Introducción

La crisis sanitaria ocasionada por la expansión del Covid-19 pone en evidencia las consecuencias que tiene sobre la vida común la mercantilización de lo público y el mercado como eje regulador de las relaciones humanas. El mercado está globalizado, pero es incapaz de brindar respuestas globales para una humanidad que se encuentra frente a una crisis sin precedente. El contexto actual demostró la cadena de inequidades que enfrentan las mujeres en la región, pudiendo identificarse al menos tres dimensiones en las que se expresa esta desigualdad: los cuidados, el mercado de trabajo y la violencia¹.

Históricamente, la participación femenina ha ocurrido en el ambiente privado de la reproducción y de la vida familiar. Consecuentemente, las tareas que desempeñan las mujeres se desenvuelven alrededor del hogar: educación y cuidado de las/los hijas/os, salud y bienestar social, y la higiene. Muy por el contrario, las actividades del ámbito público son tanto histórica como estructuralmente masculinas. Como ya se ha señalado, la estructura societal fomenta la participación masculina en la vida pública y desanima a las mujeres a dejar el hogar o a perseguir carreras fuera de las áreas consideradas femeninas (^{Batthyány, 2015}).

Comprendiendo esta injusta y desigual organización de los cuidados, de los trabajos y, en definitiva, de la vida, podemos afirmar que la pandemia y las consecuentes restricciones tomadas por los gobiernos como paliativos frente a la ausencia de una vacuna tienen un impacto severo en la vida de las mujeres al acrecentar sus tareas y profundizar su vulnerabilidad en una multiplicidad de dimensiones, destacando tres.

En primer lugar, la pandemia ha desajustado los modelos de vida a los que estábamos acostumbrados/as, y pone en evidencia uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad: los cuidados. En América Latina y el Caribe, antes de la emergencia sanitaria, las mujeres dedicaban la mayor parte de su tiempo a las tareas domésticas no remuneradas; por ejemplo, en Argentina, México y Chile destinaban un promedio de 43 horas semanales al trabajo no remunerado, tiempo que se acrecienta para las mujeres que sin acceso a agua potable. La crisis actual ha hecho evidente la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las sociedades y en las economías de la región, donde se considera una externalidad y es profundamente desvalorizado.

En segundo lugar, identificamos que la pandemia tiene un severo impacto en el empleo y mercado de trabajo que afecta particularmente a las mujeres. La OIT (2020) estima que, de los 130 millones de trabajadores informales, el 53 por ciento son mujeres, por lo que frente a la situación actual enfrentan mayores riesgos. El aumento del desempleo también repercutirá de manera negativa en sus condiciones de vida porque las mujeres de la región se emplean en un 49 por ciento en comercio y servicios, dos de los sectores más afectados por la pandemia. Cabe agregar que por cada 100 varones que viven en condiciones de pobreza en la región hay 132 mujeres. Y el escenario provocado por la pandemia anticipa que este indicador puede empeorar todavía más. Al mismo tiempo, la presión de la demanda de pacientes con coronavirus afecta principalmente a médicas, enfermeras y trabajadoras de la salud en general, ya que ellas representan el 72,8 por ciento del personal del sector de la salud. Además, las trabajadoras formales, que tienen salarios menores a los de los varones en un 17 por ciento en promedio, también han visto incrementadas sus tareas domésticas (CEPAL, 2020c).

Por último, el incremento exponencial de la violencia de género durante la cuarentena en toda la región resulta alarmante y ha obligado a algunos gobiernos a diseñar planes de emergencia y a ejecutar políticas públicas con perspectiva de género. Los datos provistos por ONU Mujeres (2020b) al respecto muestran que en casi todos los países de América Latina y el Caribe hubo un aumento exponencial de los femicidios, de denuncias por violencia familiar y violencia de género, de aumento de la violencia intrafamiliar y de violación a menores de edad en los primeros meses del año.

