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Introducción
En América Latina, la heterogénea configuración en las modalidades de acceso, apropiación, distribución y gestión de los bienes comunes impulsada por los procesos de acumulación capitalista ha dado como resultado una compleja geografía en la cual las desigualdades sociales, económicas y culturales se intersectan y retroalimentan con los crecientes riesgos en materia ambiental. Tanto en ámbitos rurales como urbanos, el avance de emprendimientos de carácter extractivo -bajo diversas formas: minería, hidrocarburos, desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura, producción agropecuaria, forestal y/o pesquera - atenta contra los espacios de vida locales y amenaza la continuidad de modos de producción y reproducción históricos (Alimonda et al 2017, Delgado Ramos 2013, Merlinsky 2016, Merlinsky 2013, Seoane et al. 2013, Svampa y Viale 2014).
En este marco, se asiste a una emergente conflictividad que tiene al territorio y al ambiente en el centro de las controversias. Poblaciones indígenas y campesinas, asambleas ciudadanas y otras organizaciones sociales (en alianza estratégica con actores públicos y/o privados como ONGs, ciertos organismos estatales y equipos de investigación universitarios) resisten cotidianamente contra un modelo de desarrollo excluyente en lo socio-económico y degradante en lo ambiental. Son conflictos de distribución y apropiación no sólo económica y ecológica sino también cultural, que enfrentan actores disímiles, con desiguales intereses y recursos, y que ponen en tensión modos diferenciales de valoración de los bienes comunes (Alimonda 2011, Escobar 2011, Martínez Alier 2006).
La literatura que aborda las injusticias ambientales en su desarrollo conceptual y en su fecunda movilización y recreación por parte de los movimientos sociales, apunta que no se trata sólo de una dispar distribución de los riesgos y recursos existentes en el ambiente sino también de una cuestión de justicia social, de salud comunitaria y de relaciones sociales racializadas y espacializadas en regiones degradadas (Di Chiro 1999). Más aun, hay que atender a procesos de largo alcance ligados a las condiciones de posibilidad para que esa distribución inequitativa exista y se perpetúe -y cuyas raíces últimas deben buscarse en el modo de producción capitalista excluyente y su lógica de acumulación por desposesión (Harvey 2003), así como en la persistente colonialidad que moldea las relaciones sociales, modos de entender y relacionarse con el mundo (Castro Gómez y Grosfoguel 2007; Escobar 2014, Lander 2005). La falta de reconocimiento del otro como sujeto de derechos, las desigualdades procedimentales que relegan las poblaciones a un segundo plano en las instancias participativas para el diseño, implementación, gestión y evaluación de las políticas e intervenciones públicas y/o privadas que los involucran, y las capacidades de funcionamiento (individuales pero primordialmente comunitarias) que se ven cercenadas en estos contextos son otras dimensiones de interés a indagar (Acselrad et al 2009, Berger 2012, Blanchon et al. 2009, Carruthers 2008, Harvey 2018, Schlosberg 2011, Schlosberg y Carruthers 2010).1
En Argentina la cartografía de los conflictos ambientales avanza desde y hacia los cuatro puntos cardinales (Merlinsky 2016; Merlinsky 2013; Svampa y Viale 2014) cobrando especial interés en el marco de las transformaciones ligadas a la consolidación del agronegocio como modelo productivo desde fines de siglo XX. El mismo llevó a la incorporación de nuevas tierras a la producción agropecuaria en un proceso comandado por el cultivo de commodities y su paquete tecnológico asociado (Giarracca y Teubal 2008; Gras y Hernández 2013). Entre sus principales consecuencias pueden señalarse por un lado los impactos ambientales de la deforestación a gran escala: destrucción de la biodiversidad fragmentación y pérdida de conectividad de paisajes reducción en la provisión de servicios ecosistémicos. Por otro lado cobran relevancia los impactos sociales y sanitarios vinculados con la expulsión y destrucción de los modos de producción y reproducción de la vida de las poblaciones locales y con las afecciones sobre la salud asociadas con la exposición a agroquímicos.
Ahora bien estos procesos no transcurren sobre escenarios ahistóricos y/o vacíos tal como ciertas narrativas hegemónicas han pretendido argumentar sino que vienen a ensamblarse con injusticias de larga duración. En este artículo nos proponemos analizar los procesos reseñados a la luz de la experiencia de la provincia de Salta en el norte argentino: un espacio geográfico en el cual la implantación de proyectos de infraestructura regional y de producción agropecuaria e hidrocarburífera se intersecta con conflictos en torno a la propiedad de la tierra que involucran a poblaciones indígenas y campesinas históricamente signadas por procesos de subalternización y situaciones de profunda injusticia ambiental y social. Para el abordaje de las problemáticas planteadas nos servimos de material documental histórico y reciente (información hemerográfica legislativa estadística informes elaborados por diversos organismos estatales y/o no gubernamentales etc.) en diálogo con la información recolectada y construida en el marco de investigaciones previas (Schmidt 2017).
