SUMARIO

1. Introducción; 2. Espacio, territorio y territorialidades: procesos relacionados a su redefinición; 3. Estrategia metodológica; 4. Transformaciones territoriales en la trayectoria de la UPPSAN; 5. La UPPSAN y los usos alternativos de lo disponible; 6. Conclusiones; 7. Referencias y bibliografía.

1. Introducción

Las comunidades campesinas de Santiago del Estero transitan actualmente un proceso de reterritorialización que emerge de conflictos por y en la tierra, que poseen antigua data, pero que adquirieron nuevos matices y reivindicaciones en los últimos años (^{De Dios, 2004}; ^{Barbetta, 2009}; ^{Paz, Jara y Wald, 2019}; entre otros). Si bien, algunas organizaciones rurales santiagueñas surgieron con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, producción y comercialización, debido a un contexto de conflictividad que los interpeló, incorporaron como emblema clave de sus luchas la defensa de la tierra. Asimismo, con el pasar del tiempo, los campesinos y las organizaciones que los representan fueron incorporando nuevos estándares de lucha, ya no acotados a la defensa de la tierra, sino más bien a resignificar y añadir nuevos emblemas a ésta, tales como la conservación del medio ambiente, la soberanía alimentaria, la perspectiva de género, entre otras.

Como lo menciona ^{Bartra (2010}), la lucha por la tierra vino acompañada con una demanda de tierra-respeto, tierra-justicia, tierra-vida digna, tierra-territorio, tierra-identidad y tierra-autonomía. En otros términos, en la medida que la lucha por la tierra no se acotó a entenderla como un recurso a ser explotado con fines netamente instrumentales, sino que se la concibió como multidimensional y multiescalar, se transformó en lucha por el territorio.

En esta dirección, el objetivo de este artículo es analizar los procesos de reconfiguración de las territorialidades de la organización de base campesina, Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), que se despliegan en el centro-norte de la provincia de Santiago del Estero. En particular, se analizarán los usos alternativos de los instrumentos del estado en el acceso a las políticas públicas que realizan estas poblaciones, gestando modelos organizativos emergentes.

El trabajo se sustenta en la sistematización de información proveniente de observaciones participantes y entrevistas en profundidad a referentes de la organización mencionada, como en el análisis de información de bibliografía especializada y documentos institucionales.

El artículo se estructura del siguiente modo: en primer lugar, problematizamos los conceptos de espacio, territorio, territorialidad, procesos de desterritorialización y reterritorialización. Luego, explicamos la estrategia metodológica adoptada. En tercer lugar, analizamos los procesos sociales, las formas de organización y las transformaciones territoriales en la trayectoria de la UPPSAN. Posteriormente, indagamos en los usos de instrumentos legales e institucionales por parte de la organización, a los fines de su reterritorialización. Finalmente, esbozamos las reflexiones finales.

2. Espacio, territorio y territorialidades: procesos relacionados a su redefinición

Cuando se aborda el concepto de espacio para el desarrollo de las actividades y relaciones sociales, en tanto base concreta y material, se considera que el mismo ha sido constituido a partir de tales relaciones. En términos de ^{Lefebvre (1974}) el espacio es una producción social, es decir, está planificado y construido socialmente, incluyendo diversas dimensiones y sirve tanto de instrumento del pensamiento como de la acción. Según ^{Giménez (1999}), existen dos formas de apropiación del espacio: una de carácter instrumental-funcional, que responden a una necesidad, en la que se enfatiza la relación utilitaria con él mismo y otra de carácter simbólico-expresivo, en la que se resalta el rol del territorio como espacio de sedimentación socio-cultural, objeto de inversiones socio-afectivas o soporte de identidades colectivas. Ello se ve reflejado, de alguna manera, también en la idea de espacio geográfico, en tanto resulta de una apropiación y/o una dominación de la naturaleza que hace imposible disociar allí lo natural de lo social. Dicha imposibilidad deja expuesta la característica relacional de este, es decir, el espacio no es independiente de esas relaciones sociales y las mismas determinan al objeto/sujeto que se constituye a través de y con él (^{Haesbaert, 2012}).

De este modo, en la medida que un grupo controla espacial y materialmente el acceso de algún flujo (de personas, mercancías, capitales, etc.), ese espacio comienza a configurarse en un territorio (^{Sack, 1986}). Por lo tanto, las interacciones en el espacio adquieren las connotaciones de orden que les instituyen las relaciones sociales. El ejercicio regular del control espacial, y las formas que adopta, constituyen prácticas y representaciones expresadas en forma de discursos particulares para cada grupo social. Tales discursos, a su vez, participan en la constitución de la organización política de un grupo. En tal sentido, las actividades políticas están constituidas espacialmente y, por lo tanto, no se pueden comprender y explicar lo político sin tener en cuenta los discursos espaciales (^{Carou, 2013}). Como por ejemplo, sucede en las organizaciones campesinas, donde el territorio forma parte central de las narrativas empleadas para su existencia como sujetos políticos.

Por otro lado, ^{Sack (1986}) define a la territorialidad como un arraigo biológico que resulta en una expresión geográfica primaria del poder social, mediante la cual el espacio y la sociedad se encuentran relacionados entre sí. El autor considera a la territorialidad como una conducta humana por parte de un individuo o grupo de afectar, influir, o delimitar y/o controlar el acceso en un territorio de las personas, cosas, fenómenos y/o relaciones sociales. De este modo, la territorialidad proporciona, entonces, no sólo un sentimiento de pertenencia a una porción particular de tierra sobre el que se tienen derechos exclusivos, sino que implica un modo de comportamiento en el interior de esa entidad (Carou, 2001). Sin embargo, las intencionalidades sobre un territorio de un grupo social a su vez implican una apropiación cultural, mediante el accionar de un poder simbólico-expresivo del espacio, basadas en un conjunto de representaciones materiales e inmateriales. En igual dirección, ^{Giménez (1999}) entiende que en la relación entre territorio y cultura se define el concepto de territorialidad, en la medida que permite explicar los comportamientos y comprender las identidades sociales territorializadas. Por lo tanto, si la cultura produce territorialidad, la misma le permite a los actores sociales conferir un sentido sobre su entorno (y actuar sobre el mundo exterior) y construir su identidad colectiva en el proceso de apropiación.

Atendiendo a lo planteado por ^{Giménez (1999}), el territorio es el resultado de un proceso de apropiación y valorización del espacio, a partir de la representación y producción que surgen de las relaciones sociales y por lo tanto está inscripto en el campo del poder. Por otra parte, si bien la espacialización de un grupo social en términos de territorialidad implica acciones de territorialización, y la misma se da en relación a un complejo y variado ejercicio de poder, existe una territorialización diferencial de acuerdo a las características de quienes las apliquen.

