Introducción

En este artículo realizamos un análisis cuantitativo de las luchas estudiantiles en Argentina entre los golpes de Estado de 1966 y 1976 a partir de una muestra construida con el registro de las universidades de Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP), Rosario (UNR), Córdoba (UNC) y Tucumán (UNT), que reunían más del 80% del alumnado superior del país. En consonancia con tendencias globales para las ciencias sociales nacionales, aquellos años se caracterizaron por la conflictividad e inestabilidad política, mientras que numerosas obras subrayaron el papel estudiantil en las revueltas urbanas bautizadas como “azos”. Nuestra exposición se fundamenta en el registro de hechos de enfrentamiento social, entendido éste como el: “(…) operador teórico en el marco del análisis de las relaciones sociales, de su construcción y de su destrucción” (^{Marín, 2009, p. 46}), los cuales observamos a partir de las acciones contenciosas que implicaron.

Nuestra periodización comienza con la intervención universitaria de la dictadura, que desarticuló un proceso de modernización y democratización inspirado en la tradición reformista puesto en marcha tras el golpe de Estado de 1955, y concluye con la asonada de marzo de 1976, inmediatamente posterior a la instalación del terrorismo de Estado en las universidades bajo la “Misión Ivanissevich”. Como en otros países, durante los primeros “largos años sesenta” la vida universitaria argentina había experimentado conflictos álgidos. La modernización no fue tan extensiva y en su seno chocaron orientaciones “profesionalistas”, “científicistas” y radicalizadas (^{Buchbinder, 2005, p. 184}). Sin embargo, 1966 representó una cesura. El régimen, inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional y en consonancia con vertientes del nacionalismo y el catolicismo (^{Cersósimo, 2018}), caracterizaba al reformismo como un vector de “infiltración comunista”. La represión, la proscripción de centros y federaciones y el desmantelamiento de equipos de investigación y docencia inauguraron una nueva etapa.

Las facultades fueron uno de los pocos ámbitos donde se registró una amplia oposición al golpe. Los sucesos en la UBA resultaron paradigmáticos. El Consejo Superior rechazó la interrupción constitucional (^{Califa, 2014, p. 292}) y la intervención clausuró un período calificado a posteriori como “época de oro”. Sus 79.640 estudiantes (^{Pérez Lindo, 1985, p. 171}) vieron drásticamente afectadas sus actividades, en ocasiones con retenes en los accesos (Califa, 2015). Las organizaciones estudiantiles, con mayoría del reformismo cercano al comunismo, se opusieron a la dictadura. Solamente la apoyaron las diminutas agrupaciones emparentadas con la derecha y el peronismo, como el Sindicato Universitario de Derecho.

Las hipótesis más trascendentes sobre la radicalización estudiantil en Argentina a fines de los años ‘60 y principios de los ‘70 se basaron en lo que aparentemente aconteció en la UBA. En los textos que abordaron las organizaciones armadas (^{Gillespie, 1987, p. 96}), los intelectuales (^{Altamirano, 2007, p. 123}; ^{Sigal, 1991, p. 71}), el sistema político y la sociedad (^{De Riz, 2000, pp. 95}; ^{Romero, 1994, p. 247}), la clase trabajadora (^{James, 1999, p. 314}) o la juventud (^{Manzano, 2017}); la universidad (^{Barletta, 2001}; ^{Barletta y Tortti, 2002}; ^{Buchbinder, 2005}; ^{Portantiero, 1978}; ^{Sarlo, 2001, p. 85}; ^{Suasnábar, 2004, p. 82}; ^{Tortti, 2000, p. 149}), donde se ubican dos libros recientes sobre el tema (^{Dip, 2017}; ^{Friedemann, 2021}), se sostuvo que el reformismo universitario pasó a un segundo plano ante al ascenso de la nueva izquierda y el novel peronismo. Estas tesis fueron construidas con recortes discursivos de ciertas agrupaciones e intelectuales, sin una observación metódica de las acciones, sus protagonistas y los escenarios. No obstante, influyeron notoriamente en los juicios sobre las experiencias de otras universidades. Según nuestros registros, los estudiantes de la UBA protagonizaron 2.549 enfrentamientos, que implicaron 2.789 acciones muy variadas.

La UNLP, con 28.511 alumnos, era la segunda casa de altos estudios más concurrida del país (^{Pérez Lindo, 1985, p. 171}). Su movimiento estaba empapado de una abigarrada tradición entroncada a la Reforma Universitaria (^{Biagini, 1999}; ^{Graciano, 2008}). Durante los primeros años ‘60 la Guerra Fría se convirtió en eje del debate. En La Plata emergió una corriente “democrática”, fundada en “El Anticomunismo y la oposición a las formas que estaba asumiendo el apoyo a Cuba en las acciones de otros reformistas…” (^{Pis Diez, 2018, p. 232}), mientras crecía la influencia de los reformistas comunistas y de otras tendencias de izquierda. Con la excepción de Arquitectura, el impacto de las renuncias y cesantías resultó inferior al de la UBA (^{Suasnábar, 2004, p. 65}). No obstante, la resistencia estudiantil también exhibió dinamismo (^{Bonavena, 2012}; ^{Pis Diez, 2019}). En un trabajo precursor, ^{Ana Julia Ramírez (1999)} expuso una fuerte asociación entre radicalización y peronización estudiantil luego de 1966. Las investigaciones posteriores tanto refrendaron (^{Lanteri, 2009}; ^{Pis Diez, 2020}; ^{Simonetti, 2002}) como cuestionaron la supremacía del peronismo (^{Bonavena, 2012}; ^{Nava, 2013} y ²⁰¹⁸; ^{Nava y Romá, 2011}). Nosotros registramos 1.588 hechos de enfrentamiento que abarcaron 2.336 acciones.

La UNC contaba con 26.850 alumnos (^{Pérez Lindo, 1985, p. 171}). Córdoba se destaca por haber sido cuna de la Reforma Universitaria de 1918 y del “Cordobazo” de 1969, puntos cardinales de la identidad estudiantil cordobesa. En 1966 las agrupaciones reformistas rechazaron la intervención. El Integralismo, una corriente católica que había ganado predicamento y se encontraba en los comienzos de su acercamiento al peronismo, albergó cierta expectativa, pero cambió su orientación cuando los interventores designados no coincidieron con sus aspiraciones (^{Ferrero, 2009, p. 155 y p. 165}). Este viraje produjo una confluencia con el reformismo. Durante el último trimestre del año la coordinadora estudiantil paralizó las clases y conquistó las calles. Las obras clásicas sobre el Cordobazo indicaron la importancia del movimiento estudiantil (^{Aufgang, Bar y Balvé, 1973}; ^{Balvé y Balvé, 1989}; ^{Brennan, 1996}; ^{Gordillo, 1999}), aunque sin desplegar un análisis sistemático de las corrientes de alumnos. La bibliografía específica se remonta a 1994 (^{Alsogaray y Crespo}). Luego, Roberto Ferrero (1999; 2005; ²⁰⁰⁹) sostuvo que a fines de los años ‘60 el peronismo cordobés desplazó al reformismo, aunque esta afirmación resulta contradictoria con la evidencia que presenta. Posteriormente, del trabajo de ^{Mónica Gordillo (2013)} se desprendió con claridad que las aseveraciones de Ferrero son cuestionables. Nuestro registro detalla 1.504 hechos, que imprimieron 1.935 acciones.

