SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.14 número1Intercambios, moralidades y conflictosLos peligros del furor revolucionario: discursos desde la Iglesia Católica sobre la acción de la mujer en la formación de la moral (provincia de Tarapacá, norte de Chile, 1880-1910) índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

  • Não possue artigos citadosCitado por SciELO

Links relacionados

  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO

Compartilhar


Intersecciones en antropología

versão On-line ISSN 1850-373X

Intersecciones antropol. vol.14 no.1 Olavarría jun. 2013

 

ARTÍCULO

Adolescencia infractora a la ley penal en la ciudad de Rosario. Prensa gráfica vs. estadísticas oficiales

 

Daniela A. Polola

Daniela Polola. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Investigaciones, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Entre Ríos 758 (2000), Rosario, Santa Fe. E-mail: danielapolola@gmail.com

Recibido 13 de octubre 2011
Aceptado 1° de mayo 2012

 


RESUMEN

El presente artículo -que forma parte de nuestra tesis doctoral- se propone poner en tensión la información cuantitativa respecto de la delincuencia juvenil producida por una de las principales agencias del estado con injerencia sobre la adolescencia infractora a la ley penal -los juzgados de menores de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe- así como la construcción que sobre el fenómeno realizan dos medios gráficos locales, durante el decenio 1999-2008. En otro nivel, se indagará en la preocupación estatal respecto de la temática, a través de dos canales: el discurso de los funcionarios con incumbencia en el área, plasmado en los medios gráficos; y las entrevistas en profundidad realizadas a miembros del Poder Judicial santafesino. En la construcción mediática de la delincuencia juvenil se abordará, asimismo, el problema de la "inseguridad" y las "olas delictivas", en tanto aparecen como fenómeno recurrente, que analizaremos en clave histórica.

Palabras clave: Adolescentes infractores; Estadísticas judiciales; Prensa gráfica; Olas delictivas; Inseguridad.

ABSTRACT

Underage offenders in the city of Rosario: print press versus official statistics. This paper contrasts statistical information on juvenile delinquency produced by one of the most important state agencies on young offenders, the juvenile courts from the city of Rosario, with the construction of delinquency in two local newspapers during the period 1999-2008. In addition, state concern about the issue is explored through the discourse of the responsible government agents, reflected in the press, and in interviews with members of the judiciary in Santa Fe province. The media construction of juvenile delinquency is addressed, as well as the problems of "insecurity" and "crime waves" that appearing recurrently and are analyzed historically.

Keywords: Juvenile offenders; Court statistics; Printing press; Crime waves; Insecurity.


 

PRESENTACIÓN

La problemática de las personas menores de edad infractoras a la ley penal ha cobrado gran notoriedad en los últimos años en Argentina, en especial a través de los medios masivos de comunicación. Desde estos ámbitos se hace hincapié no sólo en el aumento de las causas cometidas por menores, sino también en los niveles de violencia que estos delitos involucran. Expresiones tales como la "ola delictiva" que "azota" a nuestras ciudades se constituyen en moneda corriente en los artículos de la prensa, y constantemente se enfatizan las demandas por parte de la ciudadanía de "mayor seguridad" al mismo tiempo que se apela, como una de las posibles soluciones, a la baja de la edad de imputabilidad penal. En tal sentido, la alusión de los medios de comunicación a presuntas "olas delictivas" se ha convertido en un fenómeno recurrente que tiene más vinculación con determinadas coyunturas sociopolíticas que con el efectivo aumento de los índices delictivos. Por lo tanto, nos interesa analizar esta construcción mediática en perspectiva histórica, para evaluar sus fuentes e indagar su tematización periodística y su impacto en la sociedad en la actualidad. En tanto consideramos que la prensa se constituye en un actor fundamental en la conformación de un campo problemático como es el de la adolescencia infractora a la ley penal, el presente artículo aborda, a través del análisis de las noticias que producen dos medios gráficos rosarinos, la construcción mediática del fenómeno de la delincuencia juvenil, y establece un contrapunto entre las estadísticas oficiales y las "cifras" que consignan y analizan los periódicos locales, así como la preocupación estatal al respecto, plasmada en el discurso de sus funcionarios.

ESTADO DEL ARTE

El impacto que los medios masivos de comunicación ejercen sobre la construcción del fenómeno de la delincuencia juvenil ha suscitado un prolífico desarrollo bibliográfico en las últimas décadas desde diversas disciplinas, entre las cuales podemos mencionar a las ciencias de la comunicación (Calzado 2004, 2006; Calzado y Van Den Dooren 2008), la sociología (Vasilachis de Gialdino 2003) y las ciencias jurídicas (García Méndez 2004), que han realizado un significativo aporte con investigaciones que abordan la incidencia mediática en la conformación en la opinión pública de una imagen de ninez y adolescencia "delincuente y peligrosa" en virtud de un énfasis en las noticias policiales protagonizadas por menores de edad. Desde la perspectiva histórica existen diversos abordajes de la problemática delictiva en la prensa (Gayol y Kessler 2002; Saítta 2002; Caimari 2004, 2009) que son de gran utilidad para analizar cómo, a lo largo de nuestra historia, se intercalan periodos de mayor o menor preocupación por el tema de la "seguridad", parte de la cual está fomentada por la construcción que realizan de la problemática los medios de comunicación masiva. Desde una visión más contemporánea, anclada en la perspectiva semiótica, Martini (2002) analiza las crónicas policiales en los medios en torno a categorías de inclusión/exclusión y las representaciones del "nosotros" y "los otros", y cómo mediante estas categorizaciones se naturalizan discursos hegemónicos de modo tal que se instala en la sociedad el tema de la inseguridad y la violencia por su constante aparición en los medios. El enemigo es el delincuente, en especial joven y pobre. En una línea teórica similar, Arfuch (1997) realiza una interesante evaluación acerca de cómo los medios de comunicación tematizan divergentemente aquellos crímenes cometidos por adolescentes y jóvenes de sectores populares y medios altos. Asimismo, en Latinoamérica existe producción respecto de la problemática, dentro de la cual podemos mencionar someramente a Rey (2005), quien analiza el tema de la (in)seguridad a partir del análisis de diversos medios gráficos de la región; y a Sepúlveda (2011), que, desde el campo antropológico, analiza la construcción de imaginarios sobre la ninez en los discursos de proyectos legislativos y mediante la contrastación entre el tratamiento mediático de casos delictivos resonantes de Chile y Argentina. También para el caso chileno, Dammert y Arias (2007) evalúan la relación entre estadísticas oficiales, encuestas de vicitimización y sentimiento de inseguridad, haciendo hincapié en la profundización de respuestas estatales de carácter punitivo. Un referente fundamental en cuanto al sentimiento de inseguridad y el miedo al delito en la Argentina lo constituyen los trabajos de Kessler (2007, 2008, 2009), en los que el autor rastrea históricamente tales conceptos y realiza un análisis crítico de la relación entre delitos y sensación de inseguridad incorporando datos cuantitativos y cualitativos. Otro de los ejes de producción teórica se vincula al análisis de datos estadísticos que producen organismos oficiales, en cuanto a sus potencialidades y limitaciones (Varela 2005; Isla et. al. 2006; Sozzo 2008; Kessler 2009). Al respecto, Guemureman (2004) señala que actualmente existen más "usinas generadoras de datos" que hace algunos años, probablemente porque la información se visualiza como positiva; aun cuando el hecho de que haya mucha más información disponible potencia la fragmentación y atomización que impide una lectura integrada de los datos. Diversos autores también remarcan la falta de confiabilidad de los datos oficiales, en particular de las estadísticas policiales y judiciales, en virtud del subregistro por falta de denuncias y de la manipulación por parte de las agencias estatales que responden a intereses coyunturales (Martínez y Tiscornia 1994; Isla y Miguez 2003 Isla et al. 2006; Miguez y Roige 2006). Desde una perspectiva similar, otros sostienen que las cifras oficiales, más que aportar información fidedigna, sólo reflejan el accionar de determinada agencia estatal y que, en tal sentido, únicamente proporcionan datos para realizar un primer acercamiento a la problemática delictiva (Dammert y Arias 2007). En cuanto al análisis de insumos estadísticos producidos por las agencias estatales con incumbencia sobre menores de edad, Miguez y Roige (2006) indagan en la evolución de las causas judiciales en la provincia de Buenos Aires en el período 1980-2004 focalizando en el análisis de información estadística, conjuntamente con el abordaje de expedientes judiciales, para detectar los niveles de judicialización y de institucionalización de la población menor de edad. Por su parte, Guemureman y Daroqui (2001) realizan un análisis de las instituciones sociopenales y de la normativa jurídica que reguló y regula la intervención sobre personas menores de edad infractoras a la ley penal y evalúan la producción de datos cuantitativos por parte del órgano técnico-administrativo y de los juzgados de menores, para ciudad y provincia de Buenos Aires. A nivel local, tanto la provincia de Santa Fe como la ciudad de Rosario resultan campos de producción teórica incipiente respecto de la temática. En tal sentido, un antecedente lo constituye el trabajo de diagnóstico de las fuentes de información sobre menores de edad infractores a la ley penal en Argentina llevado a cabo por Guemureman (2004) para Unicef, en el cual incluye el relevamiento de la situación en la provincia de Santa Fe. En esta línea, en un trabajo posterior analiza datos estadísticos producidos por agencias estatales santafesinas con incumbencia en el área minoridad durante el año 2003, a saber: policía, juzgados de menores y órgano técnico-administrativo (Guemureman 2005). Por nuestra parte, en un trabajo previo, hemos indagado en la composición de causas en sede penal cometidas por menores de edad para el período 1997-2006 en la ciudad de Rosario, profundizando en los tipos de delitos perpetrados por adolescentes punibles y no punibles, de acuerdo con el Régimen Penal de la Minoridad, Ley nacional No 22.278, e incluyendo el análisis de un medio gráfico local (Polola 2008)1. En virtud de los antecedentes expuestos y a pesar de las críticas mencionadas, los datos oficiales resultan información fructífera para el análisis no sólo de lo que "dicen" sino también de aquello que ocultan. Sin dejar de considerar que existe además una "cifra negra" del delito y que estos datos son pasibles de manipulación con fines políticos, consideramos que aportan información que nos permite dimensionar el fenómeno de la delincuencia juvenil en perspectiva.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Dado que, como senaláramos, en la construcción del "fenómeno" de la delincuencia juvenil los medios masivos de comunicación juegan un rol decisivo, llevamos a cabo un relevamiento de la prensa gráfica local para analizar, por un lado, los discursos de los funcionarios con incumbencia en el área pero, simultáneamente, para indagar en el tratamiento que se realiza de la problemática en los medios. Con tal fin, escogimos dos publicaciones gráficas de la ciudad de Rosario y, a partir de ellas, efectuamos un primer relevamiento de tipo aleatorio en el diario La Capital y, en una segunda instancia, un abordaje en clave episódica de ciertos eventos que consideramos paradigmáticos en el campo temático, en los matutinos La Capital y El Ciudadano2. El corpus relevado se compone de 109 artículos periodísticos3. La elección de estos dos abordajes diferentes del material periodístico -aleatorio y episódico- obedeció al interés de indagar, por un lado, la ocurrencia de titulares vinculados a la delincuencia juvenil desde una perspectiva no sesgada, es decir, a través de un criterio abierto que permitiera captar la incidencia del fenómeno a nivel de los medios locales, mientras que el abordaje en clave de acontecimientos focalizó en la repercusión que determinados hechos -que consideramos de gran relevancia dentro del campo de la minoridad a nivel local- tuvieron en la prensa gráfica, para intentar analizar la preponderancia que ocuparon estas noticias en los medios locales. Tanto para el relevamiento mediático como para el análisis estadístico tomamos el decenio 1999-2008. Sobre la base de nuestro conocimiento, surgido de entrevistas informales con personal de un juzgado de menores, estábamos al tanto de que existía un "Sistema de Gestión de Menores" informatizado -en vigencia desde el año 2001- en el cual se registraban datos vinculados a las causas de menores de edad4. Consultado al respecto, un funcionario de la Corte Suprema nos aclaró que el relevamiento es llevado a cabo directamente por personal de los juzgados y que no se elevan los datos en un momento determinado, sino que la información está disponible para la Corte permanentemente, que elabora las estadísticas de los diferentes fueros. De todos modos, es necesario tener en cuenta que, si bien los registros que elaboran las agencias del Poder Judicial constituyen un reservorio de información fundamental para acceder a la dimensión cuantitativa de la delincuencia, no todos los delitos ingresan en el circuito jurídico-administrativo, por diversos motivos. De hecho, la existencia de la denominada "cifra negra" del delito implica que existe un subregistro de hechos delictivos5. Pero más allá de los datos empíricos, la alusión de los medios de comunicación a presuntas "olas delictivas" se ha convertido en un fenómeno recurrente que tiene más vinculación con determinadas coyunturas sociopolíticas que con el efectivo aumento de los índices delictivos. Por lo tanto, nos interesa analizar esta construcción mediática en perspectiva histórica, para evaluar sus fuentes e indagar su tematización periodística y su impacto a nivel social en la actualidad.

