El incremento en la producción foresto-industrial: dialéctica entre lo “local” y lo “global”

Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2019), la producción y comercio mundial de los principales productos madereros -como la madera en rollo industrial, la madera aserrada y los tableros a base de madera- han alcanzado su nivel más alto en los últimos setenta años. En términos económicos, las exportaciones en productos forestales representaron a nivel mundial 270.000 millones de dólares, lo que significa un 377% más que el año 1880 y un 86% más que el año 2000 (FAO, 2020a).

Este incremento histórico del mercado maderero, es posible, entre otros factores, gracias a la implantación de especies exóticas en áreas aptas para la forestación. A nivel mundial, el 44% de las plantaciones forestales están compuestas principalmente por especies introducidas. De acuerdo a las estadísticas elaboradas por la FAO (2020b), en base a la evaluación de los recursos forestales disponibles, se estima que -a nivel mundial- la superficie de bosques regenerados de forma natural ha disminuido desde 1990. Como contracara de este proceso, la superficie de bosques plantados ha aumentado en 123 millones de hectáreas (ha). Asimismo, este fenómeno se ve acompañado de un proceso de privatización de las áreas de producción forestal, en detrimento del número de hectáreas de propiedad pública, intensificado a partir de los años noventa.

En Argentina, hacia los años noventa -en un escenario político y económico de avance de las políticas neoliberales en el país y la región- se aceleró el proceso de concentración de la tierra y se intensificó la actividad agrícola, tanto en la pampa húmeda como en regiones extra-pampeanas (^{Zarrilli, 2010}). En ese contexto, se consolidó el agronegocio (^{Giarraca y Teubal, 2010}; ^{Girbal-Blacha, 2014}; ^{Gras y Hernández, 2013}; ^{Azpiazu et al., 2005}; ^{Sili, 2016}; ^{Pengue, 2006}) y un nuevo empresariado, que avanzó conformando fronteras agropecuarias (^{Valenzuela, 2014}) generando una interrelación conflictiva con otras formas tradicionales (familiares y/o comunitarias) de producir y habitar el campo.

En lo relativo a la producción forestal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), en ese contexto, propició y coordinó dos planes de promoción forestal a nivel nacional. El primer plan tuvo vigencia desde 1992 hasta 1998 con elevada aceptación por parte de los productores interesados y resultados económicos y sociales satisfactorios. Fue prorrogado hacia 1999 bajo la figura legal de la Ley Nacional N° 25.080 de “Inversiones para Bosques Cultivados”, que ofreció también subsidios económicos no reintegrables y beneficios fiscales (Zarrili, 2016).

Esta política, tendiente a convertir a la silvicultura en una actividad “rentable” abrió paso a un boom forestal -con eje en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires- caracterizado por la implantación de especies exóticas. A su vez, la Ley Nº 25.080 fue prorrogada y modificada en 2008 (en un contexto político y económico diferente al de los años noventa) por la Ley Nº 26.432, y nuevamente en enero de 2019 por la Ley N° 27.487, con vigencia plena por 10 años más.

Actualmente Argentina cuenta con áreas forestales que incluyen diversas formaciones como selvas y bosques, de clima templado, frío y cálido; donde predomina la forestación de pinos, eucaliptos, algarrobos y álamos, entre otras especies. El cultivo de bosques y montes representa el 3,3% de la producción agrícola nacional³y es regulado por dos organismos: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) a través de su Dirección de Producción Forestal (DPF) gestiona las plantaciones forestales, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de su Dirección de Bosques (DB) se ocupa de los bosques nativos; y alcanza gran parte de las provincias argentinas, concentrándose fundamentalmente en la región mesopotámica (provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos) y el delta del río Paraná y Río de La Plata (incluyendo también allí la provincia de Buenos Aires). La Mesopotamia constituye el principal polo foresto industrial desarrollando productos destinados al mercado interno e internacional.

