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Cuadernos de antropología social

versión On-line ISSN 1850-275X

Cuad. antropol. soc.  n.27 Buenos Aires ene./jul. 2008

 

Eso es luchar sindicalmente. Ciudadanía, el estado y los sindicatos en El Alto, Bolivia*

Sian Lazar**

* Este artículo es una versión abreviada y modificada especialmente para Cuadernos de Antropología Social del capítulo 3 del libro: Lazar, S. (2008). El Alto, Rebel City: Self and Citinzenship in Andean Bolivia. Duke University Press. Traducción: Julieta Gaztañaga y Julia Piñeiro.
** Department of Social Anthropology, University of Cambridge.

En este artículo trato un aspecto central de la ciudadanía en la ciudad de El Alto,1 Bolivia. Principalmente, la agencia política y las relaciones específicas entre los ciudadanos y el estado. Examino esto a través de un estudio de caso de una de las asociaciones de comerciantes de la calle: la Asociación de Comerciantes Minoristas de Pesca y Acuicultura Central Pescaderas Norte, Sud, Interprovincial e Interdepartamental de la ciudad de El Alto, o 'las pescaderas', los vendedores de pescado, cuyo mercado está localizado en el Final Los Andes, en la parte norte de la ciudad. Tiene una larga historia de problemas con las autoridades municipales y, en el año 2003, estaba enredada en un conflicto particularmente difícil con una federación de pescadores de las provincias. Su relato ilustra algunas de las tensiones que pueden resultar de la posición de los sindicatos como intermediarios entre los comerciantes y el estado. Veremos el modo en que la estructura multifacética del sindicato opera en la práctica y cómo, en todos los niveles, surgen problemas de la función dual de las asociaciones y federaciones, en tanto ambas sustituyen al estado y se colocan como mediador entre el ciudadano y el estado. También podremos explorar con alguna profundidad la relación política entre El Alto y su entorno rural. Esta relación ha resultado particularmente sobresaliente en los eventos extraordinarios de los últimos años, pero un examen de su dinámica cotidiana nos ayuda a apreciar algunas de sus complejidades y ambigüedades.

La competencia entre las pescaderas y un sindicato rival por el patronazgo estatal (y de otras agencias de desarrollo) se fractura a lo largo de los límites de las jurisdicciones urbanas y rurales, en tanto que las dos organizaciones abarcan ambas. Las agencias estatales buscan mantener la libertad de comercio tal como está expresado en el infame decreto 21060 de 1985 de ajuste estructural. Sin embargo, también necesitan encontrar socios a fin de controlar el comercio en El Alto, en parte por el poder de los sindicatos y en parte por sus propios preconceptos. El resultado es que se fijan en una o en la otra de las organizaciones rivales para controlar el comercio de pescado asegurando al otro que sus miembros podrán 'vender libremente' en el mismo lugar. Las organizaciones, por su parte, intentan enfrentar entre sí a las distintas partes del estado a fin de preservar lo que consideran que son sus derechos de jurisdicción sobre el comercio en el área. El estudio de caso, por lo tanto, provee una mirada a las tensiones entre la organización del trabajo y la ciudadanía bajo el neoliberalismo. La promoción de la privatización y del libre comercio ocurre en un contexto en el cual sindicatos y estado son interdependientes: el estado necesita a los sindicatos para regular la actividad económica, y los sindicatos necesitan al estado para obtener legitimidad. Esta relación entre estado y 'sociedad civil' conforma hoy en día a la ciudadanía en El Alto. Las negociaciones entre ambos lados son a menudo difíciles y conflictivas, y la política de los sindicatos es tan caracterizada por el faccionalismo, el rumor y la intriga como lo es la política estatal, por lo que el estudio de caso aquí presentado tiene dos tramas principales: un examen de algunas de las complejidades de las políticas sindicales y una etnografía de una pequeña parte de la burocracia estatal desde la perspectiva de sus organizaciones socias.

Por último, el caso de las pescaderas también ilustra de manera más general las relaciones entre comercio, etnicidad y agencia política en El Alto. Linda Seligmann (1989) ha iluminado la importancia de la posición de los intermediarios en tanto que conectan la economía rural con los mercados metropolitanos y nacionales. Ella sostiene que 'estar entremedio' en este sentido les otorga un poder político considerable, que está vinculado a su etnicidad, principalmente a la denominada 'chola'. Geográficamente, también, El Alto se encuentra entre La Paz y el resto del país, en tanto que tres de los cuatro caminos que tienen un nivel de tránsito razonable y que salen de la ciudad capital atraviesan El Alto, y los caminos principales convergen en la Ceja. En este sentido, si los alteños deciden bloquear algunos de los caminos que conducen a La Paz, tal como lo hicieron en septiembre-octubre de 2003, esto les da un poder político significativo. Por lo tanto, estas diferentes clases de 'intermediaciones', tal como son experimentadas por los vendedores de pescado, son centrales para el alteño y para la ciudadanía y la vida política nacional.

Antecedentes e historia del conflicto

Don Alberto Mamani,2 miembro del Comité ejecutivo de la Federación de Gremialistas de la Ciudad de El Alto, me instruyó sobre la historia de la Asociación de pescaderas. La comercialización del pescado es relativamente reciente en Bolivia: aproximadamente veinte años atrás, el pescado era consumido sólo por aquellos que vivían en las provincias alrededor de las orillas del lago Titicaca, al norte de La Paz. En aquellos tiempos, algunas (alrededor de cinco) mujeres viajaban desde el lago a la Ceja (uno de los dos mercados importantes de la ciudad) a vender pescado 'directo del productor [el pescador] al consumidor'. Fundaron una asociación en la Ceja pero años más tarde fueron corridas, a mediados de los '80, a un lugar en el camino a Oruro. A medida que la población de El Alto creció, también lo hizo el mercado para el pescado, y para fines de los años '80 se había desarrollado un sistema de intermediarios. Las mujeres que iban al lago, a comprar pescado de los pescadores para luego transportarlo a El Alto, se convirtieron en mayoristas. En la ciudad vendían el pescado a otro nivel de intermediarias, es decir, a mujeres que vendían cantidades menores en otros mercados de la ciudad, llamadas detallistas. A principios de los '90 las pescaderas tuvieron que mudarse por segunda vez. Fueron a la avenida Chacaltaya, un sitio particularmente bueno para ellas, ya que estaba en la entrada principal al mercado 16 de julio (junto con la Ceja el principal mercado callejero en El Alto). Sin embargo, también estaba enfrente de la base de la Fuerza Aérea, y las autoridades eran reticentes a otorgarles un permiso legal para vender en esa área. Por lo que las pescaderas se mudaron una vez más, al Final Los Andes, donde se encuentran desde ese entonces, invirtiendo considerable energía en su organización como asociación. La organización de las pescaderas creció gradualmente: comenzó con miembros de uno o dos 'sectores' y en el 2003 tenía veintitrés sectores, en cinco provincias del departamento de La Paz, incluyendo más de 200 miembros.

En 1997, se declararon independientes de la Federación de Gremialistas. Algo que Don Alberto sintió que era un error; como resultado, dijo que las pescaderas no tenían a nadie que las pudiera defender de las autoridades municipales. Esto se convirtió en una cuestión importante cuando José Luis Paredes, del MIR,3 asumió como alcalde a principios de 2000. Sus autoridades municipales enviaban repetidamente a la policía para desalojar a las pescaderas del Final Los Andes. Oficialmente, esto era a instancias de los vecinos. Sin embargo, Don Alberto pensaba que tenía más que ver con la influencia que una líder sindical rival tenía en la Alcaldía. Previamente ella había sido candidata por el MIR y en 2003 era famosa por armar asociaciones paralelas en la Ceja. Muchas afiliadas de su Asociación en la Ceja vendían pescado, por lo que tenía un claro interés en desalojar del Final Los Andes a su competencia.

Eventualmente, algunas 'compañeras bravas' de la Asociación de pescaderas retornaron a la Federación, diciendo que no podían defenderse ante las autoridades municipales sin el apoyo de la misma. Movilizando su amistad con Irineo Espinoza, un consejero municipal en los tiempos del MIR,4 Don Alberto logró que las autoridades se retiraran al menos por un tiempo. Con algunas de las pescaderas ayudó a deponer al líder, que había declarado la independencia de la Federación, Don Félix Quispe. Doña Verónica se hizo cargo en el 2000 pero renunció luego de un período de dos años, y entonces Doña María Quispe asumió como Secretaria General. Las pescaderas, en 2003, tenían algunas sospechas de mala administración financiera durante el período de Doña Verónica.

