ARTÍCULOS

Investigaciones judiciales, investigaciones antropológicas. De cómo el oficio antropológico interviene en la reconstrucción de casos

 

María José Sarrabayrouse Oliveira*

 

* Doctora en Antropología, Universidad de Buenos Aires. Investigadora Adjunta Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Equipo de Antropología Política y Jurídica (Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: mariajosesarra@gmail.com
Artículo elaborado especialmente para Cuadernos de Antropología Social a partir de la exposición de la autora en las VII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace. Julio de 2016, Buenos Aires, Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

 

---

Resumen
A partir del análisis del caso de una joven cuyos familiares fueron asesinados por efectivos de las Fuerzas Armadas en el año 1977 en la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo de este artículo es reflexionar sobre la intervención adoptada por diversas burocracias estatales en los crímenes cometidos por la dictadura, así como sobre el rol desplegado —en distintos momentos históricos y políticos— por el derecho y las ciencias sociales para la reconstrucción de estas historias. En este sentido, se busca reflexionar, por un lado, sobre la heterogeneidad del Estado aún en circunstancias en las que el poder parecía blindado y concentrado —el Estado terrorista de la dictadura—; y por el otro, sobre el modo en que el activismo de los derechos humanos, las trayectorias personales y el oficio del antropólogo pueden reconstruir historias que el poder terrorista ocultó y tergiversó.Palabras Clave: Dictadura; Burocracias; Etnografía; Activismo; Justicia

Judicial investigations, anthropological investigations. How anthropological work intervenes in the reconstruction of cases

Abstract
Based on the analysis of the case of a young woman whose relatives were murdered by the Armed Forces in 1977 in the city of Buenos Aires, this paper reflects on the intervention adopted by various state bureaucracies in the crimes committed by the Dictatorship, as well as the role played —in different historical and political moments— by law and social sciences in the reconstruction of these stories. On the one hand, it seeks to reflect on the heterogeneity of the State even in circumstances in which power seemed armored and concentrated —the terrorist state of the dictatorship— and on the other hand, on how Human Rights activism, personal trajectories and the work of the anthropologist can reconstruct stories that terrorism power has covered and distorted.

Key words: Chile; Democratic transition; Ethnopolitical movement;Mapuche Mayors; Electoral participation

Pesquisas judiciárias, pesquisas antropológicas. De como o trabalho antropológico interfere na reconstrução dos casos

Resumo
O objetivo de este artigo é refletir, a partir da análise do caso de uma jovem cujos familiares foram assassinados pelas Forças Armadas em 1977 na cidade de Buenos Aires, sobre a intervenção adotada por diversas burocracias estatais nos crimes cometidos pela ditadura, assim como sobre o papel promovido —em diferentes momentos históricos e políticos— pelo direito e as ciências sociais para a reconstrução destas histórias. Nesse sentido, procurase refletir, por um lado, sobre a heterogeneidade do Estado ainda em circunstancias nas quais o poder parece blindado e concentrado —o Estado terrorista da ditadura— e, por outro, sobre o modo como o ativismo dos Direitos Humanos, as trajetórias pessoais e o trabalho do antropólogo podem reconstruir historias que o poder terrorista ocultou e desvirtuou.

Palavras chave: Ditadura; Burocracias; Etnografia; Ativismo; Justiça

---

 

Introducción

Este trabajo se inscribe en el marco de ciertas discusiones que comenzaron hace algunos años en la Argentina y que, en concordancia con los tiempos actuales, se fueron reavivando al calor de la coyuntura. En el transcurso del último tiempo, determinados sectores académicos que se han expresado desde diversas tribunas periodísticas instalaron una fuerte crítica a las políticas públicas de la memoria que se han llevado a cabo en el período 20032015.¹ En líneas generales, el cuestionamiento podría resumirse como la apelación a una suerte de memoria completa o memoria justa que reclama una "intervención independiente del Estado" y la "imperiosa necesidad" de dar por concluido y cerrado ese pasado. Desde esta perspectiva, se cuestiona tanto la continuidad de los juicios originados a partir de la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad como la discusión sobre la complicidad civil con estos crímenes.

En forma simultánea, esta discusión comenzó a extenderse a los editoriales de determinados medios gráficos, donde muchos de estos intelectuales escriben. Un nuevo abanico de argumentos comenzó a circular en los medios de comunicación. De esta manera, como sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el Informe 2015, aquellos que históricamente caracterizaron a la dictadura

como "guerra sucia" y a los responsables de crímenes de lesa humanidad como "presos políticos" esgrimen hoy argumentos de otro orden, muchos relativos al debido proceso, que pretenden hacer pasar como un discurso de derechos lo que no es más que una defensa de intereses particulares (CELS, 2015: 90).

En forma concordante con este fenómeno, el 23 de noviembre de 2015 —día posterior al ballotage presidencial en el que resultó electo Mauricio Macri—, el diario La Nación publicó un editorial titulado "No más venganza". Allí planteaba, entre otras cuestiones, la necesidad de resolver la situación procesal de exmagistrados y funcionarios judiciales que habían ejercido sus cargos durante la última dictadura militar y también en el período constitucional. "Actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro" son los términos que el matutino utilizó para calificar los procesos judiciales en los que están siendo investigados, por su participación y colaboración con los delitos de lesa humanidad, determinados operadores judiciales.²

A comienzos de 2016, el entonces ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Darío Lopérfido, cuestionó la cifra de los 30.000 desaparecidos,³ número reconocido y establecido a partir de la labor llevada a cabo por los organismos de derechos humanos (DDHH) en su lucha contra el gobierno dictatorial. Esta afirmación que, gracias a la acción de distintos organismos de DDHH y actores de la sociedad civil, terminó costándole el cargo ministerial a Lopérfido, fue retomada por Macri en una entrevista realizada para el portal de noticias y entretenimiento BuzzFeed. En ella, el mandatario argentino dijo desconocer el número de desaparecidos: "No tengo idea [de si fueron 30.000]. Es un debate en el que no voy a entrar, si son 9000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro [en la Costanera] o si son más. Es una discusión que no tiene sentido" (La Nación, 2016).⁴

La reinstalación de esta discusión, que se suponía saldada hace ya varios años, no hizo otra cosa que abonar a los debates establecidos en los últimos tiempos, pero sumando un nuevo (o viejo) problema: el de los registros documentales de los crímenes. En mi caso particular, reactivó mi interés en discutir las posibilidades y efectos de reconstrucción de las huellas dejadas por el accionar criminal del terrorismo de Estado en el entramado burocrático de las oficinas estatales.

