La primera imagen cuando abrimos el libro de Juliana Farias es un croquis criminalístico; esquema de lesiones, impacto de balas fatales en miembros superiores e inferiores; marcas de tatuajes y otras referencias gráficas. Lo segundo, una cita en forma de pregunta «¿Cuántos más van a precisar morirse para que esta guerra acabe?» (p. 16), a cargo de Marielle Franco, legisladora carioca asesinada por la violencia política del estado de Rio de Janeiro.^[1] El foco de análisis aquí versa sobre rutinas de masacres promovidas por fuerzas policiales en favelas de Rio de Janeiro y sus respectivos engranajes que mantienen en funcionamiento el «Governo de mortes», llevado a cabo junto a «familiares de víctimas» en la que se nos muestra una forma de etnografíar lo político y politizar lo antropológico.

El repertorio de acciones colectivas de familiares —por lo general acciones y relatos maternos— frente al accionar represivo del estado es un campo que Juliana Farias acompaña desde su graduación. Como investigadora, pero también desde la militancia, la autora busca comprender cómo el movimiento de «madres de víctimas» abandona la posición de objeto de la violencia y se construye como sujeto de la política. Este libro, fruto de sus tesis de doctorado, deja una advertencia inicial: con el objetivo de acompañar, entender y apoyar la agenda de «familiares víctimas» de la violencia en su peregrinaje hacia los engranajes gubernamentales, el «otro» (esa alteridad constitutiva de nuestra disciplina) nunca fue la favela, el «otro» de Juliana siempre fue el Estado. «Cuando un policía tira quién mata es el Estado», así lo grita Maria Dalva Correia, quién perdió un hijo, tornándose una de las interlocutoras más importantes de Farias. En este camino, uno de los desafíos cruciales, señalado por familiares y analizado por Juliana, es el «auto de resistencia», una pieza burocrática imprescindible para comprender lo que está en foco de análisis aquí, «un documento oficial que localiza la muerte en cuestión como decurrente de la resistencia a la autoridad policial, como si hubiese un enfrentamiento, como si el agente de Estado que lo efectuó lo hubiese realizado para defenderse» (p, 37).

La arquitectura de esta investigación, además del prólogo a cargo de Adriana Vianna y un anexo con «casos emblemáticos de violencia institucional», está dividida en dos partes, cada una con dos capítulos. Juliana comienza su etnografía poniendo el acento, en el capítulo 1 que lleva el nombre de Execuçõese chacinas em pauta, sobre las prácticas de denuncia y visibilidad de las víctimas de la violencia institucional y de la población de favelas desde 2003 hasta 2007. Desde movilizaciones públicas con letreros bilingües, a la captura y difusión de una fotografía de la mano de un niño asesinado; o el dibujo de un joven negro muerto en los brazos de su madre; incluso la ilustración de la mascota de los Juegos Panamericanos de 2007 armado con un fusil al lado de un caveirão.^[2] Con estas prácticas de visibilidad que describe Juliana, surgen a la par de las políticas de seguridad militarizadas en el estado de Río de Janeiro y la censura de aquellas acciones realizadas por los familiares. Son la respuesta a la criminalización de poblaciones faveladas, a la ilegitimidad de estas muertes que polarizan con la imagen pública que reconstruye estas muertes desde el enfrentamiento. Una representación de la ciudad en guerra contra el crimen.

En capítulo 2 Discutindo um enquadramento de morte por dentro do Estado, se enfoca en el cuestionamiento que familiares, organizaciones de derechos humanos y organismos gubernamentales, hacen sobre aquella política que enmarca las muertes causadas por los agentes del Estado: el «auto de resistencia». A través de dos escenas entre representantes del poder público y la sociedad civil presenta el material etnográfico. Una de ellas fue una audiencia pública en el 2012 para discutir el «auto de resistencia». En la otra, una reunión del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, en el mismo año, para la aprobación de una resolución que recomienda el fin del uso del «auto de resistencia» y de la «resistencia seguida de morte», en todas las unidades federales de Brasil. A través de la voz de las madres, Juliana pone de manifiesto las estrategias que movilizan éstas en contra de aquel documento utilizado por las fuerzas policiales para connotar un enfrentamiento.

En el capítulo 3, Imbricação«Estado-família»: capilaridades extremas da gestão, Juliana nos invita a comprender cómo se accionan y enredan las nociones de «Estado» y «familia» en tanto entes sociales coproducidos. La autora construye una escena en la que un defensor público realiza un pedido a la familia de Emanuel, un joven asesinado por la Policía Militar: contactar a otra familia de sobrevivientes por abuso policial. Son tres grandes cuestiones las que atraviesan el capítulo: ¿qué tipo de interlocución es «Estado-familia»?; ¿cómo tal interlocución produce actualizaciones del ejercicio del poder de Estado? y ¿cómo se configuran las legitimidades de «Estado» y de «familia» en ese diseño de las actualizaciones del ejercicio del poder estatal? Lo primero a destacar es el cuidado con el que juliana toca este asunto espinoso. Desde el inicio remarca que no quiere hacer una lectura crítica que fragilice las redes en las cuales ella se encuentra políticamente comprometida, y sí desmenuzar una situación analítica puntual al creer que allí radica la posibilidad de observar un ángulo de gestión gubernamental de las muertes de los moradores de favela.

