de dos decenios, por primera vez, un gobernador cumplía el mandato completo en Santiago del Estero. Durante su gestión se crea el Banco de la Provincia, el Departamento Topográfico y el Registro de Bienes Raíces; se reorganiza el régimen municipal y se construyen obras viales, de riego e infraestructura, en gran parte vinculadas a la explotación forestal. En materia de calidad de vida de la población, el gobernador organiza la asistencia social, la educación pública e impulsa las actividades agrarias. En suma, emprende una buena gestión que continuaría, desde el 7 de octubre de 1889, el comerciante y hacendado santiagueño, Maximio Ruiz¹⁰ (1837-1902). Ruiz se desempeña en el cargo hasta el 7 de octubre de 1892, momento en que nuevamente los enfrentamientos políticos opacan parte de su labor en favor de la ampliación de las obras de riego y los servicios públicos, cuando para financiarlos apela a la aplicación de un impuesto a la explotación forestal.

La segunda gestión gubernativa de Absalón Rojas no sería próspera como la primera. Solo gobierna entre el 7 y el 19 de octubre de 1892. Una Junta Revolucionaria lo derroca y toma el poder entre el 19 y el 26 de octubre de ese año, presidida por su opositor político Pedro García. El gobierno nacional, a cargo de Luis Sáenz Peña, decreta entonces la intervención federal para reinstalar el orden institucional en la provincia. Se hace cargo de ella el abogado Eduardo Costa¹¹ (1823-1897), hasta el 1° de enero de 1893. Desde entonces, el médico santiagueño y político opositor al autonomismo nacional y al ex gobernador Absalón Rojas, Gelasio Lagar, asume la primera magistratura hasta el 18 de julio de 1895, cuando es derrocado por un movimiento revolucionario, que lleva -una vez más- al Presidente José Evaristo Uriburu a decretar la intervención federal en la provincia norteña, en un marco de desorden institucional. Julián L. Aguirre¹² (1849-1914) es el interventor designado para desarticular los desacuerdos internos, entre el 18 de julio de 1895 y el 19 de enero de 1896. Sus vínculos con la provincia intervenida son escasos y, por esta razón o a pesar de ella, Santiago del Estero no logra sostener a sus propios dirigentes nativos ni proponer un proyecto político de mediano o largo plazo, en medio de frecuentes y breves cambios de titulares de la gestión gubernativa.

La intervención federal parece ser el común denominador de la práctica política santiagueña. En esta ocasión es la antesala de la elección de un nuevo gobernador; una función que recae en el sobrino del ex gobernador Maximio Ruiz, Adolfo Ruiz¹³ (1855-1906), quien ocupa el cargo desde el 19 de enero de 1896. La irrigación santiagueña resulta una de sus principales preocupaciones políticas que se asocian a los intereses económicos de quienes invierten sus capitales allí. Como parte de su accionar gubernativo, vendería a precios ínfimos importantes superficies de tierras fiscales a destacados ganaderos y comerciantes de la región pampeana, como Luis E. Zuberbühler,Ramón SantamarinayLeonardo Pereyra Iraola, quienes constituyen importantes latifundios en la provincia. Durante el mandato de Adolfo Ruiz ocurren varios hechos graves de violencia que terminan con el asesinato del diputado nacional Pedro García (^{Gargaro, 1967}, pp. 414-416). La Cámara de Diputados de la Nación conforma entonces una Comisión Investigadora para conocer los hechos, mientras ordena una nueva intervención federal desde el 6 de septiembre de 1898.¹⁴ A partir de ese momento y hasta su muerte a comienzos del siglo XX, Adolfo Ruiz se ocuparía de sus actividades privadas. Su reemplazante en el cargo, hasta el 28 de octubre, será Benjamín Figueroa, miembro de una destacada familia salteña. El objetivo es hacer posible la elección de un nuevo gobernador que pueda cumplir su mandato constitucional.

El cargo recae entonces en el abogado y político santiagueño Dámaso Emeterio Palacio (1855-1923), quien ya había sido diputado nacional por su provincia natal (1882-1886). Ocupa la gobernación provincial hasta el 1° de julio de 1901, cuando renuncia para asumir su cargo de senador nacional (1901-1910) y, seguidamente, integrar la Corte Suprema de Justicia, desde 1910 hasta su muerte. Lo secunda en la gestión gubernamental de Santiago del Estero, quien hasta entonces fuera Presidente de la Junta Central de Instrucción Pública provincial, Remigio S. Carol, encargado de completar el mandato del gobernador renunciante, hasta el 28 de octubre de 1901 (^{Rossi y Banzato, 2018}, pp. 333-475). El ajedrez político parece no tener fin.

