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Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani

versión On-line ISSN 1850-2563

Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani  n.27 Buenos Aires ene./jun. 2005

 

Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)*

María E. Barral**; Raúl O. Fradkin***

* Una versión anterior de este trabajo titulada "Redes y sedes de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)" fue presentada en las jornadas de la Red de Estudios Rurales realizadas en el Instituto Ravignani el 15 de agosto de 2003. Agradecemos las críticas y sugerencias de los participantes y de los evaluadores anónimos de el Boletín.
** UNLu - ANPCYT - CONICET, Becaria Posdoctoral CONICET, Subsidio IM40-2000 ANPCYT
*** UNLu - Instituto E. Ravignani, UBA

RESUMEN

Este artículo examina el proceso de construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense entre 1785 y 1836. Este proceso fue parte central de la formación del nuevo estado provincial y se expresó en su creciente ramificación territorial y la centralización de los mecanismos de ejercicio del poder. El estudio ha diferenciado tres estructuras de poder institucional –la eclesiástica, la militar/miliciana y la judicial/policial– y ha analizado y comparado sus desarrollos. Este procedimiento comparativo muestra procesos regionales diferentes y ritmos desiguales de despliegue de cada estructura de poder. El análisis pone de relieve la importancia de los pueblos rurales desde los cuales se fue organizando el poder institucional.

Palabras clave: Poder institucional; Campaña bonaerense; Pueblos; Iglesia; Ejército; Milicias; Justicia; Policía.

ABSTRACT

This article examines the process of construction of the institutional powers structures in the Buenos Aires campaign between 1785 and 1836.

This process was a central part of the formation of the new provincial state and it was expressed in a increasing territorial expansion and in the centralization of the mechanisms of exercise of power.

The study has differentiated three structures of institutional power –the ecclesiastic, the military and the judicial– and has analyzed and compared its developments.

This comparative procedure shows diferents regional processes and unequal rates of spreading of each power structure. The analysis puts of relief the importance of the rural towns from which the institutional power started to organize.

Palabras clave: Institutional power; Buenos Aires campaign; Towns; Church; Army; Militias; Justice.

1. INTRODUCCIÓN: ENFOQUE, OBJETIVOS Y FUENTES

Hasta fines del período colonial la construcción de un orden institucional en la campaña bonaerense estaba muy lejos de ser efectiva y resolver este desafío fue una de las prioridades del nuevo estado que emergió de la revolución. En estas condiciones, la necesidad del estado de adquirir una capacidad de control y de coacción efectiva de la población rural fue cada vez más imperiosa.1

En los últimos años dos vertientes historiográficas han revelado una complejidad hasta hace poco insospechada de este proceso de incorporación institucional del mundo rural. Una renovada historia política analizó la construcción de la ciudadanía, las formas de representación y la participación electoral.2 La historia rural puso en evidencia la existencia de una sociedad rural compleja y dinámica, protagonista de una expansión de la producción agropecuaria con fuertes oscilaciones y marcadas diferencias regionales3 y que se sustentaba en un rápido crecimiento de la población rural.4

Estos desarrollos historiográficos advierten acerca de la necesidad de buscar una mayor integración de ambas perspectivas de análisis. Este trabajo constituye un intento en este sentido pues nos proponemos explorar el proceso de construcción del poder institucional en el mundo rural bonaerense. Sin duda, un propósito de tal magnitud implica considerar una gama de niveles de análisis que sería imposible desarrollar en este artículo. Por tanto en esta oportunidad hemos considerado conveniente circunscribirnos al proceso de construcción de estructuras de poder institucional en la campaña. Este proceso fue parte central de la formación del nuevo estado provincial y se expresó en su creciente ramificación territorial, la centralización de los mecanismos de ejercicio del poder y el desarrollo de nuevos medios de coacción y control institucional. Se trataba de un proceso pleno de dificultades, obstáculos y ambivalencias que estuvo lejos de completarse en el período aquí analizado, aunque durante este medio siglo se sentaron las bases para la progresiva inclusión de las relaciones sociales agrarias en los ámbitos del poder institucional. Sin embargo, la necesidad de resaltar las líneas centrales del desarrollo institucional puede llevar a una imagen equívoca, suponerlo dominado por una lógica externa al proceso social y haber sido impulsado por un actor (el estado) dotado de una voluntad unívoca. Esta perspectiva debe ser radicalmente descartada. En su lugar conviene adoptar un enfoque que pueda dar cuenta de la dinámica de la construcción estatal en la campaña, de sus apoyaturas y limitaciones. Para ello es preciso atender, al menos, a dos dimensiones de análisis: por un lado, las orientaciones adoptadas por las autoridades para ejercer efectivamente el poder en el medio rural; por otro, el accionar de los grupos sociales que iban buscando ocupar posiciones dentro de la nueva estructura institucional. Razones de espacio y claridad expositiva nos llevan en esta ocasión a concentrarnos exclusivamente en la primera de estas dimensiones aunque sabiendo que la segunda era parte inseparable del contexto en que este proceso se desarrolló.

Es sabido que la coerción estatal define en su ejercicio un ámbito territorial y ello supone el desarrollo de una serie de medios coercitivos que acrecienten no sólo su fuerza armada sino su capacidad de controlar, vigilar, castigar, educar, juzgar y hasta transformar los hábitos y costumbres de la población. Al respecto, de los argumentos expuestos por Tilly, nos interesa rescatar que para ello era necesario contar con una serie de organizaciones diferenciadas y que debía operarse una transición desde un modo de control indirecto (que se apoyaba en intermediarios sociales) a otro que tendiera a ser directo (y se apoyara en organizaciones estatales con capacidad de penetrar profundamente en la vida social).5 En términos de Mann,6 puede pensarse en el despliegue de una serie de estructuras institucionales de poder que adoptaron la forma de redes. Ellas permitieron configurar no sólo un "poder despótico" sobre la población –entendido como capacidad estatal de acción independiente de toda negociación rutinaria e institucional– sino también un "poder infraestructural" –entendido como la capacidad estatal para penetrar en la sociedad y poder ejecutar logísticamente sus decisiones sobre todo un territorio–. Es esta última noción la que nos parece sugerente pues su ejercicio supone una división del trabajo entre las actividades que despliegan las distintas redes de poder y que el estado termina por coordinar y centralizar.7

El análisis de la construcción del poder institucional no puede realizarse sin considerar sus relaciones con el espacio y la población. Al respecto, prestaremos atención preferencial a la multiplicación de jurisdicciones territoriales y a la complejidad que adoptó la implantación de las estructuras de poder en el medio rural. En este sentido, son útiles las observaciones de Hespanha, quien se propuso analizar "en los entresijos de las instituciones y de las prácticas político-administrativas" cómo se tramaban los equilibrios de poder. Desde esta perspectiva buscó develar "los cuadros estructurales de la distribución del poder" que "limitan objetivamente el juego político o definen marcos o escenarios para la acción política".8

Consideramos que puede ser enriquecedor inspirarnos –muy libremente por cierto– en estos planteos con el propósito de construir un enfoque interpretativo que nos permita observar, lo más a ras del suelo posible, el complejo proceso de construcción del poder institucional en el mundo rural bonaerense e indagar las posibilidades reales que tenía de hacer obedecer sus orientaciones. En función de ello concebimos el proceso de construcción de las estructuras de poder institucional como el despliegue de redes más o menos diferenciadas, cada una de las cuales estaba dominada por su propia lógica de funcionamiento y contaba con jerarquías, intensidades y modalidades de inserción en el medio social rural diferenciales. Por lo tanto, cuando hablamos de redes de poder institucional no hacemos referencia a la trama de relaciones interpersonales que formal e informalmente puedan haber articulado los sujetos sino a la forma ramificada que adoptó el despliegue de cada estructura de poder institucional. Desde esta perspectiva postulamos que existieron tres tipos principales de estructuras de poder institucional en el mundo rural: la militar-miliciana, la eclesiástica y la judicial-policial. Por cierto, la inclusión de la estructura eclesiástica en este análisis es problemática en la medida que, al menos formalmente, no era parte de la organización estatal. Sin embargo, considerando que ella sirvió de sustento al despliegue de organizaciones estatales y que su autonomía fue escasa y decreciente, consideramos pertinente incluirla en el análisis.

Sin embargo, a nivel local, estas estructuras no estaban integradas sólo por una burocracia estatal. En buena medida el ejercicio efectivo de las funciones asignadas a cada estructura era efectuado por un conjunto de vecinos que no conformaban una burocracia profesional y que, o bien no eran remunerados, o sólo lo eran parcialmente.9 En consecuencia, para identificar el personal efectivo de cada red a los fines de evaluar su capacidad de acción consideramos en este trabajo sólo al personal efectivamente integrado a las estructuras de poder, cualquiera sea el modo de reclutamiento y remuneración: serán para nosotros miembros de la estructura militar-miliciana los efectivos reclutados y los milicianos en servicio activo, de la eclesiástica los párrocos y los tenientes de cura, y de la judicial y policial los Alcaldes de Hermandad y sus tenientes y luego a los Jueces de Paz, sus Alcaldes y Tenientes y las partidas policiales.

Estas estructuras de poder institucional operaron en un espacio socialmente construido y móvil. Entre 1780 y 1833 el espacio sobre el cual se desplegaba la sociedad criolla creció unas seis veces, pasando de unos 30.000 Km2 a unos 180.000 Km2 ; la población rural, por su parte, se acrecentó hacia 1836 casi siete veces, pasando de unos 13.000 a unos 90.000 habitantes.10 El notable crecimiento de la población rural fue mucho más rápido que el de la ciudad de Buenos Aires, y en la década de 1830, por primera vez, la población rural superó a la urbana. Estos datos, con toda la imprecisión que pueden contener, permiten poner de relieve la magnitud del esfuerzo que era preciso realizar para construir el poder institucional en el mundo rural. Sin embargo, la baja densidad de población no habilita la visión de un inmenso "desierto", que por otra parte era la mirada de las élites urbanas sobre este espacio rural. Por el contrario, el poblamiento estaba muy desigualmente distribuido, contenía zonas de población mucho más concentrada y tasas de crecimiento demográfico muy diferentes.11 Pero, además, en la región se fueron configurando aglomeraciones desde las cuales se fueron organizando formas de ejercer el poder institucional y desde las cuales ese poder actuaba sobre el medio rural. Estos pueblos rurales pueden ser considerados, siguiendo a Giddens, como sedes, una región física que interviene como escenario de la interacción social, dispone de fronteras que contribuyen a concentrarla y permiten fijar las instituciones.12 Esta perspectiva además facilita un análisis centrado en el ejercicio de las funciones de poder que tuvieron estos pueblos en la construcción del entramado de las redes institucionales. Hasta ahora esta cuestión ha merecido escasa atención historiográfica13 y aunque no se ha realizado un estudio sistemático de ellos, la evidencia disponible muestra una extrema variedad de situaciones.

Un enfoque de esta amplitud nos ha obligado a trabajar con una gran diversidad de fuentes de información. Por una parte, hemos apelado al relevamiento cuidadoso de la información contenida en la bibliografía existente. Por otro, a una serie de fuentes éditas como los Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires, los cuadernos copiadores de los Acuerdos del Cabildo de Luján, el Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires y los Almanaques de 1826 y 1834. Pero también hemos empleado documentación inédita: el archivo de Policía, los legajos de los Juzgados de Paz y las Listas de Revista de 1823, 1824 y 1836 y los archivos parroquiales, para señalar las más utilizadas.

2. LAS ESTRUCTURAS DE PODER INSTITUCIONAL

2.1. La estructura eclesiástica de poder

La estructura de poder eclesiástica comenzó su ramificación en el medio rural con la instalación de las primeras parroquias rurales en 1730; a lo largo de un siglo sus sedes se multiplicaron al interior de la antigua frontera y comenzaron muy lentamente a hacerlo en el área de la nueva frontera. Los párrocos tenían ante sí la difícil tarea de convertir a los pobladores de sus comunidades en feligreses y, como tales, obedientes cumplidores del precepto anual de la comunión. Para ello instrumentaban estrategias de confesionalización diferenciadas según los sectores de población a las que iban dirigidas: para notables y vecinos las cofradías, la misa mayor e incluso la delegación de algunas funciones espirituales; para los paisanos –con la colaboración de religiosos de las distintas órdenes– las misiones interiores o populares, el recuento de almas y algunas de las fiestas religiosas locales más destacadas a las que asistían probablemente a partir de motivaciones que podían incluir, pero también exceder, las religiosas o devocionales.