Mi trabajo como antropóloga en el campo jurídico ha implicado no sólo recorrer y observar lo que sucede en los pasillos de tribunales, despachos de jueces u organismos de DDHH, sino también charlar y entrevistar a distintos agentes judiciales y no judiciales, discutir con ellos, pensar en conjunto y también aprender. Y es justamente ese trabajo, ese "estar ahí" lo que me ha habilitado para comprender el funcionamiento del campo jurídico (Bourdieu, 1996), los procesos políticos de la historia reciente y el funcionamiento de los archivos estatales.

Partiendo de este esquema, la propuesta de este artículo es plantear una incipiente reflexión a partir de un caso sobre el que he comenzado a trabajar recientemente. El interés en él se funda en la posibilidad de dar cuenta, por un lado, de la heterogeneidad del Estado aún en circunstancias en las que el poder parecía blindado y concentrado —el Estado terrorista de la dictadura— y, por el otro, del modo en que el activismo de los DDHH, las trayectorias personales y el oficio del antropólogo pueden reconstruir historias que el poder terrorista ocultó y tergiversó.

Asimismo, la densidad —en términos etnográficos— que presenta el caso que veremos en los próximos apartados permite pensarlo como uno excepcional, no porque presente características poco habituales o diferentes a otros casos similares, sino porque, por el contrario, es un sólo caso que condensa gran cantidad de particularidades que en otros se podrían dar de forma aislada. Y remarco la idea del caso excepcional porque entiendo que las excepcionalidades que presentan ciertos fenómenos sociales (Gluckman, 1978) importan no sólo porque constituyen parte del campo de estudio, sino porque tienen la virtud de sacar a la luz aquellas particularidades que —en la medida en que los hechos sean analizados como parte de un proceso de relaciones sociales y no como fenómenos aislados— habitualmente aparecen opacadas (Sigaud, 1996; Fonseca, 1999).

El caso

A mediados del año 2014 entró en contacto conmigo Sol, una joven de 37 años cuyos padres y tío fueron asesinados por efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el año 1977. Ella misma había estado desaparecida, siendo una beba de pocos meses. Fue un antropólogo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quien nos puso en contacto. Se sabía que los cuerpos de los familiares de Sol habían sido inhumados en el cementerio de la Chacarita y por eso existían fundadas sospechas de que podrían haber pasado por la Morgue Judicial, organismo que investigué durante largos años para dar cuenta del accionar del Poder Judicial de la Nación durante el terrorismo de Estado (Sarrabayrouse Oliveira, 2011).

Sol se comunicó conmigo y acordamos una cita en mi casa. En el transcurso de nuestros encuentros, un abanico de oficinas públicas, documentos y huellas burocráticas se fueron desplegando en la charla y en la mesa de mi cocina. A partir de esa primera charla, y de sucesivos encuentros, comenzamos a poner en común la información que ambas teníamos y empezamos a ver que existía una gran cantidad de registros burocráticos sobre el caso de sus familiares que ella desconocía y con los que tampoco parecía estar familiarizada. Fue así que hicimos una puesta en común de los distintos "papeles" que cada una tenía: yo le mostré la Causa de la Morgue, el listado de cadáveres de desaparecidos que habían pasado por esa dependencia del Poder Judicial, algunas de las autopsias realizadas y presentaciones de habeas corpus; ella, por su parte, me enseñó las partidas de defunción de sus familiares, los recortes de diarios de la época donde se hablaba del enfrentamiento en el que habían sido asesinados, la solicitada donde se la buscaba y el acta de tenencia de sus abuelos. Con el tiempo, Sol me fue acercando más documentos que fue consiguiendo e, incluso, produciendo. Sobre esto último volveré más adelante.

Entre los datos que Sol no poseía —pero sobre los que tenía altas sospechas— se encontraba la constancia del paso de sus familiares por la Morgue Judicial. En el marco de la causa iniciada por el CELS contra ese organismo,⁵ la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN) presentó un listado de las personas que habían pasado por la morgue por disposición de autoridades militares y sin la intervención de un juez civil en el período 19761980. En ese registro aparecían los nombres del padre, la madre y el tío de Sol, las supuestas circunstancias de la muerte y la constancia de inhumación de los cadáveres en el cementerio del Oeste (Chacarita). El modelo de registro, utilizado en todos los casos informados por la CSJN (más de cien), tenía las siguientes variables:

NOMBRE (ingresó como NN, identificado después); expte. N° x; fecha 15/02/77; enfrentamiento con fuerzas policiales/homicidio/atentado y resistencia a la autoridad; Consejo de Guerra Permanente (Comando Cuerpo Ejército I — Subzona II Área III); Comisaría X; inhumación administrativa; Cementerio Chacarita (licencia n° XX)

Antes de avanzar sobre las acciones adoptadas por Sol ante este "descubrimiento", reconstruiré —a partir de lo conversado en diversas situaciones— las circunstancias de la muerte de sus familiares, el destino que tuvo ella misma y la recuperación por parte de sus abuelos.

