A distancia de las teorías de la sociología funcionalista, a partir de la década de 1960 se pueden reconocer dos grandes ejes en el estudio de la acción colectiva. Siguiendo la distinción hecha por Schuster (2005), Rebón (2006) y Viguera (2009), encontramos la escuela europea que coloca el acento en el estudio de la construcción de identidades y de redes de relaciones solidarias en torno a esas acciones colectivas, y que conforman un sujeto colectivo que trascienden a esas mismas acciones. En palabras de Munck (1997: 3), "los teóricos europeos de los 'nuevos' movimientos sociales, al contrario de los americanos, se caracterizaron por basar sus análisis en una noción más estructural de la identidad colectiva o de la identidad". De modo que estas investigaciones tratan de dar respuesta al por qué de las acciones colectivas, en un período que comienza a dejar atrás un "viejo paradigma" en el que la clase obrera era considerada sujeto protagónico del conflicto y el cambio social.
Así, los nuevos movimientos sociales son caracterizados por la espontaneidad y por objetivos de movilización que integran "nuevos problemas" por los cuales movilizarse: género, derechos humanos, ecología, etcétera. El eje del análisis se traza sobre la conformación particular de identidades que, mediante el involucramiento personal y afectivo, se constituyen como organizaciones –identidades colectivas– con cierta continuidad en el tiempo y extensión en el espacio (Schuster, 2005: 48).
Por otra parte, la escuela norteamericana retoma las acciones colectivas de protesta propias de la sociedad postindustrial, como formas racionales impulsadas por individuos organizados que gestionan una "movilización de recursos" humanos, materiales, logísticos, etcétera. para obtener un fin. Se coloca en primer plano las redes construidas entre movimientos sociales e instituciones, y las características operativas que emplean dichos movimientos en relación a sus fines. Según Jenkins (1983) y Munk (1997), esta perspectiva pone el foco en la ejecución de acciones racionales capaces de adaptarse a diversas coyunturas, cuyos logros están supeditados al conflicto de intereses que se plasman en relaciones de poder institucionalizadas. Además, la intención es examinar la variación de los recursos utilizados por los movimientos, el grado de condicionamiento del apoyo de diversos sectores de la sociedad y la relación establecida por las autoridades en su pretensión por controlar o incorporar a aquellos movimientos (McCarthy y Zald, 2002: 1213). Esta lectura utilitarista –en cuanto a la maximización conciente de elementos que se desplegarían para obtener un fin beneficioso para la totalidad de un grupo– se aplica fundamentalmente en aquellas organizaciones con fuerte centralización en su estructura interna.
Posteriormente se introdujeron otras variables como "los cambios en la 'estructura de oportunidades políticas', la existencia de estructuras previas de movilización, la creación de 'marcos de acción colectiva' y la conformación de repertorios estables de acción" (Viguera, 2009: 12). En conjunto se trata de análisis centrados en conocer cómo se organizan esos movimientos y así consiguen respuesta a sus reivindicaciones, dejando en un plano secundario el contexto histórico en el que se desarrollan.¹
El concepto de estructura de oportunidades políticas es un intento de explicar la acción colectiva más allá de las condiciones estructurales, ya sea la pobreza o el nivel de necesidades insatisfechas; es decir, los movimientos no se constituirían como mera reacción automática a situaciones socioeconómicas desfavorables. Tarrow (1997: 148) dirá que "lo que varía ampliamente con el tiempo y el lugar son las oportunidades políticas, y los movimientos sociales están más íntimamente relacionados con los incentivos que éstas ofrecen para la acción colectiva que con las estructuras sociales o económicas subyacentes". Para el autor los primeros teóricos en estudiar estas dimensiones se inscriben en el materialismo histórico –advertencia que no suele ser común en la bibliografía local–: fueron Marx, Engels, Lenin y Gramsci los que se dedicaron a estudiar sistemáticamente la movilización mediante la teoría de la lucha de clases, introduciendo el concepto de estructura de oportunidades políticas (36-40).²
En el espectro local, existe una amplia gama de trabajos que retomaron y aplicaron los conceptos mencionados a las acciones de protesta a lo largo de la década de 1990. Detenernos en ese período no es una decisión aleatoria: es allí cuando se registra una alta frecuencia de diversas acciones de protesta en todo el país: un total de 7643 hechos entre 1993 y 2001, según estudios de Cotarelo e Iñigo Carrera (2004). Además, se trata del período sobre el cual se volcaron muchos de los conceptos mencionados.
Diferenciamos tres ejes conceptuales que aquí desglosamos con fines analíticos: los dos primeros concernientes a la constitución de un sujeto colectivo en el desarrollo de la protesta social, en particular en los Movimientos Trabajadores Desocupados y en el Movimiento Piquetero –quizás dos de los principales protagonistas del esquema de conflicto en ese período–; y el tercero referido a los recursos y repertorios desplegados en aquellas acciones. A saber: I- Acerca de los actores involucrados en la protesta. El concepto de "nuevos movimientos sociales" fue aplicado para dar cuenta de un conjunto de actores y de objetivos heterogéneos y multifacéticos en el reclamo, en contraste con las movilizaciones populares precedentes –en particular con el movimiento obrero organizado y la movilización sindical–. II- Estrechamente relacionado al punto anterior, los sujetos con motivaciones y objetivos similares y con la construcción de determinados lazos sociales habrían plasmado una identidad que los definió en las protestas. Dimensión tomada para rastrear el por qué de ciertas acciones colectivas de protesta. III- Por último, se ha focalizado sobre lo novedoso de los repertorios, formatos o herramientas utilizadas en las manifestaciones, en particular el corte de rutas. Este aspecto se rescata para elucidar el cómo de la acción. Veamos.

