Algunas bases teórico-conceptuales

Uno de los enfoques más interesantes para observar los fenómenos urbanos ha sido el denominado giro espacial. Desde la geografía crítica y el análisis marxista sobre la ciudad y los procesos de urbanización, diversos investigadores han revalorizado la dimensión social, material e histórica del espacio (^{Lefebvre, 2013}; ^{Massey, 2005}). Con ello, han dado cuenta de los procesos de producción, reproducción y representación del mismo, así como de los entrelazamientos con otras dimensiones sociales, políticas y de poder. Dicho marco permite situar y analizar las múltiples conexiones entre espacio y violencia, la desigualdad territorial y las injusticias socio urbanas (^{Salamanca, Astudillo y Fedele, 2016}).

Como bien lo observó Edward ^{Soja (2014}), la violencia anclada en el espacio y la organización política del mismo producen justicia o injusticia espacial, de acuerdo a los modos, no solo de acumulación de capital, sino de distribución de beneficios y perjuicios propios de los avances en el desarrollo urbano. Se puede entonces conceptualizar la justicia espacial como a) el reparto equitativo de los recursos socialmente valorados, así como de las oportunidades o posibilidades de utilizarlos; o b) como problematización en torno al reparto de los costos del progreso (^{Salamanca, Astudillo y Fedele, 2016}). Dichas conceptualizaciones están insertas en un campo de fuerzas producto del despliegue -y agregaremos, repliegue- de Estados y mercados, por lo que la organización espacial está configurada sobre marcos políticos dinámicos, en los que tienen lugar dimensiones como la clase o la cultura. Esto conlleva a que existan conflictos entre la manifestación material de la violencia (dada en el espacio y delimitada jerárquica y diferencialmente, no solo por la acción de agentes estatales sino también por la consolidación de diversos actores no estatales) y en las resistencias y luchas cotidianas por una distribución más equitativa que reduzca o elimine las injusticias espaciales en pos del “derecho a la ciudad” (^{Lefebvre, 2013}).

Por su parte, recuperar una perspectiva de economía política, permite comprender los modos en que los procesos macroestructurales sociales, políticos y económicos se hacen presentes en los sectores populares, es decir, cómo los fenómenos de economía y política globales impactan en dinámicas y experiencias locales (^{Epele, 2010}; ^{Fassin, 2016}). En ese sentido, a pesar de que los procesos analizados están inscritos en coordenadas temporales diferentes, puede pensarse cómo persisten ciertas formas de construcción del poder mediante la violencia, las cuales definieron mecanismos de coacción en contextos autoritarios de dictadura y actualmente configuran determinados entornos urbanos contemporáneos.

A su vez, conceptualizar la violencia, sus prácticas y representaciones, resulta fundamental en nuestro trabajo. Esto se asocia con los efectos particulares y plurales que produce la violencia para distintos grupos sociales, como injusticias espaciales y desigualdad social. Si la violencia en ocasiones es explicada a partir de su carácter destructivo, también es fundamental dar cuenta de la misma en la tarea de creación de nuevos órdenes. Así, creemos que la violencia tiene un carácter performativo y de producción, ya que a través de tales lógicas se fundan ordenamientos, prácticas y relaciones sociales: la violencia borra y al mismo tiempo funda. Al proponer nuevas geografías y espacios de vida, la(s) violencia(s) crean (^{Colombo y Salamanca, 2018}).

Finalmente, ahondamos en una perspectiva antropológica, para entender las formas en que, a través de personificaciones, políticas, discursos y efectos, aquello que llamamos Estado toma cuerpo. Por una parte, al comprender al Estado no como algo dado, sino como un ensamblaje multiescalar, contradictorio y translocal de instituciones, prácticas y personas es posible encuadrar la construcción cotidiana de sus aspectos tanto materiales como ideológicos (^{Sharma y Gupta, 2006}), y por ende, los modos en que se accionan, complementan o definen los mecanismos de poder en la sociedad. Asimismo, nos interesa abordar cómo los dispositivos gubernamentales desplegados sobre la periferia y en espacios urbanos como los NHT, disciplinan, regulan y a su vez, se mixturan con dimensiones no estatales, constituyendo maneras de gestionar la vida, los territorios y las poblaciones en tanto técnicas de control y regulación, como arte de gobernar (^{Foucault, 2018}). Dichas operatorias o prácticas de gubernamentalidad, que presentan cambios, pero también continuidades a lo largo del tiempo, están centradas no solo en ciertas actividades que atentan contra “la seguridad”, sino también sobre infraestructuras precarias y poblaciones que vienen arrastrando trayectorias de injusticias y violencias. El logro de bienestar y supervivencia en contextos populares se ve afectado así por los engranajes estatales que, en ocasiones, tienden a la ilegibilidad y a “encontrarse simultáneamente fuera y dentro de la ley” (^{Das y Poole, 2008}). En definitiva, el poder del Estado tiene un papel preponderante en los márgenes, ya que configura y torsiona los límites entre lo legal e ilegal, lo lícito y lo oculto. Esta ambigüedad permite que ciertas formas de dominación y coerción inscritas en el espacio obtengan consenso y sean motorizadas a través de representaciones y discursos. Así, por ejemplo, situaciones de explotación y desposesión son sostenidas sobre dispositivos y performances estatales que construyen legitimidad a partir de una serie de imágenes y narrativas (^{González y Salamanca, 2019}; ^{Sharma y Gupta, 2006}).