Primero presentamos las injusticias de larga duración que han ido configurando los modos hegemónicos de pensar y actuar sobre el Chaco salteño y su población. Luego avanzamos en las transformaciones productivas que a fines del siglo XX impulsaron el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte del país. Por entonces la creciente problematización pública de la cuestión ambiental vinculada a la pérdida y degradación de bosques nativos culminó en la sanción de la ley de bosques en el año 2007 (siendo Salta uno de los casos emblemáticos). Tercero apuntamos a la serie de consecuencias sobre la salud que se derivan de la cotidiana y persistente exposición a las fumigaciones con agroquímicos haciendo énfasis en la desventajosa situación en la que se encuentran las comunidades indígenas y familias campesinas tanto para acceder al sistema de salud como para denunciar su situación de pueblos fumigados y como tal constituirse en sujeto de reclamos. Por último señalamos una serie de reflexiones finales en la búsqueda de desentrañar los avances y desafíos hacia una configuración social más justa en términos ambientales sanitarios y territoriales.
El Chaco salteño y sus injusticias de largo plazo 2
Los territorios y poblaciones del Gran Chaco han sido terreno fértil para la proliferación de múltiples imaginarios desde la época colonial. Fueron regiones señaladas como tierra de infieles en virtud del distanciamiento e inconmensurabilidad (geográfica y cultural) de sus territorios extensos e impenetrables. Las características naturales y poblacionales se potenciaron así para la construcción de la imagen de un Chaco indómito y feroz (Gordillo 2006; Trinchero 2000).
A su llegada pues los europeos no se encontraron con un desierto poblacional sino que el territorio albergaba en toda su extensión una multiplicidad de grupos étnicos y lingüísticos de gran diversidad y procedencia geográfica. Tampoco se trataba de un desierto en términos biológicos y/o ecosistémicos: las comisiones exploradoras y los informes de misioneros que tuvieron acción en la región contienen secciones que dan cuenta de la variedad y abundancia de recursos allí disponibles y de la “calidad de la tierra del Chaco” (Lozano 1941(1733) p. 38). Sin embargo es frecuente que aparezca señalado como un espacio vacío. A pesar de los reiterados intentos colonizadores no se procedió durante el período colonial a la definitiva dominación territorial del Gran Chaco -pero sí se avanzó en su apropiación simbólica- que continuó en poder indígena. La ocupación sólo fue efectiva en sus bordes en tanto que a su interior se mantuvo relativamente inexplorado por un período de casi tres siglos (Gordillo 2006; Teruel 2005; Trinchero 2000).
El imaginario que asoció al territorio y la población del Chaco con paisajes desiertos y salvajes se tornó hegemónico hacia finales del siglo XIX tras el período independentista (Lois 2002). En la expansión del dominio de los nacientes Estados latinoamericanos de fines del siglo XIX y principios del XX hacia los vastos territorios habitados por pueblos indígenas la solución fue planteada en términos de exterminio y desposesión -material y simbólica- de aquellas poblaciones sus modos de vida y sus configuraciones territoriales preexistentes. En Argentina es bien conocida la apuesta por la homogenización cultural y lingüística por la invisibilización y/o asimilación -si no eliminación- de las diferencias en la búsqueda del progreso y la civilización prometidos por occidente. La versión hegemónica fue la del crisol de razas con las implicancias que tal metáfora suscitó en la subalternización de las poblaciones negras e indígenas (Trinchero 2000).
Uno de los dispositivos por excelencia a través de los cuales se procedió al disciplinamiento de estas poblaciones y territorios fueron las campañas militares (Trinchero 2000). La política sistemática de ocupación territorial comenzó hacia 1870 y desde entonces tuvieron lugar sucesivas expediciones militares. La llamada conquista del Chaco tuvo su acto principal en la acción militar iniciada en el año 1884 cuyo fin último era “la estirpación de la barbarie en los ricos territorios del Chaco que era incuria injustificable dejar por más tiempo entregados a los horrores del desierto y del salvaje” (Victorica 1885 p. 67 destacados propios3). Si bien no se trató del ataque definitivo fue el que permitió desbaratar los principales grupos indígenas dar muerte a los máximos caciques tomar prisioneros y consolidar el avance de la territorialidad estatal en la frontera.4
También fue necesaria la producción de un conocimiento exhaustivo y pormenorizado de las poblaciones y territorios bajo conquista. De tal modo estas regiones se convirtieron en foco de exploraciones científicas (muchas de ellas llevadas adelante en conjunto con las expediciones militares que incluían comisiones compuestas por ingenieros naturalistas y otros especialistas en sus filas) con la finalidad de conocer las potencialidades productivas de su geografía y también de sus pobladores (Lois 2002). Son recurrentes las referencias que pueden encontrarse en los documentos que al tiempo que aluden a la “exuberante y vigorosa vegetación” (Seelstrang 1977 (1878) p. 41) de este “edén argentino” (Bialet Massé 1986 (1904) p. 53) no dejan de calificarlo como un desierto. En su diario de viaje al Chaco Fontana advertía en 1875 que “sería muy aventurado internarse más en el desierto poblado de bosques impenetrables que guardan fieras y diversas tribus salvajes que pueden atacarnos” (Fontana 1977 (1881) p. 65 d/p).