?VIEJAS O NUEVAS "OLAS DELICTIVAS"?

El tema de la "inseguridad" es transversal al período analizado (1999-2008) y se constituye entonces en un común denominador en todo el país -según los medios gráficos escogidos- en un contexto marcado por la situación previa y posterior a la crisis sociopolíticoeconómica de fines de 2001 en Argentina. Asimismo, en el relevamiento periodístico se verifican noticias vinculadas a diferentes "olas delictivas", dentro del período bajo estudio6. El fenómeno denominado ola delictiva ha sido ampliamente estudiado y se vincula a una percepción exacerbada de la incidencia del crimen, que generalmente no está sustentada por un aumento efectivo en el índice de delitos, sino que es más bien la conjunción de una serie de condiciones entre las cuales la construcción que los medios de comunicación realizan sobre el tema ejerce un rol fundamental (Fishman 1978; Sheley y Ashkins 1981). Por lo tanto, es necesario indagar en la construcción mediática de la inseguridad que conduce a la opinión pública a vivenciar un determinado momento histórico como más "peligroso/ riesgoso/ inseguro", independientemente de que el índice delictivo realmente haya sufrido un incremento. Otro elemento central en el análisis lo constituyen las demandas que se generan desde la opinión pública ante estas olas delictivas y que generalmente están asociadas a una mayor represión, en tanto el temor y la inseguridad se traducen en exigencias al Estado de aumento de presencia policial, mayor celeridad en procesos judiciales y más severidad de las penas (Dammert y Arias 2007). En tal sentido, la revisión histórica contribuye a poner en perspectiva determinados fenómenos que pueden parecer novedosos a primera vista, pero que generalmente han tenido una ocurrencia -a veces reiterada- en el pasado, y el caso de las olas delictivas no se sustrae a esta tendencia. Si nos remontamos a otros períodos analizados por la disciplina histórica, por ejemplo, la sociedad portena de entreguerras se visualizaba como "víctima de una ola delictiva sin precedentes" (Caimari 2009) y, si bien las crónicas de los crímenes y los peligros que entranaban las calles no eran un fenómeno nuevo, se empezó a percibir un temor creciente que se manifestó en "olas de pánico" que sí se constituyeron en un hecho novedoso. Esta ola criminal generaba demandas por parte de la opinión pública de pertrechar a la policía y endurecer las penas, lo cual incluía la reinstauración de la pena de muerte. Esta presunta ola delictiva también entranaba una percepción de un cambio a nivel moral, y simultáneamente una crítica al estado por su debilidad e ineficacia. La prensa ejerce un rol fundamental al establecer ciertos períodos como más "inseguros", ya que consigna estadísticas que -aunque no siempre están correctamente documentadas ni claramente identificadas sus fuentes- construyen discursos que se constituyen en "verdad" y contribuyen a instalar el tema de la inseguridad como preocupación. Autores que abordan el fenómeno en la actualidad han documentado que, generalmente, no se verifica una asociación directa entre más delitos y aumento de la sensación de inseguridad, por el contrario, al confrontar las fuentes oficiales los datos no reflejan necesariamente aumentos sino, en algunos casos, amesetamientos e, incluso, disminuciones (Kessler 2009). Por cierto, resulta sugerente que el temor al delito con violencia en Argentina en el año 2007 superara al promedio latinoamericano -el regional correspondía al 73%, mientras que el nacional representaba el 79%-, en especial considerando que la tasa de victimización del año subsiguiente equivalía al 39% en nuestro país, según se consigna en los informes 2007 y 2008 de Latinobarómetro. Por otro lado, las respuestas ante estas olas delictivas también tienen puntos en común en diferentes momentos históricos y están vinculadas a los pedidos, por parte de la opinión pública, del endurecimiento de las penas y, en algunos casos, de la reinstauración de la pena de muerte. Con frecuencia, estos pedidos de mayor represión se suceden a partir de crímenes de alta sensibilidad social como son los secuestros extorsivos7. Otra cuestión que resulta interesante es la crítica a la ineficacia estatal para combatir el delito que, con diferentes modalidades, aparece en diversos momentos históricos. En la época de entreguerras, como resultado de no contar con una policía bien pertrechada que pudiera hacer frente a la nueva ola delictiva, y en nuestro período de análisis -de un modo similar-, asociado al insuficiente número de efectivos policiales y de medios con que estos cuentan (patrulleros, armamento, etc.). En ambos momentos, la connivencia policial con negocios ilegales y la corrupción interna de la fuerza son una constante. Asimismo, es importante no dejar de lado que estos fenómenos también pueden ser construidos con fines políticos para generar determinado impacto social en un momento dado8. Si bien los pedidos de reducción de la edad de imputabilidad penal no aparecen claramente en el período de entreguerras, los menores de edad sí fueron una preocupación de las elites entre fines del siglo xix y principios del xx, pero de un modo diferente, ya que no se los veía como efectivamente peligrosos sino como "potencialmente" peligrosos y, para evitar esta posible futura "peligrosidad", era necesario alejarlos de las calles. El espíritu de la Ley No 10.903 de Patronato del Estado, de 1919, expresa claramente esta preocupación, que se orientó hacia ampliar la tutela estatal sobre los ninos y jóvenes de sectores vinculados a trabajos ambulantes y a aquellos que "vagaban" por las calles sin ninguna actividad, más que a una efectiva política pública que contribuyera a insertarlos en el entramado social. La construcción de la alteridad del delincuente va variando de sujeto; así es como, a comienzos del siglo xx, esa otredad les fue atribuida, a nivel nacional, a los extranjeros, y fundamentalmente a sus jóvenes hijos, tal como mencionáramos. Actualmente, el énfasis está puesto en los sectores económicamente más marginales de la sociedad, especialmente a los adolescentes y jóvenes. En este sentido, la prensa contribuye a reforzar estas dicotomizaciones entre el "nosotros" -ajeno a la delincuencia- y los "otros", los "peligrosos", en cuya base se encuentran los jóvenes pobres. A partir de esta mirada histórica sobre la problemática, nos interesa rastrear las vinculaciones actuales entre la construcción de una minoridad "peligrosa" y el fenómeno de la inseguridad, a través de dos medios gráficos de comunicación locales.

