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Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy

versión On-line ISSN 1668-8104

Cuad. Fac. Humanid. Cienc. Soc., Univ. Nac. Jujuy  n.21 San Salvador de Jujuy jul. 2003

 

Gran propiedad y grandes propietarios en Jujuy a mediados del siglo XIX

(Large holdings and landowners in mid-nineteenth-century Jujuy)

Gustavo L. Paz*

*Universidad Nacional de Tres de Febrero - Av. San Martín 2921 - Caseros - CP 1678 - Provincia de Buenos Aires - Argentina / CONICET - UBA. Correo Electrónico: gpaz2@unl.edu

RESUMEN

    El presente trabajo tiene como objetivo identificar las grandes propiedades y grandes propietarios de la provincia de Jujuy hacia 1850. Su principal fuente de información es el catastro levantado por el gobierno provincial en 1855 con el fin de la recaudación de la contribución territorial. En una sociedad mayoritariamente agraria como Jujuy en el siglo XIX la identificación de los grandes propietarios (urbanos y rurales) permite delimitar la elite económica de la provincia.

Palabras Clave: Tenencia de tierra; Grandes propietarios; Elite; Campesinos

ABSTRACT

   This paper is aimed at identifying large holdings and large owners in the province of Jujuy by 1850. Its main source is the 1855 land survey taken by the provincial government to collect tax on real estate. In a largely agrarian society like mid-nineteenth century Jujuy identifying large real estate owners allows us to depict the economic elite of the province.

Key Words: Land tenure; Large landowners; Elite; Peasants

INTRODUCCION

   El objetivo de este breve trabajo es identificar las grandes propiedades y los grandes propietarios de la provincia de Jujuy hacia mediados del siglo XIX. En una sociedad predominantemente agraria como lo era Jujuy hacia mediados del siglo XIX la propiedad de la tierra puede ser tomada como un indicador bastante acertado de la distribución de la riqueza y el poder. En este trabajo estudio con detalle el catastro de 1855, primero de su clase en la provincia. De esta manera me propongo delinear el perfil económico de la elite terrateniente de la provincia.(1)

   
Hacia 1850 Jujuy era una sociedad que estaba lentamente recuperándose de las pérdidas de vidas y bienes que habían traído aparejadas la guerra de independencia primero y las civiles después. Desde comienzos de la década del 1840 soplaban vientos más calmos sobre la agitada vida política provincial sólo  interrumpidos por la convulsionada caída de la versión provincial del rosismo entre 1851 y 1853. Su reemplazo por la vieja elite de familias prominentes desplazadas del poder desde 1830 brindó a la provincia la tranquilidad política necesaria para continuar su modesta pero efectiva recuperación económica.

   Con el advenimiento de tiempos de paz la población de la ciudad y las áreas rurales comenzó a recuperarse de las pérdidas de los años de guerra. El censo de 1851 muestra que por primera vez en el siglo XIX la población de San Salvador, con casi 2.300 personas, excedía por muy poco la de 1779. Pero la ciudad concentraba sólo menos del diez por ciento de la población total de la provincia. La enorme mayoría de la población seguía viviendo en las áreas rurales. Aproximadamente un tercio de la población total de la provincia vivía en las áreas rurales circundantes a la capital, el curato Rectoral y el curato de Perico (El Carmen y San Antonio) inmediatamente al sur. Otro tercio de la población habitaba en los distritos mayoritariamente indígenas de la puna (Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Yavi), en el extremo norte de la provincia. El tercio de población restante se dividía en partes casi iguales entre los curatos mestizos de la Quebrada de Humahuaca (Humahuaca y Tumbaya) y Valle Grande, y los de Río Negro en el este de la provincia.(2)