En este proceso también jugaron un rol de vital importancia las misiones reducciones y colonias indígenas. Tras ser pacificado a lo largo del siglo XX en el Chaco salteño fue avanzando la frontera de colonización (a partir del establecimiento de colonos ganaderos conocidos hasta hoy en día como puesteros y/o criollos) y se consolidaron una serie de emprendimientos productivos en especial los ingenios azucareros la explotación forestal y la producción hidrocarburífera (Gordillo 2006; Teruel 2005; Trinchero 2000). No obstante y como resultado de “las desiguales configuraciones espaciales creadas por la expansión del capitalismo” (Gordillo 2006 p. 79) en la región de referencia algunos territorios permanecieron relativamente ajenos al desembarco directo de las lógicas de acumulación. La expansión de las fronteras productivas allí no implicó la apropiación ocupación y valorización territorial directa sino que la mayor parte de las tierras continuaron siendo fiscales recibiendo pocas inversiones públicas y/o privadas y presentaron una dinámica socioeconómica distinta de otras zonas donde el desarrollo se había instalado de modo más directo.
Si bien gran parte de los modos de apropiación valoración y usufructo de estos territorios continuaron ligados a las formas productivas domésticas basadas en la ganadería montaraz criolla y las prácticas cazadoras-recolectoras y agrícolas indígenas estas poblaciones fueron progresivamente arrinconadas en las zonas menos fértiles. En paralelo los emprendimientos productivos fueron avanzando en la expropiación y apropiación de los territorios que se constituían en su “almacén primitivo de víveres” (Gordillo 2006; Trinchero 2000). Este panorama comenzó a cambiar hacia fines del siglo XX cuando algunas de las geografías de la injusticia hasta aquí descriptas se vieron acentuadas y recreadas; en particular a partir de los procesos de valorización territorial comandados por la actividad agropecuaria e hidrocarburífera la explotación de carácter extractiva de la naturaleza como recurso y la dispar distribución de los beneficios y cargas sociales y ambientales de la degradación y desaparición de bosques nativos sobre las condiciones de producción y reproducción de la población indígena y criolla.
El Chaco salteño y sus injusticias ambientales
En las últimas décadas del siglo XX las injusticias de larga duración antes reseñadas cobraron un nuevo impulso en ocasión del desembarco del modelo de desarrollo agropecuario comandado por el agronegocio un modelo productivo que asocia monocultivo transgénico para exportación y uso intensivo de agroquímicos en desmedro de la soberanía alimentaria y la salud (Giarracca y Teubal 2008; Gras y Hernández 2013). En este marco se registra en Argentina un proceso de agriculturización de la tierra y sojización de los cultivos profundizado desde el año 1996 tras la autorización de la producción y comercialización de la soja tolerante al glifosato Roundup Ready. Según estimaciones de la actual Secretaría de Agroindustria de la Nación el país pasó de tener una superficie implantada con soja inferior al millón de hectáreas hacia finales de la década de 1970 a alcanzar las 20.000.000 has en la campaña 2012/13 (más de la mitad del área agrícola).5
El avance desde la tradicional región pampeana hacia el norte del país -a impulsos de la habilitación de tierras antes improductivas - se tradujo en una aceleración del ritmo y cantidad de desmontes. De acuerdo con el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos la tasa de deforestación anual se incrementó de 180.000 has/año en el período 1987-1998 a 230.000 has/año en 1998-2002 en tanto las estimaciones para el año 2006 (realizadas en base a datos preliminares de cinco provincias entre 2002-2006) proyectaban un promedio de 267.000 has/año (SAyDS 2005; SAyDS-UMSEF 2007).
En la región chaqueña la superficie agrícola aumentó un 70% entre los años 1988 y 2002 (de 2.500.000 has a 4.300.000 has). Entre los cuatro polos agrícolas principales en los que se concentró este cambio en el uso del suelo dos corresponden a la provincia de Salta: el noreste (Tartagal) y el sudeste (Las Lajitas) (Paruelo y Oesterheld 2004). Las tasas de deforestación en esta región se cuentan entre los primeros puestos en los rankings mundiales y regionales de pérdida de cobertura boscosa (FAO 2016). En el Chaco seco comprendido por Argentina Bolivia y Paraguay entre 1976 y 2012 se transformaron un total de 15.800.000 has de hábitats naturales en campos de cultivo y/o pasturas y un 68% de ese total corresponde a la porción argentina (Vallejos et al. 2015). A nivel nacional fueron 11.624.750 has las deforestadas en el período 1976-2016 siendo las provincias de Santiago del Estero y Salta las que poseen mayores proporciones de pérdida de bosques nativos (34% y 174% respectivamente).