"MENORES" E (IN)SEGURIDAD

Robert Castel (2004) plantea una definición esclarecedora sobre la "sensación de inseguridad", al sostener que ésta no es directamente proporcional a los peligros que amenazan a una población sino que refleja un desfasaje entre "una expectativa socialmente construida de protecciones" y la capacidad de una sociedad determinada para cumplir con ellas9. De esto se desprende que estar protegido no es una situación "natural" sino construida socialmente. Aquí el Estado ejerce un rol fundamental en pos de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. Ahora bien, este control político que monopoliza el Estado implica proteger la propiedad privada, como bien fundamental; por lo tanto, las violaciones a ésta se ubican en la base del temor social, de la sensación de inseguridad, incluso por encima del temor a los delitos contra la integridad física. Lo que protege al individuo es la propiedad, y es el Estado el encargado de resguardarla10. Como consecuencia, los delitos contra la propiedad son los de mayor impacto y visibilidad social a través de los medios masivos de comunicación, y los que se ubican en el epicentro de la preocupación por la inseguridad. Paradojalmente, cuanto más se aleja el Estado del modelo del Leviatán -en términos de consolidación de un régimen democrático, a través de los principios constitucionales, la separación de los poderes, la limitación en la utilización de la fuerza pública- más se amplían las condiciones de inseguridad. Es decir que imponer límites al poder absoluto del Estado por medio de un andamiaje jurídico cada vez más complejo implica, simultáneamente, la posibilidad de defraudar la exigencia de seguridad de la ciudadanía. En cuanto a la República Argentina, Kessler (2009) subraya que el delito se ubicó como primera preocupación -desplazando incluso al desempleo- luego de la estabilización económica de 2004, y señala que la inseguridad vinculada al delito es una "prenoción sociológica"; es decir, un modo de explicar la realidad social más que un concepto de las ciencias sociales. Se distancia de autores que hacen hincapié en disociar la inseguridad subjetiva y la objetiva al introducir la noción de que ambas dimensiones se encuentran inextricablemente unidas. Asimismo, hace hincapié en la relación de retroalimentación que se genera entre el delito, el sentimiento de inseguridad y la desconfianza en agencias del Estado como la policía. Desde tales matrices teóricas podemos observar cómo el fenómeno de la inseguridad aparece con una tematización recurrente en la prensa gráfica local. En tal sentido, durante la primera mitad del período 1999- 2008 hay una fuerte ocurrencia de titulares vinculados a olas delictivas (Preocupación en Gobierno por la ola delictiva, La Capital [LC] 28 de enero de 2000)11 y, consecuentemente, a marchas ciudadanas demandando mayor seguridad (La inseguridad, una sensación creciente, LC 4 de enero de 2000; Sensación de inseguridad, LC 17 de septiembre de 2000; Todo un país contra la violencia, LC 7 de septiembre de 2002; Con una estruendosa protesta la ciudadanía exigió mayor seguridad, LC 11 de septiembre de 2002) así como una aparente preocupación gubernamental por el tema (Binner habla de inseguridad como candidato a gobernador, LC 30 de mayo de 2003; Buscarán coordinar las políticas de seguridad, LC 7 de enero de 2004; Ambiciosa reforma en la policía y una inversión de 60 millones en seguridad, LC 13 de mayo de 2004; Coordinan políticas de seguridad provincias de la Región Centro, LC 19 de mayo de 2004). Resulta entonces interesante analizar uno de los escasos titulares que invierte la perspectiva hegemónica que ubica los crímenes como resultado de la inseguridad, al plantear: "Rosario: la mayoría de los crímenes son por conflictos personales y no por robos", donde se hace hincapié en que "[.] una caída del número de crímenes en Rosario, reflejarían un declive del homicidio como emergente de la inseguridad pública", y agrega "Sin embargo, lejos de decaer, el temor público a la delincuencia aumenta" (LC 19 de septiembre de 2004). En el mismo artículo, el criminólogo Máximo Sozzo sostiene que los delitos contra las personas - puntualmente los homicidios- no se hallan en la base del temor público sino, por el contrario, los que atentan contra la propiedad. De este modo, se refuerza lo señalado precedentemente en cuanto a la centralidad que ocupan los crímenes contra la propiedad en la generación de la sensación de inseguridad. Por otro lado, debemos tener en cuenta que "el crimen vende" y que: "La información periodística sobre el 'mundo del delito' constituye una de las más poderosas narrativas explicativas que ha disenado lo modernidad y se ha instaurado [.] como forma más o menos sutil de control social" (Martini 2002: 87; subrayado en el original). En este contexto, el género policial en los medios masivos de comunicación es uno de los discursos más fuertes en la construcción de representaciones de amenaza e inseguridad, especialmente en épocas de crisis, y como tal constituye, solapadamente, un mecanismo de control social. El rol de la prensa en la construcción del fenómeno de la inseguridad es central, en tanto genera discursos que se constituyen en "verdad" y son apenas cuestionados o tomados críticamente por la opinión pública: "La legitimidad que tiene históricamente la prensa le concede el estatuto de voz autorizada, y que se deriva de su coincidencia con el discurso hegemónico, 'oficial', es decir con las fuentes que producen autoridad" (Martini 2002: 90; subrayado en el original). En tal sentido, la verosimilitud es la principal cualidad del discurso periodístico. En artículos periodísticos que mencionan temas como "La ola de inseguridad que padece Rosario desató un fuego cruzado entre la Municipalidad y la Casa Gris" (Binner habla de inseguridad como candidato a gobernador, LC 30 de mayo de 2003) se trasluce una demanda punitiva por parte de la opinión pública, que generalmente incluye la reducción de la edad de imputabilidad penal, en los casos de delitos protagonizados por menores de edad, entre otros pedidos, tal y como se manifiesta en el siguiente titular: El gobierno analiza bajar a 14 años la edad para imputar delito (LC 18 de mayo de 2005) y continúa en el cuerpo de la nota: "El funcionario negó que se trate de una reacción al reclamo del empresario Juan Carlos Blumberg". Arfuch (1997) sostiene que esta "vertiente de la penalización", en especial la referida a la baja de la edad de imputabilidad penal, es la contracara del "supuesto incremento" de la criminalidad juvenil, ponderada por los medios. Por su parte, Sepúlveda (2011), a través del análisis de casos policiales resonantes a nivel mediático en Chile y Argentina, demuestra cómo la prensa gráfica -en particular en nuestro país- realiza una manipulación de la información vinculando a menores de edad con la comisión de un homicidio, independientemente de que este hecho sea veraz. El análisis del autor resulta de interés porque posteriormente señala que la prensa reconoce que los autores eran mayores de edad, pero les atribuye causas penales siendo menores. Sheley y Ashkins (1981) anaden otro elemento significativo: el público suele estimar a los infractores como más jóvenes incluso de lo que la prensa consigna. Entonces, si a la fuerte estigmatización de los adolescentes en los medios masivos de comunicación se suma la percepción pública de una menor edad de aquellos que cometen delitos, se verifica inevitablemente un reforzamiento de la idea de una criminalidad precoz. En este sentido, los "menores"12 y los jóvenes de sectores pobres se constituyen en "el delincuente" por antonomasia: "Los chicos que delinquen son abrumadoramente de sectores pobres y marginales bien puntuales. Y eso expresa el carácter social de la criminalidad juvenil" (En un mes, hubo más de 600 delitos de menores en el área de Rosario, LC 12 de mayo de 2003). Esta construcción del estereotipo del delincuente joven y pobre refuerza un discurso dicotomizado entre nosotros y los otros; los primeros, incluidos en el sistema, y los "otros", aquellos de quienes hay que defenderse (Martini 2002; Calzado 2006). Al respecto, un columnista de temas judiciales señala las implicancias de ubicar al delincuente en una clase social determinada ya que este posicionamiento implica un temor hacia toda la clase social y, por ende, un aumento de la sensación de inseguridad (Ruiz Núnez 2005). Así entonces, ante el problema de la inseguridad se postulan como posibles soluciones el establecimiento de planes de seguridad a nivel provincial (Buscarán coordinar las políticas de seguridad, LC 7 de enero de 2004) y su articulación a nivel regional (Coordinan políticas de seguridad provincias de la Región Centro, LC 19 de mayo de 2004), la construcción de más cárceles o la adaptación de edificios desocupados a tal fin (Seguridad: Borgonovo evitó los temas más fuertes, LC 17 de mayo de 2002). Estos titulares dan cuenta de la necesidad de respuestas (en ocasiones sólo) efectistas que la clase política debe dar ante diversos contextos de inseguridad marcados, fundamentalmente, desde los medios masivos de comunicación (Dammert y Arias 2007). Un dato interesante lo constituyen los cambios constantes de ministro de Gobierno, Justicia y Culto que, durante el período analizado (1999-2008) fueron, al menos, seis funcionarios diferentes, sólo uno de los cuales volvió a ocupar el cargo en más de una oportunidad. Este recambio de figuras del ámbito político ha impactado sobre la modalidad que adquiere la gestión del ministerio, con alternancia de actitudes más progresistas o más conservadoras. La perspectiva de los diferentes ministros en cuanto al problema de la inseguridad ha sufrido vaivenes según el perfil del funcionario de turno13. En este sentido, los pedidos por la baja de la edad de imputabilidad penal también registran variaciones en el período analizado con mayor incidencia en determinados momentos y una casi desaparición en otros. En el año 2000, el entonces ministro de Gobierno, Justicia y Culto, el Dr. Baltuzzi, se mostró a favor de la disminución de la edad de imputabilidad penal para personas menores de edad, sosteniendo que "No podemos hablar de ninos cuando se trata de personas que ya cometieron dos o tres homicidios" (No podemos hablar de ninos cuando ya cometieron homicidios, LC 14 de mayo de 2000). En declaraciones -un tanto ambiguas- al medio gráfico14, el funcionario sostenía que el problema no se basaba en "leyes laxas", sino en el funcionamiento del sistema de prevención, y que tal vez habría que realizar cambios con respecto a la edad mínima de punibilidad penal. Estas afirmaciones generaron reacciones desde diversos ámbitos estatales, entre ellos de un juez de menores, que sostuvo que "bajar la edad de punibilidad a 12 o 14 años es resolver el problema por los efectos y no por las causas" (Critican la idea de bajar la edad de punibilidad de los menores, LC 15 de mayo de 2000). En el año 2002, el subsiguiente ministro de Gobierno, Borgonovo, vinculó la "inseguridad urbana" a la crisis que transitaba el país, y sostuvo que "Hoy el delito tiene un origen multicasual. Vivimos en un verdadero momento de confusión y el respeto común se ha debilitado notablemente" (Seguridad: Borgonovo eludió los temas más fuertes, LC 17 de mayo de 2002). Dos años más tarde, el titular de la cartera, Rosúa, anunciaba una reforma de la policía y una inversión de $60 millones en el área, indicando que:

