Introducción

Los materiales arqueológicos forman parte de un complejo entramado de intereses sociales, históricos, económicos y científicos que interpelan su definición como bienes patrimoniales públicos (^{Hodder, 2010}; ^{Harris, 2014}). Dicha noción representa un ideal universalista edificado en el marco de los procesos de formación de los Estados nacionales. Mediante normativas específicas, los sentidos y valores legitimados dentro de lo que se entiende como “patrimonio arqueológico” invisibilizaron su carácter construido, su dimensión política y los procesos desiguales involucrados en su formación (^{Díaz Andreu, 1999}; ^{Benedetti, 2004}). Desde fines del siglo XX, los conflictos y las demandas de mayor participación movilizadas por diferentes colectivos sociales contribuyeron a dar centralidad a la noción de patrimonio dentro de las políticas culturales y de gestión de la diversidad (^{Gnecco y Ayala, 2010}; ^{Sánchez Carretero, 2012}). No obstante, la autoridad del discurso patrimonial continúa sosteniéndose en una concepción reificada de lo material, que define el valor de los objetos como características intrínsecas más allá de las relaciones sociales de las que participa (^{Cancino Salas, 1999}). En el caso de los materiales arqueológicos, su concepción como bienes públicos otorga primacía a la perspectiva científica y reduce el amplio espectro de saberes y lógicas en que las personas experimentan las relaciones pasado-presente a través de lo material (^{Ballart, 2002}). Además, son objeto de legislación y de administración estatal, lo que trae aparejado el establecimiento de límites concretos sobre su acceso, uso y circulación. Esto genera desafíos frente a las diversas funciones, biografías, significados y valoraciones que poseen los objetos (^{Olsen, 2003}). Por ello, la práctica arqueológica en la actualidad requiere y necesita entablar diálogos con una variedad de actores que cuestionan la noción legitimada de los materiales arqueológicos como bienes públicos (^{Hamilakis y Anagnostopoulos, 2009}). Este cuestionamiento implica repensar cómo se establece la participación de los diversos actores involucrados con dichos objetos.

Para aportar a este debate, ponemos en diálogo las experiencias de un conjunto de actores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires (Argentina), con quienes venimos trabajando en el marco de dos líneas de indagación sobre procesos de apropiación privada de objetos arqueológicos. Una de estas líneas refiere al uso de estos objetos en el marco de prácticas coleccionistas; mientras que la otra considera la recolección asistemática de objetos por parte de usuarios de detectores de metales. Las prácticas relevadas entran en tensión con la normativa vigente de protección y cuidado del patrimonio arqueológico (Ley 25.743/2003), que aborda el tratamiento y protección de los bienes arqueológicos y paleontológicos de forma separada del resto del patrimonio cultural (^{Endere y Rolandi, 2007}). Esta norma ha sido reconocida por la academia como un hito en el combate contra la apropiación privada del patrimonio arqueológico y el tráfico de piezas en Argentina dado que, previamente, no existían restricciones para limitar dichas actividades (^{Berberian, 1992}). A su vez, la sanción fue acompañada de medidas que impulsaron su aplicación: la creación del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos, y la conformación del Comité Argentino de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, integrado por representantes de diferentes instituciones gubernamentales y académicas (^{Guraieb y Frère, 2012}).

En la provincia de Buenos Aires, estas medidas tuvieron visibilidad en la esfera pública con discursos que destacaban la importancia de cuidar y proteger los objetos patrimoniales que incluyeron instrucciones sobre qué hacer ante el hallazgo fortuito de piezas. Algunos de los actores con los que venimos trabajando (principalmente aquellos que utilizan los materiales en el marco de prácticas coleccionistas) entablaron relaciones con los objetos antes de la existencia de esta legislación, de modo que sus experiencias dan cuenta de las transformaciones que conllevó la ejecución de esta normativa en lo cotidiano, al habilitar o limitar prácticas en torno los objetos arqueológicos. Estos procesos movilizaron debates sobre quiénes son las personas autorizadas a juntar materiales arqueológicos que se resignifican frente al auge de las actividades detectoristas de los últimos años (la mayoría de estos actores iniciaron sus actividades con posterioridad a la mencionada ley). En conjunto, estos actores reivindican sus prácticas asumiéndolas como contrapuestas a la gestión pública del patrimonio. No obstante ello, recuperan una serie de sentidos compartidos sobre los objetos arqueológicos, su importancia para el presente y el rol del Estado en su preservación y cuidado. Con el estudio de las complejas tramas que configuran estas disputas buscamos aportar elementos reflexivos sobre los aspectos que aúnan y los que distancian a los actores interesados en la preservación de los objetos arqueológicos en tanto bienes públicos y sobre cuáles serían las condiciones requeridas para establecer vías de colaboración mutua.