Esto pone en evidencia la situación que ya sufrían las mujeres latinoamericanas y caribeñas antes de la crisis. Resulta necesario que las políticas y acciones que se tomen para hacer frente a la pandemia prioricen las medidas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Perspectivas metodológicas

Este trabajo es fundamentalmente descriptivo, utilizando para su análisis la información de datos secundarios, principalmente cuantitativos, de diferentes fuentes de información; por tanto se trata de datos recolectados, procesados, analizados y publicados con propósito diferente a los objetivos de este artículo. Las principales fuentes de información han sido ONU, OIT, CEPAL, ONU MUJERES, UNESCO y ACNUR.

El artículo se divide en tres partes. En la primera, realizaremos un breve análisis del estado de situación previo a la pandemia en las tres dimensiones en las que se expresa la desigualdad de género en América Latina y el Caribe: cuidados, trabajo y violencia. La segunda parte analizará, con los últimos datos vigentes, los impactos de la pandemia en estas tres dimensiones. Finalizamos con una conclusión que buscará aportar a la reflexión para la acción, para transformar la realidad de las mujeres de América Latina y el Caribe.

Estado de situación: cuidados, mercado de trabajo y violencia en América Latina y el Caribe antes de la pandemia por Covid-19

Cuidados. En América Latina y el Caribe, la estructura productiva, los roles de género y la configuración de las familias consolidaron profundas inequidades en la distribución del tiempo de los varones y las mujeres. De ello se derivan desigualdades en términos de oportunidades para el desarrollo personal y profesional de varones y mujeres.

Tal es así que en la región, antes de la pandemia, las mujeres dedicaban entre 22 y 44 horas semanales a las tareas domésticas y de cuidados (CEPAL, 2020c). En América Latina y el Caribe, las desigualdades sociales están estrechamente vinculadas con la provisión desigual de cuidado familiar y social, conformando un verdadero círculo vicioso: quienes tienen más recursos, disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad, en circunstancias que tienen menos miembros del hogar que cuidar.

Importa mencionar, sin pretensión de ofrecer una definición exhaustiva, que el concepto de cuidado supone la acción de ayudar a un niño, niña o a una persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana, y engloba al menos tres dimensiones: (1) hacerse cargo del cuidado material, lo que implica un “trabajo”; (2) hacerse cargo del cuidado económico, lo que implica un “costo económico”; y (3) hacerse cargo del cuidado psicológico, lo que implica un vínculo afectivo, emotivo, sentimental (^{Batthyány, 2004}). La especificidad y particularidad del trabajo de cuidado es la de estar basado en lo relacional, ya sea dentro como fuera del hogar. En la actualidad, esta tarea es realizada principalmente por mujeres, ya sea que se mantenga dentro de la familia o que se exteriorice por la forma de prestación de servicios personales.

Los feminismos latinoamericanos y caribeños vienen señalando esto como pieza fundamental de la desigualdad entre los géneros. Buscando conceptualizar los cuidados de forma situada, existe en la región una trayectoria que proviene sobre todo del análisis sobre el trabajo, la división sexual del trabajo, el sistema reproductivo y el trabajo doméstico, conceptos que tienen sus primeros planteos en el feminismo marxista y socialista. Este recorrido ha estado signado por un fuerte hincapié en el cuidado como un componente clave del bienestar social.

Uno de los conceptos centrales para comprender la dimensión del cuidado es el de división sexual del trabajo, que enfatiza que las relaciones de género son el principio organizador del trabajo. Resultado de las cualidades y habilidades asociadas “natural y biológicamente” a varones y mujeres, se ha consolidado una distribución desigual de tareas entre ambos géneros. A partir de esta división sexual del trabajo, el capital se beneficia del trabajo remunerado realizado por varones y no remunerado realizado por mujeres.

El tiempo, a través del trabajo, se convierte en bienes y servicios con un valor monetario, constituyendo un aporte al bienestar de la sociedad. Las encuestas de uso del tiempo que se han realizado en la región han permitido evidenciar que las mujeres ocupan dos tercios de su tiempo en trabajo no remunerado y un tercio en trabajo remunerado, mientras que los varones ocupan su tiempo en la relación contraria (^{Aguirre y Ferrari, 2014}).