De acuerdo a los datos relevados por el último CNA (2018), al 30 de junio de 2018, la implantación de bosques y montes abarcaba una superficie de 1.230.244,2 ha. En términos de superficie, las plantaciones de pino fueron las más importantes (seguidas por las de algarrobo y eucaliptus) ocupando un área de 520.357,2 ha. Este tipo de plantaciones, ocuparon principalmente la provincia de Misiones, con un total de 235.576,3 ha, seguida por la provincia de Corrientes, con una superficie implantada de 203.849,3 ha.

De acuerdo a los datos relevados por la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación⁴ para 2017 fueron extraídas 12.589.587 toneladas de productos forestales, provenientes de bosques implantados. Del total, 4.137.638 de toneladas correspondieron a la provincia de Corrientes. Lo cual ubica a la provincia en el segundo lugar (luego de Misiones) con el 32,86% de las extracciones realizadas en el país. A su vez, lidera las extracciones de postes con el 82% del total, alcanzando las 151.762 toneladas⁵. Esto nos permite advertir, tal como indican las siguientes figuras, la relevancia que adquiere en los últimos años la provincia de Corrientes, en el marco de la producción forestal a nivel nacional.

Figura I. Extracciones de productos forestales de bosques cultivados totales por provincia, 2017

La producción foresto industrial en la Provincia de Corrientes

La provincia de Corrientes es un territorio de gran relevancia geoestratégica. Cuenta con una superficie de 88.199 km²⁶ y concentra una población (estimada para 2020) de 1.120.801 habitantes⁷. Su estructura productiva está centrada en el sector agropecuario, constituido por: ganadería bovina, producción arrocera, explotación de la cadena forestal, producción frutícola, producción yerbatera y producción hortícola⁸.

Además, la provincia contiene una importante reserva de agua dulce y una elevada biodiversidad, entre la que se destaca aquella comprendida por la ecorregión “Esteros del Iberá”⁹. Esta región integra el humedal más importante del país y segundo de Sudamérica por su extensión y sus particularidades biogeográficas. Se extiende sobre 1.300.000 ha distribuidas en los departamentos de Mercedes, San Roque, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel y Concepción (^{Díaz y Pereira Sandoval, 2013}).

Desde el punto de vista de la concentración de plantaciones forestales, su ubicación geográfica y el desenvolvimiento de la cadena forestal, en la provincia se reconocen cuatro cuencas de producción silvícola: 1) Cuenca Noreste, integrada por los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó, 2) Cuenca Sureste, formada por Paso de los Libres y Monte Caseros, 3) Cuenca Centro-Norte, por los departamentos de Concepción, San Miguel y Saladas y 4) Cuenca Suroeste, por Goya y Esquina. Sin embargo, la actividad se concentra principalmente en los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó, unidades políticas que contienen una importante biodiversidad al encontrarse ubicadas a la ribera de los ríos Uruguay y Paraná, respectivamente.

En esta ecorregión la productividad de especies exóticas (pino y eucaliptos) presenta tasas de crecimiento muy altas, aproximadamente 20m³/ha/año. “Estos valores representan rendimientos que superan holgadamente los niveles de productividad de otros países, con gran tradición forestal, con tiempos que requieren la mitad de los años necesarios en el Hemisferio Norte”¹⁰.

Considerando dicha “potencialidad ecológica” nos preguntamos ¿quiénes impulsan la producción forestal en la región? ¿En qué medida el crecimiento del sector silvícola repercute en beneficios económicos y sociales para las comunidades aledañas a los complejos foresto industriales?

De acuerdo a los datos oficiales de la Asociación Forestal Argentina¹¹, hay diferentes empresas implicadas en la producción foresto industrial en la provincia de Corrientes, entre ellas se mencionan: Administradora Los Esteros S.A, Agro Alba S.A, Agroforestal Garabí S.R.L¹², Empresas Verdes Argentina S.A (EVASA)¹³, Enrique Zeni y Cía. S.A¹⁴, Establecimiento Las Marías S.A¹⁵, Forestadora Tapebicuá S.A¹⁶, Forestal Bosques del Plata S.A¹⁷, Garruchos S.A¹⁸, Huagro S.A; Asecor S.R.L., Caldenes S.A., Eucaforest S.R.L., Martinica S.A., GMF Latinoamericana S.A. y Rincón de Corrientes S.A.