El patrimonio arqueológico como objeto jurídico. Andamiajes metodológicos conceptuales

Este trabajo se enmarca dentro de una línea de indagación sobre la dimensión pública de la arqueología, entendida como un ámbito de disputa de significados en el cual se establecen representaciones dicotómicas (bienes públicos/privados; especialistas/no especialistas) que configuran normatividades en torno al quehacer arqueológico (^{Salerno et al., 2016}). Esta se desarrolla en articulación con el equipo de arqueología del Salado dirigido por las Dras. González y Frère, que investiga procesos de poblamiento prehispánico en la Depresión del río Salado bonaerense desde hace tres décadas (Figura 1) (^{González, 2005}; ^{Frère, 2015}; ^{Escosteguy, Scabuzzo y González, 2017}, entre otros). Con este fin, llevamos a cabo una estrategia mixta, antropológica y arqueológica, para abordar el carácter relacional e histórico de los objetos arqueológicos (^{Salerno, 2018}; ^{Sokol, Grzegorczyk, Funes, Tello, y Salerno, 2020}; ^{Grzegorczyk y Salerno 2022}). Es así como venimos relevando prácticas de pobladores rurales, coleccionistas, aficionados y detectoristas de metales que desafían la legislación vigente al juntar objetos arqueológicos mediante compra/venta, intercambio, búsqueda y recolección.

Figura 1: Ubicación de la Depresión del Salado bonaerense, área de estudio, dentro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Autora: Carola Gonçalves Vila Cova.  

Partimos de una perspectiva antropológica del derecho que lo conceptualiza como un campo de lucha donde se elaboran sentidos sociales respecto de cómo es el mundo y cómo debería ser (^{Geertz, 1994}). Esta capacidad creativa del derecho se relaciona con su poder nominador, en tanto conlleva el reconocimiento y definición de una serie de prácticas y experiencias asumidas como deseables y no deseables en un contexto social e histórico determinado (^{Segato, 2003}). Esta autora señala que, en la concepción contractualista del Estado, la ley constituye un elemento fundamental a partir del cual se administra la convivencia de diferentes moralidades. En función de ello, consideramos relevante identificar las definiciones disputadas en los marcos jurídicos que configuraron la gestión del patrimonio arqueológico en nuestro país a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Estos establecieron el encuadre a partir del cual se determinan y negocian las políticas de participación y representación en torno a los objetos arqueológicos entendidos como bienes públicos (^{Arantes, 2007}; ^{Soderland, 2012}).

En nuestro país, la primera sanción legislativa que aborda la definición de los bienes arqueológicos data de 1913 (Ley 9080); esta norma no fue reglamentada sino hasta ocho años después y, de acuerdo con ^{Endere y Rolandi (2007}), no tuvo aplicación práctica. Sin embargo, su formulación es un hito ineludible, porque definió lo que se entiende por “bienes arqueológicos” y sentó las bases para afirmar la propiedad del Estado sobre estos a expensas de diversos sectores subalternizados (^{Endere y Podgorny, 1997}). Desde entonces, el contenido de esta legislación fue discutido a la luz de coyunturas sociales, políticas y académicas por parte de actores involucrados con los materiales arqueológicos, entre los que primaron investigadores, artistas, trabajadores de museos y representantes de comunidades indígenas (^{Berberian, 1992}; ^{Fernández, 2005}; ^{Endere y Rolandi, 2007}). Estas discusiones tuvieron lugar en múltiples espacios, tales como los congresos de Arqueología, distintos museos del país, institutos de investigación, colegios de graduados y las cámaras legislativas. Desde posicionamientos desiguales, los actores involucrados incidieron en la gestión del patrimonio arqueológico mediante diferentes mecanismos y acciones, en defensa de determinados intereses. De ello resultan una serie de discusiones relativas a la gestión patrimonial y su marco legal que, a lo largo del tiempo, fueron adquiriendo visibilidad.

En principio, estos debates se desarrollaron bajo el supuesto de que las herramientas jurídicas son primordiales para facilitar la protección y preservación del patrimonio arqueológico. En ellos, fueron constantes las discusiones sobre cómo lograr la plena aplicación de la legislación vigente y sobre las formas de actuar ante situaciones de expolio; de potenciales impactos en el marco de obras de infraestructura o debido a los usos turísticos de sitios arqueológicos. En estas miradas, prevalecen los criterios científicos para definir los bienes arqueológicos en términos de bienes públicos que integran el repertorio del patrimonio nacional. Este punto ha sido observado desde estudios críticos sobre la historia disciplinar que visibilizan cómo la arqueología, impulsada por y desde instituciones estatales, contribuyó a legitimar la apropiación de elementos culturales indígenas como parte del patrimonio arqueológico nacional (^{Pupio y Salerno, 2012}, entre otros). También se debatieron las relaciones desiguales en las que se dirimieron dichos procesos de patrimonialización y sus mecanismos de reproducción con la renovación de marcos jurídicos y políticas culturales específicas (^{Briones, 2005}; ^{Manase y Arenas, 2009}; ^{Gnecco y Ayala, 2010}; ^{Rodríguez, 2013}). Concretamente, estos procesos comportaron la exclusión de las poblaciones indígenas respecto de sus bienes culturales, sus formas de uso y representación, e incluyeron límites concretos para múltiples actores interesados (pobladores locales, aficionados e interesados en el estudio del pasado, entre otros). Por estos motivos, la controversia sobre quiénes serían las personas autorizadas para utilizar, estudiar y gestionar los materiales arqueológicos es un elemento que, junto con la designación de las instituciones encargadas de otorgar dichas autorizaciones, se encuentra presente desde la primera norma de 1913. En particular, la última ley sancionada y actualmente vigente (^{Ley 25.743/2003}) ha sido cuestionada debido a la falta de participación de representantes de pueblos indígenas en su formulación (^{Endere y Ayala, 2012}; ^{Guraieb y Frère, 2012}).