En Salta aumentaron las superficies destinadas a cultivos al tiempo que disminuyó la cobertura boscosa: las 100.000 has sembradas con soja a comienzos de la década de 1990 se incrementaron hasta promediar las 600.000 has en la campaña 2010/11. En los últimos años las pasturas se acercan cada vez más a la soja -cuya superficie comienza a estabilizarse y a verse restringida su expansión hacia nuevos suelos con menores aptitudes agronómicas- convirtiéndose en el actual dinamizador del avance de la frontera agropecuaria en las zonas más áridas del este provincial (asociadas a un nuevo de tipo de ganadería empresarial) (Schmidt 2017; Azcuy Ameghino y Ortega 2010; Colina 2011; Morello y Rodríguez 2009).
Como resultado esta lógica productiva fue transformando aquel desierto verde imaginado en un desierto verde real (Schmidt 2017). En este marco de profundización de las injusticias ambientales se debatió y sancionó en el año 2007 la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En su articulado el principal instrumento de regulación de la deforestación previsto es el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que cada una de las provincias debía establecer a través de la sanción de una normativa y por medio de un proceso participativo en el plazo máximo de un año (durante ese lapso tendría vigencia una moratoria de desmontes). Los OTBN debían clasificar los bosques en tres categorías -bosques de alto (rojo) mediano (amarillo) y bajo (verde) valor de conservación- a partir de diez criterios de sustentabilidad ambiental.
Ahora bien su objetivo no era conservar superficies boscosas vacías de relaciones sociales en virtud de los bienes y servicios ambientales que brindan a la humanidad como si no existieran profundas heterogeneidades en los modos de uso apropiación y distribución de los recursos naturales por parte de los distintos actores en juego. Se trataba de la defensa de territorios que son hábitat refugio y almacén de las poblaciones indígenas campesinas y rurales que allí desarrollan su vida donde producen y se reproducen cotidianamente. De allí que el avance del agronegocio sobre los bosques nativos -cimentado en cambios tecnológicos y nuevas variedades de cultivos la dinamización del mercado inmobiliario y un contexto internacional favorable para la producción de commodities- no puede desvincularse de los históricos conflictos por el uso tenencia y propiedad de la tierra que involucran tanto a pueblos indígenas como a familias campesinas en la región. Éstos no son nuevos ni están solamente vinculados al avance de la frontera agropecuaria sino que también se derivan del accionar de la producción hidrocarburífera y de la ampliación de la infraestructura vial regional (Di Risio y Scandizzo 2012).
La información disponible indica que al menos 2.900.000 has son habitadas usadas o reclamadas por comunidades indígenas y/o criollas en el Chaco salteño (Seghezzo et al. 2016) en tanto que gran parte del territorio (un 95%) se encuentra bajo algún tipo de conflicto de tenencia de la tierra (Venencia et al. 2012). Esta escalada en la conflictividad territorial ha dado lugar a procesos de organización y movilización de variada intensidad entre las poblaciones afectadas que han acudido a instancias públicas legales y judiciales y que en última instancia han derivado en situaciones de violencia criminalización y/o desalojos (Buliubasich 2013; Domínguez 2009; Mioni et al 2013; Sili y Soumolou 2011; Slutzky 2005).
La aprobación de la ley de bosques fue el punto de llegada de un largo proceso de debate público en torno a la protección de las masas boscosas remanentes en Argentina pero también fue el punto de partida para la implementación de una política ambiental que en sus distintos niveles y ámbitos de aplicación ha vuelto a reeditar la tensión -las más de las veces presentada en términos dicotómicos e irreconciliables- entre la conservación de la naturaleza (el atraso) y la producción (el progreso) (Schmidt 2017). Todo esto no ha ocurrido sin contradicciones: en el pasaje de las discusiones desde la escala nacional a las jurisdicciones provinciales -pilares centrales en la aplicación de cualquier regulación ambiental en el terreno - se han reconfigurado los discursos y actores involucrados implicando en muchos casos la activación de nuevos conflictos y controversias (Langbehn 2015).
El salteño se presenta como un caso especialmente significativo no sólo por tratarse de una de las jurisdicciones con mayor superficie de bosques nativos en Argentina sino también por ser una de las que presentaba más potencial productivo agropecuario por la gran cantidad de tierras en disputa en manos de población indígena y criolla y por haber sido precursora tanto en las tasas de deforestación como en la pronta puesta en marcha del plan de OTBN.