Respecto a ello, ^{Haesbaert (2012}) define que la territorialidad -y por lo tanto su territorialización- puede ser un proceso de dominio político-económico ejecutado por grupos hegemónicos o un proceso de apropiación simbólica-cultural que se desprende de la vivencia en el espacio de los grupos subalternos. En efecto, la existencia de una multiplicidad de situaciones de construcción y reconstrucción simultánea de territorios, implican a su vez, el despliegue de procesos de desterritorialización y reterritorialización. Asimismo, Haesbaert (²⁰¹²) señala, que se produce desterritorialización cuando se intensifica un proceso de precarización de las condiciones materiales de vida y pérdida de control del territorio, sobre todo para los grupos subalternos; pero también cuando los límites territoriales son impuestos y quedan bajo control de otros actores. Es decir, que se puede producir desterritorialización con o sin desplazamiento de la población. Ahora bien, cuando la desterritorialización está asociada a la precarización, lo convierte en espacios inestables e inseguros, asociados en algunos casos a la pérdida de referencias simbólico-territoriales y consecuentemente la pérdida de identificación con ese territorio.

Por otro lado, la desterritorialización si bien implica una destrucción, también posibilita la construcción de un nuevo territorio, lo cual demanda una dialéctica permanente entre ambos procesos, incluso cuando esto implique una territorialización nuevamente precaria. Estos procesos tensionan e intensifican las disputas territoriales y constituyen el enfrentamiento de modelos contrapuestos de desarrollo territorial de los diversos grupos sociales (^{Fernandes, 2005}). Por lo tanto, el poder también se manifiesta en formas de movimientos de resistencias que son parte de las relaciones sociales y son configuradoras de un territorio singular. Estos movimientos reconstruyen el poder y el territorio no como lo subalterno o lo opuesto del poder, sino como un constituyente de estas relaciones (^{Haesbaert, 2012}).

En esta dirección, una de las dimensiones de análisis se relaciona con la presencia de lo estatal en los procesos de territorialización. Para ello nos alejamos de aquellas concepciones substancialistas y sesgadas del Estado y apelamos al concepto de estatalidades, entendidas como el conjunto de agentes, agencias, prácticas, procesos e instituciones que producen estado (^{Cowan Ros, 2016}). Igualmente, comprender a las políticas públicas, no como entidades objetivas, instrumentales y racionales, sino resultado de las prácticas cotidianas de distintos sujetos sociales. En efecto, examinamos cómo el sentido práctico y el conocimiento local se ponen en juego en su resignificación. Esto supone abordar el espacio estatal como una arena de disputas donde diferentes agentes intervienen, de manera planificada o no, con distintas capacidades para influir en la forma que adquieren las políticas públicas, para hacer valer lo que definen por sus derechos e imponer su definición de lo que la sociedad debe ser. Esta perspectiva nos posibilita abordar el análisis del estado y las políticas en continua redefinición y contradicción como efecto de las interacciones y disputas sociales que los diversos sujetos (del ámbito estatal y no estatal) llevan a cabo (^{Cowan Ros, 2016}).

Finalmente señalamos que, para ^{Fernandes (2005}), el espacio es esencial para todos los movimientos sociales, pero no todos tienen el territorio como meta. En este sentido sostiene que, todos los movimientos son socioespaciales pero no todos son socioterritoriales. Hay sujetos que luchan y dependen del territorio para su existencia, como los campesinos, estos son ejemplos de movimientos socioterritoriales. En uno de los siguientes apartados, ahondaremos en los procesos sociales y las transformaciones territoriales de la organización socioterritorial UPPSAN.

3. Estrategia metodológica

El argumento de este artículo se desarrolla en base a una parte de los resultados obtenidos del trabajo de campo desplegado en el marco de diversos proyectos de voluntariado, extensión y vinculación universitaria¹en el que participa uno de los autores de este trabajo; como a las relaciones de activismo y colaboración con la organización UPPSAN entablada por ambos autores en distintas instancias y oportunidades. En tal sentido, este tipo de proceso de construcción de conocimientos subyace ante la consolidación del vínculo con los “sujetos de la investigación”, generando un marco de retroalimentación respecto a los objetivos, desarrollo y alcances de los temas a analizar.

Por otro lado, cabe destacar que se adoptó una estrategia de investigación de tipo cualitativa, basada en estudio de caso. La idoneidad de ésta radica en que posibilita un conocimiento holístico y una comprensión profunda de los procesos empíricos para avanzar en la construcción teórica (^{Neiman y Quaranta, 2006}). La integración de técnicas en la construcción de datos fue precisa para el abordaje de la complejidad del caso. Cabe aclarar que, la selección del referente empíricose realizó sobre la base de investigaciones precedentes, en el marco de las cuales advertimos particularidades que lo tornan sugestivo en relación con los procesos de reterritorialización y las estrategias desplegadas a partir de los usos alternativos de las leyes y políticas públicas.

Este trabajo se enfocó en el caso de la organización Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), que forma parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) -a partir de 1989 hasta la actualidad-. La organización está integrada por pobladores de la región centronorte en los departamentos Figueroa, Jiménez y Alberdi de la provincia de Santiago del Estero, Argentina (fig. 1). Principalmente, se consideró los diferentes agentes involucrados y las relaciones entre ellos. En el contexto de situaciones sociales diversas es donde se registró la información para analizar durante y posteriormente a las interacciones con los interlocutores.

Fuente: Mapa construido a partir de la base de datos recolectada por el Proyecto de Extensión y Vinculación Comunitaria “Ashpa sacha, noquishpacaicu” (^{Escalada, 2019})

Figura 1 Ubicación territorial de la UPPSAN, Santiago del Estero (Argentina) 

A lo mencionado precedentemente, hay que añadir que la significatividad de este caso de estudio reside en que dicha organización de base campesina se encuentra involucrada en procesos reivindicativos relacionados a los conflictos de tierra y al reconocimiento de sus principios culturales, haciendo un uso de lo disponible (Fierro, 2019; ^{Santos, 2009}), como una de sus estrategias de lucha y defensa de su territorialidad. Es decir, apelan a las herramientas e instrumentos creados por el sistema e imperantes en él, pero con fines alternativos para sortear lo que consideran como injusto en el presente. Cabe señalar que la iniciativa de este trabajo surge a partir de una serie de demandas² planteadas desde la UPPSAN a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y, por tanto, su finalidad es valorar y visibilizar la capacidad de agencia y articulación intersectorial de esta organización. Partiendo de las consideraciones sobre la complementariedad metodológica en función de los intereses cognoscitivos, se utilizó múltiples fuentes y técnicas de recolección de información.

En primer lugar, se apeló a la observación participante. En particular, se observaron prácticas territoriales y la estructura organizativa, los sistemas de asentamiento comunitario, como así también las estrategias legales y estatales desplegadas por los interlocutores (miembros y dirigentes de la UPPSAN), con la finalidad de identificar las transformaciones sociales y territoriales vinculadas a los procesos de consolidación de la organización.

En segundo lugar, se emplearon entrevistas en profundidad, con los distintos agentes involucrados (dirigentes y campesinos militantes activos de la UPPSAN), respecto a los puntos de vista, autoconcepciones, representaciones y esquemas de percepción, acerca de su territorialización, materializadas en los relatos, de una forma profunda y desestructurada.

Finalmente, el análisis documental e histórico. En este sentido, se analizó documentación legal referidas a los conflictos de tierra y otros informes de organismos gubernamentales con la finalidad de comprender saberes y prácticas en relación a aspectos tales como el ordenamiento y la planificación estatal del territorio, el reconocimiento/desconocimiento de derechos y el proceso de territorialización de la organización.