Desafortunadamente, los problemas de las pescaderas no cesaron con la remoción de Don Félix, ya que Don Roberto Quispe, el ejecutivo de la Federación Departamental de los Trabajadores de La Paz, apareció en escena. A principios de 2002 lideró una marcha de protesta demandando, entre otras cosas, 'una terminal del pescado' en El Alto, donde los pescadores de las provincias pudieran vender directamente a los consumidores. Para mediados de 2003, parecía ser que la oficina de Prefectura Departamental de La Paz estaba tomando seriamente esta demanda. Cuando me dirigí a investigar a la oficina del Prefecto, Don Roberto Quispe se encontraba allí. Le habían comentado que una gringa estaba apoyando a las pescaderas y estaba ansioso de contarme su lado de la historia. Él sostenía que las pescaderas de Final Los Andes no habían demandado a la Prefectura nada parecido; que sólo cuando pareció que ésta estaba respondiendo a su reclamo, quisieron involucrarse. Manifestó que había una importante suma de dinero perteneciente a la Asociación que simplemente había desaparecido, y que podrían haber comprado un terreno para un centro comercial si realmente lo hubieran querido, una velada acusación de corrupción a los líderes de Final Los Andes.

También sostuvo que las pescaderas habían intimidado a las mujeres que ocasionalmente venían a vender pescado desde el lago Titicaca y desde Oruro, no permitiéndoles que vendieran directamente a los consumidores. Según él, les demandaban a aquellas mujeres que vendían ocasionalmente pescado que se afiliaran a su Asociación por montos sustanciales de dinero. Argumentaba que las pescaderas de Final Los Andes eran mujeres intermediarias que hacían buena ganancia, posiblemente entre 15 y 20 Bolivianos por arroba (25 Lb.), que era un ingreso que los pescadores y las mujeres mismas deberían estar ganando.5 Tanto sus afiliadas (las mujeres pescadoras) como las detallistas (las intermediarias de menor volumen en El Alto) querían evitar a las mayoristas de Final Los Andes. Es más, la Asociación de Final Los Andes demandó que las detallistas se afiliaran, pero ellas no podían hacerlo dado que estaban afiliadas en los mercados en los cuales vendían sus productos, y no podían costear ambas afiliaciones. Don Roberto Quispe también comentaba que las pescaderas habían obligado a sus afiliadas a danzar en fiestas y que habían suspendido a algunas de aquellas que no habían bailado. Decía que 'en ninguna parte de la constitución dice que bailar es obligatorio', insinuando la importancia del baile como una práctica ciudadana, como mostraré más adelante. Las pescaderas no negaban esto, pero nos decían que esa clase de cosas había sucedido bajo el liderazgo de anteriores líderes de su Asociación y que no ocurriría nuevamente.

Don Alberto Mamani (de la Federación) sostenía que muchos de los participantes de la marcha de protesta de 2002 liderada por Don Roberto eran de hecho pescaderas del Final Los Andes. Las pescaderas también estaban enojadas con Don Roberto por haber utilizado sus fotografías en la solicitud de fondos para la terminal de pescado a la Embajada Española, pretendiendo que eran miembros de su asociación. Don Roberto, de acuerdo a las pescaderas, también había comenzado a acosarlas. Les decía a los pescadores que no les vendieran a aquellos que pertenecieran a la Asociación de Final Los Andes y su gente atacaba a los miembros de aquella, volcando y echando a perder sus mercancías en Batallas, un pueblo cercano al lago. Parte de la razón para acusar a Doña Verónica (la líder de la Asociación de pescaderas entre 2000 y 2002) de mala administración financiera, probablemente fuera que ella se encontraba involucrada en la formación de asociaciones de pescaderas paralelas ubicadas en otros lados y aliadas con Don Roberto. Ambos bandos se acusaban mutuamente de manipulación y de 'buscar sus apetitos personales' (vale decir, ser corruptos); los dos lados negaban fuertemente las acusaciones.

A mediados de 2003, daba la impresión de que la Prefectura estaba dispuesta a encontrar un terreno para la terminal de pescado. El contexto político para esto fue el éxito de las movilizaciones campesinas aymara, de 2000 a 2001, uno de cuyos resultados había sido que el Prefecto había acordado otorgar el control sobre la tierra en el Alto a la CSUTCB de Felipe Quispe, para dos mercados campesinos en donde los productores pudieran vender directamente a los consumidores. La oficina del Servicio Departamental Agropecuario de la Prefectura (SEDAG), había hecho los arreglos para encontrar un terreno para la construcción de la terminal de pescado con la asistencia financiera de la Embajada de España. Como Don Roberto Quispe era amigo de la gente de SEDAG, se encontraba mejor posicionado para controlar la propuesta terminal de pescado. Los rumores sostenían que estaba planeando cobrar una cuota de afiliación de U$S 500 a cada una de las personas que quisieran vender el pescado allí, cuestión que vigorosamente negaba diciendo que eran calumnias y mentiras.

La Asociación Final Los Andes planteaba que debía estar a cargo de cualquier terminal, que en su opinión debía ser llamada 'centro comercial' de pescado, porque su Asociación había supervisado la venta de pescado en la ciudad durante 20 años. La diferencia en terminología es significativa dado que Quispe estaba argumentando en favor de una relación directa entre productor y consumidor, mientras que las pescaderas deseaban preservar su posición como intermediarias. Su caso podía ser más fuerte a los ojos de las autoridades del estado si tenían toda la documentación como asociación, específicamente una 'ordenanza municipal' que confiere a una asociación el derecho legal de comercializar en una locación determinada. El problema era que los sucesivos administradores municipales no estaban contentos con las locaciones que durante años las pescaderas venían eligiendo para sus mercados: los mercados de pescado son olorosos y desagradables y, particularmente, tienden a provocar oposición de los vecinos. Por lo tanto, no tenían garantizada la ordenanza municipal, y repetidamente trataron de mover a las pescaderas. Sin embargo, las pescaderas tenían personería jurídica, lo que las ayudó con su caso, y la Federación de Gremialistas estaba preparada a votar por su antigüedad.

Para agosto de 2003, las pescaderas y Roberto Quispe habían firmado un convenio bajo la supervisión de la Prefectura, prometiendo respeto mutuo. Eso implicaba que las mujeres de la Federación de Don Roberto Quispe no serían impedidas de vender su pescado en Final Los Andes pese a que, según Don Alberto, se esperaba que ellas apoyasen las actividades de la Asociación con contribuciones ocasionales pero pequeñas. A cambio, Roberto Quispe prometió no acosar a las pescaderas de Final Los Andes. No obstante, la disputa acerca de quién controlaría la comercialización del pescado en El Alto continuó. Cuando entrevisté a Don Alberto, me dijo que el Intendente era más o menos proclive a la creación de un centro comercial de pescado supervisado por las pescaderas Final Los Andes, pero accesible a los miembros de la Fedración de Don Roberto Quispe. Por otra parte, SEDAG (en la Prefectura) permaneció convencida de que Quispe debería dirigir la terminal. Sin embargo, tanto la Intendencia como la Prefectura afirmaban que ninguna organización podía cobrar montos extorsivos a quienes querían vender en las áreas que ellas controlaban, dado que eso iría en contra de las previsiones del libre comercio de la ley 21060.