   El enorme peso de la población rural (más del 90% del total) es un indicador de la importancia de estudiar la estructura de la tenencia de tierras en este periodo. En este trabajo me concentro sobre todo en los aspectos relacionados con la gran propiedad y los grandes propietarios. Esta aproximación a la elite económica de la provincia está justificada por la centralidad que ocupa la propiedad rural en la conformación de las fortunas de la elite provincial.(3) Estos grandes propietarios han sido identificados por medio de los registros del catastro de 1855 que proporcionan el valor (pero no la extensión) de las fincas y propiedades urbanas. La disparidad de los valores dentro del grupo definido como grandes propietarios (que va entre 3.000 a 50.000 pesos) refleja la disparidad de valores de las tierras en los curatos que conformaban la provincia de Jujuy. Al contrastar la lista elaborada en base al catastro con los apellidos de las familias ricas e ilustres de la provincia desde fines del periodo colonial y con los políticos prominentes a mediados del siglo permite identificar la existencia de un abismo entre los que poseen tierras por 3.000 pesos o más y los que están por debajo de esa cifra. Los primeros eran sin duda la elite de la provincia.(4)

EL CATASTRO DE TIERRAS DE 1855

   En 1854 el gobierno nacional aprobó una ley estableciendo un nuevo impuesto a ser recaudado por las provincias. La "contribución territorial" o "contribución directa" era un impuesto que gravaba la propiedad inmueble con una tasa imponible fijada por cada provincia. Instituido originalmente en la provincia de Buenos Aires en la década de 1820, era la primera vez que una tasa de tal naturaleza se implementaba en la mayoría de las provincias. El nuevo impuesto pretendía ser una ayuda a las alicaídas finanzas provinciales que, desde la supresión de los impuestos al comercio interior y la nacionalización de las aduanas en 1853 habían perdido la principal fuente de sus ingresos.(5)

   En marzo de 1855 la legislatura de Jujuy estableció la contribución territorial en la provincia a una tasa de 4 por mil sobre el valor total de la propiedad, fuera esta rural, urbana o enfitéutica. Una comisión ad-hoc formada por el Tesorero de la provincia junto con dos ciudadanos notables estaba a cargo de compilar los datos sobre la propiedad inmueble y asignar un valor a cada inmueble evaluado.(6)

   Unos meses después, en septiembre de 1855, la comisión presentaba al gobierno el primer catastro de la provincia. La "Estadística de las propiedades urbanas, rurales y enfitéuticas registradas por la Comisión Reguladora" proveyó al gobierno provincial por primera vez de información sobre el nombre de los propietarios, el número y tipo de propiedad (urbana, rural, enfitéutica), la ubicación por distrito o curato, y la tasa que el propietario debía pagar anualmente. La comisión examinó las propiedades de la ciudad y de la mayoría de los distritos rurales cuidadosamente, con la excepción de los de la puna y Valle Grande, distritos distantes y de difícil acceso, cuya información fue registrada en forma superficial o bien está ausente por completo.

   El catastro de 1855 muestra que unos 550 propietarios poseían bienes inmuebles en la provincia de Jujuy valuados en poco más de 600.000 pesos bolivianos.(7) Esta cifra es sin duda una subestimación del valor total de los inmuebles de la provincia, ya que las propiedades rurales de los distritos puneños de Santa Catalina y Cochinoca no fueron registrados y los de Valle Grande lo fueron sólo parcialmente. El valor de las propiedades estaba fuertemente concentrado en dos distritos, Rectoral y Río Negro, que totalizaban entre ambos un 75% del valor total de los bienes inmuebles de Jujuy. La importancia de ambos distritos se explica por el alto valor de las propiedades urbanas en el caso de Rectoral (donde se encontraba la capital provincial, San Salvador) y por las extensas y económicamente dinámicas plantaciones de caña de azúcar del distrito de Río Negro. El valor global de las propiedades rurales de los distritos al norte y sur de Rectoral era mucho menor. Las propiedades de los distritos de la Quebrada de Humahuaca constituían poco más del 10% del valor total provincial, y las de Perico poco más del 6%. Las extensas fincas de la puna tenían un valor menor que las de los otros distritos debido no sólo a la distancia de la capital sino también a la pobre calidad de las tierras, aptas en su mayoría para el pastoreo extensivo de ganado, sobre todo ovino. La excepción era el distrito de Yavi donde la agricultura estaba más extendida que en el resto de la puna. En suma, las propiedades urbanas tenían un mayor valor que las rurales, y, como era esperable, las propiedades rurales situadas en distritos agrícolo-ganaderos claves como Río Negro y Rectoral, tenían un valor mucho más alto que aquellas situadas en áreas económicamente marginales. (CUADRO 1)

CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD Y GRANDES PROPIETARIOS

   La característica más visible de la estructura de la propiedad inmueble en la provincia de Jujuy a mediados del siglo XIX era la enorme concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos, que llegaba a ser extrema en el caso de algunos distritos rurales. Poco más de 30 propietarios concentraban más de la mitad del valor de las propiedades de la provincia. (CUADRO 2)

   La puna era el caso más notorio de concentración de la propiedad de la tierra. Fernando Campero, heredero del marqués del valle de Tojo, era el propietario de varias grandes fincas en la puna de Jujuy. Entre ellas se destacaban la finca Cochinoca y Casabindo que abarcaba la totalidad del curato de Cochinoca, y la de Yavi que, valuada en 50.000 pesos, comprendía la mayor parte de las tierras del distrito homónimo. En el resto de la puna, como así también en el remoto e inaccesible curato de Valle Grande, dos o tres grandes propietarios monopolizaban la tierra. Con la excepción de unos pocos comerciantes y mineros los habitantes de la puna eran arrendatarios ("arrenderos" se los llamaba localmente) que pagaban renta a los propietarios de las tierras quienes por lo general vivían en Jujuy (en el caso de Campero en Tarija, Bolivia).(8)

   Un patrón similar de concentración de la tierra por grandes propietarios se daba en los valles subtropicales del este de la provincia. En esta área, llamada a mediados del siglo XIX curato de Río Negro, la actividad agrícola más importante era el cultivo de la caña de azúcar, que eventualmente se convertiría en el sector económico más dinámico de la economía provincial a fines del siglo. El área denominada Santa Bárbara, ubicada en el extremo oriental del curato en dirección al chaco, era un distrito ondulado de pastos aptos para la ganadería extensiva de vacunos. Las grandes propiedades rurales de Río Negro se habían originado en las "mercedes de tierras" otorgadas por los gobernadores del Tucumán a lo largo del siglo XVIII a aquellos miembros de la elite colonial de Jujuy que se habían destacado por su participación en las entradas contra los indígenas del Chaco. De los 17 propietarios de tierras en Río Negro seis sobresalían por la gran extensión de sus tierras.

   Las propiedad más valiosa en Río Negro era la finca Ledesma de la familia Zerda-Ovejero. Ledesma era el ingenio azucarero más grande de la provincia de Jujuy y estaba valuado en 50.000 pesos. La segunda finca por su valor era San Lorenzo, también un ingenio, valuada en 40.000 pesos; en 1855 era propiedad de José López del Villar quien se había casado con una integrante de la familia Zegada propietaria de la finca desde el siglo XVIII. La tercer finca más valiosa era San Pedro, que era el segundo ingenio de la provincia por su producción; valuada en 25.000 pesos era propiedad de Miguel Aráoz. Más pequeñas y de menor valor eran las fincas San Antonio (valuada en 11.000 pesos) de Juan Ignacio Portal, y La Reducción (valuada en 5.000 pesos) de Candelaria Soria, que eran también ingenios azucareros de menor producción. La última gran propiedad del distrito era Santa Bárbara y Maíz Gordo, ubicada en el extremo oriente de Río Negro. Propiedad de Rosario Lozano estaba valuada en 13.500 pesos y dedicada enteramente a la cría de ganado vacuno. Entre todos los grandes propietarios del curato de Río Negro totalizaban tierras por un valor de casi 145.000 pesos, o un 95 % del total del valor de las propiedades del distrito.(9)