El tiroteo, el secuestro, la apropiación

El 15 de febrero de 1977, el padre y el tío de Sol (Segundo Manuel y Oscar Armando Ponce, respectivamente) se habían encontrado en la zona de Parque Centenario con un periodista de El Cronista Comercial con quien habían empezado a confeccionar una lista de compañeros de militancia desaparecidos. Con ellos también estaba la tía de ambos, quien ya había comenzado a tomar contacto con la militancia.⁶ En mitad de ese encuentro, personal del Ejército

[…] los sorprende en ese bar y empieza el tiroteo. Los persiguen, hieren a compañeros, hieren a mi tío. Ellos van hasta Álvarez Thomas y Juramento, a dos cuadras de una posta sanitaria, suponemos que estaban intentando llegar a la posta sanitaria, por los heridos" (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

Será en la intersección de Álvarez Thomas y Juramento donde matarán al padre y al tío de Sol. Según el relato de los vecinos:⁷

[…] el operativo fue terrible, duró cinco horas. Además, bombardearon dos manzanas de vecinos, ¡se llevaron dos manzanas de vecinos a la comisaría! Los tuvieron 24 horas amordazados pegándoles para investigar la zona. Contaban que estuvieron con armas antiaéreas, que tiraron ráfagas de metralletas a todas las casas. Ellos mismos me iban mostrando, "mirá este techo, mirá acá, mirá allá". Dicen que en las casas se empezaban a descascarar las paredes por la cantidad de munición que habían descargado ahí (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

Ese mismo día, personal del Ejército secuestró a Sol. Según los datos que la Subsecretaría de DDHH le dio a ella, esto había ocurrido en Álvarez Thomas y Mendoza, a dos cuadras de Juramento, exactamente el lugar donde se encontraba la posta sanitaria. Ante este dato, Sol comenzó a preguntarse cómo fue que el Ejército llegó hasta ahí:

Y yo digo: pero ¿cómo?, si a mi papá lo mataron, si a mi tío lo mataron ¿cómo llegaron a la posta sanitaria donde estaba yo? […] A mí, en la posta, me estaba cuidando Chichina, María López Zabaleta. Los vecinos me dijeron "se sabía que había una posta sanitaria, circulaba la versión", entonces yo creo que cuando se los llevan a la comisaría, alguno de los vecinos dice "hay una posta sanitaria en tal y tal", y ahí la secuestran a Chichina, y me llevan a mí, que me dejan en Casa Cuna (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

A partir de ese momento, la abuela y la tía abuela paterna, por un lado, y la madre de Sol (Inés García, quien se encontraba en la clandestinidad), por el otro, comenzaron a buscarla. El camino seguido por estas tres mujeres no se distanció del circuito recorrido en la mayoría de los casos de desapariciones y apropiaciones (Sarrabayrouse Oliveira, 2011, 2016; Villalta, 2012; Regueiro, 2013). La presentación de habeas corpus, la tramitación de causas por privación ilegítima de la libertad, las recorridas por hospitales y comisarías preguntando por el familiar desaparecido, la publicación de solicitadas se llevaba a cabo en forma paralela y simultánea a la apelación a relaciones personales con militares, autoridades eclesiásticas, personajes cercanos al gobierno, para conocer el destino de los desaparecidos y/o de los niños apropiados. Como sostiene Regueiro, refiriéndose al accionar de las Abuelas de Plaza de Mayo,

las microprácticas llevadas a cabo por estas mujeres incluyeron tanto presentaciones jurídicoadministrativas ante las burocracias estatales como en organismos no gubernamentales. Estas vías y tramas institucionales son movilizadas a la par de la activación de relaciones personales, a la luz de las prácticas informales que sostuvieron y acompañaron estos recursos (Regueiro, 2014:3).

El accionar —muchas veces, anónimo— de personas que fueron testigos de los crímenes cometidos por el gobierno dictatorial y que buscaban ayudar y colaborar en la develación de estos hechos, también jugó un rol fundamental. De esta manera, las acciones implementadas por los familiares, que empezaron a utilizar —de un modo novedoso— un lenguaje de derechos, garantías y deberes con un tono imperativo y confrontacional (Barros, 2008) muestran también el manejo de un equilibrado juego entre la denuncia oficial y la apelación a las redes de relaciones en las que algunos familiares y amigos se encontraban insertos.

En este contexto, la solicitada buscando a Sol finalmente dio sus resultados cuando una religiosa de la Casa Cuna se acercó a la casa de la abuela y le dijo que la niña se encontraba en esa institución. Ante esta situación, la abuela de Sol se presenta en el juzgado solicitando la restitución de su nieta:

Me contaba mi abuela: "yo tuve que ir durante un mes a Casa Cuna a visitarte porque me tenía que revincular". ¡Como que yo la tenía que reconocer para probar que era mi abuela! […] Mi abuela estaba indignada con eso, "cómo revincular, si ustedes me la arrancaron de mi familia". A todo esto, mi vieja no se dejaba ver, tuvo algún contacto telefónico. Alguna versión dice que me llegó a ver en la Iglesia de la Santa Cruz cuando mi tía (tía abuela) me lleva contándole a los familiares que me habían encontrado (Charla informal con Sol Ponce, 13 de mayo 2016).

El 18 de abril de 1977, el juez de menores que había intervenido en el caso de Sol, Oscar Hermelo, resolvió finalmente la tenencia a favor de su abuelo paterno.⁸ Esta resolución judicial favorable se explica, como dije anteriormente, por la existencia de esas otras relaciones y lealtades —ajenas a las prácticas "oficiales"— en las que los abuelos de Sol estaban inmersos. Años más tarde, Sol convertiría estos datos en indicios de otra parte de su historia.

El abuelo paterno de Sol era un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) retirado en la década de los setenta. Cuando, años más tarde, su nieta lo increpó sobre lo sucedido con sus padres y su tío y con ella misma, él le contó que Torres de Tolosa —secretario del juzgado de Hermelo y hermano de un marino— en el momento de la restitución, le dijo: "Usted sabe que esto es una excepción, yo se la devuelvo porque usted es un compañero de armas."