Sustituyendo al estado

Las pescaderas afirmaban sus derechos de vigilar la venta mayorista de pescado en El Alto, y sustituir al estado en la regulación de esta esfera. Como en otras partes del mundo, las asociaciones de vendedores callejeros buscan proteger su capacidad de autorregularse tanto como sea posible (Basile y Harris-White, 2000). Esto también es compatible con la 'solución' neoliberal al sector informal que ha inspirado al gobierno boliviano desde la década de 1990, es decir, desregulación tal como es recomendada en el influyente libro de Hernando de Soto El Otro Sendero (1989). De Soto planteaba que los costos de ser legal en países en vías de desarrollo eran muy altos para los comerciantes pobres, en gran parte por la burocracia implicada en poner un puesto, adquirir un permiso, y demás. Su solución era reducir la regulación del estado en todos los sectores de la economía, lo que tendría el efecto de combinar lo informal con lo formal. Así, los gobiernos tienen dos grandes opciones para tratar con el mercado negro: o bien tratar de instigar una represión para forzar a la gente a formalizar o legalizar sus negocios, o bien permitir que el sector informal (o partes de ese sector) se autorregule, delegando los costos de regulación a entidades tales como los sindicatos, quienes devienen agentes del estado de facto. Los gobiernos nacionales de Bolivia no siguieron la recomendación de De Soto completamente, pero removieron impuestos a la venta para aquéllos que tenían un monto pequeño de capital,6 y dejaron la regulación de la venta callejera en manos de los gobiernos locales y los sindicatos. Los sindicatos defienden fuertemente esta situación, porque los deja en posición de negociadores con, y por lo tanto socios de, el estado; una posición que les da un poder considerable en el propio sector comercial. Sin embargo, esto puede ocasionar algo de inseguridad para los sindicatos, en tanto que esencialmente los arreglos ad hoc son vulnerables dentro del tipo de conflictos antes perfilados. En una situación conflictiva, siempre está el peligro de que los afiliados elijan abandonar la organización a la que perciban ubicada del lado perdedor (como hacen los electores con los partidos políticos; ver, por ejemplo, Lazar, 2004).

Bajo circunstancias cotidianas las asociaciones de vendedores callejeros tienen considerables responsabilidades regulatorias. Controlan cuántos vendedores pueden vender en su parte de la calle, o en un mercado fijo determinado, y formalizan la pertenencia de puestos particulares: supervisan cambios en la pertenencia, y definen y regulan el tamaño del puesto y los productos vendidos. El Directorio se mantiene atento por si alguien no va a su puesto regularmente, si no lo mantiene ordenado o si no cumple en limpiar su parte de la calle. En los últimos años, también han tomado la responsabilidad de organizar la vigilancia de su mercado a través de subir las cuotas para contratar seguridad privada. Para el año 2003, el problema de las pescaderas radicaba en que no eran completamente capaces de controlar o regular 'su' esfera. Sustituir al estado es un proceso que puede estar cruzado por tensiones y dificultades, y en esto la experiencia de las pescaderas no es inusual. El conflicto con Roberto Quispe significó que las pescaderas eran altamente vulnerables a las divisiones internas y al establecimiento de asociaciones paralelas. Se piensa que las asociaciones paralelas serán agraciadas por las autoridades por el hecho de pagar impuestos, sobornos, o prometiendo apoyo en las futuras elecciones. En este caso, hasta donde yo sé, la asociación de pescaderas paralela no había hecho tales cosas sino que su poder provenía de sus relaciones de amistad con Don Roberto Quispe. Él animaba a los miembros de su Federación a que vendieran pescado a los miembros de la otra asociación en lugar de vender a las mujeres de Final Los Andes. Reforzaba esa prohibición advirtiendo a quienes contravenían la orden que irían a pescar al lago. Las pescaderas de Final Los Andes estaban muy disconformes con el hecho de perder socios comerciales en el lago.

El conflicto entre las pescaderas y Don Roberto Quispe rondaba alrededor de acusaciones de abuso de poder por parte de los líderes. Las pescaderas acusaban a Quispe de acoso físico. Quispe argumentaba que las acusaciones de las pescaderas eran difamatorias. El conflicto se volvió altamente personal, tal como testifican las acusaciones de corrupción en ambas partes. Todas estas alegaciones indican la importancia del rumor y la sospecha acerca de los líderes por parte de las 'bases' (los militantes) en la política sindical: cada lado trataba de impugnar el carácter personal de los otros acusando que estaban 'buscando sus apetitos personales' (Lazar, 2005; Lazar, 2008). La acusación de Quispe acerca de que los líderes anteriores de las pescaderas habían obligado a los afiliados de la Asociación a bailar en las fiestas también era importante. Escuché frecuentemente en las asambleas generales a las que asistí su argumento de que 'ninguna parte de la constitución dice que bailar es obligatorio'. La opinión general era que estaba mal obligar a los afiliados a bailar en fiestas, en gran parte por el costo de los disfraces, de la banda, la cerveza, etc. Pese a que era aceptable multar a los miembros que no iban a las movilizaciones y marchas cívicas, bailar era menos obligatorio. Mi sospecha es que el constante énfasis retórico respecto de la naturaleza voluntaria de bailar sugiere que había quienes sentían que bailar era obligatorio del mismo modo en que lo son las movilizaciones y marchas cívicas. No obstante, los efectos ampliamente conocidos de la crisis económica y, particularmente, el aumento del protestantismo evangélico, implicaban que obligar a la gente a bailar y beber alcohol era menos aceptable ahora que antes. La danza es una de las formas en que las asociaciones refuerzan su comunalidad y unen a sus miembros. Entonces, el argumento acerca del derecho a no participar es un acto político, y subraya las formas en que los cambios en las normas culturales están minando algunos comportamientos colectivos. Cuando Quispe y otros se refieren a la Constitución Boliviana para hacer su reclamo, están partiendo de discursos basados en derechos legales, lo que entra en conflicto con los sentidos más comunales de comprender la membresía a la Asociación.

Las tensiones resultantes de diferentes entendimientos en competencia respecto de la relación entre comerciantes y sindicatos también se revela en la cuestión de la afiliación misma. Quispe acusaba a las pescaderas de impedir a las mujeres de las provincias vender pescado a Final Los Andes a menos que pagasen para afiliarse a la Asociación, y de demandarles su afiliación a las detallistas que les compraban. Por su parte, las pescaderas decían que Quispe estaba proponiendo demandar U$S 500 a los nuevos afiliados de su asocación una vez que la terminal de pescado estuviese construida y que él estuviese a cargo; una afirmación que él negó vigorosamente. Pese al énfasis de los funcionarios civiles acerca de la importancia de la libertad de comercio, nadie cuestionaba la necesidad de pagar para afiliarse a una asociación, o la importancia de tener una asociación a cargo del espacio del mercado. Sus preocupaciones están más puestas en los detalles: las detallistas no podían pagar la afiliación a Final Los Andes porque ya venían pagando cuotas a la Asociación de vendedores donde vendían el pescado; el monto de U$S 500 sería abuso de poder, no el hecho de cobrar por la afiliación per se; y las mujeres de las provincias no podían afrontrar pagar tanto como se decía que Final Los Andes les demandaba. El acuerdo en agosto de 2003 protegió a las mujeres de las provincias de pagar altas cargas, pero dejó abierta la posibilidad de que les cobraran una suma pequeña por cada día que vendían en Final Los Andes. Más aun, ambas partes del conflicto se burlaron de la sugerencia de los funcionarios acerca de que ambas asociaciones podían controlar la terminal de pescado. Sin duda, ambas partes reconocían que controlar la terminal traería dinero y poder a sus organizaciones, así como que los vendedores de pescado se inclinarían a abandonar al sindicato perdedor y afiliarse al otro.

El rol de la Federación y las relaciones entre la Federación y sus asociaciones

La Federación proveyó un apoyo crucial a las pescaderas de Final Los Andes en su lucha por el derecho a regular su área particular, apoyo que dependió de las personalidades individuales involucradas en ambas partes. Las formas en que funcionó revelan bastante acerca de la naturaleza del liderazgo en estos sindicatos. Tal como me comentó Don Alberto, las pescaderas habían enfrentado muchos problemas en su historia. Su énfasis respecto de los pormenores de su relación con la Federación de Gremialistas indica la importancia por él atribuida a la protección que les daría su afiliación a la Federación. El comité ejecutivo de la Federación comprendió su rol protector de conferir legitimidad creciente a la Asociación así como de proveer asistencia práctica.