Rosario, la tercera ciudad más habitada del país, también resultó sacudida por los “azos”. La UNR fue fundada en 1968, tras un conflictivo desmembramiento de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) (^{Falcón y Stanley, 2014, p. 214}), y contaba con 15.974 alumnos (^{Pérez Lindo, 1985, p. 171}). En las facultades rosarinas sobresalían los socialistas del Movimiento Nacional Reformista (MNR). Todos los grupos reformistas rechazaron la intervención y la Federación Universitaria del Litoral (FUL) impulsó la coordinadora de lucha (^{Bonavena y Millán, 2007, p. 120}). La Facultad de Filosofía y Letras, epicentro de la modernización local, registró casi la mitad de las renuncias docentes en la UNL (^{Raffo, 2007}). Para este caso no contamos con una investigación pormenorizada como la de Natalia ^{Vega (2018)} sobre la cercana Santa Fe. Sin embargo, en un trabajo de síntesis sobre la ciudad Cristina ^{Viano (2000}) señaló que desde 1970 tuvo lugar un crecimiento “arrollador” de la Juventud Peronista (JP) en la UNR (p. 271). Textos posteriores refutaron tales ideas (^{Bonavena y Millán, 2007}; Millán, 2017). Nosotros registramos 1.075 hechos, que condensan 1.433 acciones.

El último caso es el de San Miguel de Tucumán y la UNT, que durante 1968 contaba 9.398 alumnos (^{Pérez Lindo, 1985, p. 171}). Tucumán se destacaba como una de las zonas más conflictivas del país. La industria azucarera entró en una crisis sin precedentes en 1967, cuando la dictadura clausuró 11 de los 27 ingenios y dejó en la calle a 250.000 trabajadores, un tercio de la población (^{Nassif, 2012}). Los estudiantes apoyaron las protestas y estas confrontaciones se enjambraron con las luchas contra la intervención que delinearon un movimiento luego protagonista estelar de los “azos”. En varios trabajos se sostiene que el peronismo llegó a la cima del movimiento estudiantil (^{Crenzel, 2019}; ^{Nassif, 2012}; ^{Nassif y Ovejero, 2013}; ^{Pucci, 2007}), mientras otras indagaciones marcaron la gravitación del reformismo y la izquierda (^{Kotler, 2011}; ^{Millán, 2013}). Nuestra contabilidad arrojó 2.331 hechos desagregados en 3.191 acciones.

En años recientes se publicaron estudios sobre estas universidades (^{Bonavena, Califa y Millán, 2018}; ^{Califa y Millán, 2020}; ^{Califa, 2020}; ^{Califa y Millán, 2021a} y ^2021b; ^{Nava, 2018}) y concisas comparaciones (Califa y Millán, 2019; ^{Millán, 2018} y ²⁰²⁰) a partir de métodos cuantitativos. Estos trabajos permitieron observar fenómenos a escala local, pero no alcanzan para una lectura general de la Argentina. Aquí contribuimos con un análisis que organiza y compara las luchas estudiantiles en el país sobre la base de más de 9.000 enfrentamientos.

Consideraciones teórico-metodológicas

Nuestra aproximación conceptual está inspirada en una mixtura entre marxismo sociológico y sociología histórica, a partir de la mencionada noción de enfrentamiento social (^{Marín, 2009}). Este punto de partida no desconoce aspectos discursivos y de sociabilidad, pero sostiene que la observación de las acciones contenciosas constituye una herramienta heurística fundamental para el estudio de un movimiento de lucha. Las series sobre los enfrentamientos y sus características permiten describir ciclos de movilización (^{Tarrow, 1997, p. 263}) y explorar sus relaciones con eventos del proceso político. La radicalización se entiende como la “(…) expansión de los marcos de la acción colectiva a (…) reivindicaciones más extremas y la adopción de formas más transgresivas de contienda” (^{Mc Adam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 76}).

En términos metodológicos analizamos los enfrentamientos sociales protagonizados por estudiantes de la UBA, la UNLP, la UNC, la UNR y la UNT identificados en tanto tales. La fuente es una base de datos de luchas estudiantiles entre los golpes de Estado de 1966 y 1976, disponible en el Instituto “Gino Germani”¹. Esta base ofrece una cronología diaria de acciones contenciosas protagonizadas por alumnos en Argentina a partir del registro de más de 20 periódicos de circulación nacional y local. Desde 2006 realizamos sucesivas pruebas de fiabilidad y validez en distintos repositorios documentales. Asimismo, el control con la bibliografía constató todos los eventos registrados.

Para los aspectos técnicos de la codificación seguimos las recomendaciones de ^{Roberto Franzosi (2017)}. La ambición de construir una serie nos condujo a los tabloides, única fuente diaria y relativamente uniforme. Según el autor, los sesgos de los periódicos se localizan más en la presentación que en la aparición o no de los acontecimientos. Para contrarrestarlos trabajamos con identificadores de hechos de enfrentamiento social y mediante la codificación extrajimos la información de los choques de su contexto semiótico. Dentro de cada hecho registramos una o varias acciones sucesivas con participantes en común. Nuestra matriz de datos identificó siete variables cuyo contenido y dificultades conceptuales detallaremos luego. Cinco tienen sistemas categoriales no excluyentes (tipo de acción, protagonista/s, reclamo/s, escenario, aliado/s) y dos excluyentes (lugar y fecha). En términos operacionales, utilizamos una planilla con un encabezado que desglosa las variables y listamos los enfrentamientos, a los que asignamos el/los valor/es de cada categoría. Nuestro equipo controló la codificación rehaciéndola para muestras aleatorias de períodos.

A continuación, exponemos sus valores, las principales co-variaciones y los vinculamos con las reconstrucciones de coyunturas clave. En un primer apartado daremos cuenta del volumen y los ciclos de confrontación, en el segundo de las formas de acción y las identidades de los protagonistas, en el tercero describiremos los reclamos y en el cuarto nos explayaremos sobre los escenarios y las alianzas. Para ello adoptaremos un enfoque diacrónico y comparativo que distingue etapas, tendencias comunes y diferencias que retratan en términos generales al movimiento estudiantil argentino durante estos años.

Volúmenes de hechos y contextos

Las magnitudes del apartado anterior permiten una aproximación de las luchas estudiantiles que deja sin respuestas preguntas clave: ¿cuándo hubo más o menos enfrentamientos? ¿Con qué acontecimientos de la historia política y social argentina coinciden sus variaciones? ¿Qué grado de sincronía o asincronía con estos procesos muestra cada caso? Para ello organizamos series anuales.

Una mirada de la curva nacional permite identificar dos momentos de alza: 1966 y el trienio de 1969 a 1971. Asimismo, notamos una contundente caída durante 1967, el comienzo del ascenso posterior y, finalmente, un sostenido declive en 1972 que se hunde durante el tercer peronismo. Por otro lado, el gráfico nº1 permite comparar casos y cotejar sus asociaciones con la tendencia general. Las frecuencias de hechos de la UNC, la UNLP y la UNR concuerdan con la curva nacional. Esto puede verificarse en la UBA y la UNT hasta 1971. Luego ambas se separan: en Tucumán durante 1972, en Buenos Aires la divergencia prosigue en 1973 y 1974.

Fuente: Bonavena, 1990/2

Gráfico nº 1 . Evolución anual de la cantidad de hechos de lucha estudiantil en la UBA, la UNC, la UNLP, la UNR y la UNT y sumadas, entre 20 de junio de 1966 y 31 de diciembre de 1975. 

Nuestro análisis de los momentos de auge se inicia en 1966. Las cifras se corresponden al segundo semestre, tras el golpe de Estado. Como se entiende, estamos ante la mayor concentración de acciones en un segmento temporal de nuestro período. El epicentro se localizó en Córdoba, donde la resistencia configuró un caso peculiar, que prefiguró varios elementos del Cordobazo (^{Millán, 2018a}). En el gráfico nº 1 notamos la distancia entre los registros de la UNC y los foráneos. Tal cual demostraron los trabajos descriptivos (^{Ferrero, 2009}; ^{Gordillo, 2013}; ^{Millán, 2013}) este ciclo se compuso de varios factores. Por un lado, la confluencia de los reformistas volcados a la izquierda con el Integralismo -católicos decepcionados con la política universitaria dictatorial-, complementada por el apoyo de familiares, religiosos y fracciones obreras. Por el otro, la impronta callejera de la lucha, con recurrentes enfrentamientos policiales. Los acontecimientos de Córdoba fueron marcados por los heridos de bala y por el asesinato del estudiante y obrero Santiago Pampillón. En otras ciudades hubo numerosas acciones contra la intervención.