Desde una mirada integral, estos debates dan cuenta de la preeminencia de intereses y valores relativos al Estado y al campo disciplinar en los marcos jurídicos que promulgan la conservación y gestión del patrimonio arqueológico. Este aspecto ha sido observado no solo para el caso argentino, sino como una característica de la ambigua definición de los objetos patrimoniales: elementos culturales públicos que pertenecen a todos pero cuyo acceso es limitado y gestionado por el Estado, encarnado en la figura de los científicos y técnicos (^{García Canclini, 1999}; ^{Londoño, 2003}; ^{Smith, 2006}; ^{Menezes Ferreira, 2015}). En esta línea, existe consenso respecto de que tanto las convenciones internacionales como los marcos legales nacionales relativos al patrimonio arqueológico jerarquizan a la investigación y la conservación por sobre otras prácticas, y así, se limita el amplio espectro de prácticas que movilizan las relaciones pasado-presente. Frente a ello, destacamos el papel que juega el quehacer arqueológico en tanto actividad que en el territorio contribuye a repensar los conflictos, tensiones y disputas respecto del rol que tienen los objetos arqueológicos -en tanto bienes públicos- en la sociedad.

Lejos de constituir una excepción, la Ley 25.743 prioriza los criterios científicos en la valoración del patrimonio arqueológico reproduciendo los procesos históricos desiguales vinculados a su conformación. No obstante, ^{Guraieb y Frère (2012}) acertadamente señalan que esta normativa se distingue de las anteriores porque aborda las prácticas de variados actores involucrados con los materiales (a pesar, incluso, de que no todos fueron consultados previamente en su formulación): funcionarios del área de cultura y de museos, investigadores, comunidades originarias, comunidades locales, coleccionistas y fuerzas de seguridad (p. 111). De este modo, la ley visibiliza, describe y prescribe una serie de prácticas y representaciones relativas a la investigación arqueológica y a la gestión que hasta ese momento se desarrollaban bajo el impulso de la costumbre y la tradición. Como mencionamos antes, entre ellas se encuentran las prácticas de recolección de objetos arqueológicos y la formación de colecciones privadas, que han sido especialmente señaladas como un factor de alteración en la conservación patrimonial. Las tensiones movilizadas a partir de la perspectiva jurídica no contemplan el complejo entramado en el que dichas prácticas se forjaron. El estrecho vínculo y la colaboración entre profesionales de la arqueología y no especialistas nos llevan a reflexionar sobre el rol del Estado en la administración de los bienes arqueológicos frente al permeable límite entre lo público y lo privado (^{Bonnin, 2008}; ^{Pupio, 2012}, entre otros).

Con este fin, analizamos conjuntamente las tensiones que atraviesan las experiencias y perspectivas de dos grupos de actores de la provincia de Buenos Aires a los que venimos relevando. Por un lado, desde 2015, con residentes de áreas rurales y urbanas de la Depresión del río Salado que poseen materiales arqueológicos; por el otro, desde 2021, en el marco de una investigación doctoral, con usuarios de detectores de metales que realizan excursiones a distintos lugares del territorio bonaerense en busca de objetos que son atesorados y/o vendidos por su valor “histórico” y/o por el valor derivado del tipo de material (oro, bronce, plata, entre otros). El trabajo de campo que realizamos se organiza a partir de observaciones y entrevistas bajo un abordaje antropológico que privilegia los puntos de vista de los involucrados respecto de las relaciones que establecen con los materiales (^{Gould, 2016}). Dichos vínculos contribuyen a elaborar narrativas en las que el pasado evocado en los objetos adquiere sentido como parte del presente e integran , en ocasiones, nuevas disputas sociales. Entre estas, destacan las formas de definir la gestión cultural y patrimonial y los modos de participación de los actores interesados en los procesos de activación y puesta en valor. Hacemos hincapié en el modo en que los entrevistados conceptualizan el estatus legal de sus prácticas con el propósito de reconocer múltiples formas de valorar y usar los objetos “patrimoniales” que redimensionan/negocian los límites planteados en el marco jurídico vigente. A su vez, en forma complementaria, recuperamos información obtenida a partir de otro tipo de fuentes, las cuales nos permitieron generar un abordaje diacrónico y contextual sobre las tensiones que atraviesan las experiencias relevadas y su representación pública. A continuación, detallamos los ámbitos de indagación y espacios de encuentro en los que se desplegó el trabajo de campo.

