Políticas públicas para el agro se ofrecen. Llamar al estado peronista (1943-1955)

Girbal-Blacha, Noemí M¹

¹CONICET. Centro de Estudios Históricos Rurales (UNLP). Universidad Nacional de Quilmes
ngirbal@via-net-works.net.ar

1. Consideraciones previas.

   Las políticas públicas (Gaudin (1999) han estado históricamente vinculadas al desarrollo agrario argentino desde los orígenes de la Nación y, especialmente, desde la conformación del Estado y el mercado nacional en los años de 1880. La instrumentación de la democracia representativa en los albores del Centenario y su inmediata consecuencia: el ascenso del radicalismo al gobierno nacional no concitan cambios en el modelo de desarrollo económico, a pesar del fin de la expansión horizontal agraria que se produce casi al mismo tiempo que el estallido de la Primera Guerra Mundial y promueve el primer llamado de atención al interior del modelo agroexportador.
   Los efectos de la crisis de 1930 que conllevan al fin del crecimiento hacia fuera y la industrialización por sustitución de importaciones, se conjugan con los perfiles políticos derivados de la ruptura del orden institucional, y dan paso a la consolidación de un Estado intervencionista en la economía que se esfuerza por auxiliar a la Argentina agroexportadora, otorgando un lugar complementario a la industria. Las Juntas Reguladoras de la Producción (de Granos, de Carnes, de la Yerba Mate, de Vinos, del Azúcar y del Algodón), suman su acción de contralor y subsidiaria en favor del agro, a los efectos de algunas medidas financieras que procuran poner orden en el sistema monetario y financiero argentino, tales como el Control de Cambios (creado en 1931 y reformado en 1933), el Banco Central de la República Argentina fundado (1935) con capitales mixtos para regular la oferta monetaria, dinamizar las finanzas nacionales e independizarlas de los vaivenes externos, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (que pone en movimiento los activos fijos). Son éstas acciones concretas arbitradas desde el Estado Nacional para adecuar las políticas públicas a los nuevos tiempos, en los cuales el agro sigue jugando un papel significativo para reorganizar la economía del país (Barsky y Gelman, 2001, caps. VI, VII y VIII; O'Connell, 1984).
   El llamado Plan Pinedo de 1940, formulado por el socialista independiente y Ministro de Hacienda Federico Pinedo, para ser presentado ante el Senado Nacional, es el punto culminante de esas propuestas del Gobierno intervencionista de los años ´30, al punto de convertirse en el primer documento de Estado que intenta conciliar industrialización y economía abierta, reorientando la relación diplomática y comercial argentina con los Estados Unidos, colocando en un lugar relevante al mercado interno a través del fomento de la industrialización por sustitución de importaciones, pero sin abandonar la singular labor del Estado en beneficio de la compra de los saldos agrarios invendibles, que una vez más resultan directamente subsidiados por el gobierno nacional a través de las instituciones específicas. El propio Pinedo recuerda que es la actividad agropecuaria la que hace girar “la gran rueda de la economía” , en tanto la industria nacional se convertía para la planificación de referencia en una sucesión de engranajes secundarios que comienzan a operar cuando esa “gran rueda” ve deteriorado su funcionamiento. Razones políticas motivan el fracaso del plan, que no resulta aprobado por el Congreso Nacional, en medio de la férrea oposición de los legisladores radicales alentados por Marcelo T. de Alvear, quien preside por entonces la Unión Cívica Radical. De todos modos, el mercadointernismo en la Argentina de los ´40 no tiene retorno (Llach, 1984).
   Es en la etapa preliminar al ascenso de Juan D. Perón al gobierno nacional, cuando se refuerza el papel estratégico del agro en la economía del país y al cual no resultan ajenas las políticas públicas; en un clima de migraciones internas del campo a la ciudad, de consolidación de la industrialización sustitutiva de importaciones, de un mercado interno que se amplía y consolida, de los efectos derivados de la Segunda Guerra Mundial -cuando el keynesianismo se afirma como ideología económica dominante y como teoría organizadora de la política económica-(Adda, 2001) y de una reorganización económico política que se asienta en un entramado nacionalista, popular, dirigista y planificador, para operar como componentes básicos del llamado Estado Benefactor. Un Estado que inaugura un nuevo sistema de alianzas (obreros y pequeño-mediana burguesía industrial) para la “Nueva Argentina” , sin romper totalmente los lazos con las bases de sustento de la “Argentina oligárquica” (Girbal-Blacha, Zarrilli y Balsa, cap. 4.).
   En esta coyuntura y a partir de las consideraciones expuestas, este trabajo se propone describir las características de las políticas públicas, es decir, las acciones emprendidas por el Estado peronista para intervenir en el ámbito social, económico y político (Balme, Faure y Malibeau, 1999); en este caso en relación con el agro, para discernir sus continuidades y también sus cambios, con el objeto de despejar algunos interrogantes que la historiografía argentina ha dejado pendientes, acerca del papel estratégico que el campo juega en la “Nueva Argentina” liderada por Juan Perón. Esta caracterización procura distinguir los objetivos de las medidas legislativas adoptadas entre los años de 1940 y 1955, la inserción de las mismas en el discurso oficial, las confrontaciones públicas entre el Estado y los diversos sectores agrarios, pero también la conciliación de esas leyes y resoluciones que regulan el comportamiento de los actores del medio rural y sus corporaciones representativas, con las prácticas económicas para el sector, que -sin lugar a dudas- conserva a mediados de los años ´50, su significación tradicional, a pesar de la “descapitalización” que denuncian los sectores del campo y que ellos mismos atribuyen a las políticas públicas que se implementan, omitiendo considerar el auxilio financiero que el propio Estado Benefactor mantiene, primero, e impulsa, después, desde la instrumentación del crédito -por ejemplo- que la banca y el sistema financiero nacionalizados en 1946, alientan sin apartarse de la norma imperante, más allá de un discurso estatal que suele sonar amenazante para los sectores del campo argentino.
   Este estudio histórico procura contribuir a través de un ejemplo concreto -el de la relación Estado y sectores agrarios a través del estudio de las políticas públicas para el sector- y respaldándose en la interpretación, explicación y comprensión de la historia económica, (Grenier, 1995) con la propuesta teórica formulada un decenio atrás (1991) por Pierre Bourdieu, acerca de las vinculaciones y confrontaciones entre “la mano izquierda” (los actores que reciben los efectos del accionar estatal) y “la mano derecha” del Estado (Ministerios e instituciones, que proyectan y ejecutan esas políticas) (Bourdieu, 1998:9-17).