Diferentes miembros del comité ejecutivo asistieron a las pescaderas en tratar con el estado, por ejemplo, acompañándolas a la Prefectura, demandando acceso para ellas y presentando su caso en términos que la 'gente' de la Prefectura entendiera. Don Braulio Rocha (el Secretario Ejecutivo de la Federación) también arregló una reunión con Roberto Quispe, para tratar de resolver el problema sin la interferencia de las autoridades. Los líderes de la Federación también estaban muy involucrados en la política interna de la Asociación de las pescaderas. Del principio al fin del conflicto con Don Roberto Quispe, Don Alberto Mamani le advirtió a Doña María y su directorio lo que deberían hacer cuando se confrontasen con los rumores de espías en las asambleas generales, cuando la gente esparciera rumores acerca de ellos ante dificultades con sus maridos y otros problemas. Por ejemplo, a comienzos de julio, un grupo de cinco miembros del directorio, incluyendo a Doña María, fueron a la oficina de la Federación muy preocupados porque se habían enterado de que le habían dado cierta tierra a Quispe, y pensaban que era para construir una terminal. Una mujer estaba cerca de renunciar: señalaba que había perdido sus caseros o clientes regulares porque había estado ocupada con el conflicto y no había salido a vender lo suficiente. Todos se sentían frustrados y ansiosos respecto de la situación. Don Alberto los llevó a una oficina interna para aconsejarles cuál era la mejor forma de continuar su lucha. Recomendó que Doña María organizara comisiones para ir a diferentes lugares, ponerse al tanto de lo que estaba pasando y luego volver e informar al resto. Dijo que estas comisiones deberían ir a todas partes: si Roberto Quispe entra a la oficina de un funcionario, entonces ellos también deberían ir detrás de él. En el caso de audiencias oficiales, deberían ir todos. En general, el directorio debería estar unificado y no mostrar ninguna duda o conflicto. Les dijo que ser un líder es como ser marido y mujer, quienes pueden pelear pero no deben hacerlo frente a sus hijos, y que sus bases eran sus hijos. Lo importante para Doña María era el 'ponte fuerte, yo sé que estás una compañera revolucionaria. Ellos [Quispe y los aliados] tienen capital en dinero, nosotros tenemos capital humano'. Les dijo que no se dejaran vencer por la 'guerra psicológica' de rumores y chismes que buscaba volver unos contra otros a los miembros del directorio, dado que esto era una parte inevitable de ser un líder. Les dijo que su bjetivo era llegar al punto en que la gente decide no pelear más y negociar, les aconsejó discutir acerca de lo que serían capaces de acordar si esto pasaba y les aseguró que la pelea no podia continuar para siempre.

La combinación hecha por Don Alberto de lo militar/revolucionario y las metáforas familiares es notable, y es típico del discurso de la Federación. Junto con esta cuestión, la importancia del incidente anterior es doble. Primero, está claro que proseguir tales confictos complejos y dificultosos era una experiencia extremadamente tensionante para los directorios, y ellos dependían de asistencia y seguridad por parte de la Federación. Era muy difícil para Doña María, una situación a la que se le sumaba el hecho de que su marido estaba comenzando a enojarse por la cantidad de tiempo que ella pasaba con las cosas de la Asociación. En segundo lugal, el principal objetivo del consejo de Don Alberto era animar a Doña María a liderar de una manera más efectiva, desde los consejos prácticos respecto de que ella debería decirle a su directorio dónde ir y lo que necesitaban averiguar; hasta animarla a ser fuerte y no escuchar el chusmerío malicioso. Pese a que la retórica dominante alrededor del liderazgo es que los líderes sirven a sus bases (ver Lazar, 2008), esta posición no era inconsistente con la necesidad de un liderazgo fuerte en tiempos problemáticos. Las bases toman la decisiones finales pero, cotidianamente, la Secretaría General tiene que ser capaz de tomar decisiones rápidas respecto de lo que debería hacer su directorio, y promover el acatamiento de esas decisiones. Don Alberto estaba entrenando a Doña María como una líder sindical; él le dijo 'eso es luchar sindicalmente'.

Don Alberto era un sindicalista experimentado, con una trayectoria en sindicatos campesinos y como secretario ejecutivo de la federación de trabajadores que vendían en el mercado anual Alasitas, en El Alto.7 Asistió a muchas capacitaciones organizadas por la Embajada Cubana y estaba bien conectado políticamente. Otros líderes de la Federación aconsejaron a las pescaderas y las ayudaron cuando iban a audiencias con las autoridades del estado, y en explicar la situación a sus afiliados en las asambleas generales. Las reuniones eran apoyadas con montañas de documentación que ellos preparaban, incluyendo cartas al Prefecto y al Intendente, varios 'votos resolutivos' y una declaración de estado de emergencia, sin dejar de mencionar cartas y acuerdos con Quispe, denuncias a la Federación y declaraciones de testigos.

Los miembros del comité ejecutivo de la Federación suelen ser personas altamente experimentadas en el trabajo sobre cuestiones complejas, con muy poca asistencia legal cualificada y sin salarios. Ciertamente es remarcabale que la gente tenga la energía de trabajar de este modo, y servir a su comunidad bajo estas condiciones era muy importante para su orgullo. El reconocimiento de lo señalado era todo lo que dijo querer Don Alberto durante las discusiones antes descriptas. Les preguntó a las mujeres '¿que interés tengo yo en dañarlas [con un mal consejo]?', y se respondió a sí mismo diciendo 'mi único interés es ayudarlas y tener un día un saludo respetuoso'. Las pescaderas también usaban experiencias particulares para hacer que los líderes de la Federación las ayudaran. Justo antes de su audicencia en la Prefectura, fueron a la oficina central de la Federación con una enorme comida apthapi de diferentes clases de pescado frito, huevos, papas, chuño y tunta. Junto con las pescaderas, todos los presentes compartieron la comida, comiendo hasta el hartazgo de la montaña de alimentos. Un apthapi es un modo de organizar una comida comunitaria donde cada participante contribuye con algo de comida. Las contribuciones se ponen en una pila enorme sobre un mantel awayu en una mesa (o sobre el piso), y todos comen la comida que quieren. Luego de que todos quedamos satisfechos, Don Braulio dio un discurso para agradecer a las pescaderas. El apthapi en las oficinas de la Federación era un medio de ganar ayuda del Comité Ejecutivo a través de las obligaciones creadas por compartir la comida, un ejemplo de la importancia de la comensalidad en la creación de agencia (Harris, 1982). El apthapi era más que simplemente pagar a la Federación por su apoyo futuro a la Asociación cuando tuviesen que ir a la oficina del Prefecto. Creó la obligación por parte de la Federación de cumplir este rol de manera efectiva, y puede ser visto como una de las formas en que son actualizadas nociones relacionales de individualidad en prácticas colectivas (ver Lazar, 2008) para crear acuerdos particulares de agencia y obligación.

El vínculo entre los líderes de la Federación y sus bases, que son los directorios de las asociaciones, es entonces forjado, tanto en las prácticas cotidianas de resolución de problemas como en las prácticas rituales de compartir comida o, más comúnmente, gaseosas. La comida y la bebida tal vez pueden ser vistas como el pago por servicios prestados, especialmente porque los líderes sindicales no tienen un salario. Sin embargo, la práctica de compartir comida y bebida tiene fuertes paralelos rituales con los modos en que la gente se relaciona con los espíritus (Abercrombie, 1998; Fernández Juárez, 1995; Lazar, 2008). En algún sentido, la relación así constituida a través del intercambio también es similar: es una relación desigual entre los que tienen más poder o conocimiento y los que necesitan su ayuda. La comensalidad anima un sentido de obligación e intercambio entre los que comparten la comida, pero no garantiza de una manera absoluta que aquéllos a quienes se apela responderán. Los líderes sindicales que trabajan duro lo hacen por diferentes razones, tales como el prestigio que surge de hacer bien un trabajo, la convicción personal, o porque no tienen otro empleo en ese momento. Pero ser un líder sindical puede ser muy cansador y puede involucrar una cantidad de esfuerzo considerable. Las complejidades de los conflictos que surgen también pueden conducir a niveles altos de tensión provenientes de las relaciones tirantes y del faccionalismo implicado en el proceso de autorregulación en el estado. El conflicto que aquí se discute ilustra algunas de las implicancias prácticas de la decisión de asumir un rol de liderazgo y hacerlo bien.

El estado: mediación y negociación

El conflicto entre las dos asociaciones era, legalmente hablando, acerca de la libertad de comercializar. Algunos de los funcionarios involucrados planteaban que si cada parte iba a controlar una terminal de pescado y poner cargas extorsivas a los futuros afiliados, estarían infringiendo los reglamentos de libre comercio del Decreto 21060.8 Sin embargo, la gente de la Municipalidad y la Prefectura no llevó la noción de libre comercio tan lejos como para asumir que la existencia de un sindicato que controla el acceso a la terminal de pescado implica quitar libertad al comercio, o que controlar el acceso era más bien el rol del estado. Estaban más que dispuestos a negociar con los representantes de los productores y mayoristas/distribuidores de pescado, y algunos estaban preparados para apoyar los reclamos de una asociación respecto de la otra. De este modo, a través de la implementación de políticas económicas y leyes neoliberales, el estado boliviano reforzó la necesidad de organización colectiva fuera de él, dado que sus agentes no podían negociar directamente con las unidades de producción doméstica que habían sido producidas a través de la reestructuración económica neoliberal (Lazar, 2008). Los sindicatos y el estado son interdependientes: el estado otorga legalidad al sindicato y, a cambio, necesita organizaciones para hacer el trabajo regulatorio (Cross, 1998). Por otra parte, los sindicatos buscan defender a sus miembros de las medidas de un gobierno a veces predatorio, cuando consideran que éste intenta sobre-regular (Clark, 1988). Como Foweraker (1990) ha señalado, la habilidad de los sindicatos para resolver problemas prácticos para sus miembros, usualmente requiere de algún tipo de negociación con el estado. En Bolivia, los actores estatales no negocian (o no pueden negociar) con individuos, de manera que las organizaciones colectivas se vuelven necesarias como contrapartes.