Frederico Chagas (Defensor) y João Luiz (hermano del joven asesinado) al interactuar son leídos respectivamente como «Estado» y «familia», pero esta interacción no es bipolar, habiendo dentro de cada esfera múltiples agencias, incluso contrapuestas (agente policial que asesina, agente Defensor que asiste a la familia). La autora acompaña la realización de este pedido, y en otra escena etnográfica describe cómo los familiares transitan en los intersticios de estas agencias, driblan burocracias, dominan códigos y saberes específicos, adquiriendo «competencias» para luego, a cambio de compromiso, trasmitirlos a otros «familiares de víctimas». En ese movimiento, se produce la imbricación «Estado-familia»: João Luiz se vale de la autorización conferida por el Defensor y habla en nombre del Estado ungiendo de actuación administrativa a otras familias; y el Estado elásticamente llega por medio de las familias hasta las favelas actualizando su ejercicio de soberanía a partir de sus márgenes.

La columna vertebral del trabajo de Juliana, recuperando a Veena Das y Deborah Poole (2004), es que el Estado se construye y se reconstruye en los intervalos de lo cotidiano. Así, el capítulo 4, Registros de morte en atos e papéis: obscuridades oficias, condensa ese argumento a través del encuentro con los documentos, específicamente con los «informes cadavéricos» que delimitan la muerte de Emanuel. Y es fundamentalmente en este espacio en el que son accionados los movimientos burocráticos y judiciales cotidianos. En particular, deteniéndose en la necropsia, la autora escudriña la «Zona de Tatuaje», que es la marca de pólvora en el cuerpo que delimita la zona del disparo. Estas marcas son fundamentales para lograr estimar la distancia entre el tirador y la víctima y, por lo tanto, se convierte en eje de disputa entre familiares y los poderes capilares del Estado. Juliana comprende el «informe cadavérico» como un espacio en el que se revela lo indecible, a través de una economía de palabras cruciales para el proceso de investigación judicial. Así, la «Zona de Tatuaje» se convierte en la garantía de legibilidad, pero sólo a través de la especialización de saberes: no todos lo pueden hacer, no todos lo pueden leer y lograr sostener un argumento de peso. Las limitaciones, las inelegibilidades y los modos de producir conocimiento a través de ortopedias discursivas también forman parte de ese engranaje de gestión.

Precisamente las «Zonas de tatuaje» son las marcas físicas de los cuerpos que también son demarcaciones políticas sistemáticas de la población favelada. Farias, evidencia con esto aquellos mecanismos mudos del racismo del Estado. Es necesario, sin embargo, recalcar que estos materiales también forman parte de las estrategias de los familiares para realizar acciones de reclamo, utilizan los croquis de los cuerpos para exhibir los crímenes y la forma en la que fueron ejecutados. Así, las «zonas de tatuaje», también demarcan una memoria política que reedita la resistencia de los muertos en el espacio público y las denuncias de una violencia de Estado que no se restringe a los períodos dictatoriales.

Para finalizar, en el posfacio —escrito casi diez años después de la investigación que dio origen a este libro— levanta una cuestión incomoda dentro de las ciencias sociales. A Farias, desde hace un tiempo en Brasil, se la invita a presentar su trabajo como un ejemplo rutilante de «pesquisa comprometida» (o en su versión descalificada como «radical» o «muy militante»). La autora, inserta en un proceso genocida en curso dentro del estado de Rio de Janeiro, registrándose en el 2019 el mayor número de muertes provocadas por la intervención de agentes de seguridad del estado carioca, no evade el asunto y parece decir: «Si mi pesquisa se lee de esa forma, ¿será acaso que todas las demás que no reciben tales adjetivos son consideradas neutras?». Enojada recupera a un de sus oráculos, Jota Mombaça, y dispara: «la norma es lo que no se nombra, (…) la no marcación es lo que garante las posiciones privilegiadas, su principio de no cuestionamiento, esto es: su confort ontológico, la habilidad de percibirse a si mismo como norma y al mundo como espejo» (p. 255). Juliana, continúa caminando de la mano de mujeres (madres, hijas, hermanas, tías, viudas y suegras de personas ejecutadas por agentes estatales armados), y no se olvida de escribir, denunciar y tampoco de rezar porque lo que está en juego son violencias y violaciones desbastadoras.