   Hacia el oeste de Río Negro y al sur de la capital provincial se encontraba el curato de Perico, donde las tierras eran destinadas principalmente a la ganadería y agricultura. En los distritos de Perico y El Carmen se producía trigo, maíz y arroz para el consumo local, y en menor escala también algodón, lino y tabaco. En las zonas orientales del curato había pequeños productores de caña de azúcar. En todos estos distritos, como en el primordialmente ganadero de san Antonio, situado al sur del curato, se criaban mulas, vacunos y caballos tanto para el consumo local como para su exportación a Bolivia.

   En el curato de Perico la propiedad de la tierra exhibía un patrón ligeramente menos concentrado que en el de Río Negro. En Perico unos 50 propietarios poseían tierras valuadas en su totalidad en 40.000 pesos. De entre ellos once (o casi un 20%) eran propietarios de fincas valuadas en 1.000 pesos o mas. El valor de las tierras bajo el control de este grupo de propietarios era de 28.000 pesos o un 70 % del valor total de las tierras del curato. Entre los más grandes propietarios de fincas rurales de Perico se destacaban tres: Mariano Iriarte, heredero de la vieja familia colonial Martínez de Iriarte y futuro gobernador de Jujuy en 1870, poseía la hacienda San Juan valuada en 7.000 pesos; Roque Castillo era propietario de una hacienda valuada en 6.300 pesos y Alejo Belaunde poseía tierras por valor de 3.000 pesos. Belaunde era el hijo de un comerciante español afincado en Jujuy a fines de la colonia quien se había casado con una integrante de la familia Alvarado y había sido forzado al exilio por sus simpatías políticas unitarias en la década de 1830. Su hermano Cosme sería gobernador de Jujuy a fines de la década de 1860.

   La principal diferencia en la estructura de la propiedad de la tierra entre los curatos de Río Negro y Perico era la existencia en este último de unos 40 medianos y pequeños propietarios inexistentes en aquel. Este grupo poseía tierras valuadas entre 100 y 1.000 pesos cuya creación se debía sobre todo a la subdivisión de haciendas coloniales a lo largo del siglo XIX. Este grupo constituía el 80 % del total de propietarios pero poseía solo el 30 % del valor total estimado de las propiedades del curato.

   El curato Rectoral, que abarcaba la ciudad capital San Salvador y los distritos rurales próximos a ella, combinaba propiedades rurales y urbanas. Como estas últimas tenían un valor más alto que las primeras el valor total de las propiedades inmuebles del curato era el más alto de toda la provincia. En mi análisis he tratado de separar las propiedades urbanas de las rurales siempre que fuera posible, distinción irrealizable en muchas ocasiones debido a la organización de los datos del catastro de 1855. La Comisión ad-hoc que lo compiló estimó el valor de las propiedades bajo control de un mismo propietario sin distinguir su naturaleza urbana o rural.

   La zona rural del curato Rectoral era la más fértil y más intensivamente cultivada de Jujuy. Su proximidad con la capital provincial brindaba a las fincas rurales del curato un mercado fácilmente accesible para su producción agraria y asimismo abastecían a San Salvador de carne, y a la feria de ganado de abril de vacunos y mulares. Las fincas rurales del curato habían experimentado un proceso de subdivisión desde fines de la colonia debido sobre todo a la dispersión de las tierras por herencia.(10)

   Las propiedades rurales del curato Rectoral presentaban una gran variedad de valores que iban desde pequeñas parcelas que valían sólo 100 pesos a grandes haciendas valuadas en mas de 5.000 pesos. En las zonas rurales del curato había 667 unidades domésticas en 1851, de las cuales sólo 78 (12 %) eran propietarias de tierra. En la cúspide de esta sociedad agraria se encontraba un pequeño grupo compuesto por grandes propietarios rurales quienes poseían haciendas valuadas en 2.000 pesos o más. Este grupo de veinte propietarios controlaba tierras por un valor de unos 100.000 pesos, casi un 70 % del valor total estimado de la propiedad rural en Rectoral. El resto lo constituían medianos y pequeños propietarios y una gran masa de arrendatarios y peones sin propiedad.

