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Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani

versión impresa ISSN 0524-9767versión On-line ISSN 1850-2563

Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani  n.28 Buenos Aires jul./dic. 2005

 

Las reformas borbónicas vistas desde la frontera. La élite neovizcaína frente a la injerencia estatal en la segunda mitad del siglo XVIII*

Sara Ortelli**

* Este texto forma parte de nuestra investigación doctoral, realizada gracias al apoyo de El Colegio de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y la Fundación Antorchas de Argentina. Véase Sara Ortelli, "Trama de una guerra conveniente: 'apaches', infidentes y abigeos en Nueva Vizcaya en el siglo XVIII, México", El Colegio de México, 2003. Agradezco los valiosos comentarios de Raúl Fradkin a una versión preliminar de este artículo, presentada en las XIX Jornadas de Historia Económica, San Martín de los Andes, Neuquén, octubre de 2004.
** CONICET - IEHS - UNCPBA.

RESUMEN

El siglo XVIII fue testigo de los intentos de la corona española por reforzar el poder real en los territorios de ultramar. Para lograr este objetivo, se pusieron en práctica medidas conocidas como reformas borbónicas. Esta iniciativa diseñada desde la metrópoli representaba una creciente injerencia del Estado colonial sobre el entramado de intereses personales y corporativos locales. Así, muchas de las medidas no fueron del agrado de las elites hispanoamericanas, que veían socavado su poder político y amenazados sus privilegios y derechos adquiridos. Este artículo aborda el caso de la provincia de Nueva Vizcaya, ubicada en el centro-norte del virreinato novohispano, donde los poderosos locales desplegaron argumentos vinculados con la situación de guerra contra los apaches, a través de los cuales intentaron mantener privilegios y lograr ventajas.

Palabras clave: Nueva Vizcaya; Estado colonial; Reformas borbónicas; Guerra; Apaches.

ABSTRACT

Eighteen Century witnessed the attemps of the Spanish crown to reinforce his power in his overseas territories. In order to obtain these objectives, were put in practice the so-called Borbonic reforms. This metropolitan initiative represented an increasing interference of the colonial state on the framework of personal and corporative local interests. Thus, many of the measures adopted were not pleasant to the Hispanic- American elites, which felt undermined their political power and threatened their acquired privileges and rights. This articule analizes the case of the province of Nueva Vizcaya, located in center-north Mexico, where the local powerful elites developed strategies related to the military situation and the struggle against the apaches, in order to maintain their privileges and reach new advantages from the crown.

Key words: Nueva Vizcaya; Colonial state; Borbonic reforms; War; Apaches.

En el siglo XVIII, la provincia de Nueva Vizcaya parecía estar en peligro inminente de desarticulación económica y colapso poblacional por los ataques de los indios no reducidos pero, al mismo tiempo, presentaba un importante incremento demográfico y una marcada expansión de las actividades minera y agrícola-ganadera. Estas imágenes contradictorias, que surgen de la documentación de la época, fueron retomadas por la historiografía. Así, la mayor parte de los estudios sobre el norte novohispano y mexicano enfatizaron el estado de violencia y conflictividad permanente y convirtieron a los grupos indígenas apaches en uno de los ejes fundamentales de esa historia que se escribió, en gran medida, al calor de representaciones y discursos que hicieron una apología de la lucha contra los "bárbaros" y los rigores del desierto, en un espacio percibido como indómito y salvaje. En tal contexto, los apaches ocuparon un lugar central y su presencia permitió explicar una amplia gama de fenómenos, entre los que pueden mencionarse el robo de ganado, la escasez de trabajadores para minas y haciendas, la baja productividad de la minería o el aumento de los precios.

María del Carmen Velázquez señaló hace varios años, mientras investigaba el Septentrión dieciochesco: "Las referencias [a los apaches] llegaron a ser tan frecuentes que tuve la impresión de que sin los apaches la historia colonial de las tierras de ambas márgenes del río Bravo no tendría mayor interés".1 Esta preocupación fue sugerida para el siglo XIX por Luis Aboites, quien afirma: "el énfasis en la amenaza india no debe llevar a considerarla como el elemento medular de los problemas sociales de Chihuahua y en general en el norte en esta época". Para superar esta posición frecuentemente asumida, el autor propone "ubicar a los bárbaros en términos de un proceso histórico más amplio y complejo".2 En efecto, la cuestión de fondo es reconstruir el contexto que permita relacionar las diversas variables que intervienen en este complejo proceso histórico.