Muchas de estas entidades pertenecen a grandes grupos económicos o fondos de inversión conformados a partir de la concentración y centralización de capitales, cuyas inversiones se encuentran también diversificadas a otras áreas de la producción agropecuaria (cultivos varios, ganadería), mercado de cereales, desarrollo biotecnológico y de productos químicos (industria farmacéutica, pesticidas, agroquímicos, fertilizantes) entre otras. En muchos casos se trata de empresas de origen extranjero; en otros, de capitales cuyo origen fue nacional, pero hoy se concentran en grupos económicos que compiten por la apropiación de la riqueza producida en las grandes cadenas globales de valor. Este aspecto refuerza la tesis planteada al comienzo, constituyendo un elemento clave para sostener que la cadena del complejo productivo foresto-industrial puede ser comprendida en el marco del modelo del agronegocio, siendo que en muchas ocasiones son las mismas empresas o fondos de inversión las que controlan diferentes “resortes” de la estructura política, económica y productiva.

Por otra parte, complementando la iniciativa del sector privado, la promoción y el crecimiento de la explotación silvícola -a escala provincial y nacional- responde a una política direccionada, tanto por el Gobierno Nacional como por los gobiernos provinciales, responsables de otorgar un conjunto de garantías a los capitales inversores. En este sentido, podemos inferir que el incremento de la producción forestal en Corrientes no puede ser comprendido sin considerar la promoción estatal del sector a escala nacional, sostenida y profundizada desde los años noventa.

El costo de producción en Argentina es mucho menor que en otros países, a lo que se debe sumar los subsidios del gobierno nacional que recibe esta producción […] y a numerosas ventajas impositivas que van desde la eximición del pago del impuesto inmobiliario al doble de la superficie plantada, la devolución anticipada del IVA, la desgravación en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la aplicación del derecho real de superficie, que permite dividir la propiedad de los bosques de la propiedad del terreno (^{Díaz y Pereyra Sandoval, 2013}, p. 8)

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En relación a las políticas que atañan específicamente a la Provincia de Corrientes, en el año 2008, se realizó -bajo el aval del Banco Mundial- el Informe “Estrategia de Desarrollo Productivo de la Provincia de Corrientes” (2009) dónde se destacaron las ventajas competitivas de la provincia para el crecimiento del sector: altas tasas de rendimiento, bajos costos de producción, características ambientales, demanda de productos forestales, etc. También se evaluó que la baja tasa de inversión en el complejo foresto industrial, así como la falta de una infraestructura adecuada para su crecimiento sostenido, limitaba la capacidad de producción industrial con valor agregado, generando una “primarización” de la producción a nivel local. Incluso, en cuanto a la dimensión ambiental, ya se visibilizaba la “persistencia de visiones encontradas sobre la posibilidad de convivencia de la actividad foresto-industrial y la conservación medioambiental” planteando la “necesidad de establecer pautas y criterios consensuados que garanticen prácticas ambientalmente amigables y el uso de mecanismos de desarrollo limpios en la actividad foresto-industrial”¹⁹.

Respondiendo a aquella demanda planteada por el Banco Mundial y los grandes grupos económicos, se desarrolló en 2013 el “Plan Estratégico Foresto Industrial”, donde se estableció la necesidad de realizar una serie de transformaciones en materia de infraestructura, en beneficio de la explotación y comercialización de los productos forestales: construcción del Puerto de Ituzaingó, rutas del acceso al puerto, tendido eléctrico de gran potencia, entre otras.