El recorrido latinoamericano del abordaje de los cuidados tiene un momento clave y es cuando se conceptualiza y comprende de manera diferencial el cuidado del trabajo doméstico. Se busca un mayor entendimiento de las actividades que ocurren dentro del hogar, entre las cuales el cuidado es una de las principales. El cuidado tiene sus similitudes con el trabajo doméstico porque comparte su invisibilidad y su asociación con habilidades femeninas, pero se distingue por el componente relacional (^{Carrasco, Borderías y Torns, 2011}).

En esta línea, una dimensión importante a considerar en esta trayectoria conceptual latinoamericana y caribeña en torno al cuidado es la de este como un derecho. El debate en torno a cómo incorporar la complejidad del cuidado en una lógica de derechos se relaciona con la igualdad de oportunidades, de trato y de trayectorias en el marco de un contexto de ampliación de los derechos de las personas que conduce a un nuevo concepto de la ciudadanía, dimensión aún poco abordada en la región (^{Batthyány, 2015}).

En América Latina y el Caribe, la situación de los cuidados previa a la pandemia era la siguiente²:

Fuente: CEPAL (2017)

Gráfico 1 Tiempo total de trabajo en América Latina (promedio en horas semanales, 16 países) 

Previo a la pandemia, en la región las mujeres dedicaban en promedio entre 22 y 44 horas semanales a las tareas domésticas y de cuidado (CEPAL, 2020c). Destacan Argentina, donde las mujeres destinaban 42,4 horas semanales al trabajo no remunerado; México, con 41,9; y Chile, con 42,1 horas (CEPAL, 2017). Por otra parte, las mujeres que viven en hogares con privaciones de acceso a agua potable, dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado entre 5 y 12 horas semanales más que las mujeres que tienen acceso a este recurso (CEPAL, 2020c).

Además, cabe mencionar que, de acuerdo a datos de CEPAL (2017), el 43,4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 59 años no podían desempeñar una tarea remunerada o buscar activamente trabajo formal por razones familiares, ya sea embarazo, cuidado de niños y niñas o personas dependientes, trabajo doméstico o la prohibición por parte de miembros del hogar (Vaca Trigo, 2019).

Es decir, previo a la pandemia, la región ya asistía a una crisis de la organización social del cuidado, donde las mujeres se hacían cargo de estas tareas no remuneradas ni valoradas debido a la división sexual del trabajo, encontrándose en una profunda vulnerabilidad.

Mercado de trabajo. La irrupción de las mujeres en lo público y nuestra inserción en el mercado laboral formal ha sido un derecho conquistado mediante la organización de las mujeres, que permitió visibilizar la injusta realidad y las desigualdades en torno al acceso al mercado laboral y la promoción de políticas públicas consecuentes hacia tal fin. En los últimos años, aumentó un 48,5 por ciento la tasa de participación laboral femenina en el mercado formal de trabajo (Vaca Trigo, 2019)

Sin embargo, esto no ha estado acompañado por una repartición más justa de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, sino que, muy por el contrario, las mujeres han visto incrementar su carga laboral diaria. Además, muchas de ellas no pueden acceder a ese mercado laboral formal porque tienen que dedicarse plenamente a esas tareas socialmente consideradas femeninas. Entre un 12 y un 66 por ciento -de acuerdo a cada país- de las mujeres de la región no acceden al mercado formal de trabajo por dedicarse plenamente a las tareas de cuidados y al trabajo no remunerado, frente al 6 por ciento de los varones que no acceden al mercado laboral remunerado por dedicarse a esas mismas tareas (Vaca Trigo, 2019).

Lo que podríamos denominar como una doble jornada laboral implica contar con menos tiempo para el trabajo remunerado y, por ende, con menos ingresos monetarios.

Existe una profunda desigualdad en términos de ingresos y derechos en relación al trabajo de cuidado y a los empleos formales. Demás está decir que en el caso de los cuidados, los ingresos y los derechos jamás son suficientes para adquirir la autonomía económica.