4. Transformaciones territoriales en la trayectoria de la UPPSAN

En este apartado vamos a profundizar sobre los diferentes sucesos históricos en el marco de la gestación de la UPPSAN y su consolidación a partir de las interacciones sociales de sus integrantes, tanto hacia el interior, como al exterior de la organización.

La UPPSAN inicia su proceso de organización en 1982, durante la última dictadura cívico-militar argentina; período en el cual los movimientos sociales estaban sometidos a diversas instancias de persecución política y represión (De Dios, 2014). Sin embargo, el grupo surge de manera incipiente bajo el amparo de la iglesia católica, con la puesta en marchade un proyecto de promoción social enmarcado en un discurso de asociativismo a implementarse en los departamentos Copo y Alberdi, denominado “Proyecto del Salado”. En el mismo, se plantearon objetivos que consistían en formar organizaciones comunitarias y capacitar a sus dirigentes, como una estrategia integral para el acceso a un asentamiento estable de la población (De Dios, 2014).

El Proyecto del Salado fue impulsado y financiado mediante el obispado de la diócesis de Añatuya. Inicialmente el mismo incluía a los grupos vinculados a cuatro parroquias de la región: Santos Lugares, San José del Boquerón, La Candelaria y Monte Quemado, mediante la conformación de comisiones zonales que articulaban a través de delegados. Cabe destacar, la importancia de la participación de la iglesia católica, que ante la relativa ausencia histórica del estado provincial, fue configurando los espacios donde canalizar problemáticas y demandas de la población rural (^{Jara, 2020}). En efecto, en los ámbitos de las parroquias mencionadas se llevaron a cabo las primeras reuniones y diálogos entre campesinos para debatir sobre problemáticas como el acceso a educación, salud, vivienda, agua, electricidad y producción/comercialización. Aspectos claves para el bienestar de las familias, que sin lugar a dudas constituyen los motivos por la que estás acuden a migrar de sus asentamientos y por tanto, como señala ^{Haesbaert (2012}), desencadenan un proceso de desterritorialización vinculada a la precarización de las condiciones de vida. Sobre la participación de la población en esta oportunidad, en entrevista al actual presidente de la UPPSAN, comenta:

“(…) que las familias que viven ahí hayan tomado su decisión de sumarse a esta organización es por que necesitaban de una organización que trabaje por el bien común, tratando de llevar sus inquietudes y necesidades, a los ámbitos donde pueden ser escuchados” (dirigente de la UPPSAN, junio de 2019).

Lo expresado por el referente, manifiesta la necesidad de un espacio para volcar sus preocupaciones entre ellos y canalizarlas ante organismos estatales. Por otro lado, podemos observar cómo en el proceso de conformación del grupo se inicia un recorrido de participación y ejercicio de ciudadanía, que reorienta su auto-percepción sobre: la condición campesina, interviniendo como portavoces -ya no sin voz- ante el estado; y sobre el territorio, como contenedor de fortalezas - y no sólo de carencias- para la planificación colectiva.

Procedimentalmente, las estrategias implementadas desde el obispado consistían en el uso de metodologías participativas de educación popular, que tuvieron importantes resultados en la región norte del Río Salado y otras regiones de la provincia, en conjunto con la actuación de ONG’s, como el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), entre otras (De Dios, 2014). En este contexto se promovió la conformación de equipos técnicos y promotores sociales que paulatinamente fueron desempeñando diferentes acciones comunitarias y grupos productivos, en tareas como: construcción de viviendas, habilitación de tierras fiscales para la pequeña producción agropecuaria, talleres de costura, entre otras.

En el marco del Proyecto del Salado y con el apoyo de la parroquia de Santos Lugares fue fundado en 1987 el Colegio Agrotécnico San Benito. El funcionamiento de dicha institución vino a responder a una preocupación histórica para las familias campesinas. Este hecho resulta de vital importancia en términos de cumplimiento de los objetivos propuestos en el proceso de organización, en el cual se incorporaron aspectos de los debates grupales, como la relación entre la educación y el desarrollo de tareas agrarias.

Ahora bien, la direccionalidad de la organización no estuvo confinada sólo a las condicionantes y acontecimientos locales, sino que en la misma intervienen algunos sucesos que emergen en poblaciones semejantes de otros territorios de la provincia. Un ejemplo de ello, que adquiere una dimensión importante en términos de procesos organizativos, sucede a principios de los 80 en los Juríes, departamento Taboada, aproximadamente a 300 km de los territorios de la UPPSAN (De Dios, 2010). Las incipientes organizaciones iniciaron un proceso de protestas sociales conocidas como “el grito de los Juríes”. El despliegue de las mismas fue adquiriendo nuevos matices políticos, configurando un marco en el cual comienzan a gestarse las primeras organizaciones con la denominación de Comisión Central de Campesinos (CCC), con el objeto de la defensa de los territorios y el acceso a mejores condiciones de vida. Para ello, las organizaciones impulsaron un proceso de articulación con la Federación Agraria Argentina (FAA), INCUPO y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El establecimiento de una red de articulación interinstitucional, fue unificando el discurso respecto a las prácticas y representaciones sobre el territorio campesino.

La problemática en torno a la propiedad de la tierra en los Juríes suscitó la preocupación del grupo que conformaba el Proyecto del Salado, iniciando un estado de alerta sobre la posibilidad de que estos conflictos ingresen en su territorio. Lo cual develó la necesidad de la formalización del grupo, constituyéndose en 1989, la estructura regional denominada “Unión de Pequeños Productores del Salado Norte” (UPPSAN). Los objetivos planteados por la UPPSAN referían a facilitar las condiciones de trabajo de sus socios, gestionar ante las autoridades formas de mejorar la calidad de vida y apoyar los esfuerzos de otras organizaciones campesinas y urbanas pobres (Cabral, 2008). Luego de su conformación, junto con otras organizaciones zonales de base campesina de la provincia, iniciaron un camino de articulación y puesta en común. La confluencia de estas organizaciones conformó en 1989 la estructura de tercer grado: Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) (De Dios. 2010).

La estructura de la UPPSAN estaba compuesta hacia el 1991 por la representación de 500 familias asociadas en 50 grupos, dispersos entre los departamentos Alberdi y Copo, pertenecientes a las siguientes parroquias de la zona: San José del Boquerón (13 grupos), Santos Lugares (15 grupos), La Candelaria (17 grupos) y Nueva Esperanza (5 grupos) (De Dios, 2014). Es decir, en la medida que fue creciendo el número de integrantes dentro de la organización, su ámbito de acción fue extendiéndose territorialmente, sumando nuevos desafíos y complejidades respecto a las formas de articulación y gestión.

En función de dar una respuesta a los nuevos desafíos afrontados, desde la UPPSAN se impulsa un proyecto de radio FM comunitaria, materializada en 1992 y ubicada en Santos Lugares (Cabral, 2008). Esta estrategia de comunicación resultó en un mecanismo eficiente de divulgación de las diferentes realidades, acontecimientos, problemáticas y situaciones de las familias, y su desarrollo en extensión territorial continua hasta la actualidad.