Entonces, al considerar el ensamblaje entre violencia-espacio-Estado, en términos de un campo de nodos y complejas articulaciones, entendemos que se tratan de procesos no lineales, atravesados por acontecimientos del pasado y el presente, los cuales implican a diversas esferas de la vida social y necesitan ser analizados desde una mirada transversal. En definitiva, resulta imprescindible concebir un estudio sobre el espacio y la violencia que abarque actores, tiempos y procesos múltiples (^{Colombo y Schindel, 2014}).

Urbanizaciones aceleradas, erradicaciones y violencia creadora

El vertiginoso proceso de urbanización en el Área Metropolitana de Buenos Aires entre las décadas del treinta y el sesenta, marcado por la industrialización y las mutaciones en los modos de acumulación de capital, produjo una masiva migración interna y por tanto una proliferación de lugares sin infraestructura de servicios adecuada en cercanías a los espacios de trabajo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la periferia que se extendía a su alrededor (^{Camelli, 2017}). La visibilidad de este fenómeno de urbanización acelerada, sobre todo en el centro metropolitano, tornó en imprescindible su tratamiento, ya que para determinados sectores de la sociedad porteña expresaba una conjugación de aspectos reprobables en términos estéticos, morales, legales y ambientales que eran incompatibles con la vida urbana (^{Blaustein, 2001}; Oszlak, 2019).

Desde mediados de la década del cincuenta la situación de las villas en la ciudad de Buenos Aires ocupó un lugar central en la agenda estatal. Si bien durante los gobiernos de Frondizi (1958-1962) e Illia (1963-1966) se intentaron formular soluciones al “problema de las villas de emergencia” a partir de pruebas piloto de erradicación y mediante obras de mejoramiento de la infraestructura de las villas (^{García, 2015}), estos programas no prosperaron.

Con la emergencia de regímenes de facto las políticas urbanas adquirieron nuevos lineamientos y dimensiones. Los asentamientos informales fueron catalogados como fenómenos “anormales” producto del “subdesarrollo” y potencial “amenaza” a la seguridad nacional (^{Gomes, 2017}). Como respuesta, se tendió a impulsar la erradicación de estas poblaciones, además de intensificar la producción masiva de vivienda mediante la construcción de conjuntos habitacionales. Así, vieron la luz una serie de proyectos que reconfiguraron las lógicas territoriales y las relaciones sociales en aquel entonces. Dichas políticas provocaron no solo el reordenamiento territorial en cuanto al uso y valorización del suelo y las infraestructuras urbanas sino y, sobre todo, la redistribución espacial de la población, con desplazamientos que con el paso del tiempo generaron peores condiciones de hábitat.

En el año 1968, durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, se lanzó el “Plan de erradicación de las villas de emergencia de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Primer programa. Erradicación y alojamiento transitorio”, que consistía en “brindar solución habitacional” a la población en los llamados Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT). Centrado en el “bienestar social” y la “promoción comunitaria”, este plan propuso trasladar a las personas que habitaban villas en la ciudad de Buenos Aires hacia alojamientos transitorios construidos en terrenos públicos, con la promesa de que en un lapso de entre seis meses y dos años tendrían una vivienda definitiva. Así, los organismos intervinientes, pretendieron solucionar y ordenar diversas situaciones de acuerdo al establecimiento de prioridades: población afectada por los desbordes producidos en los ríos Reconquista y Matanza, grupos situados en terrenos requeridos para obras públicas, aquellas villas cuya erradicación se sostenía en “motivos satisfactorios”, o quienes ocupaban terrenos aptos para el desarrollo de viviendas definitivas (^{Gomes, 2017}).

El Plan de Erradicación promulgado en 1968 estuvo compuesto por dos programas: uno, de viviendas provisorias y otro, de viviendas definitivas que serían financiadas con fondos del Presupuesto Nacional y créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El primero de los programas preveía la construcción de 8000 casas distribuidas en 17 Núcleos Habitacionales Transitorios, los cuales estaban destinados a ser un paso obligado para las familias antes del acceso a su morada definitiva. Por su carácter temporal estas unidades fueron construidas precariamente: con una superficie de apenas 13,30 m², los módulos originales eran bloques de hormigón y techo de chapa, con muros delgados, implantados en terrenos habitualmente de relleno e inundables localizados en la periferia, lo que dificultó el acceso a lugares de trabajo y propició experiencias urbanas de desarraigo.¹ Estos alojamientos transitorios tenían como objetivo “educar”, “civilizar” y “generar conductas adaptativas” hacia la nueva vivienda. En el proyecto se resaltaba el esfuerzo personal como parte de la “solución” a la cuestión habitacional, aspirando en tal sentido a que la “estrictez y dureza estimulen el deseo de algo mejor” (^{García, 2015}; ^{Gomes, 2017}). Para impedir los intentos de retorno a las villas el Ejército imponía su fuerza en los desalojos y las topadoras iniciaban el trabajo de demolición de las viviendas (^{Blaustein, 2001}).

El segundo programa apuntaba al alojamiento definitivo de las familias erradicadas y comprendía tres tipos de procedimientos: a) erradicación en otras zonas del país en las que se hubieran creado condiciones sociales y económicas adecuadas (a las familias que quisieran trasladarse al interior del país se les pagaría el viaje y se les brindaría facilidades); b) otorgamiento de créditos para personas con recursos suficientes como para ser incluidos en algunos de los planes de financiación ofrecidos por el Estado, y sobre todo para aquellas que tuvieran un terreno de su propiedad; c) la construcción de 56000 viviendas definitivas en siete años (^{García, 2015}).