Por un lado, en la Depresión del Salado se viene trabajando de forma sistemática desde el año 2012 a partir de encuentros pactados, principalmente en espacios privados (domicilios particulares, talleres, lugares de trabajo) donde los actores entrevistados nos permiten registrar los objetos coleccionados y comparten historias e información en torno a ellos. Además, se realizan entrevistas y observaciones en el marco de actividades recreativas-culturales que nos permiten involucrarnos con las tramas de interacción de estas personas (exhibiciones y muestras temporales; talleres de alfarería, excursiones de pesca y jornadas recreativas en el río o lagunas). El trabajo de campo también se ha llevado a cabo en el marco de eventos de gran convocatoria a nivel local cuya sede son las instituciones vinculadas con la gestión de la historia local -museos, sedes culturales y archivos municipales- y entre los que se destacan las jornadas de historia local, encuentros regionales de museos, talleres de historia oral. A su vez, revisamos fuentes escritas éditas e inéditas (documentos administrativos vinculados con los Torneos Bonaerenses; publicaciones de diarios locales, anotaciones y fotografías personales, memorias de los museos locales) e incluimos entrevistas con museólogas e investigadores del área que están en vínculo con las personas con las que forman parte de esta investigación. En cuanto al trabajo de campo que venimos realizando con los detectoristas, este incluye instancias virtuales y presenciales desde el año 2020. Participamos en distintas redes sociales que frecuentan los usuarios donde interactúan, intercambian conocimientos y adquieren visibilidad -Instagram, Twitter, Facebook, YouTube- (^{Grzegorczyk, 2021}). En las instancias presenciales, asistimos a distintos espacios donde los actores compartieron saberes, realizaron experiencias de detección grupales y, además, nos permitieron realizar entrevistas (torneo de detección llevado a cabo en la localidad de Pilar, un encuentro de detectoristas en Córdoba, academias de detección en Chascomús). A la par, realizamos un relevamiento de noticias periodísticas de distintos diarios locales, ya que son espacios donde los usuarios tienen gran protagonismo (^{Grzegorczyk y Salerno, 2022}), y entablamos contacto con arqueólogos/as que tuvieron vínculo con estos actores a partir del ingreso de estos últimos a sus sitios de investigación para recolectar objetos arqueológicos o por su interés en cooperar en las investigaciones.

Tal como mencionamos previamente, los actores con los que estamos trabajando poseen diferentes trayectorias y, en algunos casos, iniciaron sus vínculos con los objetos en momentos previos de la sanción de la ley actualmente vigente (principalmente quienes poseen materiales de la Depresión del Salado). Otros, mientras tanto, iniciaron sus actividades con posterioridad a dicha legislación (en especial, los detectoristas). A pesar de estas diferencias, ambos grupos comparten la preocupación de que sus prácticas se despliegan en los márgenes de lo propuesto por las legislaciones patrimoniales. Mientras que los primeros permiten abordar el impacto de la legislación desde un enfoque diacrónico, los segundos nos llevan a considerar cómo se reactualizan los debates y las tensiones movilizadas frente a la normativa vigente.

En los próximos apartados presentamos sus experiencias diferenciando, primero, las tramas locales en las que se desenvuelven y los vínculos que construyen con los objetos. Luego, nos enfocaremos en cómo se relacionan sus prácticas con las normativas vigentes, las tensiones que se generan y los argumentos esgrimidos que justifican su continuidad. Los nombres que presentamos son ficticios con el fin de mantener el anonimato de las personas entrevistadas.

Los objetos arqueológicos en sus tramas locales

En la Depresión del Salado, los fragmentos de cerámica arqueológica, los restos de talla lítica y materiales de piedra pulida se encuentran dispersos en el paisaje del humedal. Se trata de elementos que documentan el poblamiento indígena en la región: algunos integran las colecciones de los museos locales, otros han sido recuperados a partir de excavaciones sistemáticas del equipo de arqueología que trabaja en la zona desde fines de la década de 1980. A pesar de su escasa visibilidad, una parte de estos objetos es reconocida por las personas del lugar y, a lo largo del tiempo, han sido recolectados en el marco de múltiples prácticas recreativas debido a hallazgos en las barrancas del río Salado y en las orillas de las lagunas asociadas. Otros objetos han sido encontrados durante actividades rurales tales como el arado de la tierra para la siembra, la colocación de postes y la construcción de canales.

Una vez fuera de su contexto de hallazgo, los objetos participan de nuevas tramas relacionales asociadas a sus poseedores. A partir de estos vínculos se elaboran saberes y representaciones sobre el pasado indígena de la zona. En trabajos previos, hemos discutido cómo estos objetos constituyen el punto de partida para repensar las narrativas estigmatizantes del pasado indígena regional y reivindicar procesos creativos que han tenido lugar en el territorio (^{Salerno et al., 2018}). En escala subjetiva, también hemos identificado que dichos objetos han sido importantes para repensar trayectorias de vida personales y familiares (^{Salerno, 2018}), lo que da lugar, en algunos casos, a procesos de memoria (^{Salerno y Cañardo, 2022}). La mayoría de los materiales que se conservan en espacios privados fueron recolectados en situaciones casuales e integran colecciones de baja envergadura (menores a 50 elementos). Así los objetos son valorados como adornos, souvenirs y recuerdos familiares. En pocos casos observamos la existencia de conjuntos con acervos de mayores dimensiones. Sus poseedores se consideran y son percibidos por otros como “coleccionistas” o “conocedores”, ya que dedican una parte de su tiempo y recursos a la obtención y cuidado de los materiales. Esto contrasta con la mayoría de las personas con las que venimos trabajando en la zona, quienes no se reconocen como coleccionistas sino como personas interesadas en los objetos arqueológicos y que, por motivos laborales, familiares y/o recreativos, han tenido experiencias en las zonas rurales donde se encuentran dispersos dichos objetos.