La construcción de una red articulada de parroquias, viceparroquias, capillas en guardias de frontera o colegios de misioneros a lo largo del siglo XVIII se nos presenta como el andamiaje que la Iglesia organizó en su propósito de cristianizar el mundo rural bonaerense.14 Las parroquias eran las porciones de territorio que se encontraban bajo la jurisdicción del cura párroco, quien ejercía en ellas la cura de almas.15 Este eclesiástico debía ejercer el ministerio pastoral, realizar el recuento anual de almas en tiempo de cuaresma, asegurar el cumplimiento de su feligresía con la Iglesia centrado en el precepto pascual y administrar los sacramentos. Sus ingresos provenían de una parte de los derechos parroquiales y de las primicias, y en algunos casos, de negocios particulares como estancias, pulperías o del ejercicio de patronatos de capellanías. En las viceparroquias los tenientes de cura se mantenían con parte de las rentas que les proporcionaba el párroco. Tampoco gozaban de un territorio propio el cual era supervisado por el párroco.16

Algunas parroquias contaban además con un patrimonio institucional de tierras, chacras o estancias –de la virgen o el santo– que en principio fueron organizadas para el depósito del ganado que los feligreses daban de limosna o del pago de servicios religiosos, y en algunos casos se transformaron en empresas productivas.17 Sin embargo, en esta reconstrucción nos centramos en aquellas estructuras seculares plenamente integradas al gobierno de la diócesis: las parroquias y viceparroquias. Pese a ello, debe recordarse que estas instituciones del clero regular y sus religiosos actuaron como auxiliares en las parroquias más cercanas.18

En 1730 se crearon los seis primeros curatos de la campaña de Buenos Aires y sus sedes parroquiales fueron San José de los Arrecifes en el norte, Nuestra Señora de Luján y San Antonio de Areco hacia el oeste, San Isidro y el oratorio de Francisco de Merlo como sede interina de la parroquia de Matanza y parte de las Conchas en la campaña cercana y Santa María de Magdalena en el sur, con Quilmes con sede interina de la parroquia.19 De este modo, las antiguas reducciones de indios preexistentes de Quilmes20 y Baradero, que ya no tenían un peso significativo, quedaron dentro de la jurisdicción de las parroquias más cercanas: Baradero dentro del curato de Arrecifes y Quilmes en el de Magdalena.21

Las estructuras eclesiásticas seculares de la región se multiplicaron en momentos muy precisos: 1750, 1780, 1806, 1822/27 y 1833/38 (ver Gráfico N°1).22 Estos cambios se tradujeron en creación de nuevas parroquias desmembradas de las ya existentes o de las ayudas de parroquia23 o viceparroquias dependientes de las ya existentes. En la mayoría de los casos, la multiplicación de parroquias y viceparroquias rurales de Buenos Aires fue posterior a visitas diocesanas, tal es el caso de la que llevó a cabo Fr. Sebastián Malvar y Pinto en 1779 y la realizada por monseñor Benito de Lué y Riega entre 1803 y 1805. A su vez, las creaciones de 1825, fueron posteriores a la misión pontificia denominada "Misión Muzi", que constituyó la primer tentativa de acercamiento de los gobiernos posrevolucionarios hispanoamericanos con Roma, llevada a cabo en 1824 y en el contexto de las reformas eclesiásticas de Rivadavia. Por último, fue en la década de 1830 cuando empezaron a restablecerse las relaciones con el Vaticano y Mariano Medrano fue designado vicario apostólico primero y luego, en 1832, obispo.

Hacia 1750 se habían creado tres viceparroquias. En el norte, además de la parroquia de Arrecifes, la capilla de San Vicente Ferrer –que luego sería la parroquia de San Nicolás– funcionaba como viceparroquia del curato de los Arroyos en la jurisdicción de Santa Fe. La campaña oeste se convertía en la zona que concentraba mayor número de estructuras eclesiásticas: a las parroquias de Luján y San Antonio de Areco se agregaban las viceparroquias de Pilar dependiente de la primera y de Cañada de la Cruz bajo jurisdicción de la segunda.

El mayor despliegue de las estructuras eclesiásticas se verifica en 1780, cuando se crearon nueve parroquias, tres de las cuales eran viceparroquias desde al menos 1750, completándose el cuadro para toda la campaña de quince parroquias. Su distribución entre las distintas regiones era bastante equilibrada: cinco en el norte (Arrecifes, Baradero, San Pedro, San Nicolás y Pergamino), cuatro en el oeste (Luján, San Antonio de Areco, Pilar y Cañada de la Cruz), tres en la campaña cercana (San Isidro, Las Conchas y Morón) y tres en el sur (Magdalena, Quilmes y San Vicente).

Esta situación se mantuvo con pocas modificaciones hasta 1810. Los cambios en 1806 se concentraron en la campaña cercana (con la creación de las parroquias de San Fernando y San José de Flores) y en la línea de frontera (Lobos, Guardia de Luján, Navarro, Salto, Ensenada y Chascomús). Algunos de estos fuertes y fortines ya contaban con capilla y capellán castrense y ahora ingresaban a la estructura diocesana como parroquias o viceparroquias. Este proceso se consolidó en 1825 cuando todos los fuertes y fortines de la antigua frontera se transformaron en parroquias o viceparroquias. Para mediados de la década de 1830 las estructuras eclesiásticas no habían cambiado sustancialmente y mientras se profundizaba la integración de la antigua línea de frontera a la vida religiosa diocesana, comenzaba a verse lentamente la "llegada" de la Iglesia a los fuertes del nuevo sur como Azul, Dolores,24 Bahía Blanca y Patagones.25

Algunos de los primeros pueblos de la región se fueron formando en torno a parroquias o viceparroquias que en su mayoría tuvieron origen a partir de oratorios privados o públicos. Así, entre las primeras parroquias de 1730, sólo Magdalena y Arrecifes contenían otras estructuras preexistentes: las reducciones de indios.26

En cambio, Luján, San Isidro, Matanza, Conchas y San Antonio de Areco fijaron su sede parroquial en oratorios de algunas de las familias "principales" de cada poblado en formación.27 De modo análogo, años después otras capillas situadas en tierras de particulares fueron el origen de parroquias y viceparroquias, como sucedió en San Nicolás de los Arroyos,28 Cañada de la Cruz, Nuestra Señora del Pilar,29 Magdalena30 y, varias décadas después, San Andrés de Giles.

Hasta por lo menos la década de 1820 en las parroquias rurales transitaban intensamente religiosos de las distintas órdenes –mercedarios, franciscanos, dominicos y, en menor medida, agustinos y betlemitas– que, sin estar integrados a las parroquias como párrocos o tenientes de cura, eran autorizados por éstos a administrar sacramentos.31 También es el caso de los sacerdotes seculares ordenados a título de capellanías u otras fundaciones similares –los "clérigos particulares"– que no tenían la obligación de prestar servicios pastorales en las estructuras de la diócesis.32 A comienzos del siglo XIX, en su visita, el obispo Lué advertía esta situación y la planteaba en estos términos:

Persuadido SSI de que la escasez de Ministros que hay en estas campañas que ayuden a los párrocos en sus ministerios les obliga a éstos más veces a tolerar en sus feligresías algunos sacerdotes seculares y regulares que contra las disposiciones de los Sagrados Cánones y repetidas Reales Ordenes del Soberano viven errantes y vagos sin adscripción ni residencia fija abandonando aquéllos a la que deben tener por sus beneficios o títulos de órdenes.33

También es evidente que no todas las parroquias despertaban el mismo interés, y que aquellas ubicadas en las zonas más pobladas, y de producción cerealera –de la cual dependía el pago de las primicias– eran las más requeridas y donde más eclesiásticos en distintas funciones se pueden encontrar.34

A su vez, dentro del grupo de feligreses que en cada parroquia respondía al imperativo de "vivir bajo cruz y campana" y cuyas cabezas más visibles integraban las cofradías rurales,35 hubo quienes cumplían funciones relativamente fijas de colaboración con los curas como "bautizar en caso de necesidad".

Pero si consideramos solamente a los párrocos y sus tenientes de cura, es decir solamente al personal estable de las estructuras eclesiásticas seculares, el panorama cambia bastante. Entre 1813 y 1836, a pesar que aumentaron las sedes de la estructura eclesiástica de poder, disminuyó el número de eclesiásticos sirviendo en las mismas. En 1815 eran 42 eclesiásticos y 27 las parroquias o viceparroquias; en 1825 eran 38 curas y 29 estructuras eclesiásticas y en 1836 el personal eclesiástico mantuvo el mismo número y sus sedes de poder aumentaron a 33.

El estancamiento del número de párrocos en la campaña se debe a cuestiones de orden más general que afectaban a las instituciones eclesiásticas en su conjunto. La caída de ordenaciones sacerdotales se verificaba desde la revolución e incluso algunos años antes y es probable que los potenciales clérigos encontraran otros ámbitos más atractivos de desarrollo profesional como los cuerpos de milicias o los medios intelectuales, que dejaban de ser, paulatinamente, patrimonio exclusivo del mundo eclesiástico. A su vez, la caída de las rentas eclesiásticas y las dificultades de recaudación de los diezmos o del cobro de los derechos parroquiales pudo desalentar a más de un candidato a incorporarse al clero. Pero además cada ruptura política significó una desarticulación territorial que afectó también a la esfera eclesiástica. Sobre todo si pensamos en los vínculos de dependencia institucional que ligaban a las jurisdicciones eclesiásticas y que en estas condiciones las fragmentaban aún más, con las consabidas dificultades para canalizar formas de intervención más o menos uniformes (como el caso del arzobispado de Charcas, del que dependían los obispos rioplatenses). El programa reformista de Rivadavia profundizó la debilidad de las instituciones eclesiásticas con la expropiación de recursos económicos orientada por la política de centralización de las instituciones eclesiásticas, de desamortización de los principales recursos y la eliminación de los fueros, y que retomaba las iniciativas borbónicas del siglo anterior.36

Sin embargo la Iglesia mantuvo en sus manos algunos mecanismos importantes de control social en el plano local, aunque más subordinada a las autoridades políticas civiles y militares. Aún nos falta conocer mucho sobre la acción eclesial en la época de Rosas; la manera en que contribuyó a la legitimación simbólica de la figura de Rosas y del federalismo ha sido puesta de manifiesto por distintos trabajos.37

2.2. La estructura militar y miliciana de poder

El desarrollo de la estructura de poder militar y miliciano aún carece de un estudio completo y sistemático y la información disponible sólo permite esbozar un cuadro general de su expansión. En algunos aspectos, esta información es muy imprecisa dado que la mayor parte de las veces sólo se hace referencia a la fecha de instalación de los fuertes y fortines38 pero no se ofrecen precisiones respecto a cuándo cada uno dejó de funcionar. En cuanto a la magnitud y composición de las fuerzas militares y milicianas sólo recientemente se han producido estudios cuidadosos y en ellos nos apoyaremos.39

En la campaña la estructura militar y miliciana tuvo como principales sedes de poder a los fuertes y fortines de la frontera pero también estaba presente en otros pueblos donde se localizaron diversos destacamentos, los que a su vez no tuvieron una localización fija. No todos estos fuertes tenían la misma jerarquía, ya que desde 1780 la Villa de Luján era la sede de la Comandancia de Frontera.40 A lo largo de este azaroso período las fuerzas se componían de tropas regulares y de milicias, una demarcación perdurable aunque no inalterable en la medida que las fuerzas milicianas terminaron por quedar subordinadas a las autoridades militares regulares y su comando quedó en manos de oficiales veteranos.