   Propietarios de más de una finca en el distrito, este grupo de grandes propietarios pertenecía a la elite provincial que residía en San Salvador. Su proximidad física a sus haciendas les permitía visitarlas con frecuencia, o pasar largas temporadas en ellas. Tal era el caso de Pedro José Portal, gobernador de la provincia en tres periodos (1861-63, 1865-67, 1871-73) cuya hacienda Palpalá estaba valuada en 4.000 pesos, y del Diputado Nacional Manuel Padilla cuya finca Molinos, Guerrero y Juan Galán valía 6.000 pesos. El propietario más grande del distrito era José López Villar (el ya citado dueño del ingenio San Lorenzo en Río Negro), quien era el hombre de mayor fortuna inmobiliaria de la provincia hacia 1850. López Villar (un ex-gobernador federal) era propietario de tres fincas en Rectoral (una de ellas era El Pongo) valuadas en 10.000 pesos.

   Las propiedades urbanas también presentaban un panorama muy variado. Ciento cincuenta y cinco unidades domesticas eran propietarias urbanas en San Salvador por un valor estimado en 126.000 pesos. Cuarenta y tres grandes y medianos propietarios (30 % del total) poseían inmuebles urbanos valuados en 1.000 pesos o más que alcanzaban un valor de unos 90.000 pesos, o el 70 % del valor total de la propiedad urbana. Las 112 unidades domésticas restantes poseían bienes inmuebles en la ciudad cuyos valores iban de 25 a 1.000 pesos y constituían el 30 % restante del valor de las propiedades urbanas.

   Al norte de San Salvador, la Quebrada de Humahuaca era a mediados del siglo XIX la zona más densamente poblada de la provincia después de la ciudad capital y su curato. En las tierras a lo largo del río Grande y las ubicadas en pequeñas quebradas transversales irrigadas por sus tributarios se producía una variedad de granos, tubérculos y frutas para el mercado provincial. Las grandes haciendas de la Quebrada eran centros importantes de cría e invernada de ganado vacuno y mular desde época colonial por sus abundantes campos de alfalfa.

   Los curatos de la Quebrada de Humahuaca, Tumbaya al sur y Humahuaca al norte, ofrecían un panorama de la propiedad de la tierra mucho más complejo y relativamente menos concentrado que el de los valles al este y sur de la provincia y la puna al norte. En la Quebrada el patrón colonial de tenencia de tierras, que alternaba extensas haciendas con las tierras de comunidades indígenas, había experimentado profundos cambios desde fines de la década de 1830. En 1839 la Legislatura aprobó una ley que autorizaba la partición y distribución de las tierras pertenecientes a las comunidades de Tilcara, Humahuaca y Purmamarca en enfiteusis. La enfiteusis implicaba una contrato de alquiler a largo plazo a cambio de una modesta renta anual pagadera al gobierno. En ambos distritos la aplicación de la enfiteusis permitió la aparición de un grupo relativamente numeroso de pequeños y medianos poseedores de tierras inexistentes en los otros curatos de la provincia. A pesar de ello la concentración de tierras en unas pocas manos seguía siendo alta. La enfiteusis facilitó que algunos indígenas adquirieran pequeñas y medianas parcelas, pero también alentó la concentración de tierras en manos de unos pocos notables locales quienes, mediante la compra sucesiva de varias parcelas, lograron acumular una considerable fortuna en tierras.(11)

   En el curato de Tumbaya de las 542 unidades domésticas que formaban la población de ese distrito en 1851 sólo 156, o 30 % del total, eran propietarios de tierras. Las tierras presentaban valores muy variados que oscilaban desde pequeñas parcelas enfitéuticas valuadas entre 15 y 50 pesos hasta extensas haciendas con un valor estimado de entre 3.000 y 5.000 pesos.