En función de los objetivos de este trabajo, nos centramos en las experiencias de tres personas que se asumen y son percibidas por otros como “coleccionistas” o “conocedores expertos”. Los conjuntos que conservan corresponden a materiales arqueológicos hallados en la zona. Estos objetos han sido detalladamente estudiados por sus poseedores mediante recorridos autodidactas que incluyen la búsqueda de información, experimentación con los objetos y visitas a museos, entre otros. Además son exhibidos en situaciones especiales o ante consultas de personas interesadas; regalados y prestados para que puedan ser utilizados en actividades escolares. En el caso de Pedro, la colección fue formada a partir de intercambios y situaciones de compra a personas de la zona que residen en áreas rurales, que heredan algunos elementos o que los encuentran de forma casual; mientras que Amalia y Paula formaron sus colecciones mediante prácticas de recolección superficial realizadas por ellas mismas a partir de visitas recurrentes en áreas del río Salado y en algunas lagunas de la zona. En los tres casos, algunos objetos han llegado a estas personas como regalos de quienes los han encontrado y no saben qué hacer con ellos.

El vínculo con los objetos devino para Amalia en un proceso de búsqueda personal que la llevó a rastrear en su historia familiar y reconocerse como indígena. Además, junto con su familia formó un taller de cerámica en el que se replican técnicas prehispánicas utilizando barros locales. En el caso de Pedro y Paula, el cuidado y estudio de los objetos los ha llevado a generar proyectos personales dirigidos a visibilizar la historia indígena de la zona y reivindicar la historia del lugar de pertenencia: la escritura de un libro y charlas en escuelas cercanas con exposición de los materiales. Tanto Paula como Amalia han participado con sus colecciones en los entonces llamados “Torneos Bonaerenses” a finales de la década de 1990. Se trata de un evento anual de disciplinas deportivas, artísticas y culturales que promueve la integración y contención social en un contexto de creciente marginalidad. Se desarrolla en etapas -locales, regionales y finales-, con la coordinación de instituciones educativas y organizaciones sociales de los 135 municipios que integran el territorio provincial. En el caso de Amalia, su participación fue a través de sus hijos, premiados por obras de alfarería realizadas inspirándose en fragmentos arqueológicos de la zona y que debieron presentar los objetos arqueológicos para acreditar que se trataba de réplicas de expresiones culturales locales. La participación de Paula fue para exponer su colección arqueológica, pasando a instancias regionales y finales en las que tuvo la oportunidad de conocer otras personas con colecciones. En sus relatos, ella distingue el valor de su colección dado que había sido formada por ella misma y con elementos que provenían del mismo lugar. Consideramos significativas estas experiencias, no solo porque dan cuenta de la relación pasado-presente-territorio que los objetos movilizan en los casos relevados en esta zona. Además, se trata de instancias en que las prácticas de acopio, conservación y estudio que Amalia y Paula despliegan con sus objetos fueron visibilizadas públicamente e incluso premiadas por instituciones estatales.

Por otro lado, el detectorismo de metales es una práctica en la que se usa un aparato específico con el propósito de encontrar objetos en distintos lugares y puede ser abordada como una forma que adquiere el coleccionismo en el mundo moderno (^{Campbell, 2013}). Existe una gran diversidad en el mundo detectorista, que se ve reflejada en las motivaciones que presentan los usuarios a la hora de llevar a cabo la actividad: sus trayectorias personales, las preferencias de los lugares que recorren, los modos de operar y las diversas concepciones que aparecen con relación a lo que significa el hallazgo de un objeto para ellos/as (^{Hollowell, 2006}). En Argentina, esta actividad se encuentra en crecimiento, fenómeno observado por su presencia en las redes sociales y noticias periodísticas (^{Grzegorczyk y Salerno, 2022}).

En la provincia de Buenos Aires, gran cantidad de usuarios realizan excursiones por campos, playas, líneas de costa, sitios donde ocurrieron batallas históricas, fortificaciones de frontera, estancias antiguas, cementerios, entre otros lugares. A partir de diversas instancias de trabajo de campo, registramos que en la configuración de esta práctica predomina la búsqueda como una forma de esparcimiento. Su desarrollo es al aire libre y permite estar en contacto con la naturaleza, conocer lugares nuevos, compartir con la familia o gente amiga. Esto último, en ocasiones, es el contenido principal en los posteos de las redes sociales (^{Grzegorczyk, 2021}; ^{Grzegorczyk y Salerno, 2022}). Dentro de este universo heterogéneo, en este trabajo retomamos las experiencias de algunos usuarios que presentan un gran interés por la historia del pueblo o ciudad donde viven. Se trata de personas que se desenvuelven en diversas profesiones de áreas del sector privado y público y cuentan con los recursos materiales y simbólicos que les permiten tener detectores de alta calidad y acceder a terrenos privados donde realizar las recorridas (por ejemplo, estancias históricas de la zona). Además de recolectar objetos, buscan ponerlos en valor y manifiestan su interés por colaborar con los museos locales y por contribuir con el reconocimiento de la historia local. Al igual que en la Depresión del Salado, estos actores emplean tiempo y recursos en reconstruir, de forma autodidacta, la “biografía” del objeto previa al hallazgo, y suelen ser reconocidos por su experticia por otras personas de los lugares donde viven. Para decidir los lugares donde salir de recorrida suelen realizar investigaciones previas que les permitan anticipar potenciales hallazgos. Los objetos que poseen y la información que generan es usualmente difundida en sus redes sociales (principalmente en Instagram). A pesar de que son comunes las referencias a situaciones de tensión con museos e investigadores, algunos detectoristas han vivenciado experiencias de colaboración exitosas. Este es el caso de Juan, quien tuvo la oportunidad de participar de un día de recorrida organizado por autoridades municipales, en los alrededores de una casona antigua, con el fin de juntar objetos para ampliar las colecciones del museo local. Tal como observamos para el caso de los Torneos Bonaerenses, esta experiencia es significativa por la visibilidad pública de las prácticas detectoristas y el involucramiento de autoridades estatales en su desarrollo.