Al comenzar el segundo semestre del 2019, la SAGyP anunció la adjudicación de nuevos pagos de planes forestales por más de 171 millones de pesos que beneficiarán a 631 productores forestales en 16 provincias argentinas. De esta partida más de 62 millones fueron destinados a la provincia de Corrientes, beneficiándose a 123 forestadores. Además, confirmó que se otorgaron ese año aportes económicos no reintegrables por un monto de $ 352.399.363,50²⁰. Este desembolso forma parte de una política de incentivo al sector, en base a la implementación del “Seguro Verde”²¹: un instrumento de financiamiento voluntario puesto en marcha desde diciembre 2018 mediante un convenio entre el sector forestal, las compañías aseguradoras y la Nación.

Para evaluar el impacto -a nivel provincial- de estas políticas de promoción del sector forestal e incentivo a los capitales inversores, contrastamos algunas estadísticas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) que nos permiten visualizar el crecimiento de la producción silvícola en la provincia durante la última década.

En función de la potencialidad estratégica para el desarrollo del sector, entre abril y diciembre de 2008, por solicitud de la provincia de Corrientes, el CFI realizó el “Primer Inventario Forestal de la Provincia de Corrientes”. Como resultado del trabajo realizado sobre las imágenes satelitales se estimó que la superficie total forestada en la provincia -para los géneros Pinus sp. y Eucalyptus sp, y el conjunto definido como Otras latifoliadas- alcanzaba las 372.834,42 ha.²², entre las cuales era relevante la forestación de pinos.

En diciembre de 2018 el CFI presentó la “Actualización del Inventario Forestal de Bosques implantados de la Provincia de Corrientes”. Allí se explicitó que la superficie total afectada en la provincia era de 516. 711,17 ha, de las cuales aproximadamente el 68% correspondían al género Pynus (352.171,69 ha), el 31% a Eucalyptus y el porcentaje restante a otras especies²³. A partir de los datos analizados, podemos visualizar que existe un crecimiento significativo en la producción forestal correntina, incrementándose en 143.877 ha la superficie total de bosques implantados para la explotación forestal, durante el período 2008-2018, tal como se indica en la siguiente tabla:

En la misma dirección, si evaluamos la cantidad de toneladas de productos forestales extraídas, se observa un crecimiento exponencial:

A partir de los datos analizados, podemos visualizar: en primer lugar, que el incremento de la superficie total de bosques implantados con fines comerciales (en los últimos diez años), así como el aumento en la masa (en toneladas) de productos forestales extraídos de los bosques implantados (durante los últimos 20 años) marca un crecimiento exponencial de la producción forestal en la región.

En segundo lugar (como indica la figura V) que existe un crecimiento regular en los cuatro departamentos de mayor superficie de bosques implantados (Santo Tomé, Ituzaingó, Paso de los Libres y Concepción) sosteniéndose el mismo orden de relevancia de 2009 hasta la actualidad, con preeminencia del departamento de Santo Tomé. En tercer lugar, se observa un mayor incremento de la superficie forestada en el departamento de Ituzaingó. Este último aspecto resalta la tendencia hacia el incremento de la producción forestal en dicho territorio y nos alerta acerca de las proyecciones económico-productivas y el consecuente impacto socioambiental de esa actividad hacia el futuro.

Considerando los datos relevados, el crecimiento ininterrumpido del desarrollo foresto industrial en Corrientes permite inferir una clara proyección de la provincia como polo exportador de madera y derivados forestales al mercado internacional. Así lo confirma la realización del Seminario “Madera Argentina para el Mundo”, organizado el 7 de junio de 2019, por el gobierno de la provincia de Corrientes, la Secretaría de Agroindustria de la Nación, la agencia Corrientes Exporta²⁴ y la AFoA. Según fuentes periodísticas²⁵, el mismo fue realizado con el objetivo de mostrar la potencialidad del sector en volumen de exportación (dada la imposibilidad del mercado interno para absorber el volumen producido), apertura de puestos laborales y generación de nuevos mercados; contó con la participación de funcionarios, representantes de las empresas locales y empresas de origen chino interesadas en el mercado.