A pesar de que el Plan de Erradicación, en tanto proyecto urbano que materializó espacialmente la violencia estatal y la destrucción, no alcanzó los propósitos esperados² -y las viviendas transitorias terminaron constituyéndose en definitivas- junto con otras medidas abrieron, paradójicamente, nuevos sentidos y campos de creación. Con diversos matices, las prácticas gubernamentales en dictadura redefinieron radicalmente tanto los territorios como las relaciones sociales y las subjetividades de poblaciones enteras (Salamanca y ^{Colombo, 2018}).

Cabe resaltar que en la edificación de los distintos regímenes de facto y su expresión material resultó imprescindible la preocupación por contar con el consenso social. En tal sentido, junto con la transformación del espacio urbano, la producción de cortometrajes y documentales institucionales por parte de la “Revolución Argentina” en relación con el “problema social” de las villas o barrios de emergencia es sugerente y permite dar cuenta de los usos propagandísticos para alcanzar legitimidad entre la población (^{Gomes, 2017}).³ Además de la difusión de cuadernillos y revistas para promocionar avances en materia constructiva, los montajes de documentales propagandísticos legitimaban las políticas urbanas planificadas, convirtiendo a las expulsiones como algo positivo para el bienestar general (un “remedio” para la anomalía que representaban las “villas de emergencia” para la salud de la ciudad y la nación) y mostrando escenas donde el régimen militar llevaba adelante programas de reubicación en viviendas “modestas pero adecuadas” y en condiciones “limpias, dignas y confortables”.

En 1968 el Ministerio de Bienestar Social produce un documental institucional de 15 minutos de duración dirigido por el cineasta Ricardo Alventosa, llamado “El principio del Fin”.⁴ Este documental narra el proceso de ejecución del Plan de Erradicación de villas de emergencia de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Las escenas son sugerentes: soldados realizando tareas de construcción de las viviendas transitorias y los monoblocks definitivos, rellenando suelos con máquinas excavadoras y palas mecánicas y avanzando en las conexiones de agua.⁵ También se observan hombres que desarman sus “casas transportables” y cargan muebles y electrodomésticos en camiones del ejército, mientras niños y niñas miran con incertidumbre. Con las conexiones de electricidad y las canillas de agua potable en primer plano, el locutor resalta que “las nuevas viviendas son reducidas y no cuentan con mayores elementos de confort. Sin embargo, tienen todos los servicios esenciales de que carecen las villas”⁶.

De acuerdo al documental, un aspecto que buscaba distinguirse de los “barrios transitorios” era que apuntaban a la comunicación, la convivencia y la integración social para resolver “el problema social” de las villas, donde imperaba -además de la falta de espacio y de seguridad- la “marginación” y el “aislamiento” de las personas con el resto de la sociedad. Mientras se observa a los nuevos residentes pintando los juegos de la plaza del barrio y a un jefe de familia arreglando los postes de madera que sostiene el alambrado de su casa (para resaltar así el valor dado a la propiedad privada), el locutor afirma que “en el nuevo barrio, todos los días representan avances en la integración del grupo humano. Y en la mayor vinculación con el resto de la sociedad”⁷.

En la producción audiovisual, constantemente se visibiliza la acción del Estado a través de la representación de las tareas cotidianas de trabajadores sociales y técnicos estatales como la realización de censos, los médicos y enfermeras en campañas de vacunación y control de salud, las maestras y maestros en cursos de capacitación y alfabetización, o las acciones de “colaboración” del Comando de Ingenieros en el proceso de erradicación y construcción de viviendas (^{Gomes, 2017}).

Por su parte, en estos lugares no hay sala de primeros auxilios ni escuelas exclusivas, debido a que, según afirma el narrador, estas instituciones están “afuera para que el lugar no vuelva a convertirse en un sitio aislado, sin comunicación”⁸. A pesar de esta ausencia de instituciones, la voz en off concluye que “nunca el nivel de salud fue tan alto ni la concurrencia de niños al colegio fue tan amplia”.⁹

Durante los últimos minutos del corto documental, el locutor acentúa la promoción de los NHT como paso necesario y transformador hacia “las viviendas definitivas”, caracterizando a los barrios transitorios como una “nueva vida” que, a partir del “esfuerzo de colaboración humana”, se “va ganando lentamente, sin milagros”¹⁰. La narración continúa: “Por eso surgen de repente muchos testimonios de esa fabulosa fuerza humana que es la voluntad de cambio. Como este hombre, este jefe de familia, que se levantó a la madrugada el día de la mudanza para quemar su casilla con sus propias manos”. En pantalla se observa a un hombre y a su esposa con un bebé en brazos; mientras fuma un cigarrillo vierte un líquido inflamable y prende fuego la precaria vivienda. La escena es icónica: en primer plano la casilla de chapa y madera ardiendo; mientras el fuego va consumiendo la vivienda, hasta quedar sus estructuras precarias totalmente destruidas, se contrasta el rostro de aquel jefe de familia. La voz en off cierra su narración: “en ese momento, también se estaban echando los cimientos de lo que será sin dudas su vivienda definitiva”¹¹.

Como pudimos analizar, los poderes estatales accionaron, además de la violencia y la destrucción, recursos propagandísticos de variado tipo con el objetivo de normalizar espacios, inculcar valores morales y crear políticas de transformación urbana y de la vida cotidiana en determinados sectores sociales. Junto con programas de capacitación laboral, cursos de alfabetización y campañas sanitarias, los NHT fueron, en tal sentido, un instrumento de gobierno sobre el que se asentaron los intereses de promoción de nuevas formas de integración social, de habitar y modernizar la ciudad (^{Gomes, 2017}).