2 . El Estado peronista y los sectores agrarios.

   “ Yo he afirmado que el que tenga la tierra ha de laborarla; y el que no pueda pagar peones, debe trabajarla personalmente. Por otra parte, si no es capaz de trabajarla, que la venda ”, así lo expone el capítulo XI del Manual del peronista (1) que recoge las directivas y el pensamiento del Jefe del partido y Presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón, responsable del gobierno nacionalista y popular para conducir los destinos de un país esencialmente agropecuario como la República Argentina.
   Una política económica mercadointernista, conducida por un Estado dirigista y planificador, capaz de concretar la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria que produce para un mercado interno en expansión, es la que se implementa en la Argentina acreedora de postguerra. La alianza entre los sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera organizada, con la garantía estatal, definen la esencia del flamante gobierno populista de Juan Domingo Perón. El viraje supone un cambio en el sistema de intereses económicos dominantes y en la estructura de poder existente, para encarar las soluciones a las crisis de dependencia y distribución que el “crack” de los años ‘30 deja al descubierto (Lattuada, 1986; Waldman, 1981).
   El Estado peronista se orienta a consolidar la autonomía económica del país, como hilo conductor y motor de ese proceso que aspira a construir una Nación “ socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana ”. Para superar la crisis de dependencia, el Poder Ejecutivo Nacional nacionaliza, a partir de 1947, los servicios públicos (ferrocarriles, gas, teléfono, usinas eléctricas, flota fluvial, etc.), inicia la repatriación de la deuda externa que concreta en 1952, y enuncia los principios de la pendular “tercera posición” . Para remontar la crisis de distribución, acredita a su favor los beneficios de la reforma financiera de 1946 que estatiza la banca, considerando patrimonio nacional el capital del Banco Central de la República Argentina, y nacionaliza los depósitos para dar al Estado libertad de acción en materia de política monetaria y crediticia; lleva a cabo un diagnóstico socioeconómico a través del primer organismo argentino de planificación: el Consejo Nacional de Postguerra y eleva al rango de entidad autárquica al I.A.P.I. (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) que, creado en 1944, dos años después monopoliza el comercio exterior argentino y se convierte en eje del proceso de redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria nacional (Vizcaíno, 1972:174-189; Perón, 1972:10; Girbal de Blacha, 1992:73-93; Schvarzer, 1996:cap. VI).
   Se inicia entonces y hasta 1949 una etapa de expansión económica en la cual, y a pesar de las advertencias del discurso oficial, el sector rural juega un papel estratégico. Discusiones, confrontaciones y acuerdos signan desde entonces el diálogo entre el Estado, empeñado en tomar distancia de los rasgos más tradicionales de la Argentina agroexportadora sin prescindir de ella, y los diversificados actores sociales agrarios, dispuestos a responsabilizar al gobierno de los atrasos y conflictos en el sector rural, sin renunciar a los beneficios que indirecta o directamente el cambio de política económica les puede brindar. Por estas razones, la política agraria desplegada desde el Estado peronista, tanto antes como después de 1950, se nutre de controversias y acuerdos que, en cualquier caso, terminan por reforzar el papel primordial tradicionalmente jugado por este sector productivo en la economía de la República Argentina.

3. Políticas públicas para sostener el equilibrio económico. La apariencia de una confrontación, Estado y sectores del agro.