Este artículo recrea una serie de contradicciones aparentes que atravesaban la sociedad neovizcaína y las analiza a partir de los argumentos vinculados con la amenaza de guerra y la presencia del enemigo apache que desplegaron los poderosos locales para defender sus privilegios y seguir manteniendo cierta autonomía del poder central. En general, los estudios sobre las fronteras hispanoamericanas coloniales enfatizaron las desventajas y los obstáculos determinados por la guerra con los indios no reducidos. Sin embargo, esta situación podía ser favorable para algunos sectores de la sociedad fronteriza. La reconstrucción del contexto de la segunda mitad del siglo XVIII en la provincia septentrional de Nueva Vizcaya permite identificar un discurso que sustentó y promovió la idea de la guerra como conflicto real o potencial, con el fin de mantener el statu quo y los privilegios de que gozaban los poderosos locales, a partir de los beneficios económicos y políticos que reportaba la ubicación en una zona considerada como fronteriza y en conflicto latente con los indios no reducidos.3

Desde mediados de esa centuria, los intereses personales y corporativos se vieron socavados por la creciente injerencia de la corona y los intentos por reforzar el poder real, representados en el proyecto conocido como reformas borbónicas. Para alcanzar ese objetivo se pusieron en práctica una serie de medidas económicas, fiscales, administrativas y militares que intentaban lograr un funcionamiento más efectivo de la hacienda colonial, así como una reestructuración del ejército y del sistema de defensa. Tales medidas no fueron, en general, del agrado de los poderosos del norte, que detentaban el poder local y regional. Estos hombres vieron amenazados su modo de vida, su posición y sus privilegios como consecuencia de las iniciativas diseñadas desde la metrópoli, que socavaban los derechos adquiridos desde la conquista de esos territorios.

Este argumento cuestiona fuertemente uno de los mitos de la historia del norte de México -la guerra apache- a través del análisis del discurso oficial de las autoridades y de los poderosos locales, de su evolución en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII y del análisis de la sociedad neovizcaína a partir de una investigación exhaustiva en archivos diversos. Logra así construir una nueva mirada sobre las causas de la guerra -reales o imaginadas- que permite ver con otros ojos la evolución de los conflictos en el Septentrión y pone el acento de algunas explicaciones en las propias contradicciones de la sociedad colonial y en los intereses que la atravesaban. Esta mirada se inserta en la revisión de la historia del norte novohispano y mexicano que están realizando algunos investigadores y que permitirá en un plazo no lejano presentar una nueva visión de conjunto de los procesos que tuvieron lugar en esta región durante la época colonial y el siglo XIX.4

LA VIOLENCIA FRONTERIZA, LAS REFORMAS BORBÓNICAS Y LOS ARGUMENTOS DE LOS HOMBRES DEL SIGLO XVIII

En la segunda mitad del siglo XVIII, el Septentrión novohispano aparece asediado por varios frentes. En efecto, a las ambiciones expansionistas de algunas potencias europeas sobre el territorio formalmente controlado por España se sumaban las incursiones de los apaches que, presionados por los movimientos de pueblos en las praderas, hostilizaban a las provincias norteñas. Ambos fenómenos eran percibidos por las autoridades metropolitanas como asuntos de política exterior y preocupaban profundamente en Madrid y en la ciudad de México, capital del virreinato. Sin embargo, en el nivel local, autoridades y vecinos no parecían estar alarmados por las amenazas de ingleses y rusos o por la presencia francesa en el Mississippi: lo que les quitaba el sueño eran los ataques de los apaches, a quienes responsabilizaban del estado de violencia e inseguridad que sufría la región.