Los innegables vaivenes del gobierno de la provincia encuentran una prometedora estabilidad en la gestión del flamante gobernador santiagueño Pedro S. Barraza¹⁵ (1857-1922), que cumple su mandato entre el 28 de octubre de 1901 y el 28 de octubre de 1904, cuando la Presidencia de la Nación es desempeñada por segunda vez por el General Julio A. Roca. Su desempeño al frente de la gobernación se destaca por el gran remate de tierras fiscales forestales que realizó en 1903, al amparo de la legislación vigente en la materia. Por otra parte, procura asegurar la continuidad política y en este año reforma la constitución de la provincia para elevar la duración del mandato de 3 a 4 años. Una reforma que tendría vigencia hasta 1911. Mientras tanto, conforme a lo estipulado por la ley fundamental de la provincia, lo sucede en la gobernación, entre el 28 de octubre de 1904 y el 28 de octubre de 1908, el santiagueño e hijo de Mariano Santillán, también gobernador provincial, el ex senador nacional (1902-1904), José Domingo Santillán (1870-1934); quien gobierna en medio de una gran sequía y una importante crisis forestal. Allegado a las filas del Presidente de la Nación y al mitrista Manuel Quintana, Santillán vería afectada su seguridad y la de su familia en 1905, unos meses antes de producirse la muerte del titular del Ejecutivo Nacional (1906). Una vez más la inestabilidad y la violencia política están presentes en Santiago del Estero y el desgaste del poder provincial se acrecienta, más allá de la difícil continuidad del gobernador hasta el final de su mandato (^{Gargaro, 1967}, pp. 416-428).

Los siguientes 4 años del gobierno provincial están a cargo de Dámaso Emeterio Palacio, quien retorna al gobierno entre el 28 de octubre de 1908 y el 31 de marzo de 1910, cuando renuncia para asumir como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo reemplazado por el santiagueño, doctor en jurisprudencia, Manuel Argañaráz (1855-1946), desde entonces y hasta el 28 de octubre de 1912. Es este quien, como Presidente de la Cámara de Diputados, asume el cargo para completar el mandato. En medio de una gestión trunca y un poder efímero, su principal acción gubernativa en este bienio se orienta a la organización del Archivo de Geodesia y la Dirección General de Tierras provincial, como una manifestación del deseo postergado de ordenamiento territorial en el ámbito local que hiciera posible asegurar la continuidad institucional al amparo de las disposiciones sostenidas por la llamada Ley Sáenz Peña, pero también afianzar la prosperidad de las 2 importantes sociedades anónimas forestales, ganaderas y propietarias de tierras fiscales, instaladas en la provincia entre 1905 y 1906: S.A. “Quebrachales Chaqueños” y “Quebrachales Tintina” S.A.¹⁶ Ambas reúnen a importantes inversores porteños, bonaerenses y tucumanos.

Entre el 28 de octubre de 1912 y el 28 de octubre de 1916, Antenor Álvarez¹⁷ (1864-1948), nacido en Santiago del Estero, médico, higienista y sanitarista, es quien gestiona el gobierno local. Despliega aquí casi toda su labor política y profesional.¹⁸ Pero la estabilidad gubernamental, que pretendía retomar un rumbo certero con la llegada del radicalismo al gobierno nacional, vuelve a estar jaqueada cuando el cordobés y ex diputado nacional (1912) José Cabanillas (1862-1919), quien asume el gobierno el 28 de octubre de 1916, fallece el 26 de junio de 1919 y no logra completar su gestión, dedicada a contener los conflictos políticos internos y alentar las obras públicas provinciales en relación con los caminos y el sistema de irrigación (^{Tasso, 2007}). Concluye el mandato el radical santiagueño, Juan Anchézar, en su condición de Presidente de la Cámara de Diputados y lo hace hasta el 17 de octubre de 1919. Entonces, lo destituye el Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, mediante una intervención federal, trascendiendo las protestas de la Legislatura provincial ante el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el radical capitalino, Arturo Goyeneche (^{Picco, 2012}, p. 45).¹⁹ El interventor es el santafesino Martín Rodríguez Galisteo y cumple esta función hasta el 15 de abril de 1920, sin lograr la ansiada conciliación política, aunque las elecciones provinciales de enero de 1920 aseguran el triunfo a Manuel Cáceres, candidato del oficialismo, quien asume el cargo en una provincia cada vez más empobrecida y jaqueada por el conflicto (^{Tenti, 2010}, pp. 1-14; ^{Caterina, 2001}, pp. 13-42; Pizzarro, 2014, pp. 231-239).

Manuel Cesáreo Cáceres²⁰ (1873-1935) asume la gobernación de Santiago del Estero con grandes expectativas para consolidar el ejercicio político. De todos modos, el conflicto interno se mantiene, especialmente cuando Cáceres adhiere al antipersonalismo alvearista y lo hace como delegado del Comité Nacional de la UCR. Su mandato, entre 1920 y 1924, se desarrolla en medio de esos vaivenes del poder que lo conducen a modificar, una vez más, la constitución provincial. Previamente, entre 1921 y 1922, se reiteran los pedidos del radicalismo local, avalados por ciudadanos, varios propietarios y vecinos locales, para que el Ejecutivo Nacional ponga límites a las irregularidades políticas de la administración local con el cambio de fechas en las convocatorias a elecciones y “avasallando los comicios”, hasta poner en riesgo el ejercicio republicano del gobierno, según sostienen esas peticiones.²¹ En los documentos presentados ante el Congreso Nacional se solicitan informes al Ministerio de Guerra, por los desórdenes ocurridos; al Ministerio de Obras Públicas, para conocer el uso de los fondos otorgados al gobierno provincial; al Ministerio de Instrucción Pública, para exponer la nómina de escuelas rurales y el desempeño de su personal docente; así como también al Ministerio de Agricultura, para que dé cuenta del funcionamiento de la Defensa Agrícola en Santiago del Estero.²² La crisis es compleja y multidimensional. El Presidente Marcelo T. de Alvear es quien dispone, cuando la propia UCR nacional se fractura, una breve intervención federal a la provincia, entre el 12 de febrero y el 28 de octubre de 1924. Lo hace en base a las referidas denuncias y a causa de los enfrentamientos del gobernador Cáceres con el Ministro de Guerra de la Nación, Agustín P. Justo. Entonces se designa interventor a Rogelio Araya, miembro destacado del Partido Radical, quien fuera diputado nacional entre 1918 y 1920. Se trata de un político cuyo accionar más importante sería la presentación del proyecto de ley para que se concediera el derecho al sufragio a las mujeres.²³ Es una usual salida hacia la elección de un nuevo gobernador.