A inicios de 2008 se convocó un proceso participativo para la definición y zonificación de las áreas de protección boscosa. Se realizaron numerosos talleres reuniones zonales y mesas sectoriales a los cuales asistió gran cantidad y diversidad de actores: funcionarios y técnicos de organismos gubernamentales y no gubernamentales miembros de asociaciones de productores agropecuarios y forestales organizaciones y movimientos de pueblos indígenas y familias criollas. Sin embargo esa activa participación no se tradujo en una ley de OTBN que atendiera las demandas de los diversos sectores: la legislatura receptiva a los intereses y a las presiones de las grandes organizaciones de productores agropecuarios modificó varios artículos del proyecto inicial reduciendo el alcance de la protección de los bosques y debilitando las salvaguardas que otorgaba a los indígenas. Frente a esta situación días después de la sanción de la Ley N° 7.543 de OTBN un conjunto de organizaciones indígenas y criollas presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obtuvo una medida cautelar que paralizó todas las actividades de deforestación y tala en cuatro departamentos del noreste provincial. El gobierno finalmente sancionó un mapa de OTBN que zonificó 5.400.000 has de bosques en categoría amarilla y 1.300.000 has en categoría roja (respectivamente el 65% y el 16% de la superficie boscosa total) en tanto que un 19% fue categorizado como áreas de uso productivo (Schmidt 2017; Langbehn 2015; Seghezzo et al 2011).
En Salta los proyectos e intenciones de dominación y/o apropiación territorial de los diversos actores se hicieron explícitos en diversas propuestas de OTBN que en definitiva eran modelos de desarrollo y modos de valoración de la naturaleza en disputa (Schmidt 2017). El proceso de diseño formulación e implementación del OTBN nos habla pues de los históricos conflictos inscriptos en estos territorios (las injusticias de larga data). A su vez nos devela la existencia de actores con mayor capacidad para hacer hegemónico su proyecto territorial y apropiarse de los saldos positivos de los procesos de expropiación y desposesión que producen y reproducen injusticias.
La exacerbación de los desiguales impactos ambientales de la deforestación en el Chaco salteño no puede comprenderse entonces sin atender de modo simultáneo a los impactos socio-sanitarios que este modelo de desarrollo comporta en los territorios y poblaciones de referencia. Si en la cartografía de la conflictividad local la nunca resuelta problemática de la tierra fue el principal móvil a partir del cual las demandas territoriales y ambientales tomaron estado público y llegaron a ser objeto de debates las controversias en torno a los efectos de las fumigaciones en el ambiente y los cuerpos es un debate pendiente.
El Chaco salteño y sus injusticias socio-sanitarias
Como apuntamos en el apartado anterior los pueblos originarios y familias criollas enfrentan una creciente situación de injusticia ambiental en el marco del avance de la deforestación sobre sus territorios. A pesar de los avances legislativos en materia ambiental e intercultural son escasos los dispositivos institucionales legales y/o judiciales a los que acceden en la búsqueda de una más equitativa distribución de los recursos naturales y de un mayor acceso a los canales de participación y toma de decisiones en las políticas públicas que los involucran directa e indirectamente (Schmidt 2017). A la progresiva degradación ambiental -que involucra no sólo la pérdida de biodiversidad sino también la eliminación y/o cercamiento del acceso a los bienes de la naturaleza que son centrales para la producción y reproducción de la vida- se suman entonces los impactos sobre la salud de las fumigaciones por vía aérea y terrestre. Las mismas afectan tanto el ambiente como los cuerpos largamente maltratados por un sistema de salud que los ha discriminado y estigmatizado (Lorenzetti 2014).
Las cifras que dan cuenta del aumento en las superficies implantadas a nivel nacional y regional se corresponden con un aumento en las cantidades de productos químicos que son utilizados en el proceso productivo.6 En años recientes Argentina es foco de crecientes conflictos y controversias respecto de los impactos de los agroquímicos en la salud y el ambiente siendo sede de importantes procesos organizativos en distintos ámbitos locales a la vez que incrementando el número de acciones legales y/o judiciales en pos de la prohibición de las fumigaciones (Arancibia 2013; Carrizo y Berger 2014; Skill y Grinberg 2013).
A tono con lo ocurrido a nivel internacional y regional se ha avanzado en la construcción de evidencia sobre los impactos derivados de las fumigaciones tanto en el agua suelo y aire en flora y fauna y en la salud de las poblaciones (Aiassa et al. 2009; Ávila-Vázquez et al. 2017; López et al. 2012; Paganelli et al. 2010; Ronco et al. 2016). Por su parte desde las empresas proveedoras de semillas y productos químicos el sector productivo y ciertos organismos estatales se sustenta la posición de que no existe certeza acerca de los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente. Se apela a las buenas prácticas agrícolas a través de las cuales se evitarían las posibles externalidades negativas y se argumentan los beneficios agronómicos ambientales y socio-económicos que los cultivos biotecnológicos traen a los agricultores y a la sociedad en general.7
La conflictividad ligada a la lucha contra las fumigaciones ha tomado mayor estado público en provincias históricamente agropecuarias y que de modo más temprano iniciaron sus procesos de incorporación al modelo productivo hoy hegemónico. Si bien hay producciones que abordan las consecuencias de la utilización de agroquímicos en jurisdicciones de la región chaqueña y en países limítrofes como Paraguay y Brasil (Arzipe y Locatelli 2009; Domínguez y Sabatino 2005; Ferreira Carneiro et al. 2016; Ramírez 2012) en una provincia como Salta la visibilización de esta problemática es aún incipiente.