Hacia 1784 los Blandengues, un cuerpo miliciano que comenzó a funcionar en la década de 1750, pasó a tener seis compañías de 100 hombres y fue transformado en un cuerpo veterano.41 La jurisdicción contaba además con 1490 hombres en otros cuerpos regulares, lo que hacía un total apenas superior a los 2000 efectivos. Por entonces los milicianos que prestaban servicio activo en la frontera eran unos 125 localizados en Chascomús, Ranchos, Monte, Salto y Rojas, aunque podían ser movilizados 2171 hombres en toda la campaña.42

A mediados de la década de 1810 la ramificación de la estructura había ganado en complejidad y extensión. Al sur del Salado se agregó el fuerte de Kakelhuincul y en gran parte de los pueblos existían regimientos milicianos; a su vez, se sumó una Comandancia de Milicias en Las Conchas y Comandancias Militares en San Nicolás, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Pilar, Capilla del Señor, San Fernando, Ensenada y Dolores. Hacia 1819, se procedió a organizar tres regiones militares dividiendo la campaña en Sur, Norte y Centro. La intensa militarización ocurrida hacia 1806/7, aun cuando se había reducido hacia 1810, recibió un decidido impulso. Las levas sucesivas afectaron crecientemente a la población rural y se ha estimado que pueden haber abarcado a un 10% de los varones solteros, es decir a uno de cada seis adultos.43 Sin embargo, no es fácil estimar el número de efectivos realmente existentes en la jurisdicción aunque sabemos que hacia 1814 el total de milicianos en la campaña llegaba a 105844 y que en 1817 las fuerzas que guarnecían la frontera ascendían sólo a 308 hombres.45

En los primeros años de la década de 1820 la estructura militar de la provincia fue reorganizada y en 1823 el ejército regular contaba con 214 oficiales y 3.142 suboficiales y soldados.46 Otros datos indican que en 1825 el total de efectivos era de 3840 hombres, de los cuales tenían asiento en la campaña al menos 1800 pertenecientes a los Regimientos de Húsares (en Salto), de Blandengues (en Lobos) y de Coraceros (en Kaquel).47 A ellos hay que agregar las Comandancias de Marina que se encontraban en Conchas y Ensenada aunque no sabemos sus dotaciones. Por su parte, la estructura miliciana estaba integrada por una Milicia activa de infantería compuesta por unos 3960 ciudadanos y 89 veteranos, una o dos compañías de milicia activa de infantería en cada pueblo y los cuatro Regimientos de Milicia activa de Caballería,48 cada uno de los cuales estaba conformado por cuatro escuadrones y cada uno de ellos por dos compañías de 100 soldados cada una.49 De este modo, antes del gran esfuerzo militar que supuso la guerra con Brasil, el estado provincial contaba con una fuerza de línea de unos 4000 hombres y con alrededor de 3200 milicianos. En 1826 se agregó un 5º regimiento con jurisdicción el partido de Monsalvo y a fines de ese año se dispuso que todos los regimientos de caballería tuvieran agregados un escuadrón de milicias de 200 plazas, por lo que el número de milicianos de caballería debe haber rondado los 5000.50

A mediados de la década de 1830 la estructura de poder militar se había extendido mucho más.51 En la campaña, hacia 1836 la línea de fuertes se había ampliado con la incorporación de Federación (o Junín), Cruz de Guerra y Bahía Blanca en 1828, Azul y Tapalqué en 1832, Fortín Colorado en 1833 y Las Mulitas en 1836.52 Silvia Ratto ha demostrado en el estudio más sólido y preciso de la estructura militar hacia 183653 que en los fuertes de frontera (Federación, 25 de Mayo, Tapalqué/Azul, Independencia y Bahía Blanca) había una fuerza armada de unos 4.000 hombres, de los cuales 817 eran tropas de línea, 904 milicianos y 2360 indígenas. Sin embargo, también ha mostrado que esta situación podía variar significativamente pues a fines de 1836 los milicianos movilizados hacia los fuertes de frontera eran 2267 aunque en 1837, las fuerzas de línea en ellos se mantenían en los mismos niveles (903 hombres), los milicianos eran 1403 y los indígenas 2.121, lo que hacia un total algo superior al año anterior (4.427 hombres). De este modo, sus datos nos indican que la fuerza del ejército regular era decisiva en algunos puntos (como Bahía Blanca) y también que tenía una marcada estabilidad; más flexible era en cambio la posibilidad de apelar a milicianos y pese a ello el predominio de los contingentes indígenas era decisivo.

Por nuestra parte, hemos intentado evaluar la magnitud total de las fuerzas disponibles en la campaña en 1836: ese año habría un total de 1.415 milicianos activos por lo que puede afirmarse que en su inmensa mayoría estaban en los fuertes; las tropas de línea, en cambio, eran unos 3.065 hombres de modo que sólo una tercera parte estaban en esos fuertes. A este total de 4.480 hombres habría que sumar en consecuencia los 2.300 indígenas, todos ellos en el área de frontera. Las Listas de Revista de 1836 permiten ver la compleja trama que tenía la distribución espacial de la red. El Regimiento 1º tenía sus fuerzas en Federación y Las Mulitas. El 2º tenía en la Villa de Luján a su Plana Mayor y unidades en 25 de Mayo, Federación, Flores, Exaltación de la Cruz, Morón, Saladas y además contaba con un Escuadrón de Milicias en comisión para capturar vagos y desertores que no tenía una localización fija. El N°3 tenía sus unidades distribuidas entre Monte, Matanza, Tapalquén, el Campamento de la Botija y piquetes en Navarro y Lobos. El 4º tenía su Plana Mayor en Federación y diversas unidades acantonadas en ese fuerte. El Regimiento N°5 las tenía distribuidas entre Ranchos, Tapalquén, Laguna Blanca, Dolores, Monsalvo, Fuerte Independencia y Azul. El Regimiento N°6 estaba ubicado en Azul, Quilmes, San Vicente, Ensenada y Magdalena. Por su parte, el Regimiento de Blandengues de la Nueva Frontera tenía su Plana Mayor en Bahía Blanca y sus fuerzas ubicadas en Fuerte Argentino y Guardia Constitución. El Regimiento de Dragones de la Nueva Frontera tenía su Plana Mayor en el Fuerte 25 de mayo y unidades en Fuerte Argentino, Monte y San Nicolás. Las Compañías Batallón Guardia Argentina tenían su plana mayor en Bahía Blanca y unidades en 25 de Mayo, Azul, Patagones, los Polvorines de Flores y Cuelli, San Nicolás, Fortín Colorado y Fuerte Independencia.

Podemos ahora intentar una evaluación muy provisoria. A mediados de la década de 1780 la provincia contaba con una fuerza armada que apenas superaba los 4.000 hombres entre milicianos y regulares aunque en la frontera sólo había unos 600 Blandengues. A mediados de la década de 1810, parece haberse desguarnecido la campaña con una reducción tanto de las fuerzas regulares como milicianas a la mitad. Esta situación se habría revertido a mediados de la década de 1820 cuando la provincia contaba con una fuerza armada de unos 7.200 hombres; de ellos en la campaña había unos 1.800 regulares y más de 3.000 milicianos. Hacia 1836 hemos podido constatar que en la campaña había 3.065 hombres en las tropas de línea y 1.415 milicianos movilizados aunque ese número podía elevarse a unos 4.800 en caso de necesidad; además, ahora era también posible recurrir a más de dos millares de contingentes indígenas. Este panorama puede ser completado con los datos de Garavaglia para 1841: por entonces el estado disponía de una fuerza armada de 10.367 hombres de los cuales el 32% eran milicianos. Si consideramos los datos desagregados que suministra para las principales unidades militares podemos ver que el 35% de las tropas regulares y el 39% de las milicianas se encontraban asentados en la campaña.54

2.3. La estructura de poder judicial y policial

Esta estructura de poder institucional tuvo un precario desarrollo hasta bien entrado el siglo XVIII y una organización cambiante a lo largo del período. Aunque sus funciones eran distintas las hemos agrupado en una sola red considerando que uno de los rasgos claves de su estructuración fue el fallido intento de organizar dos agencias institucionales diferenciadas, al menos en el ámbito rural.55 Como es sabido, hasta 1821 la justicia y la policía rural fueron ejercidas principalmente por los Alcaldes de la Santa Hermandad designados por el Cabildo de Buenos y desde 1756 también por el de Luján; pero además efectuaba designaciones el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, un oficio vendible que mantuvo tensas y conflictivas relaciones con el cuerpo capitular porteño. En un principio las designaciones del Cabildo de Buenos Aires se efectuaban inicialmente sólo para dos grandes jurisdicciones aunque en 1766 se intentó infructuosamente aumentar su número a cuatro. Recién a fines de la década de 1770 comenzó a haber un sistemático incremento de designaciones que se consolidó a mediados de la década siguiente56 cuando llegaron a ser 16 las jurisdicciones delimitadas sin considerar las que se efectuaban para la Banda Oriental. Con todo, su poder efectivo seguía siendo muy limitado: no disponían de cárceles ni con una fuerza propia bajo su dependencia directa57 y era muy frecuente la designación de jueces comisionados con funciones acotadas y para jurisdicciones específicas.58 Aún mayores dificultades tuvo el Cabildo de Luján que incluso llegó a ser suspendido en sus funciones. Además debió lidiar con la competencia jurisdiccional del cabildo porteño, una situación que perduró hasta 1796 cuando el cabildo lujanense recuperó plenamente sus atribuciones59 y comenzó a designar sus propios Alcaldes para los partidos de Pilar, San Antonio de Areco, Cañada de la Cruz, Navarro, Guardia de Luján y Fortín de Areco. Pese a ello, el cuerpo capitular porteño siguió designando un Alcalde para Areco Arriba hasta 1821.

La crisis revolucionaria puso en primer plano la necesidad de conformar un poder de policía más efectivo que tenderá a escapar del control del Cabildo para depender directamente del poder central. La centralización se evidenció también en la recreación de la figura del Gobernador Intendente –de breve existencia en la década de 1780– que tenía jurisdicción sobre la campaña. Así, en 1812 se designaron tres comisarios de policía, uno de los cuales estaba encargado de supervisar el accionar de los Alcaldes de Hermandad, y en 1816 el gobierno creó un cargo de Comisario de Campaña con el preciso objetivo de la persecución de los "vagos".60 De esta manera, hacia 1816 en la campaña bonaerense había al menos 21 Alcaldías de Hermandad designadas por el cabildo porteño y 6 por el de Luján. Ese año se dispuso que debían contar con una partida de auxiliares a sueldo con lo cual se independizaban de los comandantes de milicias para la provisión de auxiliares. ¿Hasta qué punto se cumplió esta disposición? Lamentablemente no lo sabemos, pero de haberse cumplido habría significado un mínimo de 84 auxiliares (si sólo consideramos a las Alcaldías dependientes del cabildo porteño) y un máximo 108 auxiliares (si consideramos el conjunto de Alcaldes existentes).61

La crisis de 1820 abrió nuevas incertidumbres. La elite gobernante llegó a la conclusión de que era preciso acabar con los Cabildos,62 sustituir a los Alcaldes de Hermandad por los Jueces de Paz, imponer una justicia letrada en la campaña a cargo de tres Juzgados de Primera Instancia y organizar una estructura de ocho comisarías de policía directamente dependiente del gobierno. Sin embargo, esta nueva organización tuvo corta duración. En 1824 se dispuso reducir los cinco juzgados de primera instancia a cuatro (dos civiles y dos criminales) todos localizados en la ciudad.63 Transitoriamente se anularon las comisarías de campaña, trasladándose sus funciones a los Jueces de Paz y se dispuso que cada uno tuviera una partida de tres milicianos con una remuneración de 8 pesos mensuales;64 pero en julio de 1825 se dispuso la reposición de las ocho comisarías y a fin de año se autorizaron dos nuevas: una para Monsalvo y otra para los partidos de Navarro, Lobos y Matanza.

No era suficiente. Ya en abril de 1827 el Juez de Paz de Exaltación de la Cruz proponía una "solución" más drástica: la necesidad de elegir un comisario para cada partido.65 Pero la medida tardó en implementarse. En 1830 Rosas elevó de 10 a 21 las secciones de policía y recién en 1836 transfirió directamente las funciones –y la renta– de los comisarios a los Jueces de Paz. De este modo, cada partido contaría con su comisaría aunque el proceso fue más gradual y varios Jueces de Paz tuvieron asignada esta función con anterioridad.66 En consecuencia, si hacia 1822 las 8 comisarías debían atender el servicio de policía de 29 partidos, a fines de 1825 eran 10 las comisarías para 31 partidos; en 1830 eran 21 las comisarías y 32 los partidos y en 1836 eran 35 los partidos y cada uno con su comisaría. De este modo, la ramificación de la red policial fue más intensa que la de los jueces aunque terminó por perder su existencia diferenciada.67 De este proceso emergen algunas cuestiones claves.

La formación de las fuerzas policiales, es decir de una fuerza armada dotada de capacidad de coerción sobre la propia población y diferenciada de las fuerzas específicamente destinadas a la defensa, no resultó una tarea sencilla. A lo largo del período se organizaron dos tipos de "partidas" policiales: unas centralizadas y móviles (bajo el comando directo de la jefatura) y otras que tuvieron a sus órdenes Comisarios de Sección, Alcaldes de Hermandad o Jueces de Paz. Las primeras tuvieron una existencia inestable pero persistente. Desde 1799 había una partida que contaba con 35 hombres y mantuvo esa dotación hasta 1812 aunque en 1809 se había dispuesto que fuera de 50 efectivos; en 1812 se estipuló que debía estar compuesta por 100 hombres pero pocas veces llegó a contar efectivamente con esa dotación y en 1822 apenas contaba con 50; hacia 1831 se organizó una nueva fuerza policial, la Compañía de Caballería Auxiliar, que contaba con 80 hombres pero en 1836 su número se había reducido a 60. De este modo, las autoridades contaron permanentemente con una fuerza policial centralizada y militarizada, cuya misión primordial era asegurar el orden en la ciudad y sus arrabales, aunque también esta fuerza era empleada para realizar incursiones en las profundidades del mundo rural. Además, desde 1822 se había formado una Compañía de Peoneros de Policía integrada por tres secciones, cada una de las cuales debía integrarse con un sargento, dos cabos, 46 soldados y un tambor68 aunque su dotación efectiva rondaba los 130 hombres.69 En 1823 fue sustituida por los Celadores de Policía, una fuerza urbana mucho más reducida que reunía unos 32 efectivos y perduró hasta 1834 cuando fueron reemplazados por dos nuevos cuerpos de vigilancia urbana: los Serenos y los Vigilantes de Día. De esta forma, se fue configurando una trama policial que se adosó a la estructura creciente de Alcaldes de Barrio y que buscaba asegurar el control del territorio de la ciudad y sus zonas aledañas, la preocupación por excelencia de la policía.