La región ocupada por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos constituye el principal polo forestal del país, sin embargo, las industrias de mayor valor agregado se encuentran próximas a los grandes centros urbanos. En consecuencia, si bien los datos analizados permiten afirmar que existe un crecimiento significativo de la producción forestal en la provincia, inferimos que -sin embargo- este crecimiento no significa -necesariamente- la superación de un modelo productivo que sigue reafirmando una matriz de “reprimarización” económica; prevaleciendo así una lógica de “comoditización” de la economía en función de las necesidades de las grandes cadenas globales de valor, que prioriza un modelo extractivista sobre otro de producción con valor agregado sin perjuicios de la conflictividad socio ambiental que reviste el territorio nacional. Como señala ^{Santos (2000}), la búsqueda de plusvalía a nivel global hace que la primera sede del impulso productivo sea apátrida, extraterritorial, indiferente a las realidades locales y también a las realidades ambientales. Precisamente por eso la llamada crisis ambiental se produce en este periodo histórico, donde el poder de las fuerzas del agronegocio desencadenadas en un lugar supera la capacidad local de controlarla, en las condiciones actuales de mundialización y de sus repercusiones nacionales.

Considerando las características descriptas creemos -siguiendo la propuesta de ^{Lucero y Rosso (2018})- que la producción foresto industrial puede ser integrada como parte de un entramado mayor caracterizado bajo el concepto de agronegocio.

Diversos estudios muestran que este modelo -indiferente a las necesidades productivas, sociales y ambientales de las poblaciones locales- que integra la cadena de producción de valor controlada por las grandes corporaciones económicas a nivel global (^{Santos, 2000}; ^{Silveira, 2007}; ^{Gras y Hernández, 2013}), se caracteriza por la predominancia de grandes unidades que subordinan a las producciones familiares y/o de subsistencia, la concentración de la producción y el avance de capitales transnacionales, la explotación desmedida de los bienes comunes y recursos no reproducibles -agua, fertilidad de la tierra, biodiversidad- y la intensificación de la producción con paquetes tecnológicos que aumentan la productividad. Expresa un modelo que se sustenta en la oferta de trabajo informal, estacional y precario, desencadenando grandes desplazamientos poblacionales. En ese sentido, -si ampliamos su marco de referencia asociado a la producción agropecuaria extensiva- la categoría de agronegocio puede resultar operativa para pensar la producción foresto industrial en Argentina, y comprender desde allí la conflictividad socio ambiental en la que se ve inmersa.

Conflictividad socio ambiental

Partimos de considerar que las condiciones en que se desarrolla actualmente el complejo foresto industrial en la provincia de Corrientes resultan constitutivas de un conflicto socio ambiental, que “tiene su origen en el acceso, manejo y distribución de los recursos naturales y servicios ambientales que son o se perciben como esenciales para la reproducción de un grupo humano o en los efectos benéficos o dañinos que tal manejo produce en el interior del grupo o en otros grupos humanos” (Soto Fernández et al., 2005, p. 278). En ese sentido, lo ambiental no se reduce a la disputa por un recurso natural. El conflicto ambiental representa una parte fundamental de la conflictividad social, porque pone en juego las propias condiciones de existencia y reproducción de la especie humana.

En la provincia de Corrientes, la sobreproducción forestal -con fines comerciales- predominante en el desarrollo del complejo silvícola, produce un escenario de conflictividad en tanto alteran la conservación e incremento de la biodiversidad de los Esteros del Iberá y ecorregiones aledañas, así como el pleno desarrollo de las comunidades locales cercanas a las plantaciones, aserraderos y otros dispositivos de la cadena forestal. Esto se expresa, entre otras dimensiones, en los efectos socio ambientales desencadenados por la contaminación de las áreas rurales y urbanas, en la disputa por el uso y la propiedad de las tierras y en el desplazamiento de poblaciones.