Cabe recordar que las condiciones climáticas (temperatura ambiente humedad relativa velocidad del viento entre otras) son factores de importancia en la determinación de volúmenes y frecuencia de las fumigaciones en virtud de que aumentan la probabilidad de las derivas de los productos aplicados (Tomasoni 2013). En el norte argentino esto se traduce en que la cantidad de agroquímicos aplicados por hectárea son más altas que en otras jurisdicciones. En este marco en provincias como Chaco hay localidades cercadas por campos de cultivo -La Leonesa Napenai AviaTerai- que exhiben cada vez mayores registros de enfermedades asociadas a la exposición a las fumigaciones.8 De igual modo en Santiago del Estero existen conflictos entre comunidades campesinas y empresarios casos de muertes por malformaciones que han sido atribuidas al uso de agroquímicos y en los espacios organizativos comienzan a debatirse estas problemáticas y paulatinamente surgen denuncias y acciones judiciales por contaminación.9
En Salta además de los departamentos que más tempranamente se han dedicado a la producción agrícola entre las zonas más afectadas se destaca el área de influencia de las localidades emplazadas a lo largo de la ruta 34 en el departamento de San Martín (Tartagal General Mosconi Coronel Cornejo General Ballivián Embarcación entre las principales). De acuerdo a una investigación llevada adelante en comunidades indígenas del municipio de Ballivián y si bien no se cuenta con registros oficiales que permitan cuantificar los efectos nocivos sobre la salud asimilables a los efectos de los agroquímicos a través de consultas a profesionales del área de salud se han reconstruido las principales afecciones que se han incrementado en los últimos años: problemas de piel enfermedades respiratorias cáncer y nacimiento de niños con labio leporino y cardiopatías congénitas. De modo complementario se denuncian las condiciones de inaccesibilidad a fuentes de agua (como resultado de los alambrados) y contaminación de las mismas tanto para consumo humano como animal en virtud del escurrimiento del agua desde los campos de cultivo en donde se aplican agroquímicos (Naharro y Álvarez 2011). Otro hecho que refleja las consecuencias de estas injusticias socio-sanitarias es el caso de las muertes y situaciones de desnutrición en niños indígenas todo lo cual apunta a señalar que la salud indígena en el Chaco salteño continúa siendo un tema postergado y que la regla ha sido la auto-responsabilización y/o la adjudicación de causas culturales a las condiciones de salud de los pueblos originarios (Álvarez Leguizamón 2011; Lorenzetti 2014).10
Los resultados preliminares de un relevamiento de situaciones y eventos conflictivos relativas al uso aplicación y/o almacenamiento de agroquímicos en la provincia de Salta (un total de 83 casos relevados a marzo de 2019 recabados a partir de diversas fuentes de información secundaria: notas periodísticas denuncias ante organismos públicos investigaciones informes de autoridades ambientales etc.) nos permiten señalar algunas características salientes para el período 2001-2018.11 La distribución departamental muestra que el 895% de los casos se sitúa en cuatro de las jurisdicciones más afectadas por el avance de la producción agroindustrial a gran escala (San Martín Anta Orán y Metán) mientras que los principales actores afectados se reparten en un 718% entre poblaciones de las periferias urbanas (341%) y pueblos indígenas (376%). Con respecto a los actores demandados en su gran mayoría se trata de privados (grandes empresas productores aplicadores) aunque también se apunta a las responsabilidades municipales y/o provinciales en las actividades de control y sanción; siendo las principales situaciones detectadas aquellas vinculadas a malas prácticas agrícolas (fumigaciones en campos lindantes a viviendas y/o escuelas maquinarias y almacenamiento de envases en áreas urbanas etc.) impactos ambientales (mortandad de flora y fauna contaminación de agua aire y suelo) y sanitarios (intoxicaciones anomalías congénitas enfermedades etc.).12
En lo que se refiere a los dispositivos legales e institucionales en Salta la regulación provincial del uso de agroquímicos está contenida en las Leyes Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente (2000) y Nº 7.812 de Protección de la Salud Humana Regulación Fiscalización Educación e Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura (2013). Durante el debate parlamentario de esta última norma las principales controversias giraron en torno a diversos ejes de discusión como el insuficiente grado de conocimiento y/o de certezas existentes respecto de los daños a la salud y al ambiente causados por el uso y/o exposición a los agroquímicos (falta de estadísticas e información oficial) situación que dificultaría la toma de decisiones científicamente fundada sobre los criterios de prohibición. A su vez las polémicas emergieron en torno a la delimitación de las zonas de exclusión de las aplicaciones en zonas urbanas y suburbanas (en definitiva la toma de decisiones sobre los territorios y cuerpos de sacrificio que serán fumigados con los productos de distintas clases toxicológicas). En este punto es menester apuntar a cierta arbitrariedad en las zonificaciones que habilitan y/o prohíben áreas de fumigación sumado a la gran dificultad para establecer zonas de resguardo en poblados pequeños que se encuentran cercados por los campos de cultivo y no pueden evitar estar a merced de las aplicaciones. Es el caso de las comunidades indígenas o puestos criollos de referencia muchos de los cuales ni siquiera podrían ser clasificados como áreas periurbanas para acceder al beneficio del metraje.