El gobierno de facto llevó adelante una represión reactiva, que chocó frente a cada protesta, y difusa, mediante la embestida de las columnas estudiantiles con fuerzas policiales dispuestas para la saturación de las calles. En un texto clásico, ^{Juan Carlos Portantiero (1973)} sostuvo que el golpe de 1966 fue un intento de “romper el empate hegemónico”. En la universidad la dictadura presidida por Juan Carlos Onganía tomó la iniciativa a partir del ejercicio de la fuerza, con el objetivo de reordenar el conjunto de actores e instituciones. El asalto a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la “Noche de los Bastones Largos”, resultó el primer episodio con amplias repercusiones. El segundo fue el crimen de Pampillón. El análisis de las declaraciones y acciones estudiantiles demostró que este alumno se convirtió en un mártir, un caído por una causa cuya conquista implicaba la confrontación violenta (^{Millán, 2020}).

Pese a la resistencia, la dictadura logró consolidarse, como lo demuestra la retracción de la protesta durante 1967 y la sanción de la “Ley Orgánica de las Universidades Nacionales” (Ley 17.245). Su lectura permite advertir la preocupación central del régimen: desterrar la práctica política de las aulas, concebida como sinónimo de “desorden”, “división de los argentinos” y “subversión” (^{O’ Donnell, 2009, p. 89}). ^{Emilio Mignone (1998)} señaló las contradicciones de la ley: reconocía la autonomía y la libertad académica, pero se imponían limitaciones y se condenaban opiniones políticas (p. 48). El gobierno quedaba restringido a los profesores de mayor jerarquía. Los estudiantes tendrían un representante del último curso, con voz pero sin voto. Se admitía la existencia de centros, pero estaba prohibido el activismo político. Asimismo, obligaba a tomar exámenes de ingreso. La Federación Universitaria Argentina (FUA) dispuso una huelga “(…) en repudio de la nueva ley (…) que tiene objetivos antipopulares, institucionaliza la eliminación de la estructura democrática en la alta enseñanza y legaliza la persecución del movimiento estudiantil”² Sin embargo, los llamados a la acción cayeron en saco roto y la federación abortó el paro.

La tendencia comenzó a revertirse durante 1968. Los estudiantes y sus organizaciones en Argentina no alcanzaron sus mayores niveles de activación en el año de la revuelta global. Sin embargo, el cincuentenario de la Reforma en junio fungió como un hito de unidad que devolvió al movimiento a las calles y fortaleció su alianza con una fracción obrera, la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (^{Bonavena y Califa, 2018}).

El nuevo curso se consolidó en 1969 y ubicó la experiencia argentina en el plano latinoamericano (^{Califa y Millán, 2019}). El Cordobazo constituyó el acontecimiento que simbolizó esta etapa. En simultáneo, más de 30 revueltas populares urbanas se percibieron como “azos” entre 1968 y 1975 (^{Fernández, Iglesias y Seia, 2014}). En el cénit de estos levantamientos, las ciencias sociales distinguieron los motivados por un reclamo vernáculo, “puebladas”, y los desencadenados a partir de conflictos de la clase trabajadora, los “azos” (^{Aufgang, 1981}). Numerosos trabajos exhibieron la destacada participación estudiantil en el “mayo argentino” (^{Tarcus, 2009}), secuencia de “azos” iniciada en Corrientes, proseguida en Tucumán, Rosario y Salta y finalizada en dicho mes en Córdoba. Este pico, no obstante, se prolongó durante tres años, conformando un ‘68 largo (^{Califa y Millán, 2021a}).

En medio de un clima político tenso, en junio de 1970 fue depuesto Juan Carlos Onganía y reemplazado por el general Roberto Levingston. Empezaba el “segundo ciclo de la Revolución Argentina” (^{De Riz, 2000}; ^{O’ Donnell, 2009}). Poco después, el 26 de marzo de 1971, el general Alejandro Lanusse asumió la presidencia ante el fracaso de su antecesor para contener la protesta social, como lo demostró el “Viborazo” de marzo de 1971. El nuevo mandatario autorizó el funcionamiento de los partidos e impulsó el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN) (^{Bonavena et. al., 1998, p. 97} y ss.; ^{De Riz, 2000, p. 105}; ^{Novaro, 2011, p. 113}), para: “(…) la represión de los irrecuperables (…) [y] privar de oxígeno político a la subversión.” (^{Lanusse, 1977, p. 163})

En la Universidad las cifras de este auge se asemejan a las de 1966, pero con atributos diferentes. Primero, por su carácter generalizado en el país y su inclusión en procesos de confrontación más amplios. Segundo, porque las modalidades de lucha implicaban graves costos y, por ello, compromisos mayores. Finalmente, por su prolongación y éxito, que obligó a la dictadura a retroceder.

Por otra parte, un cotejo de casos advierte divergencias. Durante 1969 Buenos Aires y La Plata, las dos ciudades que no tuvieron “azos”, se encontraron rezagadas en la cantidad de hechos. La novedad es que Córdoba fue sobrepasada por Tucumán. La UNT, de una matrícula tres veces menor que la UNC y ocho veces inferior a la de la UBA, hizo punta en las acciones de lucha, incluso más allá del apogeo general. Así, el declive general de 1972 tuvo aquí como contrapartida el “Quintazo”, el más estudiantil de los “azos”, transcurrido en la Quinta Agronómica tucumana, que amortiguó la caída de la curva nacional.

En 1973 comenzó una nueva etapa, signada por el regreso al régimen constitucional en un contexto de violencia política. La asunción presidencial de Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973 contó con la asistencia de los presidentes socialistas de Chile y Cuba y “(...) las enormes multitudes peronistas saborearon anticipadamente el poder popular y experimentaron una exquisita sensación de ‘liberación’ (…)” (^{Gillespie, 1987, p. 157}). Esta fue una brevísima experiencia. El 12 de octubre de 1973 asumió la presidencia Juan Domingo Perón. Días antes se había conocido el “Documento Reservado del Consejo Superior del Justicialismo”, donde se caracterizaba la situación como de guerra contra la “subversión” y se denunciaba la “Infiltración de esos grupos marxistas en los cuadros del Movimiento”. Se creó un organismo de inteligencia y se dispuso de métodos eficientes para el caso. La habilitación para la violencia sobre los “infiltrados marxistas”, entre otros la JUP, se inscribía en un proceso de constitución de un enemigo interno (^{Franco, 2012}).

En estas condiciones observamos una continuidad en el declive de hechos de lucha estudiantil a nivel nacional. No obstante, existen disparidades. Tucumán experimenta una drástica caída. Córdoba una leve suba, más pronunciada en La Plata, Rosario y Buenos Aires. Con excepción de la última, ningún incremento colocó el volumen de acciones en los niveles del trienio 1969-1971. Por su parte, en la UBA registramos dos peculiaridades: un alza de acciones en 1974 y una cantidad de hechos igual o superior al del largo ‘68.

¿Estas magnitudes habilitan a pensar la experiencia porteña del tercer peronismo en sintonía con el proceso de radicalización de las provincias? Para responder debemos considerar las formas de acción y los protagonismos de los grupos. ^{Pablo Bonavena, Juan Sebastián Califa y Mariano Millán (2018)} mostraron que cuando se restan de la curva porteña las acciones en apoyo al gobierno y/o las autoridades y las declaraciones no existe una suba, sino una fuerte caída. La evolución en sentidos contrarios es única en Argentina y marca el peso de las prácticas prescritas por las autoridades en un movimiento estudiantil en proceso de institucionalización.