Nueva Vizcaya, ubicada en el centro-norte del virreinato novohispano, era un blanco ideal de dichas incursiones.5 Para los neovizcaínos, los indios no reducidos perseguían los objetivos de despoblar la provincia, dislocar la economía regional y terminar con el orden colonial. En tal contexto, los diputados de minería y comercio de San Felipe el Real de Chihuahua pronosticaron de manera recurrente,6 por lo menos desde 1750, que esa villa estaba a un paso de su destrucción en manos de los enemigos, pero tal profecía apocalíptica jamás se cumplía.7 Hacia 1760, también el obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, señalaba que los alrededores de Chihuahua estaban "inundados de indios enemigos, los que han desolado y acabado las mayores haciendas, muladas y caballadas, y por todos lados llegan hasta las mismas goteras de la villa".8 El obispo escribió al ministro de Indias, Julián de Arriaga, para informarle acerca de la previsible desaparición y del peligro que esto suponía para la supervivencia de la provincia, porque "arruinada la villa de Chihuahua toda la Vizcaya corre gran riesgo".9 Por razones que se desconocen, la carta fue entregada recién en 1764 y el propio Ministro expresó que si Chihuahua hubiese estado en peligro inminente de desaparecer, esto habría sucedido en los años que mediaron entre la confección de la misiva y el momento en que llegó a sus manos.10 Así, Arriaga sugería que algunas noticias provenientes del norte del virreinato novohispano exageraban tanto la situación de violencia e inseguridad, como los obstáculos que tal escenario representaba para la región.

A pesar de los pronósticos pesimistas expresados por Tamarón y por los diputados, a mediados del siglo XVIII Nueva Vizcaya era la provincia norteña más rica y poblada. El número de habitantes del Septentrión se estimaba en algo más de 350,000 personas, de las cuales 124.400 vivían en Nueva Vizcaya.11 De ese total, 57,900 eran indios. Para 1803, Bernardo de Bonavía contabilizó 190.564 habitantes en toda la provincia.12 La denominada "faja de plata",13 ubicada en dirección noroeste-sureste entre los reales de Chihuahua-Santa Eulalia y Cuencamé, era una tierra rica en minerales, al mismo tiempo que posibilitaba el desarrollo de la agricultura y permitía la proliferación de ganados en las llanuras que se extendían al pie de la Sierra Madre hacia el oriente.14 En ese momento, la principal industria extractiva se desarrollaba en Chihuahua-Santa Eulalia, que dominó la producción de plata durante varias décadas y se convirtió en el mayor centro de población del norte de México.15 En suma, no se produjo el colapso demográfico que se auguraba,16 ni hay evidencias de la desarticulación de la economía y del despoblamiento como consecuencia de ataques de los enemigos. Las aparentes contradicciones entre el aumento demográfico y la prosperidad económica, y los pronósticos que vaticinaban la desarticulación de la provincia y su inminente desaparición responden, en gran medida, a una serie de argumentos que surgieron frente a los intentos de reforma que emprendieron los Borbones.

UNA VILLA RODEADA DE ENEMIGOS: DESABASTECIMIENTO E INCREMENTO DE LOS PRECIOS

A fines de la década de 1750, el síndico procurador de Chihuahua, Domingo Antonio González de Novoa, tomó declaraciones a varios vecinos prominentes, quienes manifestaron el creciente estado de deterioro que resultaba de las irrupciones de los apaches, cuyas consecuencias más visibles eran la decadencia de la producción minera y el despoblamiento de la región.17 Ahora bien, los mismos entrevistados mencionaron, en repetidas oportunidades, que Chihuahua y sus alrededores eran víctimas de una epidemia desde hacía tres años.18 El propio González de Novoa manifestó que el robo de mulas -muy necesarias para la minería- perpetrado por los indios se combinaba con "la continuada peste en que han fallecido muchos operarios de minas y haciendas de sacar plata".19 Por otra parte, José de la Borbolla, ensayador de plata desde 1744, aseguraba que una de las causas principales de la decadencia minera era "la cortedad de platas atento a la mala calidad de los metales que ni aún rinden para costear los precisos de sus sacas". Agregaba don José que "más aún con el considerable número de gente que ha muerto de dos a tres años de esta parte con la peste de que aún se lamenta el estrago con lo que han escaseado los operarios y peones de minas y haciendas de fundición".20 Asimismo, a principios de la década de 1770 el padre Juan Agustín de Morfi aseguraba que la mayor o menor productividad no estaba relacionada con los ataques de los enemigos, sino con otros factores, entre los que contaba la escasa inversión que los dueños realizaban en las minas y que redundaba en un bajo nivel de extracción de mineral.21 Parece que tanto el despoblamiento como la disminución de la producción minera respondían a causas diferentes de las incursiones de los apaches.