La lucha de las pescaderas echa luz sobre dos importantes formas en que las asociaciones de comerciantes median entre sus miembros y el estado en diferentes aspectos. En primer lugar, ilustra cómo los ciudadanos bolivianos se relacionan con el estado a través de protestas. En el caso de las pescaderas, tal como me explicó un funcionario, el motivo por el cual SEDAG estaba tan dispuesto a ayudar a Roberto Quispe era que estaban respondiendo a una de las demandas en un 'pliego petitorio' presentado durante una marcha de protesta que encabezaba él. En el contexto de presiones desde el gobierno nacional para responder a las demandas de los campesinos de CSUTCB durante sus bloqueos de 2000 y 2001, era muy importante que SEDAG respondiera tanto como pudiese ante un conjunto similar de demandas. Si esto significaba que fueran en contra de los intereses de otro grupo de gente (quienes, como lo señaló Don Alberto, participaron de la marcha) entonces eso era, tal vez, un efecto colateral desafortunado. Las discusiones de las pescaderas respecto de sostener una marcha o ir a huelga de hambre para poner sus demandas frente a las autoridades eran una respuesta racional a este aspecto de su relación con el estado. Como me dijo su rival, Don Roberto Quispe, 'cada ciudadano tiene todo derecho de exigir sus necesidades'.

En segundo lugar, y en tanto tema principal de esta sección del artículo, está la relación de las asociaciones de comerciantes y la Federación con la burocracia del estado, y el rol del personalismo en esa relación. Por lo tanto, este apartado también examina mediante la etnografía cómo operan las burocracias estatales en Bolivia. Estuve presente una tarde en que las pescaderas fueron a ver al Prefecto. Estaban particularmente preocupados en llegar temprano a su cita de las tres de la tarde porque en la cita previa habían sido echados por llegar cinco minutos tarde. Una de las 'personas' del Prefecto, un joven, salió cuando estaban afuera preparándose, para decirles que el Prefecto no los vería y que deberían ir a las oficinas de SEDAG en El Alto. No obstante, insistieron y fueron a la oficina del Prefecto en un grupo de alrededor de 15 personas (los miembros del directorio). La secretaria les explicó en la recepción que su caso estaba siendo tratado en las oficinas de SEDAG en El Alto, y que sabrían del tema el lunes siguiente. No obstante se quedaron, y Don Alberto Mamani fue a la oficina de otra secretaria en el interior del edificio para ver si podían tener una audiencia con el Prefecto. Don Alberto fue seguido por otros tres miembros del Comité Ejecutivo de la Federación de Gremialistas, y a todos se les permitió pasar.

El resto de nosotros esperamos en la recepción, hasta que los delegados de la Federación salieron a decir que la gente del Prefecto no nos recibiría, al punto que fuimos forzados a esperar en el pasillo, entre la oficina de recepción y las oficinas de los funcionarios. Esperamos allí alrededor de dos horas. Varios funcionarios salieron para hablar con los delegados de la Federación, o para tratar de movernos. Nos pusieron a esperar en una oficina, pero luego dijeron que había que evacuarla porque tenían una reunión. Una mujer trajo sillas para que nos sentáramos en el pasillo. Las pescaderas se sentaron, conversando, comiendo a escondidas, hablando por sus teléfonos celulares, discutiendo que tal vez deberían hacer una huelga de hambre o ir a la prensa para ser escuchados, y luego, riéndose y haciendo chistes. Eventualmente, fuimos escoltados hacia la oficina de reuniones, y nos encontramos con uno de los principales asesores del Prefecto. Al comienzo, Don Alberto explicó el caso de las pescaderas de manera clara y relativamente concisa, mientras que los miembros del directorio de las pescaderas superaban sus nervios iniciales de hablar. Don Alberto planteó lo que para él eran los puntos clave, y gradualmente fue retrocediendo, al tiempo que el directorio de las pescaderas, particularmente los hombres, tomó un rol mayor en las discusiones. Las mujeres inicialmente se focalizaron en el acoso que sufrían y que, pensaban, era por instigación de Roberto Quispe. Pese a que el asesor del Prefecto les dijo eso estaba fuera de jurisdicción y debería ser llevado a los cuerpos legales relevantes, la reunión probablemente ayudó a que la Prefectura tomara más seriamente al caso de las pescaderas.

El principal foco del asesor estuvo puesto en las variadas competencias legales de las diferentes entidades invoclucradas. Por ejemplo, dijo que no era responsabilidad de la Prefectura el reconocer una federación o asociación en lugar de otra, que dependía de la Federación de Gremialistas acordar con el cuerpo que está por encima de la Federación de Don Roberto Quispe, que él pensaba era CSUTCB. El asesor sostuvo que la Prefectura sólo podía ser un intermediario entre las diferentes partes, y que eso era responsabilidad de SEDAG. Don Alberto y las pescaderas señalaron que la gente de SEDAG se había puesto del lado de Don Roberto Quispe en la disputa. También explicaron sus planteos acerca del comportamiento de Roberto Quispe, y dijeron que estaba haciendo un mal uso del nombre del Prefecto al decir que la Prefectura había autorizado algunos de sus ataques a las pescaderas. De hecho, el asesor no estaba plenamente al tanto de los detalles del caso: por ejemplo, estaba equivocado acerca de que la Federación de Roberto Quispe era parte de CSUTCB. Desde su punto de vista, el propósito era persuadir a los solicitantes de tratar con SEDAG, que realmente conocía todos los detalles. Prometió que trataría de asistir a la próxima reunión, o de enviar otro delegado, en orden de evitar cualquier parcialidad de la Prefectura. También explicó el contexto político del acuerdo entre el gobierno nacional y CSUTCB en agosto de 2001 para el establecimiento de dos 'mercados campesinos' en El Alto. 9

Las pescaderas y Don Alberto pusieron al asesor de la Prefectura en una posición difícil en más de una forma: querían reunirse con el propio Prefecto o que él fuese el mediador entre ellos y Roberto Quispe. Querían llegar directamente a la cima, en parte por el poder del Prefecto de invalidar a sus subordinados, en parte por la estructura de la burocracia en un sentido más general. Esta estrategia no era peculiar de las pescaderas: en una discusión no relacionada con el tema, respecto de si el Intendente acordaría reunirse con la Federación, Don Jorge dijo elocuentemente '¿cómo que con el payaso nos vamos a hablar? Con el dueño del circo tenemos que hablar'. Todo rondaba alrededor del Prefecto, de modo que parecía que todas las decisiones estaban tomadas por él, y que todos los funcionarios hablaban en su nombre. Por ejemplo, el asesor en aquella reunión dijo repetidamente que el Prefecto comprendería los problemas de las pescaderas, y que los respetaba porque él mismo tenía experiencia en el liderazgo sindical; el asesor nos hablaba en nombre del Prefecto y no en el suyo. En una asamblea general de las pescaderas, otro representante de la Prefectura les dijo que 'El Señor Prefecto es tan generoso, tan bueno, que está ayudando a todos, a toda la gente... El Señor Prefecto no quiere que sufra nadie'.

