RESEÑAS

Un nuevo orden político. Provincias y estado nacional, 1852-1880.
Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (coord.), Biblos, Buenos Aires, 2010, pp. 319.

El libro coordinado por Bragoni y Míguez constituye un valioso aporte para comprender un período decisivo en la conformación del Estado nacional argentino. A través de la lectura de los artículos allí reunidos es posible discutir, matizar y reformular lecturas generales propuestas hace ya varias décadas y, además, acercarse a los varios y diversos escenarios provinciales desde una perspectiva que los resitúa como componentes claves del proceso político analizado. Diez de los doce trabajos publicados se basan en rigurosas investigaciones en los archivos de las provincias consideradas (Mendoza, La Rioja, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy y Tucumán). Los otros dos artículos, no menos rigurosos en sus fundamentos y análisis, se refieren a temas que exceden tales jurisdicciones: mientras el texto de Eduardo Zimmerman estudia el funcionamiento de la justicia federal, el de Darío Roldán discierne acerca de la "cuestión liberal". El libro se completa con un capítulo introductorio de los coordinadores donde se explicitan las discusiones historiográficas en las que se insertan los estudios y dos apartados finales, con la autoría de Raúl Fradkin y Jorge Gelman, que presentan agudas reflexiones y sugestivos interrogantes en relación con el conjunto de temas desarrollados.
La mayoría de los artículos confirma la frase acuñada por Halperín Donghi sobre los "treinta años de discordia" transcurridos entre el pronunciamiento de Urquiza y la federalización de Buenos Aires, poniendo de relieve la intensidad de las disputas y la inestabilidad que debieron afrontar los gobiernos provinciales. En este sentido, uno de los aportes más interesantes es la atención puesta a los diversos actores que intervenían en el espacio político local: además de las élites dirigentes, se pone el acento en el protagonismo de los sectores intermedios e incluso de grupos subalternos que se movilizaron con márgenes de autonomía nada despreciables. El caso paradigmático de esta dinámica es la figura de los comandantes (subrayada por Fradkin en los comentarios finales) cuya función de mediación entre el gobierno provincial y la esfera local les proporcionaba mecanismos de influencia y de acción bastante gravitantes.
En los conflictos analizados aparecen, como un factor de primer orden, las reformas institucionales que varios gobiernos intentaron aplicar para desarticular los liderazgos personales que desafiaban su autoridad y sustentaban esquemas de poder que contrariaban los criterios de centralización administrativa imperantes en los textos constitucionales. Pero las dificultades para llevar adelante dichas reformas no sólo se derivaron de la resistencia planteada por aquellos que se consideraban perjudicados, sino también  de las propias limitaciones de los gobiernos para reemplazar esos esquemas basados en estructuras clientelares. Estas situaciones se advierten con mucha claridad en los análisis de Míguez y Buchbinder referidos a Buenos Aires y Corrientes, respectivamente. En esas provincias, al igual que en Santa Fe y Entre Ríos (casos estudiados por Alicia Megías y Roberto Schmit), el territorio presentaba importantes fragmentaciones o diferenciaciones que se tradujeron en fuertes tensiones regionales y que constituyeron un desafío importante para los respectivos gobiernos.
En tales circunstancias la eficacia de las reformas proyectadas requirió, en una medida importante, moderar las transformaciones pretendidas y negociar con los sujetos involucrados, manteniendo de esa manera una porción significativa de las prácticas que se querían desterrar. Porque si bien los jefes locales debieron renunciar a parte de su autonomía, los mecanismos por los cuales se garantizó la obediencia no se vieron afectados de manera significativa Aquí aparece otra de las claves presentes en varios de los casos analizados y que pone de relieve la importancia de los mecanismos de negociación en el proceso de conformación del Estado. Tales mecanismos no sólo fueron fundamentales en la relación entre el gobierno federal y las provincias, sino que también matizaron la vinculación entre los gobiernos provinciales y las autoridades locales. De esta manera se concluye que el éxito en la aplicación de las reformas precisó de la elaboración de consensos y, en definitiva, que el cambio fuera menos profundo de lo que se había proyectado.