La gente tiene miedo y tiene razón. La modificación del modo del delito obliga a repensar criterios y obliga a atacar con una nueva modalidad de combate desde el Estado y la ley. Podríamos discutir largamente sobre las causas de ello, pero no podemos centrarnos sólo en la pobreza y la exclusión porque estaríamos diciendo que los pobres son los culpables. Es una simplificación y no nos gusta. No compartimos la idea de la mano dura. El problema de la seguridad es consecuencia de la caída de valores como el trabajo, la dignidad y la solidaridad, causados por el modelo de la última década del siglo pasado y somos los gobiernos los responsables de restablecerlos (Ambiciosa reforma en la policía y una inversión de 60 millones en seguridad, LC 13 de mayo de 2004; el destacado es nuestro).

En esta última cita se perciben algunos puntos de contacto con aquello señalado por Sheley y Ashkins (1981) con respecto al aumento del crimen en EEUU desde la década del sesenta, cuyo correlato fue la incorporación de "la guerra contra el delito" y la consigna "la ley y el orden" en las diversas plataformas políticas. De todos modos, resulta interesante que, si bien el funcionario plantea la problemática en términos de guerra -o de "combate"- contra el delito, apunta -tanto como el ministro anterior- a la multicausalidad en el origen delictivo, y en especial al deterioro de las redes sociales vinculadas al trabajo. Al mismo tiempo, indica la responsabilidad del gobierno en el restablecimiento de tales "valores" perdidos.
En cuanto a la aparición de artículos relacionados directamente con la intervención estatal sobre la problemática de la delincuencia juvenil por medio de la implementación de políticas públicas de carácter preventivo destinadas a menores de edad que hayan infringido la ley penal, es muy escasa, con una ocurrencia del 2,75% del total de notas relevadas. En una de ellas se menciona un programa de deporte, alfabetización, educación formal y talleres de oficios gestionado por la Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal (Implementarán un plan de reinserción social de chicos delincuentes, LC 29 de septiembre de 2002) y, en otros dos artículos, la propuesta de fomentar actividades deportivas como factor de contención social (La provincia quiere que 10 mil chicos y jóvenes hagan deporte LC 9 de mayo de 2005; La provincia quiere noquear a la exclusión, LC 24 de julio de 2006). En 2008 también aparecen artículos vinculados a la necesidad de políticas públicas que apunten a la prevención, ya que la ley por sí sola no es suficiente, según la opinión, en su visita a Rosario, de la fiscal general de Política Criminal de la Nación, Mary Beloff (La protección de los derechos de los ninos es clave para la prevención del delito, LC 14 de mayo de 2008); reclamo similar al que hicieron los jueces de menores en un encuentro provincial de magistrados del fuero durante el mismo año (Jueces de Menores piden políticas de infancia y ninez, LC 15 de mayo de 2008). Otro aspecto del tema es la consulta a especialistas, que -cuando se realiza- se ve restringida a abogados, generalmente criminólogos, algunos de los cuales ocupan cargos estatales. Algo notorio es el casi nulo uso del recurso -por parte de los medios gráficos analizados- de incluir la opinión de otros cientistas sociales, ya que en el período relevado sólo aparece una nota en la cual opina sobre el tema una socióloga (Condenan el aumento de penas contra el delito, LC 10 de mayo de 2004). El interrogante que se desprende es, entonces, ?la prensa se aleja de los cientistas sociales o los cientistas sociales no se acercan a la prensa?15 Hasta aquí hemos analizado parte del corpus de notas relevadas, en particular de aquellas vinculadas a la aparición mediática de los discursos de los funcionarios del área. A continuación planteamos el contexto burocrático de producción de información estadística y las principales características de tales datos.

ACCEDIENDO A LAS "CIFRAS" OFICIALES

Este apartado se propone incorporar al análisis del fenómeno de la delincuencia juvenil, los datos estadísticos que elabora una de las agencias del Estado con intervención sobre el área: los juzgados de menores de Rosario. En cuanto a la estructura judicial que producía tal información cuantitativa, dicha ciudad contaba con tres juzgados de menores para atender a una población de 1.131.228 habitantes de la ciudad, más los distritos de Canada de Gómez, Casilda, San Lorenzo y Villa Constitución, que en total sumaban 1.519.666 habitantes, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001. Posteriormente se crea un juzgado de menores en Villa Constitución y durante 2006 se establecen dos nuevos juzgados, uno para la ciudad de Rosario y otro para San Lorenzo, y en 2007 se crea un juzgado para la ciudad de Casilda. De acuerdo con el marco legislativo que regulaba su práctica -Régimen Penal de la Minoridad Ley Nacional No 22.278 y Código de Procedimientos de Menores Ley Provincial No 11.452- intervenían tanto en el orden civil, sobre personas menores de edad en estado de abandono, como en el orden penal, sobre menores a quienes se les imputaban hechos sancionados por la ley penal16. En cuanto a la producción concreta de información, pudimos constatar a través de nuestras indagaciones, que la recopilación de datos es llevada a cabo por el personal del juzgado -que recibió una breve capacitación- y la información es luego procesada por la oficina de estadísticas de la Corte Suprema provincial. De hecho, el secretario penal de un juzgado de menores manifestó sus reservas con respecto a los datos estadísticos, afirmando que "Hay cosas que pueden ser anotadas hasta cinco veces de distinta manera y suman igual" (Entrevista secretario penal juzgado de menores 05/06/2008: 10)17. El mismo funcionario nos relató una anécdota que ilustra, desde su punto de vista, la escasa confiabilidad de la información que elabora el Poder Judicial:

El Dr. X, que es camarista [penal] [.] salió a dar una estadística tomada así y no se que periodista lo pasó a una agencia internacional, salió en todos lados porque era alevoso parece que fuera Beirut esto y resulta que estaba todo [sic] mal hecha la estadística. Y el tipo tuvo que salir a decir él, me equivoqué, pero sus empleados que le hicieron la estadística, que no tienen ningún conocimiento de estadística, manejándose por estos sistemas, contaron cinco veces lo mismo, por ejemplo en un caso y les salían unos volúmenes de cantidad de delitos [.] (Entrevista secretario penal juzgado de menores 05/06/2008: 11).