Este ciclo encuentra su final tras la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974. Bajo la presidencia de María Estela Martínez se exacerbaron las tendencias represivas preventivas y selectivas con participación de grupos clandestinos. Estas modalidades, que evidenciaban el trabajo sistemático de inteligencia, ya estaban presentes en las facultades desde el Gran Acuerdo Nacional Sin embargo, cobraron una fuerza inusitada bajo la “Misión Ivanissevich” desde septiembre de 1974, y lograron demoler los ya endebles niveles de movilización estudiantil. Para marzo de 1976 el activismo se encontraba reducido a su mínima expresión.

Formas de acción y protagonismos

Las curvas precedentes aportaron una comprensión general, pero un análisis fundado exclusivamente en ellas puede inducirnos a igualar procesos disímiles o ensombrecer semejanzas. Por ello es necesario indagar en las formas de acción. Nuestra codificación distinguió quince categorías, resumidas en cuatro: “Declaraciones y/o comunicados”; “Acción institucionalizada” (conferencia de prensa, acto, asamblea, huelga de hambre, huelga universitaria de escala nacional, local o por unidad académica); “Acción directa sin violencia” (marcha, movilización, concentración y toma sin control del edificio) y “Acción directa con violencia” (acto relámpago, enfrentamientos con la policía, barricada, toma con control del edificio, detonación de explosivos y ataque armado). Clasificamos así los hechos en una gradación de mayor a menor costo de activación y en un continuo de las formas contenidas a las disruptivas de la contienda (^{Mc Adam, Tarrow y Tilly, 2005}) (gráfico nº 2).

Fuente: Bonavena, 1990/2.

Gráfico nº 2 Evolución anual de las formas de acción del movimiento estudiantil de la UBA, la UNC, la UNLP, la UNR y la UNT sumadas, entre 28 de junio de 1966 y 31 de diciembre de 1975 

En el pico de 1966 encontramos las declaraciones a la cabeza, con una diferencia apreciable sobre la acción institucional, ubicada segunda y cerca de la acción directa con ejercicio de violencia. La preponderancia de los comunicados responde a una coyuntura signada por un abrupto cambio institucional, cuando todos los actores difunden su posición. Al mismo tiempo, la magnitud institucional evidencia que las dos terceras partes de los hechos de resistencia adoptaron formas contenidas. Como contracara, casi un tercio de las acciones tomaron caminos disruptivos, con una concentración notoria en Córdoba. No obstante, en ocasiones se trata de acciones que se combinan: ante la impotencia del reclamo y la represión, el movimiento estudiantil se enfrenta a las fuerzas represivas.

El cambio de tendencias de 1968 y el salto de 1969 a 1971 es acompañado por una transformación de las prácticas. Las ocupaciones de facultades, los choques con la policía, los actos relámpagos y las barricadas se volvieron modalidades recurrentes cuando el movimiento estudiantil se integró en una alianza que disputó el control urbano. En contrapartida, interesa marcar dos tendencias. Mientras la curva general de acción se eleva entre 1969 y 1971, la de la acción directa con violencia experimenta un declive. Al mismo tiempo se aprecian diferencias entre casos: el alza de la acción directa con violencia es menos pronunciada en la UBA y la UNLP, en ciudades no conmovidas por un “azo”.

En el tercer momento, marcado por los gobiernos justicialistas, las declaraciones y comunicados y la acción institucional volvieron a la cúspide entre los repertorios. La semejanza con los inicios de la dictadura es aparente: en 1973 la mayoría de los hechos respaldaban a las autoridades en el marco de un declive de la acción directa violenta, en 1966 impugnaban al régimen.

La casuística de los hechos permite mayor comprensión de las confrontaciones estudiantiles. Córdoba constituyó el epicentro de la resistencia en 1966, por la cantidad de hechos y por la presencia de la violencia en casi un tercio de las acciones. Los estudiantes de Tucumán ocuparon el lugar más destacado en el siguiente ciclo. En 1966 habían superado a sus pares mediterráneos en esta variable, aunque sobre una base menor de acciones (84/196, un 43%). Para 1969-1971 alcanzaron un 45%. En Córdoba y Rosario observamos porcentajes levemente superiores, pero sobre un volumen de hechos un 30% menor. Asimismo, recordamos que el ciclo de la UNT prosiguió hasta 1972. El panorama de 1973 se distingue por la renuncia a estas prácticas y un incremento inédito de las declaraciones y del apoyo al gobierno. Esta tendencia se consolidó por la contribución superlativa de la UBA, donde estas iniciativas concentraron la mitad de los registros de 1973 y 1974 (205/428 y 256/538).

Estos virajes pueden entenderse mejor si analizamos la evolución de los protagonismos de las agrupaciones. Nuestro código reconoció 27 categorías no excluyentes, pues una acción puede haber sido realizada por más de un grupo. Simplificamos la lectura en seis conglomerados, de los que detallamos su porcentaje de aparición en la década: “Centros y Federaciones” 26%, “Agrupaciones Reformistas” 18,5% (los comunistas del MOR, los radicales de FM, los socialista del MNR, la izquierda nacional nucleada en la Agrupación Universitaria Nacional, AUN, y otras reformistas), “Agrupaciones de Izquierda” 12% (las maoístas del FAUDI y la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente, TUPAC, la trotskista de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista, TERS, el guevarista FEP-PRT, la Línea de Acción Popular o los Grupos Revolucionarios Socialistas), “Agrupaciones Católicas y/o Peronistas” 14,5% (el Frente Estudiantil Nacional, FEN, la Juventud Universitaria Peronista, JUP, el Integralismo y demás), “Grupos de Derecha” 2% y “Otros/No informados” 27%.

Advertimos que estas categorías contienen formas de organización relativamente diferentes. Los Centros y Federaciones poseían una presencia institucionalizada en las universidades argentinas antes de 1966 y constituían la instancia gremial reconocida por las sucesivas autoridades. Las agrupaciones combinaban espacios de sociabilidad estudiantil y activismo político en diversas dosis y su presencia, si bien extendida, estaba menos formalizada. Ambas instancias organizativas fueron formalmente prohibidas tras la intervención universitaria. Sin embargo, y gracias a la resistencia estudiantil, el cumplimiento de la prohibición fue dispar a lo largo de la dictadura y a lo ancho del país. Entre 1973 y mediados de 1974, en la primera parte del tercer peronismo, existió un estímulo de parte del funcionariado universitario hacia la militancia estudiantil en agrupamientos oficialistas, aunque la Ley Universitaria promulgada por el gobierno lo prohibió y desde la llamada “misión Ivanissevich” esa normativa se hizo cumplir con duros métodos represivos.

No obstante, las diferencias, los Centros y Federaciones eran dirigidos por agrupaciones o coaliciones de ellas. Debe recordarse que hasta 1973 sólo contendían por la conducción las agrupaciones reformistas, las de izquierda y en algunos casos el Humanismo o el FEN, dentro del conglomerado de agrupaciones católicas y/o peronistas. Durante el tercer peronismo se sumó la JUP, especialmente relevante en Buenos Aires y un poco menos en La Plata. Una forma rápida de estimar la gravitación de las distintas corrientes en estos organismos consiste en observar las conducciones de la FUA: hasta 1968 en manos del Partido Comunista, entre 1970 y 1974 la primera minoría quedó en las mismas manos bajo el sello de FUA La Plata, mientras que otro contingente fue encabezado por FAUDI hasta 1971, cuando fue desplazado al segundo lugar de la FUA Córdoba a manos de una alianza entre el MNR y Franja Morada, la cual cambió sus términos en 1974. A fines de 1974 la FUA La Plata se acopló con la federación porteña conducida por la JUP y una fracción de Franja Morada en la Confederación Nacional de Centros y Federaciones (CNFC). Durante el tercer peronismo se estima que en 1973 la JUP constituyó la primera minoría a nivel nacional, seguida muy de cerca por Franja Morada y casi inmediatamente el MOR. Un poco más rezagado se encontraba FAUDI y detrás el MNR. Para 1974 la estimación de los votos y delegados es más imprecisa, dado que muchos comicios no se realizaron debido a la campaña represiva desatada. No obstante, es plausible pensar en una paridad entre la FUA Córdoba y el CNFC, paridad que en 1975 se decantó definitivamente en favor de las fuerzas de la FUA con el pasaje del MOR a una convergencia con Franja Morada.