   En noviembre de 1943 el decreto ley 14.001 se hace eco de los reclamos de los arrendatarios y concede una rebaja obligatoria del 20% en el precio vigente para los arriendos con el propósito de amortiguar los efectos de la difícil situación financiera por la que atraviesan; al tiempo que se mantienen en vigencia la prórroga de contratos y la suspensión de los juicios de desalojo que fija la ley 12.771 de 1942. La Federación Agraria Argentina (corporación que desde 1912 y hasta hoy representa a este sector agrario) se entusiasma con estas medidas, a las que considera un paso previo para encarar la resolución del problema de la tenencia de “ la tierra para quien la ocupa y la trabaja” , y que -recogiendo el slogan agrarista de 1918-(Girbal de Blacha, 1988:36-49) desde 1944 impulsa el Consejo Agrario Nacional creado en 1940, mediante algunas expropiaciones en áreas espaciales de regular productividad.
   La estrategia desde allí implementada si bien hace pensar en las preliminares de una “ reforma” , en realidad impulsa -sin desearlo- un proceso de desinversión en el agro, toda vez que las prórrogas sucesivas de los contratos de arrendamiento sólo inducen a la no rotación productiva con la consiguiente pérdida de fertilidad del suelo y menores rindes (que no siempre se reflejan en los volúmenes producidos), así como un escaso compromiso de parte de arrendatarios y propietarios para reinvertir parte de su renta en el campo, del cual no pueden disponer libremente.
   Por otra parte, la proliferación de sociedades anónimas agrarias, constituidas desde la segunda mitad del decenio de 1940, con la participación de familiares de los propietarios originales -que la Federación Agraria Argentina denuncia como “ simulación del fraccionamiento de los latifundios” y cuya constitución confirma la documentación bancaria hipotecaria- son indicadores de la aceleración del proceso de fraccionamiento de grandes propiedades rurales en explotaciones medianas a través de esa argucia que, por un lado las exime del pago del impuesto a la herencia y, por otro, les permite conservar la propiedad a través de acciones innominadas, anticipándose a los efectos de una posible “ reforma agraria” , que el mismo Perón parece dispuesto a llevar a cabo en los albores de su ascenso al poder. Así lo deja entrever en el discurso que pronuncia en San Andrés de Giles, el 30 de noviembre de 1944, al proclamar que “ el problema argentino está en la tierra” y que si permanece improductiva sobrevendrá la expropiación en favor de quienes la explotan activamente.(2)
   Las expectativas de los actores sociales rurales (arrendatarios y propietarios) frente al accionar del gobierno peronista, se acrecientan. Son ellos los que esperan definiciones políticas; en tanto el Estado que comprende las posibilidades de la nueva coyuntura, se esfuerza por orientar ese proceso para mantener el control del mismo, cuando se perfilan exigencias desde dentro y desde fuera de la estructura agraria, al tiempo que se intenta satisfacer las necesidades de un electorado rural importante en número (31 % del total de votantes) (Lattuada, 1986).
   El Estatuto del Peón Rural de 1944, dictado para reglamentar las condiciones laborales de los asalariados agrarios permanentes, el Estatuto del Tambero-Mediero de 1946, la atención prestada por el oficialismo al Centro de Oficios Varios que sindicaliza a los peones estacionales o transitorios, así como la propuesta de reforma agraria sustentada por el Consejo Agrario Nacional a través del accionar de dos de sus máximos impulsores: Antonio Molinari y Mauricio Birabent, que incluyera -en 1945- la entrega de títulos de propiedad, algunas expropiaciones y un gran despliegue propagandístico, son decisiones que aunque adoptadas antes de 1946, el peronismo hace suyas; pero que no se profundizan después de la asunción al gobierno de Juan Perón. Entonces, el flamante Presidente expone ante los representantes del Congreso Nacional que la política agraria puede resumirse en una advertencia, que “ la tierra no debe ser un bien de renta , sino un bien de trabajo” .(3)
   El discurso suena amenazante, pero los hechos y algunas decisiones adoptadas lo contradicen. La titularidad de la cartera de Agricultura de la gestión peronista entre 1946-1947, queda en manos del hacendado Juan Carlos Picazo Elordy, un hombre de la Sociedad Rural Argentina, tradicional corporación agraria que representaba desde 1866 los intereses de los grandes estancieros y terratenientes argentinos, especialmente asentados en la rica pampa húmeda (Cuccorese, 1960; Valencia, 1992; Sábato, 1989; Sidicaro, 1982). También su sucesor, el ingeniero agrónomo Carlos Alberto Emery, pertenece a la Asociación de Criadores de Ganado Holando Argentino y se desempeña en la prestigiosa usina de productos lácteos “ La Vascongada” . Además, las reformas sociales dirigidas a los sectores más bajos del campo son presentadas por el Ejecutivo Nacional como indispensables para la evolución de la empresa agraria que debe amortiguar potenciales conflictos. En tanto, desde el mismo Poder Ejecutivo se dispone el recorte de las atribuciones del Consejo Agrario Nacional cuando se inicia la etapa de controlar los cambios; alejándose del organismo Antonio Molinari y Mauricio Birabent, auténticos promotores -como se dijo- de la “ revolución agraria” (Lázzaro, 1991; Lattuada, 1986:105-136).
   La asunción de Perón al gobierno nacional motiva la necesidad de sostener una producción agropecuaria creciente y minimizar el conflicto social para hacer posible -sobre bases genuinas- la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria. Para lograrlo el Estado cuenta con dos instrumentos de financiación de notable eficiencia: el I.A.P.I. y la reforma financiera de 1946. El primero comercializa la producción agraria comprando a precios mínimos al productor y vendiendo en un mercado mundial que paga precios altos por los cereales. La diferencia así generada constituye el capital para implementar una política crediticia que, a partir de la reforma bancaria de 1946, se ajusta a los objetivos fijados por el Estado (Novick, 1986; Arnaudo, 1987:cap. IV; Girbal de Blacha, 1993:23-44).
   En 1948, el Presidente de la Sociedad Rural Argentina José Alfredo Martínez de Hoz, al inaugurar la exposición rural de ese año, se pregunta: “¿ Que sería de la industria y del comercio si desaparece la riqueza rural ? ” y le reclama definiciones al gobierno nacional. “ Pobre país -dice- el que tiene una ganadería deprimida, sofocada o aletargada por la incertidumbre, la inestabilidad y la falta de incentivo para trabajar” ; invitándolo a impulsar una actividad agropecuaria progresista, próspera, en un clima de “ precios remuneradores y estabilidad económica y social” , y en un ambiente propicio para impulsar el crédito a la producción agropecuaria.(4)
   Las grandes fábricas radicadas en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, pero también las pequeñas y medianas, se benefician con el apoyo financiero que les acerca el Banco de Crédito Industrial Argentino, creado en 1944. Pagando con el crédito acordado no sólo la expansión de sus plantas, sino la compra de materias primas, sus deudas y los salarios, jornales, aguinaldo y vacaciones del personal que ocupan. Pero tampoco los sectores agrarios quedan excluidos de los alcances beneficiosos del crédito en esta etapa de subsidio a la industria. El Banco de la Nación Argentina y el poderoso Banco de la Provincia de Buenos Aires, le brindan su auxilio financiero. Un beneficio que alcanza no sólo a los pequeños productores a través del crédito rural de habilitación (de bajo interés y largo plazo de reintegro), sino a estancieros, frigoríficos, compañías inmobiliarias y grandes productores, que desde tiempo atrás vienen diversificando sus inversiones en otros rubros de la actividad económica o en el mismo, pero en regiones marginales. Todos ellos cuentan con el importante apoyo de los créditos oficiales (Girbal de Blacha, 1993:73-80). La industria nacional produce hacia 1947 un 25% de las cosechadoras, un 68% de los arados, un 17% de las sembradoras y un 85% de las rastras necesarias para la actividad agrícola del país (Girbal-Blacha, 2000).
   Entre 1946 y 1950 el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, entrega créditos que oscilan entre m$n 30.000 y m$n 1.750.000 a importantes empresas ganaderas, consignatarias e inmobiliarias de esa rica provincia argentina (Juan Berisso Hnos. S.A.; Adolfo Bullrich y Cía. Ltda. S.A.; Uribelarrea Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera S.A.; Alpesa Inmobiliaria; Estancias Bella Vista S.A., La Agrícola Ganadera S.R.L.; Estancias Leonardo M. Rodríguez Gaete y Cía.; Estancias Marré S.A., Industrial y Agropecuaria; Cabañas y Tambos “ San Miguel “ S.A.; figuran entre los beneficiarios.(5)
   Las cooperativas agrarias, por su parte, también se benefician con los préstamos del Banco oficial bonaerense y del Banco de la Nación Argentina; en tanto se incrementa -en 1947- el apoyo financiero para la compra de reproductores vacunos y lanares.(6) Un número no despreciable de consignatarios y empresas importantes dedicadas a la comercialización granífera también obtienen créditos de entre m$n 2.000.000 y m$n 4.900.000 durante ese quinquenio en que el I.A.P.I. consolida su accionar en favor de la industria. Colombo y Magliano S.A.; Casimiro Polledo S.A.; S.A. Louis Dreyus y Cía Ltda.; La Plata Cereal Co. S.A.; Buenos Aires Eximport S.A.; Bunge y Born Ltda.; Molinos Río de la Plata S.A., pueden citarse como ejemplos de un conjunto más numeroso de beneficiarios del ramo.(7)
   La política agraria nacional combina medidas económicas, legislación sobre tierras y concesiones laborales para dar respuesta a una creciente “presión nacional sobre la tierra” que pretende un aumento sostenido de la producción, para financiar a los sectores priorizados por el Plan Quinquenal de 1947 y, a la vez, anticiparse a los posibles conflictos entre los diversos sectores rurales y entre ellos y el gobierno peronista. El discurso oficial advierte, el de los sectores agrarios reniega de ese avance estatal sobre sus intereses, pero ni uno ni otro llevan el enfrentamiento al terreno financiero. El crédito no es un instrumento de confrontación sino de negociación permanente.
   Los bajos precios que el I.A.P.I. paga a los productores rurales, la prórroga de contratos de arrendamiento, el congelamiento de los cánones pagados por el arriendo de campos y el aumento de los salarios rurales distorsionan las relaciones agrarias y, sin duda, se reflejan en el decrecimiento del área sembrada, al tiempo que dividen las posiciones del sector agrario frente al proceder estatal, pero parte de ese deterioro es reparado por el apoyo financiero oficial y el hecho ponderable en el balance de interrelaciones, vinculado con la diversificación inversora de la cúpula agraria, que juega un papel de singular relevancia en ese diálogo muchas veces áspero y frontal, que deja escaso margen para el disenso.
   Cuando hacia 1949-1950 las condiciones internacionales cambian, el plan económico peronista muestra sus limitaciones. Se replantea la posición de los sectores agrícolas, quienes para sacar rédito de la situación endurecen la definición de sus reclamos. Se reforma entonces la Constitución Nacional y se modifica en ese año de 1949 la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que permite la emisión de moneda sin guardar relación con el respaldo en metálico. Se abre entonces otro ciclo económico para la “ Nueva Argentina ”, en el cual la inflación cobra una activa presencia y la políticas públicas en relación con el agro se modifican para adecuarse a la nueva coyuntura (Arnaudo, 1987; Lattuada, 1986; Sampay, 1975:cap. XXIX).