Puerta de Hierro y San Petersburgo (I): espacios de expulsión y precaria gestión de la vida

A escala local, las políticas urbanas del período 1966-1983 impactaron en la configuración social y espacial del municipio de La Matanza, Gran Buenos Aires. Por ejemplo, se produjo el traslado de poblaciones expulsadas a Núcleos Habitacionales Transitorios, entre principios y mediados de la década del setenta. También fueron construidos complejos habitacionales, como un modo de ordenar territorialmente las relocalizaciones diseñadas allí. Con el inicio del régimen cívico militar en 1977 y los posteriores movimientos de erradicación, poblaciones expulsadas de “villas de emergencia” de la ciudad de Buenos Aires saturaron aún más los NHT. Así, se profundizaron carencias de infraestructura, situaciones de irregularidad en la posesión de terrenos y continuas condiciones de deterioro y precariedad en las viviendas. Por caso, La Matanza captó la mayor proporción de erradicados (21%), seguido por Lomas de Zamora (9,6%), Merlo (8%), Moreno, Quilmes, General Sarmiento y Florencio Varela (Oszlak, 2019).

Además, los distintos regímenes promulgaron otras medidas políticas, urbanas y económicas, como cambios en el mercado de tierra y vivienda o un conjunto de ordenanzas, cuya implementación clausuró la posibilidad de acceso al suelo tanto por vías formales como ilegales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, junto con los aumentos en el precio de la tierra, el gobierno dictatorial suspende en 1977 la autorización de loteos y prohíbe -con la Ley 8.912 de Ordenamiento Territorial- el poblamiento de terrenos sin infraestructura urbana (^{Aristizábal e Izaguirre, 1988}).

Entre 1970 y 1971 la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV)¹² crea en La Matanza los Núcleos Habitacionales Transitorios Crovara y 25 de Mayo -actualmente denominados como Puerta de Hierro y San Petersburgo respectivamente-, con el objetivo de erradicar y trasladar población de “villas de emergencia”. Ambos núcleos habitacionales se encuentran en los límites de San Justo, Isidro Casanova y Ciudad Evita, a metros de la estación Justo Villegas, de la línea de tren Belgrano Sur (ramal Sáenz-Marinos del Crucero General Belgrano) (Figuras 1 y 2). Allí se reubicaron alrededor de 250 familias provenientes de diversas villas porteñas, aunque por el crecimiento poblacional y posteriores desplazamientos del último régimen dictatorial ambos barrios concentran aproximadamente 1500 familias.

El diseño inicial de los NHT consistió en tiras de 16 y 17 unidades funcionales separadas por pasillos y corredores mínimos. La estructura de los barrios es de manzanas de 50 metros de largo, pasillos de 1.50 metros como máximo y una trama que se organiza como supermanzanas con corredores de 4 metros. En los inicios, se le dio una relevancia evidente a la instalación del alambrado para distinguir los pequeños terrenos individuales (los cuales eran garantizados mediante un contrato de comodato hasta el “traslado definitivo”), así como al mantenimiento de cada jardín, incentivando la construcción de huertas, pensadas para el sustento familiar (^{Gomes, 2017}). También eran resaltados los servicios e infraestructuras urbanas presentes en cada NHT: disponibilidad de red de agua y servicios cloacales, alumbrado público, luz eléctrica y sendas peatonales pavimentadas.

Las autoridades, a través de cuadernillos con indicaciones acerca del correcto mantenimiento de los NHT y la presencia permanente de funcionarios de la CMV, daban a entender que las viviendas no podían ser vendidas o alquiladas; tampoco debían utilizarse para comercio ni para ninguna actividad productiva. Además, la gestión cotidiana de los NHT por parte de la CMV (cuya visibilidad estaba dada por el emplazamiento de una unidad administrativa con técnicos y funcionarios estatales en cada barrio transitorio) implicaba controlar que la vivienda no fuera ocupada durante la ausencia de sus comodatarios, que las instalaciones funcionaran y que la limpieza se realizara periódicamente (^{García, 2015}).

Elaboración propia en base a SIG.

Figura 1.  Mapa de ubicación geográfica del municipio de La Matanza. 

De todas formas, progresivamente se fue haciendo evidente no solo la continuidad de la precariedad que los pobladores habían experimentado anteriormente, sino también una percepción permanente de transitoriedad y desarraigo que imprimió la vida en esos espacios urbanos. Hoy los NHT exhiben una fisonomía similar, aunque con modificaciones: la escasez del espacio físico y el crecimiento poblacional trajeron, como consecuencia, el hacinamiento y la ampliación de los terrenos y las viviendas originales, para ganar uno o dos ambientes a costa de sacrificar el patio delantero y la amplitud de los pasillos externos que dividen una tira de otra (^{García, 2015}). Asimismo, las condiciones edilicias presentan un alto grado de deterioro, y el sistema de red de agua está en pleno proceso de reconstrucción, luego de décadas de fallas e inhabilitación. Por su parte, hasta hace algunos años, viviendas precarias fueron construidas a la vera de las vías del ferrocarril Belgrano Sur. Incluso la cuestión medioambiental es compleja, ya que el servicio de recolección de residuos es defectuoso, lo que conlleva a que los habitantes convivan junto a basurales a cielo abierto y contenedores desbordados y destruidos.

Durante la década del sesenta y setenta también se llevó a cabo la construcción del Conjunto Ciudad General Belgrano, conocido como Barrio BID, a unas pocas cuadras de distancia de los Núcleos Habitacionales Transitorios mencionados. Este conjunto nació en 1967 por iniciativa de la CMV como parte del Programa MCBA-BID¹³ para dar solución a más de 16000 habitantes provenientes de villas de emergencia y de otros lugares de la ciudad, finalizando el proyecto hacia 1973. El conjunto se dividió en dos etapas, una primera etapa de viviendas individuales y una segunda etapa de viviendas colectivas en monoblock, sumando un total de 3996 unidades habitacionales.¹⁴

Fuente: Elaboración propia en base a información del IGN y RENABAP.