Fuente: Vaca Trigo (2019)

Gráfico 2 Distribución de la población ocupada por sectores de la actividad económica. (Promedio en 26 países, a 2016, en porcentajes) 

Como mencionamos anteriormente, la división sexual del trabajo se desenvuelve tanto dentro como fuera de los hogares. Previo a la pandemia, un 27,7 por ciento de las mujeres de la región trabajaba en el sector del cuidado: educación, salud, asistencia social y empleo doméstico. Los países con mayor concentración de mujeres en el sector del cuidado remunerado eran la Argentina (42,8 por ciento), Uruguay (38,4 por ciento), Chile (34,9 por ciento), Brasil (33,7 por ciento), Costa Rica (32,6 por ciento) y Venezuela (30,5 por ciento) (Vaca Trigo, 2019). De ello, únicamente el 11,2 por ciento de las mujeres ocupadas de la región trabajaba en el sector doméstico remunerado (CEPAL, 2020c). Importa mencionar que el 77,5 por ciento de las mujeres que se dedican a este trabajo se encuentran en la informalidad (OIT, 2016).

Además el 51,8 por ciento de las mujeres de la región están ocupadas en sectores que se clasifican como de baja productividad. Los países de Centroamérica, principalmente Guatemala (36,1 por ciento), El Salvador (30,2 por ciento), Nicaragua (29,5 por ciento) y Honduras (28,2 por ciento), son los que, previo a la pandemia, presentaban la mayor tasa de ocupación femenina en estos sectores (Vaca Trigo, 2019). Importa remarcar que la alta concentración de mujeres en sectores de comercio y servicios supone una elevada incidencia de trabajo a tiempo parcial y salarios relativamente bajos (OIT, 2016).

La sobrerrepresentación de mujeres en el trabajo informal supone además que no puedan acceder a derechos jubilatorios (^{Bidegain y Calderón, 2018}). El 82,2 por ciento de las mujeres de la región no estaba cotizando en un sistema de pensiones (Vaca Trigo, 2019).

Fuente: Vaca Trigo (2019)

Gráfico 3 América Latina (promedio en 18 países en porcentajes): mujeres de entre 15 y 64 años ocupadas en sectores de baja productividad, respecto del total de ocupadas y afiliadas o cotizantes al sistema de pensiones, alrededor de 2016 

Por último, importa destacar que el 72,8 por ciento de las mujeres de América Latina y el Caribe trabaja el sector de la salud y la asistencia social (CEPAL, 2020c). Destacan Uruguay y la Argentina, con un 14 por ciento y un 10,9 por ciento de mujeres empleadas en este sector (Vaca Trigo, 2019).

El aumento de la inserción laboral de las mujeres ha implicado un aumento en su autonomía económica; sin embargo, también ha estado aparejado por una importante extensión de su tiempo de trabajo debido a que continúan realizando aquellas actividades domésticas y de cuidado consideradas como su responsabilidad. Como hemos visto, el cuidado se encuentra principalmente en manos de las mujeres, sea como trabajo no remunerado en sus propios hogares o como una de las principales actividades remuneradas de las mujeres, la del empleo doméstico remunerado, así como el personal que atiende salas cunas, jardines infantiles, incluso como enfermeras en hospitales o acompañantes de la tercera edad (^{Batthyány, 2015}).

Violencia por razones de género. Previo a la pandemia, y de acuerdo a datos recolectados por el Sistema de Registro de Femicidios del Observatorio sobre desigualdad de Género de la CEPAL, de 2019, sobre 32 países de la región, la cifra de mujeres asesinadas por razones de género alcanzaba las 3.800. La región centroamericana es la que presentaba las tasas más altas de femicidios, destacándose Guyana, Santa Lucia, El Salvador y Honduras.

Fuente: CEPAL (2019)

Gráfico 4 América Latina y el Caribe (32 países). Femicidios, último año disponible 2018. (Tasas por cada 100.000 mujeres) 

En cuanto a las estadísticas aquí presentadas, es importante mencionar dos elementos que impiden tener datos más precisos sobre la alarmante realidad de las mujeres en la región.

Por un lado, algunos países de la región no consideran femicidio a los asesinatos de mujeres realizados por parejas o exparejas, muy pocos países registran los asesinatos por razones de género cometidos contra los colectivos travesti trans y las muertes de trabajadoras sexuales no se contabilizan como femicidio. Además, los registros de asesinatos contra mujeres pocas veces tienen en cuenta información referida a raza, etnia, identidad u orientación sexual, nivel de escolaridad y lugar de residencia de la víctima, que, sin lugar a dudas, profundizan estas brechas (CEPAL, 2019).