4. El “ cambio de rumbo” y la “ vuelta al campo ”. Signos de continuidad en las políticas públicas para el agro y los renovados mensajes del discurso oficial.

   La irrupción de la producción granífera de los Estados Unidos y Canadá en el mercado mundial provoca, hacia 1950, una caída en los precios internacionales de estas materias primas. Los altos beneficios obtenidos por el I.A.P.I. se restringen a partir de entonces. La economía argentina cambia el rumbo, se hace más liberal y se decide a concretar la “ vuelta al campo” . Al mismo tiempo, el Estado peronista revisa la “tercera posición“ y admite la inversión externa, el discurso oficial cambia su lenguaje y también la prioridad del destinatario, cuando apela a los sectores agrarios y al incentivo de su producción para recomponer la economía nacional.
   Al inaugurar la sesiones legislativas, el 1º de mayo de 1950, es el Presidente Juan Perón quien advierte que “ el sentido de nuestra independencia económica no es de orden aislacionista” y añade -al tiempo que descalifica las críticas opositoras- que “ todo cuanto hemos hecho ha sido precisamente para asegurar un promisorio porvenir a la economía agropecuaria”. (8) El nuevo mensaje invade todo el cuerpo social. “ El Presidente de la República, General Juan Perón, aconseja producir más y consumir menos” destaca un libro de lectura de esa época utilizado por los niños de los primeros grados de la escolaridad primaria. En tanto, el 2do. Plan Quinquenal al alcance de los niños (para 5to. y 6to. grados del ciclo primario) informa que “ Perón quiere que el campo produzca mucho y que su población humana sea feliz [...] Las asociaciones de campesinos o cooperativas le facilitarán la maquinaria para poder producir más con menos trabajo. El gobierno fijará los precios más altos a los productos del campo [...] En todas las escuelas se difundirá la benéfica acción del campo. Muchos niños y jóvenes , se dedicarán a las tareas agropecuarias” .(9)

Cuadro 1: Total de los préstamos vigentes acordados al I.A.P.I. (julio de 1950)