En líneas generales, para realizar detecciones exitosas no solo es necesario contar con habilidad en el uso del aparato. Además, se requiere un detallado conocimiento sobre historia para identificar lugares donde realizar las salidas y poder reconocer los potenciales hallazgos. A esto se suma el esfuerzo físico que conlleva la actividad en sí: recorrer largas distancias sosteniendo el aparato, realizar pozos y taparlos, cargar los hallazgos y basura que recolectan durante el recorrido. Estos múltiples saberes y experiencias corporales son dimensiones centrales que atraviesan la relación que los usuarios construyen con los objetos. Estos saberes suelen ser socializados a través de instancias virtuales y de forma masiva en busca de “seguidores”; mediante videos públicos e incluso en encuentros presenciales prácticos en los que se enseña a detectar y se comparte información. La construcción de redes y el intercambio de conocimiento es un aspecto que caracteriza las prácticas coleccionistas de distintos lugares y tiempos (^{Pearce, 1998}). No obstante, consideramos distintivo del quehacer detectorista la exposición de amplio espectro que generan con sus posteos en las redes quienes los llevan adelante. Estas publicaciones, en ocasiones, interpelan a destinatarios que no necesariamente son usuarios de detectores. Además, en el detectorismo, el interés se focaliza tanto en la experiencia del hallazgo como en el objeto en sí. En las significaciones que se construyen con los materiales tienen centralidad las metáforas que los representan en términos de tesoro y aventura; de este modo se establece un lazo indisociable entre la acción de buscar y el objeto hallado (^{Lizcano, 2006}).

A pesar de las diferencias mencionadas, entendemos que los dos grupos de actores que venimos relevando tienen algunos aspectos en común que hacen a los procesos de apropiación privada de objetos antiguos. Destacamos el carácter autodidacta en la búsqueda de información antes y después de obtener los materiales, así como la existencia de redes de intercambio y solidaridad que construyen entre ellos. También, la elaboración de conocimiento sobre los objetos hallados en muchos casos los lleva a ser reconocidos por otros como expertos y a involucrarse en entramados con la gestión oficial en los ámbitos locales. En dichas instancias se expresan las tensiones que los atraviesan frente a la normativa vigente, aspecto que desarrollamos en el próximo apartado.

Tensiones y sentidos disputados con la normativa vigente

Los procesos movilizados a partir de la sanción de la Ley 25.743 generaron una ruptura en la relación que las personas de la Depresión del Salado tienen con sus objetos y colecciones. Concretamente, las actividades de juntar y guardar material dejaron de ser social e institucionalmente apreciadas en los contextos locales (e incluso a veces premiadas en el marco de eventos organizados por el estado provincial -Torneos Bonaerenses-) para ser señaladas como prácticas ilegales. Esto se manifestó en los medios masivos locales a partir de noticias que informaban sobre la importancia de no juntar materiales arqueológicos y de dar aviso a las autoridades ante hallazgos ocasionales. Además, los museos locales dejaron de recibir donaciones de hallazgos fortuitos argumentando que se trataba de elementos descontextualizados y, por esto, “sin valor” para la investigación (^{Salerno, 2008}, ²⁰¹⁴). La normativa vigente, sus características e implicancias constituyen un tema recurrente en las entrevistas que desarrollamos. Es habitual, en el inicio de los encuentros, manifestaciones de dudas sobre cuáles serían las consecuencias de aceptar nuestra presencia y el espacio de intercambio: “Me dicen que no hable con vos…”, “está difícil, escuche de un conocido que le sacaron la colección…” (Pedro, arquitecto, Chascomús, agosto de 2017). Este tipo de preámbulos expresan el conocimiento de la mayoría de los entrevistados respecto del estatus legal de sus prácticas y del lugar de su interlocutora dentro del engranaje de la gestión patrimonial. A pesar de haber construido sólidos lazos de confianza con los involucrados, estos reparos continuaron integrando las entrevistas a lo largo del tiempo, lo que dio lugar a reflexiones conjuntas respecto de la incomodidad que implica para estas personas reconocerse en dicha situación junto con la añoranza sobre cómo eran las cosas hasta no hace tanto tiempo.

Frente a la amenaza de perder los objetos reunidos, comenzaron a aparecer ciertas prácticas dirigidas a su ocultamiento: estos ya no se prestan para ser utilizados en las escuelas cercanas cuando se aborda la historia indígena, no integran las exhibiciones de las ferias escolares ni se presentan en exposiciones temporales. Además, en varios casos, estas personas dejaron de acercarse a los museos locales porque comenzaron a surgir miradas negativas hacia sus prácticas. Acorralados, los poseedores de estos objetos expresan su frustración frente al deseo de ser mostrados y reconocidos. Rememoran ese tiempo no tan lejano, cuando los diarios locales elogiaban el valioso aporte al conocimiento de la historia local de este tipo de actividades. En estos relatos, la sanción de la Ley 25.743 se configura como un hito temporal que distingue entre un presente no confortable que afecta la posición de quienes recuerdan, frente a la uniformización de un tiempo pasado rememorado y deseado.