   En Tumbaya había cuatro grandes haciendas de origen colonial valuadas en 3.000 pesos o más. La más valiosa era Huacalera, una vieja hacienda que había sido propiedad de la familia Ortiz de Zárate hasta comienzos del siglo XVIII cuando fue transferida en una cuestionada maniobra a la familia Goyechea y poco más tarde recuperada por los legítimos herederos, la salteña familia Figueroa. A fines del siglo XVIII los Figueroa vendieron la propiedad a Santiago de Eguía, cuyo descendiente Manuel era su propietario en 1855. La siguientes haciendas de acuerdo con su valor eran Tumbaya y Bolcán cuyo propietario, José Benito Bárcena, era uno de los políticos prominentes de la provincia. Ambas propiedades habian pertenecido a la familia Goyechea en el siglo XVIII a la que los Bárcena se vincularon por matrimonio. La tercer hacienda en cuanto a su valor era Guajra, propiedad de Modesta Echavarría, viuda del coronel Fermín de la Quintana, gobernador interino de simpatías unitarias en 1835. Guajra había pertenecido a la familia Sánchez de Bustamante a fines del siglo XVIII, con la que tanto Echavarría como Quintana estaban emparentados. La cuarta hacienda por su valor era propiedad de Delfín Puch. Estas cuatro grandes propiedades estaban valuadas en un total de 15.000 pesos, que constituía casi el 35% del total del valor de las tierras del curato. Con la notable excepción de Manuel Eguía, todas los grandes propietarios residían en San Salvador y eran miembros de la elite social y política de la provincia.

   Aquellos que poseían tierras valuadas entre 1.000 y 3.000 pesos formaba un pequeño grupo de notables locales que basaban su fortuna, prestigio social y poder en un reguero de tierras de propiedad privada de tamaño mediano y de parcelas enfitéuticas. A ellos seguía un grupo de campesinos propietarios medianos que poseían unas pocas parcelas en su mayoría enfitéuticas valuadas entre 200 y 1.000 pesos. Estos campesinos propietarios medianos eran mayoritariamente indios y mestizos que habían sido miembros de las comunidades indígenas de Tilcara y Purmamarca antes de su disolución y que habían obtenido parcelas en enfiteusis en las décadas de 1830 y 1840. El resto de los propietarios del curato de Tumbaya (que constituían la mayoría de los que tenian acceso a la tenencia de la tierra) eran campesinos indígenas y mestizos que poseían pequeñas parcelas enfitéuticas marginalmente ubicadas valuadas entre 15 y 200 pesos.

   Si bien este último grupo de campesinos pequeños poseedores de tierras era mayoritario, ya que abarcaba casi el 75% de los poseedores de tierras en Tumbaya, las tierras bajo su control sólo sumaban poco más de un 25% del valor total de las tierras del curato. En una imagen casi exactamente invertida los otros tres grupos constituían sólo un cuarto de los propietarios del curato y controlaban las tres cuartas partes de las tierras de acuerdo con su valor. Más aun, la elite de grandes propietarios de haciendas junto a los notables locales (12 entre ambas categorías, sobre un total de 156 propietarios/poseedores de tierras) controlaban más del 50% del valor de la tierra en Tumbaya. El 70% de la población total del curato no poseia tierras.