Destino del préstamo	Acordado m$n	Deuda m$n	Exceso m$n
Convenio con España	192,639,613	211,872,845.70	19,233,232.70
Adquisición de las empresas de propiedad Enemiga	35,000,000	38,289,094.13	3,289,094.13
Adquisición de inmueble de la Marina–Mar del Plata	2,318,706	2,474,601.13	155,895.59
Adquisición de radioemisoras	19,500,000	21,164,814.84	1,664,814.84
Adquisición FFCC de capital francés	91,398,086	100,396,109.54	8,998,023.54
Obras de la Dirección Gral. De Agua y Energía Eléctrica	25,000,000	27,275,299.36	2,275,299.36
Adquisición del Inmueble del Ministerio de Relaciones Exteriores–Montevideo	340,038	366,199.66	26,161.66
Adquisición inmueble Ministerio de Justicia e Instrucción Pública	224,400	241,594.36	17,194.36
Adquisición de Materiales para YPF	83,922,205	90,433,464.09	6,511,259.09
Construcción de 10 escuelas de la Dirección de Aprendizaje y Profesionales	14,400,000	14,627,292.64	227,292.64
Adquisición FFCC de capital británico	265,160,625	287,982,975.86	22,822,350.86
Adquisición de inmuebles de la Marina en la Capital Federal	6,811,955	7,249,764.47	437,791.47
Adquisición de inmuebles de la Marina (diversos)	11,585,000	12,156,079.11	571,080.05
Financiación de Obras P/1948. Dirección Gral. Gas del Estado.	69,979,700	74,126,799.39	4,147,099.39
Industrial Lanera Sudamericana SRL	Cancelada	125,381.46	125,381.46
Financiación al Ministerio de Agricultura para Lucha contra las plagas	60,000,000	60,671,873.06	671,873.06
Financiación al Ministerio de Transportes. Río Negro y Neuquén	14,000,000	14,744,458.19	744,458.19
Pago de compensaciones industria del tabaco	1,486,783	1,549,641.59	62,858.59
Adquisición División inmuebles para el Ministerio de Marina	4,087,165	4,224,302.65	137,137.65
Financiación Plan obras 1949 Gas del Estado	50,000,000	51,778,707.14	1,778,707.14
Anticipo a Dirección Nacional de Migraciones	1,200,000	1,235,694.56	35,694.56
Anticipo a Dirección Nacional de Migraciones	5,500,000	5,645,524.43	145,524.43
TOTALES	954,554,276	1,028,632,500.82	74,078,224.82
Exceso	74,078,224.82

Fuente : Archivo del Banco de la Nación Argentina, Libro de Actas del Directorio , núm. 165 (julio de 1950). Registra 26 cuentas en total. El total de los préstamos vigentes asciende a m$n 5.447.840.176 y las sumas utilizadas a m$n 3.698.542.823,96.