El funcionario judicial se refiere a una nota que en 2008 cobró gran notoriedad mediática por la "supuesta" magnitud de los delitos cometidos en Rosario, según información estadística elaborada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de los tribunales provinciales. El titular decía "Diez delitos por hora denunciados en Rosario" (LC 13 de mayo de 2008) y consignaba 92.000 delitos cometidos durante 2007 en la ciudad, de acuerdo con lo cual, el medio gráfico infería que "Según esta estadística, en la ciudad se cometen 254 ilícitos por día, y un promedio de diez por hora". Casi una semana después, otra noticia del mismo periódico indicaba, por un lado, la repercusión que había tenido esta información a nivel internacional, ya que circuló a través de la United Press International -agencia de noticias con sede en Washington- que consignaba "Rosario asolado por el delito" (Cómo armar hechos con palabras - LC 18 de mayo de 2008) y, por otro lado, intentaba rastrear los orígenes del error en los datos. Resulta interesante la explicación que se otorga en esta nota al efecto que tienen las estadísticas oficiales en la prensa, cuando se afirma que "Aparece como una prueba en sí misma de la supuesta verdad que enuncia" (Cómo armar hechos con palabras, LC 18 de mayo de 2008). Ahora bien, si adjudicamos a los medios masivos de comunicación la construcción de la "verdad" noticiosa, y además se respalda esta "verdad" con datos oficiales -supuestamente confiables-, el efecto de tales noticias supera ampliamente la repercusión que puede presumirse inicialmente. En la nota se destaca que "En la prensa es cotidiano poner a circular enunciados no cuando se ha demostrado que son veraces, sino considerarlos veraces sólo porque están circulando" (Cómo armar hechos con palabras, LC 18 de mayo de 2008). Consideramos que la prensa construye discursos que se tornan verdaderos por la legitimidad de la que históricamente han gozado los medios masivos de comunicación. Germán Rey (2005) sostiene que los datos estadísticos son esenciales en la narración de la violencia urbana, y que "La estadística asume artificialmente la diferencia y la singularidad de cada acontecimiento acumulando en un solo índice lo que es plural y diverso" (Rey 2005: 9), pero fundamentalmente señala que "[.] la estadística criminal tiende a convertirse en un fetiche" (Rey 2005: 9, el destacado es nuestro) o -como expresara un subtítulo de la misma nota- "La gran tentación" de los periodistas (Cómo armar hechos con palabras, LC 18 de mayo de 2008). En el artículo periodístico se recalca que la difusión de tales datos erróneos tuvo dos consecuencias: "crear una noción desajustada de la realidad" y promover alarma social, y se adjudica el error a dos cuestiones: en primer lugar, que los datos fueron elaborados por funcionarios del juzgado y no por personal especializado en estadística y que, cuando la denuncia de un delito ingresa en el sistema penal, genera múltiples actuaciones (instrucción, defensa, apelación, etc.) que, aparentemente, fueron sumadas en lugar de recurrirse, como correspondería, simplemente al número de delitos cometidos o a las causas iniciadas18. También se reflexiona sobre dos de los delitos que fueron mencionados como graves: homicidios y violaciones, sosteniendo que generalmente no implican situaciones de "inseguridad" sino que corresponden a delitos de acción privada, y agrega que Rosario posee una de las tasas más bajas de homicidios del país, que no alcanza el 10%. Por lo tanto, este artículo periodístico resulta ampliamente ilustrativo de los riesgos que entrana la circulación de información "oficial" en los medios sin un debido cotejamiento de los datos por parte de las agencias del estado. En tal sentido, Sheley y Ashkins (1981) señalan -en un estudio comparativo realizado en Nueva Orleans y Luisiana entre los datos estadísticos de la policía y su reflejo en dos medios masivos de comunicación: la televisión y los periódicos- que la opinión pública se acerca más a la imagen representada por la prensa que a las estadísticas oficiales y, profundizando la indagación, establecen que la concepción acerca de los delitos se aproxima más a la presentada por los medios gráficos que por la televisión19. Este estudio refuerza nuestra hipótesis en cuanto a la preponderancia de la prensa escrita en la construcción de datos "veraces" de alcance masivo. En tal sentido, los datos consignados en Latinobarómetro señalan que, paradojalmente, al tiempo que la confianza en el poder judicial decae, aumenta progresivamente la confianza en los medios gráficos. Mientras que en el año 2003 las agencias judiciales gozaban de un 20% de confianza, para los medios gráficos correspondía sólo el 8%. Tres años más tarde, en 2006, esta relación se invertía, y los medios pasan a percibir el 44%, contra el 36% de confianza atribuida al poder judicial. Por otro lado, resulta incuestionable que la opinión pública genere representaciones sólo sobre la información que tiene a su alcance y, claramente, esta información no son las estadísticas oficiales, sino la interpretación -en el mejor de los casos- y/o tergiversación -en el peor de ellos- que realizan los medios masivos de comunicación20.

ESTADÍSTICAS Y PRENSA GRÁFICA EN PERSPECTIVA. CONTRASTANDO LOS DATOS

En este apartado evaluaremos la evolución de las causas penales y civiles en el fuero de Menores, así como su comparación con el total de causas en el fuero penal -que incluye mayores y menores- en la ciudad de Rosario. En un segundo momento nos abocaremos a la contrastación de tal información estadística con la utilización que los medios gráficos rosarinos realizan de ella21. En cuanto a la evolución de las causas en los juzgados de menores de la ciudad de Rosario, como es posible apreciar en la lectura de la Tabla 1 y Figura 1, existe un aumento del 13,63% de las causas en secretaría penal entre el año 1999 y el 2002, en que llega a su pico máximo; mientras que, paralelamente, las causas civiles registran un sutil descenso durante 2002. Estas últimas se mantienen relativamente constantes, salvo un aumento, no demasiado significativo, durante los años 2003 a 2005, y su descenso abrupto se produce desde 2006 y hasta el final de período, como resultado del cambio de competencia civil antes mencionado. En cuanto al pico que se produce en las causas en secretaría penal, durante los años 2001-2002, éste coincide con la crisis sociopolítica-económica que sufriera la Argentina con la salida del gobierno nacional de Fernando de la Rúa. En la Tabla 2 y en la Figura 2 discriminamos la cantidad de causas por juzgado, a partir de lo cual es posible observar el relativamente similar volumen de causas en los tres juzgados de 1999 a 2005, y en los cuatro desde 2006. No obstante, en el año 2005 se registra un 69,37% más de causas penales en el juzgado No 2, si lo comparamos con el promedio de causas de los juzgados No 1 y 3, que son semejantes. Un hecho similar -aunque no de tal magnitud- se repite en el año 2007 para el juzgado No 4, pero aquí el aumento corresponde al 34,89%, si lo comparamos con el promedio de los tres juzgados restantes. En ambos casos, es dable inferir algún tipo de error en el registro, ya que los turnos son equivalentes para los cuatro juzgados. Llegados a este punto, nos interesa cotejar los datos del fuero Menores con el total de causas penales en la ciudad de Rosario para obtener una visión relacional de la problemática. En la Figura 3 y la Tabla 3 se consigna el total de causas iniciadas en el fuero penal rosarino, que incluyen las referentes a delitos cometidos tanto por personas mayores como por menores de edad. Como se puede apreciar, se registra una tendencia in crescendo a lo largo de todo el período, con un incremento de la cantidad de causas penales del 36,3% entre el primer y el último año de la serie. Entonces, si comparamos las causas cometidas por menores con el total de causas penales en Rosario -Tabla 1 y Tabla 3, respectivamente- vemos que las tendencias no coinciden. Mientras en mayores se registra un aumento del 36,3% entre el primer y último año de la serie, en menores se produjo una disminución del número de causas, que equivale al 37,21% si contrastamos el primer año de la serie con el último. Un dato a destacar es que las causas en menores no alcanzan siquiera el 10% del total del fuero, con variaciones que oscilan entre el 7,3% en 1999 y el 3,9% en 2008. Por lo tanto, la incidencia de delitos cometidos por menores de edad no es, en modo alguno, significativa en relación con la totalidad de los delitos perpetrados en la ciudad de Rosario. Con estos datos como elemento de contexto, nos abocaremos a contrastar la información estadística suministrada por la Corte Suprema de Justicia sobre juzgados de menores rosarinos, y las noticias vinculadas a la temática. En tal sentido, tomaremos una serie de artículos periodísticos que consideramos paradigmáticos en la construcción de la inseguridad vinculada a delitos cometidos por menores de edad. Un titular del año 2005 señala "El delito en menores sube con el colapso del sistema tutelar", y en el subtítulo continúa "En un año calendario en Rosario se abrieron más de 6 mil causas" (LC, 18 de mayo de 2005), lo cual coincide con la información suministrada por la Corte Suprema, detallada en la Tabla 1, en tanto durante 2005 la cantidad de causas sumaba 8958. No obstante, este guarismo está por debajo de los años anteriores -tal y como puede ser observado en la Figura 1-, dato que no es contextualizado por el medio gráfico. Pareciera ser que el énfasis está puesto en cautivar al lector con titulares impactantes más que con contenido (Ruiz Núnez 2005), y las "cifras" proporcionan tal efecto en tanto se constituyen en uno de los protagonistas centrales de la información sobre delitos en los periódicos (Rey 2005). Al inicio de la nota se indica que el titular de la Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal (DPMCLP) declaró que durante 2004 aumentó un 20% "el número de menores rosarinos y santafesinos que se inician en el delito" (LC 18 de mayo de 2005), aunque no hace referencia a la fuente en la que se basa, si corresponde a los juzgados de menores, a la policía o a estadísticas producidas por la DPMCLP. De todos modos, podemos inferir, según los datos consignados en la nota, que el periodista utiliza información judicial para respaldar estos dichos:

[.] considerado un año calendario y tomando como tope la fecha de ayer, solamente en uno de los juzgados de menores ingresaron 2.935 causas, de las cuales 2.066 siguen en trámite y 869 se archivaron. Como las cifras son parejas en los tres juzgados, la consecuencia es que en un año -del 17 de mayo de 2004 a la misma fecha de 2005- en Rosario se abrieron más de 6 mil expedientes. Ese número equivale a delitos presuntos. Las personas involucradas siempre son más" (LC 18 de mayo de 2005).