Diferente es la situación de los detectoristas con los que venimos trabajando, quienes, en su mayoría, han iniciado la actividad luego de la sanción de la normativa en un contexto caracterizado por la alta conflictividad que moviliza su actividad para los actores vinculados con la investigación y gestión patrimonial. Estas tensiones surgen porque algunos sitios arqueológicos -especialmente aquellos relacionados con investigaciones de arqueología histórica en sitios de campos de batalla, fortificaciones de frontera, pulperías, entre otros- han sido saqueados y descontextualizados por usuarios de detectores de metales (^{Pedrotta, 2011}; ^{Ramos, 2017}). A la par, desde los medios masivos de comunicación, el detectorismo es incentivado y representado como un hobby inocuo que incluso en algunos casos contribuye al conocimiento de la historia. En estos espacios, son comunes los titulares que llaman a la aventura, como una de las principales dimensiones en la construcción de los relatos: “Detectorismo: En busca de los secretos tapados por el San Roque y los ríos” (CarlosPazVIVO, 2020). Esa imagen pública no da cuenta de las contradicciones de esta práctica con respecto a la normativa vigente e invisibiliza las tensiones que la atraviesan, derivadas de la legalidad de la adquisición y uso del artefacto y la ilegalidad de las consecuencias de su uso -recolección asistemática de objetos protegidos por ley (ver en ^{Ramos, 2017}; ^{Salerno, Mazzia, González y Pérez de Micou, 2019}).

En este caso, en las entrevistas, las referencias a la normativa se expresan a partir de reflexiones sobre los conflictos entre detectoristas y grupos de arqueología de la provincia. En estos intercambios observamos que, a diferencia de lo que sucede en la microrregión, hay un conocimiento parcial de la legislación. Algunos usuarios no terminan de comprender la racionalidad de la práctica arqueológica y no ven conflicto en que los arqueólogos excaven y ellos junten el material. Otros entienden que el alcance de la legislación se limita a lugares públicamente identificados como sitios históricos y patrimoniales; mientras que existen aquellos que expresan un conocimiento detallado de la ley y esgrimen argumentos propios que señalan su ambigüedad en relación con la temporalidad que define a un objeto histórico/arqueológico. También son comunes las referencias comparativas respecto de cómo se regula y norma esta actividad en otros países. Dentro de estas, destacamos las reiteradas menciones al controvertido modelo inglés (^{Thomas, 2014}), de acuerdo con el cual, las autoridades incentivan la búsqueda de materiales arqueológicos ofreciendo recompensa económica a la persona responsable de los hallazgos y a los propietarios de los terrenos: “estaría bueno un reconocimiento económico a quien encuentra algo, como en otros países” (José, detectorista, Academia de Detección, Chascomús, mayo 2022). También se menciona el marco jurídico de Estados Unidos, donde existen diferentes legislaciones dependiendo de la ubicación de los yacimientos. En gran parte de los estados, los hallazgos que se encuentran en tierras privadas no están protegidos por las normas federales: pertenecen al dueño del terreno e incluso pueden ser vendidos (^{Watkins, 2015}). Interpretamos que estas comparaciones representan el universo de lo deseable para algunos detectoristas. En términos generales, los marcos legales referenciados contrastan con las normas jurídicas vigentes en Argentina porque otorgan mayor prioridad a la relación de propiedad individual de los bienes patrimoniales.

Desde una mirada conjunta, entendemos que, en ambos grupos, la normativa proporciona un marco y punto de referencia para construir significados y criterios de entendimiento respecto de sus prácticas y las tensiones que las atraviesan. En el tránsito de estas tensiones se expresa que la ley -como frontera entre las prácticas legales y las ilegales- no siempre es clara o no es atendida como clasificación propiamente estatal, obligatoria y legítima. Además, estos actores establecen sus propios límites respecto de lo que es posible hacer con los objetos, lo que no corresponde, lo que es correcto y lo que es deseable frente a los museos, investigadores y diferentes actores que representan la legalidad y al Estado.

Consideramos relevante mencionar que, desde el punto de vista de estos actores, la actividad de juntar materiales se hace necesaria frente a una gestión pública de dichos bienes que no se considera satisfactoria ni suficiente. Por ejemplo, algunos argumentos plantean que su actividad contribuye a conservar objetos que de otro modo quedarían perdidos. Esto es así, por ejemplo, para Pedro, coleccionista de la Depresión del Salado, quien considera que su actividad de compra y acopio contribuye a mantener unidos una serie de objetos de la región que están circulando en el marco de intercambios comerciales y cotidianos. Esos argumentos también aparecen en algunas publicaciones en grupos de Facebook donde registramos el malestar que tienen ciertos detectoristas frente al accionar del Estado sobre el cuidado de lugares históricos: “venden el patrimonio cultural, y muchas veces uno es tildado de hacer expolio arqueológico, y esto no tiene nombre” (Detectores de metales Argentina, 12 de junio de 2021, Facebook).