Actualmente, Torres de Tolosa se encuentra procesado en el marco de la causa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con prisión domiciliaria.⁹ En este proceso de ir atando cabos sueltos a partir de los relatos y los documentos para convertirlos en indicios, Sol llegó a especular la vinculación del secretario del juzgado con los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz:

[Torres de Tolosa] es hermano del marino, y tiene el mérito de ser el único civil que pedía por favor participar en los Vuelos de la Muerte, los vuelos de la muerte donde tiraron a mi tía abuela […] lo que yo termino de ligar el año pasado es que Gonzalo Torres de Tolosa seguramente tuvo algún contacto con mi tía abuela y ahí se conocieron. Después, al poco tiempo, Astiz se infiltra al grupo, y bueno, en diciembre los lleva a los vuelos de la muerte…pero bueno, me shockeó esto, que el tipo haya participado de los vuelos de la muerte, y que fuera quien firmó mi acta de tenencia. Para mí era sólo un secretario de juzgado (Mensaje WhatsApp de Sol Ponce, 20 de mayo 2016).

El camión militar

Fue así que, desde los 11 meses de edad hasta los 19 años, Sol vivió con sus abuelos paternos. En uno de nuestros encuentros, me contaba que desde muy pequeña ella había empezado a percibir que había algo raro en torno a lo que era su familia en comparación con sus compañeros de escuela:

S: Ya a los tres años, había tenido una pregunta: ¿por qué los demás chicos no tenían dos mamás y dos papás?
MJ: ¿Dos mamás y dos papás?
S: Porque yo percibía que había un papá y un abuelo y una mamá y una abuela. Me habían dicho que ellos eran mis papás. Me crie con mis abuelos paternos creyendo que ellos eran mi mamá y mi papá. Además, mi abuelo se llamaba como mi papá, Segundo… Entonces yo hago esa pregunta y me dicen: "No, tus viejos murieron en un accidente, iban camino a Mendoza a visitar a unos familiares y un camión los arrolló en la ruta, fallecieron tu mamá, tu papá y tu tío"¹⁰ (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

Otro recuerdo significativo en el proceso de reconstrucción de su historia y su identidad ocurre en el año 1982, cuando en su casa (la de sus abuelos paternos) se produjo un revuelo en torno a un listado publicado en el diario:

S: […] era algo vinculado a las listas y al diario Clarín, y tengo ese fragmento (me muestra el recorte).
MJ: Claro, las listas de los cuerpos inhumados en Chacarita que habían pasado por la Morgue Judicial.
S: Exacto. Recién me enteré el año pasado que ese fragmento correspondía a las primeras listas de los NN inhumados en Chacarita (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

Ese acontecimiento que ella recuerda como un "revuelo" familiar es la publicación del listado con los nombres de las personas que habían sido inhumadas en el mencionado cementerio por orden del juez que intervenía en la Causa de la Morgue Judicial iniciada en 1982 por el CELS (ver Sarrabayrouse, 2011).

La conversación que Sol mantuvo cuando tenía aproximadamente 10 años con una tía abuela —hermana de su abuelo y de su tía abuela desaparecida en la Iglesia de la Santa Cruz— resultó reveladora en el trabajo de reconstrucción de su historia y de la muerte de sus padres:

[…] le pregunté a mi tía cómo habían muerto mis viejos y ella me dijo, a tus viejos se los llevaron puesto los milicos, algo así. Y yo le pregunté: "pero ¿no los mató un camión?" "Sí, sí ¡un camión militar!" Y yo entendí literal […] Y dije ah bueno, entonces fue un camión militar, hice como una unión en una cabeza de una chica de 10 años (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

Sin embargo, la sospecha se instaló en Sol y volvió a salir a la luz años más tarde.

Enfrentando las sospechas

La sospecha de que podría ser hija de desaparecidos comenzó a cobrar fuerza en su adolescencia. Fue así que, a los 19 años, y después de varias idas y vueltas, Sol decidió consultar el listado de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).¹¹ Al mirar el informe encontró los nombres de su madre, su padre y su tío. Durante un año continuó yendo a la Subsecretaría de DDHH para —en palabras de Sol— "aprender de qué se trataba esto […]ahí buscó los primeros recortes de ellos, siempre del momento de su asesinato. Me entero que a mi tía abuela también se la habían llevado en el grupo de la Santa Cruz, yo no tenía ni idea de qué se trataba eso". (Email de Sol Ponce, 1° de junio 2016). En el transcurso de ese año, Sol se acercó también al EAAF para que le tomaran una muestra de sangre ante la posibilidad de identificar los restos de sus familiares:

Yo desde los 19 años le insisto a M con que me tome la muestra de sangre, y él me decía "no, Sol, pasaron al osario general, los restos son irrecuperables […] todavía no hay ningún dato que diga que podemos tener la oportunidad de identificarlos, en el cementerio es imposible". Para mí esta era la certeza. ¡Hasta que te conocí a vos, María José! (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

Finalmente, y habiendo pasado ya un año de su descubrimiento, Sol decidió enfrentar a sus abuelos y decirles que conocía la verdad sobre lo que había ocurrido con sus padres y su tío: "[…] me dieron algún dato de militancia, pero con el tiempo me di cuenta que, lamentablemente, no conocían mucho a mis viejos ni en sus partes más íntimas, y muy poco de su militancia… Ahí comenzó el trabajo de reconstrucción, desde los 19 años hasta ahora" (Charla informal con Sol Ponce, 14 de mayo 2016).

El cementerio y una "medida de no innovar"

En el año 2013, desde la Secretaría de DDHH se comunicaron con Sol para contarle que el colectivo Barrios por Memoria y Justicia¹² iba a colocar una baldosa en la Unidad Básica¹³ 17 de Octubre (ubicada en el barrio de Palermo), en memoria de su padre y de su tío, quienes habían militado allí. A partir de ese momento, Sol entró en contacto con compañeros de militancia de sus familiares. Este encuentro le permitió profundizar la reconstrucción de la historia de sus parientes desde la militancia, pero también desde los documentos.