En el caso del Prefecto de ese entonces, Mateo Laura, había una tercera razón para intentar llegar a hablar directamente con él. Laura es indígena, y las pescaderas sentían que él entendería su situación. Una señora dijo que querían hablar directamente con Laura porque 'es como nosotros, gente nomás es'. Aquí 'gente' es la traducción española de la palabra aymara 'jaq'i', que significa persona aymara (ver Canessa, 1998). Roberto Quispe también estaba al tanto de esto, y una vez llamó al Prefecto 'provinciano', queriendo decir alguien de la provincia, del campo. La etnicidad de Laura le daba un volumen de credibilidad sustancial entre muchos de los alteños. Desafortunadamente, en ese momento particular, estaba demasiado ocupado para reunirse con las pescaderas, según los varios funcionarios que hablaron con ellos. Con todo, según las pescaderas, les habían prometido una audiencia con Laura y este evento particular era su tercer intento. Habían sido echados repetidamente por la 'gente' del Prefecto, diciendoles que volviesen en otra fecha.

La experiencia en la Prefectura es típica de las experiencias de los bolivianos respecto de la burocracia del estado. Las varias capas de 'gente' que tienen los políticos pasan mucho de su tiempo cuidando las puertas, controlando el acceso a la fuente real de poder, y no tienen la autoridad de tomar decisiones por sí mismos. Son los funcionarios que se ubican entre los peticionantes y los políticos quienes echan a los primeros, nunca los políticos. Así, se crea una dinámica donde el político puede estar más allá de los reproches, porque siempre es posible que él (sic., usualmente) esté siendo protejido de la verdad por su 'gente', aun cuando puedan estar hablando en su nombre. Así, si dicen algo bueno, están hablando en su nombre, de lo contrario lo están protegiendo de la verdad. Los peticionantes, los representantes de la autoridad del estado y el mismo político, todos participan en construir esta creencia, por lo menos al nivel del discurso explícito.

También suele darse que los servidores civiles tratan de manera tan mala a los peticionantes que la reunión potencial con los políticos toma un aura de milagro: luego de dos horas de esperar en la Prefectura estábamos todas un poco mareadas y sonrientes y, de alguna manera, Mateo Laura tomó aspecto de un fin mágico y largamente esperado de cara a esa prueba de fortaleza y paciencia. Ciertamente, obtener una reunión habría sido un logro en sí mismo. Me sorprendió la paciencia de la gente de las pescaderas al esperar con tanta paciencia algo que ellos consideraban como su derecho; es decir, una audiencia oficial con el Prefecto. Solamente pudieron ser apaciguados a través de la posibilidad de elevar sus preocupaciones a un asesor importante, ciertamente no a un funcionario de baja jerarquía o una secretaria, pese al hecho de que el asesor importante les dijo precisamente lo mismo que había dicho la 'gente' de menor status, es decir, que su caso sería tratado en SEDAG.

La cuestión de la parcialidad de SEDAG también era un aspecto importante de la personalización de la burocracia, dado que las pescaderas sabían que Roberto Quispe había hecho amistad con uno de sus funcionarios. Convencidos de que la Prefectura estaba tan dipuesta a ayudarlo debido a esto, las pescaderas no tenían ilusión alguna de la imparcialidad burocrática (Herzfeld, 1992). Sin embargo, sentían que si el propio Prefecto escuchara su petición, de alguna manera, podría ser imparcial. Hablando en términos prácticos, también necesitaban apelar más arriba de la cabeza del funcionario de SEDAG. La historia de las pescaderas también muestra de diversas maneras la importancia del contacto persona-a-persona, por ejemplo, la preocupación de que el acoso de las autoridades era, en parte, resultado de la influencia que detentaba en la municipalidad el líder de una asociación con la que ellas competían. Las conexiones personales de Don Alberto con Irineo Espinoza también eran importantes para las negociaciones asociadas con las disputas.

En otra parte he discutido el personalismo durante las campañas electorales (Lazar, 2004; ver también Banck, 1998; Mayorga, 1991; Saravia y Sandoval, 1991), y la historia de las pescaderas constituye un ejemplo de ese personalismo en acción, como parte del funcionamiento cotidiano de la burocracia. El modo en que me fue contada la historia a través del tiempo, muestra que la política y las actividades ordinarias del estado se comprenden claramente como acciones de individuos, antes que como el funcionamiento de un sistema burocrático impersonal. Por supuesto, la idea de que 'el sistema' debería funcionar de esa forma, independientemente de las personalidades individuales, es una noción que proviene del norte de Europa y del Atlántico norte, que es culturalmente específica y probablemente excepcional, tal como fue sostenido por Michael Herzfeld (1992). En el caso boliviano, la personalización de la burocracia puede tener algunos efectos negativos, por ejemplo, la estructura jerárquica de las agencias del estado implica que las decisiones pueden llegar a concentrarse en una persona, de aquí que los procesos de toma de decisiones y de resolución de conflictos se ralentizan. Más aun, la frecuencia de los cambios de personal debido a la naturaleza política de los cargos en todos los niveles, puede implicar la pérdida de continuidad en lo que respecta al estado. La continuidad surge más bien del prolongado involucramiento de la Federación con la Asociación de las pescaderas, y de la memoria histórica de Don Alberto y el directorio de las pescaderas, que de las diferentes ramas y departamentos del estado.

No obstante, la Prefectura fue finalmente capaz de negociar alguna suerte de resolución del conflicto. Siguiendo la reunión con el asesor descripta anteriormente, la Prefectura involucró un departamento diferente, el de la Seguridad Ciudadana, dadas las alegaciones de acoso. El Departamento estaba claramente preocupado en resolver las cosas de una manera amigable y, probablemente, su involucramiento implicó que Roberto Quispe haya sido empujado a una posición desde la que tenía que llegar a un acuerdo con las pescaderas. Al mismo tiempo, la Alcaldía comenzó a pensar en quién debía vigilar la venta de pescado en la ciudad, aun cuando al principio había propuesto lugares para la terminal de pescado que eran totalmente inapropiados. Estuvo más dispuesta a considerar los reclamos de las pescaderas del Final Los Andes, y eso significó un contrapeso a la alianza del SEDAG con Quispe.

Jurisdicción: rural y urbano

Una de las cuestiones principales para todos los involucrados en las disputas fue cómo negociar la relación rural-urbano. Los líderes de la Federación de Gremialistas persistían articulando dicha relación como una división entre lo rural y lo urbano. Sostenían que la Asociación Final Los Andes había estado vendiendo pescado en la ciudad del El Alto por veinte años, y que a ellos les pertenecía la jurisdicción respecto de cualquier actividad urbana. Don Jorge, por ejemplo, dijo: 'son dos cosas, uno es urbano, y otro rural... ¿somos urbano o somos rural?'. Utilizó el hecho de que su Asociación 'pertenecía' a la Federación de Gremialistas, que es urbana, para subrayar este punto. En la misma reunión, Don Eugenio (otro miembro del comité ejecutivo de la Federación) dijo que los miembros de la asociación paralela deberían afiliarse a la Asociación Final Los Andes porque estaban en un área urbana, 'que es nuestra jurisdicción'. Cuando Don Braulio se reunió con las pescaderas, enfatizó consistentemente que respetaba a la federación del Roberto Quispe, pero en su lugar.

Ciertamente, el caso era que ambas partes se organizaban en diferentes esferas: una focalizaba en el espacio urbano, donde se vende el pescado, mientras que la otra focalizaba en la pesca, que se lleva a cabo principalmente en el lago Titicaca. Sin embargo, por necesidad, las dos regiones se entretejían mutuamente. Las mujeres de la Asociación Final Los Andes tenían que ir al lago y comprar el pescado a los pescadores, mientras que la federación de Roberto Quispe quería el derecho de traer pescado desde el lago hasta El Alto para venderlo allí. La situación se complicaba aun más por el hecho de que las mujeres y los hombres de la Asociación Final Los Andes no vivían todos en El Alto. Algunos tenían doble residencia, otros vivían en las provincias. Los que vivían principalmente en la ciudad solían tener su pueblo (lugar de nacimiento) en al área del lago y solían comprar pescado de su familia y paisanos que vivían allí. Los afiliados de Quispe probablemente estaban en una situación similar. El propio Quispe pasó mucho tiempo en la ciudad atravesando todo el proceso legal asociado con la disputa. Por lo tanto, tal vez sea comprensible que, de acuerdo a los involucrados, el Intendente haya pensado que la federación de Don Roberto Quispe y la Asociación Final Los Andes eran una y la misma cosa. Ciertamente, fue fácil para Quispe convencer a la Embajada Española de que lo eran.