Desde octubre de 1924 hasta el 10 de enero de 1928, desempeña el gobierno provincial el santiagueño, católico y radical antipersonalista Domingo Medina, quien mantiene enfrentamientos frecuentes con quienes responden a la gestión del ex gobernador Manuel Cáceres. Esas disputas al interior del propio partido radical (UCR) indican la perdurabilidad del caos institucional en la provincia y, nuevamente, el gobierno nacional apela a la intervención federal por decreto del 11 de enero de 1928 y hasta el 30 de abril. Alfredo Espeche es quien habilita la contienda electoral que lleva a la titularidad del gobierno local al joven ingeniero y afiliado a la UCR, Santiago Maradona²⁴ (1882-1964). A partir del 1° de mayo de ese mismo año, Maradona jura desempeñar honradamente sus funciones por la Patria y por su honor.²⁵ Más allá de las confrontaciones que se desarrollan en la política local, esta vez es el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 el que derroca al gobierno constitucional en funciones. Lo reemplaza el Teniente Coronel Carlos Navarro Lobeira, mediante una intervención federal que se extiende ahora a todas las jurisdicciones del país. A partir de entonces, como producto de esta ruptura del orden institucional en la Argentina y el final del paradigma del crecimiento hacia afuera, se inauguran los tiempos del intervencionismo estatal directo. Desde entonces sería aún más difícil superar el desgaste institucional que sufren la política, las finanzas y la economía en Santiago del Estero.

Azúcar, explotación forestal e inversiones en el Chaco Santiagueño (1880-1930)

a) Notas sobre la producción santiagueña de azúcar

La histórica inestabilidad política vivida por Santiago del Estero, corazón del Chaco santiagueño, es -como se ha reseñado- uno de los fundamentos sustantivos para caracterizar e interpretar los vaivenes y postergaciones económicas regionales, así como la indiscriminada venta de tierras públicas. Pero no es aquella la única causa de la marginalidad territorial y es necesario entonces ponderar las causas en conjunto para responder a los objetivos planteados en este estudio histórico de reflexión. Desde esta perspectiva, merecen sumarse al análisis los denominados “grupos de interés”, como manifestación colectiva que representa intereses particulares, sectoriales y -en este caso- empresariales, en estrecho contacto con los representantes políticos y funcionarios (^{Olson, 1992}; ^{Nun, 2001}; ^{Blacha, 2015}).

Con anterioridad a la etapa de la explotación forestal de maderas duras por la que transita Santiago del Estero desde las postrimerías de la década de 1890, es importante caracterizar brevemente algunos antecedentes complementarios; especialmente los vinculados a la producción azucarera que estaría controlada y atada a la modernización agroindustrial del Norte Argentino, con epicentro en Tucumán. Ocurre a partir de 1876, cuando el ferrocarril que pasa por tierras santiagueñas llega a su destino central: Tucumán. Se suma al riel el crédito oficial barato. Ambos propician una alta concentración monoproductiva en el ámbito tucumano. A la sombra de su provincia vecina donde se radica el emporio azucarero argentino, Santiago del Estero cuenta desde la década de 1880 con 8 ingenios azucareros en plena actividad. Uno de los más importantes es el de Pedro San Germés, en Contreras, que contaría con el aporte de capitales franceses y 600 hectáreas de caña cultivada (^{Dargoltz, 1985}, pp. 133-134)²⁶. La crisis monetaria y fiscal de 1890, las condiciones de un reducido mercado interno, la poca capacidad financiera radicada en el ámbito santiagueño, junto con la competencia de los ingenios instalados en Tucumán con el decidido respaldo del gobierno nacional, desde los tiempos de la gestión del tucumano y dueño del ingenio “Los Ralos”, Nicolás Avellaneda, reducen a 2 el número de ingenios azucareros radicados en tierra santiagueña. Uno de ellos vinculado a los negocios de los empresarios tucumanos Gallo Hnos. que además formó parte de la conducción política santiagueña en los años 80; el otro, perteneciente al cordobés y hombre de gran fortuna enlazada a la actividad azucarera tucumana, Luis G. Pinto (ex interventor en Santiago del Estero, 1882-83), que pronto sería transformado en un establecimiento agropecuario, produciendo caña de azúcar, alfalfa y cría de ganado criollo.²⁷

Durante el decenio de 1890, la sequía, la deficiente irrigación, la ganadería diezmada, las plagas, el comercio inactivo, la errática y desigual distribución de la tierra que hacia fines de la década asiste -con participación del Banco de la Provincia de Santiago del Estero- a un gran remate de casi 4 millones de hectáreas a precios irrisorios ($0,23 la hectárea), así como la ausencia de una burguesía local capaz de promover el crecimiento económico provincial, los medios de transporte que ligan a esta provincia con Tucumán y Córdoba esencialmente, se presentan como los problemas más relevantes que conspiran contra la inversión productiva, el arraigo del inmigrante y el trabajador; mientras acentúan su marginalidad respecto del modelo agroexportador característico de la Argentina Moderna (^{Girbal-Blacha, 1982}, pp. 175-177, 186-192).