   Es evidente que la economía argentina de los año'50 se contrae frente a los cambios coyunturales externos e internos. Los reajustes financieros promueven la inflación, el desempleo aumenta y el I.A.P.I. se apresta a subsidiar a la producción rural, endeudándose con el sistema bancario oficial a ritmo vertiginoso (20.000 millones de pesos al ser liquidado en 1956). Las entidades empresariales del agro aprovechan la oportunidad y no tardan en elevar un Memorial al Presidente Perón refiriéndose a la “ situación lesiva del ordenamiento jurídico-económico-social imperante” , en una actitud que se dirige a comprometer el accionar gubernamental, apercibido ya de la necesidad de readecuar la economía imperante.
   Con el propósito de obtener una respuesta positiva a las crecientes exigencias de aumento en los niveles de la producción agropecuaria, el Estado reorienta la política económico-financiera, que se inclina entonces a favorecer la mecanización agrícola, los precios pagados a los productores y el cooperativismo agrario que es visto como un instrumento para reducir los costos de intermediación. El discurso y el crédito oficial se adecuan a los tiempos, mientras marchan en una misma dirección; aquella que les permita convertir en realidad “la vuelta al campo” .
   El Presidente Juan Domingo Perón se esfuerza, ya entonces (1950), por destacar la adopción de “ una serie de medidas tendientes a estimular al productor agrario” y reclama a los legisladores su apoyo a “ la acción del Poder Ejecutivo en esta campaña de reactivación agraria” .(10) Sus propuestas no terminan allí. En 1951 reconoce que “ lo justo es que ahora la independencia económica sirva al bienestar del campo argentino” , dando muestras claras y precisas del cambio que pretende consolidar.(11) No obstante, las malas cosechas de 1951-52 afectadas por la sequía, acentúan la crisis económica del país y obligan al gobierno a profundizar sus definiciones. En el crítico año de 1952 el Poder Ejecutivo Nacional da a conocer el Plan Económico de Emergencia . Las actividades rurales ocupan un lugar central en sus formulaciones. En él se propone: acentuar la producción y reducir el consumo, revisar aquellas disposiciones sobre trabajo rural que impedían a los productores usar sus propios medios de transporte y solicita la colaboración de las organizaciones patronales y obreras para eliminar de los convenios laborales toda circunstancia capaz de limitar la producción sin causa justificada.
   La política de precios agrarios anticipados, los subsidios agrícolas otorgados por el I.A.P.I., la rebaja en 2 puntos de las tasas de interés para el crédito agrario y una mayor mecanización de las tareas rurales (Plan Trienal desde 1949 para importar tractores e implementos agrícolas), así como los créditos del Banco Industrial y del Banco de la Nación Argentina a las empresas que se dedican a la fabricación de maquinaria para el campo, resultan medidas de aliento al sector, al mismo tiempo que deterioran la alianza intersectorial que respaldara el ascenso al poder de Juan D. Perón (Girbal de Blacha, 1993; Ferrer, 1987:53-81).
   En el primer quinquenio de la década de 1950, el Estado hace menores concesiones a los asalariados del campo, que ven estancados sus ingresos, y reduce al mínimo su intervención para entregar la tierra en propiedad a los productores arrendatarios. Acciones que junto con el viraje económico terminan por reforzar las bases de poder de los grandes propietarios. Son éstos los que finalmente -y como un síntoma de la vigencia de la “ Argentina oligárquica ”- tendrán un papel protagónico en el derrocamiento de Perón en setiembre de 1955 y en la política económica implementada por los hombres de la llamada “ Revolución Libertadora ”, a partir de entonces.
   Acorde con “ el cambio de rumbo” , otros son los destinatarios principales del crédito oficial, los componentes del sector rural: frigoríficos, cooperativas agrarias, estancias, empresas productoras de maquinaria e instrumental agrícola, quienes -si bien nunca fueron excluidos de esta presentación resultan beneficiados ahora con préstamos más amplios. Por ejemplo, con los de habilitación rural o de fomento, es decir, a bajo interés y largos plazos de reintegro, dirigidos desde entonces a todo el amplio espectro socio-rural y no sólo a los pequeños y medianos productores para quienes había sido implementada la operatoria financiera. No sólo el Banco de la Nación Argentina y el de la Provincia de Buenos Aires refuerzan sus tradicionales acuerdos crediticios al sector, también el Banco Industrial de la República Argentina lo hace a partir de los años ‘50 (Schvarzer, 1993:196-224; Girbal de Blacha, 1996).
   La Asociación de Cooperativas Argentinas en su sede de Villa Constitución (Santa Fe) que agrupa a 29 cooperativas dedicadas a la producción de aceite de lino, obtiene en la sucursal Rosario del Banco Industrial un crédito por m$n 3.900.000, a pesar de su situación calificada como “ económicamente deficiente” por el cuerpo técnico bancario. El destino del préstamo es cancelar el pasivo y comprar materias primas, cuando la Asociación se plantea la posibilidad de ampliar sus actividades a otros ramos agrarios. El interés del 4% y el plazo de reintegro de 5 años, indican la situación privilegiada de que gozan estas entidades a partir de 1950.
   Múltiples son los ejemplos que pueden citarse para mostrar esta aproximación del gobierno al cooperativismo agrario como parte de los cambios en las políticas públicas implementadas. Uno interesante es el de la Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda. (740 asociados) ubicada en la zona tambera bonaerense, que en 1950 se hace acreedora a varios pequeños créditos de fomento industrial a 5 años de plazo y con un interés anual del 4%, a pesar de los informes técnico-contables negativos. El informe interno del Banco indica que la concesión crediticia se hace por “ tratarse de una cooperativa que, al industrializar sus productos, defiende la producción agropecuaria, en cuyo fomento está empeñado el Superior Gobierno de la Nación” . Se cree entonces que las dificultades de la entidad se deben a la disminución de la producción del tambo causada por una prolongada sequía, el mal estado de los caminos y el reducido número de asociados que entregan su producción a la entidad. Se apoya oficialmente a la cooperativa, en tanto ésta se compromete a “ inculcar en la totalidad de sus asociados el espíritu de la Ley de Cooperativas, en el sentido de que todos deberán entregar su producción a la entidad” (Girbal-Blacha, 2001).
   Otras instituciones cooperativas del agro también se benefician con la reorientación económica que propone el gobierno de la Nación. La Cooperativa Agraria e Industrial Chacabuco; la Cooperativa Agrícola-Ganadera Ltda. de Arribeños; la Cooperativa Agrícola Regional Villa Ángela; la Cooperativa Agrícola Tambera de J. Craik Ltda.; la Cooperativa Agropecuaria de Alvear Ltda.; la Cooperativa de Tamberos Ltda.; la Cooperativa de la Industria de la Carne; “ La Suipachense ” Sociedad Coop. Ltda. entre otras, obtienen desde 1950 créditos del Banco de Crédito Industrial por sumas que oscilan entre el m$n 1.300.000 y m$n 4.380.000, con interés preferencial del 4 y el 5 % y largos plazos de reintegro (10 años) para auxiliar a sus socios. Mientras en 1945 las cooperativas obtenían créditos de este Banco por m$n 183.000, un quinquenio después los reciben por m$n 12.768.000. Algunas, como la Fábrica de Manteca “ Sancor ” Cooperativas Unidas Ltda. se hacen acreedoras desde los primeros años del gobierno peronista a las ventajas del auxilio crediticio oficial.(12)
   Las empresas productoras de maquinaria agrícola y elevadores de granos como CEMAC S.A.C.I.; Cosechadoras Bernardín S.R.L.; Establecimientos Metalúrgicos “ Oncativo ” S.R.L. (Rosario); Establecimientos Metalúrgicos Argentinos S.R.L.; Fábrica de Máquinas Agrícolas S.A. (Bahía Blanca); Fertimaq S.R.L. (Paraná); Ficosa S.A. (Rosario); Forja S.R.L. (Rosario); GERMOR S.R.L. (Rosario); S.A. Juan Istilart Ltda.; Talleres Coghlan S.A.; T.I.M.S.A. S.A.; Agar Cross y Cía. Ltda., entre muchas otras, obtienen préstamos a 5 años de plazo de entre m$n 1.000.000 y m$n 8.000.000 para evolución, pago de sueldos y jornales, compra de materia prima, a sólo 4 % de interés anual y sin requisitos especiales; cuando la mecanización agraria se impulsa con decisión desde el Estado.
   Los frigoríficos grandes y medianos también incrementan sus posibilidades de acceso al crédito que -por otra parte- nunca habían perdido, a pesar del mentado cierre de la economía nacional que -enlazado a los principios de la “tercera posición” - el Presidente Perón pone de relieve una y otra vez en los discursos que provocan la reacción de los sectores más poderosos de la actividad agropecuaria del país. Sansinena S.A., Swift de La Plata S.A., Wilson y Cía., Frigorífico Carnevali S.R.L. (Córdoba), Almagro Castellini Álvarez y Cía. S.R.L., Frigorífico Crespo (Paraná), “ La Pampa ” S.A., Maciel S.A. (Rosario), Regional Las Flores S.A., Frigorífico Gualeguaychú S.A., San Jorge S.A. (Rosario), “ La Negra ” S.A., la C.A.P. (Corporación Argentina de Productores de Carne), son sólo algunas de las empresas del ramo que no están ausentes en esta nueva etapa como tampoco lo estuvieran en la anterior. La diferencia entre ambos períodos radica en los montos prestados y las tasas de interés que se aplica a los acuerdos; pero antes y después de 1950, estas importantes empresas obtienen préstamos del Banco Industrial y del de la Nación Argentina de entre m$n. 5.000.000 y m$n. 2.000.000, para ampliar sus plantas fabriles, comprar hacienda y pagar salarios, con interés anual preferencial de entre el 6 y el 7 %; cuando sus deudas con el Banco Industrial y el de la Nación Argentina superan los m$n. 8.000.000 promedio y registran un endeudamiento superior a los m$n. 2.000.000 con el Instituto Nacional de Previsión Social, en la mayoría de los casos.
   En otros ramos complementarios del sector, empresas agropecuarias de arraigo en el país como Kasdorf y Cía. S.A., “ La Martona ” S.A., S.A. Luis Magnasco y Cía. Ltda., Minetti y Cía. S.A.(Rosario), “ La Vascongada ” S.A. reciben préstamos del Banco Industrial y del de la Nación Argentina por sumas más acotadas pero renovadas con continuidad, comprendidas entre m$n. 500.000 y m$n. 2.000.000, a pesar de sus dificultades económicas. El objetivo es financiar con ellos sus construcciones, ampliar y modernizar sus equipos, comprar materia prima, y pagar sueldos y jornales, con reintegro a mediano y largo plazo; debiendo regularizar primero -en estos casos- sus deudas de previsión social.(13)
   De hecho, las estadísticas muestran escasas variaciones en la producción de cereales y oleaginosas entre 1942 y 1955. La descapitalización agraria aparece entonces discutida en dos aspectos. Por un lado, el crédito sigue asistiendo a los más diversos sectores agrarios. Por otro, la producción agrícola se deteriora más por las alternativas climáticas que por la falta de políticas agrarias de aliento.