A partir del contacto con los compañeros de militancia de sus padres y de la recuperación de los restos de su tía abuela en el año 2006 por parte del EAAF, Sol volvió a ver los recortes de diario en el que aparecían los listados de las inhumaciones de detenidosdesaparecidos realizadas en el cementerio de la Chacarita y empezó a imaginar la posibilidad de realizar un homenaje y una señalización del cementerio, desde el grupo de Memoria Palermo. Durante un año estuvieron confeccionando las listas, y es en ese momento en que uno de los antropólogos del EAAF le sugirió que se contactara conmigo para hablar de la causa de la Morgue Judicial.

La tarde que nos encontramos en mi casa, le pregunté a Sol si estaba segura de que los restos estaban en el osario general. La pregunta se sostenía en que, a raíz de mi investigación doctoral, yo sabía de la existencia de una "medida de no innovar"¹⁴ que había presentado uno de los jueces intervinientes en la Causa de la Morgue a principios de los años ochenta. Fue a partir de esto que le sugerí que se presentase en el cementerio de la Chacarita con las partidas de defunción de sus parientes y con el número de licencia de inhumación administrativa —dato este último que surgía de la causa de la Morgue— para solicitar que se le informara en qué lugar se encontraban los restos. Mi recomendación era que lo hiciese "como cualquier hija de vecino", sin llamar demasiado la atención. Y esto así porque el campo estatal, como bien sabemos los antropólogos que desarrollamos nuestro oficio en las burocracias del Estado, es un campo integrado de forma heterogénea tanto como el mundo de los archivos que forma parte de él. Los agentes que los habitan pueden ser empleados desinteresados e indolentes que abandonan esos archivos al paso del tiempo, o convencidos guardianes que se los apropian y deciden quiénes podrán verlos y quiénes no. Por otra parte, el acercamiento a toda oficina estatal supone ciertos requisitos previos y modos de presentarse que podrán hacer más o menos exitoso nuestro paso por ellas.

A los pocos días, Sol se presentó en el Cementerio de la Chacarita,

Y cuando voy al cementerio de la Chacarita, fue increíble, me acompañaron tres compañeros, mi marido, pero me temblaban las piernas, decía que no sabía a dónde iba […] Y cuando voy me atiende un tipo simple y divino, dentro de lo que él podía, le pregunto, me llevo anotaditos los numero de licencia, sus apellidos, el DNI, la fecha, me llevaba también los recortes de las noticias y la fotocopia de la causa de la Morgue. Pero no fue necesario, porque él enseguida se puso a buscar. Por supuesto yo no dije nada, y entonces, en un momento me mira serio y me dice "murieron jóvenes, en una época jodida" y después se empieza a poner un clima tenso y él también se empezó a poner nervioso, y me muestra unos archivos de esa época, hasta que me pregunta: "¿a tus viejos los mataron los militares?". "Sí", le dije. "Mirá yo hice todos estos archivos". Tenía los libros conservados, los había atado, los había reservado. Me dice, "son como mi tesoro" y otro que estaba ahí, que después me entero que era el sepulturero, dice: "Sí, hace años que hincha con esto, que no se los toquen, que sólo él los puede tocar. Les faltan hojas porque cuando él llegó acá esto era un desastre, ordenó los libros, los cuida" (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

En esa voluntariosa y meticulosa búsqueda del empleado del cementerio apareció la constancia de la sepultura en tierra del padre y el tío de Sol, pero no la de su madre. El empleado del archivo le sugirió que se presentase en el "Registro de tierra" para encontrar la ubicación exacta de los restos. A la semana siguiente, Sol se presentó en dicha oficina y pudo ver el libro donde aparecía el nombre de su madre acreditando que su cuerpo, efectivamente, había sido inhumado en Chacarita, pero que luego —en agosto de 1982— había pasado al osario general. Ante la desilusión frente a este documento, grande fue su sorpresa cuando advirtió que el destino de su padre y su tío había sido otro: sus sepulturas no sólo estaban identificadas, sino que estaban acompañadas por una "medida de no innovar" que confirmaba que no se podían tocar:

Tomo nota del número de expediente, en realidad no sabía que era un expediente, y me dicen "bueno con estos datos andá a la administración porque si hay una medida de no innovar eso no se tiene que tocar". En la administración me encuentro con que (los datos) están digitalizados desde el año 92 hasta la fecha. Buscando en unos cuadernos, me dicen: "mirá, los cuadernos no llegan hasta esa época, arrancan en el '81, pero si hay una medida de no innovar, andá al juzgado donde tu familia tramitó esta medida, que seguramente te pueden dar información". No, mi familia no tramitó esta medida. "¿Y entonces quién?". Yo se menos que vos, le digo, y ella me dice: "no, si hay una medida de no innovar en la parte administrativa del cementerio nosotros no tocamos nada hasta que el juez lo levante" (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

Efectivamente, la medida de no innovar a la que estaban haciendo referencia era aquella que en el año 1982 había decretado uno de los jueces de la causa de la Morgue. Como suele suceder, producto de la inercia propia de las burocracias, el tiempo pasó y ningún juez levantó la medida, con lo cual la decisión seguía siendo efectiva.

El cuerpo de la madre no había sido protegido por esa medida porque sus restos —que se encontraban en otra parte del cementerio— pasaron al osario general en agosto de 1982, cuatro meses antes de que se iniciara la causa de la Morgue.

Con esta nueva información, que abría la posibilidad de identificar los cuerpos de su padre y de su tío, Sol se dirigió nuevamente al EAAF. Ante este nuevo escenario, decidieron hacer la extracción de sangre y el pedido de exhumación de los restos.

A fines de 2014, el EAAF realizó dos exhumaciones; en ambos casos, los resultados fueron negativos: "Yo igual la tierra me la llevé, la tengo en una maceta con una planta hermosa" (Mensaje Whats App de Sol Ponce, 20 de mayo 2016).

La Casa Cuna, las inundaciones y las ratas

En el transcurso de las distintas charlas y encuentros que sostuve con Sol, hablamos no sólo de la muerte y el recorrido burocrático que habían seguido sus familiares, sino del circuito de apropiación y restitución que ella misma había transitado. Fue así que le pregunté si ella, en algún momento, había ido a la Casa Cuna para ver si existía algún registro de su paso por esa institución.

Sí, yo pude hablar con un cura que, obvio, no era el de ese momento, que me dijo: "mirá, la verdad es que no encontramos tus registros, pero bueno, no es nada anormal. Podía pasar porque no te ingresaron identificada, por tu procedencia de hecho. Había un pabellón que ellos decían que era el de los hijos de los subversivos. Ellos sabían qué había pasado con sus padres… O tal vez tus registros no estén porque se los llevó la inundación o se los comió una rata ¡Vaya uno a saber!" (Entrevista a Sol Ponce, 6 de mayo 2016).

Ante este relato, mi fuerte confianza en los registros de las burocracias y mi sospecha —directamente proporcional— sobre cierto tipo de burócratas me llevaron a sugerirle a Sol que se comunicase con una antropóloga de la unidad especializada en casos de apropiación de niños de la Procuración General de la Nación para que desde el Ministerio Público Fiscal se hiciese un pedido oficial de su legajo a la Casa Cuna.

El 2 de junio de 2016, y habiendo pasado sólo un mes desde nuestra última charla, Sol me mandó un mail contándome que la Unidad Fiscal había hecho el pedido, y que ella ya tenía en su poder su legajo de Casa Cuna y su expediente de Instrucción. Sol había recuperado sus documentos y podría seguir reconstruyendo su historia.¹⁵

Conclusiones

Volviendo al principio. Comenzar a pensar sobre las discusiones que, de manera preocupante,¹⁶ cuestionan las políticas públicas en materia de DDHH de los últimos años y argumentan la necesidad de dar por concluido ese pasado, me llevó a reflexionar sobre la utilidad, vigencia y finalidad de las investigaciones sobre dictadura y burocracias estatales que se han producido en el transcurso de los últimos años (Garaño, 2008; Mora, 2008; Sarrabayrouse Oliveira, 2011; Villalta, 2012; Regueiro, 2013; Gandulfo, 2014; Schnyder y Margaria, 2013; Bernardini, 2016, entre otros).

Durante mucho tiempo pensé que mi investigación de doctorado, centrada en el análisis de la causa de la Morgue Judicial, había constituido un aporte desde la antropología para comprender el modo en el que había actuado el Poder Judicial durante la última dictadura, sus lógicas, su capacidad de supervivencia —y de adaptación—a los distintos regímenes. Sin embargo, el caso de Sol me ubicó en otra perspectiva, que está vinculada con la utilidad pragmática de estas investigaciones: no son sólo investigaciones que nos permiten entender lógicas y circuitos burocráticos (aunque sin esta comprensión y conocimiento nada podríamos hacer), sino que se trata de investigaciones que ayudan a reconstruir historias de vida, a identificar cuerpos, a recuperar nietos.

La Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires formó parte de las dependencias oficiales que hicieron posible la existencia de un circuito burocrático para el tratamiento de los cuerpos de los desaparecidos en manos de las FFAA, lo que permitió la consecución del circuito represivo clandestino que produjo originalmente esas muertes. Analizar el rol desempeñado por distintas oficinas judiciales y administrativas desde esta perspectiva permite dar cuenta de la convivencia y de las complejas relaciones que mantuvieron el mundo clandestino y el mundo oficial durante el terrorismo de Estado.

Por otra parte, estas investigaciones nos permiten reconocer la intervención y el rol que desempeñaron otras fuerzas sociales —aparte de las militares y policiales— en lo que fue el golpe de Estado. Estos trabajos abonan a la discusión más amplia que ha comenzado a plantearse hace algunos años en la Argentina —tanto a nivel académico como judicial y político— sobre el alcance de la responsabilidad que tuvieron distintos actores de la sociedad civil en los crímenes cometidos por la dictadura. Como sostiene Pilar Calveiro, se trata de poder dar cuenta de "cómo esto que se dio en llamar el Proceso fue resultado de un proceso social y político en el que confluyeron distintos elementos y sobre el que tuvieron responsabilidad diversos actores" (Calveiro, 2000: 73). Realizar investigaciones desde esta perspectiva conjura ese otro riesgo, que implica el "desplazamiento de la teoría de los dos demonios a la teoría de un demonio, el militar, permaneciendo la sociedad como víctima inocente, [ya que] de alguna manera, en este caso, también se está sustrayendo la responsabilidad social y política" (Calveiro, 2000:73).

El trabajo en este campo y sobre estos temas permitió, asimismo, reconstruir la labor desplegada por abogados vinculados al mundo de los DDHH —durante la dictadura y en etapas posteriores— que permitió, mediante un minucioso escrutinio de las burocracias estatales, correr el velo tras el que se ocultaban estas prácticas irregulares. Este trabajo realizado por el activismo de los DDHH permitió entender que, ante la posibilidad de la inexistencia de registros detallados de las víctimas del terrorismo de Estado, lo que sí existe son las huellas dejadas por las burocracias —judiciales, penitenciarias, policiales, administrativas— en su accionar cotidiano y poco espectacular (Tiscornia, 2008). Es sobre estos indicios sobre los que hay que seguir trabajando.

Indagar sobre el funcionamiento de distintas oficinas estatales nos habilita para la reflexión sobre la manera en que la violencia de Estado modela prácticas burocráticas; pero también nos permite visibilizar el modo en que las lógicas institucionales pueden dar formatos particulares a prácticas represivas y así ayudar a su éxito en el funcionamiento. En otros términos, el conocimiento etnográfico de las prácticas habituales, los usos y costumbres en los procedimientos desplegados por los burócratas en sus oficinas, nos permitirá no sólo reconstruir en términos sociohistóricos el funcionamiento de estas burocracias durante el período dictatorial, sino poner a prueba nuevas hipótesis para lograr la identificación o el destino otorgado a los cuerpos de detenidosdesaparecidos. Esta tarea nos ubica traspasando lo que se conoce como antropología situacional,¹⁷ nos ubica, como sostiene Stavenhagen (2015), en el lugar de "etnógrafos activistas".

Para finalizar, me gustaría recuperar parte de una de las entrevistas con Sol que me llevó a pensar que los documentos no sólo nos permiten reconstruir y conocer hechos y sucesos de la dictadura que todavía no se conoce o confirmar aquellos que sí, sino que tienen una cualidad extra, su poder reparador:

Entonces cuando empieza esto, que también E empieza a traerme los recortes de la solicitada de cuando estoy desaparecida… porque a todo esto, por más que está superhablado, que M me cuenta donde fui, dónde estuve y todo eso, para mí siempre es como muy difícil terminar de hacerme cargo de la historia, terminar de decir: sí, estuve secuestrada; sí, hicieron una solicitada; presentaron un hábeas corpus… Creo que también la necesidad de que se investigue es poder ver la documentación si la hay, ¿no? Porque yo no termino de caer […] de todas maneras, para mí esto [realizar las exhumaciones] era transitar el camino que no pudieron hacer mis abuelos, que no habían podido hacer, y que a mí siempre me había quedado una culpa y una carga enorme… [me preguntaba] ¿dónde están? ¿los dejaron tirados? ¿nadie presentó nada? Es también como poder darle una dignidad y una legalidad al asesinado. No es que no pasó nada, pasó todo esto (apoyando la palma de su mano en los registros burocráticos) (Entrevista a Sol Ponce, 2 de julio 2016).

Notas

1. Más allá de la complejidad del contexto actual y de los temores expresados por actores vinculados al campo de los derechos humanos sobre su continuidad, muchas de estas políticas siguen vigentes.

2. En el transcurso de 2016, La Nación ha reforzado su discurso editorial de apoyo a los imputados por delitos de lesa humanidad en reclamo de una "solución" a su situación procesal.

3. "'En Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada', dijo el actual director del Teatro Colón y exfuncionario de la Alianza durante un homenaje al fotógrafo asesinado José Luis Cabezas en Pinamar" (Ámbito Financiero, 2016). 

4. Este trabajo se basa en la presentación realizada en las VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social en agosto de 2016. Al terminar de darle el formato de artículo –en marzo de 2017‒, la cantidad de declaraciones emitidas por funcionarios y legisladores del actual gobierno cuestionando el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia, así como la cantidad de hechos reivindicadores de la última dictadura cívicomilitar, resultaron abrumadores (tanto como la respuesta social a ellos). Si bien estos hechos muestran que las declaraciones de Mauricio Macri y Darío Lopérfido no constituyeron fenómenos aislados, no me detendré en una enumeración de estas, ya que resultaría redundante para la argumentación aquí esgrimida. Ver: Castro Feijóo, 2017; La Nación, 2017a; La Nación, 2017b; Página 12, 2017.

5. En dicha presentación judicial, llevada a cabo en 1982, se denunciaba que "en el período 19761980, la Morgue Judicial había realizado autopsias, extendido certificados de defunción y ordenado la inhumación de varios cadáveres de personas detenidasdesaparecidas, por orden de fuerzas militares y sin la intervención de un juez competente" (Sarrabayrouse Oliveira, 2011: 16).

6. La tía abuela paterna de Sol era María Ponce de Bianco, una de las víctimas de los secuestros en la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. Su cuerpo fue identificado en el año 2005 por el EAAF.

7. Sol pudo reconstruir este a partir del contacto que estableció en el marco de "Barrios por la Memoria" con los vecinos de la zona para colocar una baldosa que señala el lugar del secuestro de su padre, su tío y otros militantes.

8. A los pocos días, el 19 de mayo 1977, el Ejército mató a la madre de Sol y a sus compañeros de militancia en un supuesto enfrentamiento en la calle Primera Junta.

9. Torres de Tolosa era hermano de un marino, segundo comandante auditor de la Gendarmería que también participaba de los Consejos de Guerra del Primer Cuerpo de Ejército. Según las declaraciones de Scilingo de 1995 ante la justicia española, Torres de Tolosa tuvo el triste privilegio de haber sido "el único civil que participaba de los vuelos de la muerte". En forma paralela a sus tareas en la ESMA, se desempeñaba como secretario en el juzgado de menores a cargo de Oscar Hermelo, quien lo había nombrado en tribunales por recomendación de su hijo, con el que habían sido compañeros de facultad y quien años más tarde también fuera denunciado por participar en el Grupo de Tareas 3.3.2. de la ESMA.

10. La explicación de la muerte a través de un accidente de tránsito es un recurso que se repite en los casos de familiares que se quedan a cargo de hijos de desaparecidos, y constituye así un auténtico "mito clásico para los hijos de desaparecidos" (Regueiro, 2015:13).

11. Previamente se había acercado a la Liga por los Derechos del Hombre.

12. Desde el año 2006, este colectivo ha comenzado a colocar baldosas con los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, para señalizar los lugares donde fueron secuestradas o las instituciones de las que formaban parte.

13. Nombre que reciben los locales partidarios del movimiento peronista.

14. Resolución judicial que se toma ante la posibilidad de existencia de un delito y que supone la protección y la no alteración de aquello que podría constituir una prueba judicial (en este caso las inhumaciones en el Cementerio de la Chacarita).

15. En párrafos anteriores sostuve que Sol comenzó a producir ella misma documentación. Luego de los pedidos de exhumación de sus familiares, realizó una presentación judicial solicitando la reapertura de la causa de la Morgue Judicial.

16. "Esa estrategia argumental se ha desplegado en editoriales de la prensa gráfica, en entrevistas televisivas y en foros de discusión, en los que incluso han participado abogados de acusados por delitos de lesa humanidad de otros países de la región. A los actores que ya esgrimían este tipo de posiciones (los Abogados por la Justicia y Concordia, el Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas, entre otros) se sumaron personalidades de la cultura, la academia y expertos internacionales en materia de justicia transicional" (CELS, 2015: 90).