En la campaña mientras existieron las comisarías de sección se estableció que cada una debía contar con su propia partida celadora. Pero, además, las autoridades recurrieron a diversos mecanismos para forzar la activa colaboración de los vecinos de los pueblos y que eran un modo de ampliar la capacidad de acción policial del estado exigiendo prestaciones a los vecinos. En julio de 1823 un decreto dispuso que todos los ciudadanos estaban obligados "a prestar su cooperación para evitar cualquier atentado o crimen por vía de hecho o para aprender a su perpetrador", so pena de 24 horas de arresto.70 Para incentivar esta colaboración se introdujo otra modalidad que terminaría por ser práctica rutinaria: las personas que detuvieran al autor de un delito serían remuneradas con sumas que oscilaban entre 25 y 100 pesos.71 Otra de las formas que adoptó esta colaboración vecinal fue organizar patrullas armadas.72 En consecuencia, podemos ver que a nivel local funcionaron partidas estables y remuneradas y otras extraordinarias y ocasionales que implicaban la movilización de los vecinos y que en los pueblos de campaña debían cumplir las funciones de los celadores o serenos de la ciudad.

No sabemos aún los efectivos que integraban efectivamente estas "partidas celadoras" de cada comisaría de sección, pero en 1825, cuando se reinstalaron las comisarías de sección, se dispuso que cada una debía contar con un cabo y cinco soldados, lo que haría un total de 48 efectivos; y, cuando a fin de año se aumentaron a 10 las comisarías se dispuso que cada partida se integrara con un cabo y 12 soldados, la fuerza disponible habría pasado a ser de unos 130 hombres. A su vez, entre fines de 1826 y de 1827 se organizaron dos "comisarías extraordinarias", con 25 hombres cada una, lo que llevó la fuerza de la policía rural a unos 180 hombres. Si las partidas de cada sección mantuvieron esta dotación cuando en 1830 las comisarías pasaron a ser 21, el total de efectivos puede haber llegado a ser entonces de 273. ¿Qué sucedió con ellas cuando las funciones de comisario fueron transferidas a los Jueces de Paz? No lo sabemos con precisión, pero algunas referencias dispersas inducen a pensar que siguieron existiendo.73 Más aún, es probable que hubiera otro tipo de colaboradores policiales: en Arrecifes hacia 1832 además de los Alcaldes y tenientes el Juzgado disponía de 44 "auxiliares", de los cuales sólo seis estaban pagos y deben haber sido los miembros de la partida.74 Si suponemos una partida de cinco hombres para cada uno de los 35 partidos, esa fuerza habría contado hacia 1836 con al menos 175 hombres. Estas estimaciones son demasiado inseguras como para extraer de ellas conclusiones precisas y requieren de una indagación de mayor alcance; pero sugieren que el proceso de intensa ramificación de la estructura policial parece haber significado un incremento sistemático de las partidas policiales rurales entre 1825 y 1830 (de 48 a 273 efectivos) y luego, quizás, una disminución.

Pero hay otra cuestión más importante a considerar. Como vimos, resultó infructuoso el intento de separar las funciones judiciales y policiales a nivel local. Este fracaso puede ser visto como la expresión de la misma naturaleza del estado en formación y el resultado de una fórmula de transacción entre concepciones distintas. Cuando fueron suprimidas las comisarías en 1825 el Jefe de Policía criticó la decisión argumentando que era "imposible conservar el orden y tranquilidad de la Campaña sin funcionarios rentados" dado que "los Jueces de paz huyen de los compromisos porque están relacionados en los partidos y porque su estabilidad en el mando es muy temporal". Y agregó: "Los Jueces de Paz jamás podrán desenvolverse ni expedirse en un ramo que necesita mucha imparcialidad, y más fibra que la que pueden desplegar unos individuos relacionados".75 Personal remunerado, mayor "fibra" y sobre todo, ausencia de relaciones con el medio social local era lo que el jefe esperaba de su personal. Fue esta misma concepción la que se postuló en la Legislatura cuando se sostuvo que los Jueces de Paz

eran unos vecinos, que no durando más que un año en su judicatura, ni podían absolutamente desatender sus labores, ni perseguir con empeño a los criminales, a cuyos tiros quedan expuestos lo que transcursase un año: que en calidad de vecinos tenían, y debían tener ciertos miramientos aun con los mismos que acaso deberían perseguir, pues que en ciertas épocas del año los necesitaban para los trabajos del campo, y que un comisario, o un agente de policía con cualquier otro nombre, era absolutamente independiente de todas estas circunstancias.76

Comisarías y Juzgados de Paz eran instituciones recientes pero expresaron conceptualmente dos modos de relación diferentes entre el estado y la sociedad: los Jueces de Paz debían ser parte de la comunidad mientras que los comisarios debían ser "extraños" a ella. Los primeros eran legos, designados por partido y no recibían remuneración. Lejos estaban de formar una burocracia profesional y su capacidad de acción estaba sometida a restricciones sociales en la medida que eran, a un mismo tiempo, emisarios del poder central y portavoces de los vecinos.77 Los comisarios, en cambio, pueden ser vistos como el embrión de una burocracia estatal rural: eran rentados, seleccionados entre quienes tenían experiencia militar, ejercían una jurisdicción sobre varios partidos y el gobierno buscaba que no tuvieran una sede fija de actuación sino una constante movilidad, aunque pocas veces lo lograba. De este modo, los comisarios expresaban una forma de poner en marcha la formación de una agencia institucional coercitiva destinada a la seguridad y diferenciada de las fuerzas militares y milicianas de defensa. La solución adoptada de fusionar ambas funciones aparece en consecuencia como un intento de establecer un sistema de control directo pero firmemente asentado en poderes locales socialmente construidos y llevaba a la construcción de una red de poder con profundas ramificaciones locales y con marcado carácter policial sin generar una burocracia profesional centralizada aunque convertía a los jueces en personal remunerado, dotado de subalternos y de una partida armada. No extraña, por tanto, que en esta segunda fase de su historia la duración de los jueces en sus funciones se acrecentara.78

3. LOS PUEBLOS COMO SEDES DE LAS ESTRUCTURAS DE PODER INSTITUCIONAL

A fines del período colonial se estaba conformando una red de pueblos rurales aunque en su mayor parte no alcanzaron el estatuto jurídico de villas que sólo obtuvieron Luján –desde 1756– y efímeramente San Nicolás, en 1819. Este estatuto era una aspiración de los vecinos y una dimensión muy valorada por una mentalidad que prefería que la población viviera "bajo cruz y campana". La propia legislación discriminaba taxativamente entre los delitos según fueran cometidos en "poblado" o en "despoblado" y, más aún, la intención de "reducir" a la población rural dispersa a vivir en los poblados fue varias veces intentada entre las décadas de 1780 y 1820.79 Este ideal social se materializaba en una serie de pueblos en los cuales tuvieron sus sedes las estructuras de poder institucional y desde donde intentaban desplegarse sobre el medio rural.80 En parte, las disímiles historias de estos pueblos se explican a partir del ejercicio de estas funciones de poder. Así, algunos llegaron a tener transitoriamente una jerarquía institucional mayor a los otros como, por ejemplo, aquellos que fueron sede durante su corta vigencia de los tres Departamentos Judiciales de Campaña entre 1822 y 1824.81

La distinción decisiva y más perdurable entre los pueblos fue la de transformarse en pueblos cabecera de partido. Por eso, conviene atender primero al proceso de formación de los 35 partidos existentes en 1836. Sin tomar en cuenta las designaciones transitorias82 podemos observar que 26 de ellos habían sido hasta 1821 sedes de Alcaldías de Hermandad. Con todo entre ellos había diferencias dado que tenían antigüedades muy diferentes: 13, que dependían del Cabildo porteño,83 existían ya en 1785 –y en algunos casos eran muy anteriores–84 y 6 más se agregaron en los años siguientes;85 por su parte, del Cabildo lujanense dependían otros 6 partidos.86 Cuando los Alcaldes de Hermandad fueron sustituidos por los Jueces de Paz se incrementó el proceso de formación de partidos y de transformación de pueblos en cabeceras. Sin tomar en cuenta las designaciones provisorias87 podemos registrar que en 1822 se incorporaron cuatro nuevos partidos88 y que transitoriamente desaparecieron Patagones (repuesto en 1824) y Matanza (en 1825); más tarde se agregaron cuatro partidos más.89 Esta multiplicación de jurisdicciones respondía tanto a la intención del poder urbano de lograr un control más efectivo del medio rural como a iniciativas de los vecinos por adquirir el impreciso –pero no por ello menos significativo– estatuto de partido. Así sucedió, por ejemplo, con los Alcaldes de Hermandad que estableció el cabildo lujanense una vez superada su disputa jurisdiccional con el porteño en 1796 y que dieron lugar a la formación varios partidos. De modo análogo, también el cabildo porteño recibió peticiones para la instauración de Alcaldes de Hermandad en Palermo (1808) y en Flores (1812). Situaciones semejantes se dieron luego y por peticiones vecinales fue restaurado en 1825 el partido de Matanza.

Así, hacia 1836 la antigüedad de las jurisdicciones era muy diferente: mientras 15 partidos tenían más de medio siglo de existencia otros eran muy recientes. A su vez, de los 40 pueblos existentes en 1836 cabe anotar que sólo siete de ellos no habían adquirido la condición de cabecera de partido hasta entonces.90

La creación de nuevos partidos respondía a un criterio claro. Para definirlo en los términos del Tribunal Superior de Justicia en abril de 1825: "Hoy combiene mucho qe. la campaña sea selosam.te. vigilada por el escandaloso aumento de robos qe. turvan la seguridad de las personas y las propiedades y esto se consigue mejor y mas comodamente colocando jueces a distancia proporcionadas".91 Ese criterio iba indisolublemente ligado a que cada partido requería de un pueblo cabecera.

Además estos pueblos se distinguían por cuál había sido la función de poder que en ellos se ejerció inicialmente: mientras 20 poblados fueron primero sedes de la estructura de poder militar otros 20 lo habían sido de la eclesiástica.92 Este panorama se modifica un poco si concentramos la atención en los 33 poblados que se transformaron en cabecera de partido: 18 tuvieron como función de origen la eclesiástica y 15 la militar.

Puede ser útil relacionar estas funciones de origen según su distribución regional. El Cuadro N°1 nos permite observar que la campaña cercana y la nueva frontera ofrecen las situaciones opuestas: en la primera todos los poblados tuvieron origen como sede de la red de poder eclesiástico y en la segunda todos lo fueron de la red de poder militar. Las otras regiones, en cambio, presentan situaciones equilibradas entre ambos orígenes.

¿Cuántos años tardaron estos pueblos en transformarse en cabecera de partido? En el Cuadro N°2 podemos ver que las trayectorias fueron marcadamente disímiles. Entre los poblados cuya primera función de poder fue la eclesiástica las sedes de las antiguas reducciones, Baradero y Quilmes, ofrecen una trayectoria extraordinaria pues tardaron más de un siglo en transformarse en cabecera. Luego, puede registrarse que algunos pueblos tuvieron que esperar varias décadas hasta convertirse en cabecera de partido (como Capilla del Señor, San Antonio de Areco o Pilar) mientras que en otros casos el proceso de autonomización del poblado fue mucho más veloz. Por su parte, las diferencias también son notables entre los pueblos cuya primera función fue la militar o miliciana y entre ellos (salvo Pergamino y Navarro) el resto adquirió la condición de cabecera de partido durante el siglo XIX, de modo que puede observarse que las guarniciones militares más antiguas tardaron mucho más en transformarse en partidos que las que surgieron de la expansión de la frontera después de 1815. Para algunos poblados, además, la adquisición de la condición de cabecera fue más compleja y sólo la obtuvieron después de haber sido sedes de la estructura militar-miliciana y de la eclesiástica (como Pergamino, la Guardia de Luján, Lobos o Chascomús). En consecuencia, hacia 1836 los pueblos que operaban como cabecera de un partido tenían trayectorias muy distintas: algunos (Arrecifes o San Isidro) hacía prácticamente un siglo que habían adquirido ese estatuto y otros (San Nicolás, Villa de Luján o Magdalena) los seguían muy de cerca. En el otro extremo, algunos poblados nuevos – con menos de una década de existencia– ya se habían convertido en cabecera.