Especialmente en el caso de los detectoristas, su mirada crítica también está puesta en las formas en que se genera conocimiento sobre el pasado. Desde su perspectiva, ellos realizan un gran aporte que no es reconocido -en contraste con la historia y la arqueología-, porque utilizan equipos modernos y tienen una gran experticia en su manejo, que les permite realizar muchos hallazgos. Estos argumentos asumen que los objetos portan un valor cognitivo en sí mismo y que su mero hallazgo es suficiente para contribuir con el conocimiento sobre el pasado.

Otros argumentos también plantean la disconformidad respecto de las formas de accesibilidad de los bienes arqueológicos, haciendo un contrapunto con debates que hoy atraviesan a la museología contemporánea. En la Depresión del Salado son usuales las comparaciones y quejas sobre las exposiciones de los museos locales, tanto en relación con los criterios estéticos como con la perspectiva occidental/oficial que organiza las narrativas de la historia indígena. Otros, además, refieren a la cantidad de objetos que se conservan en los depósitos y que no son accesibles para el público en general. En este punto, Pedro critica la selección que realizan los museos y la escasa rotación de los materiales exhibidos; mientras que Romina considera que, al socializar su colección en las escuelas cercanas y frente a quienes la visitan, genera un acceso público más integral que el del museo: todos los elementos pueden ser consultados. Estas ideas dan cuenta del conocimiento detallado que manejan estos actores sobre cómo se gestionan los materiales en los espacios locales y, en algunos casos, emiten su propia perspectiva respecto de cómo debería ejercerse dicha gestión. En relación con ello, los detectoristas suelen hacer foco en la falta de reconocimiento público sobre el origen de objetos donados a museos y que integran algunas exhibiciones.

En estos relatos se expresan sentidos compartidos relativos al valor histórico que portan los objetos arqueológicos y sobre la necesidad de su conservación. No obstante, observamos diferentes formas de entender el derecho de acceso y propiedad de dichos elementos que se reflejan en el cuestionamiento sobre lo que se puede hacer con ellos y en la legitimidad de las personas autorizadas a gestionarlos. Consideramos que es necesario abordar los conflictos suscitados a partir de estos cuestionamientos contemplando sus permanencias y justificaciones porque constituyen instancias de producción de significados que hacen al reconocimiento de la materialidad arqueológica en términos patrimoniales (^{Smith, 2006}). Es en este punto que las experiencias relevadas manifiestan un amplio abanico de prácticas y valoraciones que no están contempladas en la normativa.

Recapitulación

En el transcurso de esta investigación hemos registrado una serie de prácticas y relaciones en torno a los objetos arqueológicos que se movilizan a partir de su apropiación privada. Un primer paso en este camino fue indagar sobre las conexiones que se entablan con los objetos desde la perspectiva de las personas involucradas. Estas difícilmente pueden abordarse desde el plano de la gestión patrimonial y su normativa, dado que conllevan procesos subjetivos, recorridos autodidactas que permiten construir vínculos territoriales e identitarios, que activan en algunos casos procesos de memoria. El abordaje antropológico impulsado nos ha permitido indagar en dichos procesos y reconocer cómo los vínculos de las personas con los objetos posibilitan el fortalecimiento de redes intersubjetivas y el desarrollo de proyectos personales, de reconocimiento y autorreconocimiento. En este espacio, nos concentramos en las tensiones que atraviesan dichas prácticas frente a las normativas vigentes. En la Depresión del Salado, las actividades de juntar y guardar material en las últimas décadas dejaron de ser social e institucionalmente apreciadas en los contextos locales para ser señaladas como prácticas ilegales. Por su parte, las actividades detectoristas se despliegan en un marco de fuertes contradicciones: son señaladas a la vez como una actividad que perjudica el patrimonio y que lo resguarda -esto último principalmente en su representación mediática.

Frente a estas tensiones, abordamos los argumentos esgrimidos para justificar la continuidad de las prácticas de apropiación privada e identificamos una serie de principios compartidos entre los entrevistados y los espacios oficiales respecto de la conservación y valor de los objetos patrimoniales y su gestión. Dichos principios nos llevan a argumentar que existe un punto de convergencia posible respecto del valor científico e histórico que configura la definición de los bienes patrimoniales. A su vez, en las trayectorias de las personas entrevistadas se manifiestan los límites dinámicos y permeables que configuraron las definiciones establecidas en la legislación, principalmente respecto de cómo se establece la propiedad de dichos bienes y cómo se define quiénes están autorizados a gestionarlos. De ello se desprenden ideas no dicotómicas sobre cómo el Estado debe regular la experiencia de las personas con los materiales para la administración de los bienes arqueológicos que permiten a los actores con los que venimos trabajando justificar sus prácticas. Por estos motivos, y frente al contexto de creciente conflictividad en torno a las experiencias estudiadas, consideramos necesario reflexionar sobre el alcance de las definiciones de la normativa en el proceso de configuración de las piezas arqueológicas como bienes públicos. Concretamente, buscamos abrir el debate sobre a quién pertenecen los mencionados bienes públicos y en qué medida el hecho de ubicar las prácticas relevadas en los márgenes de lo legal contribuye a distanciar de la gestión patrimonial a actores activamente involucrados con su conocimiento y conservación.