En línea con lo expresado para el caso del OTBN las discusiones se siguen dando al interior del modelo de desarrollo agropecuario vigente y sin participación de las poblaciones afectadas. Si bien latentes o en proceso de emergencia estas injusticias socio-sanitarias se encuentran en gran medida invisibilizadas (y/o subsumidas bajo otras injusticias de mayor profundidad histórica como el conflicto por la tierra) existiendo aún escasas manifestaciones públicas que establezcan reclamos por afecciones a la salud que en su mayoría no logran trascender la escala local. Lo antedicho se ve agravado en virtud de la histórica situación de desposesión material y simbólica de las comunidades indígenas y campesinas así como de las pequeñas localidades que han quedado arrinconadas por emprendimientos agropecuarios a gran escala y que sufren cotidianamente los impactos de la utilización de agroquímicos que los afectan en sus cuerpos y en sus espacios de vida.
Discusión
En este artículo nos propusimos abordar las transformaciones territoriales y productivas ocurridas en las últimas décadas en el norte argentino en el marco de la implementación de la política ambiental de protección de bosques nativos en la provincia de Salta a la luz de la literatura que ha abordado las heterogeneidades en la distribución y acceso a los recursos en términos de injusticias ambientales territoriales y sociales. Como intentamos mostrar no se trataba aquí sólo de volver más justo un modo de distribución y apropiación largamente inequitativo sino también y principalmente de la potencialidad de dar lugar y visibilidad a otras formas de vivenciar y experimentar el territorio históricamente subalternizadas.
Los territorios y poblaciones afectados por el avance de la deforestación en Argentina estaban signados por profundas inequidades en la distribución y apropiación de recursos (naturales materiales simbólicos) y existe evidencia respecto de que regiones y poblaciones como la estudiada son las que enfrentan las desigualdades sociales y ambientales más profundas; las que detentan menores infraestructuras acceso a servicios y políticas públicas; y donde la escasez de instrumentos de monitoreo y control ambiental no hacen más que favorecer el aumento de las desigualdades (Acselrad et al. 2009; Carruthers 2008; Harvey 2018).
Nos preguntamos entonces la política de conservación de bosques ¿Vino a subsanar y/o a profundizar esta situación de injusticia histórica? ¿Logró avanzar hacia la democratización de las decisiones en torno al acceso uso y disponibilidad de los recursos naturales? ¿Vino a torcer las relaciones de fuerza previas? ¿Las poblaciones indígenas y campesinas tienen mayor protección legal y/o herramientas para hacer frente al avance de la deforestación (y los impactos que ello conlleva)? Si como advierte la bibliografía especializada (Acselrad et al. 2009; Blanchon et al 2009; Carruthers 2008; Harvey 2018; Schlosberg 2011; Schlosberg y Carruthers 2010) debe prestarse atención a realidades de más amplio espectro que el mero factor distributivo un repaso por ésta y otras dimensiones nos muestran un escenario en el cual las injusticias han tenido continuidad y en algunos casos se han exacerbado.
En términos distributivos es menester abandonar la idea de que la sociedad como un todo es la beneficiaria de los servicios ecosistémicos que los bosques prestan de modo indistinto e indiferenciado. A lo largo de los siglos los bienes y servicios provistos por el ambiente no se han repartido de modo igualitario sino que hay quienes han tenido y siguen teniendo mayores recursos para apropiárselos y hacer un uso privado de ellos. Si bien con la legislación y zonificación de los bosques se logró cierta desaceleración en las tasas de deforestación la evidencia indica que la pérdida de cobertura boscosa continúa al tiempo que las consecuencias de largo plazo y el impacto acumulado de los desmontes ya ejecutados no dejan de hacerse evidentes.13
La distribución de los saldos negativos de la deforestación y de las actividades agropecuarias sigue estando del lado de las comunidades indígenas y criollas -a través de los desalojos el arrinconamiento y falta de acceso a bienes naturales la contaminación vía fumigaciones etc.- a la vez que también es desigual el acceso a los beneficios de las políticas de protección ambiental. Los instrumentos creados por la Ley Nº 26.331 tales como el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) no muestran que las poblaciones originarias y campesinas se hayan visto mayormente favorecidas en la distribución de recursos monetarios.14
En lo que respecta a la dimensión del reconocimiento la población y el territorio del Chaco salteño han sido incorporados de modo subalterno en la configuración socio-política provincial habiendo primado políticas de estigmatización y negación de estas poblaciones como un otro susceptible de derechos. A pesar de los avances institucionales y legales en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en las últimas décadas de siglo XX tales concesiones no lograron socavar los modos hegemónicos de construcción de la otredad. A su vez se dieron en paralelo a la oleada extractiva de los bienes de la naturaleza comandada por la producción agropecuaria yendo en detrimento de los derechos conquistados. Si bien en los debates y argumentaciones en torno al OTBN salteño cobró centralidad la situación de los pueblos indígenas dando visibilización a la conflictividad territorial de larga data tal reconocimiento ha ido perdiendo lugar con los años las discusiones pasaron a estar lideradas por los sectores productivos y a versar sobre cuestiones monetarias y/o técnicas (Schmidt 2017).