Uno de los efectos principales de esta conflictividad resulta del reemplazo del ecosistema nativo por un nuevo “paisaje” de especies exóticas. Lo que en otras palabras puede formularse como la sustitución de un ecosistema biodiverso, rico en estratos y por ende en nichos ecológicos variados, por el de un agroecosistema monoespecífico (^{Reboratti, 2000}, p. 25). Si bien en el caso de Corrientes no se observa un proceso de deforestación de bosque nativo similar al desplegado en la provincia de Misiones, la implantación de especies exóticas de pino y eucaliptus sobre las ecorregiones del Iberá y pastizales, entre otras, contribuye a la degradación de los ecosistemas afectando funciones cruciales para el crecimiento, desarrollo y reproducción de especies de flora y fauna, la disponibilidad de agua limpia, purificación del aire, mantenimiento de calidad, permeabilidad y humedad de los suelos y el ambiente, recreación, entre otras. Los Esteros del Iberá, como parte fundamental del ecosistema de humedales que recorre la región, constituyen un reservorio de bienes comunes cuyos beneficios -para el desarrollo de las comunidades humanas- no son análogos a los efectos que producen las cadenas forestales implantadas con fines comerciales.

Por otra parte, el monocultivo de especies exóticas de rápido crecimiento genera un uso intensivo del suelo y el agua por largos períodos, mermando y muchas veces eliminando toda especie autóctona que compita con el crecimiento del bosque implantado. Además, esta práctica agrícola es complementada, con la aplicación de agroquímicos o agrotóxicos (si tenemos en cuenta sus efectos sobre la salud y el ambiente) para el rápido y eficiente rendimiento del cultivo. En efecto, el monocultivo redunda en escasa biodiversidad dado que no ofrecen posibilidades de sustento a las especies autóctonas, por eliminación de sus nichos ecológicos, y a la vez permiten desarrollarse allí algunas especies consideradas plagas (^{Alvarado, 2005}), o bien, permitiendo el predominio de unas pocas especies autóctonas resistentes. Los bosques de especies exóticas de rápido crecimiento tienen mucha influencia sobre la vegetación nativa. El ejemplo más directo es la hojarasca del eucalipto y el pino, que inhibe el crecimiento de otras especies, tanto por acumulación de toneladas de hojarasca sobre el suelo, como por la presencia de resinas en las hojas de ambas especies que producen cambios drásticos en el suelo.

A su vez, las especies implantadas absorben grandes volúmenes del agua disponible en la superficie del suelo para otros cultivos. Esto ocasiona una merma en el balance hídrico de la región, llevando a un proceso de desertificación a mediano plazo. Sumado a esto, la lenta descomposición de la hojarasca de pino empobrece la calidad de los suelos (^{Díaz y Pereyra Sandoval, 2013}). Ambos procesos generan un escenario propicio para el incremento y avance de los incendios forestales. Esto constituye un elemento fundamental para comprender -considerando los datos publicados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS, 2022)- que las provincias con mayor superficie de especies implantadas (Misiones y Corrientes) sean las que presentan, la mayor cantidad de focos de incendios activos, al mes de febrero de 2022²⁶.

Corrientes es un claro ejemplo de cómo los cambios productivos han acelerado la intensificación de las externalidades socioambientales. Partimos de considerar que las transformaciones productivas desarrolladas en los últimos treinta años en la región -intensificadas desde los años noventa- desencadenan un conjunto de conflictos socio ambientales (sean o no externalizados) consecuentes con la implantación de este modelo extractivista, cuyas consecuencias económicas, ambientales, sociales y políticas es preciso analizar y modificar cuanto antes. En este sentido, inferimos que el crecimiento de la actividad silvícola en la provincia de Corrientes no responde -primeramente- a las necesidades del desarrollo de la comunidad local sino, por el contrario, al interés de los grandes capitales (de origen nacional o extranjero) que integran el mercado agroexportador a escala global.

Otra de las dimensiones asociadas a la expansión de los bosques implantados de exóticas es la concentración y extranjerización de las tierras destinadas a la producción. Este proceso genera un escenario de conflictividad social que se expresa, por una parte, en la disputa por la propiedad de los territorios, que en muchos casos pertenecen a familias de pequeños productores y, por otra, en conflictos derivados del tipo de actividades a las que se destinan las tierras. Allí se hace evidente la disputa entre un modelo de producción familiar, sustentable en término ambientales y sociales, que resiste frente a la imposición de una lógica de producción capitalista intensiva que persigue como fin último la maximización de las ganancias.