Acerca de los nuevos sujetos y objetivos de la protesta

Autores como Schuster y Pereyra, (2001); Scribano y Schuster (2001); Svampa y Pereyra (2003); Schuster et al (2006), consideran a los manifestantes de las protestas de los años en cuestión como sujetos que renovaron el escenario político nacional. Coinciden en que la figura sindical en el reclamo frente al Estado fue cediendo ante el surgimiento de una nueva red diversa de movimientos sociales. Las protestas pasaron a estar protagonizadas por un abanico heterogéneo de inequidades y desigualdades que dieron cuenta de una diversificación y de una "singularización de la protesta, una multiplicación de actores y desarticulación de las identidades tradicionales" (Schuster et al, 2006: 10). Así, fueron caracterizadas como provenientes de una "matriz cívica", escindida de los reclamos sindicales o clasistas de décadas pasadas.³Esos reclamos, además, se habrían desperdigado en grandes movilizaciones que sin embargo no pudieron poner en jaque al orden económico imperante durante el menemato (Scribano y Schuster, 2001).
El avance de las medidas neoliberales y la explosión del hiperdesempleo habrían influido en la desarticulación de la presencia de trabajadores asalariados como núcleo de los reclamos sociales. En ese plano, Javier Auyero considera que surgieron "nuevos actores (desempleados) y nuevas demandas (puestos de trabajo o subsidios de desempleo), y cambia el blanco de las demandas: de reclamarle al Estado nacional la protesta se traslada al ámbito provincial".⁴ En este marco que menciona el autor, los Movimientos de Trabajadores Desocupados y luego el Movimiento Piquetero habrían renovado el arco de la protesta social al conformar las fracciones más movilizadas de los sectores subordinados.
Pero, ¿son tan nuevas estas personificaciones en el conflicto social?, ¿cuán diluidas quedaron las contradicciones consideradas clásicas?, ¿qué tan desplazados quedaron los sindicatos o los trabajadores ocupados en el período que nos convoca?, ¿debemos referirnos a una renovación real de esa escena, y del ingreso de actores absolutamente nuevos?⁵
Desde ya, la superpoblación relativa no es una novedad en el capitalismo, sino parte integrante de su desarrollo. Lo que sí debe destacarse es la organización política en torno a esta condición eventual que adoptan los trabajadores en épocas de crisis, es decir, su condición de expulsados del mercado de trabajo. Sin embargo, debemos mencionar que la organización de los trabajadores desocupados ya ha tenido experiencias en el país en la década de 1930, de la mano de militantes anarquistas y comunistas que impulsaron la organización de los desocupados frente a la crisis capitalista de entonces.⁶ Más allá de esto, obviamente la organización de trabajadores desocupados en la década de 1990 tiene particularidades que es necesario destacar, como por ejemplo su constitución política autónoma e independiente de partidos políticos o sindicatos en muchas de las agrupaciones que constituyeron el movimiento. El problema, entendemos, es que se vincula estas organizaciones con el resto del arco de "nuevos" movimientos sociales que habrían dejado atrás el paradigma "clásico" de conflicto, al tiempo que se lo ubica como uno de los sectores más movilizados. Contrastemos estas apreciaciones.
A partir de las alianzas gestadas en los sectores populares movilizados, Cotarelo e Iñigo Carrera (2004) realizan una periodización del conflicto social dividida en: un período ascendente de luchas (de diciembre de 1993 a agosto de 1997), uno descendente (septiembre de 1997 a diciembre de 1999) y uno final y nuevamente ascendente (diciembre de 1999 a diciembre de 2001). En estos tres períodos la intervención de organizaciones sindicales es de un 51%, 31% y 33, 5% respectivamente. Mientras que las manifestaciones protagonizadas por agrupaciones vecinales, étnicas, religiosas, villeras, de Derechos Humanos, de pequeños propietarios, de familiares de víctimas, profesionales, ecologistas, etcétera. representan el 6%, 9% y 6,5% respectivamente. Entre esos años (1993-2001) los autores observan que el 55 % de los hechos de protesta están protagonizados por asalariados, tanto ocupados como desocupados. Dentro de estos, los trabajadores ocupados representaron más del 65%, mientras que el 17 % refiere a trabajadores desocupados. A su vez, casi el 40% de los hechos fue convocado por organizaciones sindicales (Iñigo Carrera, 2005: 2). De modo que el sector sindical lejos está de haber quedado desplazado del amplio arco de la protesta social, confirmándose como una de las organizaciones con mayor convocatoria en relación al resto de las organizaciones. De hecho su presencia se tradujo en 9 huelgas generales durante la década de 1990 –de un total de 38 realizadas desde 1979 a 2002–, y una de ellas en 1996 "reunió a 70 mil personas en Plaza de Mayo, en lo que fue considerada por el diario La Nación, la segunda más numerosa movilización política de la década" (Iñigo Carrera, 2007: 92). Debemos aclarar sin embargo que las huelgas convocadas por la CGT fueron cinco, y ninguna incluyó movilización; mientras que tres de esas huelgas se dieron a lo largo de 2001 (Piva, 2009: 35).
En una investigación dirigida por Schuster (2006: 37) se arrojan datos similares en lo que respecta a la participación sindical: los gremios y sindicatos que intervienen en las protestas entre 1989 y mayo de 2003 representa el 49%, mientras que entre los años 1998 y 2002 dicha marca baja al 26% del total. Luego se menciona en segundo lugar a un heterogéneo conglomerado caratulado como "organizaciones civiles", con un 35% de acciones de protesta.⁷ Sin embargo, si nos referimos a los objetivos de aquellas acciones encontramos que las demandas económicas, laborales, salariales y políticas suman el 64% sobre el total.⁸ Se trata de valores que difícilmente podrían calificarse como "residuales".
Entonces, si bien es posible y necesario reconocer la diversidad de los conflictos y de los sujetos que allí participan –que ciertamente existe–, pretendemos revisar el carácter que se les otorga. En tal sentido, Gómez (2007) relativiza lo novedoso de las formas de incursión social de los movimientos de desocupados de Argentina, sus objetivos y su estrategia en los conflictos de la década de 1990:

"es necesario reintegrar la historia de los movimientos de desocupados en la historia de los cambios de las luchas de clases en la década del '90. La perspectiva de largo plazo permite ver procesos de constitución menos 'puros' y lineales pero más precisos en la detección de los pasajes, en los aprendizajes y adaptaciones continuas al contexto". (Gómez, 2007: 135)

El movimiento piquetero entonces sería inconmensurable sin considerar la influencia del movimiento obrero en su conformación y en el co-protagonismo en la arena pública. Insistir en una supuesta frontera que divide "nuevos" de "viejos" movimientos implica hacer al menos dos consideraciones. La primera, siguiendo a Seoane et al (2009: 10), se tiende a establecer un paradigma de explicación en el cual se relativizan las contradicciones del sistema económico social imperante, pues los objetivos centrales de la protesta se alejarían de los "viejos paradigmas". Así, el foco en la entrada en escena de una diversidad y multiplicidad de actores sociales y objetivos "camuflaría" el proceso de degradación y desigualdad social propios de la economía capitalista. Subrayamos, además, que los sectores postergados también han planteado cuestionamientos a las contradicciones sistémicas y han bregado por la construcción, en diversas coyunturas, de una fuerza social con objetivos –seguramente disímiles– de cambio social.⁹
En segundo lugar, se corre el riesgo de eludir el hecho de que las protestas, los sujetos que en ellas participan y sus objetivos son parte inalienable del desenvolvimiento histórico-concreto del conflicto social. Allí donde se observan manifestaciones en espacios y tiempos diversificados o desconectados, es posible rastrear mediante una lectura holista un mismo camino de experiencias, formas y magnitudes de las luchas que abarcaron todo un período. Es decir, episodios que forman parte de un proceso de resistencia heterogéneo pero al mismo tiempo contínuo. Iñigo Carrera y Cotarelo (2001 y 2003) y Klachko (2008) observan esta característica al afirmar, lejos de la idea de atomización, que existe una "evolución" en el ciclo de protestas durante la década de 1990: de las manifestaciones cercanas a la figura del motín o de formas espontáneas de lucha a acciones más organizadas, constituyéndose en instancias de lucha más sostenidas y sistemáticas.

Acerca de la conformación identitaria de los sujetos que protestan