   En el curato de Humahuaca la tenencia de tierras presentaba un panorama similar al de Tumbaya. En total había 85 propietarios o poseedores de tierras en Humahuaca que controlaban tierras valuadas en cerca de 25.000 pesos. Sólo tres grandes propietarios en el distrito poseían haciendas valuadas en 2.000 pesos o más: Macedonio Graz Zegada, abogado y prominente político jujeño quien había heredado de su familia materna la hacienda Rodero y Negra Muerta, que con un valor estimado en 3.000 pesos era la más valiosa del distrito; Santiago Alvarado, miembro de esa familia tardo colonial emparentada con los Sánchez de Bustamante, era propietario de la hacienda Aguilar ubicada en las tierras altas del curato, y finalmente Pedro B. Rueda, propietario de las haciendas Yala de Monte Carmelo en el este del curato y de una estancia en el curato de Valle Grande situada aun más al este.

    Inmediatamente después de estos tres grandes propietarios se hallaban seis notables locales poseedores de predios rurales (en propiedad) y de parcelas enfitéuticas por valores que iban entre 600 y 2.000 pesos; trece campesinos medianos poseedores de tierras controlaban parcelas enfitéuticas valuadas de 200 a 600 pesos y finalmente, el grupo más numeroso era el de 63 campesinos pequeños poseedores de parcelas enfitéuticas valuadas entre 15 y 200 pesos. Este grupo constituía el 75% del total de los poseedores de tierras en el curato de Humahuaca; combinado con el de medianos poseedores alcanzaban al 90% del total. Las tierras que controlaban ambos grupos totalizaban solo el 30% del valor total de las propiedades en el curato de Humahuaca. El primer grupo de tres grandes propietarios controlaban el 40% de las tierras de acuerdo con su valor.

CONCLUSION

   El estudio detallado del catastro de 1855 permite esbozar de manera estática la estructura económica y social de la campaña jujeña de mediados del siglo XIX. En este trabajo he puesto el énfasis en la identificación de los grandes propietarios de la provincia, a quienes podemos definir como la elite económica de Jujuy. Eran un grupo de unas treinta personas que poseían individualmente tierras y propiedades urbanas por valor de más de 3.000 pesos. Aunque ellos constituían sólo menos del 5% del total de los propietarios de la provincia controlaban más de la mitad del valor de la propiedad inmueble en Jujuy a mediados del siglo XIX. Este grupo era sin duda el de los ricos, prestigiosos y poderosos de Jujuy. Mediante la concentración de la propiedad de la tierra e inmuebles urbanos este pequeño grupo logró controlar al resto de la población en forma efectiva.(12) A través del arriendo de fincas y viviendas a los sectores sociales sin propiedad, y del manejo exclusivo del crédito la elite de Jujuy obtuvo también el control del excedente productivo de las áreas rurales y la movilización de mano de obra cuando fuera necesario.

NOTAS

1) Este trabajo se basa en mi tesis doctoral "Province and Nation in Northern Argentina. Peasants, Elite, and the State, 1780-1880" (Emory University, 1999), en particular en el capitulo 5 "Putting the Countryside in Order (1825-1855)". Agradezco los valiosos comentarios que oportunamente me hicieran los integrantes de mi comité de tesis Susan Socolow (directora), Peter Bakewell y Lyman Johnson. Agradezco también a la Fundación Antorchas por haber contribuido al financiamiento de esta investigación mediante una beca doctoral.

2) Para mayores detalles puede consultarse el capitulo 5 de mi tesis doctoral "Province and Nation...", especialmente páginas 232-244, y los artículos de Viviana Conti, "Articulación económica en los Andes Centromeridionales (siglo XIX)", Anuario de Estudios Americanos, XLVI, 1989, 423-453 y Guillermo Madrazo, "El comercio regional en el siglo XIX. La situación de Salta y Jujuy", Andes. Antropología e Historia, 7, 1995-96, 221-249.

3) Un análisis completo de la tenencia de tierras y la estratificación social en la campaña de Jujuy según el catastro de 1855 se halla en mi tesis doctoral "Province and Nation", pp. 244-272.