En el caso de la zona ibereña, el proceso de adquisición y concentración de grandes extensiones de tierras con fines productivos como la forestación, producción arrocera, ganadería empresarial y turismo, no sólo entraña impactos ambientales en un ecosistema singular, sino que también conlleva el desplazamiento de familias radicadas desde hace varias generaciones. (^{Vallejos et al., 2016}, p. 5)

Muchas familias se desplazan hacia los emplazamientos productivos o centros urbanos cercanos a los aserraderos. Las fuentes relevadas por los/as autores/as (^{Vallejos et al., 2016}) les permiten observar este proceso de “despoblamiento” en parajes como Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio del departamento San Miguel. Aunque paralelamente la movilidad poblacional produce migraciones interprovinciales, al dirigirse la población rural a las grandes urbes en busca de trabajo.

Según el Censo Nacional de Aserraderos (2018), existen 150 aserraderos que emplean a 3.226 personas en toda la provincia. Esto significa que se emplean 22 personas promedio por establecimiento a nivel provincial. Si bien podemos considerar un porcentaje mayor de acuerdo con otras áreas desarrolladas en torno a la producción foresto industrial, el número no resulta significativo respecto de la magnitud de la demanda laboral de una población desposeída de sus medios de producción. Inclusive, en los casos en que la demanda laboral del complejo foresto industrial logra suplir esta necesidad económica, deben considerarse las condiciones precarias en que se desarrollan muchos de estos empleos y el estado deplorable de los salarios del trabajador forestal (^{Alvarado, 2005}). Por último, sumado a las consecuencias sociales y económicas por el desplazamiento de las actividades económicas tradicionales, los efectos ambientales del monocultivo de especies exóticas generan perjuicios en la salud de las poblaciones, contribuyendo a estas dinámicas poblacionales.

Creemos necesario profundizar las investigaciones sobre este aspecto, problematizando acerca de si estas dinámicas poblacionales ligadas a la demanda de fuerza de trabajo del complejo forestal pueden evaluarse como un “beneficio” para las poblaciones locales, tal como auguran los “voceros del sector”. ¿Los aserraderos significan un incremento significativo respecto a la demanda de puestos de trabajo de las regiones implicadas? Si así lo fuera, la “oportunidad económica” que reviste este proceso productivo para los trabajadores y trabajadoras ¿logra contrarrestar los efectos sociales y ambientales que llevan al desplazamiento y la deslocalización de la población local?

Consideramos que las diferentes problemáticas abordadas son constitutivas de una conflictividad socio ambiental que tiende a profundizarse sobre el territorio correntino, enfatizándose en la ecorregión del Iberá. Las mismas requieren ser abordadas con mayor profundidad en próximos estudios, dado que urge indagar y desmenuzar el entramado económico, social, cultural y político sobre el que se sostiene el avance de un modelo de producción forestal que propone (o impone) a las comunidades locales nuevas dinámicas productivas, laborales, “otras” lógicas de ocupación, apropiación y usos del territorio, otro vínculo con la naturaleza. Un modelo que, de alguna manera, va introduciendo una “nueva cosmovisión” (^{Vallejos et al. 2016}) que pone en tensión concepciones y modos de habitar el campo, que abrevan en patrimonios político culturales constitutivos de aquellos sujetos y/o comunidades locales.

Consideraciones finales

Los datos relevados y sistematizados a lo largo de este trabajo permiten afirmar que asistimos a un incremento del desarrollo foresto industrial en la Provincia de Corrientes, a partir de la implantación de especies exóticas, de acuerdo con los estándares y la demanda de los grandes importadores a nivel global. Esto último se integra en el creciente desarrollo del sector a escala regional sobre los territorios que ocupan las provincias de Misiones, Entre Ríos y parte de la Provincia de Buenos Aires.

