Derecho a la educación y escolarización en América Latina. Felicitas Acosta (Comp.). Ediciones UNGS, Los Polvorines, 2021, 157 páginas.

El libro que aquí se reseña fue compilado por Felicitas Acosta y editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, para la serie “Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia”. Reúne un conjunto de artículos y ensayos que proponen un recorrido en torno a la historia y el estado actual del derecho a la educación en la región latinoamericana, los cambios de las últimas décadas y los desafíos que se presentan.

Es posible distinguir dos momentos en el texto, en función de las discusiones que se plantean. Los trabajos que abarcan los primeros cuatro capítulos, de Acosta, Feldfeber, Saforcada e Imen, desarrollan aspectos históricos que permiten comprender los modos particulares en que ha cobrado forma y se ha materializado este derecho bajo la órbita del Estado, particularmente su íntima relación con la escolarización. También exploran el devenir de las políticas públicas educativas y sus matices relacionados con los vaivenes políticos. Con énfasis en las décadas recientes, dan cuenta de las tensiones, cambios y contradicciones que se producen en la alternancia entre modelos neoliberales y progresistas, analizando cómo el derecho a la educación se incorpora a sus agendas y los cambios que ello implica.

En los últimos tres textos del libro, se presentan los ensayos ganadores del Eje “Educación” del concurso de CLACSO/UNGS “Democracias en Revolución/Revoluciones en democracia”. Por las temáticas que abordan, habilitan a profundizar en debates en torno a las implicancias actuales del derecho a la educación, cómo se resignifica en virtud de los cambios culturales y las formas en que puede concretarse más allá de la escolaridad tradicional. Estas son: las tensiones entre regulación y emancipación en el seno del dispositivo escolar, las alternativas pedagógicas emergentes por fuera de este y la inclusión real de la perspectiva de género en los procesos y contenidos educativos.

Comprender cómo se ha materializado el derecho a la educación en las políticas educativas implica reconocer y desnaturalizar su vinculación con el fenómeno de la escolarización. Esta relación es abordada por Felicitas Acosta en el primer capítulo del libro, en el cual reflexiona sobre los procesos históricos de internacionalización de la educación que llevaron, gradualmente, a la configuración de los sistemas educativos modernos. Argumenta allí que, a raíz de esta “equiparación” entre educación y escolarización, el derecho a la educación se materializa en las políticas públicas a través de la ampliación del acceso y la promoción de la graduación de la escolaridad obligatoria. Sostiene que, en la región, este desarrollo estuvo marcado por avances desiguales y heterogéneos que dejan deudas pendientes en materia de inclusión. Por ello, abre el interrogante sobre las limitaciones de considerar al derecho a la educación como derecho a la escolarización para lograr, realmente, su cumplimiento efectivo.

Por otro lado, las políticas educativas también se ven fuertemente condicionadas por los cambios de signo político. En función de sus ideologías, el contexto y los intereses que representan, cada gobierno despliega sus acciones en torno al derecho a la educación. Los capítulos dos, tres y cuatro exploran esas vicisitudes históricas haciendo hincapié en las últimas décadas, signadas por la alternancia entre gobiernos neoliberales y progresistas.

Resulta pertinente, en relación con ello, retomar la caracterización que realiza Myriam Feldfeber, en el capítulo dos, sobre estos modelos y sus implicancias en materia educativa. Por un lado, señala que los gobiernos progresistas, que emergieron en distintos puntos de la región, tenían como denominador común la ruptura con el consenso político reformista de ajuste estructural, que configuró la década de los noventa, y una redefinición del rol del Estado y la reorientación de las políticas públicas con tendencia a la promoción de derechos, la inclusión, la redistribución económica y el desarrollo social. En materia educativa, ello significó reformas jurídicas y políticas públicas tendientes a la ampliación del derecho a la educación. Por otro lado, indica que, en la segunda década del siglo, comenzó un proceso de restauración conservadora, con gobiernos de signo neoliberal que adaptaron sus políticas a las demandas del mercado. La autora argumenta que este giro en la política educativa implicó una regresión en materia de derechos. Las concepciones que cada proyecto político posee en torno al derecho a la educación, sus implicancias y modos de efectivizarlo moldean sus políticas públicas de formas específicas.

En el capítulo tres, Fernanda Saforcada reflexiona sobre las variaciones, tensiones y disputas en torno a esta conceptualización, en clave histórica, e identifica dos miradas predominantes que pueden asociarse a modelos neoliberales y progresistas. En este orden, se encuentra, por un lado, el derecho concebido como igualdad de oportunidades, bajo una lógica individualista y meritocrática. Se trata de una igualdad formal, donde cada uno procura sus medios para acceder al bien educación. Por otro lado, se encuentra el derecho concebido como igualdad a secas, que implica pensar a la educación como un bien común, donde el Estado ocupa un rol importante para promover una igualdad efectiva de acceder a este derecho, con pretensiones universalistas. Con base en esta distinción, Saforcada sostiene que el gran desafío en la región es la radicalización de lo público para construir sociedades más justas.