En 1994, bajo el tutelaje de la parroquia de San José del Boquerón, surgieron una serie de eventualidades que conllevaron a cuestionar el rol y función de la institución eclesiástica como nexo entre los pobladores y el estado. Dichas eventualidades constataban la cooperación entre la iglesia y el estado en la negociación de tierras con una empresa privada para el asentamiento de un emprendimiento forestal (De Dios, 2014). Las irregularidades en el accionar del poder eclesial provocaron una ruptura con la UPPSAN, la cual inició un cambio de dirección en su funcionamiento, resignificando aquellos conceptos de asociación y autogestión predicados por el Proyecto del Salado.

En 2001 el MOCASE, se dividió en dos: el MOCASE Vía Campesina y el MOCASE a secas, conocido como histórico o institucional. La UPPSAN forma parte de este último hasta la actualidad, en el cual se cree conveniente la articulación con agentes y técnicos del estado y mantuvo sus vinculaciones con organismos como el Programa Social Agropecuario (PSA) y organismos civiles como la Mesa de Tierras Provincial (^{Bonetti, Ramos, Maldonado y Suárez, 2019}). El marco de articulación con el cual se vio reflejada la UPPSAN, da cuenta de que la forma de comprender el territorio por la misma, está ligada a la disputa por la participación en los diferentes espacios de poder. En tal sentido, la construcción de redes y alianzas comienza a conformarse en un recurso significativo para la promoción social, pero también para re-valorizar y proteger la construcción de las territorialidades locales.

Más adelante en el 2005, en San Bernardo, departamento Pellegrini, en las cercanías de la UPPSAN, se desató un conflicto que afectó a las familias de esta comunidad, repercutiendo en el funcionamiento de la organización. Ello se debió a una serie de sucesos como: la presencia de un grupo de seguridad fuertemente armado y comandado por empresarios que dispararon contra los pobladores que defendían sus posesiones; la orden judicial de detención y captura de un gran número de campesinos y técnicos de INCUPO; el desplazamiento de una comitiva de fuerzas especiales con la orden de allanar la vivienda de un técnico de INCUPO (Domínguez, 2019). Respecto a este conflicto, el actual presidente de la UPPSAN, nos comenta:

“Es uno de los conflictos que ha quedado muy marcado en la historia de este territorio, sobre todo en las familias de los parajes San Bernardo, Las Botijas, San Luis, entre otras; que al ver de cerca que eran conflictos muy difíciles y con gente que venían no solamente con pretensiones de alambrar sus campos, sino también amenazando de muerte a las familias con gente armada. Entonces la UPPSAN tenía que prepararse para poder llevar esas gestiones y sacar alguna respuesta. Lo primero ha sido crear un espacio de discusión y debate lo más democrático, pura y exclusivamente para las familias, así sientan que era su casa y poder fortalecer, tanto lo institucional como lo comunitario” (dirigente de la UPPSAN,junio de 2019).

Según sus palabras, en simultáneo al uso de la violencia para el control del territorio, operaba también la delimitación del mismo mediante la construcción de alambrados como un mecanismo sigiloso de implantación de las empresas en territorios ocupados por poblaciones campesinas. Por otro lado, la percepción de este conflicto provocó que muchas comunidades aledañas comenzaran a asociarse en la UPPSAN, como una forma de contención ante este tipo de enfrentamientos. Debido a que las amenazas de desalojos representaban un tema nuevo en el funcionamiento de la organización, fueron gestándose nuevas estrategias e instancias de formación de sus dirigentes, en articulación con organismos vinculados a la defensa de los territorios rurales. En tal sentido, la UPPSAN en el marco de su participación en el MOCASE, comienza en el 2006, una articulación con el Gobierno Provincial para la gestión de un repertorio de políticas nuevas (De Dios, 2014). Dicha articulación tiene como resultado, en 2007, la constitución de una Mesa de Tierras Provincial en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. De este espacio interinstitucional surgió la Mesa Tripartita conformada por representantes del estado nacional, provincial y de organizaciones sociales, desde donde se impulsaron diversas iniciativas para el sector. Entre ellas, el Comité de Emergencia (que atiende ante las situaciones de despojos inminentes y de urgencia) y el Registro de Poseedores (que posibilita registrar y otorgar ayuda -económica y técnica- para que aquellos campesinos con ánimo de dueño puedan acceder a un juicio de prescripción adquisitiva que les otorgue la titularidad dominial).

Si bien, en la provincia se estaban gestando nuevos organismos estatales para resolver los problemas de tierras, ello no implicó el cese de los mismos, irrumpiendo uno de estos conflictos en 2007 en las comunidades de Pozo del Castaño, departamento Figueroa, territorio de la UPPSAN. Dicho conflicto estaba vinculado a denuncias por el avance de desmontes para la implantación de emprendimientos productivos y la presencia de grupos paramilitares, quienes impartían amenazas sobre las familias (^{Domínguez, 2009}). Hacia el 2008 este conflicto fue agravándose, a raíz de la comercialización de un predio de 11163 has., con el propósito de llevar a cabo un proyecto ganadero privado que involucró 5500 has. de territorio campesino (^{Bonetti, et al, 2019}). Debido a que tal situación no tuvo una respuesta favorable para las familias, se puso en marcha el proyecto productivo de la empresa que acreditaba la titularidad de la tierra. Ello implicó, por un lado, la colaboración de jueces y fuerzas policiales en múltiples intentos de desalojo, pero también diversas formas de amedrentamiento sobre la población campesina. En tal sentido, la implementación del emprendimiento productivo, basado en el cerramiento y desmonte de los predios, más la presencia de acontecimientos violentos, en términos de ^{Haesbaert (2012}), implican una dinámica de territorialización de la empresa que desterritorializa a las familias, en la medida que a estas últimas les son impuestas restricciones sobre el uso y control del territorio. Lo cual impide el desarrollo de sus prácticas productivas y reproductivas, deteriorando sus condiciones materiales e inmateriales.

Las condicionantes desencadenadas en Pozo del Castaño impulsaron en el 2010 un pedido de justicia social, materializado en un interdicto aprobado por un juez y presentado en el marco de una protesta social, como el corte de la ruta nacional 34 (^{Bonetti, et al, 2019}). Cabe resaltar la importancia que tiene esta protesta, porque el conflicto adquiere un carácter público y su alcance dio lugar a la participación de numerosos actores, entre ellos, la Dirección de Bosques, que con el apoyo de otros organismos del estado suspendió provisoriamente el plan productivo para preservar la fauna y la vegetación del área de uso comunitario. Pese a que el problema de tierras continúa hasta la actualidad, más allá de todos los esfuerzos de gestión y organización, el actual presidente de la UPPSAN, nos expone con sus palabras sobre cómo este conflicto ha marcado un hito en el proceso organizativo:

“Creo que ésta ha sido una de las experiencias más importantes y que ha marcado el rumbo de la UPPSAN y de muchas familias campesinas de Santiago. Ha sido tan trascendental que hoy se sigue hablando de Pozo del Castaño como un problema que ha llevado a diferentes actores a participar y también a instituciones como la universidad, la Dirección de Bosques y otras. Éstas, con el objetivo de sumar su granito de arena y hacer que esos derechos que estaban siendo violados por esta empresa, las familias los puedan contener y recuperar. Asimismo, las familias han resistido y van a seguir resistiendo acompañadas por la organización” (dirigente de la UPPSAN, junio de 2019).