4) Un estudio detallado de la elite tardocolonial y de la elite política de Jujuy hacia 1850 se halla en los capitulos 1 y 6 respectivamente de mi tesis doctoral "Province and Nation".

5) La situación financiera de Jujuy luego de la nacionalización de las aduanas provinciales fue estudiada por Salomé Boto de Calderari, "La política fiscal jujeña entre 1853 y 1885: instrumento de articulación social y territorial", Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Jujuy, 1993, 48.

6) Provincia de Jujuy, Registro Oficial. Compilación de Leyes y Decretos, Jujuy, Petruzzelli, 1885, vol. II, 37-39. En 1872 la legislatura elevó la tasa imponible al 5 por mil del valor de la propiedad, ordenó una nueva evaluación de las propiedades de la provincia, y exceptuó del impuesto a las propiedades valuadas en menos de 250 pesos bolivianos para las rurales y 500 para las urbanas. Ana Teruel estudió con detalle el catastro de 1872 (aunque con un enfoque diferente al aplicado en este trabajo) en "La incidencia de la tenencia de tierra en la formación del mercado de trabajo rural en la provincia de Jujuy. 1870-1910", Población y Sociedad 2, 1994, 161-187.

7) Todos los valores están dados en pesos bolivianos ya que aún después de la unificación monetaria de 1881 y hasta fines de la década de 1890 era la moneda que circulaba corrientemente en el norte argentino. En el texto se usará sólo"pesos".

8) Para mayores detalles sobre la tenencia de tierra en la puna de Jujuy a mediados del siglo XIX véase Guillermo Madrazo, Hacienda y encomienda en los Andes. La Puna de Jujuy bajo el marquesado de Tojo, siglos XVII-XIX. Buenos Aires: Fondo Editorial, 1982, y Gustavo L. Paz, "Resistencia y rebelión campesina en la puna de Jujuy, 1850-1875", Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana 'Dr. Emilio Ravignani', III (4), 1991, 43-68.

9) Un estudio más exhaustivo de las características de estos ingenios azucareros hacia 1850 se provee en Paz, "Province and Nation", cap. 5 y en Guillermo Madrazo, "Cambio y permanencia en el Noroeste argentino. El caso de Jujuy a mediados del siglo XIX." Andes. Antropología e Historia 4, 1991, 93-139.


10) En 1778 había en el curato Rectoral 31 haciendas, en 1855 su número se elevaba a 97 y en 1872 a 125. La cifra de 1778 proviene de mi análisis del censo virreinal de ese año, la de 1855 de mis cálculos sobre el catastro, y la de 1872 del estudio de Madrazo sobre el segundo catastro provincial incluído en Madrazo, "Cambio y permanencia", 102.

11) Guillermo Madrazo se concentra en los aspectos sociales de la enfiteusis en "El proceso enfitéutico y las tierras de indios en la Quebrada de Humahuaca (Pcia. de Jujuy, Republica Argentina). Periodo Nacional", Andes. Antropologia e Historia 1, 1990, 89-114; para una perspectiva institucional véase David Bushnell, "La política indígena de Jujuy en época de Rosas", Revista de Historia del Derecho 24, 1997, 61-74.

12) En un reciente artículo Tulio Halperin Donghi contrasta la situación de los terratenientes del Interior argentino (sobre todo de Salta y Jujuy), que controlan grandes extensiones de tierras y cantidad de campesinos arrendatarios, con la de la elite terrateniente de Buenos Aires donde los campesinos eran inexistentes y la poblacion rural más difícil de controlar, Halperin Donghi, "The Buenos Aires Landed Class and the Shape of Argentine Politics (1820-1930)", en Evelyn Huber y Frank Safford (eds.), Agrarian Structure & Political Power. Landlord and Peasant in the Making of Latin America, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1995, 40-41.

BIBLIOGRAFIA

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