Por otro lado, los registros de femicidios en la región obedecen a diversos enfoques y son diversas las instituciones que actúan frente a un caso de asesinato por razones de género, impidiendo un abordaje integral sobre la cuestión. Además, la actualización de los registros de feminicidio, de acuerdo a las investigaciones fiscales y policiales y de sentencias judiciales, resulta insuficiente en la mayoría de los países y se realiza cada un largo periodo de tiempo (CEPAL, 2019).

Tal es así que los datos aquí presentados resultan simplemente una aproximación a la cruda realidad que vivían las mujeres latinoamericanas y caribeñas, previo a la crisis sanitaria. Esta situación, además, imposibilita la recopilación de datos y estadísticas que permitan la elaboración de políticas públicas para transformar estas realidades.

La pandemia acelera transformaciones que ya estaban en curso y profundiza las brechas de desigualdades por razones de género en la región

Pandemia y cuidados. La pandemia ha puesto de relieve, de forma inédita, la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías de la región, en las que se sigue considerando una externalidad y no un componente fundamental para el desarrollo. La crisis sanitaria en curso pone en evidencia la injusta organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020c).

Mencionamos anteriormente que las mujeres dedican dos tercios de su tiempo a las tareas domésticas y de cuidado (^{Aguirre y Ferrari, 2014}). Esto profundiza su vulnerabilidad frente al confinamiento como medida que hasta el momento resulta más efectiva para disminuir las curvas de contagio por Covid-19. Quienes tienen la posibilidad de “teletrabajar” desde sus casas, se encuentran frente a la encrucijada de articular sus tareas remuneradas con las domésticas y de cuidados, no reconocidas ni valoradas. A ello se le suma el aumento de las tareas relacionadas con el cierre de escuelas, el incremento de la demanda de cuidados de salud y la necesidad de elevar los estándares de higiene en los hogares en el marco de la pandemia, tareas que, como hemos visto, recaen sobre las mujeres. Según los datos de CEPAL (2020c), a 2017, únicamente un 52,2 por ciento de los hogares de América Latina y el Caribe tenían acceso a internet y un 44,7 por ciento disponían de un computador. En ese sentido, la posibilidad de implementar la modalidad de educación a distancia se ha convertido en un privilegio y aumenta el trabajo realizado por mujeres tanto dentro como fuera del hogar, ya que las mujeres representan el 69,8 por ciento del total de ocupados en el sector de la educación (CEPAL, 2020c). La crisis sanitaria ocasionada por la expansión del Covid-19 ha dejado más claro que nunca que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres está subvencionando tanto los servicios públicos como los beneficios privados (^{Guterres, 2020}).

Las desigualdades de género se acentúan en los hogares de menores ingresos. La demanda de cuidados es mayor, además de que resulta muy difícil en condiciones de hacinamiento mantener el distanciamiento social y las medidas sanitarias. La desigualdad en el acceso a los servicios básicos sigue siendo una problemática regional: de acuerdo a CEPAL (2020c), en 2018 un 13,5 por ciento de los hogares de la región no tenía acceso a fuentes de agua potable, situación que se agudizaba en las zonas rurales, donde la cifra alcanzaba el 25,4 por ciento. Todo esto pone en evidencia la profundización de las brechas de género y de vulnerabilidad de las mujeres en el marco de la pandemia.

Resulta evidente la importancia de reconocer el cuidado como un derecho de las personas y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por varones y mujeres de todos los sectores de la sociedad, las familias, las empresas privadas y el Estado. La situación actual profundiza la crisis de los cuidados. Es necesario que las medidas tomadas para abordar esta situación tengan en su núcleo políticas y programas de cuidado que permitan paliar esta realidad de manera inmediata, al tiempo que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y varones en la vida familiar, laboral y social. Esto nos permitirá pensar en un mundo pospandemia donde las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio y a la política y disfrutar plenamente de su autonomía.