En tal sentido, sobresalen dos elementos: la gravitación de la tradición de la Reforma Universitaria y el elevado porcentaje de “no informados”. Presentamos las series anuales (gráfico nº 3):

Fuente: Bonavena, 1990/2

Gráfico nº 3 Evolución anual de los protagonismos del movimiento estudiantil de la UBA, la UNC, la UNLP, la UNR y la UNT sumados, entre 28 de junio de 1966 y 31 de diciembre de 1975 

Los Centros y Federaciones y las Agrupaciones Reformistas encabezan los enfrentamientos en 1966; se trata de la respuesta a la intervención de actores organizados previamente. Las Agrupaciones Católicas y/o Peronistas, que en su mayoría avalaron el golpe y la intervención, se ubican terceras merced al Integralismo de Córdoba, que pasó a la oposición y contribuyó con 504 de los 618 protagonismos de esta categoría.

Entre 1969 y 1972 resulta complejo nominar los actores, sobre todo en los “azos”, caracterizados por concatenaciones de enfrentamientos en diversos puntos. La efervescencia convoca personas no organizadas, las cuales en los momentos más belicosos de la lucha se mezclaron con columnas de agrupaciones que en los choques se desarmaban y recomponían con partes propias y ajenas. A su vez, no todo cronista identificó a los protagonistas y a veces no mencionan adrede nombres, para evitar sanciones. Por ello, observamos la preeminencia de “Otros/sin identificar” durante el ‘68 largo y en Córdoba, Rosario y Tucumán.

Comprendido esto, observamos la evolución de las tres grandes corrientes. Los Centros y Federaciones se ubican a la vanguardia. Las Agrupaciones Reformistas alternan su posición con las Agrupaciones Católicas y/o Peronistas. No obstante, las primeras encabezan los Centros y Federaciones y las segundas suelen abstenerse de esos organismos, con lo que el arco reformista se ubica por encima. También el reformismo se posiciona delante de las Agrupaciones de Izquierda, más expandidas durante aquellos años. A diferencia del momento inicial, estas exhiben un desempeño similar a las otras corrientes e incluso mayor durante 1971 y 1972, en gran medida por los sucesos de Tucumán. Las fuerzas de izquierda albergaron dos posturas frente a los centros: la mayoría participó y algunas conquistaron cargos de dirección, otras impulsaron los cuerpos de delegados y erigieron una nueva coordinación estudiantil a nivel nacional, aunque sin éxito (^{Bonavena 2012}; ^{Califa, 2018}; ^{Dip 2020}).

El peso estadístico del bloque de Agrupaciones Católicas y/o Peronistas durante este trienio se concentra en La Plata, Buenos Aires, Rosario y Tucumán. Sin embargo, las pendientes más inclinadas y los porcentajes de aparición más altos se ubican en las primeras tres, con 10%, 9% y 9%. Las corrientes de mayor presencia fueron la platense Federación Universitaria para la Revolución Nacional (FURN) (^{Pis Diez, 2020}) y el FEN (^{Califa, 2017a}), mientras el Integralismo cordobés perdió gravitación en pleno desmembramiento hacia diferentes opciones peronistas.

El llamado tercer peronismo también constituye una etapa cualitativamente diferente respecto de los protagonismos, cuando observamos el mayor ascenso del joven justicialismo universitario, que superó levemente a la izquierda (701 contra 652) y por muy poco a las agrupaciones reformistas (701 a 700). A su vez, registramos una caída sustancial de “Otros/sin información”, fuertemente asociada al desplome de la “Acción directa con violencia” (coeficiente de asociación R de Pearson de 0,94 entre 1970 y 1975), paralelismo extensivo a las acciones en general. Allende la discusión sobre cuánto del activismo del ‘68 largo se peronizó, quienes lo hicieron pasaron a protagonizar otro tipo de acciones.

La cuestión de los centros y federaciones revistió gran importancia. En 1973 la FUA “La Plata” estaba dominada por los comunistas del MOR y la FUA “Cordoba” por el MNR y la Franja Morada (^{Califa, 2017b}). Para fines de 1974, ya bajo la represión de la “Misión Ivanissevich”, la JUP, el MOR y una fracción de la Franja Morada, la Juventud Revolucionaria Radical (JRR), conformaron el Consejo Nacional de Federaciones y Centros, que intentó desplazar a la FUA “Córdoba”. No obstante, el grueso de los hechos lo aportaron los centros, no las federaciones, mayormente conducidos por reformistas. Al respecto la UBA constituyó una excepción. En 1973 la flamante JUP se impuso en casi todas las facultades. Fue un triunfo paradójico: los defensores del revisionismo, de escasa fuerza en el radicalizado interior, se impusieron en la “ciudad puerto”. Asimismo, la conquista se produjo mediante el “... organismo político-gremial que habían defendido históricamente todas las corrientes que se identificaron con la Reforma de 1918” (^{Dip, 2017, p. 180}) y a través de acuerdos contradictorios, dándose casos donde la JUP enfrentó a sus aliados de otras facultades. Algo comparable ocurrió en la UNLP durante 1974. En el resto de las universidades ocurrieron performances discretas o la no participación en 1973 y una mejoría el año siguiente, sin triunfos resonantes. A su vez, la escisión de la JP Lealtad, el pasaje de Montoneros a la clandestinidad y la imposibilidad de realizar las elecciones en la UBA en 1974 debido al clima represivo, tuvieron gran impacto sobre la JUP. Para 1975 el reformismo retornó al primer plano en todas las universidades, observándose una convergencia del radicalismo y el comunismo, aunque en una situación de apatía y retirada de la militancia (^{Millán, 2018b}).

Finalmente, durante este trienio registramos el incremento de una categoría hasta entonces marginal: “Agrupaciones de Derecha”, estrechamente relacionada con la disputa interna del peronismo y las iniciativas de la Ortodoxia para desplazar a la Tendencia Revolucionaria, especialmente en la UBA. Un análisis reciente de la relación del movimiento estudiantil con la violencia mostró la considerable porción de acciones armadas entre 1973 y 1976 frente a los actos relámpago, las barricadas o los choques con la policía, predominantes entre 1969 y 1971/2 (^{Millán, 2020}).

Los reclamos del movimiento estudiantil

Las memorias colectivas y las ciencias sociales subrayaron la centralidad del movimiento estudiantil como sujeto político hacia fines de los años ‘60. En Argentina muchos trabajos retomaron las palabras de Beatriz Sarlo, quien sostuvo que el peronismo revolucionario, muestra suficiente de la militancia, habría incurrido en una “pérdida de especificidad de la cuestión universitaria” que lo llevó a su derrota (^{2001, p. 103}).

Existen dos formas de contrastar tal hipótesis. ^{Sergio Friedemann (2021)} demostró la existencia de un cuerpo relativamente desarrollado de concepciones sobre la actividad universitaria en la militancia de la izquierda del peronismo. Por nuestra parte entendemos necesario analizar las demandas estudiantiles a lo largo de la década, pues la caída del peronismo marcó el final de una experiencia que lo excedía. Para ello tomamos la distinción de Aldo Solari entre “la dimensión gremial, la de política universitaria y la de política general” (^{1968, p. 53}), con la admisión de las dificultades para distinguir tales dimensiones. Allende superposiciones y continuidades, en ocasiones unas demandas predominan sobre otras (^{Poulantzas, 1971, p. 97}), al tiempo que la militancia de izquierda concebía la política como una actividad revolucionaria. Es interesante que una investigación reciente sobre lo sucedido en Uruguay observó también el peso de lo corporativo en la lucha universitaria (^{Markarian, 2020}). En resumen, existían diferencias entre la acción política y la gremial más allá de que esos límites a menudo hayan resultado porosos, y así lo comprendían los protagonistas.