Entre 1894-95 se produce la primera crisis de superproducción azucarera en el país y el gobierno nacional respalda firmemente los importantes intereses agroindustriales radicados en Tucumán; uno de los puntales del roquismo que además cultiva un 60 % de su superficie con caña de azúcar tiene 36 ingenios valuados en $m/n 44.295.984 y, a partir de 1895, cuenta con la Compañía Azucarera Tucumana S.A. que concentra 5 ingenios, está presidida por el financista, empresario e importador, Ernesto Tornquist, y lidera la producción de azúcar a nivel nacional.²⁸ La situación de Santiago del Estero se agrava cuando sus ingenios no reciben ninguno de los beneficios de los que se radican en Tucumán. Alejada de la conducción de la política nacional, ausente en las decisiones centrales que se toman en favor del modelo agroexportador con el sistema de alianzas de elites provinciales ya descripto, su suerte queda atada unilateralmente a la explotación de sus bosques naturales de maderas duras (quebracho y algarrobo), destinadas a la producción de durmientes, postes y leña;²⁹ tanto en el occidente árido al Norte del río Salado como en el Suroeste, donde el obraje y la penetración del ferrocarril (Central Norte, Buenos Aires y Rosario, Central Córdoba) -a diferencia de la fábrica en el Chaco- aseguran la extracción de la madera que se consume en el mercado interno y especialmente en la industria azucarera del epicentro tucumano. Los períodos intercensales 1895-1914 muestran la escasa densidad y el desplazamiento poblacional en la provincia norteña (con la más alta emigración en todo el país), aun comparándola con otras subregiones del Norte de la Argentina. El gobernador santiagueño Adolfo Ruiz, no es ajeno a estas decisiones, como se analizó previamente, y los resultados están a la vista.

b) Acerca de la explotación forestal y la inversión de capitales

La importancia de la riqueza forestal santiagueña señalada, hacia inicios del siglo XX, por el botánico Carlos Spegazzini, quien la calcula en 10.700.000 hectáreas, es decir, el 83,5 % de su superficie territorial (Cozzo, 1967, p. 15). También su depredación causaría alarma con el correr del tiempo, especialmente cuando su clima fuera afectado por sucesivas sequías e inundaciones. La depredación de los bosques del Chaco Santiagueño se relaciona con el conflicto político y el deterioro de la institucionalidad provincial ya reseñados, pero también con la ausencia de legislación nacional y local, así como con las inversiones ligadas a los poderosos intereses del litoral y la inestabilidad poblacional. En el período inter censal 1895-1914, la tasa de crecimiento poblacional es la más alta de su historia (26 ‰ medio anual) con 261.678 habitantes, en consonancia con la depredación boscosa (^{Celton, 2000}, p. 52). Cuando ésta arrase con el recurso forestal, su población también será expulsada. Es durante la gestión de Pedro Barraza, en 1903, cuando se realiza un remate de 3.800.000 hectáreas de tierras fiscales (^{Dargoltz, 1985}, p. 146-149, cuadros I y II) que evidencia la relación entre el poder político y el financiero, más allá de los argumentos que brinda el mandatario provincial para indicar la importancia de esa acción en favor del progreso económico de la región. Por su parte, la legislación santiagueña en materia de explotación de bosques es general (Código Rural) y se preocupa por la recaudación provincial de impuestos que, a pesar de ser la de mayor porcentaje en la renta local, suele ser escasa cuando se evaden los aranceles estipulados legalmente, como lo declaran en varias oportunidades los gobernadores de la provincia.³⁰ No es suficiente la reglamentación de la ley impositiva para bosques de 1912, que se elude sin consecuencias para los infractores. Varias denuncias periodísticas dan cuenta, en los inicios del siglo XX, de “la extinción del quebracho y la formación de latifundios”, como expresiones de atraso del “progreso económico del Estado”.³¹

Hasta los años de 1930 el gobierno nacional tampoco cuenta con una legislación forestal específica. Se rige por las disposiciones del 19 de abril de 1879 y su confirmación legislativa el 9 de octubre de 1880. Ambas prohíben la extracción de maderas, leña, carbón de palo, cáscaras curtientes y materias tintóreas en los montes nacionales que gozan de las concesiones otorgadas por el Ministerio del Interior, tratando de evitar la defraudación al Fisco, aunque con un éxito muy relativo, como muestra la recaudación impositiva en relación con la extracción de maderas.³² Aunque en 1898 se crea el Ministerio de Agricultura en la órbita nacional y se incluye en su estructura organizacional una Dirección de Inmigración, Tierras y Colonias -pero sin un plano topográfico y con unos pocos inspectores para vigilar esas explotaciones- los cortes clandestinos abundan y la reacción estatal se reduce a suspender a los responsables por un corto tiempo (decreto 6/8/1901). La ansiada ley de bosques se posterga en reiteradas ocasiones; solo al promulgarse la ley de tierras 4167 el 8 de enero de 1903 se alude, en su artículo 18, a que mientras no se dicte una ley especial en materia forestal, el Poder Ejecutivo Nacional podrá conceder hasta 10.000 hectáreas por el 10 % del valor de la madera en estación o puerto de embarque por un período máximo de 10 años; limitando el derecho de explotación de los arrendatarios de terrenos boscosos a los materiales necesarios para cercos y leña de consumo. Solo se pueden ejercer allí las actividades agropecuarias (^{Madueño, 1942}, pp. 173-174, 176-177; ^{Cárcano, 1972}, pp. 307-311).