En un contexto global dónde los productos forestales y sus derivados industrializados alcanzan los más altos niveles de comercialización de los últimos 70 años, Argentina incrementa su participación en el mercado internacional, abasteciendo de materias primas la creciente demanda. Si bien, desde el boom forestal de los años noventa hasta la actualidad ha crecido el desarrollo industrial de productos forestales, alertamos sobre la continuidad de una matriz de reprimarización económica, que reafirma el rol de nuestro país como productor de commodities.

Retomando lo trabajado, en la promoción y desarrollo de la producción forestal se destaca, en primer lugar, la predominancia de capitales transnacionales o “grupos inversores” que combinan capitales de origen nacional y extranjero; en segundo lugar, una fuerte presencia del Estado (tanto nacional como provincial) en el otorgamiento de créditos, beneficios fiscales, y regulaciones legislativas que buscan promover la inversión en el sector forestal, otorgando importantes beneficios económicos para los inversores. De esta manera, el Estado Nacional y Provincial ofician como intermediarios, facilitando la producción forestal intensiva a las grandes entidades del agronegocio, a pesar de los perjuicios que esta ocasiona en términos socioambientales; priorizando, desde nuestra perspectiva, los intereses de las empresas inversoras frente a los de las comunidades locales.

El estudio del modelo forestal en la provincia de Corrientes nos lleva a reflexionar acerca de los mecanismos mediante los cuales los grandes capitales ejecutan un proyecto estratégico a escala global que se “realiza” en cada “territorio” particular, estableciendo una imbricada relación donde lo “global” configura lo “local” y viceversa. En ese sentido, dado el posicionamiento de Corrientes como uno de los principales enclaves del mercado de exportación, creemos necesario profundizar el análisis sobre las políticas económicas vigentes, desde un horizonte de mayor soberanía política, económica y ambiental.

A su vez, las transformaciones del “paisaje” a partir del monocultivo de especies exóticas, generan un conjunto de perjuicios ambientales, destruyendo ecorregiones de gran relevancia geoestratégica como son los humedales, al limitar el pleno desarrollo de la biodiversidad y las posibilidades de un uso sustentable de los pueblos en un futuro cercano. Todas estas dimensiones problemáticas que adquiere el conflicto nos permiten hablar del desarrollo foresto industrial como exponente de un modelo extractivista de acumulación por desposesión (^{Harvey, 2004}). Lo anterior se debe a que implica la mercantilización de los bienes comunes y de la “fuerza de trabajo”, la supresión de formas de producción y consumo alternativos, la expulsión forzosa de las poblaciones locales, entre otras características ya mencionadas. Se trata de un proceso de neocolonización de los bienes comunes de nuestro territorio para la transferencia de recursos a las grandes cadenas globales de valor, en el cual -como señala ^{Giarraca y Teubal (2010})- el Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un papel crucial al respaldar y promover estos procesos.

Entre los desafíos que se abren es necesario preguntarse… ¿Cuáles son y de qué modo se profundizarán los efectos socioambientales a mediano y largo plazo generados por el avance de este modelo “productivo”? ¿Cuáles son los intereses en juego de los actores implicados en el conflicto? ¿La generación de mayor valor agregado en el sector foresto industrial podría generar beneficios (socio económicos) para las poblaciones locales? ¿Es posible encontrar un modelo de desarrollo económico e industrial que permita satisfacer la necesidad de generación de valor agregado y reducir las consecuencias socio-ambientales que ello genera? ¿Qué mecanismos de resistencia construyen las comunidades ante el avance del extractivismo como modelo imperante de explotación forestal? ¿Es posible pensar un modelo de desarrollo sustentable para la región sin transformar las relaciones estructurales capitalistas dominantes a nivel global?

En un contexto histórico en que se agudiza la crisis económica y ambiental a nivel mundial, ante una coyuntura regional y nacional dónde el desborde de los incendios forestales a lo largo del humedal (entre otras ecorregiones) desnuda los efectos del modelo del agronegocio, entendemos que la construcción colectiva de un horizonte que integre desarrollo productivo, sustentabilidad ambiental y justicia social se torna urgente.

Fuentes:

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