La distinción era bastante sutil, estaba focalizada en personalidades individuales dentro de las diferentes organizaciones así como en el lugar del locus central de la personería jurídica de cada organización. Sin embargo, la distinción era crucial en el sentido legal y político, no era algo menor, dado que las diferentes áreas caían bajo jurisdicciones diferentes del estado: el gobierno municipal de El Alto era responsable por la ciudad, mientras que la Prefectura (especialmente la oficina de SEDAG) era responsable por las provincias. Los diferentes sindicatos intentaron hacer jugar una parte del estado en contra de la otra: mientras que las pescaderas utilizaban las conexiones personales de Don Alberto para influenciar al Intendente, Quispe usó su amistad con los funcionarios de SEDAG para influenciar a la Prefectura (Cross, 1998). El conflicto era esencialmente una disputa entre asociaciones rivales de vendedores de pescado y organizaciones de pescadores, y ambos grupos atravesaban lo rural y lo urbano. Sin embargo, cuando el conflicto se desató, los miembros de los dos grupos hicieron una distinción entre urbano y rural, y querían que fuera respetada. En una reunión en la oficina de la Federación, un hombre dijo: 'Como residente, soy un vecino de la ciudad de El Alto. Defiendo mi provincia, sí, pero allá. Aquí [en la ciudad] me defiendo aquí'. Otros planteaban que los pescadores de las provincias tenían sus propios mercados en el campo, donde podían vender su producción, y que el área urbana estaba adecuadamente bajo la jurisdicción de la Federación y de la Asociación Final Los Andes.

Así, en el corazón del conflicto estaba la lucha por la posición de intermediario comercial. Eran las mujeres de Final Los Andes las más resentidas respecto del hecho de que Quispe estaba previniendo a la gente que vivía en la zona del lago, con quienes ellas tenían una relación comercial especial de venderles pescado, especialmente porque sus socios comerciales eran parientes en más de un caso. Sin embargo, él presentaba sus demandas en tanto que demandas por el derecho de vender desde el productor (rural) directamente hacia el consumidor (urbano), y los funcionarios de SEDAG consideraban que éste era un principio importante. Florence Babb describe un caso similar en Perú en la década de 1970, cuando las agencias del estado intentaron puentear a las mujeres del mercado y crear ferias donde los productores podían vender directamente a los consumidores. Allí, las campañas no fueron exitosas, dado que los productores generalmente prefieren vender en grandes cantidades a compradores seguros, antes que pasar su tiempo vendiendo pequeñas cantidades. Ellos reconocían el valor que las mujeres del mercado agregaban a los productos que vendían, en la cantidad de trabajo puesta en empacar, transportar, construir una base de clientes, etc. (Babb, 1988). Las pescaderas de Final Los Andes señalaron que los pescadores no suelen atrapar suficiente pescado como para garantizar el uso del tiempo y del dinero para viajar a El Alto; en cambio, suman pequeñas cantidades de pescado de diferentes fuentes para hacer que valga la pena. Como uno podría esperar, Don Braulio y los líderes de la Federación eran completamente opuestos a puentear a los intermediarios comerciales. En una reunión, Don Braulio dijo 'no podemos defender la venta directa del productor al consumidor, qué desgracia cuando no hay fuentes de trabajo'. Su punto refleja otro argumento surgido con el influyente artículo de Hart (1973), acerca de que el empleo en el sector informal absorbe el excedente de trabajo del sector formal, una función crucial en la presente crisis económica.

Don Braulio también estaba afirmando el sentido de la responsabilidad social de la Federación de proteger empleos en la ciudad, tal vez en contraste con la proposición comercialmente más eficiente de Roberto Quispe. Algunas de las acusaciones contra Don Roberto Quispe implicaban que él se parecía más a un hombre de negocios que a alguien que actuaba por los intereses de sus afiliados: él buscaba rediseñar el proceso comercial, a través de vender directamente desde el productor al consumidor y de aplicar altas tarifas para acceder a la terminal, en dólares; ambas cosas implicaban que la gente perdería sus recursos. También lo acusaban de que buscaba servir a sus intereses individuales antes que a los de la colectividad. El conflicto entre las organizaciones no era sólo acerca del territorio y el poder político sino también respecto de intereses comerciales en competencia, los cuales eran discutidos usando el rótulo de la diferencia jurisdiccional. Pese a que en el conflicto ambas partes eran tanto negociantes como poseedoras de un sentido de responsabilidad social para con sus miembros, las dos estaban interesadas en caracterizar a sus oponentes como comercialmente motivados más que interesados en servir a sus afiliados o al bien más amplio.

La posición de las pescaderas como intermediarios comerciales es difícil, colmada de faccionalismo y conflicto. Cruzan fronteras geográficas y culturales entre el campo y la ciudad, sus asociaciones median fronteras políticas entre el estado y el ciudadano, y son expertas en la manipulación de las diferentes esferas. Se presentan a sí mismas como representando a sus miembros y teniendo un sentido de responsabilidad social antes que valorando la eficiencia en los negocios. También ponen un énfasis considerable en organizarse como un colectivo, luchando contra las presiones del faccionalismo y el individualismo, y enfatizando una pertenencia orgánica respecto de una membresía basada en derechos y responsabilidades. Sin embargo, su fortaleza y su coherencia como organización radica en la habilidad para mediar con el estado y resolver conflictos en su asociación, y entre su asociación y sus rivales. Ésta no es una tarea fácil en la díscola esfera de negocios en competencia e intereses políticos que es el comercio en El Alto.

Etnicidad, comercio y agencia política

En la historia de las pescaderas vemos las complejidades de la posición liminal del intermediario comercial; y quiero concluir este artículo yendo desde su caso específico hasta llegar a estimar la importancia política que tiene esto para El Alto como un todo, así como discutir brevemente los eventos de septiembre-octubre de 2003. Para ello, se vuelven relevantes los vínculos entre etnicidad, comercio y agencia política. La historia de las pescaderas subraya una manera en que se relacionan la etnicidad y el comercio en El Alto y en las provincias que lo rodean. En una primera mirada parece ser un conflicto entre las cholas, o sea las mujeres del mercado que son las intermediarias clásicas entre los campesinos de las provincias (los pescadores) y los consumidores mestizos (o cholos) en la esfera urbana. Sin embargo, mirando más de cerca, vemos que, en primer lugar, las pescaderas Final Los Andes son parte de una larga cadena de comercio en la esfera urbana. Es cierto que venden a los consumidores, pero también les venden a las detallistas, es decir, las mujeres que van a los mercados en El Alto y La Paz y que venden en pequeñas cantidades a los consumidores. En segundo lugar, compran el pescado de los pescadores en las provincias, pero los pescadores frecuentemente son miembros de sus familias. Alternativamente, pueden basarse en las provincias e ir a vender al mercado de Final Los Andes algunos días por semana, tal vez quedándose en casa de parientes en El Alto, o poseyendo una casa en la ciudad y otra en el interior. Su identidad étnica cambia al moverse del campo a la ciudad y viceversa, y las fronteras entre ambos son borrosas. Con todo, al mismo tiempo distiguen entre las dos esferas de cara a propósitos políticos, en orden de defender su derecho a trabajar y a vender. Esta dinámica de separación retórica entre lo rural y lo urbano, y la porosidad práctica de sus fronteras, no está confinada a grupos como las pescaderas sino que es una característica clave de El Alto en general, y que posee implicancias políticas importantes.

El comercio en los Andes está étnicamente marcado (Larson y Harris, 1995; Peredo Beltrán, 1992; Rivera Cusicanqui, 2002; Seligmann, 1989; Seligmann, 1993; Weismantel, 2001). Las mujeres del mercado en El Alto y La Paz son conocidas como cholas, y El Alto es una ciudad de cholos: la mayoría de sus habitantes, o sus padres, han migrado desde áreas rurales indígenas, y el 27% de los mayores de 15 años trabajan en el comercio, una estadística remarcable y posiblemente una subestimación, dado que la gente suele involucrarse en actividades comerciales de manera ocasional aun cuando primariamante se consideren amas de casa, estudiantes, etc. Como tal, está 'en el medio' de diversos conjuntos de flujos de personas y objetos, tal como los bienes producidos en las provincias que son traídos a la ciudad para venderlos junto con el contrabando transportado desde las fronteras con Chile y Brasil. Como ha planteado Linda Seligmann, esa posición intermediaria puede ser una fuente de poder político. Los mestizos urbanos y los blancos dependen de las cholas para productos tales como pescado y otras comidas. La vinculación que establecen las cholas entre la economía campesina y el mercado nacional, las convierte en 'nodos cruciales de la economía nacional' (Seligmann, 1989: 707). Las cholas defienden ferozmente su posición de intermediarias, así como las pescaderas se oponían a la venta directa desde el productor al consumidor. La combinación de esta posición de intermediarios y la posición de El Alto como punto de unión entre la ciudad de La Paz y el resto del país, significa que la acción concertada por parte de grupos bien organizados para bloquear la ciudad de La Paz puede resultar en una situación donde los alimentos simplemente no puedan entrar a la ciudad y la gente no pueda salir. La táctica de sitiar tiene un prolongado pedigree histórico (Hylton et al., 2003; Thomson, 2002).