Cuadro 2: Producción de cereales y oleaginosas 1942-1953 (en miles de ton.)

Años	Cereales	Oleaginosas	TOTAL
1942-1943	9.491	1.863	11.354
1945-1946	9.515	2.010	11.525
1948-1949	10.368	1.605	11.973
1950-1951	10.789	1.673	12.462
1951-1952	5.219	1.160	6.379
1952-1953	15.263	1.216	16.479

Fuente: Barsky y Gelman, 2001, p. 295.

   Los sectores agrarios dejan registrada su conformidad con las resoluciones adoptadas por el Estado peronista, a través de su discurso y de las políticas públicas que encara a partir de los años ´50. En enero de 1953 lo hace la Sociedad Rural Argentina, al expresar su beneplácito porque: “ se aumentaron los precios oficiales para la carne; se facilitó y fomentó la compra e importación de maquinaria agrícola; se dieron normas sobre trabajo rural ” y expresa su satisfacción porque “ se fomentó la creación y el desarrollo de cooperativas rurales; se dio una nueva estructura al organismo oficial regulador del comercio de carnes, trasladándolo a la órbita del Ministerio de Agricultura de la Nación; se llegó a un feliz acuerdo con Gran Bretaña sobre comercialización de nuestra producción pecuaria exportable y se tomaron una serie de medidas oficiales, todas ellas encauzadas a estimular la producción rural al grado máximo ”. Los acuerdos y coincidencias con el Estado se hacen públicos, augurando “ un amplio éxito del Plan Quinquenal” dado a conocer en 1953.(14)
   En febrero de ese año, Mundo Agrario , recoge las palabras del Ministro de Agricultura de la Nación, escribano Carlos Hogan, destacando su impulso a la función de los técnicos, a la protección agropecuaria, la defensa de los recursos naturales y el fomento de la investigación y la asistencia técnica agraria.(15) El titular del mes de junio de esta publicación va más allá al consignar: “ Agricultores felices y en gran número quiere el General Perón ”, cuando el Presidente de la Nación afirma que “ se ayudará al campo en toda forma ”, que se incentivaría “ la explotación racional del suelo ”, promoviendo la mecanización y racionalización para “ crear unidades económicas ”.(16)
   El Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) consolida esa nueva política agraria, con el fomento de una mayor y mejor producción en relación con el mercado interno y los saldos exportables, colonización y reordenamiento en el uso de la tierra, el crédito, la mecanización de las unidades de producción, la tipificación de los granos, el fomento del cooperativismo y un sistema impositivo capaz de promover una explotación racional de la tierra. El Plan se ocupa en el capítulo X de la acción agraria, con un objetivo fundamental: “ procurar el nivel social, material y cultural de la población rural, consolidando el hogar campesino, estimulando la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural -productores y obreros- bases esenciales de la economía agraria ”.(17) El peronismo acerca su propuesta y su discurso a los sectores rurales. Reconoce públicamente que “ el campo necesitaba seguridad y tranquilidad para producir “, para afirmar que “ no hay latifundio si la tierra produce “, buscando “ reformas sociales equilibradas ”.(18) Las políticas públicas adoptadas reflejan el cambio del rumbo económico y dan consistencia al mensaje que se intenta transmitir a los diversos actores del campo argentino.
   Un año más tarde, Perón admite que “ la recuperación de la economía nacional de 1953 se originó en el sector de la producción agraria” . Una reactivación que se identifica con “ la más rápida y eficaz mecanización del campo ”, así como con la “ organización de sindicatos agrarios y las organizaciones cooperativas de productores agropecuarios” (receptoras del 45 % del volumen total cosechado). Reformas que producían a la economía nacional un ingreso de m$n. 12.300 millones, duplicando el correspondiente a 1952.(19)
   No obstante los esfuerzos declarados a través del discurso y de las resoluciones, respecto de la necesidad de lograr una armónica distribución regional de los recursos, la concentración del crédito oficial indica que la región pampeana refuerza su tradicional papel hegemónico en el concierto regional del país.

Cuadro 3: Banco de la Nación Argentina: importes acordados por zonas agronómicas.1948-1952 (en miles de m$n).