Pandemia y mercado de trabajo. Como hemos visto, debido a las inequidades y desigualdades en el ámbito reproductivo, las mujeres se encuentran en situación de desventaja productiva frente a los varones. La sobrecarga de trabajo de las mujeres por tareas de cuidado y no remuneradas impide el pleno desarrollo de la autonomía de las mujeres y perpetúa las desigualdades estructurales entre ambos géneros.

La crisis ocasionada por la expansión del Covid-19 genera en la economía un shock externo que altera todas las variables económicas de forma contundente y veloz. Las medidas de aislamiento como el mecanismo más efectivo para detener la expansión del virus, ante la ausencia de una vacuna, han ocasionado una interrupción en las cadenas globales de valor, lo que ha supuesto la suspensión de la producción a nivel internacional, regional y nacional. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, se prevé una reducción del comercio mundial en 2020 de entre el 13 y el 32 por ciento como consecuencia de la perturbación de la actividad económica normal y de la vida causada por la pandemia de Covid-19 en todo el mundo (OMC, 2020).

A nivel regional, y siguiendo los datos proporcionados por CEPAL (2020b), se espera una fuerte caída de las exportaciones como consecuencia de la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales pero, principalmente, producto de la caída del precio de las materias primas. Los pronósticos apuntan a que el valor de las exportaciones de la región caerá, por lo menos, un 10,7 por ciento en 2020 (CEPAL, 2020b). El deterioro de los términos de intercambio tendrá un efecto negativo en los niveles de ingreso de las economías latinoamericanas dependientes de esas exportaciones. La crisis global ocasiona, además, una fuga de activos a países de mayor seguridad, lo que genera una depresión en el tipo de cambio de las economías latinoamericanas y caribeñas que pierden esos activos. Esta situación supone también un aumento en el riesgo país y obstaculiza la posibilidad de financiar el paquete fiscal que se necesita para abordar esta situación. La solución para muchos países es solicitar créditos a organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, sometiéndose a las condiciones del capital internacional, principalmente, la reestructuración en lo interno, lo que debilita y hace aún más dependiente a las economías regionales.

La reducción de la actividad económica tendrá severas consecuencias en el trabajo. De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe sobre los impactos de la pandemia en América Latina y el Caribe, las políticas de desprotección social, flexibilización laboral, suspensiones masivas de fuentes de trabajo, sobreexplotación de las/os trabajadores, despido sin indemnización, reducción de salario, son visibles a medida que la crisis se profundiza. El 53 por ciento del empleo de la región es informal, mientras que el 64 por ciento del empleo formal de la región corresponde al sector servicios. Frente a esta situación, la vulnerabilidad de las/los trabajadoras/es se acrecienta, están más expuestos a la pérdida de ingresos, al tiempo que la informalidad les impide acceder a las políticas estatales en los países en que se están implementando. El informe afirma también que la pandemia del Covid-19 podría dejar 35 millones de nuevos pobres en la región (CEPAL, 2020b).

Si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, la situación de las mujeres se ve aún más vulnerada. Según la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres se han visto afectadas, ya sea por el distanciamiento social o por la cuarentena obligatoria (OIT, 2020).

Al contar con una inserción laboral en condiciones de mayor precariedad y una mayor representación en el trabajo informal, están más expuestas al riesgo de desempleo. Como hemos visto, el 51,8 por ciento de las mujeres están ocupadas en sectores precarios desde el punto de vista de salarios, formalización del empleo, seguridad del puesto de trabajo o acceso a protección social (Vaca Trigo, 2019). Las trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas se encuentran en su mayoría en la informalidad, por lo que frente a las medidas de aislamiento social y cuarentenas no pueden realizar sus trabajos y no tienen seguridad de ingresos. Al no poder trabajar a distancia, sus ingresos se ven determinados por la decisión que tomen la familia o institución empleadora, al tiempo que continuar con estos trabajos las expone aún más al riesgo de contagio (CEPAL, 2020c). A esta profunda vulnerabilidad, se le agrega que pocas de ellas tienen acceso a la seguridad social, por lo que están mucho más desprotegidas frente a una situación de crisis del empleo sostenida.