Tabla 1. Desagregación por tipo de causas. Período 1999-2008.

Tabla 2. Total de causas penales por juzgado. Período 1999-2008.

Tabla 3. Total de causas iniciadas en Fuero Penal en Rosario.

Figura 1. a)Desagregación por tipo de causas. Período 1999-2008.

Figura 2. a)Total de causas penales por juzgado. Período 1999-2008.

Figura 3. Total de causas en fuero penal Rosario 1999-2008.

Sin embargo, si cotejamos esta información con la Tabla 2 y la Figura 2, los guarismos parecerían dar cuenta que el fenómeno de la delincuencia juvenil -de acuerdo con las causas penales ingresadas en el fuero Menores de Rosario- lejos de estar in crescendo, y a pesar de algún pico puntual, se mantiene constante e incluso registra un marcado descenso en los últimos años. Y si bien el periodista establece el corte por fuera del año calendario -tomando desde mediados de mayo de 2004 hasta mediados de mayo de 2005- no se percibe una modificación en modo alguno sustancial entre los totales de ambos años informados por la Corte que, dicho sea de paso, es la misma fuente de información consignada en este caso. De hecho, sí se abrieron más de 6000 expedientes penales: 7677 en el año 2004 y 7550 durante 2005, guarismos que no sólo muestran un descenso, sino que además están muy por debajo de los alcanzados en 2001 y fundamentalmente en 2002, pero que tampoco superan a los del año 2003. Observamos entonces, que el modo de enunciación de los datos en este artículo periodístico contribuye, sin duda, a generar alarma social sobre una base de información en parte correcta pero descontextualizada, que deja al lector sin la posibilidad de sacar sus propias conclusiones. Y luego agrega: "La discusión de esos números pone de relieve el alza presunta del delito juvenil y activa la preocupación sobre cómo frenarlos" (LC 18 de mayo de 2005). Como vemos en este caso, el análisis está sesgado hacia una interpretación que enfatiza el supuesto aumento del delito cometido por personas menores de edad, sin documentarlo en relación con años anteriores. En otro titular se hace hincapié en los delitos cometidos en un turno judicial22: "En un mes, hubo más de 600 delitos de menores en el área de Rosario" (LC 12 de mayo de 2003). De acuerdo con la información que analizáramos precedentemente, si calculamos la media de las causas iniciadas en el período 1999-2008 a partir de los datos consignados en la Tabla 1, obtendríamos 7682 por año y alrededor de 640 causas por mes, lo cual supera al número mencionado en esta nota, pero que, volvemos a remarcar, tomado el dato aisladamente, sin una correcta contextualización, puede resultar "alto" para el lector, pero ?alto con respecto a qué? Más adelante, en la misma nota, se agrega:

La familiaridad de menores con el uso de armas y el mayor protagonismo de adolescentes como agresores o víctimas en acciones delictivas [.] se expresan en forma dramática en los tribunales rosarinos. La estadística del juzgado de menores que completó el último turno así lo refleja. En el período que va del 31 de marzo al 2 de mayo, es decir 33 días, ingresaron 559 expedientes penales. En esas causas hay consignados 637 delitos. La inmensa mayoría de los casos se produjeron en Rosario aunque la jurisdicción abarca también Casilda, Canada de Gómez y San Lorenzo. La magnitud supone un 20 por ciento más de causas que en el mismo período de dos años atrás (LC 12 de mayo de 2003, el destacado es nuestro).

En la nota no se hace referencia a la fuente de los datos citados. De hecho, la comparación con el mismo período dos años atrás plantea dudas sobre el origen de la información que maneja el medio gráfico, ya que las estadísticas de la Corte tienen una tabulación anual y no mensual, lo que nos indicaría que, posiblemente, los datos consignados no han sido procesados, sino que corresponden a información en bruto, que puede adolecer de ciertos errores en su interpretación. Por otro lado, dado que la nota es del año 2003, la fecha señalada como referencia -"dos años atrás"- sería el año 2001 que, si observamos la Tabla 2, registra un número de causas notablemente superior al año 2003. Nuevamente, el énfasis está puesto en señalar el supuesto incremento del delito en menores, más allá de que los datos efectivamente reflejen esta tendencia. Por otro lado, el hecho de que no se cite la fuente (si son estadísticas de la Corte, si son datos extraídos directamente del Sistema de Gestión de Menores o si provienen de entrevistas con magistrados o funcionarios del fuero Menores) ni el dato exacto al cual se hace referencia -es decir, cuál era el número de delitos del mismo período dos años antes- así como el establecimiento de una comparación totalmente aleatoria23, contribuyen a que la imagen del delito juvenil que se construye solamente esté avalada por la credibilidad de que goza el medio gráfico y no por datos comprobables. Por su parte, Kessler (2009) señala que el sentimiento de inseguridad, al ser eminentemente comparativo, requiere de la idea de un pasado sustancialmente diferente del momento actual, así cobra sentido la comparación con años anteriores que realiza el medio gráfico. Pero más allá de la reflexión que desde las ciencias sociales se puede realizar sobre la construcción de un discurso al que subyacen intereses políticos, que marcan los vaivenes de este tipo de noticias en diferentes períodos históricos, al lector de la prensa gráfica local no se le suministra información suficiente para leer críticamente estas noticias y, dada la capacidad de los medios masivos de comunicación de construir la "verdad" noticiosa, resulta complejo que estos datos sean puestos en duda. No obstante, esta situación podría estar matizada por la correlación que introducen Dammert y Arias (2007) entre el volumen de información que el lector maneja y su nivel educativo, en tanto, según afirman las autoras, quienes poseen un menor nivel educativo les otorgan mayor legitimidad a los medios. Al respecto, Martini (2002) señala otro dato interesante: del total de delitos denunciados -no cometidos- solamente entre el 5 y el 9% llega a la prensa, es decir que sólo acceden a la categoría de noticia aquellos crímenes con características de "espectacularidad". Por lo tanto, el impacto social que adquieren determinados hechos está totalmente fuera de escala en cuanto a la sensación de inseguridad que generan en el público. Paradojalmente, la sociedad accede al "estado de la inseguridad" en un momento determinado, por su aparición en los medios masivos de comunicación y, consustancialmente, como señala esta autora, "La relevancia del verosímil va más allá de la coherencia de los números" (Martini 2002: 92). Por otro lado, las crónicas del mundo del crimen "cubren una perfecta ecuación: son baratas de obtener y provocan histórico interés del público. Por esa razón, las noticias judiciales provenientes del ámbito penal son largamente más difundidas por la prensa que las del resto de los fueros" (Ruiz Núnez 2005: 39-40)24. En tal sentido, si bien la prensa gráfica recurre a las estadísticas oficiales para dar cuenta del fenómeno de la delincuencia -tanto juvenil como adulta-, este tipo de fuentes no son utilizadas para otros tipos de delitos, como por ejemplo la corrupción. El énfasis de las noticias generalmente está puesto en los delitos contra la propiedad y/o contra las personas; esto se debe a que la percepción social al respecto no sindica a la corrupción como un peligro inminente para la población, aunque sus efectos a mediano y largo plazo puedan ser mucho más importantes que un simple arrebato cometido por un joven25.

CONCLUSIONES

Ya en el ano 1952 James David había presentado evidencia que indicaba que entre las tasas delictivas oficiales y la cobertura que la prensa realizaba del delito no se verificaba un correlato (Sheley y Ashkins 1981). En tal sentido, en la literatura contemporánea sobre el tema, tanto internacional como nacional, se confirma, precisamente, este desfasaje que sufre modulaciones según la coyuntura sociopolítico-económica del periodo bajo estudio. En esta línea y a partir de nuestra investigación, hemos podido constatar la aparición recurrente del tema de la inseguridad en el relevamiento periodístico, asociado a presuntas olas delictivas -y sus consecuentes respuestas punitivas- durante el período analizado. El abordaje de las estadísticas oficiales que elabora la Corte Suprema de Justicia santafesina a partir de los datos que se registran en el Sistema de Gestión de Menores permite observar un amesetamiento e, incluso, una disminución del índice delictivo en personas menores de edad en los últimos años; sin embargo, esta tendencia es totalmente contraria a la información que construye la prensa al respecto. Por otro lado, y en virtud de que la lógica corporativa de los medios masivos de comunicación se establece en términos mercantiles, y las noticias sobre el crimen "venden", la delincuencia juvenil no sólo no se sustrae de tal tendencia sino que constituye uno de sus pilares fundamentales. La aparición recurrente en la historia de "olas delictivas" indica que no son un fenómeno novedoso, sino que más bien se instalan como resultado de numerosas motivaciones, entre las cuales ciertos crímenes de alto impacto social, así como determinadas coyunturas políticas, ejercen un influjo mucho más poderoso que el efectivo aumento de los índices de criminalidad. En definitiva, la construcción de la noticia que realizan los medios gráficos rosarinos probablemente contribuya a generar una sensación de inseguridad creciente en los lectores, con un énfasis en la utilización de "cifras" oficiales sobre la delincuencia de un modo descontextualizado que apunta a la producción de alarma social más que a generar información sobre la temática. En tal sentido, la prensa enfatiza la idea de una escalada del delito protagonizado por adolescentes, y genera así una imagen de peligrosidad de los jóvenes que no se encuentra respaldada por los datos estadísticos judiciales analizados. La utilización de este tipo de información sin un marco comparativo provoca un impacto del que probablemente carecería puesta en contexto. No obstante, es necesario recalcar que las fuentes de referencia que gozan de mayor legitimidad y a las cuales la sociedad tiene acceso son los medios masivos de comunicación y no las agencias del estado, por lo tanto, podemos inferir que la construcción que la prensa realiza del fenómeno ejerce una notable influencia en la opinión pública. Resulta necesario, entonces, encauzar investigaciones que permitan, a partir de la comprensión de estos procesos en clave histórica, indagar en las diversas fuentes de información existentes sobre las cifras de la delincuencia juvenil, las modalidades de tratamiento del delito a nivel mediático y su consecuente impacto en la opinión pública. El análisis de tales procesos por parte de las ciencias sociales es indispensable para comprender la constitución y consolidación del miedo al delito en particular sobre una franja de la población: los adolescentes y jóvenes de los sectores sociales más pauperizados.