El 4 de octubre de 1906, si bien se avanza a partir de la legislación mencionada, fijándose reservas, prohibiendo explotar nuevas áreas boscosas y haciendo taxativa la obligación de emplear la guía forestal para el transporte de maderas, se denuncia con frecuencia el uso discrecional de la flamante normativa. Por entonces se constituyen dos Sociedades Anónimas que explicitan las excepciones referidas, pero que -además- diferencian al Chaco Santiagueño, por su número y capitales invertidos, del Chaco Santafesino, ligado al mercado externo y al accionar de la poderosa “The Forestal Land, Timber and Railways Ltd.”. Entre 1905 y 1906, se inicia la concentración forestal taninera y mediante convenios se organiza el mercado del tanino con una precisa regulación de precios, cuando el valor del quebracho baja y entra en vigencia la nueva tarifa alemana, principal mercado del quebracho colorado argentino. La situación afecta al Chaco Santafesino, pero no al Oeste del Gran Chaco Argentino.

En marzo de 1905 se forma en el Chaco Santiagueño la “S.A. Quebrachales Chaqueños”, con el objeto de explotar maderas de bosques propios o arrendados de esta subregión para producir rollizos, durmientes, postes y leña. La decisión se une a la compraventa de tierras y la explotación de las adquiridas, pudiendo asociarse con empresas similares y llevar a cabo, con autoridades nacionales y provinciales, operaciones diversas en ese rubro. El capital social inicial de esta empresa es de $m/n 4.000.000, dividido en acciones al portador de $m/n 100 cada una. Pedro G. Méndez, vinculado a la industria azucarera tucumana (Ingenio La Florida) y al influyente grupo E. Tornquist (Cía. Azucarera Tucumana S.A., 1895), preside la Comisión Directiva, mientras el poderoso financista, comerciante y terrateniente bonaerense Luis E. Zuberbühler es el Vicepresidente (^{Banzato y Rossi, 2010}, pp. 27-28). Integran el Directorio de esta S.A.³³ miembros de una elite empresarial, radicada en el eje metropolitano y la pampa húmeda, vinculada al Sindicato de la Compra de Tierras que, desde 1897 en adelante, adquiere del Banco de Santiago del Estero 2.961.000 hectáreas; entre ellas, se encuentra Campo del Cielo, situado en una región privilegiada de Santiago del Estero, lindante con el Norte santafesino.³⁴ El capital activo se concentra, desde 1907, en los aserraderos de Quimilí y Alhuampa (Santiago del Estero), al amparo de la extensión de las líneas férreas que tienen como destino Tucumán y de la construcción de desvíos particulares en beneficio de “Quebrachales Chaqueños” y los empresarios forestales Otto Wulff y Carlos Svensen. La competencia se acentúa en tiempos previos a la conflagración mundial; la explotación forestal avanza alentada por la Dirección General de Ferrocarriles a cargo del empresario azucarero tucumano Pablo Nougués, que rebaja las tarifas para el transporte de maderas. Es la antesala de la producción ganadera en la zona. Ese será el destino final de estas explotaciones, al menos hasta los años de 1930 (^{Girbal-Blacha, 1982}, pp. 170-194).

En enero de 1906 se conforma la segunda, S.A. “Quebrachales Tintina”, estrechamente relacionada con el ferrocarril que une Añatuya con Tintina y con destino final en el Chaco. Su propósito es la adquisición, explotación y negociación de tierras y bosques, la construcción de vías de comunicación, la instalación de establecimientos agropecuarios y la realización de operaciones comerciales o financieras con esos fines en la provincia de Santiago del Estero. El capital autorizado de la empresa es importante: $1.000.000 oro totalmente realizado y suscripto (10.000 acciones de $100 oro cada una), seguramente porque en el Directorio de la misma participan destacados capitalistas argentinos (muchos de ellos vinculados a la industria azucarera tucumana) y vinculados a la banca belga: Ernesto Tornquist, D. de Tezanos Pinto, Domingo Funes, Jacobo Kade, L.H. Krüger, Otto Gaitzsch, Carlos Carranza, Carlos Schüssler, G.A. Schwenke, Enrique Berduc, Julio A. García y M. Mujica Farías.³⁵ La Compañía E. Tornquist Ltda. cumple con su objetivo de “poseer un enorme latifundio de seiscientas mil hectáreas” y en sus campos se establecen varias estaciones ferroviarias (^{Dargoltz, 1985}, pp. 143-144). Para 1909, las ganancias de esta empresa permiten distribuir dividendos a los accionistas por valor de $24.000 oro, cuando la producción de durmientes se triplica y alcanza a 473.909, mientras ocurre lo propio con la leña durante la Guerra Mundial (58.000 t. de leña en 1913 y 1.369.814 t. en 1918),³⁶ especialmente para abastecer de combustible a la Compañía Azucarera Tucumana S.A. y a la Refinería Argentina de Rosario, ambas de propiedad del grupo E. Tornquist y Cía. Ltda. Es a partir de 1921 cuando “Quebrachales Tintina” comienza la venta de tierras de su propiedad para dedicarse a la actividad ganadera hasta que, a fines del decenio de 1920, entra en liquidación.³⁷ La población santiagueña recurre entonces al Congreso Nacional para que respalde sus pedidos en favor de los servicios básicos que se necesitan.³⁸ Mientras los empresarios de la pampa húmeda aumentan sus ganancias, la subregión del Chaco Santiagueño y sus habitantes quedan empobrecidos y sus recursos forestales depredados (^{Girbal-Blacha, 1982}, pp. 170-194).