Seligmann asume que las cholas se identificarán con los campesinos en cualquiera de las luchas políticas entre indígenas y blancos. Pero, de hecho, en Bolivia, 'la política de los cholos' ha tendido a favorecer a líderes populistas urbanos más que a movimientos indígenas o campesinos, pese a que esto pueda estar cambiando. La relación de los alteños con los campesinos y el campo no es tan directa como para llegar a ser una identificación automática, tal como ilustra el conflicto descripto en este artículo. Si bien muchos apoyan fuertemente a los campesinos cuando se trata de movilización política, en general sienten que son diferentes de la gente que vive en el campo, debido, en gran parte, a que se han acostumbrado a la vida en la ciudad. No obstante, aun cuando los campesinos de sus pueblos natales puedan ser diferentes —beben más, comen mejor comida, son más fuertes o trabajan más duro— siguen estando emparentados, figurativa y literalmente. Esto puede compararse con las fuertes relaciones de parentesco que tienen los vendedores de pescado, incluso los más 'urbanos', con los pescadores del lagoTiticaca.

Gran parte de los campesinos que han migrado desde el campo sienten a sus lazos con su pueblo como una afiliación más fuerte que la que tienen para con su lugar de residencia en El Alto, aun cuando en la práctica pasan más tiempo como vecinos (en la ciudad) que como campesinos. Muchos alteños tienen arraigos emocionales fuertes con sus pueblos y con el campo en general. Los propios campesinos tienen una relación ambigua con quienes han migrado de su pueblo, como también ilustra el conflicto entre las asociaciones provinciales de pescadores y las pescaderas urbanas. David Llanos Layme (1998) estudió los efectos del retorno de los migrantes a la comunidad rural de Chari. Mientras que muchos migrantes se reintegran bien en la comunidad, algunos crean resentimiento al expresar actitudes de superioridad e individualidad, y tratando de disfrutar de todos los derechos de los miembros de la comunidad sin estar preparados para cumplir con sus responsabilidades. Estas tensiones también ocurren cuando los migrantes visitan sus pueblos; aunque también suele darse que los migrantes sean vistos como miembros de la comunidad aun cuando pasen relativamente poco tiempo en el pueblo, pero siempre y cuando atiendan a las fiestas importantes y estén presentes para la siembra y la cosecha (Canessa, 1998).

Hasta septiembre-octubre de 2003, pocos movimientos políticos habían capitalizado efectivamente los vínculos entre los alteños y sus pueblos. Esas protestas pueden ser vistas como pertenecientes a un cambio, cuando en El Alto los vínculos entre la ciudad y el campo se volvieron mucho más politizados que antes. Las partes más radicales de El Alto eran aquellas del norte de la ciudad, que son algunos de sus barrios más nuevos (y más pobres). Los residentes de estas zonas tienden a ser gente que ha migrado más recientemente, y que por lo tanto tiene vínculos particularmente fuertes con las provincias. No obstante, los alteños de toda la ciudad reaccionaron frente a la masacre de Warisata en particular. Don Braulio Rocha describía la reacción de la siguiente manera: 'Ahí nació el problema. El gobierno mandó tropas militares policiales a Warisata, en el cual... se ha desatado una furia muy grande por salvar a los turistas. Ha habido muertos, heridos, donde ese problema salpicó al Alto y en El Alto, nosotros hemos sacado un apoyo a nuestros hermanos campesinos'. Cuando en El Alto los líderes hablan de 'nuestros hermanos campesinos', usan la distinción retórica entre urbano y rural, algo que les permite hacer reclamos en base a una autenticidad indígena en oposición con las elites gobernantes (hispánicas). El uso del término de parentesco 'hermanos' indica una de las formas en que los alteños se relacionan con el campo; las relaciones de parentesco se sienten poderosamente en todas partes de El Alto, un hecho que los partidos políticos y las organizaciones cívicas están tomando en cuenta cada vez más. Así, para los habitantes de El Alto, los campesinos al mismo tiempo son y no son 'nosotros' (son nuestra parentela pero no son nosotros). El Alto está 'en el medio', entre las provincias rurales y la ciudad, y esta locación estratégica, tanto en el sentido geográfico como en el etnocultural, constituye a la ciudad en una fuerza imposible de ser soslayada cuando irrumpe en la vida política nacional.

Sin embargo, no se dio una unificación automática entre cholos y campesinos tal como propone Seligmann; hay un vacío entre la capacidad retórica y la capacidad práctica de estos grupos para unificarse. Tal como muestra la historia de las pescaderas, el alto grado de organización cívica y sindical en El Alto puede llevar tanto a relaciones díscolas y conflictivas como a una acción fuerte y unificada. La gente performa la retórica del parentesco con sus 'hermanos campesinos' en una forma consciente, utilizando dicha herramienta retórica para posicionarse ellos mismos como colectividades en el contexto de los vínculos económicos que conducen las numerosas relaciones entre la ciudad y el campo. El potencial de confrontación que tiene el tema de quién controla el mercado para los diferentes productos en la ciudad es tan importante (si no de los más importantes) como el potencial que tiene para la unificación y, por lo tanto, el poder político. Se necesitan circunstancias políticas específicas para que ocurra la segunda opición en un momento particular en el tiempo. Aquí la cuestión es que la liminalidad en sus diferentes formas, entre ciudad y campo, estado e individuo, productor y consumidor, e indio y mestizo, es una condición que, al mismo tiempo, es poderosa y difícil de manejar.

Notas

1 El Alto es una ciudad de 700.000 habitantes cuya mayoría es migrante rural aymaraparlante de primera a tercera generación de los alrededores de La Paz. Comenzó como una villa miseria de la ciudad de La Paz pero creció rápidamente en el curso del siglo XX y fue reconocida como ciudad por su propio derecho en 1985. La gran mayoría de los residentes son pobres y trabajan en la economía informal y en el censo 2001 el 74% se identificó como Aymara.

2 Con excepción de Don Alberto Mamani, los nombres en este capítulo son seudónimos. Sin embargo, he cambiado sólo el nombre, porque el resto de las personas principales tenían el sobrenombre Quispe, indicando probablemente que provienen de la misma área rural.

3 Movimiento Izquierdista Revolucionario.

4 Irineo Espinoza fue electo congresal por el MIR en las elecciones de 2002 en uno de los distritos electorales de El Alto.

5 Las pescaderas mismas decían que ganaron más o menos 10-15 Bolivianos por arroba (25 lb). En 2003, precios y ganancias fueron: Karachi: 100 pescados costaron 30Bs; 25 se venden por 10Bs (dando una ganancia de 10Bs por 100 vendidos); ispi (boqueron): 30 libras por 20Bs; 1 libra vendida a 1B (ganancia de 10Bs por 30 libras); trucha: arroba (25lb) = 135 Bs; 1 libra vendida por 6Bs (entonces, una ganancia de 15Bs por arroba).

6 En 2004, la cantidad era 12 000 Bs. Decreto Supremo No. 27924, 20 de diciembre de 2004.

7 Alasitas es un festival que tiene lugar a fines de enero, en honor a la deidad de Ekeko. La gente compra y bendice versiones en miniatura de cosas que les gustaría tener el año siguiente, por ejemplo, camiones en miniatura, dólares, casas, pasaportes.

8 El uso del Decreto 21060 fue, de alguna manera, irónico, en tanto es una ley muy famosa en Bolivia como decreto del ajuste estructural del país. Fuera de los partidos politicos neoliberales, es conocido como la 'Ley Maldita' porque llevó a que miles de mineros y otros trabajadores fuesen despedidos.

9 Luego fui informada por un funcionario de la Prefectura que los mercados campesinos eran un proyecto en la Prefectura desde hacía diez años, que fue revivido luego de los bloqueos campesinos. Dijo que por ocho años hubo un proyecto de una terminal de pescado. Ambos languidecieron por la falta de fondos.

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