Lo antedicho va en desmedro de una genuina participación de estas poblaciones en el diseño e implementación de las políticas y programas públicos y/o privados que los afectan otra de las dimensiones fundantes de la justicia ambiental. No obstante lo ocurrido durante el proceso participativo para la elaboración del OTBN los proyectos territoriales las propuestas de desarrollo y la valoración de la naturaleza hegemónicos en el este salteño se sostienen en el desprestigio de los saberes indígenas y/o campesinos y de sus modos de vincularse con la naturaleza frente al saber científico encarnado en las empresas multinacionales fundaciones privadas técnicos y expertos en ingeniería agronómica y ambiental (Schmidt 2017). También en la valoración positiva de los emprendimientos modernos altamente productivos con incorporación de tecnología y posibilidades de inserción en mercados internacionales en detrimento de las modalidades productivas indígenas y criollas residuales valoradas de modo negativo. Así las cosas encuentran escasos canales para participar en procesos de decisión (audiencias públicas para desmontes de fincas y otros espacios de deliberación) y se ven excluidos de la definición e implementación de las políticas.15
Por último resta señalar la constante amenaza y deterioro de las capacidades de funcionamiento y reproducción comunitarias e individuales que supone la eliminación y degradación de las masas boscosas. Posicionadas en una situación de desigualdad y subalternidad privadas de la tenencia de las tierras que habitan y del acceso y usufructo de los bienes de la naturaleza las poblaciones indígenas y criollas del Chaco salteño han quedado arrinconadas en las periferias urbanas y/o en pequeños parches de monte entre grandes extensiones productivas. Tal como ha apuntado Martínez Alier 2006 los pueblos indígenas no necesariamente se mueven por un ánimo ecologista o de mera preservación de la naturaleza en su situación original sino que están movilizados por la afectación de sus modos de vida y reproducción protestan y resisten por un interés material (al mismo tiempo que simbólico) por el ambiente como condición y fuente del sustento cotidiano. Además no sólo se trata de la pérdida del monte como espacio vital para las actividades cotidianas de recolección caza y pesca sino también de las consecuencias sobre el ambiente y los cuerpos que persisten luego de las topadoras y con el inicio de las actividades agropecuarias.
En un nivel más general pensar en términos de justicia ambiental implica interpelar el modelo de desarrollo vigente. Esto supone reflexionar en torno al rol del Estado en el contexto actual y pensar hasta qué punto la aplicación de la Ley Nº 26.331 y de los OTBN provinciales conlleva una revisión del modelo agropecuario productor de commodities y generador de divisas que empujó el avance de la deforestación en las últimas décadas. Lo expuesto no significa que no haya generado efectos y que puedan y deban reconocerse una serie de transformaciones ocurridas a nivel jurídico político-institucional territorial y social (Merlinsky 2013): se han puesto en evidencia las injusticias históricas y actuales; los colectivos organizados han demostrado su rol activo en la visibilización de los conflictos (a la vez ambientales y territoriales) en la generación de conocimientos alternativos o complementarios al saber experto en la apropiación de las normativas sancionadas y en la valorización y resignificación de los territorios en disputa; los organismos ambientales del ámbito nacional y provincial se han fortalecido a la vez que se ha echado luz respecto de las tensiones interjurisdiccionales que despierta la implementación de políticas en materia ambiental y se han señalado connivencias empresariales y gubernamentales.
Se han alcanzado logros y avances fundamentales pero aún perduran injusticias de fondo que no han sido abordadas y matrices de desarrollo que no han sido problematizadas ni cuestionadas. Como señalan Schlosberg y Carruthers 2010 las poblaciones indígenas abrazan en su lucha contra la degradación ambiental y los derechos territoriales nociones de justicia ambiental más plurales que incorporan demandas más amplias por la preservación de prácticas culturas saberes y lenguas por la continuidad de sus modos de relacionamiento con la naturaleza y la protección de economías domésticas. Se hace necesaria una definitiva apuesta por otras alternativas productivas (y de vida) más justas en términos sociales y ambientales a partir de un “diálogo de saberes” (de Souza Santos 2009) comprometido e intercultural en conjunto con las poblaciones locales y sus experiencias saberes e intereses.