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Más allá de estas grandes sociedades anónimas, el censo practicado en 1908 por la Unión Industrial Argentina indica que Santiago del Estero cuenta con 60 obrajes (una tercera parte de los que existen en el país), con un capital de $m/n 15.190.308 y 1162 HP de fuerza motriz. La exportación de durmientes desde la provincia se triplica entre 1901 y 1907, para declinar un 30 % en tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando se origina la paralización en la construcción de ferrocarriles. Como contrapartida y ante la falta de importación de carbón aumenta en un 32 % la extracción de leña. El 38% de la carga transportada por los ferrocarriles que cruzan Santiago del Estero responde al tráfico forestal.³⁹ El Censo Nacional de 1914 distingue los aserraderos de madera de los obrajes forestales. De estos últimos, están instalados 142 en Santiago del Estero, con un capital superior a los $m/n 10 millones. Desde entonces, ante el requerimiento de consumo de leña para sustituir al carbón durante la guerra y también debido a la recomposición del mercado interno signado por la posguerra, es irreversible la sujeción de la economía santiagueña a los requerimientos de la industria azucarera tucumana, dispuesta “al estudio y trazado de nuevos rieles que conquisten el bosque lejano y el pastizal exuberante del Chaco”.⁴⁰ Mientras tanto, la otra cara de la moneda muestra cómo oscilan -con profundas caídas (1918)- las exportaciones de rollizos de quebracho, perforando el piso de las toneladas exportadas en 1890.

Por entonces, los industriales azucareros que tienen sus ingenios en Tucumán, Ernesto Tornquist y Máximo Hagemann, le manifiestan al Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, que “la provincia de Santiago del Estero, manda a las fábricas de Tucumán, alrededor de un millón de toneladas de leña, al precio de 8 a 10 pesos”, por esta razón y por la mano de obra que ofrece, “la industria azucarera no puede llamarse solamente tucumana; la tercera parte de la población santiagueña, está ocupada en esta tarea de los obrajes leñeros”.⁴¹ Además, desde 1917, todas las grandes empresas del Gran Chaco Argentino (Santafesino y Santiagueño) no dejan de poner en evidencia su importancia para la economía del país y se unen para reclamar, ante el Congreso Nacional, rebajas impositivas para la producción de rollizos y extracto de quebracho, con argumentos que apelan a contrarrestar los efectos del conflicto mundial sobre la economía regional.⁴²

Apenas iniciada la década de 1920, el gobernador santiagueño de militancia radical, Manuel C. Cáceres, procura retomar la política de venta de las escasas tierras públicas existentes, con el propósito de achicar el déficit fiscal de la provincia. Es un decreto del Presidente Hipólito Yrigoyen, del 11 de julio de 1921, el que impide esa transacción al declarar ese bien como patrimonio nacional. La oposición local, por su parte, no tarda en calificar de “gran negociado del gobierno” esta operación que finalmente es anulada.⁴³ Por otra parte, en palabras del viajero francés Pierre Denis, quien recorriera nuestro país entre 1912 y 1914, en Santiago del Estero “la inestabilidad de los cultivos ha obstaculizado el establecimiento de la pequeña propiedad” (Denis, 1987, p. 138), pero también reconoce que si bien la zona forestal “tiene, sobre los otros mercados de trabajo, la ventaja de acoger a los trabajadores en cualquier estación” (Denis, 1987, p. 140), “la explotación del bosque en Santiago ha quedado en manos de un mundo de pequeños capitalistas” (Denis, 1987, p. 142), a los cuales este estudio histórico le ha puesto nombre y apellido, al menos en lo atinente a la composición de sus dos sociedades anónimas más importantes.

En 1925, la preocupación oficial recala en la necesidad de aumentar y ampliar el conocimiento que llega al productor y se produce la instalación de la Estación Forestal Experimental “Fernández”, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, ubicada en 63 hectáreas de la región semiárida santiagueña, cercana a la zona de riego del río Dulce. Cítricos y forestales son los productos que pretende impulsar racionalmente en el Chaco Santiagueño. Es una iniciativa excepcional para la subregión y habrá que esperar a promediar los años de 1940 para contar con la estación Forestal San Carlos, cercana a la ciudad de La Banda (Fernández, 2015, pp. 46-47), para reforzar el impulso de esta propuesta. Sin dudas, la deforestación en Santiago del Estero trae consigo pérdida de población estable y hay que buscar respuestas que lo impidan, aunque éstas resulten de dudoso éxito, como registran las estadísticas censales. Entre el primer censo nacional (1869) y el cuarto (1947), Santiago del Estero muestra un descenso de los más importantes en la distribución relativa de la población respecto del total del país. Esa distribución es de un 7,7 % en 1869; un 4,1 % en 1895; un 3,3 % en 1914 y un 3,0% en 1947. También el porcentaje de emigración desde la provincia norteña se mantiene alto: 15.1 % en 1869; 17.4 % en 1895; 13.9 % en 1914 y 25.8 % en 1947. Al mismo tiempo y por las mismas razones, ésta es la provincia argentina que menos población atraería en todos estos años (^{Recchini de Lattes y Lattes, 1975}, pp. 98-103)

c) Corolario sobre legislación, tierras y explotación forestal: temas de una agenda pendiente