De acuerdo con las opiniones del referente, no caben dudas de la importancia que tiene la protesta social y la exposición pública respecto a la gravedad de las problemáticas de los campesinos en sus territorios. En tanto las mismas, resulten en facilitar el involucramiento y participación de diferentes organismos públicos, iniciándose nuevos ámbitos de diálogos y espacios de disputa para sus reivindicaciones históricas.

Las articulaciones en el ámbito de las gestiones de la UPPSAN frente a los conflictos de tierra, incidieron de manera decisiva en sus formas organizativas. Respecto a ello, el actual presidente de la UPPSAN expone lo siguiente:

“El desconocimiento de los derechos hacía que muchas veces se firmaban papeles sin saber lo que se estaban firmando y después venían una serie de problemas que había que salir a través de un abogado para regularizar esa situación. Entonces, se han ido dando todas estas cuestiones, hasta que como organización hemos ido madurando, logrando tener nuestros propios abogados. Entonces, tuvimos que prepararnos de esa forma y tomar como eje principal el tema de la tierra, pero el agua y lo social no está descartado, y siempre trabajamos en lo productivo” (dirigente/miembro de la UPPSAN, junio de 2019).

El relato del referente, nos expone el punto de partida desde donde se tornó como un eje principal la capacitación sobre las herramientas legales y los procedimientos necesarios para regularizar su situación de la propiedad de la tierra. Manifiesta, al mismo tiempo, cómo continúan vigentes aquellos “viejos” estándares de lucha; y su estrategia económica-productiva y los modos de apropiarse del medio natural, como elemento clave en la defensa de los territorios, de la consolidación y legitimación de los llamados actos posesorios (^{Fonzo Bolañez, 2020}). En efecto, hubo un crecimiento de la participación de la población en estos espacios de articulación y gestión de políticas concretas y con ello, un cambio sobre el concepto de la figura percibida del estado. Tal es así, que algunos miembros de la organización a lo largo del tiempo, han comenzado a trabajar en organismos del estado, como el Registro de Poseedores o Comité de Emergencia, operando desde otras arenas de poder.

Lo anteriormente expresado, nos posibilita traer a la reflexión, la compleja configuración interdependiente entre movimientos sociales, estado y políticas públicas; procurando al mismo tiempo, evitar caer en su reificación. En este sentido, las estatalidades y los movimientos, dejan de ser considerados como entidades estáticas, coherentes, homogéneas, con límites socioespaciales fijos, y que funcionan de modo independiente del contexto en el que están insertos; sino más bien se encuentran interrelacionados, son heterogéneos, dinámicos y contradictorios (^{Cowan Ros, 2016}). En particular, la noción de margen del estado (^{Das y Poole, 2008}), nos ayuda a pensar estos espacios como ámbitos en los que las lógicas no estatales, en este caso de la UPPSAN, permea en las prácticas estatales y viceversa, es decir, pensar lo estatal como producto de un rehacer cotidiano que surge del encuentro de ambos.

La conquista de nuevos espacios de diálogo y disputa de la UPPSAN, junto con la Dirección de Bosques y la UNSE, a raíz del conflicto de Pozo del Castaño, fueron conformando nuevas líneas trabajo intersectorial. En este sentido, ante la necesidad de contar con documentación e información sobre el uso y ocupación de sus territorios para la regularización de la propiedad de la tierra, solicitaron la intervención de tales instituciones. Ello dio lugar a la conformación en el 2013 de un equipo de extensión y vinculación comunitaria en los ámbitos de la Facultad de Ciencias Forestales, con la participación del Registro de Poseedores, a partir de los cuales surgieron los proyectosde Voluntariado Universitario “Ordenamiento Territorial Campesino”, “Monitoreo Participativo de Biodiversidad con Comunidades Campesinas del Salado Norte” y el Proyecto De Extensión y Vinculación Comunitaria “Ashpa sacha, noquishpacaicu”. En el marco de los proyectos mencionados fueron gestándose instancias de debate y reflexión en torno a la provisión de bienes y servicios ecosistémicos inherentes a las prácticas campesinas en el territorio, incorporando nuevas elementos e inquietudes referidos a la conservación de la biodiversidad local. Lo cual impulsó una serie de acciones como la elaboración de un informe socio-productivo y la geo referenciación del territorio mediante un mapeo participativo en los cuales se registraron múltiples variables sociales (tipo de vivienda, población, edades), productivas (producción forestal, ganadería vacuna y caprina, apicultura, agricultura) y ecológicas (flora y fauna). Tales acciones, destinadas a colaborar en la disputa por la tierra, fueron incorporando nuevos elementos al proceso organizativo, como la preservación de los modos de subsistencia, de las principales actividades y de los elementos de la naturaleza del entorno.

En línea con lo planteado por ^{Giménez (1999}), la territorialidad comprende a la relación territoriocultura y a partir de la misma los actores sociales construyen su identidad colectiva y un sentido sobre su entorno. Por lo tanto, la incorporación del componente ecológico en esta última instancia, reafirma no solo el conjunto de representaciones materiales e inmateriales ligadas a las prácticas que forman parte del habitar el territorio, sino también elementos importantes de la identidad campesina. En efecto, la comprensión de la importancia de la biodiversidad para los integrantes de la UPPSAN, fue reconfigurando el contenido de los discursos respecto a la re-valorización de una identidad vinculada estrechamente a las características y condicionantes del ambiente, proporcionando herramientas y gestando nuevas agendas para la defensa del territorio en clave ecológica.

La articulación con la UNSE de manera instrumental respecto a la construcción de argumentos en torno a la defensa de la tierra, fue desplegándose en los ámbitos de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud, particularmente en el Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología. De esta manera, la contribución en la construcción de herramientas que respalden las acciones judiciales en los conflictos de tierra fue orientándose paulatinamente en profundizar sobre la identidad, la memoria y el territorio. En tal sentido, a partir del proyecto de investigación gestado en dicho instituto: “Territorios y territorialidad en el chaco santiagueño: conflictos, resistencias e identidades en comunidades campesinas e indígenas. Una perspectiva histórica y antropológica”, el objetivo fue recabar sobre la evidencia de la presencia histórica de las familias de Pozo del Castaño, para el reconocimiento de la diversidad ancestral del campesinado. En esta misma línea, la UPPSAN estableció vinculación con el área de antropología del Centro de Interpretación y Conservación del Patrimonio de Santiago del Estero (CICPSE), a la cual se planteó la necesidad de contar con un relevamiento de sitios históricos y arqueológicos. Todas estas nuevas perspectivas en torno al fortalecimiento de la identidad campesina, aportan nuevos argumentos que ponen en cuestionamiento los mecanismos hegemónicos de los procedimientos judiciales en los conflictos de tierras. Asimismo, el reconocimiento de los procesos históricos locales revela la persistencia y actualidad en las formas de asentamientos campesinos, donde espacio y sociedad se encuentran relacionados entre sí. Como señala ^{Sack (1986}), la territorialidad implica conductas y comportamientos humanos en el territorio, por lo cual, la compresión de la misma desde una perspectiva histórica, da lugar a la construcción de argumentos válidos para la defensa de la tierra. Asimismo, arroja nuevas reflexiones que posibilitan reivindicar pautas culturales e identitarias.