Para reflexionar sobre el nexo entre politización y demandas de la condición estudiantil codificamos 13 tipos de reclamos, aquí agrupados en seis conjuntos y presentados con sus porcentajes en la década: “Reclamos académico/universitarios” 21,3% (autonomía y cogobierno, cuestiones académicas, bienestar estudiantil e ingreso irrestricto); “Política Universitaria” 18,1% (cuestionamiento contra funcionarios y/o profesores y crítica de la política universitaria gubernamental); “Cuestiones políticas” 26,8% (contra medidas y acciones políticas en el escenario nacional y/o internacional, solidaridad con otras luchas y memoria/homenaje a mártires), “Anti-represivo” 21,1%, “Apoyo al gobierno y/o funcionario” 6,4% (apoyo a funcionario, apoyo a la política educativa del gobierno o al gobierno en general) y otros 6,1%. Se advierte que lo político constituye la primera minoría, pero una agregación de lo universitario concentra el 39,3%.

El gráfico nº 4 muestra que en distintos momentos priman diferentes demandas. Esta relación cambiante entre lo reivindicativo-corporativo y lo político cobrará mayor nitidez cuando nos adentremos en cada etapa y caso.

Fuente: Bonavena, 1990/2

Gráfico nº 4 Evolución anual de los reclamos del movimiento estudiantil de la UBA, la UNC, la UNLP, la UNR y la UNT sumados, entre 28 de junio de 1966 y 31 de diciembre de 1975 

Durante 1966 registramos el despunte del rechazo a la política universitaria y la exigencia del retorno de la autonomía universitaria y el cogobierno. Más atrás se ubicaron los reclamos anti-represivos, en respuesta a las persecuciones del momento, y en un tercer escalón aparecieron los repudios a la dictadura. No obstante, existen dos disparidades. La primera es que la UNC concentra más de la mitad de los reclamos. Esto no implicó grandes variaciones en los porcentajes: la suma de “académico-universitario” y “política universitaria” supera holgadamente el 50%, mientras lo anti-represivo y lo político rondan el 20%. No obstante, el volumen marca una diferencia cualitativa: 1.481 reclamos en un semestre, concentrados de agosto a noviembre, más de ocho demandas diarias en Córdoba. La segunda diferencia nos conduce a la UBA: encabeza las acciones en apoyo a funcionarios y/o gobierno, observable de la importancia de agrupaciones como los peronistas del Sindicato Universitario de Derecho (SUD) (^{Califa, 2018b}), y con menos del 5% presenta la proporción más baja de demandas políticas.

Durante la etapa de los “azos” se transformaron los reclamos. Las cuestiones políticas acapararon el 35% entre 1968 y 1972. Próximo quedó la suma de los rubros universitarios con 34% (Reclamos Universitarios con 24% y Política Universitaria con 10%) y atrás las demandas anti-represivas, con un 25%. Estas magnitudes, sin embargo, ocultan vaivenes y heterogeneidades. Lo político se ubicó a la vanguardia entre 1967 y 1970, pero descendió en términos absolutos y relativos en 1971, cuando cayó al segundo lugar, donde permaneció en 1972 a pesar del récord de registros. Asimismo, estos ejes concentraron más del 40% en todos los casos menos en la UBA, donde no alcanzaron la mitad. Por otra parte, tales demandas fueron sobrepasadas por los reclamos académico-universitarios en 1971 y superadas durante el siguiente por los pedidos de cese de la coerción policial.

Estas evoluciones invitan a comprender intersecciones y complementariedades entre lo corporativo y lo político. Tomemos dos ejemplos: las luchas por el ingreso irrestricto y los reclamos contra la represión.

Tras el ascenso de 1969 la dictadura reforzó las trabas a la matriculación, con el objetivo de atenuar el impacto de los conflictos en las facultades (^{Mendonça, 2016}). En condiciones marcadas por el desafío a las autoridades (Tortti, 2003), la iniciativa recibió una respuesta organizada. El reclamo empezó en Córdoba durante el verano de 1970 (^{Bonavena y Millán, 2010}), de la mano de los reformistas (radicales y comunistas) que usaron locales del sindicato de Luz y Fuerza para preparar en los exámenes a los alumnos, mientras que en la UBA los grupos de izquierda levantaron luego un rechazo más contundente (^{Califa y Seia, 2017}). Se trató de un movimiento que se extendió a varias ciudades, con amplio respaldo social. Los estudiantes torcieron el brazo de la dictadura y se ensanchó el acceso a las universidades. La matrícula escaló de 191.480 alumnos en 1968 a 280.007 en 1972 (^{Pérez Lindo, 1985, p. 171}). Por ello este autor sostuvo que el gobierno de Onganía “no fue limitacionista” (p. 153). Sin embargo, el ritmo de nuevas inscripciones se aceleraba con la creciente conflictividad: algo menos de 5% en 1969, más del 10% en los dos años siguientes y casi 15% en 1972. Al fin y al cabo, estos contingentes no accedieron a la universidad por bondad oficialista, sino porque conquistaron sus plazas.

En los albores de los años ‘70 también observamos una transformación en la represión. Ganaron terreno las prácticas sucias, realizadas por agentes clandestinos, selectivas en cuanto a sus objetivos y más letales, que evidenciaban un elaborado trabajo de inteligencia (Califa y Millán, 2016). La respuesta constituye otro eje reivindicativo, con una multiplicidad de comunicados, actos y reuniones de alumnos con delegados obreros, militantes de izquierdas, familiares, entre otros. En síntesis, lo distintivo de la etapa es la yuxtaposición y potenciación de reclamos internos y externos a las universidades.

Desde 1973 observamos un nuevo y brusco cambio. Notamos el ascenso de una categoría hasta entonces marginal, “apoyo al gobierno y funcionarios”, que durante los primeros años peronistas concentra un cuarto de las acciones. Inmediatamente detrás se encuentran las cuestiones políticas, con un 18%, la mitad que durante los “azos”. La “política universitaria” tuvo una evolución inversa: muy cerca en 1973, pero por encima en el trienio con el 23% y una duplicación de sus registros. El cambio en las condiciones institucionales es un factor fundamental, a la vez que el inédito clima oficialista o con ciertas expectativas en el gobierno democrático resulta evidente en el contenido concreto de los reclamos políticos (^{Dip, 2017}; ^{Friedemann, 2021}).

Esta evolución no fue homogénea. La UBA, uno de los epicentros de la disputa intra-peronista, concentra el 60% de las acciones de aval a las autoridades. Allí se derrumbaron los “reclamos académico-universitarios”, en parte por conquistas previas como el ingreso irrestricto, en otra porque las principales corrientes confiaron en el nuevo gobierno y paralizaron sus demandas. En casi todas las universidades se registraron incrementos en la defensa de los funcionarios y este eje representó poco menos del 25%, aunque sus volúmenes resultaron incomparablemente menores a los de Buenos Aires. La excepción fue Tucumán, donde el aval a decanos y rectores concentró apenas el 11%.

En contraste con la idea de “una sociedad movilizada para el cambio” con el protagonismo de la juventud (^{Svampa, 2003, p. 384}), para el movimiento estudiantil estos años fueron marcados por una fuerte caída de las demandas políticas. El creciente peso de las organizaciones peronistas, que canalizaron las esperanzas de bases otrora pasivas, y la aquiescencia de otras corrientes, como los comunistas, configuró un escenario de menor combatividad bajo la divisa de encuadrar la militancia en la política de Estado y de gobierno. Pese al cariz institucional, esta orientación no detuvo la avanzada ortodoxa. En el terreno universitario la disputa intra-peronista se tradujo en la fractura de la JUP y una creciente cantidad de acciones violentas de grupos derechistas que, desde el verano de 1974, comenzaron a reunirse semanalmente con Perón (^{Millán, 2018c}). Meses después, este curso dificultó las relaciones de la izquierda peronista con sus aliados comunistas y con el sector de la UCR cercano a Ricardo Balbín (^{Millán, 2018b}).