NOTAS

1 En cuanto al abordaje de medios gráficos a nivel local, Barrera (2008) focaliza en los casos de violencia policial de la ciudad de Rosario.

2 La Capital es uno de los diarios más antiguos del país: fue fundado en 1867 por Ovidio Lagos, y constituye el periódico con mayor tirada a nivel local, con alcance en diversas provincias argentinas. Por su parte, el diario El Ciudadano y la Región es el segundo en importancia en la ciudad, fundado más recientemente, a fines de la década de 1990.

3 El abordaje aleatorio implicó el relevamiento completo de las noticias vinculadas a la temática del primer mes de cada cuatrimestre del año, mientras que el episódico incluyó las noticias de la semana anterior y posterior a la ocurrencia de algún acontecimiento que consideramos de gran relevancia para la problemática. El relevamiento del diario La Capital fue llevado a cabo desde la versión electrónica (disponible en www.lacapital.com.ar) para los años 2001 a 2008, y de la versión impresa para 1999 y 2000, mientras que el periódico El Ciudadano fue relevado de la versión impresa.

4 Habiendo consultado la página web institucional del Poder Judicial de la Provincia, constatamos que, si bien existía información estadística correspondiente al fuero penal, ésta no figuraba desagregada entre mayores y menores de edad, motivo por el cual decidimos solicitar material de tipo estadístico a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe sobre juzgados de menores de la ciudad de Rosario, con respecto a: cantidad de causas por juzgados, cantidad de menores imputados, edad de los menores, tipo de delito, etcétera.

5 Esta "cifra negra" se obtiene de la contrastación entre los delitos efectivamente denunciados y aquellos que surgen de la encuesta de victimización, elaborada desde 1995 hasta 2007 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

6 El uso del entrecomillado sugiere que sostenemos que tanto las olas delictivas como la inseguridad son fenómenos construidos socialmente, independientemente de que se registren mayores índices delictivos. Sin embargo, en adelante se omitirá la utilización de comillas para no entorpecer la lectura.

7 Probablemente el ejemplo más paradigmático en la última década, que ha suscitado una respuesta punitiva exacerbada, haya sido el caso Blumberg. A fines de marzo de 2004 se produce la muerte de Axel Blumberg luego de su secuestro extorsivo, y su padre, un empresario de la Capital Federal, comienza una "cruzada" contra el delito y la inseguridad, exigiendo -mediante manifestaciones que congregan un gran número de personas- el endurecimiento de las penas y la reducción de la edad de imputabilidad, entre otras medidas (cf. Calzado 2006; Fernández Pedemonte 2008; Calzado y Van Den Dooren 2008).

8 Ruiz Núnez sostiene que "Esta condición de la prensa como medio de control social puede ser utilizada por ciertos sectores de poder para fabricar 'impresiones' dentro de la sociedad. A esta clase de maniobras se la denomina 'olas de criminalidad de los medios de comunicación', 'campanas de sensación de inseguridad' o 'campanas de ley y orden' [.]" (Ruiz Núnez 2005: 39, 40).

9 Si bien el planteo de Castel (2004) hace más hincapié en la inseguridad social (es decir, el conjunto de protecciones que cubren a los ciudadanos ante accidentes, retiro laboral, desempleo, etc., en el contexto francés) que en la inseguridad civil (ante el delito), resulta sugestivo incorporar su conceptualización porque instala una visión relacional, en tanto muestra ambas caras de la problemática: las representaciones sociales en cuanto a lo que significa estar protegido y la respuesta estatal al respecto.

10 En tal sentido, nuestro código penal es una fiel representación de la centralidad que ocupa la propiedad privada en los regímenes democráticos occidentales, ya que establece duras sanciones a los delitos que atentan contra ella.

11 Se consignarán los títulos de los artículos. El número de página no se incluye porque el relevamiento fue realizado mayoritariamente de la versión digital, que no consigna tal información.

12 El entrecomillado de la palabra "menores" hace referencia a la estigmatización que sufren ninos y adolescentes al ingresar al sistema burocrático-administrativo estatal de protección y/o castigo.

13 Señalamos este recambio de figuras en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto porque era la instancia de la que dependió la Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal desde su creación a mediados de 2000 hasta fines de 2007.

14 Esta ambigüedad puede deberse a los dichos del funcionario, pero no descartamos que pueda existir un cierto nivel de tergiversación por parte del medio gráfico, dado que frecuentemente se citan entre comillas -como si fueran textuales- frases que aparecen en otra parte de la nota, citadas nuevamente entre comillas, pero reformuladas.

15 Este interrogante excede ampliamente los objetivos del presente artículo. Sin embargo, nos interesa dejarlo planteado, ya que se requiere una reflexión profunda sobre la vinculación entre academia y sociedad, en el sentido de considerar si un medio de llegada tan amplio como la prensa no permitiría una interacción más fluida entre las producciones de los cientistas sociales y el conjunto de la población, en especial en un tema tan sensible como éste. La ONG Periodismo Social (2006) hace referencia al tema en uno de sus informes: "[.] es problema de las sociedades científicas, que no sabemos llegar o creemos que no nos van a tener en cuenta. Desconocemos el trabajo de los periodistas. No hay relación fuera de la coyuntura noticiosa [.] Tendríamos que usar más los medios de prensa para que pueda llegar más información veraz a la prensa" (Periodismo Social 2006: 20; Cf. asimismo Gledhill 2000).

16 A partir de la sanción, en septiembre de 2005, de la Ley Nacional No 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, los juzgados de menores van progresivamente perdiendo la competencia civil, que es redistribuida entre los juzgados de familia y el órgano técnico-administrativo, hasta que finalmente, los jueces de menores restringen su área de incumbencia exclusivamente al ámbito penal a partir de la sanción, en 2009, de la ley provincial No 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes que deroga explícitamente, en su artículo N° 71, el trámite civil de la competencia del juzgado de menores.

17 En las entrevistas sólo será consignado el cargo del funcionario entrevistado -que consideramos de relevancia para comprender su posicionamiento- pero no se incluirá ninguna otra referencia personal. Se incluye además la fecha de realización de la entrevista y el número de página cuando correspondiera.

18 En los juzgados de menores la situación es diferente, porque existe sólo un fuero para los delitos cometidos por personas menores de edad, por lo cual, si bien es posible que existan errores de registro, podemos inferir que no serán tan groseros como el que se senaló aquí, en cuanto a la multiplicación de las intervenciones judiciales, que provocó el malentendido.

19 La explicación ante esta "preferencia" en cuanto a la credibilidad de un medio sobre otro radicaría en que el público se detiene a analizar con mayor profundidad los artículos producidos por la prensa gráfica -probablemente porque la lectura implica una actividad mucho más detenida que simplemente mirar televisión-, que daría una cobertura más amplia, mientras que asume que las noticias televisivas serían un simple resumen general de hechos (Sheley y Ashkins 1981).

20 Otro elemento significativo que señalan los autores es que los medios masivos de comunicación reciben resúmenes con las tendencias generales en cuanto a la comisión de delitos, pero eligen dar mayor cobertura a los aumentos que a los descensos (Sheley y Ashkins 1981), lo cual refuerza, nuevamente, en la opinión pública, la idea de una tasa delictiva in crescendo permanente.

21 Es necesario aclarar que, dado que las fuentes obtenidas de la Corte Suprema santafesina estaban expresadas en números absolutos y no en tasas, sumado a que no se consignaban los totales de población menor de edad para la jurisdicción, decidimos exponer los datos tal y como fueron presentados por el Poder Judicial. Por otro lado, ya que los totales analizados corresponden a causas penales y no meramente a delitos (es decir que se incluyen rubros tales como suicidio, hábeas corpus, fugas de instituto/hogar, etc., que no corresponden estrictamente a delitos tipificados por el Código Penal de la Nación -situación que hemos analizado en otro trabajo [Polola 2008]-), resulta complejo establecer algún tipo de comparación con tasas elaboradas por otros organismos oficiales que, generalmente se refieren a hechos delictuosos.

22 El turno judicial del fuero Menores en la ciudad de Rosario fue de un mes hasta la creación del Juzgado No 4, a mediados de 2006, fecha a partir de la cual se redujo a 14 días por juzgado.