La concentración de la tierra -ampliamente estudiada por la historiografía argentina, por ejemplo, en tiempos recientes: ^{Rossi y Banzato, 2018}; ^{Farberman, 2020}- es una de las causas que operan en consonancia con la situación político-económica hasta aquí descripta. Frente a dicha concentración no es suficiente la experimentación agrícola para frenar este proceso, pero es la alternativa oficial que se implementa como paliativo, aunque como en otras zonas del país, no generara resultados prácticos inmediatos. La elite dirigente y empresarial es la que se beneficia con la llamada “ecuación ferrocarril-explotación forestal-latifundio” (^{Dargoltz, 1985}, p. 131); es decir, con la enajenación de tierras y su explotación forestal. Sin demasiada inversión, las ganancias obtenidas son propicias y marcan los estrechos vínculos entre la política y la economía local cuando se concentra la tierra en pocas manos, más allá de los intentos reiterados entre 1905 y 1913 para legislar sobre el tema e implementar la creación de una entidad bancaria que reglara la comercialización de tierras. A finales de los años de 1920, el gobernador radical e ingeniero, Santiago Maradona es quien, una vez más y sin dejar de ponderar el valor de la riqueza forestal, pretende hacer frente a la deuda pública provincial mediante la venta de tierra fiscal. Nuevamente el Presidente de la Nación insiste en el carácter de patrimonio nacional que tiene la tierra en poder del Estado, pero además el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 forma parte del binomio que diluye la propuesta del gobernador santiagueño.

Recién en 1948 la Argentina contará con un Régimen Forestal de cumplimiento nacional, cuando la depredación ya se torna difícil de revertir. Hasta mediados del siglo XX, mejor suerte tienen los empresarios con la legislación impositiva, cuando solicitan y obtienen la rebaja de impuestos ante la Comisión Forestal Asesora (decreto del 13/11/1906) que se sostiene con éxito en el tiempo. En la antesala de la Primera Guerra Mundial ya se reconoce, oficialmente, que la dificultad estriba “en la falta de elementos económicos y financieros necesarios para establecer y seguir un plan, aun cuando sea rudimentario, de control”.⁴⁴ Al mismo tiempo se dispone, hacia 1920, dedicar los campos explotados forestalmente al pastoreo de ganados con vigencia anual y pagando un canon por cabeza. La depredación sería entonces total, cuando el avance del ganado termine incluso con las raíces de los árboles talados. En la década de 1930, de las 30 fábricas de tanino que funcionan en territorio argentino, solo 2 se sitúan en Santiago del Estero, es decir, el 6,7 % del total de los establecimientos.⁴⁵ Las causas de la postergación que sufre el Chaco Santiagueño están a la vista, tanto como los nexos interesados en alentar la vinculación entre la política local y los intereses económicos y financieros que van más allá de los límites de esta región. Como dijera Bernardo Canal Feijoo en tono mordaz, de todos modos, el Norte y el litoral “no pueden prescindir de Santiago del Estero”, es inevitable, afirma, por la ubicación que tiene en el territorio argentino y por su intercomunicación.⁴⁶

Reflexiones finales

Los desmontes de bosques nativos en Santiago del Estero denunciados durante los últimos años, incluso por entidades ambientalistas y ecologistas internacionales, señalan que ésta es la provincia con más deforestación en los dos decenios pasados, al haber perdido 1.908.057 hectáreas de bosques nativos, entre 1998 y 2019. En el año 2020 y a pesar de la pandemia, la provincia norteña sigue sufriendo el desmonte, en este caso de 32.776 hectáreas.⁴⁷ También desde las Ciencias Sociales han aumentado los estudios acerca del uso de la tierra santiagueña y los efectos de la deforestación en tiempos recientes de avance de la soja. Quienes denuncian, estudian e informan sobre la cuestión puntualizan como la causa principal de los desmontes el avance de la frontera agropecuaria (^{Rofman, 2012}; ^{De Dios, 2012}, pp. 115-127; ^{Román y González, 2016}; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015; ^{Díaz Zírpolo y Giménez, 2017}, pp. 209-230; ^{Mc Cook, 2013}, pp. 91-98). Una situación que no es nueva. Es un fenómeno que tiene antecedentes mediatos, cuyos inicios se registran en estas páginas y son parte, no solo de la Argentina sojera a partir de los años de 1990, sino también de los tiempos en que el país fuera conocido como “granero del mundo”.

La primera etapa de esa historia no se extingue en 1930, pero es la que se aborda en este estudio de interpretación histórica para comprender las implicancias políticas, legales, institucionales, financieras y empresariales de un problema complejo y que, impulsado en tiempos de la conformación del Estado Nacional (1880) por su elite dirigente, se ha sostenido a lo largo del tiempo. El Chaco Santiagueño es la expresión acabada de un territorio colonizado en beneficio de intereses particulares, de los denominados y aquí definidos “grupos de interés”, así como de la inacción del gobierno para producir un crecimiento sustentable porque ha mostrado siempre más preocupación por la recaudación impositiva, las finanzas y la extracción de los recursos que por el crecimiento, la población y la estabilidad de la macroeconomía provincial.