Nuestro análisis de los reclamos presenta elementos para rechazar la hipótesis sobre un proceso de radicalización que dejó de lado conflictos universitarios, pues las acciones por asuntos de las facultades superaron las destinadas a lo político. Al mismo tiempo proponemos desestimar un esquematismo, porque hay numerosos ejemplos de interacción entre ambos reclamos. Esto fue recurrente durante el ‘68 largo, cuando las demandas estudiantiles concitaron la solidaridad de aliados y la impronta callejera colocó en el espacio público, y por tanto en la política, asuntos como el ingreso irrestricto.

Aliados y escenarios

Durante esta década reportamos la cooperación del movimiento estudiantil con otro actor social en casi un cuarto de los enfrentamientos. Para las alianzas tipificamos nueve categorías, que por su recurrencia ordenamos en cinco: “Fracciones Obreras” (41,4%), “Docentes y no docentes” (26,1%), “Partidos Políticos” (12,9%), “Fracciones religiosas” (4,4%) y “Otros” (comerciantes, profesionales, familiares y demás) (15,2%).

En el gráfico nº 5 puede notarse una creciente incidencia de las alianzas, con una caída en 1967 y otra entre 1969 y 1971. El bache del trienio radical se comprende por la elevación generalizada de hechos y la activación de sectores de base sin vínculos con otros actores. A su vez, la curva de acciones con aliados en términos absolutos se asemeja a la del total de hechos, pero con una evolución contraria entre 1972 y 1973. Como conclusión preliminar no encontramos fuerte correlación entre esta variable en general y la movilización estudiantil.

Fuente: Bonavena, 1990/2

Gráfico nº 5 Evolución anual de las acciones con aliados y su incidencia en el conjunto de hechos (eje derecho), sumatoria UBA, UNC, UNLP, UNR y UNT, entre 28 de junio de 1966 y 31 de diciembre de 1975 

No obstante, un análisis de sus categorías avizora otras perspectivas. La gravitación del principal aliado, las fracciones obreras, resultó muy superior durante el ‘68 largo y alcanzó sus cotas mínimas durante el tercer peronismo. A su vez, esta cooperación representó una porción bastante diferente en las acciones con aliados: en la UBA el 23%, en la UNLP 33%, en la UNR 37%, en la UNC 50% y en la UNT el 60%. Buenos Aires constituyó el único caso donde esa relación se ubicó en tercer lugar, detrás de “docentes y no docentes” (^{Pozzi, 2008}) y de “partidos políticos”, de crecimiento exponencial desde 1973. En la UNLP ocupó el segundo lugar, superada por “docentes y no docentes”, con fuerte incidencia de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) (^{Godoy, 1995} y Nava, 2020). Los trabajadores encabezaron las alianzas donde hubo “azos”: en Tucumán centralmente azucareros, en Córdoba automotrices y Luz y Fuerza, y en Rosario ferroviarios y estatales.

Otras alianzas ameritan relevancia. Una son los docentes y no docentes, trabajadores también, pero no externos a las facultades. Esta categoría hizo cumbre en 1966 y en 1973, en correspondencia con la clausura de la autonomía y del cogobierno y el cambio institucional de una transición democrática finalmente fallida. Estos actores tuvieron mayor incidencia en La Plata, con un 38% del total de aliados y por detrás se ubicó la UBA, con 31%. Recordemos que allí la intervención de Onganía implicó más de 1.000 expulsiones y renuncias (^{AA.VV., 2016, p. 89}). Asimismo, en Córdoba se constata un fenómeno peculiar: las fracciones religiosas, casi exclusivamente católicas, representaron un 12% de las coaliciones, con más de la mitad de los registros del país, el 90% en 1966.

Los partidos políticos son un tercer vínculo a considerar. Su relevancia creció paulatinamente desde 1970, aunque el cruce de caminos fue en 1973, cuando los estudiantes dejaron de converger con la clase trabajadora. Este incremento contrasta con el declive del nivel general de acción. El fenómeno resultó especialmente importante en la UBA: los partidos acapararon el 30% de las alianzas, una contribución del 59% al total nacional. La relevancia de las facultades porteñas en la contienda política general, e intra-peronista en particular, dinamizó los vínculos entre dirigencias partidarias y estudiantiles. En 1973 las unidades básicas de la Capital Federal recibieron a los alumnos combativos. El año siguiente, con los inicios del terrorismo de Estado, fueron cobijados en locales de la UCR o del PC. En La Plata alcanzaron el 11%, mientras en las demás ciudades no superó el 10%. La categoría “Otros” fue relativamente marginal, compuesta en su mayoría por fracciones profesionales, de gran relevancia en Rosario con 17%, pero también por familiares, con incidencia en las luchas por el ingreso irrestricto en 1970 y 1971.

Estos vínculos permiten observar la participación estudiantil en el proceso político y las formas en que impactaron en la universidad conflictos en principio ajenos. La clase trabajadora fue el actor central en los epicentros del ‘68 largo. En aquellos años su proporción sobre los hechos tendió a reducirse, mientras crecía la de otros actores, pero los guarismos absolutos de acciones obrero-estudiantiles se estabilizaron. Nuestra hipótesis es que esta unidad incrementó la participación en las facultades y, al colocar la contienda universitaria en la arena pública, convocó a más sectores. En sentido inverso, la caída en la asociación con la clase trabajadora se correlaciona con el declive de la combatividad estudiantil y el acaparamiento de las pujas universitarias por el peronismo y el radicalismo.

Una comprensión más acabada de las luchas estudiantiles requiere incluir la espacialidad de las acciones. La codificación de los escenarios abarcó ocho categorías, acotadas a tres según su recurrencia: facultades (66%), calles (27%) y otros (7%) (locales de partidos políticos, sindicales, religiosos, profesionales y domicilios privados, otros). En todas las universidades, siguiendo el gráfico 6, encontramos la misma jerarquía de escenarios, aunque sus proporciones difieren. En Buenos Aires y La Plata las facultades concentraron el 71% y las calles 19% y 24% del total. Los porcentuales de Tucumán no son tan diferentes, aunque caben dos aclaraciones. Sus acciones en el espacio público representan el 28% del total nacional. Al mismo tiempo, numerosos hechos del “Quintazo” de 1972 se contabilizaron en “facultades”. En Córdoba y Rosario la distancia entre las unidades académicas y las calles resultó menor, 53-34% y 58-36%. Las aceras alojaron un tercio de los hechos en las zonas de mayor agitación, mientras que en Buenos Aires y La Plata no llegaron a la cuarta parte.

En el gráfico nº 6 advertimos que las unidades académicas alcanzaron dos picos: 1967 y 1973. En contraste, 1969 fue el año de mayor importancia de las calles, que descendió hasta 1973. Asimismo, “otros” resultó poco gravitante hasta 1974 y 1975.

Fuente: Bonavena, 1990/2

Gráfico nº 6 Evolución anual de los porcentajes de cada escenario de lucha estudiantil, sumatoria UBA, UNC, UNLP, UNR y UNT, entre 28 de junio de 1966 y 31 de diciembre de 1975 

Esas tendencias contienen dos grandes excepciones. En La Plata el cenit de la vía pública ocurrió en 1971, propulsada por el apoyo a la huelga de Petroquímica Sudamericana, donde la izquierda contó con fuerte inserción (^{Bretal, 2008, p. 117}). En Tucumán sucedió durante el “Quintazo” de 1972. Este último caso es distintivo porque parte de los enfrentamientos transcurrieron fuera de San Miguel de Tucumán, donde se emplazaban los ingenios azucareros.