Por otro lado, la presión sobre los sistemas de salud afecta significativamente a las mujeres, ya que, como hemos mencionado, representan el 72,8 por ciento del total de personas ocupadas en ese sector en la región (CEPAL, 2020c). El aumento de la presión ejercida sobre los sistemas de salud ha supuesto condiciones de trabajo extremas para las mujeres de la región, signadas por extensas jornadas laborales que se suman al mayor riesgo de contagiarse el virus (CEPAL, 2020c). Además de que, en el contexto actual, son víctima de discriminación, exclusión y violencia. El personal y las instalaciones insuficientes es otro factor de estrés importante, tanto para los pacientes como para los trabajadores de la salud, y aumenta el riesgo de que estos últimos estén expuestos a mayores niveles de violencia. (OIT, 2020).

Cabe mencionar que esta situación se da en un contexto regional en que persiste la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 25 por ciento inferiores a los de los varones del mismo sector (Vaca Trigo, 2019). Por último, la presión en los sistemas de salud trasladó gran parte de las tareas de cuidado a los hogares, es decir a las mujeres. Ya en 2016, CEPAL advertía sobre la complejidad de la organización de la atención a la salud y sobre cómo las familias se hacían cargo de los cuidados de salud de sus integrantes. Esto implica, entre otras tareas, la compra de medicamentos, la contratación de servicios y el cuidado directo de las personas enfermas, tareas que en estos momentos se acrecientan y recaen casi exclusivamente sobre las mujeres.

Pandemia y violencia de género. De acuerdo a datos de la ONU, en las últimas semanas se ha producido un repunte alarmante de la violencia doméstica en todo el mundo.

En Nueva León, México, se registró un aumento del 30 por ciento de las denuncias por violencia familiar; en Bolivia, al 15 de abril de 2020, habían sido reportados cuatro femicidios, 1.200 casos de violencia de género y 33 casos de violación a menores de edad; en Colombia, en un periodo de 16 días, entre marzo y abril, fueron asesinadas 12 mujeres, además de que se registró un aumento del 5 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar hacia mujeres; únicamente en Rio de Janeiro (Brasil), hubo un aumento del 50 por ciento de las denuncias por violencia de género; en Argentina, aumentaron en un 39 por ciento las llamadas a la línea 144 por violencia de género (ONU Mujeres, 2020b). Esta situación pone en evidencia la alarmante situación que ya sufrían las mujeres latinoamericanas y caribeñas antes de la crisis. Resulta necesario que las políticas y acciones que se tomen para hacer frente a la pandemia prioricen las medidas de prevención y atención de violencia contra las mujeres.

De acuerdo a un informe de ONU Mujeres (2020b) sobre violencia de género en momentos de Covid-19, la violencia contra las mujeres se ha profundizado y se expresa en, al menos, los siguientes aspectos.

Por un lado, las medidas de confinamiento exacerban la violencia contra las mujeres dentro del hogar, obligando a muchas mujeres a convivir con los varones que las violentan. Además, sus márgenes de maniobra para salir de esta situación se ven mucho más reducidos por una multiplicidad de causas que van desde que el distanciamiento social, que impide o limita el trabajo realizado por redes y organizaciones de mujeres, al tiempo que el empeoramiento de su situación laboral, tal y como hemos evidenciado, reduce sus niveles de autonomía económica y profundiza la dependencia y violencia económica ejercida por sus perpetradores.

Por otro lado, el informe destaca también que la comunidad LGBTIQ reporta un aumento de las tensiones en los hogares donde sus identidades no son respetadas y la violencia se acrecienta. Las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan mayores riesgos de ser víctimas de violencia de género y sufren múltiples formas de discriminación en el actual contexto. Ha habido, además, un aumento de los casos de ciberviolencia y ciberacoso, en el marco de un aumento exponencial de la utilización de dispositivos móviles e internet.

Por último, el informe destaca que las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan mayores riesgos de sufrir violencia física, psicológica y sexual debido a, por un lado, que una de las medidas tomadas por los estados ha sido el cierre de fronteras, lo que, sumado a la falta de articulación regional, ha tenido como consecuencia un incremento en la xenofobia, estigma y discriminación hacia personas migrantes, donde la situación de las mujeres es mucho más vulnerable; y por el otro, el cierre de fronteras y la falta de medidas profundiza las dificultades de acceso a servicios y documentación, y fomenta el uso de caminos irregulares para migrar. Esta situación intensifica la severidad de la violencia y aumenta la exposición a la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes con métodos de opresión y explotación, que afecta particularmente a las mujeres.