23 En tal sentido, resulta sugerente que el periodista elija comparar los datos de dos años que no son subsiguientes y plantea al menos la duda en cuanto al sesgo que se intenta dar a la nota periodística.

24 Esta reflexión resulta sugerente, en particular teniendo en cuenta que la realizó un columnista de temas judiciales en diarios de nuestro país, dentro del marco de los cursos de periodismo judicial que organizara la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe durante los años 2003 y 2004.

25 Ruiz Núnez sostiene que "El cuestionamiento fundamental que se formula a los medios de comunicación en cuanto a la criminalidad, radica en que no trasmiten la realidad sino una construcción de la realidad donde el delito y el delincuente son estereotipos. El delito es algo más que hurtos, atracos y violaciones. No obstante, la palabra parecería remitir solamente a estos delitos como estereotipos, y no a otros, como los grandes fraudes bancarios y la corrupción y la violencia institucional" (Ruiz Núnez 2005: 41) En tal sentido, Martini señala que "La corrupción ofrecería menos carga de riesgo que los menores marginalizados. Se verifica consecuentemente otra forma de naturalización del sentido hegemónico: el enemigo es el delincuente común, cuyo tipo más común es el pobre, joven y villero" (Martini 2002: 94).

REFERENCIAS CITADAS

1. Arfuch, L. 1997 Crímenes y pecados: de los jóvenes en la crónica policial. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Buenos Aires.         [ Links ]

2. Barrera, N. 2008 La "crónica policial" como fuente: reflexiones a partir de una experiencia de campo. Revista de la Escuela de Antropología XIV: 99-110.         [ Links ]

3. Caimari, L. 2009 Anatomía de una ola delictiva. Buenos Aires, 1920s-1930s. En Historias de la cuestión criminal en la Argentina, compilado por M. Sozzo, pp. 126-143, Del Puerto, Buenos Aires.         [ Links ]

4. Caimari, L. 2004 Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955. Siglo XXI, Buenos Aires.         [ Links ]

5. Calzado, M. 2004 Discursos sociales y prácticas punitivas. Las construcciones significantes de la opinión pública en las asambleas del Plan de Prevención del Delito. Delito y Sociedad. 13 (20): 137-157.         [ Links ]

6. Calzado, M. 2006 Elementos para el análisis del tratamiento mediático del caso Blumberg. Programa de Antropología Social y Política. Documento de Trabajo No 5. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires.         [ Links ]

7. Calzado M., y S. Van Den Dooren 2008 Institución parlamentaria y campanas de ley y orden: El "fenómeno Blumberg" y las reformas penales 2004. Ponencia presentada a las V Jornadas de Investigación en Antropología Social. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.         [ Links ]

8. Castel, R. 2004. La inseguridad social ?Qué es estar protegido? Manantial, Buenos Aires.         [ Links ]

9. Dammert, L. y P. Arias 2007 La construcción de una sociedad temerosa: crimen y castigo en Chile. En En los márgenes de la ley. Inseguridad y violencia en el cono sur, editado por A. Isla, pp. 177-208. Paidós, Buenos Aires.         [ Links ]

10. Fernández Pedemonte, D. 2008 Editar la violencia. Dimensión ideológica de las noticias sobre inseguridad. En Estado, democracia y seguridad ciudadana. Aportes para el debate, editado por A. Álvarez, J. Bertranou, F. Calderón, D. Fernández Pedemonte, S. Frederic, D. Galeano, E. García Méndez, A. Isla, G. Kaminsky, G. Kessler, D. Kosovsky, I. Mancini, G. Manzotti, G. Palmieri, M. Perelman, M. Saín, pp. 165-194. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Buenos Aires.         [ Links ]

11. Fishman, M. 1978 Crime Waves as Ideology. Social Problems 25 (5): 531-543.         [ Links ]

12. García Méndez, E. 2004 Infancia. De los derechos y de la justicia. Del Puerto, Buenos Aires.         [ Links ]

13. Gayol, S. y G. Kessler (compiladores) 2002 Introducción. Violencias, delitos y justicias: una aproximación. Violencias, delitos y justicias en la Argentina, pp. 13-38. Manantial, Buenos Aires.         [ Links ]

14. Gledhill, J. 2000 Antropología y política: compromiso, responsabilidad y ámbito académico". En El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política. Bellaterra, Barcelona.         [ Links ]

15. Guemureman, S. 2004 Sistema de producción de información para el monitoreo de adolescentes y jóvenes infractores a la ley penal en Argentina. Documento de Trabajo. UNICEF, Argentina.         [ Links ]

16. Guemureman, S. 2005 La Situación de la infancia y la adolescencia en la Argentina: Provincia de Santa Fe. 1o Seminario Internacional Respuesta Institucional a la Ninez en Riesgo. Problemática de la Justicia Juvenil. Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Rosario, Santa Fe.         [ Links ]

17. Guemureman, S., A. Daroqui 2001 La ninez ajusticiada. Del Puerto, Buenos Aires.         [ Links ]

18. Isla, A., D. Miguez, L. Da Silva Catela, L. Cid Ferreira y M. Cozzani 2006 Violencia delictiva, cultura política, sociabilidad y seguridad pública en conglomerados urbanos (Proyecto en Área de Vacancia 2003-065). Documento de Trabajo No 1 - FLACSO, Buenos Aires.         [ Links ]

19. Isla, A. y D. Miguez (compiladores) 2003 De las violencias y sus modos. Introducción. En Heridas urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales en los noventa, pp. 1-32. De las Ciencias. FLACSO, Buenos Aires.         [ Links ]

20. Kessler, G. 2007 Miedo al crimen. Representaciones colectivas, comportamientos individuales y acciones públicas. En En los márgenes de la ley. Inseguridad y violencia en el cono sur, editado por A. Isla, pp. 69-99. Paidós, Buenos Aires.         [ Links ]

21. Kessler, G. 2008 El sentimiento de inseguridad y el temor al delito en Argentina. V Jornadas de Investigación en Antropología Social. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.         [ Links ]

22. Kessler, G. 2009 El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Siglo XXI, Buenos Aires.         [ Links ]

23. Martínez, J y S. Tiscornia 1994 Recursos extraordinarios para encontrar datos en los secretos del sumario. 1o Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos. Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires.         [ Links ]

24. Martini, S. 2002 Agendas policiales de los medios en la Argentina: la exclusión como un hecho natural. En Violencias, delitos y justicias en la Argentina, compilado por S. Gayol y G. Kessler, pp. 87-111. Manantial, Buenos Aires.         [ Links ]

25. Miguez, D. y M. Roige 2006 El sistema de minoridad en la provincia de Buenos Aires. Una aproximación descriptiva. Documento de Trabajo No 2. FLACSO, Buenos Aires.         [ Links ]

26. Periodismo Social 2006 Ninez y adolescencia en la prensa argentina. Informe anual, Periodismo Social, Buenos Aires.         [ Links ]

27. Polola, D. 2008 Menores e inseguridad. Analizando las "cifras" de la delincuencia juvenil en la ciudad de Rosario. Temas y Debates 12 (16): 87-107.         [ Links ]

28. Polola, D. 2011 El mapa institucional de la minoridad en conflicto con la ley penal. Un abordaje desde las instituciones de intervención del ámbito provincial santafesino con incumbencia en la ciudad de Rosario. Tesis de Grado inédita. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario, Rosario.         [ Links ]

29. Rey, G. 2005 El cuerpo del delito. Representación y narrativas mediáticas de la seguridad ciudadana. Friedrich Ebert Stiftung, Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, Bogotá.         [ Links ]

30. Ruiz Núnez, H. 2005 La sociedad y la justicia en la era de la comunicación. En Curso Anual de Periodismo Judicial. Años 2003-2004, editado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, pp. 25-49. Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Santa Fe.         [ Links ]

31. Saítta, S. 2002 Pasiones privadas, violencias públicas. Representaciones del delito en la prensa popular de los años veinte. En Violencias, delitos y justicias en la Argentina, compilado por S. Gayol y G. Kessler, pp. 65-85. Manantial, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.         [ Links ]

32. Saítta, S. 2002 Pasiones privadas, violencias públicas. Representaciones del delito en la prensa popular de los años veinte. En Violencias, delitos y justicias en la Argentina, compilado por S. Gayol y G. Kessler, pp. 65-85. Manantial, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.         [ Links ]

33. Sepúlveda, R. 2011 Imaginarios de la ninez en el contexto de las reformas penales en Chile y Argentina. X Congreso Argentino de Antropología Social. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.         [ Links ]

34. Sheley, J y C. Ashkins 1981 Crime, Crime News, and Crime Views. The Public Opinion Quarterly 45 (4): 492-506.         [ Links ]

35. Sozzo, M. 2008 Pintando con números: fuentes estadísticas de gobierno y control de la cuestión criminal. En Inseguridad, prevención y policía. FLACSO, Quito.         [ Links ]

36. Varela, C. 2005 Las representaciones sociales sobre el delito y la 'crisis de la seguridad' desde una perspectiva de género. VI Reunión de Antropología del Mercosur. Montevideo, Uruguay.         [ Links ]

37. Vasilachis de Gialdino, I. 2003 Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales. Gedisa, Barcelona.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons