Introducción

El historiador Yuval Harari rememoró durante la pasada pandemia una antigua maldición china que dice “Ojalá vivas tiempos interesantes”, en alusión a las condiciones de ese período y la añoranza de los “tiempos aburridos”, en ese momento aparentemente anhelados por el historiador (XL Semanal, 12/04/2020). Pandemias y epidemias no son una novedad en nuestra historia sobre la Tierra, pero las afectaciones a la salud motivadas por nuestras prácticas productivas, alimenticias y rutinas se incrementan. Si bien es cierto que el desarrollo científico propicia su contención, entendemos que lo más adecuado sería aproximarnos a resolver las causas.

En un trabajo anterior (^{Caila y Gómez 2020}), señalamos la delicada situación ambiental que enfrentamos en el escenario de pandemia sin que el problema recibiera un análisis completo en términos de discursos políticos o de las comunicaciones, que nunca vincularon debidamente el problema con las prácticas productivas devastadoras del capitalismo, que es el real factor generador de desequilibrios en los sistemas sociales y naturales. Este factor, hasta el presente, no ha sido cuestionado correctamente. Las críticas deben dirigirse a ciertos pilares de la modernidad, particularmente en lo referido a la ambición del control de la naturaleza por parte del hombre y a nuestra forma de vincularnos con nuestro entorno natural desde prácticas intensivas en la producción. Parece existir una dificultad en reconocer que la naturaleza tiene un valor distinto al exclusivamente utilitario. Esto significa que es un bien superior a nuestras construcciones socioculturales y que, por tanto, su fin o uso es siempre colectivo.

Se hace necesario revisar los problemas ambientales originados en el extractivismo, la agroindustria y/o la industria cárnica. Asimismo, surge la necesidad de comunicar adecuadamente a la población los impactos que produce el deterioro ambiental en la salud y en el bienestar colectivo, a efectos de prevenir futuras crisis como la que recientemente superamos. Los ciudadanos en general, aun con miradas distintas y ausencia de respuestas unívocas ante esta inquietud, exigen medidas para su propia protección.

Ahora bien, ¿es posible hablar de democracia mientras la dinámica de la información controlada por distintos medios vinculados a intereses, sumado al desconocimiento y la falta de reflexión profunda sobre estas cuestiones, relativiza o minimiza la relevancia de esta problemática que nos afecta directamente? A su vez, profundizar el conocimiento, informar apropiadamente y tomar medidas que resguarden el derecho a un ambiente sano para la población son algunas de las deudas de la política en todas partes del mundo. También existe una deuda respecto de las perspectivas locales y las opiniones de los habitantes en relación con su espacio, su cultura y sus interpretaciones. Ellos son los indicados para resolver problemas y guiar los destinos del entorno natural, que no siempre es visto solamente como un recurso. Es así que se presenta la política como el eje necesario para el desarrollo de sistemas socioambientales respetuosos de la diversidad natural y cultural, pero esto se podrá lograr con una representación social y política eficiente. Ante los resultados y falencias observados desde esta perspectiva, pareciera que la democracia aún tiene una importante deuda pendiente.

Un presente complejo

Existe un vínculo entre la crisis ambiental y las formas de producción que privilegia los intereses particulares de grupos. Es así que, en casi todos los países industrializados, la huella ecológica es negativa y crece anualmente, sin que mejoren las condiciones materiales para la mayoría de los habitantes del planeta. El elemento para procurar equidad, proteger los desequilibrios sociales y ambientales con que se cuenta es la gestión pública, la cual todavía no ha realizado una intervención efectiva para resolver futuras crisis, como tampoco logra finalizar con los desequilibrios cotidianos.

Por otra parte, si bien los resultados de la ciencia procuran promover este debate, al mostrar los efectos que produce nuestro modelo productivo en el deterioro de la biodiversidad, los marcos de sus posibilidades se encuentran muy limitados. Un ejemplo típico es lo que le sucedió a la científica Rachel ^{Carson, cuando expone en su libro La primavera silenciosa (2005}) el impacto ambiental de los pesticidas (en ese momento era el DDT, que termina con la vida de numerosas especies, principalmente las aves). La autora sufrió amenazas y marginación, pero posteriormente se aceptó su hipótesis, lo que tuvo cierta repercusión en la percepción de las acciones humanas que dañan la naturaleza. No obstante, este producto nocivo señalado por Carson no impactó en buenas y saludables prácticas, sino que solo fue reemplazado por otros que afectan tanto o más la salud. Baste como ejemplo las fumigaciones con agrotóxicos sobre poblaciones, mientras que el debate desde la representación política se restringe a una disputa por los metros que deben -o deberían- respetarse. La deuda ambiental crece y puede pensarse como indicador de una cuenta no saldada que existe en la representación democrática.

Desde hace tiempo se alerta sobre los efectos devastadores del calentamiento global en el mundo, así como de otros impactos antrópicos negativos en el ambiente. Ninguno fue resuelto convenientemente en el contexto mundial, ni tampoco con medidas efectivas y profundas a nivel nacional. De este modo, en todo el orbe se observa la continuidad de las deforestaciones, las quemas provocadas, la contaminación con glifosato, la persistencia de la caza y de la polución. También en el marco de la vida urbana existen demandas ciudadanas que no son canalizadas ni resueltas. Basta mencionar en nuestra región los incendios en el Delta que provocaron humo tóxico y nunca fueron detenidos, las deforestaciones urbanas, la ausencia de tratamiento de la basura, el avance de la construcción sobre el espacio verde público, entre muchas otras cuestiones en las cuales la ciudadanía no obtiene respuesta a sus exigencias.

Entonces, hay consenso respecto de la existencia de una crisis ambiental. Sin embargo, desde el aspecto que nos ocupa, referido a las respuestas ante esta crisis, vemos que nuestro régimen de representación democrática no logra responder a los desafíos que la cuestión ambiental exige. Es así que, por un lado, es usual en la política hacer alusión a la cuestión ambiental y la necesidad de detener el problema, pero, por otra parte, no extraña ver que las protestas y los reclamos ciudadanos son reprimidos. De acuerdo con ^{Leff (2004}), ya deberíamos haber construido una nueva racionalidad ambiental, porque cada año superamos límites biofísicos del planeta y esto, en el futuro, tornará casi imposible nuestra subsistencia, debido al crecimiento excesivo.

Democracias liberales en un escenario adverso

Consideramos que la ciudadanía suele interpretarse como el vínculo constituido entre individuos de una determinada comunidad. Se trata de un vínculo que involucra las distintas dimensiones de la vida social y política de esos sujetos. Es notorio el impacto de este vínculo en la conformación del marco legal de esa comunidad y también en su capacidad de expresarse, ya sea en tanto sentimiento de identidad comunitaria como en términos de eje de la participación para los sujetos en lo referente a hechos que los afectan colectivamente (^{Caila y Gómez, 2012}: 114).

De este modo, el escenario actual muestra transformaciones globales y actores sociales que deben tomar decisiones fuera de los márgenes conocidos, lo cual genera incertidumbre. Este fenómeno se aproxima a la denominada sociedad de riesgo (^{Beck, 1997}: 27), que consiste en diferentes parámetros para la construcción de significaciones colectivas. El individuo realiza un esfuerzo de definición fuera de lo reconocido y en una permanente dinámica que demanda adecuaciones constantes sin referencias claras. Por ello, ha sido colocado en una sociedad de riesgo.

Las razones que inquietaron a Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, con respecto a la moderna democracia de masas, y que derivó en un análisis sobre su estabilidad, con hincapié en las posibilidades de cohesión frente a lo que consideró como la pérdida del “lazo social”, son las que aún hoy preocupan a los teóricos. En este sentido, los análisis giran en torno a la libertad de los individuos, al entender que, cuando las tradiciones, los recursos socio-morales y las costumbres sociales se ven cuestionadas en su vigencia, se convierten en un problema específico y un desafío para la cohesión democrática. Hoy, la crisis ambiental es uno de los ejes más frecuentes por los cuales esa cohesión es cuestionada.

Entre las causas que ponen en jaque las democracias actuales debemos considerar que la incompetencia de los gobernantes en la gestión de una crisis puede tener un elevado costo. No obstante, lo particularmente trágico es la falta de credibilidad, lo que nos invita a pensar que, en un mundo incierto, donde nuevas pandemias o crisis ambientales se sucedan, las faltas de respuestas podrían debilitar el ideario democrático, y generar expectativas de salidas autoritarias como la gran solución. “Nos tapan la boca con barbijos para callarnos” era la frase predilecta de quienes, en plena pandemia, salían a las calles a reclamar y confundían -no tan inocentemente- prevención con falta de libertad de expresión.

En la modernización actual, o reflexiva, lo imprevisible lleva a la incertidumbre, a la ambivalencia. Los procedimientos políticos de decisión todavía utilizados ya no son totalmente pertinentes, porque la individualización afecta los principios organizativos. “Reflexiva” significa autorrelación, individuos que se sitúan fuera de las estructuras tradicionales. En la sociedad industrial tradicional, el orden social y las certezas se apoyan en la racionalidad instrumental. Por su parte, en la denominada sociedad de riesgo, lo imprevisible conduce a la incertidumbre, dado que las medidas organizativas y los procedimientos de decisión ya no son pertinentes, pero también la individualización afecta los mismos principios éticos y sociales (^{Beck; 1997}: 123).

Resulta pertinente resaltar, entonces, que con la pandemia se puso en evidencia la efectividad de los sistemas de salud y el desarrollo científico mediante los cuales se pudo resolver una crisis. Pese a ello, en términos ambientales persiste una degradación de los sistemas globales, lo que tiene como resultado que un alto grado de integración puede ocasionar consecuencias inmediatas: un hecho originado en el mercado de Wuhan tuvo una repercusión global negativa. Otra observación es el deterioro provocado por el capitalismo y sus prácticas intensivas sobre los sistemas. Entonces, es oportuno cuestionar una de las ideas centrales del capitalismo, que es la de considerar todos los bienes de la naturaleza en función del valor de mercado y de su utilidad.

Es importante destacar que ^{Wallerstein (2004}) había anticipado que la crisis estructural iniciada durante los años setenta sería una transición hacia otro sistema de características diferentes, ya que las posibilidades de acumulación del sistema capitalista habían tocado techo y que era probable que el escenario socioeconómico y ambiental global resultara sustancialmente diferente en breve. Cuánto diferirá esa posible nueva estructura dependerá de la resolución de tensiones en pugna. El análisis de Wallerstein¹ parece sugerir que se presentará un tenso escenario entre las grandes corporaciones económicas y fuerzas sociales como el Foro Social y otros movimientos sociales antiglobalización (Chamochumbi, 2010: 02).

El estado general del ambiente, conforme a indicadores de calentamiento global específicos, demuestra que las metas mundiales no se han alcanzado, y que tampoco se han podido aplicar las medidas de numerosos tratados internacionales. Así, los Estados firman convenios que luego no son implementados en todas sus dimensiones. Los Estados nacionales, en particular en aquellos países emergentes con problemas de pobreza y desempleo, sufren una fuerte presión de sectores corporativos internacionales vinculados con el extractivismo y que están asociados, a su vez, con sectores concentrados de la oligarquía local. Estos sectores no se preocupan por solucionar esos problemas, sino que conforman un poder real por fuera del Estado.

La noción de gobernabilidad es un concepto que se originó al analizar los procesos de descolonización y las necesidades de los países emergentes, en foros de la ONU en los años cincuenta. Posteriormente, lo aplicaron ^{Crozier, Huntington y Watanuki (1975}) cuando realizaron un informe sobre problemas críticos de las democracias, al dar cuenta de dificultades en lo relativo a la división de poderes, la fragmentación de partidos y los controles al sistema presidencial, los autoritarismos y la cultura política. ^{Camou (2001}), por su parte, la sintetiza como la relación que emerge de una situación de equilibrio dinámico entre las demandas de una sociedad y las capacidades de su sistema político para responderlas de manera satisfactoria.

El término governance tiene base en el concepto de origen francés gouvernance y se ha consensuado su traducción como gobernanza. Es una manera de gobernar que tiene como objetivo lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero, al promover la legitimidad del Estado mediante un equilibrio con la sociedad civil y el mercado. La gobernanza en temas ambientales se relaciona con la posibilidad de combinar agencias estatales con actores sociales y del mercado, para ver la calidad de las políticas públicas, y así articular diferentes modelos de gestión y hábitos culturales, en la búsqueda de un equilibrio dinámico en la sustentabilidad. Si bien toda gestión puede ser discutida, al interpretarse que justifica modelos conservadores y de dominación, se puede considerar,si nos restringimos al marco de las cuestiones ambientales, que la modalidad participativa que supone ofrece un margen de autonomía, en la medida en que se realicen consultas y modalidades de participación democráticas y respetuosas de las diferentes posiciones e intereses (^{Fontaine, Van Vliet y Pasquis, 2007}: 04).

Desde la política, los representantes de los ciudadanos basan su legitimidad en elecciones transparentes. Este marco se completaría con la realización de políticas públicas y sociales que respeten la voluntad ciudadana expresada en ese acto, es decir que los representantes tengan en cuenta el acuerdo electoral y, más aún, cuando se trata de cuestiones ambientales, es decir, medidas que se afectan los bienes y afectan a todos. Los expertos en Derecho Ambiental suelen llamarlos Derechos de Incidencia Colectiva, ya que, por definición, no deberían ser afectados por ningún particular o ninguna corporación. Desde el Derecho Ambiental se entiende que el daño colectivo, en caso de producirse, es mayor que el daño individual, por su complejidad inherente, ya que implica múltiples dimensiones, como la temporal, la personal, la territorial y la material. Por esto, deben tratarse internacionalmente, ya que las problemáticas ambientales no reconocen fronteras o límites territoriales. Los bienes de la naturaleza también tienen reconocimiento de la cultura local, a través de cosmovisiones, sentimientos, creencias y representaciones que resultan de los modos variados de vinculación con la naturaleza. La propiedad de ciertos bienes, en especial de aquellos que se denominan recursos, deben ser administrados. Debe limitarse la práctica en función de la sustentabilidad. Es decir, son bienes en los que prevalecen los intereses sociales por sobre lo individual.

Aproximaciones finales

A partir del reconocimiento de que pueden presentarse tensiones sobre cuáles serán los modelos de crecimiento postpandemia, ciertamente es un momento de fortalecer los debates que propongan una reconstrucción de Estados sustancialmente democráticos y una consolidación de los derechos sociales de los ciudadanos por sobre las estrategias individualistas y consumistas que generan las políticas neoliberales. Del mismo modo en que se había alertado sobre la posibilidad de una pandemia y no se tomaron las previsiones correspondientes, es necesario remarcar las advertencias de medidas sobre la urgente crisis ambiental y su impacto en sequías, hambrunas, enfermedades y muertes, sobre la cual tampoco hay perspectivas claras.

Saskia Sassen invita a repensar el modo en que vivimos como sociedad global y a reflexionar en torno a nuestra economía de la extracción, que considera, en parte, culpable de la pandemia que atravesamos. Afirma que nuestro rol ha sido el de agresores del ambiente y, asimismo, sostiene que la mayoría de las crisis ambientales mundiales no son nuevas y se originan en nuestra forma de vincularnos con la naturaleza.² En este sentido, la autora observa que el problema no es el riesgo de una crisis, ni la globalización o cualquier otro problema circunstancial, sino que, esencialmente, el problema radica en la falta de cooperación internacional para la solución conjunta y coordinada de problemas. En cambio, se protege la primacía de los beneficios individuales por sobre las necesidades e intereses colectivos (^{Alamillos, 19/06/2020}).

El ambiente se relaciona con la calidad de vida. Para que un ciudadano pueda ejercer sus libertades en condiciones psicofísicas adecuadas, se necesita tener un ambiente equilibrado. De esta manera, democracia y ambiente van de la mano. Es imposible pensar en derechos ciudadanos en un ambiente degradado. Los problemas ambientales siempre han existido, pero nuestro impacto actual es de tal magnitud que nuestras posibilidades de bienestar y prosperidad se ven seriamente comprometidas. Lo que sucede es que la idea de desarrollo siempre ha descansado en la idea de crecimiento económico, y no en la idea de prosperidad, en sentido colectivo (^{Peralta, 01/08/2017}).

La participación ciudadana es fundamental para garantizar que se aborden de manera adecuada y equitativa los intereses de los ciudadanos en las decisiones sobre el ambiente. Esta participación es un elemento especial para mejorar la coordinación entre actores y la ponderación real de una cuestión determinada. En realidad, esto es la democracia, a la cual posiblemente el correcto tratamiento de problemáticas ambientales le resulte propicio para mejorar el acceso libre a la información sobre los problemas ambientales y el derecho a participar en la toma de decisiones, en pos de elevar su calidad y de alejar sombras que la debiliten aún más. Esa democracia podría resolver, entonces, cuestiones vinculadas a bienes comunes, y podría resultar un freno efectivo a los intereses minoritarios y corporativos que acentúan y provocan estas crisis.