Por otro lado, destacamos que los escenarios alternativos agigantaron su importancia durante el tercer peronismo. Para 1966 se trataba de iglesias, locales de asociaciones profesionales y, en Córdoba, sedes gremiales. Tras el final de la dictadura adquirieron relevancia las sedes partidarias. El análisis de esta variable refuerza señalamientos anteriores. La presencia estudiantil en las calles no aumentó desde 1973, sino que disminuyó. Por entonces, las facultades concentraron más del 85% de los hechos y dos años después descendieron al 62%. El golpeado activismo fue incapaz de una defensa territorial frente al paramilitarismo en ascenso y debió guarecerse en locales de los partidos (los radicales y en menor medida los comunistas), que acapararon más del 30% durante 1975, siendo la UBA el caso paradigmático. En paralelo se desmoronaba la lucha estudiantil.

Nuestro recorrido indica, una vez más, que no pueden asociarse radicalización e influencia del peronismo entre los estudiantes. Desde 1973 descendieron la cantidad de acciones, sus formas más disruptivas, los reclamos políticos, la unidad con la clase trabajadora y la presencia estudiantil en las calles. Cuando los trabajadores repudiaron el “Rodrigazo” durante el invierno de 1975, la ingravidez del estudiantado resultó palmaria. Para entonces componía una generación vapuleada, confundida y atemorizada a la que un nuevo golpe de Estado en marzo de 1976 puso punto final.

Conclusiones

En este artículo analizamos la evolución del movimiento estudiantil en Argentina entre 1966 y 1976. La perspectiva teórica asumida privilegió la observación de los enfrentamientos sociales protagonizados por los alumnos y sus organizaciones. Para ello consideramos siete variables capaces de resumir las acciones: fecha, lugar, tipo de acción, protagonista, reclamo, aliados y escenario. Estas y sus respectivas categorías habilitaron el abordaje mtodológico fundado en la codificación de los registros hemerográficos del período. Con ello conformamos una muestra de más de 9.000 enfrentamientos sociales protagonizados por estudiantes y sus organizaciones de la UBA, la UNLP, la UNC, la UNR y la UNT, cuya adición se aproximaba al 80% de la matrícula nacional. Según lo que conocemos, este es el primer trabajo sobre el movimiento estudiantil argentino basado en una suma semejante de datos producidos con información aparecida al momento de los hechos. La consistencia de nuestros hallazgos con los estudios de caso de perfiles teórico-metodológico similares habilita una serie de conclusiones. Esta perspectiva de trabajo no brinda detalles cualitativos sobre trayectorias militantes o experiencias particulares. Sin embargo, el trazo general aquí ofrecido permitirá a futuras investigaciones, incluso aquellas donde existe cierta tensión entre memoria e historia, conexiones más rigurosas entre hechos e ideas singulares y el proceso amplio del que formaron parte o al que remiten. Este aporte proporciona un nuevo peldaño desde donde situar las futuras exploraciones, cuantitativas o cualitativas.

El primer elemento que se destaca en nuestro análisis es la identificación de dos etapas de activación generalizada: 1966 y 1969-1971/2. La inicial se corresponde con la resistencia contra la intervención universitaria. Esta fue catalizada pronto por el repudio del asesinato a Santiago Pampillón y tuvo a Córdoba como epicentro. El otro ciclo es policéntrico: Córdoba, Rosario y Tucumán. En esta tríada median importantes diferencias, las que muestran que el ‘68 largo evidencia un proceso de radicalización más avanzado: hay un predominio de las acciones directas con ejercicio de la violencia, una extensión de la alianza con fracciones obreras y un peso inédito del escenario callejero y de los reclamos de tipo político.

El segundo punto a subrayar es que, según nuestros datos, la trayectoria del movimiento estudiantil durante el tercer peronismo, incluso en sus comienzos, presenta más rupturas que continuidades respecto del trienio radical. Entre 1973 y 1976 las organizaciones universitarias retrajeron sus luchas. En ellas predominaron las formas institucionales, los obreros cedieron a los partidos políticos su sitial entre los aliados, las aulas y pasillos representaron magnitudes superlativas en el conjunto de los escenarios y los reclamos universitarios abarcaron una porción muy superior respecto de las fases precedentes.

El tercer aspecto saliente es el de los protagonismos. Nuestras cifras indican un marcado predominio de las organizaciones identificadas como herederas de la Reforma en el conjunto de las acciones. Bastante por detrás se ubicaron dos conglomerados: agrupaciones católicas y/o peronistas y, muy próximas, agrupaciones de izquierda. Las evoluciones de estos conjuntos fueron muy diferentes. El bloque reformista ostentó un porcentual de protagonismo relativamente estable, con una caída pronunciada en el tercer peronismo, que acortó la brecha pero no torció una serie que lo tiene en la cima. Por su parte, el grupo católico y/o peronista se ubicó en un segundo y lejano puesto hasta 1970. Marxistas y anarquistas rebasaron estas posiciones en 1971 y 1972, quedaron en tercer lugar en 1973 y retornaron al segundo puesto en el final del período.

El cuarto asunto remite a la diversidad regional. Los valores registrados para cada uno de los casos nos conducen a sostener que la UNT y la UBA representan las experiencias de mayor y menor radicalización. En Tucumán encontramos la ratio más elevada entre matrícula y cantidad de enfrentamientos, altas proporciones de acción directa con ejercicio de la violencia, un pico más prolongado (que se extiende hasta 1972 cuando se nota el declive en el país), un vínculo estrecho con los trabajadores como aliados y el porcentaje de protagonismo de corrientes de izquierda más prominente de Argentina. El perfil del caso porteño es bien distinto. Encabeza los rankings en porcentajes de las declaraciones y de las acciones institucionales sobre el conjunto de hechos, presenta una porción de alianzas obreras que apenas supera la mitad de la media nacional y registra los menores guarismos de acciones en las calles.

Estas observaciones nos permiten reflexionar sobre dos cuestiones fundamentales que se encuentran en el centro de los procesos de politización y radicalización estudiantil: la evolución de los reclamos y la peronización. A lo largo de la década constatamos una fuerte presencia de las demandas académicas y/o de política universitaria, cuya sumatoria siempre se encuentra a la delantera. Durante el ‘68 largo la brecha con las cuestiones políticas se acortó, incluso con la denuncia de la represión. Reconocemos las dificultades empíricas de esta clasificación, por ello indicamos simplemente que los asuntos propios de las facultades y las condiciones estudiantiles tuvieron una incidencia fundamental, aunque no necesariamente exclusiva, en los procesos de composición de fuerzas de las organizaciones estudiantiles.

En cuanto a la peronización, entendida como la creciente influencia del peronismo entre los jóvenes universitarios argentinos, nuestro análisis estadístico no encuentra evidencia de una correlación con la radicalización. Con la excepción de los sucesos de Córdoba en 1966, donde el conglomerado de “católicos/as y/o peronistas” tuvo una incidencia muy grande del Integralismo, las agrupaciones justicialistas contaron con mayor gravitación en los medios estudiantiles cuando la movilización fue menos recurrente y transgresiva. Este aserto puede notarse en su crecimiento desde 1973 y en el papel sobresaliente que detentó la JUP en la UBA, donde se observa una proporción determinante no sólo de acciones toleradas, sino también prescritas por las autoridades.

Una comprensión más cabal de los procesos de politización y radicalización estudiantil en la Argentina de los largos años sesenta debe considerar como central la reconstrucción de las experiencias singulares entroncadas en la mayoría de los hechos: las del reformismo universitario en tiempos de revolución. Asimismo, la evolución de las corrientes de izquierda, aunque minoritarias, brinda una perspectiva de trabajo interesante, pues su protagonismo creció cuando y donde hubo más enfrentamientos estudiantiles y éstos tomaron las formas más rupturistas: el trienio radical de 1969-1971/72 y Tucumán.