La cabecera de partido era el máximo grado de autonomía al que un poblado podía aspirar y sólo esa condición permitía adquirir un estatuto diferente. Pero su autoridad por excelencia –el Juez de Paz– ni siquiera era electiva y pese a las múltiples funciones asignadas nunca dejó ser una autoridad esencialmente judicial y policial. El proceso de construcción del poder institucional implicó una multiplicación de jurisdicciones que expresaba una mayor capacidad estatal de controlar el espacio y la población pero también la autonomización de poblados de sus antiguas cabeceras. Sin duda, el caso emblemático fue la desaparición del lugar jerárquico que durante siete décadas tuvo la Villa de Luján. En este proceso, hubo algunas jurisdicciones que no perduraron, poblados que no adquirieron en este período la condición de cabecera (como Santos Lugares) u otros (como la capilla de Merlo) que sólo lo fueron por poco tiempo. Sólo excepcionalmente algunos partidos no tuvieron un pueblo cabecera, como Matanza o Monsalvo.

4. LA COMPLEJIDAD DE LAS SEDES DE PODER

A partir de 1779, cuando se amplió el número de fueNtes y fortines, casi simultáneamente se produjo un cambio sustancial en las estructuras de poder que vinieron a completar y a yuxtaponerse a la trama más antigua y más extensa que había conformado la Iglesia. De este modo, durante las décadas centrales del siglo XVIII la presencia eclesiástica fue preponderante y la designación de Alcaldes de Hermandad siguió los pasos trazados por la estructura parroquial. A su vez, diferentes sedes iniciales de poder militar/miliciano fueron adquiriendo también su lugar como sedes de las estructuras eclesiástica y judicial pero sus trayectorias fueron distintas.93 Pese a las diferencias, en todos los casos, se definió esta tríada de poder básica y fundamental.

Un aspecto a tener en cuenta es la cantidad de sedes con que contaba cada una de las estructuras y su distribución regional: ello permite estimar el grado de ramificación de cada estructura. Los resultados se pueden ver en el Cuadro N°3: entre 1785 y 1836 la estructura de poder eclesiástico ha pasado de 15 a 34 sedes, la judicial/policial de 12 a 33 y la militar/miliciana de 16 a 32. Ello indica que las tres se han ramificado aunque el mayor incremento se ha operado en la judicial y policial. Este procedimiento comparativo esconde procesos regionales muy diferentes y disimula los ritmos desiguales de despliegue de cada estructura de poder. Ante todo porque hacia 1825 la militar/miliciana se había retrasado en su desarrollo –con 20 sedes frente a las 29 con que contaban tanto la eclesiástica como la judicial y policial–, situación que se modificó luego de diez años con la instalación de fuertes en la nueva frontera.

Para completar esta presentación nos centraremos ahora en analizar la complejidad que podían alcanzar la yuxtaposición de las sedes de estas estructuras de poder en los mismos pueblos. El Cuadro N°4 sintetiza la información disponible con el objeto de clasificar las sedes según la complejidad de funciones que ejercían. El número de poblados con una sola función (11) era muy alto en 1785 y recién volvió a serlo en 1836 (11), justamente en dos momentos de expansión fronteriza; la excepción es el pueblo de Santos Lugares, que aparece sólo como parte de la estructura eclesiástica pero que terminará por ser también una importante sede de la militar en poco tiempo. La tendencia claramente dominante es que los pueblos van adquiriendo una estructura de poder más compleja. Desde esta perspectiva, la tríada de poder pueblerino que se ha pensado como típica – cura, juez y comandante– sólo es válida para una parte importante de los pueblos, pero no para el conjunto y tampoco para todo el período: sólo dos pueblos fueron sede de las tres funciones de poder a lo largo de todo el período: Pergamino y Luján. Cabe señalar que mientras hubo pueblos que fueron en algún momento exclusivamente sedes del poder eclesiástico o militar, en ningún caso hubo pueblos que hayan sido únicamente sedes del poder judicial y policial.

La historia diferente de estos pueblos aún debe ser indagada y es obvio que ella no estuvo marcada sólo por las funciones de poder que en ellos se ejercieron, que es el aspecto que hemos considerado en esta oportunidad. Sin duda otros factores fueron también decisivos. Buena parte de esas diferencias debe haber respondido a la capacidad que tuvieron algunos de esos pueblos para concentrar circuitos de intercambio y financiamiento, pero aún es muy poco lo que sabemos al respecto.94

5. PARTIDOS, CUARTELES Y PERSONAL DE LAS ESTRUCTURAS DE PODER INSTITUCIONAL

En la historia de los pueblos y de las estructuras de poder institucional un aspecto decisivo a tener en cuenta es el notable crecimiento de la población rural. Conviene recordar que este crecimiento se tradujo en una distribución de la población en la campaña muy desigual y en ritmos de crecimiento muy diferentes en las distintas zonas.95 Una idea bastante clara al respecto la ofrece el Gráfico N°2. Hacia 1822 mientras había partidos que tenían menos de 1000 habitantes (como Rojas o Conchas) otros superaban los 3.000 habitantes (San Isidro, Villa de Luján y San Nicolás). En 1836 se ponían en evidencias cambios importantes: algunos partidos seguían teniendo un lugar preponderante (como San Isidro o San Nicolás) y contaban con una población superior a los 4.000 habitantes; pero otras jurisdicciones aumentaron mucho su población y se incorporaban ahora al primer rango (como Quilmes y Flores). También se puede ver cómo ciertos partidos, que poco antes se ubicaban en el área de frontera, habían tenido un crecimiento notorio y no estaban lejos de esas magnitudes. Ello se había producido tanto en el oeste (Navarro, Lobos y la Guardia de Luján) como hacia el sur (Chascomús y Monsalvo). En rigor, el gráfico nos advierte que junto a estas zonas muy dinámicas había otros partidos en los cuales el crecimiento demográfico se había detenido (como Baradero o San Antonio de Areco) e incluso en algunos se evidenciaba cierto retroceso (como Arrecifes, Cañuelas o Ranchos).

Esta misma evidencia sugiere la necesidad de explorar el nivel más bajo de la estructura institucional: el de los cuarteles en que se dividía cada partido. Ello puede ofrecernos un indicador bastante preciso de la capacidad de control del espacio y la población y pone en evidencia la magnitud del esfuerzo desplegado para construir una retícula institucional cada vez más densa. Ella no adoptó sólo la forma de multiplicación de los partidos sino también de los cuarteles.

En 1836 los cuarteles en que se dividían los partidos eran 170 y en promedio cada uno contenía 501,4 habitantes. Por supuesto, la situación era muy variable entre las distintas regiones y el mayor promedio se presentaba en la campaña cercana (736,2 habitantes por cuartel) mientras que el menor estaba en la campaña oeste (387,6). Pero la variación era aún mucho mayor a nivel de los partidos: esos promedios iban desde un mínimo de 182 en Arrecifes hasta un máximo de 2096,2 en Flores. La complejidad de la estructura territorial era muy variada y mientras algunos partidos todavía no tenían una división por cuarteles (como Bahía Blanca y Salto), otros sólo contaban con dos o tres cuarteles (como Patagones, Ensenada, San Fernando, Conchas, Flores, Capilla del Señor o Pilar). En cambio, había partidos con una estructura territorial muy compleja como la Guardia de Luján con 16 cuarteles, la Villa de Luján con 15, San Nicolás con 9 o San Isidro o Arrecifes con 8.

Estos cuarteles estaban a cargo de Alcaldes y Tenientes, el personal subalterno de los Juzgados de Paz. El Cuadro N°596 permite una comparación precisa para dos momentos en los cuales los Jueces de Paz ejercían las funciones de comisarios. Como puede observarse, en una década se operó un decisivo incremento de la capacidad de control de la estructura judicial y policial. En un contexto de importante incremento de la población y del espacio, el número de Alcaldes y Tenientes creció mucho más rápido que la población: así, mientras la población rural ha crecido un 57% el número de alcaldes y tenientes se ha acrecentado un 131,7%. Sin embargo, esta estimación esconde fuertes variaciones regionales: si bien en todas las regiones ambas variables crecieron lo han hecho de modo muy distinto. En el norte, el crecimiento demográfico fue mucho menor (17,43%) y allí el personal dependiente de los juzgados ha seguido este ritmo creciendo un 23,6%. En la nueva frontera se dio una situación semejante: la población creció un 486,1% y el número de Alcaldes y Tenientes un 563,6%. Fue en las otras tres regiones donde el porcentaje de incremento de los efectivos fue mucho más acentuado que el de la población: mientras la población creció en el sur un 28,6%, en el oeste un 37,6% y en la campaña cercana un 91,3%, el número de alcaldes y tenientes se acrecentó un 116,3%, un 111,4% y un 194,5% respectivamente. Ello indica que el mayor esfuerzo se concentró en estas regiones y que fue aún más acentuado en las cercanías de la ciudad. Como puede observarse en el Gráfico N°3 el número de Alcaldes y tenientes aumentó prácticamente en todos los partidos pero lo hizo en forma muy desigual: en Quilmes la ampliación de los efectivos fue realmente espectacular aunque la dotación también era muy notable hacia 1836 tanto en otros partidos de la campaña cercana (San Isidro y Flores), como en dos partidos de la nueva frontera (como Monsalvo y Dolores) y en algunos del oeste (Villa de Luján y Lobos).

El rasgo central que ofrece la implantación de la estructura de poder judicial es de una extrema diversidad regional y sobre todo local. Si estimamos su capacidad de acción sobre la base de la relación de Alcaldes y Tenientes por habitante puede observarse que ella se ha acrecentado pasando de 223,1 a 149,5. Este cambio se produjo en todas las regiones pero lográndose la relación más baja en la campaña cercana y la más alta en el norte. Sin embargo, las variaciones por partido son en este aspecto todavía más significativas: hacia 1836, Ensenada y Quilmes obtienen los "mejores" resultados seguidos de Giles y Capilla del Señor; en cambio, los "peores" (todo depende del color del cristal con que se mire...) son los de Bahía Blanca o Patagones... pero alcanza con saber la dotación militar con que contaban para revisar esta conclusión meramente matemática y advertir que en estas zonas de la nueva frontera el sistema de control pasaba centralmente por otros mecanismos. Aún así el promedio de la región no es de los "peores". En todo caso, suponiendo unidades censales de 6,3 miembros en promedio,97 cada Alcalde o Teniente debería haber tenido bajo su vigilancia unas 24 unidades. Es esta última estimación la que sugiere la capacidad potencial de acción del personal subalterno de los juzgados.

Pero, además, esta capacidad no había dejado de acrecentarse: entre 1825 y 1836 la relación de alcaldes y tenientes por habitante se había reducido de 223,1 a 149,5. Si intentamos extender esta estimación hacia 1816 podríamos ver que entonces esa relación pudo haber sido de 506,6 o de 394 según consideremos una dotación de 84 o de 108 auxiliares. En cualquier caso, se habría operado en una década un sustancial incremento de la capacidad de control, una tendencia que se profundizó aún más en la década de 1830. Y no estamos incluyendo en estas estimaciones las fuerzas que componían las partidas policiales.

¿Cuál era la relación entre personal y población en las otras estructuras de poder? Los datos de Garavaglia dejan claro que la magnitud de la estructura de poder militar y miliciana en la provincia era incomparablemente mayor y que también tendió a acrecentarse. Y aunque no suministra datos desagregados para la campaña, la información que brinda permite estimar que en toda la provincia se ha pasado de un soldado cada 35 habitantes en 1823 a uno cada 21,6 habitantes en 184198 y que, en ese año, el 85,8% del personal estatal estaba compuesto por personal militar.99 Esto era, sin duda, una novedad completa para la sociedad bonaerense.

La performance de la estructura eclesiástica de poder había sido sustancialmente diferente. Así en 1815 podemos estimar que había un párroco cada 1.013 habitantes; hacia 1825 la relación había pasado a ser de un párroco cada 1.442 habitantes y en 1836 era de un sacerdote cada 2.181 habitantes. Frente a una población en notable crecimiento, el establecimiento –e incluso retroceso– del número de efectivos de la red eclesiástica se traducía en una capacidad de acción sustancialmente menor. Ello puede explicarse por distintas razones, algunas de las cuales ya hemos mencionado. La caída de las rentas, la absorción de recursos económicos, un horizonte para el desarrollo profesional poco prometedor, el desmantelamiento institucional, no hacen sino mostrar el cambiante lugar y papel que desempeñaban las instituciones eclesiásticas y el clero en la sociedad rioplatense.100 Por otra parte debe considerarse que hasta 1816 el personal que en la campaña disponía la estructura eclesiástica y la judicial policial era de magnitudes semejantes. Sin embargo, desde entonces la situación tendió a modificarse dada la enorme ampliación de los integrantes de la última y el estancamiento del personal eclesiástico.

6. CONCLUSIONES

Como hemos visto, cada una de las estructuras de poder institucional adoptó diferentes formas de organización y tuvo distintos ritmos de desarrollo, una ramificación regional específica y adquirió una capacidad potencial de actuación de diferente intensidad. De este modo, el proceso de construcción del poder institucional en la campaña fue el resultado de la centralización de mecanismos de poder por parte del estado y del despliegue de nuevos medios de coacción y control institucional. En consecuencia, a lo largo de este medio siglo el desarrollo del "poder infraestructural" del estado le permitió penetrar vastas dimensiones de la vida social rural pasando a ejercer un modo de "control más directo". Sin embargo, a mediados de la década de 1830, todavía se trataba de una transformación en curso, inacabada y plena de limitaciones y obstáculos.