En la actualidad la UPPSAN está conformada por un grupo heterogéneo de varones y mujeres, jóvenes y adultos. La organización funciona mediante figuras electas de delegados representantes de las diferentes zonas. Cada uno de estos delegados tiene la responsabilidad sobre las comunidades a las que representa y atraviesan diferentes instancias de capacitaciones en los temas de la organización, para transmitirlas en el interior de su comunidad. A su vez, la UPPSAN, en general, tiene un representante, con la figura de presidente, quien asume la responsabilidad en torno a una serie de gestiones y trámites ante otras instituciones y organizaciones. Está conformada por 60 comunidades con una población aproximada de 300 familias, en un área aproximada de 300.000 has, en los departamentos Figueroa, Pellegrini, Alberdi y Moreno.

En el apartado siguiente, trabajaremos cómo en otros espacios de poder, la UPPSAN hace uso específico de las leyes y programas estatales, para luchar por el reconocimiento de sus derechos, en este proceso inacabado de territorialización.

5. La UPPSAN y los usos alternativos de lo disponible

Antes de comenzar este apartado, nos gustaría aclarar lo siguiente, comprendemos que los instrumentos y figuras legales, como así también las políticas públicas, funcionan de diversas maneras, conforme a los usos que de ellos se hagan. En otros términos, el derecho y las políticas estatales son entendidas como dispositivos o mecanismos de gobierno, de las relaciones sociales, que posibilitan jerarquizar, categorizar, clasificar, y ordenar; pero también permiten resistir, resignificar, transformar. Los derechos son polivalentes (Fierro, 2019).

En este sentido, aludimos a los usos alternativos de los disponible que realiza la UPPSAN a los fines de reconstruir su territorialidad, en tanto recursos políticos empleados para rebelarse contra lo que consideran como injusticias actuales. Los derechos pueden ser empleados como un elemento táctico, instrumental, para remodelar las relaciones de poder contingentes. Las normas no empoderan directamente, sino que su efectividad depende de condiciones sociopolíticas externas y de los usos que de ellas hagan los diferentes sujetos sociales. Entonces, el derecho y las políticas estatales, concebidos como instrumentos del que pueden servirse los actores sociales, son un objeto de deseo y de conflictos, porque a través de éstos se logran objetivos de carácter material y simbólico (^{Santos, 2009}; Fierro, 2019; ^{FonzoBolañez, 2020}).

En el caso puntual de los campesinos nucleados bajo la UPPSAN, en defensa de su derecho de acceso a las tierras que ocupan y trabajan hace décadas, apelan por lo general, a la figura legal de la prescripción adquisitiva³, y en ocasiones de forma previa a la instancia judicial, a diligencias preliminares (recurso procesal que les permite resguardar los actos posesorios). Esta estrategia legal se construye debido a que en el ordenamiento jurídico argentino no existe una figura legal que reconozca la propiedad individual y/o comunitaria campesina (^{FonzoBolañez, 2020}).

Cabe destacar que la prescripción adquisitiva es un mecanismo legal que nació con la finalidad de proteger los intereses de los grandes terratenientes de la Pampa Húmeda argentina, es decir, de legitimar y/o consolidar su derecho de propiedad de tierras que fueron “ganadas” (mediante la violencia) a las poblaciones originarias (^{Caballero de Aguiar y Ghersi, 2006}).

La diversidad de formas de producir y habitar en el ámbito rural no es tenida en cuenta en el marco del derecho y de las políticas públicas. Por el contrario, su desplazamiento y/o omisión en las prácticas estatales permite legitimar una cultura política unificada y dominante en términos de territorio (acotado en su multidimensionalidad y multiescalaridad), vivienda, modos de producir, modelos de desarrollo, reflejada en la universalización de ciertos parámetros sociales.

En esta dirección, un campesino, dirigente de la UPPSAN-MOCASE y miembro del Comité de Emergencia, al preguntarle, sobre las diferentes estrategias de lucha que han desplegado las distintas familias que conforman la organización y este sector del movimiento campesino, nos expresó:

“Estamos en esa discusión ahora nosotros (la de apelar a las normas que contemplan la propiedad comunitaria indígena)⁴. Esa es también una herramienta fundamental, no es que lo desconozcamos, pero somos conscientes que para lograr eso debemos bajar la información en las comunidades, consensuarlo; no lo vemos como descartado. Incluso en nuestra organización (UPPSAN) hay una comunidad autoreconocida, San Felipe, en Figueroa, que son pueblo Tonocotés. Capaz que nuestro sector, no ha tenido acceso a esa información, que quizás han tenido otros dirigentes del MOCASE (Vía) nos ha ganado la conflictividad misma y en ese momento se eligió otra vía de lucha (refiriéndose a la prescripción adquisitiva), que también es válida. No se ha dado un debate profundo hacia dentro de nuestra organización para encaminarnos hacia otra estrategia” (dirigente de la UPPSAN, septiembre de 2018).

A través de sus palabras, este campesino avizora cómo una oportunidad más, la estrategia de apelar a normas que protegen la propiedad comunitaria indígena para garantizar su acceso a la tierra. Inclusovislumbra que las elecciones anteriores de la organización (juicios de prescripción adquisitiva, interdictos de recobrar o retener la posesión) se realizaron en base a condiciones -exógenas y endógenas- que las posibilitaron. Asimismo, devela la heterogeneidad al interior de la organización, es decir, las particularidades de cada comunidad que la conforman y en relación a ello, las diversas estrategias desplegadas.

Su testimonio torna inteligible cómo en estos procesos se juegan constantemente dinámicas de imposición y resistencia. Es decir, el rol de estos grupos en la creación de imágenes y disputa de sentidos del derecho a la tierra y la conservación del hábitat, forma parte activa de procesos de emergencia. De este modo, la prescripción adquisitiva, que surgió con otra teleología, es empleada como instrumento político para disputar ciertos espacios y a la vez hacer ciertos reclamos de justicia. Su utilización implica un proceso complejo, ambiguo, dinámico e inacabado (^{Edelman, 2016}; ^{FonzoBolañez 2020}). En esta misma dirección, en otro momento de la entrevista menciona:

“A lo largo del proceso de lucha, uno se da cuenta que un juicio de prescripción es un camino, pero no el único por el hecho de que para iniciarlo y tener ciertas garantías que vas a lograr con éxito el título (de dominio). Tienes que tener actos posesorios fuertes y antiguos para que la justicia te reconozca. Si vamos a un juicio de prescripción por empezar hay que pagar abogado, agrimensor, plano, rentas conforme a la superficie, sin tener la garantía que vas a ganar” (dirigente/miembro de la UPPSAN, septiembre de 2018).

A lo largo de su respuesta este dirigente revela un conocimiento y apropiación de las normas estatales hegemónicas, de los requisitos legales que implica iniciar un juicio de prescripción. Además de todos los costos que estos procesos judiciales conllevan: pago de honorarios profesionales, confección del plano de levantamiento territorial, pago de impuestos, etc. Asimismo, denota un entendimiento y cuestionamiento del raciocinio de los jueces predominante, de los obstáculos y desventajas que tiene un campesino al momento de optar por esta vía legal, tal como se observa en el siguiente relato:

“la visión de los jueces del campesinado es negativa en varios aspectos: productivo, cultural, económico. No tiene en cuenta otros valores, por ejemplo: hay un desconocimiento total de la historia del sector, la forma de producir, no entienden la cría y el campo comunitario, la zona de pastoreo, no entienden por qué́ tiene que ser tan amplia, que dentro de esa zona se incluye el cuidado de la biodiversidad, del monte, del uso de los recursos madereros de los que tradicionalmente vive el campesinado, recolectando frutos para el forraje, para hacer miel, la caza para autoconsumo. De repente hay sitios arqueológicos con huellas del pasado, tampoco entienden. Todo eso en el transcurso fuimos aprendiendo e incorporando a la lucha” (dirigente/miembro de la UPPSAN, septiembre de 2018).