17. Stavenhagen define a la antropología situacional como aquella "en la cual el antropólogo que tiene la voz se coloca abiertamente como `sujeto´ que habla y anuncia la perspectiva desde la que describe, analiza y juzga (según las circunstancias) al `objeto´ de investigación, y en el mejor de los casos asume la responsabilidad de 'devolver' al objeto estudiado los resultados de la investigación, antes de que éstos se empolven en los anaqueles de alguna biblioteca universitaria" (Stavenhagen, 2015:14).

Bibliografía

1. BARROS, Mercedes. 2008. "Lenguaje, política y movilización social: la formación identitaria del movimiento de derechos humanos en la Argentina". Revista Sociedad Hoy 14: 3953.         [ Links ]

2. BERNARDINI, Estefanía. 2016. "Reparando documentos. Los legajos laborales como prueba de la depuración laboral implementada sobre los trabajadores de la salud del Hospital Posadas". En: Actas de las VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.         [ Links ]

3. BOURDIEU, Pierre. 1986. "La fuerza del derecho. Elementos para una sociología del campo jurídico". En: Poder, derecho y clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer. pp. 165223.         [ Links ]

4. CALVEIRO, Pilar. 2000. "Puentes de la memoria: Terrorismo de Estado, sociedad y militancia". Lucha Armada en la Argentina, 1(1): 7177.         [ Links ]

5. CASTRO FEIJÓO, Lucía. 2017. "¿Será justicia? Dictadura y Poder Judicial". Bordes. Revista de Política, derecho y sociedad: 137143.         [ Links ]

6. CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS). 2015. "Justicia: Nada más, pero nada menos". En: Derechos Humanos en Argentina. Informe 2015. Buenos Aires, Siglo XXI. Pp. 87108.         [ Links ]

7. FONSECA, Claudia. 1999. "Quando cada caso nao é um caso. Pesquisa etnográfica e educação". RBE Revista Brasileira de Educação, 10: 5878.         [ Links ]

8. GANDULFO, Juan. 2014. El caso de las tumbas de N.N. en Grand Bourg. La justicia y los organismos de derechos humanos en la transición a la democracia. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales. Universidad de General Sarmiento, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).         [ Links ]

9. GARAÑO, Santiago. 2008. Entre resistentes e "irrecuperables": Memorias de ex presas y presos políticos (19741983). Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.         [ Links ]

10. GLUCKMAN, Max. 1978. Política, derechos y ritual en la sociedad tribal. Madrid: Akal.         [ Links ]

11. MORA, Nazarena Belén. 2008. "El tratamiento burocrático y clasificación de personas desaparecidas (19761983). Un Hospital y una Comisaría". Avá 13: 143156.         [ Links ]

12. REGUEIRO, Sabina. 2013. Apropiación de niños, familias y justicia. Argentina (19762012). Rosario: Prohistoria.         [ Links ]

13. REGUEIRO, Sabina. 2014. "De secuestros, guardas y localizaciones de niños 'desaparecidos': activación de redes sociales e instituciones regionales en el marco del 'Plan Cóndor'". Congreso 2014 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Chicago: Asociación de Estudios Latinoamericanos.         [ Links ]

14. SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José. 2011. Poder Judicial y Dictadura. El caso de la morgue. Buenos Aires: CELS/Editores del Puerto.         [ Links ]

15. SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José. 2016. "Bureaucratic Circuits of Repression: The Role of the Judicial Morgue in Argentina's State Terrorism (19761983)". En: E. Anstett, J.M. Dreyfus y C. Fournet (Eds.).Human remains & violence, Manchester University Press. An Interdisciplinary Journal. Manchester: Manchester University Press. En prensa.         [ Links ]

16. SCHNYDER, Celeste y MARGARIA, Paulo. 2013. "De la represión al control disciplinante: reformulaciones y continuidades del DIP de la policía santiagueña en el pasado reciente". En: Actas de las VII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.         [ Links ]

17. SIGAUD, Lygia. 1996. "Direito e coerção moral no mundo dos engenhos". Estudos históricos, 9 (18): 361388.         [ Links ]

18. STAVENHAGEN, Rodolfo. 2015. "Etnografía activista: mi experiencia en la ONU". Nueva Antropología, XXVIII (83): 1324.         [ Links ]

19. TISCORNIA, Sofía. 2008. Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio. Buenos Aires: CELS/Editores del Puerto.         [ Links ]

20. VILLALTA, Carla. 2012. Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños. Buenos Aires: CELS/Editores del Puerto.         [ Links ]

Otras fuentes consultadas

1. ÁMBITO.COM. 2016. "Lopérfido dijo que los desaparecidos no son 30.000 y Carlotto lo cruzó". 26 de enero 2016. http://www.ambito.com/825116loperfidodijoquelosdesaparecidosnoson30000ycarlottolocruzo (25 de agosto 2016).         [ Links ]

2. LA NACIÓN. 2015. "No más venganza".  23 de noviembre de 2015. http://www.lanacion.com.ar/1847930nomasvenganza (25 de agosto 2016).         [ Links ]

3. LA NACIÓN. 2016. "Macri evitó precisar la cifra de desaparecidos y generó rechazos".  11 de agosto de 2016. http://www.lanacion.com.ar/1926868macrievitoprecisarlacifradedesaparecidosygenerorechazos (25 de agosto 2016).         [ Links ]

4. LA NACIÓN. 2017a. "Gómez Centurión, sobre los desaparecidos: ´No es lo mismo 8000 verdades, que 22.000 mentiras'". 29 de enero 2017. http://www.lanacion.com.ar/1980180juanjosegomezcenturionsobrelosdesaparecidosson22milmentiras (5 de abril 2017).         [ Links ]

5. LA NACIÓN. 2017b "Los mensajes del gobierno por el 24 de marzo". 24 de marzo 2017. http://www.lanacion.com.ar/1998544losmensajesdelgobiernoporel24demarzo (5 de abril 2017).         [ Links ]

6. PÁGINA 12. 2017. "Una maestra del negacionismo". 29 de marzo de 2017. https://www.pagina12.com.ar/28500unamaestradelnegacionismo (5 de abril 2017).         [ Links ]