Estas estructuras institucionales no hubieran podido implantarse sin unas sedes que las fijaran. Ellas tuvieron asiento en los pueblos rurales y desde allí desplegaron su accionar. En forma convergente, estos poblados en parte se constituyeron en torno al ejercicio de esas funciones de poder y la mayoría de los que existían hacia 1836 terminó por convertirse en cabecera de su respectivo partido; algunos veían ratificada así una condición adquirida hacia tiempo; otros, habían alcanzado de este modo el máximo estatuto que el sistema de poder les asignaba y se autonomizaron de su antigua cabecera; sólo la Villa de Luján vio en este proceso perder su jerarquía de cabecera jurisdiccional y su condición igualada a la del resto. De este modo, para la mayor parte de la población rural los pueblos se fueron transformando en los escenarios privilegiados para la acción política en la campaña.

Se expresaba así un proceso ambivalente. Por un lado, los pueblos convertidos en sedes de estructuras de poder hacían factible su accionar sobre el espacio y la población. Por otro, estas estrategias se enlazaban con las aspiraciones de grupos locales que pugnaban para que sus pueblos adquirieran el estatuto de cabecera. Si estamos en lo cierto, las menudas historias jurisdiccionales podrían estar indicando procesos opacos de estructuración social, formación de redes de poder social y construcción de identidades y solidaridades locales. Cómo se tradujo esta situación en la magnitud de los pueblos de campaña es todavía una cuestión incierta que debe ser indagada a través de una investigación específica de sus trayectorias particulares. Sin embargo, algunos datos parciales permiten advertir que a mediados de la década de 1830 había partidos cuyos cuarteles "urbanos" podían llegar a contener hasta un 75% de la población (como sucedía en un partido de antigua colonización como San Nicolás)101 y que había otros que también contaban con proporciones importantes en estos cuarteles aunque provenían de una colonización más reciente, como Dolores, donde superaba el 60%.102 En otros casos los "cuarteles urbanos" reunían alrededor de un 40% de la población (como Lobos o San Antonio de Areco)103 y en una misma zona podían darse situaciones muy distintas: así, mientras en Quilmes104 esa proporción podía acercarse al 20%, en Flores casi llegaba al 50%.105 Sin duda tomar en cuenta la proporción de la población que tenía residencia en los cuarteles de los pueblos no es por cierto un indicador preciso del grado efectivo de urbanización y lejos estamos de postularlo. Su consideración sólo apunta a indicar el desigual proceso de aglomeración de la población rural y, por ende, la existencia de configuraciones sociales muy distintas.106

En ello debe haber jugado un papel fundante la estructura parroquial. Sin embargo, hemos podido corroborar que en los años posrevolucionarios hubo un muy leve aumento de las sedes eclesiásticas y al mismo tiempo, un estancamiento del número de curas que debían hacer cumplir los preceptos a una población rural en constante y rápido crecimiento. Ello sugiere que la capacidad de acción de la estructura eclesiástica pudo verse seriamente limitada y no es improbable que esta situación haya influido en los comportamientos de la población.107

Sucede que las instituciones eclesiásticas sufrieron cambios decisivos en el período analizado. A la crisis institucional, provocada por la revolución y la guerra, le siguió el programa reformista rivadaviano, que se proponía convertir las instituciones eclesiásticas en un segmento del estado. Se buscaba crear una estructura centralizada despojada de los elementos propios del Antiguo Régimen. Si a lo largo del siglo XVIII la separación entre sociedad e instituciones eclesiásticas se hacía borrosa, desde la década de 1820 se sumarán medidas para separar definitivamente la Iglesia de la sociedad.108 Para ello, el clero y las instituciones eclesiásticas debían convertirse, respectivamente, en funcionarios y estructuras del estado en formación. De manera que a lo largo del período analizado se observa un desplazamiento de la red eclesiástica de poder institucional hacia un estado que la centraliza, fiscaliza y subordina.

No obstante estos curas, sometidos a un control más estrecho y directo del poder político, no sólo cumplieron funciones decisivas para el ejercicio de ese poder en cada localidad sino que además la extensión del número de parroquias fue parte inseparable –y sustancial– de la configuración de los pueblos y de la adquisición del estatuto de cabecera de partido. En este sentido, la red eclesiástica fue claramente un sostén clave en la configuración del poder tanto en términos logísticos como simbólicos. Las funciones de jueces y curas fueron cada vez más complementarias que competitivas y no deja de ser interesante que en los pueblos de la nueva frontera la Iglesia instaló sus parroquias tardíamente: para la década de 1830 sólo cuatro de los catorce poblados contaban con parroquias o viceparroquias y fueron justamente los mismos que adquirieron el estatuto de partido.

Para el ejercicio de sus funciones cada una de estas estructuras tenía su propio personal y afrontó de distinto modo los problemas que aparejaba su reclutamiento. No cabe duda de que si el estado provincial tenía una "columna vertebral" ella era la que proveía la estructura de poder militar y miliciana cuya magnitud y extensión terminó siendo incomparablemente más amplia que la que tuvieron las otras dos. Sin embargo, si tratamos de incluir en nuestro razonamiento el conjunto de agentes que contribuían al desarrollo de las funciones de cada una podemos identificar algunos problemas de naturaleza común. Como hemos indicado el tamaño efectivo del personal eclesiástico era mucho más amplio que el de las parroquias. De manera análoga, Alcaldes de Hermandad y Jueces de Paz no eran realmente funcionarios estatales y además recurrían constantemente a la cooperación de los vecinos para desplegar sus tareas. En este sentido, el fracaso del proyecto de construir una policía rural es altamente significativo. Los miembros de las "partidas celadoras" debían ser reclutados por el propio comisario entre gente "de toda su confianza", aunque terminó siendo frecuente que se apelara a detenidos para integrarlas.109 Esta "solución" pragmática terminaba por dar un resultado muy distinto al esperado al proyectar las comisarías: las partidas policiales no eran ni una fuerza integrada por "vecinos honrados" ni una fuerza completamente "extraña" a la sociedad local. El estado todavía deberá esperar para construir toda su capacidad coercitiva y organizar burocráticamente la acción policial. Mientras tanto habilitaba un tipo de reclutamiento que abría la posibilidad para que los comisarios o jueces construyeran séquitos personales. Por último, la dependencia de la fuerza militar, no sólo de la milicia sino también de los contingentes indígenas (que se convertirían en otra forma de milicia), ilustra también los límites del proceso de formación estatal y hasta qué punto el "control directo" dependía todavía de mediaciones sociales.

Los pueblos fueron el espacio en que estas estructuras constituyeron sus sedes y por lo tanto el punto de intersección de las redes de poder institucional. A medida que se profundiza el estudio microrregional de la campaña de Buenos Aires los ejemplos de estos enlaces de redes de poder y su localización en los pueblos se multiplican. El análisis de los juicios civiles en la región nos mostró una creciente litigiosidad precisamente en estos pueblos.110 A su vez, desde fines del siglo XVIII, aunque más decididamente a partir de la segunda década del siglo XIX, en los pueblos rurales se fueron estableciendo escuelas y Juntas Protectoras de Escuelas, destinadas a la promoción y vigilancia de la educación de primeras letras. Estas comisiones estaban integradas por el cura de la parroquia, el alcalde y un vecino "de probidad" y tuvieron en sus manos las tareas de contralor del ejercicio de la docencia y de control sobre las familias para que enviaran a sus hijos a las escuelas.111 Por su parte las cofradías rurales, instaladas en la mayor parte de las parroquias más antiguas, reunían en una institución de carácter eclesiástico y bajo la supervisión del párroco a los notables locales, quienes personalmente o a través de sus redes familiares desempeñaban funciones civiles o militares en estas localidades.112 Por lo tanto, eran los pueblos los puntos que operaban como nudos de intersección de las diferentes redes de poder institucional y por ello los espacios principales de conformación de la vida política rural. En consecuencia, a la diferenciación entre ciudad y campaña se hace preciso agregar otra que hasta ahora ha sido poco considerada: la que existía entre los pueblos y sus áreas rurales dependientes. Y a partir de ella se hace necesario atender a sus implicancias sociales: principalmente, la que se fue configurando entre paisanos y "pueblerinos" y entre notables y vecinos.113

El crecimiento de la población rural durante el período sustentó el proceso de formación y consolidación de los pueblos rurales y su transformación en sedes de las estructuras de poder institucional. Sin embargo, este proceso no parece haber tenido la suficiente consistencia y prueba de ello fue que la autonomía local siguió siendo muy limitada y circunscripta a la función de justicia local. Más aún, la morfología institucional de la provincia no contempló un nivel de jerarquía intermedio entre los pueblos cabecera y la capital. En rigor, los tímidos intentos resultaron fallidos. Así el fracaso de los tres departamentos judiciales de campaña con sus tres sedes es una demostración palpable. A su vez, el establecimiento de las comisarías de sección fue también un modo de organización de un nivel institucional intermedio: si bien es cierto que ellas no debían tener una cabecera fija según los propósitos oficiales, en la práctica y mientras funcionaron, establecieron una distinción de jerarquía entre algunos pueblos. Lo mismo sucedió con las comandancias o departamentos militares y ellos tampoco llegaron a consolidarse. En otros términos, el crecimiento demográfico y económico de algunos de los pueblos rurales alcanzó para transformarlos en los espacios por excelencia de la construcción del poder institucional pero no tuvo la envergadura suficiente como para sostener una estructura institucional intermedia entre el poder provincial y los pueblos rurales.

Notas

1 Juan C. Garavaglia, "Paz, orden y trabajo en la campaña: la justicia rural y los juzgados de paz en Buenos Aires, 1830-1852", en Desarrollo Económico, Buenos Aires, N°146, 1997, pp. 241-262; Ricardo Salvatore, "Los crímenes de los paisanos: una aproximación estadística", en Anuario del IEHS, N°12, Tandil, 1997, pp. 91-100; Fabián Alonso, María E. Barral, Raúl Fradkin y Gladys Perri, "Los vagos de la campaña bonaerense: la construcción histórica de una figura delictiva (1730-1830)", en Prohistoria, N°5, Rosario, 2001, pp. 171-202.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

2 José C. Chiaramonte y otros, "Vieja y Nueva Representación: los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820" en A. Annino (comp.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 1995, pp. 19-64; Oreste C. Cansanello, "De súbditos a ciudadanos. Los pobladores rurales bonaerenses entre el Antiguo Régimen y la Modernidad", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, N°11, Buenos Aires, 1995, pp. 113-139 y Marcela Ternavasio La revolución del voto. Política y Elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2002.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

3 Juan C. Garavaglia, Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830, Buenos Aires, Ediciones de la Flor-IEHS-Universidad Pablo de Olavide, 1999 y Raúl O. Fradkin y Juan C. Garavaglia (eds.), En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en "el país de la abundancia, 1750-1865", Buenos Aires, Prometeo Libros, en prensa.        [ Links ]         [ Links ]

4 Raúl Fradkin, Mariana Canedo y José Mateo (comps.), Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX), GIHRR/UNMDP, Mar del Plata, 1999.        [ Links ]

5 Charles Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, 990-1990, Madrid, Alianza Universidad, 1990, especialmente pp. 44-45 y "Cambio social y revolución en Europa, 1492-1992", en Historia Social, N°15, 1993, pp. 71-98.        [ Links ]

6 Michel Mann, "El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados", en Zona Abierta, N°57-58, 1991, pp. 15-50 y Las fuentes del poder social. Una historia del poder desde sus comienzos hasta 1760 d.c., Madrid, Alianza, 1991, especialmente pp. 32-36.        [ Links ]         [ Links ]

7 Para un análisis de los planteos de Mann, véase: Pablo Sánchez León, "La lógica del Estado: autonomía política y naturaleza social", en Zona Abierta, N°61-62, 1992, pp. 29-80 y Christ Wickham, "Sociología histórica, materialismo histórico", en Zona Abierta, N°57-58, 1991, pp. 217-242.        [ Links ]         [ Links ]

8 António M. Hespanha, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Madrid, Taurus Humanidades, 1989, p. 10 y 55.        [ Links ]

9 Así, la red militar y miliciana contenía tanto a los vecinos integrados a las milicias como a contingentes indígenas con sus propios oficiales y a soldados destinados coercitivamente al servicio. La red eclesiástica estaba integrada tanto por curas que eran parte de una burocracia clerical profesional como por otros religiosos y laicos que colaboraban en la administración de los servicios espirituales. La red judicial y policial no sólo reclutaba sus miembros entre los vecinos de la campaña sino que tanto los Alcaldes de Hermandad como luego los Jueces de Paz cumplían sus funciones apelando al concurso y colaboración de otros vecinos.