Otro aspecto que se destaca en la relación entre el gobierno nacional y las provincias es que la injerencia de aquél en los asuntos "locales" no puede entenderse como un proceso unidireccional de penetración y subordinación progresiva de las "periferias" al centro, sino que es necesario hacer una lectura más compleja que considere las interrelaciones y las diferentes facetas de los conflictos. Desde esa perspectiva puede advertirse que, en muchas circunstancias, la intromisión de las autoridades federales respondió a la demanda de los propios actores locales que buscaban, de esa manera, dirimir sus disputas y determinar el curso de los enfrentamientos. Además, como se advierte en el caso de Jujuy que analiza Gustavo Paz, el gobierno nacional no operó como un simple instrumento de restauración para favorecer a uno u otro bando, sino que procuró establecer un orden duradero y garantizar la subordinación de la esfera provincial a las prerrogativas del poder central.
En el caso de Tucumán, la intervención del Estado se analiza desde otra perspectiva. Los dos artículos dedicados a esta provincia destacan la exitosa y poco conflictiva articulación de la misma en el naciente Estado nacional. Tanto desde el punto de vista fiscal, aspecto analizado por Claudia Herrera, como desde el punto de vista de las trasformaciones productivas y comerciales, cuestión que aborda José Antonio Sánchez Román, la experiencia tucumana aparece caracterizada por la concordancia y el consenso. En este sentido, el caso de La Rioja, estudiado por Ariel De la Fuente durante la década de 1860, y el de Buenos Aires en la coyuntura de 1880, analizado por Hilda Sábato, exponen las experiencias más combativas del período. En ambos la negociación es un mecanismo ausente y, en cambio, se enfatiza el poder de coacción del gobierno nacional. Justamente esa potestad del Estado es lo que aparece en el centro de la disputa de 1880. Tal como plantea la autora, el enfrentamiento entre las fuerzas del ejército nacional y las huestes dirigidas por el gobernador de Buenos Aires fue el corolario de un intenso debate en torno a la prerrogativa de organizar y movilizar a los ciudadanos en armas. En ese debate se expresaron nociones encontradas acerca del tipo de fuerza armada que correspondía a una república y al modelo de federalismo que habían pensado los constituyentes de 1853.
El análisis del funcionamiento de la justicia federal permite advertir una faceta distinta de la conformación del Estado nacional. Al interesarse por una institución que ha merecido escasa atención desde la historia política, Zimmermann pone de relieve estrategias diferentes en la construcción del Estado, al tiempo que señala un grado de autonomía significativo respecto de los otros poderes, en especial del ejecutivo. Poniendo el foco en las rebeliones provinciales, expresión más conflictiva de la resistencia al proceso de consolidación del Estado nacional, destaca la importancia de los mecanismos institucionales, el énfasis en la protección de los derechos y garantías individuales y la vigencia de un "espíritu de moderación política" sustentado en el cumplimiento estricto de los requisitos procesales. En relación con esto, el autor sugiere que estas particularidades de la actuación de la justifica federal también deben entenderse a la luz de una concepción bastante extendida sobre el papel que las rebeliones ocupaban en el imaginario republicano como herramientas que permitían la continuación de la acción política a través de otros medios.
Finalmente, el análisis de Roldán, que parte del debate actual sobre la tradición liberal argentina, ofrece una especie de contexto intelectual para los demás artículos, pero sobre todo promueve una profunda reflexión acerca de la tensión entre liberalismo y democracia que atraviesa todo el siglo XIX. El autor señala las particularidades del liberalismo decimonónico en el ámbito rioplatense y advierte sobre las reformulaciones que ese pensamiento fue sufriendo en las distintas coyunturas en relación con los cambiantes dilemas y desafíos del orden social y político. A su vez expone las vinculaciones complejas del liberalismo con las tradiciones democrática y republicana y las dificultades que esto supuso. En este sentido, subraya la necesidad de integrar la reforma política de 1912 (como tentativa de síntesis entre la tradición liberal y la tradición democrática) en una historia sobre la conformación de la cultura política y las tradiciones políticas del siglo XIX.

María José Navajas
Instituto Ravignani  (PEHESA - CONICET)