Figura 2.  Delimitación de NHT, Conjunto Ciudad Gral Belgrano y asentamientos. 

A las iniciativas habitacionales desarrolladas por gobiernos de facto en esta región, cabe sumar una serie de tomas de tierras ocurridas en la década del ochenta. Por ejemplo, el Barrio 17 de Marzo debe su nombre al momento en que se inicia la ocupación de terrenos en un predio ubicado sobre la Av. Crovara, en 1986. Próximo a los NHT, cuenta con una superficie de 37 manzanas y sus habitantes provienen en su mayoría de San Petersburgo y Puerta de Hierro. La ocupación colectiva de tierras resultó ser una oportunidad, por ese entonces, para muchos habitantes de los precarios NHT, ya que permitió descomprimir la situación de hacinamiento en la que se encontraban. Posteriormente se urbanizó otro tramo de esa región, cuyo nombre es 17 de Marzo Bis, por ser un anexo del barrio 17 de Marzo (Figura 2). Investigaciones pioneras sobre las ocupaciones colectivas de tierra en la década del ochenta han dado cuenta del importante rol colaborativo de vecinos, organizaciones sociales y de derechos humanos y la acción de agrupaciones católicas como las Comunidades Eclesiales de Base en dichas urbanizaciones (^{Merklen, 1991}).

Espacios contemporáneos de violencia: urbanismo neoliberal y expansión de economías clandestinas

Para ciertos investigadores, desde hace décadas los espacios de las ciudades se han erigido como sitios estratégicos para proyectos de reestructuración neoliberal (^{Theodore, Peck y Brenner, 2009}). En este sentido, se introdujeron programas neoliberales que han producido una “destrucción creativa”, tanto de las estructuras administrativas e institucionales anteriormente edificadas como de las antiguas condiciones del espacio social y urbano.

Retomando esa perspectiva, resulta sugerente abordar las políticas urbanas desarrolladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires en términos de urbanismo neoliberal. Primero, por la utilización de la violencia a través del despojo territorial y los desplazamientos de poblaciones hacia espacios menos valorizados en el mercado de suelos, como en el carácter multiescalar donde se reconstituyen relaciones regionales, nacionales e internacionales entre el Estado y el capital. De la misma manera, fue implantada una óptica liberal en el que los Estados nacionales se desligan de ciertas responsabilidades, transfiriendo los riesgos a los gobiernos locales, sin capacidad financiera ni política para atender problemáticas tan complejas. Por ende, el aumento en la precarización de las condiciones de vida se debe en parte a la degradación de determinados entornos urbanos que trajo aparejado el neoliberalismo.

Así, durante la década del noventa ocurrieron dos procesos marcados, los cuales entrecruzan espacio, violencia y un Estado que se configura de manera más porosa, opaca, fragmentada y descentralizada. Por un lado, se expandieron distintos mercados sobre los territorios degradados de la periferia metropolitana. Así, tuvo lugar el desarrollo de nuevos modos de cooperación de poblaciones y agentes estatales con grupos criminales y economías clandestinas, aprovechando y haciendo uso de la difuminación de las fronteras y los intersticios entre lo legal e ilegal (^{Das y Poole, 2008}). De esta manera, la violencia, en sus múltiples aristas, persistió y a la vez transmutó sobre espacios de despojo, opacidad, ilegalismos e incluso oportunidades, tanto a partir de la destrucción como creando nuevas geografías y dinámicas que aún en la actualidad son difíciles de ser desmontados. Como señalan investigaciones realizadas desde enfoques diversos, es posible conectar los efectos de procesos políticos, económicos y sociales de décadas anteriores, donde gobiernos militares y el avance del neoliberalismo se hicieron palpables en los cuerpos y en el espacio, a algunas de las dinámicas que permitieron la consolidación y expansión de poderes y mercados contemporáneos (organizaciones delictivas y economías clandestinas) y el traslapamiento con las experiencias de jóvenes habitantes de las periferias (^{Epele, 2010}; ^{Salamanca, Astudillo y Fedele, 2016}).

Producto de crisis económicas y políticas en Argentina, estos lugares y poblaciones, desde hace décadas, se sumergieron en un contexto de precariedad y opacidad que implicó modificaciones del lazo social: la pobreza, la marginación y la vida cotidiana venían adoptando nuevos rostros y experiencias de vulnerabilidad (^{Epele, 2010}). Esta vez la expansión de mercados de drogas ilegalizadas, altos niveles de delito y violencias cotidianas confluyeron en paralelo al despliegue estatal sobre otros territorios y la retracción sobre aquella región. Por tanto, a la profundización de la precarización y vulnerabilidad social que caracterizaron las condiciones de vida en el Gran Buenos Aires, se sumó no solo un abordaje tenue y fragmentado de políticas estatales, sino también la ampliación de una violencia que comenzaba a expresarse de manera clandestina y a la vez visible. Dicho proceso fue interpretado y abordado por medios de comunicación e instituciones gubernamentales en términos de culpabilización, estigmatización, indiferencia y represión de las poblaciones, lo que acentuó situaciones de desigualdad socio urbana.