10 Juan C. Garavaglia, Pastores y labradores de Buenos Aires..., op. cit., pp. 41 y 46.

11 José Mateo, Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (Provincia de Buenos Aires) en el siglo XIX, Mar del Plata, UNMdP-GIHRR, 2001, pp. 89-93.        [ Links ]

12 A. Giddens, La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1995, pp. 149-151.        [ Links ]

13 Entre los pocos estudios disponibles se destacan Oreste C. Cansanello, "Pueblos, lugares y fronteras de la provincia de Buenos Aires en la primera parte del siglo XIX", Jahrbuch Für Geschichte Lateinamerikas, N°35, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 1998, pp. 159-187. Carlos Birocco, "Morón de las Doce Casas. El poblado de Morón en la etapa tardocolonial (1780-1810)", en Revista de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades, 3: 4, 1998, pp. 77-108 y Cañada de la Cruz. Tierra, producción y vida cotidiana en un partido bonaerense durante la colonia, Buenos Aires, Municipalidad de Exaltación de la Cruz, 2003. Fernando Aliata, "Cultura urbana y organización del territorio", en Noemí Goldman (dir.), Revolución, República, Confederación (1806-1852), en. Nueva Historia Argentina, Tomo III, Buenos Aires, 1998, pp. 199-254. Fernando Aliata y Omar Loyola, "La acción del Departamento Topográfico y las Comisiones de Solares en la consolidación de los poblados bonaerenses. Dolores entre 1831 y 1838", ponencia a las IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Córdoba, 24 al 26 de setiembre de 2003.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

14 María Elena Barral, Sociedad, Iglesia y religión en el mundo rural rioplatense, 1770-1810, Tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2001.        [ Links ]

15 Manuel Teruel Gregorio de Tejada, Vocabulario Básico de la Historia de la Iglesia, Barcelona, Crítica, 1993. p. 299.        [ Links ]

16 Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, Historia de la Iglesia Argentina, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori, 2000.        [ Links ]

17 También las órdenes religiosas contaban con sus establecimientos productivos destinados a abastecer cada complejo de unidades urbano-rurales, aunque merece destacarse la presencia de otras instituciones del clero regular sólo complementariamente productivas como el Convento franciscano de la Recolección de San Pedro o el Hospicio mercedario de San Ramón de Las Conchas. María Elena Barral, "La Iglesia en la sociedad y economía de la campaña bonaerense. El hospicio mercedario de San Ramón de las Conchas (1779-1821)", Cuadernos de Historia Regional, N°19, Luján, UNLu, 1996, pp. 95-135.        [ Links ]

18 Esto es particularmente visible en el caso de los mercedarios y la parroquia de Morón y de los franciscanos del Convento de la Recolección de San Pedro con varias de las parroquias del norte como San Pedro, Arrecifes y Baradero.

19 Hemos dividido a la campaña en cinco zonas: Campaña norte (San Nicolás de los Arroyos, Arrecifes, Baradero, Pergamino, Rojas, Salto, San Pedro y Mercedes –Colón–); oeste (San Antonio de Areco, Fortín de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Luján, Pilar, Guardia de Luján, Navarro y Lobos); cercana (Morón, Quilmes, Flores, Las Conchas, San Fernando, San Isidro y Santos Lugares), sur (Cañuelas, San Vicente, Ensenada, Magdalena, Chascomús, Ranchos, Monte) y nueva frontera (Dolores, Azul, Tapalqué, Tandil, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, 25 de mayo, Guardia Constitución, Las Saladas, Las Mulitas, Martín García, Junín, Fortín Colorado, Laguna Blanca, Kaquelhuincul).

20 Miguel Angel Palermo y Roxana Boixadós, "Transformaciones en una comunidad desnaturalizada: los Quilmes, del Valle Calchaquí a Buenos Aires", en Anuario del IEHS, N°6, Tandil, UNCPBA, 1991, pp. 13-42; José Craviotto, Historia de Quilmes desde sus orígenes hasta 1941, La Plata, AHPBA, 1961 y Guillermina Sors de Tricerri, Quilmes colonial, La Plata, AHPBA, 1937.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

21 Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, Don Bosco, 1958.        [ Links ]

22 La confección de este gráfico ha tenido en cuenta la propia lógica del proceso de ramificación institucional eclesiástica: las primeras parroquias de 1730 y las sucesivas parroquias y viceparroquias creadas como desmembramientos de las mismas. Por esta razón este gráfico no ha seguido la regionalización que se propone en este artículo.

23 A diferencia de las viceparroquias para cuya instalación interviene el obispo de la diócesis, las ayudas de parroquia surgen más directamente ligadas a la autoridad del párroco y administradas por un sacerdote en calidad de teniente de cura. Para su funcionamiento se debía contar con la autorización del obispo, como en el caso de cualquier oratorio público, y una vez concedida la licencia, el cura párroco nombraba al teniente de cura y le cedía parte de sus rentas. Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, Loris, Historia de la Iglesia..., op. cit., p. 59.

24 En el caso de Dolores la parroquia se instala en 1817, luego el poblado es destruido en 1821 por una entrada de grupos indígenas. Se necesitará un nuevo impulso unos años más tarde para instalar una población fija.

25 En Carmen de Patagones si bien la presencia eclesiástica –y obviamente la militar– es anterior con la instalación de capellanes castrenses, la parroquia es de 1833.

26 Baradero dejó de ser reducción en 1780 con la creación de la parroquia de españoles y Quilmes lo hizo en 1812, aunque ya durante las últimas décadas del siglo XVIII su condición de pueblo de indios no tenía demasiada relevancia.

27 Entre otros ver: Juan A. Presas, Nuestra Señora de Luján y Sumampa. Estudio Críticohistórico, 1630-1730, Buenos Aires, Ediciones Autores Asociados Morón, 1974; Jorge M. Salvaire, Historia de Nuestra Señora de Luján: su origen, su santuario, su villa, sus milagros y su culto, 2 tomos, Buenos Aires, ed. Pablo Coni, 1885. Pedro Kröpte, La metamorfosis de San Isidro 15801994, San Isidro, 1994. José Burgueño, Contribución al estudio de la fundación de San Antonio de Areco, Areco, 1936.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

28 Mariana Canedo, Propietarios, ocupantes y labradores. San Nicolás de los Arroyos 1600-1860, Mar del Plata, UNMdP-GIHRR, 2001; José De la Torre, Historia de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, La Plata, AHPBA, 1938.        [ Links ]         [ Links ]

29 Aldo Beliera, "Basamento histórico de la Capilla Nuestra Señora del Pilar y del Pueblo del mismo nombre", en Primeras Jornadas de Historia del Partido del Pilar-1990, Buenos Aires, ed. José Sánchez, 1991.        [ Links ]

30 Francisco Cestino, Apuntes para la historia del partido de la Ensenada, 1821-1881, La Plata, Dirección de Impresiones Oficiales, 1949. José Craviotto, "La atención del pago de Magdalena (1738-1765)", Separata de Investigaciones y Ensayos, Nº 42, Buenos Aires, 1992; Fernando E. Barba, "Los orígenes del pueblo de Magdalena", Separata de Investigaciones y Ensayos, Nº 38, Buenos Aires, 1988.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

31 Este tema puede verse desarrollado en María Elena Barral, Sociedad. Iglesia.... En el capítulo 5 de la tesis se analiza el clero rural a nivel de las parroquias y se advierte sobre esta situación.

32 Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, Historia de la Iglesia..., p. 90.

33 Centro de Historia Familiar, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, Libro de Bautismos de Capilla del Señor (microfilm 0672842, int. 8073). El destacado es nuestro.

34 María Elena Barral y Roberto Di Stefano, "La diócesis de Buenos Aires a principios del siglo XIX: estructuras eclesiásticas y política pastoral", enCD-Rom Ponencias. VII Jornadas de Interescuelas Departamentos de Historia, Neuquén, septiembre de 1999. María Elena Barral, Sociedad, Iglesia...., op. cit.,        [ Links ]

35 Los cofrades entre sus funciones fijadas por sus constituciones debían visitar a los enfermos los días de fiesta y costear y organizar determinadas funciones religiosas: María Elena Barral, "Iglesia, poder y parentesco en el mundo rural colonial. La cofradía de Animas Benditas del Purgatorio, Pilar, 1774", en Cuadernos de Trabajo, N°10, UNLu, pp. 17-56.        [ Links ]

36 Puede verse: Di Stefano, Roberto, El púlpito y la plaza, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2004.        [ Links ]

37 Ricardo Salvatore, "Fiestas federales: representaciones de la República en el Buenos Aires rosista", en Entrepasados, N°11, Buenos Aires, 1997, pp. 45-68 y Juan C. Garavaglia, "Escenas de la vida política en la campaña: San Antonio de Areco en una crisis del rosismo (1839/1840)", en Juan C. Garavaglia, Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Rosario, Homo Sapiens, 1999, pp. 157-188.        [ Links ]         [ Links ]

38 Comando en Jefe del Ejército, Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, Tomo I , Buenos Aires, Círculo Militar, 1971; Fernando Barba, Frontera ganadera y guerra con el indio. La frontera y la ocupación ganadera en Buenos Aires entre los siglos XVIII y XIX, La Plata, UNLP, 1995; Carlos Mayo y Amalia Latrubbesse, Terratenientes, soldados y cautivos: la frontera (1736-1815), Mar del Plata, UNMDP, 1993; Carlos Mayo (ed.), Vivir en la frontera, Buenos Aires, Biblos, 2000.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

39 Un análisis señero de los comienzos de la militarización es el de Tulio Halperin Donghi, "Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815", en Tulio Halperin Donghi (comp.), El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, Buenos Aires, Sudamericana, 1978, pp. 122-158. En relación a las milicias durante las décadas de 1810 y 1820 ver Oreste C. Cansanello, "Las milicias rurales bonaerenses entre 1820 y 1830", en Cuadernos de Historia Regional, N°19, UNLu., Luján, 1998, pp. 7-51. El análisis más completo y panorámico es el de Juan C. Garavaglia, "Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses y el peso de las exigencias militares, 1810-1860", en Anuario IEHS, N°18, 2003, pp 153-187.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

40 Eugenia Néspolo, "Gobernar en la Frontera Bonaerense 1736-1784. Luján un estudio de caso", mimeo, 2003.        [ Links ]

41 Comando General del Ejército, Política seguida con el aborigen (1820-1852), Buenos Aires, Círculo Militar, 1974, I, p. 88.        [ Links ]

42 Juan C. Walther, La conquista del desierto, Buenos Aires, EUDEBA, 1974, p. 114.        [ Links ]

43 Juan C. Garavaglia, "Ejército y milicia...", p. 163.

44 Juan C. Walther, La conquista...., p. 134.

45 Rolando Dorcas Berro, Nuestra Señora de Dolores, La Plata, AHPBA, 1939.        [ Links ]

46 Juan C. Garavaglia, "Ejército y milicia...", p. 158.

47 Juan José María Blondel, Almanaque político y de comercio de la ciudad de Buenos Ayres para el año de 1826, prólogo de Enrique M. Barba, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1968, pp. 40-42.        [ Links ]

48 Juan José María Blondel, Almanaque político..., pp. 43-44.

49 El Regimiento 1º comprendía los suburbios de la ciudad y los partidos más cercanos (San Isidro, San Fernando, Las Conchas, Santos Lugares y San José de Flores). El Regimiento 2º se reclutaba en los partidos del oeste de Buenos Aires (Morón, Villa de Luján, San Antonio de Areco, Pilar y Capilla del Señor). El Regimiento 3º tenía jurisdicción sobre los partidos del sur de la provincia hasta el línea del Salado (Quilmes, Ensenada, Magdalena, Chascomús, San Vicente, Cañuelas, Ranchos, San Miguel del Monte y Lobos). El Regimiento 4º comprendía los partidos del noroeste (Guardia de Luján, Fortín de Areco, Salto Rojas, Pergamino, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro y Baradero).

50 Dado que hacia 1824 las milicias reunían 4942 hombres; Oreste C. Cansanello, "Las milicias...", p. 25.

51 Juan José María Blondel, Guía de la Ciudad y Almanaque de Comercio de Buenos Aires para el año 1834, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, 1834, pp. 33-34.        [ Links ]

52 Un excelente análisis del funcionamiento de los nuevos fuertes del sur en Silvia Ratto, "Poblamiento en áreas de frontera: el funcionamiento de los fuertes al sur del río Salado", mimeo, 2002.        [ Links ]

53 Silvia Ratto, "Soldados, milicianos e indios de "lanza y bola". La defensa de la frontera bonaerense a mediados de la década de 1830", en Anuario del IEHS, N°18, Tandil, 2003, pp. 123-152.        [ Links ]

54 Sobre una tropa regular de 4.446 hombres 2.395 estaban asentados en la campaña y sobre un total de 2 .251 milicianos 1448 estaban en la campaña. Juan C. Garavaglia, "Ejército y milicias...", p. 181.