Profundizando en lo que estas diferencias representan en materia de políticas públicas, el cuarto capítulo, de Pablo Imen, identifica tres tendencias en la región: una de ruptura revolucionaria, otra de capitalismo redistributivo y una de corte neoliberal-conservadora. Sostiene que cada una de ellas ofrece respuestas diferenciadas a una serie de preguntas clave, como: ¿es la educación un derecho? y ¿a qué educación tienen derecho los sectores populares? Tomando como ejemplo los casos de Argentina y Venezuela, da cuenta de cómo los sentidos que construyen en torno a esos interrogantes se reflejan en las acciones que llevan adelante en pos del derecho a la educación.

Los capítulos anteriores ponen el foco en los procesos históricos y políticos que dan forma al derecho a la educación. Los siguientes tres ensayos, en cambio, sitúan la mirada en el plano de la escuela. El primero de ellos, de Soledad Vercellino, reflexiona sobre el potencial analítico del concepto de dispositivo escolar y qué implica pensar lo escolar en términos de dispositivo. En su análisis, sostiene que el dispositivo escolar implica diversas estrategias que contienen dentro de sí la tensión entre regulación y emancipación. De esta manera, la escuela puede potenciar o reducir las desigualdades, invisibilizando a las identidades marginadas o permitiendo espacios de encuentro con el otro y de construcción de un mundo común.

Retomando el planteo del primer capítulo, según el cual la educación se ha equiparado con escolarización, es posible cuestionarse qué hay más allá de la escuela. Con relación a ello, el trabajo de Mercedes Palumbo resulta un aporte interesante para indagar en experiencias pedagógicas por fuera del dispositivo escolar. Su análisis se centra en los talleres de formación política de movimientos populares, con inserción en el AMBA, en la Argentina postneoliberal. Allí, contrasta los modos en que se desarrolla la formación política en el modelo “tradicional” o escolarizado, donde se establece un modelo legitimado de ciudadano liberal “ausente” de lo político; en contraposición a una formación política que ofrece protagonismo, voz, compromiso y adhesión a un proyecto colectivo. De esta manera, expone cómo, en los dispositivos pedagógicos emergentes, se producen aperturas pedagógicas, políticas y epistémicas que permiten visualizar nuevos modos de materializar el derecho a la educación, a la vez que lo resignifican.

El último texto invita a considerar cómo la educación procesa e incorpora los cambios culturales, en particular, la perspectiva de género impulsada por los vientos feministas. El trabajo de Mariela Acevedo destaca el rol privilegiado de la escuela para promover transformaciones que contribuyan a la despatriarcalización de la sociedad, a la vez que advierte los avances y las limitaciones presentes. A raíz de esta lectura, es factible preguntarse en qué medida el derecho a la educación se cumple si la escuela perpetúa prácticas sexistas. Con relación a ello, Acevedo ofrece algunas claves que la institución escolar puede considerar para lograr una educación con perspectiva de género amplia e inclusiva.

A modo de cierre, puede decirse que el recorrido que traza este libro contribuye a actualizar las discusiones en torno al derecho a la educación en Latinoamérica desde una perspectiva crítica y los desafíos que se presentan para su plena vigencia. En ese sentido, los textos dan cuenta de que los avances en la región han sido heterogéneos, vinculados a avatares políticos, marcados por rupturas y líneas de continuidad entre sí. Puntualizando en los contrastes entre gobiernos neoliberales y progresistas, ahondan en los modos en que sus concepciones ideológicas definen las políticas públicas, distinguiendo sus avances y retrocesos. A modo de reflexión, cabe preguntarse si esta polarización representa cabalmente la complejidad política del fenómeno del derecho a la educación.

Las lecturas llevan a visualizar este derecho como en constante redefinición y resignificación en relación con las coyunturas históricas y las transformaciones culturales. Reducir las inequidades y lograr una inclusión real siguen siendo deudas pendientes que atentan contra su ejercicio real. No solo en términos socioeconómicos, sino también en relación con otras brechas, como el género, la orientación sexual, el origen étnico y las discapacidades. Reconocer, valorar y respetar las alteridades es parte de los retos que enfrenta la educación.

En suma, a partir de los aportes de los autores de los que se nutre este libro, es posible repensar la pregunta de qué entendemos por el derecho a la educación, la cual resulta clave para problematizar sus alcances, su situación actual y las proyecciones futuras en los países latinoamericanos.