En base a estas consideraciones sobre sus posibilidades de éxito en este tipo de procesos, apela que no es la única estrategia posible ante un conflicto de tierras, exponiendo todas las dificultades que el campesinado debe enfrentarse ante el discurso, prácticas e instituciones del estado, ante el Poder Judicial: “teniendo en cuenta la visión de los jueces del campesinado, que es negativa en todo aspecto”, al alegar que la justicia “no tiene en cuenta otros valores”. En otra parte de la entrevista menciona en igual sentido:

“y en vez de gastar en eso (refiriéndose al juicio de prescripción), porque no fortalecemos los actos posesorios, mejoramos el sistema productivo, potenciamos lo que tenemos, sin por ello salirse de lo que es la economía campesina, sino vivir en el territorio, de lo que se viene haciendo. Si tienes un cerco de ramas que es muy costoso, porque todos los meses hay que renovar, tienes la posibilidad de hacerlo de alambre, lo haces, de hacer bebederos mediante un proyecto, no por ello pierdes la esencia campesina, sino simplemente una mejora estructural” (dirigente de la UPPSAN, septiembre de 2018).

Su discurso también permite entrever ciertas ambigüedades, al manifestar “en vez de gastar en eso, porque no fortalecemos los actos posesorios, mejoramos el sistema productivo que tenemos”. Es decir, no descarta hacer un uso de lo disponible, de ese mismo derecho estatal y de ciertas políticas públicas, a pesar de que esas instituciones formales del derecho y el estado no los contemplan en cuanto lo productivo, lo cultural, lo económico, lo histórico.

En esta dirección, resaltamos la idea de plasticidad limitada en los usos de los derechos (^{Fonzo Bolañez, 2020}), ya que no todas las personas y grupos tienen la misma posición relativa para definir los sentidos del derecho y encauzarlos a los fines deseados; como así también a la internalización de las formas o discursos de derechos dominantes en la conformación de su propia subjetividad. Aparece el derecho en su doble cara, como constructor de personas y como construido por éstas (^{Nader, 1998}).

Desde esta perspectiva, a partir del repertorio de reivindicaciones que fueron anexándose en el desarrollo de la organización en torno al derecho, la cultura y la ecología, fueron gestándose nuevos objetivos en el marco de la búsqueda de alternativas para la formulación de propuestas de políticas públicas de tierra. En tal sentido, uno de los objetivos de la UPPSAN en este último tiempo, ha sido conformarse territorialmente como una reserva campesina. Sobre ello, el actual presidente de la UPPSAN, nos plantea:

“Uno de los argumentos que la UPPSAN tiene como meta es defender los bosques nativos, que son fundamentales para el desarrollo y el sostén del medio ambiente (…) Los que vivimos en este tipo de lugares sabemos que hay diferentes formas de vida que nos permiten vivir y sustentarnos (…). Casualmente en el territorio de la UPPSAN existen grandes especies, que muchas veces no la conocen y que conviven con nosotros. Pero el objetivo es que podamos plasmar la reserva en hechos, para que a estas diferentes especies se las cuide y se garantice puedan seguir habitando estos montes. La biodiversidad es parte de nuestra vida, cultura, no la tenemos que perder (…). La idea es poder sumar instituciones y familias; hacer que el gobierno de la provincia pueda conocer este proyecto y poder llevar a que nuestro sueño se cumpla. No sería solamente de utilidad para lo que vivimos aquí, sino para muchos santiagueños y para todos aquellos que existimos en el planeta. Entonces vamos a hacer mucho hincapié en lo que viene, para lograr que la reserva campesina en estos territorios sea posible”. (dirigente de la UPPSAN, junio de 2019).

Lo mencionado por este dirigente manifiesta que la defensa de los bosques nativos está vinculada a que de ellos depende fundamentalmente el desarrollo y sostén productivo y reproductivo de las familias, como de la sociedad y el ambiente en su conjunto. Asimismo, da cuenta de otra estrategia en torno al derecho a la tierra, en diálogo con diversos agentes estatales. La reserva campesina constituye una experiencia encaminada a la construcción de un espacio protegido para los recursos naturales y los derechos a la tierra de las familias rurales poseedoras con ánimo de dueño; prevé actividades productivas de bajo impacto y la valorización de la riqueza del territorio. Este diseño surge de un acuerdo entre diferentes instituciones (como el Registro de Poseedores, la Secretaría de Derechos Humanos, la Mesa de Tierra y la Dirección de Bosques de la provincia). Si bien esta figura, no existe en el ordenamiento jurídico argentino, en base a un artilugio legal se apela al marco normativo de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos N° 26.331, paralelamente a las disposiciones legales de la prescripción adquisitiva. Tomando como experiencia ejemplo, la reserva campesina de Ojo de Agua (Gómez Herrera, Jara, Díaz Habra y Villalba, 2018).

Es posible observar, como lo señala Nader (¹⁹⁹⁸), cómo los conflictos y las disputas en torno a las legalidades son constitutivos de procesos sociales más extensos; pero al mismo tiempo, cómo en ellos se cristalizan valores y actitudes de los actores involucrados, sus propias maneras de constituir su territorialidad. Esas disputas también visibilizan las relaciones de poder y su implicancia en los procesos de producción de legalidades en torno al derecho de acceso a la tierra y el hábitat, cómo sus modos de agenciarlas. Al mismo tiempo, torna inteligible, cómo usando herramientas legales y lenguajes de derechos, la UPPSAN está posiblemente desplegando estrategias para redirigir y subvertir las relaciones de poder establecidas (Fierro, 2019).

Por otro lado, quisiéramos traer a colación algunos ejemplos de acuerdos de la UPPSAN con ciertos organismos del estado. Para el 2020 la organización a través de sus redes sociales visibilizaba la terminación de módulos de agua, en el margen izquierdo del Río Salado en comunidades del departamento Jiménez, en el marco de un convenio de trabajo en conjunto con el INTA. Este proyecto les posibilita acceder a su derecho al agua. En una de las redes perteneciente a la organización mencionaron:

“Un proyecto, que será parte de la solución del problema del agua en este amplio desafío, que se hace realidad con el trabajo y la esperanza, de seguir abatiendo este grave problema que tantas dificultades acarrea a las familias campesinas en Santiago del Estero (…)”. (Facebook: Mocase Santiago del Estero, 20 de octubre de 2020).

En igual línea, cabe destacar un acuerdo gestado en 2013 con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del cual se promovió la perforación de los pozos surgentes, para cuatro comunidades pertenecientes a la organización: La Overa, El Simbolar, San Miguel y Vinal Viejo. Estos fueron financiados a través del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (ProDeAR). En sí este proyecto federal cogestado les posibilitó solucionar en parte su acuciante problema de falta de acceso al agua.