55 Para analizar las implicancias históricas de esta cuestión ver Osvaldo Barreneche, Dentro de la Ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina, La Plata, Ediciones Al Margen, 2001.        [ Links ]

56 "Alcaldes de la Hermandad. Sobre su jurisdicción", AHPBA, Real Audiencia, 7-2-109-13 y 7-2-109-14.

57 Según el Alcalde de los Arroyos en 1795 "la guardia de los soldados que se le imparte de auxilio por los oficiales militares es de milicianos voluntarios que estos hacen lo que quieren y al mismo tiempo es menester que el Alcalde Juez los gratifique y mantenga": AGN, IX-19-7-7.

58 El mejor estudio disponible sobre los Alcaldes de Hermandad es el de Carlos Birocco, "La estructuración de un espacio de poder local en la campaña bonaerense: las Alcaldías de la Santa Hermandad de los partidos de Areco y la Cañada de la Cruz (1700-1790)", en Gabriela Gresores y Carlos Birocco, Tierra, poder y sociedad en la campaña rioplatense colonial, Cuadernos del PIEA, N°5, Buenos Aires, 1998, pp. 53-95.        [ Links ]

59 Enrique Barba, "La erección de la Villa de Luján y el pleito jurisdiccional con el Cabildo de Buenos Aires", en Investigaciones y ensayos, N°31, Buenos Aires, ANH, 1981, pp. 263-273; Dedier N. Marquiegui, Estancia y poder político en un partido de la campaña bonaerense (Luján, 17501821), Buenos Aires, Biblos, 1990.        [ Links ]         [ Links ]

60 Abelardo Levaggi, "La seguridad de la campaña bonaerense entre los años 1821 y 1826. Establecimiento, supresión y restablecimiento de las comisarías de campaña", en Investigaciones y Ensayos, N°20, 1976, p. 378.        [ Links ]

61 Este proceso ya se había dado en la ciudad donde los Alcaldes de Barrio que desde 1772 eran dieciséis se habían elevado a veinte en 1794 y a treinta y tres desde 1812, cuando además se dispuso que debían contar con cuatro Tenientes cada uno. El dato es bien sugerente de las prioridades oficiales: sólo para la ciudad se había previsto una retícula más densa que la que se disponía para el conjunto de la campaña.

62 Marcela Ternavasio, "La supresión del cabildo de Buenos Aires: ¿crónica de una muerte anunciada?", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, N°21, 2000, pp. 33-74.        [ Links ]

63 AGN, X-14-5-4, Policía, 1827.

64 "Decreto del Gobierno. Buenos Aires 28 de febrero de 1825", en Manual para los Jueces de Paz de Campaña, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, 1825, p. 2.        [ Links ]

65 Abelardo Levaggi, "La seguridad...", p. 406.

66 Por ejemplo, el de Monte fue designado como comisario en marzo de 1832. Juzgado de Paz de Monte (1829-1842), AGN, X-21-3-5.

67 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires; Francisco Romay, Historia de la Policía Federal Argentina, Buenos Aires, Biblioteca Policial, Tomo II, 1820-1830, 1964. Adolfo Rodríguez, Cuatrocientos años de policía en Buenos Aires, Buenos Aires, Editorial Policial, 1981.        [ Links ]         [ Links ]

68 Ver Francisco Romay, Historia de la Policía..., tomo I, p. 178 y tomo II, pp. 120-121 y 172-175.

69 AGN, X, 35-10-13, Policía, 1822.

70 Manual de los jueces... p. 26.

71 Por ejemplo, en 1836 se pagaban 50 pesos por ayudar a apresar un desertor: Juzgado de Paz de San Isidro (1828-1840), AGN, X-21-6-4.

72 AGN, X-32-10-7; AGN, X-15-3-1, Juzgado de Paz de San Isidro.

73 En Rojas y en Salto hacia 1837 operaba una partida celadora: Juzgado de Paz de Rojas, 18281852, AGN, X-21-5-3 y Juzgado de Paz de Salto, 1831-1851, AGN, X-21-5-4. En Tandil hacia 1840 operaba una partida compuesta de un sargento y cuatro soldados: Juzgado de paz de Bahía Blanca y Tandil 1831-1852, AGN, X-20-10-4.

74 Juzgado de Paz de Arrecifes, 1831-1851, AGN, X-20-9-7.

75 Abelardo Levaggi, "La seguridad...", p. 396.

76 Abelardo Levaggi, "La seguridad...", p. 401.

77 Raúl O. Fradkin, "Tumultos en la pampa", ponencia a las Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia, Córdoba, setiembre de 2003.        [ Links ]

78 Jorge Gelman, "Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, N°21, 2000, pp. 7-32.        [ Links ]

79 María E. Barral, Raúl O. Fradkin y Gladys Perri, "¿Quiénes son los 'perjudiciales'? Concepciones jurídicas, producción normativa y práctica judicial en la campaña bonaerense (1780-1830)", en Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre la Diversidad Cultural, N°2, Rosario, 2002, pp. 75-111.        [ Links ]

80 Hemos considerado tanto a las parroquias como a las viceparroquias como sedes de poder eclesiástico, a los pueblos en lo que se designaban Alcaldes de Hermandad o Jueces de Paz como sedes de poder judicial y policial y las sedes de poder militar y miliciano son los fuertes, fortines, comandancias militares y de marina y los pueblos donde se localizaron a diversos piquetes y destacamentos.

81 En el norte San Nicolás y luego Arrecifes; en el sur San Vicente y luego Chascomús; en el oeste la Villa de Luján, que además de haber sido la sede del único cabildo en la campaña era también la sede de la Comandancia de Fronteras.

82 Por ejemplo, desde 1796 en algunos años el cabildo porteño designó un Alcalde de Hermandad para Areco Arriba, entre 1800 y 1804 lo hizo para la Cañada de la Paja y en 1821 lo hizo para Patagones. También designaba a dos Alcaldes para la "banda norte" y la "banda sur" de la ciudad y desde principios de siglo a otro para Palermo pero estos tampoco perduraron.

83 San Nicolás, San Pedro, Baradero, Pergamino, Arrecifes, San Isidro, Morón, Conchas, Matanza, San Vicente, Quilmes, Ensenada y Magdalena.

84 Por ejemplo Arrecifes o San Isidro desde la década de 1730 y la Villa de Luján o Magdalena desde la década de 1750.

85 Lobos (1805), Chascomús (1809), Flores y San Fernando (1812), Salto (1816) y Patagones (1821).

86 San Antonio de Areco, Cañada de la Cruz y Pilar (1793), Navarro (1799), Guardia de Luján y Fortín de Areco (1812).

87 Como la que se realizó en 1827 para Areco Arriba.

88 Monsalvo, Cañuelas, Monte y Ranchos.

89 Dolores (1829), San Andrés de Giles (1831), Bahía Blanca (1834) y Azul (1835).

90 Santos Lugares, Merlo, Mercedes (Colón), Tandil, 25 de Mayo, Federación y Tapalqué.

91 Informes del Tribunal de Justicia al Gobierno, 1822-1842, AGN, BN, 6609, leg. 387, f. 29.

92 Diez parroquias, ocho viceparroquias y dos reducciones.

93 En algunos casos (Lobos, Chascomús, Pergamino, Salto, Ensenada, Monte, Ranchos y la Guardia de Luján) la secuencia de acumulación de funciones iba a ser fuerte/parroquia/partido. En otros (Fortín de Areco, Navarro y Rojas) la secuencia fue distinta: fuertes/partidos/parroquias. Por último en Arrecifes la secuencia fue parroquia/fuerte/partido.

94 Carlos Mayo (dir.), Pulperos y pulperías de Buenos Aires, 1740-1830, Mar del Plata, Grupo Sociedad y Estado-UNMDP, 1996.        [ Links ]

95 Una excelente síntesis en José L. Moreno y José Mateo, "El 'redescubrimiento' de la demografía histórica en la historia económica y social", en Anuario del IEHS, N°12, Tandil, 1997, pp. 35-56. Cfr. Jorge Gelman, Crecimiento agrario y población en la campaña bonaerense durante la época de Rosas. Tres partidos del sur en 1839, Buenos Aires, Cuadernos del Instituto Ravignani, N°10, FFyL-UBA, 1996.        [ Links ]         [ Links ]

96 Agradecemos la generosa colaboración de Fabián Alonso, Carlos Birocco, Valeria Ciliberto, Jorge Gelman, Sol Lanteri, José Mateo, Silvia Ratto y Daniel Santilli.

97 Jorge Gelman y Daniel Santilli, "Distribución de la riqueza y crecimiento económico. Buenos Aires en la época de Rosas", en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 43, N°169, 2003, p. 75-101, cuadro 3.        [ Links ]

98 Juan C. Garavaglia, "Ejército y milicias...".

99 Juan C. Garavaglia, "La apoteosis de Leviatán: el estado de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX", en Latin American Research Review, vol. 38, N°1, pp. 135-168, especialmente cuadros 5 y 11.        [ Links ]

100 Di Stefano, Roberto, El púlpito..., op. cit.

101 Mariana Canedo, Propietarios, ocupantes y pobladores..., op. cit.

102 Alejandra Mascioli, "Población y mano de obra al sur del Salado. Dolores en la primera mitad del siglo XIX", en R. Fradkin, M. Canedo y J. Mateo (comps.), Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX), Mar del Plata, GIHRR/UNMdP, 1999, pp. 185-210.        [ Links ]

103 Para Lobos puede verse José Mateo, Población, parentesco...; para Areco ver Juan C. Garavaglia, "El juzgado de Areco durante el rosismo (1830-1852)", en R. Fradkin, M. Canedo y J. Mateo (comps.), Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX), Mar del Plata, GIHRR-UNMdP, 1999, pp. 211-236.        [ Links ]

104 Daniel Santilli, "Población y relaciones en la inmediata campaña de la ciudad de Buenos Aires. Un estudio de caso: Quilmes, 1815-1840", en Anuario IEHS, N°15, 2000, pp. 315-352.        [ Links ]

105 Valeria Ciliberto, "Los agricultores de Flores, 1815-1838. Labradores 'ricos' y labradores 'pobres' en torno a la ciudad", en R. Fradkin, M. Canedo y J. Mateo (comps.), Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX), Mar del Plata, GIHRR-UNMdP, 1999, pp. 41-76.        [ Links ]

106 A propósito de estos problemas de definición ver César A. Vapñarsky, La aglomeración Gran Buenos Aires. Expansión espacial y crecimiento demográfico entre 1869 y 1991, Buenos Aires, Eudeba, 2000.        [ Links ]

107 Ver José Mateo, "Bastardos y concubinas. La ilegitimidad conyugal y filial en la frontera pampeana bonaerense (Lobos 1810-1869)", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, N°13, Buenos Aires, 1996, pp. 7-34 y José L. Moreno, "Sexo, matrimonio y familia: la ilegitimidad en la frontera pampeana del Río de la Plata, 1780-1850", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, N°16-17, 1998, pp. 61-84.        [ Links ]         [ Links ]

108 Esta idea que se desarrolla en: Di Stefano, Roberto, El púlpito..., op. cit.

109 AGN, X-32-11-2, Policía, 1827. AGN, X-32-10-6.

110 María E. Barral, Raúl O. Fradkin, Marcelo Luna, Silvina Peicoff y Nidia Robles, "La construcción del poder estatal en una sociedad rural en expansión: el acceso a la justicia civil en la campaña bonaerense (1800-1834)", ponencia presentada en las Terceras Jornadas de Historia Económica, Montevideo, julio de 2003.        [ Links ]

111 Juan C. Zuretti, La enseñanza y el Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, FECIC, 1984; José Bustamante, "La escuela rural. Del Caton al arado", en Carlos Mayo (ed.), Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870), Buenos Aires, Biblos, 2000, pp. 123-159; María E. Barral, "Buenos cristianos, ciudadanos y vasallos". Los tempranos esfuerzos civilizatorios en el mundo rural bonaerense" , en CD IX Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia, Córdoba, UNC, 2003.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

112 María E. Barral, "Iglesia, poder y parentesco en el mundo rural colonial. La cofradía de Animas Benditas del Purgatorio, Pilar. 1774", en Cuadernos de Trabajo, N°10, Luján, UNLu, 1998, pp. 15-56 y "¿'Voces vagas e infundadas'? Los vecinos de Pilar y el ejercicio del ministerio parroquial, a fines del siglo XVIII", en Sociedad y Religión, N°20-21, CEIL-PIETTE/CONICET, pp. 71-106. Patricia Fogelman, "Elite local y participación religiosa en Luján a fines del período colonial. La Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario" en Cuadernos de Historia Regional, N°20-21, Luján, UNLu, 2000, pp. 103-124.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

113 Raúl O. Fradkin, "¿Fascinerosos contra cajetillas? La conflictividad social rural en Buenos Aires durante la década de 1820 y las montoneras federales", en Illes i Imperis, N°5, Barcelona, 2001, pp. 5-33.        [ Links ]