Como resultado, el avance de nuevas economías y transacciones, las cuales generaron transformaciones en negocios, realidades, experiencias, intercambios, prácticas y subjetividades, ahondaron en lo que se puede llamar la “expropiación del bienestar” (^{Epele, 2010}). Ante ello, se trastocaron las categorías de lo humano, el ejercicio de ciudadanía y las injusticias que este capitalismo neoliberal, contemporáneo y globalizado moldea en las periferias urbanas; en las propias formas de reconocimiento social e intersubjetivo, evidenciando no solo el despojo del espacio urbano, sino incluso el despojo de los cuerpos y de la vida misma.

Junto con la persistencia (y agudización) de la precariedad de viviendas, infraestructuras y servicios públicos, las transformaciones en el Gran Buenos Aires mencionadas por María Epele aparecen progresivamente en los Núcleos Habitacionales Transitorios analizados. Por ejemplo, hace algunos años se podían observar desde las ventanillas del transporte público a personas en situación de calle y jóvenes zombies deambulando por los pasillos de los NHT o en las veredas de la zona, seguramente afectados por el consumo de sustancias psicoactivas, sobre quienes recaía una suerte de “muerte social”.

El equipo de comunicación de la parroquia local realizó un informe en 2021 para sentar las bases de su proyecto radial y periodístico como “medio de comunidad”, el cual junto con otras iniciativas como los “Hogares de Cristo”, vienen trabajando desde 2017 con personas que se encuentran en consumo, situación de calle u otra condición de desamparo. En tal informe, se acentúan aquellos procesos que habían recalado en décadas anteriores:

“Esa zona arroja los números más altos de desempleo, falta de acceso a la salud y la educación y al acceso a una vivienda digna. Al momento de iniciarse la parroquia el narcotráfico mandaba en uno de estos barrios y la zona era de convivencia de personas en situación de calle y/o adicción”.¹⁵

Otro de los fenómenos observados en las periferias fue la retracción en materia de políticas urbanas y el desinterés estatal por resolver las problemáticas de infraestructura y las condiciones de vida en contextos populares. En escenarios urbanos donde las clases trabajadoras tratan de gestionar cotidianamente y reproducir, dentro de contextos de precariedad, las amplias dimensiones de la vida social, es posible observar cierta reconfiguración: las violencias estructurales del neoliberalismo contemporáneo tienen su correlato material en el espacio, siendo una característica la opacidad de prácticas y procesos de distintas naturalezas y escalas.

La violencia en el espacio y la persistencia de injusticias espaciales no solo se evidencian en los proyectos de NHT desarrollados en el Gran Buenos Aires. En 2011, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboró una resolución sobre las condiciones de vida en el NHT Zavaleta luego del impulso, la dilación y mala ejecución de programas de renovación urbana. Este informe denuncia los 40 años de desidia que ha incurrido el Estado, por el cual se han mantenido y agravado características de los módulos de vivienda que “no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad compatibles con la dignidad de las personas”¹⁶. Asimismo, el barrio transitorio se vio perjudicado por distintas irregularidades en la implementación de los programas de renovación, como por ejemplo demoliciones de viviendas en 2007 cuyos escombros no habían sido retirados de los predios, conexiones de luz y agua en estado precario y techos con filtraciones.

En La Matanza, la consolidación de condiciones socioeconómicas de pauperización se evidenció en la década del noventa por la falta de políticas públicas en relación con programas de urbanización y mejoramiento barrial con los cuales reducir el déficit habitacional. Si bien el posterior proceso de expansión del Estado y de políticas urbanas hacia regiones degradadas y sin urbanizar llevado adelante por el kirchnerismo fue tomado positivamente, también es cierto que dejó un trazado espacial diferencial. Mientras a nivel local algunas villas y asentamientos alcanzaban su urbanización y eran construidos como modelos de integración social y urbana (^{Ferraudi Curto, 2014}), otros espacios urbanos como los NHT continuaron inscribiéndose sobre tramas de violencia y propagación de economías ilícitas. Trayendo nuevamente el informe del equipo de comunicación de la parroquia local, se explicita que desde hace 50 años no se ven cambios en relación con las viviendas: “La precariedad de la situación se expresa en casas hacinadas, falta de agua potable, fluidos cloacales en los pisos de pasillos y casas, falta de cloacas y habitaciones derruidas”¹⁷.

En contrapartida a esta configuración de infraestructuras precarias aparece el búnker como símbolo espacial de la expansión de la articulación entre desigualdad social, tráfico y violencia (^{Salamanca, Astudillo y Fedele, 2016}). Casillas precarias, de ladrillo y techos de chapa, de dimensiones pequeñas, cuya función es la comercialización de droga en un puesto fijo, y sobre la cual se estructura una jerarquía de actividades y posiciones con distintos niveles de poder, prestigio social y participación en la cadena productiva de aquel mercado.¹⁸

Las prácticas de violencia mencionadas se encarnan en amplias esferas de la vida social, e incluso son institucionalizadas por repertorios específicos, impulsados y sostenidos por el propio Estado mediante sus personificaciones, políticas y discursos en los márgenes (^{Das y Poole, 2008}). Junto con la expansión de otras formas de regulación no estatales, la retracción o reconfiguración de los Estados de algún modo expresa la naturaleza violenta, la gestión desarticulada sobre tales territorios y, como factor clave, la reproducción de las injusticias espaciales.

Puerta de Hierro y San Petersburgo (II): mercados y modos paradojales de la política urbana y securitaria durante el gobierno de Cambiemos

Tras décadas sin avances en las transformaciones vinculadas a procesos de urbanización en Puerta de Hierro y San Petersburgo, con la asunción del Ingeniero Mauricio Macri en el gobierno nacional y de María Eugenia Vidal al frente de la administración provincial, se promueven en el periodo 2015-2019 dos modos de abordar los barrios populares, los cuales redefinieron, de manera paradójica y acelerada, el escenario local. A partir de estas dos líneas -independientes, pero vinculadas- de política socio urbana y de seguridad, la vida cotidiana de los pobladores de estos NHT, atravesada por procesos y espacios de violencia, se vio trastocada.