La acción política de la UPPSAN se despliega en un contexto donde priman las lógicas de apropiación y de violencia en la regulación estatal. Sin embargo, en el caso de las políticas de agua comentadas, nos llevan a reflexionar que el estado no siempre regula bajo su propia lógica, sino que en ciertas ocasiones como éstas, la presencia del estado garantiza derechos. Estos “grises” de la lógica estatal, deben ser tenidos en cuenta para marcar las contradicciones y ambigüedades en el seno del mismo estado. Evita cosificar el poder en las estructuras estatales, para pasar a analizarlo como flujo dinámico que opera en las interacciones sociales (^{Cowan Ros, 2016}).

Otra entidad con la que la UPPSAN ha venido trabajando en estos años es la UNSE, tal como lo mencionamos en el apartado precedente. Un ejemplo de diversos convenios construidos con esta y otros organismos de forma articulada, son las distintas reuniones en las que viene participando la organización desde fines del año 2020, convocadas desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, para tratar modificaciones a la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, como las reformas a implantar en la ley 26815 de Manejo del Fuego. En estas instancias, la organización continúa estableciendo sus posicionamientos y visiones acerca del monte, el agua, la importancia de éstos para sus vidas, producción de artesanías, como para la organización misma; como así también las afecciones que sufre el campesinado ante los cambios climáticos y degradación del medio ambiente.

En igual dirección, destacamos otro acuerdo de participación y trabajo conjunto, gestado recientemente (14/03/2021), entre la organización campesina UPPSAN, con la UNSE y el Equipo del Parque Chaqueño Sur del Ministerio de Ambiente de la Nación. El cual prevé trabajar con la región denominada "Cuenca Forestal del Salado Norte" desde un enfoque de integralidad y de género, con el fin de reforzar las acciones de desarrollo local, protección de bosques nativos y utilización sostenible de los recursos naturales para la conservación de la biodiversidad, promoviendo al mismo tiempo, la revalorización del rol que las mujeres campesinas tienen para el sostenimiento de estos espacios, saberes y acciones. En este sentido, desde la UPPSAN-MOCASE, manifiestan:

“continuamos articulando con distintos organismos del estado para el desarrollo integral de las comunidades campesinas e indígenas a las cuales representamos. Apostamos por un modelo de país presente en los territorios, trabajamos para la construcción de un país inclusivo y federal. Apoyamos las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional y provincial”. (Facebook: Mocase Santiago del Estero).

Es decir, los campesinos nucleados bajo la UPPSAN, no dudan de operar en los intersticios de lo instituido. De gestar y participar en numerosos proyectos, de promover distintas instancias de diálogo y negociación, como programas y convenios con diversos organismos del estado (en sus distintas escalas), con ONGs y otros organismos de carácter internacional, o con entidades educativas, en pos de bregar por el reconocimiento y protección de sus derechos.

En el marco del proceso organizativo de la UPPSAN, tienen lugar múltiples e imbricadas relaciones de poder sustentadas en la posesión de distintos capitales por parte de los diferentes actores intervinientes, pero también por el despliegue de diversas estrategias basadas en racionalidades, trayectorias biográficas y fundamentos disimiles. Es decir, surgen una serie de diálogos y tensiones como resultado de la puesta en acción de diversas intencionalidades de los actores implicados que subyacen en el mismo territorio y que también se encuentran interpeladas por aquellas provenientes de otros actores sociales.

En el caso trabajado, los diferentes agentes involucrados, apelan a diversos instrumentos del estado. Las/los campesinas/os, hacen uso del discurso, normas y políticas estatales, articulan convenios, adquieren personería jurídica y gestan vínculos interinstitucionales, para posicionarse como sujetos políticos en la agenda pública y reclamar en iguales términos a los empleados por el estado. En otros términos, emplean los instrumentos institucionales a los fines de tener asidero en su lenguaje, y poder así lograr el reconocimiento de sus derechos. El uso de la ley y de políticas públicas por parte de la organización social, podría incluso modificar los discursos y prácticas legales y estatales de manera progresista. En otras palabras, esta organización busca recrear y resignificar sus estrategias de resistencia y re-existencia en esa compleja lucha contra y en el estado, en su proceso de desterritorialización.

6. Conclusiones

La UPPSAN va gestando procesosde reterritorialización ante los embates o embestida de desterritorialización del capital y en este proceso, proponiendo modelos organizativos y de desarrollo alternativos emergentes. A partir de su trayectoria organizativa pudimos observar cómo fueron configurándose un repertorio de intencionalidades de una diversidad de actores sobre los territorios rurales. En un principio, la necesidad de intervención de la iglesia católica como ente mediador entre el campesinado y el estado y su posterior ruptura, evidencia un ejercicio de la organización en el que fue conquistando espacios en el marco de las relaciones de poder, extendiendo sus canales de participación y articulación. La puesta en marcha de la articulación con otros actores sociales fue generando redes interinstitucionales e intersectoriales e implicó un proceso de maduración en términos de gestión, pero también en cuanto a la direccionalidad de las estrategias organizativas y del contenido de sus reivindicaciones. En tal sentido, en la medida que la UPPSAN extendía su participación por fuera de su territorio, fue adquiriendo nuevas herramientas y nuevas alianzas que le permitieron, no solo defender sus tierras, sino también configurarse como un sujeto social activo en términos políticos, económicos, culturales y ecológicos.

La estrategia política de la organización social de hacer un uso alternativo de lo disponible en la búsqueda del reconocimiento de derechos de acceso a la tierra y conservación del hábitat, nos permiten vislumbrar cambios en el sistema, en el estado, y despojarnos de la dicotomía cooptación o resistencia. Problematizando las estrategias legales y discursos de derechos de esta organización, pudimos centrar la discusión en la capacidad de éstas, para redirigir, subvertir y desestabilizar las relaciones de dominación imperantes desde el interior del sistema, a través de sus propios medios. La tierra, la vivienda, el agua, el hábitat, considerados como derechos, en lugar de mercancías, instalan una contradicción en el funcionamiento de la sociedad capitalista.

En otros términos, algunas organizaciones campesinas santiagueñas, como es el caso de la UPPSAN, prefieren territorializarse en los márgenes del estado, haciendo un uso alternativo de lo disponible, de leyes, programas y políticas públicas; gestando acuerdos y convenios. Incluso articulando redes con organismos públicos, instituciones académicas y en algunas ocasiones formando parte de éstos y por ende, de otras instancias de construcción de las políticas destinadas al sector. Esto nos permite abrir un nuevo interrogante acerca de la circularidad en el proceso de co-construcción estado -organizaciones sociales- políticas públicas.

Restaría preguntarnos si los campesinos santiagueños que deciden hacer uso de lo disponible expresan o no demandas políticas limitadas. Es decir, cómo el marco legal de derechos dirige a los activistas hacia ciertas instituciones, cómo les invita a solicitar procedimientos legales específicos destinando eventualmente sus demandas a ciertos canales. Indagar hasta qué punto el uso del lenguaje de los derechos hace que la lucha por el reconocimiento al acceso a la tierra y conservación del hábitat de estas comunidades sea más técnica, dificulta la política radical de transformación social y por ello, terminan actuando como estabilizadores del sistema.