La exclusión es el resultado del accionar cerrado tanto del Estado como del mercado, para subregiones como la que aquí se estudia, que asiste a la degradación creciente de sus recursos, sus instituciones, así como de sus objetivos sociales comunes, capaces de reforzar y sostener su identidad; como lo expresara con toda crudeza el gobernador santiagueño en la Encuesta Nacional de 1937, llevada a cabo por la Junta Nacional para Combatir la Desocupación (^{Girbal-Blacha, 2003}, pp. 25-53), al propiciar el fomento de una clase de pequeños propietarios. Afirma entonces que “la vida de trabajo del obrero santiagueño no es la del hombre civilizado. Son deficientes las condiciones de higiene y seguridad en que desarrolla su labor, en una atmósfera de inseguridad y de peligro, aunque familiarizado con ella”. Para agregar que sus consecuencias son “de carácter pavoroso; la mortalidad obrera -“capital humano”- acusa porcentajes que exceden todo cálculo e indican la necesidad imperiosa de que el Estado acuda a combatir el mal”.⁴⁸

Los recursos propios de este rico espacio boscoso se depredan para conformar latifundios y alentar el beneficio de la ganancia ajena, radicada mayoritariamente en la región pampeana y el eje metropolitano. En palabras del combativo Raúl Dargoltz, Santiago del Estero se ha convertido progresivamente en una “tierra sin hombres” (Dargoltz, 1985, p. 167).

Los vínculos de parentesco, los intereses comerciales y financieros, la concentración de tierra fiscal en pocas manos de particulares, derivada de las ventas oficiales interesadas, se convierten en pilares de un régimen autoritario y feudal, que aun en tiempos de la vigencia de la Ley Sáenz Peña (1912) obligan a la supervisión y control del gobierno nacional que hace uso frecuente de la intervención federal para salvaguardar -con poca fortuna- el funcionamiento de las instituciones de la provincia de Santiago del Estero, eje del Chaco Santiagueño.

Si el poder legítimo, más allá de la legalidad del mismo, se construye desde la deliberación; si la identidad no es simple ni espontánea sino que forma parte de una construcción histórica, mientras la continuidad es un aspecto central de toda política; en el heterogéneo y complejo “mundo rural” argentino, el Chaco Santiagueño se muestra como un escenario particular en tanto parte de la organización del territorio, que trasciende el espacio físico y donde el “Estado pueda desenvolver su actividad específica, o sea el poder público” (Jellinek, 2000, p. 385), que también se expresa en las desigualdades regionales. La territorialidad es un fenómeno poroso y complejo por la importancia que cobra la política de gobierno del territorio, las tecnologías relacionadas a factores biogeográficos y sus vínculos con la cohesión del mismo. La ausencia de este ejercicio político coherente y ético es factor decisivo en el resultado final obtenido, como se demuestra a lo largo de estas páginas.

La dualidad del Estado que se vincula al poder y las políticas públicas que rigen los asuntos de gobierno, se convierten en protagonistas de la desigualdad regional. La ausencia y regularidad de estas políticas son causales de exclusión y marginalidad, al mismo tiempo que inciden en la legitimidad del sistema político y son parte de una burocracia técnica y política -como reguladoras institucionales- imbricadas en la acción estatal. Implican en sí mismas la necesidad de establecer acuerdos y hacen referencia a la parte operativa de las decisiones políticas, analizadas en detalle en este trabajo. Si las acciones estructuradas del Estado con desempeño nacional, territorial y sectorial se vinculan tanto a “la construcción y el fortalecimiento del Estado”, como una “aproximación cultural a las políticas públicas” (^{Otalora Buitrago y Vivas Cortés, 2011}, pp. 66-99), como también a sus controversias, que permiten reconocer realidades y capacidades regionales, el caso provincial que aquí se estudia deja al desnudo sus debilidades en esos aspectos.

En el Chaco Santiagueño estas acciones se expresan históricamente en confrontaciones permanentes que desgastan el poder, las instituciones, los recursos naturales, el bienestar y la inclusión social, en beneficio de algunos sectores que concentran el poder económico y político, y se radican como sus inversiones, generalmente, fuera del ámbito regional. Las relaciones clientelares, las redes familiares, promueven la práctica de la exclusión, cuando “el poder queda en familia” (^{Guillén, 1994}, pp. 111-131). Este estudio de caso lo muestra empíricamente y el tema cobra sentido cuando se trata de engarzar la relación entre la macro y la microhistoria a través de un “juego de escalas” (^{Revel, 1995}, pp. 125-143) para realizar una relectura multidisciplinar de los procesos históricos, en un contexto de relación-tensión entre las economías regionales y Estado Nacional centralizado que forma parte del llamado “nuevo pacto colonial” (^{Halperín Donghi, 2005}, p. 281). La reflexión histórica pretende integrar al escenario actual, las raíces históricas de un proceso de postergación regional de larga data, que consolidado y profundizado con el transcurrir del tiempo y más allá de sus condiciones geográficas, dejan al desnudo la concentración del poder, la ausencia de políticas públicas inclusivas, el deterioro institucional, la pobreza, el desempleo, la fragilidad económica y la escasa calidad de vida y de oportunidades de quienes habitan esta sección del Norte de la Argentina.

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