El primero de ellos corresponde a una avanzada en términos de política securitaria, liderada por la, en aquel entonces, ministra de seguridad Patricia Bullrich. Además de priorizar una actitud represiva ante movilizaciones sociales y a “hechos delictivos” que, de acuerdo a dichos de funcionarios, ponían en riesgo la “seguridad nacional y pública” o el “orden ciudadano”,¹⁹ el gobierno erigió una publicitada política de “guerra contra el narcotráfico” (^{CELS, 2017}).

En el país se instaló el “avance del narcotráfico” como el marco interpretativo de los problemas de seguridad y violencia contemporáneas, sostenido por una explicación sobre la “porosidad” de las fronteras y un lineamiento “permisivo” de la justicia y el sistema securitario. En tal coyuntura alimentada por los medios de comunicación y algunos espacios políticos, la política de “guerra al narcotráfico” resultó en la legitimidad de prácticas represivas y políticas punitivistas sobre regiones de frontera, pero en mayor medida sobre los habitantes de villas, asentamientos y barrios populares, quienes emergen como población amenazante o excedente (^{Salamanca, Astudillo y Fedele, 2016}). Esto es demostrado por un sistema penal endurecido, el despliegue y saturación policial en los barrios y la persistencia de altos niveles de encarcelamiento (^{CELS, 2016}). Así, las fuerzas de seguridad difundieron videos mostrando la destrucción de búnkers de droga, distintos allanamientos y detenciones para desarticular “bandas narco”. Al mismo tiempo, jóvenes de barrios populares fueron apresados por tenencia para consumo personal o tenencia simple de marihuana y otras sustancias.²⁰

Fuente: Foto: María Florencia Girola, San Justo (La Matanza), 06/03/2021.

Figura 3.  Pasillos de Puerta de Hierro. 

En Puerta de Hierro y San Petersburgo, entre 2015 y 2019, centenares de policías de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal, uniformados, armados con pistolas y mazas y asistidos por maquinaria pesada, pusieron en marcha diversos operativos. Rodearon los pasillos, derribaron construcciones precarias donde se cocinaba, fraccionaba y comercializaba estupefacientes. Además, detuvieron a vecinos y vecinas de esos lugares (los cuales ocupaban distintas funciones dentro de la economía clandestina de la droga, aunque no pueden considerarse “cabecillas de las redes de narcotráfico”, como menciona la exministra en el tweet de abajo -Figura 4-) e incautaron miles de dosis de drogas, especialmente cocaína, marihuana y pasta base.

Fuente: Twitter, 12/04/ 2018.

Figura 4.  Tweet de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Trazando paralelismos con los recursos propagandísticos del onganiato analizados, estos espectaculares montajes y performances recientes se corresponden con el despliegue visible de estatalidad, en un contexto donde en paralelo es impulsada la integración socio urbana de algunas villas emblemáticas de la provincia, entre los cuales encontramos Núcleos Habitacionales Transitorios. Así, el saliente gobierno provincial dispuso en esos lugares -junto con la instalación de carpas para trámites, consultas e inscripción a programas sociales- la permanente presencia de Fuerzas de Seguridad y el uso de topadoras, para la destrucción de cocinas y puestos de venta de sustancias psicoactivas (Figuras 5-6).²¹

Si las infraestructuras son vectores trascendentales que revelan las relaciones de poder y jerarquía materializadas en el espacio (^{Rodgers y O’Neill, 2012}), la destrucción de infraestructuras precarias aparece como un paradigma de la construcción del orden social y el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. El rol de las topadoras en la destrucción de viviendas y del paisaje urbano en nombre de la “seguridad” (^{Graham, 2004}), enlaza las fricciones entre decisiones del pasado y las aspiraciones a qué apunta la regulación social contemporánea de cuerpos y territorios. Estas fricciones atraviesan no solo a las supuestas bandas criminales, sino también a las poblaciones de estos barrios populares que ven dañadas su vida cotidiana por los procesos de expansión y retracción de mercados y de Estados (especialmente en su carácter punitivo y destructor).

Fuente: Youtube y Matanza Digital, 01/03/2018.

Figuras 5-6.  Capturas de pantalla de videos difundidos por la Policía Federal y Policía Bonaerense, en uno de los tantos operativos de allanamientos, demolición y detención en Puerta de Hierro. 

Sin embargo, la política de “guerra contra el narcotráfico” no hizo más que reproducir la violencia y el delito (^{CELS, 2016}). Poco se dijo sobre las situaciones cotidianas de abuso de las fuerzas del orden sobre la población, especialmente jóvenes, en un contexto de militarización de territorios urbanos calificados como “sensibles” por la diseminación de actividades clandestinas y consideradas como ilegales. Tampoco debe omitirse la estigmatización social y espacial que les niega a los y las jóvenes el pleno uso de la ciudad. De este modo, la estimulación de prácticas de vigilancia y control sobre “barrios a ser pacificados” no hacen más que acentuar la injusticia espacial que caracteriza a tales conglomerados. En su afán de expresar su poder coercitivo, agencias y agentes estatales del orden formulan y accionan políticas de seguridad que terminan convirtiéndose en políticas de producción y reproducción de exclusión y desigualdad social y urbana, además de incrementar las violaciones a los derechos humanos (^{Fassin, 2016}).