Región agronómica	1948	1949	1950	1951	1952
I. Litoral	2.194.418	2.545.953	3.453.096	4.863.576	5.638.638
II. Centro	588.548	674.148	911.004	1.231.907	1.501.673
III. Norte	700.443	844.865	1.156.693	1.750.224	2.379.211
IV. Andina Norte	345.370	436.275	631.680	938.770	1.062.826
V. Sur	133.436	179.547	262.626	404.475	392.078
Gran Buenos Aires(*)	5.370.957	6.377.508	5.296.589	8.664.045	10.066.600
Total general	9.333.172	11.058.296	11.711.688	17.852.997	21.041.026

Fuente: Banco de la Nación Argentina, Memoria y balance correspondiente al año 1952 , Buenos Aires, s/f, p. 39.
(*) En esta región corresponde al sector agropecuario sólo el 3.1 % y el 41.2% a la cartera oficial.

5. A modo de síntesis.

   En vistas a las consideraciones expuestas acerca de las políticas públicas agrarias y sus características, es posible concluir que las limitaciones en el camino político-económico recorrido son reconocidas tempranamente por el mismo Presidente Juan D. Perón en la presentación que hace del Segundo Plan Quinquenal ante los legisladores. Dice entonces, a modo de balance y juicio de valor: “ El 1er. Plan Quinquenal realizó fundamentalmente la reforma económica, echando las bases de la Independencia y de la Economía Social, para afianzar la Justicia Social y reafirmar la Soberanía Política. El 2do. Plan Quinquenal tiene como objetivo fundamental consolidar la Independencia Económica, para asegurar la Justicia Social y mantener la Soberanía Política” .(20) Los verbos empleados en el discurso -aquí especialmente subrayados- marcan tiempos de ajuste, propuestos desde la cúpula gubernativa y partidaria, pero lo hacen sobre la base de un diagnóstico previo capaz de marcar logros y postergaciones en los objetivos originalmente propuestos.
   El peronismo, a partir de 1950, revisa su política económica e incorpora un mayor número de prácticas liberales a ella. El estudio pormenorizado de las disposiciones y de la legislación aplicadas, para dar consistencia a las políticas públicas agrarias, obliga a destacar la heterogeneidad de ese proceso. Ausencia de homogeneidad y de unilateralidad que las explicaciones generales de la historiografía argentina referida al período, no destacan. El estudio de casos -como el que aquí se realiza- muestra a través de la ejecución de algunas de esas políticas, cómo, por ejemplo, se acentúa progresivamente el crédito en favor del agro, a cuyos diferentes sectores nunca excluyó de sus beneficios; aunque hasta 1950 el lugar protagónico lo ocupara la industria. La introducción de las modificaciones aquí mencionadas, que sin dudas son impuestas por las circunstancias por las que atraviesa la coyuntura nacional e internacional, obligan al Estado peronista a reacomodar su discurso oficial -cada vez más identificado con el partido- corrigiéndose a si mismo y dando muestras de “ profesar una ortodoxia para con los mandatos de la realidad, que suele contrastar con las ortodoxias doctrinarias ” (Jauretche, 1950:245). Por otra parte y en relación con las políticas agrarias, es preciso destacar la temprana reorientación que el Estado peronista le impone, para poder reparar desajustes de la planificación aplicada, pero también para ajustarse a una realidad que desestima varios de los presupuestos doctrinarios del peronismo. “La vuelta al campo” es una expresión acabada del pragmatismo de las políticas públicas para el campo en tiempos de la “Nueva Argentina” .

Notas:

1. Manual del peronista , Buenos Aires, Ediciones Los Coihues, 1988, p.30 (primera edición, 1948).

2. Presidencia de la Nación, El campo recuperado por Perón (1944-1952), Buenos Aires, s/f, p.11.

3. Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones , 1946, Buenos Aires, 1946, t. 1, p.11

4. Sociedad Rural Argentina, Anales , marzo 1948, pp.6-7 mayo 1949, p.31.

5. Girbal-Blacha, 2000:75, cuadro 37. Archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Libro de Actas del Directorio , núms. 95 a 102, años 1946/1950.

6. Girbal-Blacha, 2000:78, cuadro 39. Archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Circulares “A”, núm. 156, 31/12/1947, f.2.

7. Girbal-Blacha, 2000:73. Archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Libro de Actas del Directorio , años 1950 y 1954.

8. Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones , 1950, Buenos Aires, 1950, pp. 17-18.

9. Casas, 1954:45. Para ampliar el tema: Plotkin, 1993:145-210 y Ianantuoni, s/f:27.

10. Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones , 1950, Buenos Aires, 1950, p.20.

11. Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones , 1951, t.1, p.10. Sobre los matices del discurso: Sidicaro, 1995; González Leandri, 1994.

12. Banco de Crédito Industrial Argentino, Memoria y balance 1947 , Buenos Aires, 1948, p.13. Ibídem , 1952, Buenos Aires, 1953, p. 57. Dinámica Social , marzo 1951, núm. 7, p. 35.

13. Archivo del Banade (en liquidación): Libros de Actas del Directorio del Banco de Crédito Industrial de la República Argentina , años 1950-1955 (selección).

14. Sociedad Rural Argentina, Anales , enero 1953, p. 7.

15. Mundo Agrario , Buenos Aires, febrero 1953, pp. 8-9.

16. Mundo Agrario , Buenos Aires, junio de 1953, pp.4-8.

17. Presidencia de la Nación, Subsecretaria de Informes, 2do. Plan Quinquenal , Buenos Aires, 1953, p.161.

18. La Res , Buenos Aires, 20 de junio de 1953, núm. 467, pp. 28076-28081.

19. Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, 1954, Buenos Aires, 1954, t. 1, pp. 16-17 y 21.

20. Presidencia de la Nación, Subsecretaria de Informes, 2do. Plan . . . op. cit., p. 15.

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Fecha de recibido:
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2002