Paralelamente, la UNESCO (2020) advirtió que, producto de la crisis, se espera un aumento en las tasas de deserción escolar que afectará aún más a las niñas adolescentes. Esta situación arraigará aún más las brechas de género en la educación y aumentará el riesgo de explotación sexual, embarazo precoz y matrimonio precoz y forzado. En muchos casos, señalan, el causante de la deserción escolar es el aumento de las tareas domésticas y de cuidado. Esta situación, en tiempos de crisis sanitaria, económica y política, es aún más severa.

Conclusiones

La pandemia profundiza las desigualdades y brechas de género existentes en la región latinoamericana y caribeña. La desvalorización y negación del trabajo doméstico y de cuidado realizado por mujeres se encuentra en el núcleo de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe. Se ha negado históricamente la importancia que tienen estas tareas para el sostenimiento de la vida y la reproducción del capital y su acumulación.

Esta crisis pone de manifiesto las claras consecuencias que tiene sobre la vida común la mercantilización de los espacios de lo público, de lo común y de lo solidario. Así, se ha profundizado la crisis de los cuidados, la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo y se ha exacerbado la violencia por razones de género.

La pandemia ha puesto en evidencia que es el momento de comenzar a pensar en nuevas formas de organización social en general, donde la organización social del cuidado ocupe un rol central. Si queremos una sociedad que privilegie la vida, el cuidado debe valorizarse, al igual que las personas que cuidan. Valorizar el cuidado supone empezar a pensar en términos relacionales, en el reconocimiento y el respeto del otro, de correr el eje de la individualidad liberal y la autonomía que prima las relaciones humanas hoy y colocar en el centro la interdependencia, la reciprocidad y la complementariedad.

Pone en evidencia, también, que resulta necesario romper con la división sexual del trabajo tanto dentro como fuera de los hogares. Se requiere avanzar hacia una transformación cultural que permita romper con las subjetividades construidas en torno a lo femenino y lo que se considera feminizado. En este sentido, la solución no pasa solamente por repartir más equitativamente el cuidado entre varones y mujeres a nivel individual, sino que su importancia y valor se reconozca y pueda ser provisto también en parte por la sociedad, el mercado y el Estado. Necesitamos una nueva idea de gestión pública que entienda que la interdependencia de las personas es un hecho de la vida en común.

Urge el desafío de avanzar hacia su reconocimiento e inclusión positiva en las políticas públicas. Esto implica acciones en tres sentidos, al menos: redistribuir, revalorizar y reformular los cuidados (Pérez Orozco y López Gil, 2011). Redistribuir significa construir una responsabilidad colectiva en torno a los cuidados, transitar de su consideración exclusivamente privada a un tema de responsabilidad colectiva y, por tanto, lograr el acceso universal a cuidados dignos. Revalorizar implica dignificar los cuidados como trabajo y reconocerlos como una dimensión esencial del bienestar. Reformular remite a desanudar los cuidados de su asociación con la feminidad y la familia exclusivamente. Estos tres elementos no son independientes y solo pueden ser separados con propósitos analíticos. Redistribuir sin revalorizar será imposible, y viceversa (^{Batthyány, 2015}).

Se trata de revalorizar lo público y lo común, de volver a construir lazos comunitarios y de fortalecer la ética basada en la solidaridad y la búsqueda de la equidad, con un Estado fortalecido capaz de garantizar derechos fundamentales para la vida digna del ser humano.

Se concluye acerca de la imperiosa necesidad que tienen los países latinoamericanos y caribeños de realizar una justa organización social de los cuidados y de romper con la división sexual del trabajo. El objetivo debe ser avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en el derecho de las personas y la equidad entre los géneros, donde el Estado sea el que asegure el cuidado como derecho universal de todas las personas. Recuperar la dimensión política de la vida cotidiana parece un camino a transitar.