En una ocasión en la que participé de una recorrida en automóvil junto con el cura párroco del barrio y otros profesionales de la Universidad de Buenos Aires por Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis,²² pregunté al sacerdote cómo tomó la población la demolición de búnkers durante la gestión Macri-Vidal: “Y… lo tomaron mal. Cuando vos venís y solo tirás las cocinas y casillas… Obvio que la gente quiere que se vayan los transas, pero si después queda en nada y no tenés un plan o venís con algo integral, no sirve. O se vuelven a meter al lado y sigue todo como antes”²³.

Estas palabras contradicen las afirmaciones del exministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo: “derribar búnkers es asegurarse de que las bandas no vuelvan a utilizar esos lugares para perjudicarle la vida a la sociedad y sobre todo a nuestros jóvenes”.²⁴ Los dichos del cura también explicitan aquellos errores cometidos por la gestión de los barrios populares a través de políticas securitarias agresivas, al estar desligadas de un abordaje integral y multiagencial. Quienes experimentan la cotidianeidad en estos barrios -referentes, militantes de organizaciones de DD.HH. y barriales, vecinos y vecinas- afirman que no se trata solamente de problemas de seguridad o consumo de los y las jóvenes, sino de una concepción del hábitat que tienda a la integralidad (^{Manzano, 2020}). Sin ese enfoque de integralidad cualquier tipo de medida fracasa: una concepción de seguridad debe integrarse y viene ligada a programas de urbanización, incentivación al trabajo y la producción, así como a políticas de bienestar para las juventudes que allí residen. Evidentemente, el avance de estas economías clandestinas, basadas entre otras acciones a la comercialización de drogas, afecta a las poblaciones populares. Sin embargo, no consolidar una mirada de las políticas que dé cuenta de las conexiones con profundos procesos económicos, políticos y sociales (como efectos del neoliberalismo y de regímenes militares en la región durante décadas anteriores), ni un abordaje que tenga como objetivo ampliar derechos para, más bien, propiciar una concepción punitivista que tiende a la culpabilización o medicalización de los jóvenes de barrios populares termina resultando ineficaz y las redes de ilegalidad continúan funcionando (^{Epele, 2010}).²⁵

En definitiva, tras la consolidación de gobiernos democráticos y bajo la profundización del neoliberalismo observamos, además de reconfiguraciones, continuidades y resonancias de aquellas políticas autoritarias del espacio. Las villas, asentamientos y barrios populares aparecen como escenarios de hostigamiento policial, violaciones de derechos humanos e injusticias espaciales (^{González y Salamanca, 2019}; ^{Pita, 2019}; Salamanca, Astudillo y Fedele, 2016). Operan así “nuevas” y viejas formas de coacción que (re)producen condiciones socio urbanas precarias y prácticas estatales que destacan por la omisión, la violencia institucional y la criminalización sobre los sectores populares. Vincular las políticas de la dictadura y los barrios informales en su contemporaneidad permite situar en el espacio un conjunto de violencias que se diversifican e intensifican sobre la base de nuevas subjetividades, órdenes sociales, relaciones y prácticas económicas y políticas.

Junto con la política securitaria, la administración de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires llevó adelante la creación del OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana). Creado en 2017, promueve el “acceso a un hábitat digno” a partir de la puesta en marcha de un ambicioso plan de urbanización de barrios populares. Durante la primera etapa, el organismo apuntó a ocho barrios emblemáticos del Gran Buenos Aires, entre los que se encontraba el NHT Puerta de Hierro.

A pesar de la aplastante derrota de María Eugenia Vidal a manos del kirchnerismo en las elecciones nacionales de 2019, OPISU se mantuvo como organismo provincial. Sin embargo, se redefinieron tanto los funcionarios como la dirección de las políticas y programas abordados, ampliando el alcance de la integración socio urbana hacia nuevos barrios populares. Así, de acuerdo a una entrevista realizada a la directora ejecutiva, “no coincidimos en la forma de abordaje sobre la problemática del hábitat de la gestión anterior, pero tomamos en cuenta que era una posibilidad para jerarquizar y poner en valor la política de gestión del hábitat” (Entrevista a Romina Barrios, Revista La Tecla, agosto de 2020). Lo más destacado en comparación con la anterior gestión, son las diferencias en los modos de tomar contacto e incluir la participación de organizaciones barriales y comunitarias “para comprometerlas y consensuar qué obras se harán y cómo se va a transformar su hábitat”.

La urbanización comprenderá la ejecución de redes de servicios básicos como agua corriente y cloacas, la apertura y pavimentación de calles, instalación de luminarias y la mejora de establecimientos educativos y centros de salud. Dentro del proyecto de urbanización también se impulsa la construcción de 1500 viviendas sociales en los predios baldíos que rodean esta región y aquellos donde sean demolidas las viviendas.

En el proyecto de reurbanización de Puerta de Hierro y San Petersburgo, adquiere una importancia simbólica la necesidad de destruir las casillas precarias levantadas por el régimen de la “Revolución Argentina” que en aquel entonces dio lugar a los NHT. Demoler con el propósito de construir viviendas dignas y crear así nuevas condiciones espaciales y sociales para la gestión de la vida; destruir para construir una nueva realidad en estos territorios despojados. Entonces, podemos hablar en este caso cómo tras décadas de violencia e injusticias espaciales por procesos oscilantes de retracción y expansión estatales y de mercados, el espacio urbano se restituye como escenario de futuras transformaciones; proyecciones que habilitan una mirada integral del hábitat y la vida urbana, posibilidades para un buen vivir.