Sin embargo, en ese mismo momento los diputados aseguraban que Chihuahua estaba cercada por apaches que impedían el abastecimiento de alimentos y de insumos para la minería, provocaban la disminución drástica de la productividad de las minas y obstaculizaban el desarrollo de las actividades agrícolas.22 Los enemigos habían llegado al extremo de "tener impedidos los caminos por donde transitan y se conducen bastimentos y víveres para la provisión de estos vecindarios y a padecerse en ellos escasez por no haber seguridad para el tráfico de los proveedores". Como resultado de la combinación de estos factores, pronosticaban el incremento de los precios: "dichos infieles tienen cercada y circunvalada esta villa y toda su jurisdicción impidiendo la entrada de bastimentos y demás, ocasionando que la harina que se tenía a siete y nueve pesos la carga valga hoy a veinticuatro y treinta pesos y que haya faltado en todo para la diaria provisión. Y lo peor es que se va acabando también el maíz que es el principal alimento de estos vecindarios para la gente pobre, sirvientes y peones de minas y haciendas". En suma, la sensación de inseguridad por la "repetición de insultos, atrocidades, fierezas y crueldades de estos enemigos infieles bárbaros" recreaba un ambiente de temor que provocaba la paralización de las actividades productivas, la escasez de alimentos y el incremento de los precios.23

Para completar este cuadro desolador, en la coyuntura 1771-1772 se produjo una crisis de subsistencia que respondió a una serie de años afectados por sequías prolongadas y antecedidos por una "insólita nevada".24 De hecho, 1767 es señalado por un historiador como un "año calamitoso".25 En 1769 también se registran sequías y epidemias,26 y la crisis parece prolongarse en una combinación de sequía, pérdida de cosechas, escasez y hambruna hasta 1774, con una helada importante en 1773.

Ahora bien, si contrastamos las opiniones de los diputados con los datos que proporcionan los libros de entradas a la alhóndiga de Chihuahua entre 1770 y 1773 -años especialmente señalados por la escasez de alimentos y el incremento de precios-, surge que la villa no estuvo desabastecida de maíz y harina durante esos años. Al mismo tiempo, si comparamos las fanegas de maíz que ingresaron durante los segundos semestres de esos años,27 observamos que 1770 se ubica en el segundo lugar de nivel de ingreso detrás de 1773, que lo aventaja levemente en la cantidad de fanegas de maíz depositadas:

En cuanto a los quintales de harina,28 la serie de 1770 aventaja prácticamente en el doble a los años 1772 y 1773, y por casi 500 quintales a 1771. En el año 1770 ingresaron más quintales a pesar de que los diputados argumentaban que desde el mes de marzo de ese año la crisis de abastecimiento de la villa era inminente. Al menos en el caso del maíz, Chihuahua no estaba menos abastecida en 1770 que en los años subsiguientes:

Con respecto a los precios, los diputados habían señalado que la harina, que valía entre 7 y 9 pesos la carga en años anteriores, se cotizaba en 1770 entre 24 y 30 pesos. La carga de maíz -que se estaba acabando por falta de mulas para transportarlo- costaba entre 20 y 24 pesos, es decir, se había incrementado alrededor de 4 pesos con respecto a los años antecedentes.29 En los registros de la alhóndiga se puede constatar que entre los años 1771 y 1773 los precios de las cargas de harina y de maíz no variaron en la medida que lo sugieren los diputados. A lo largo de 1771, el precio de la fanega de maíz fluctuó entre los 5 y los 10 pesos, y la fanega de harina, entre los 4 y los 8 pesos. En 1772 se mantuvo en su nivel más bajo, a 4 pesos la fanega.30

Pero, además, el incremento de los precios -cuando esto sucedía- respondía a variables muy diferentes a las señaladas por los diputados. Por ejemplo, hacia 1777 se corría el rumor de que el Real de la Cieneguilla, en la provincia de Sonora, estaba en peligro de desabastecimiento por las incursiones de los apaches. El comandante Juan Bautista de Anza, quien había evaluado la situación, concluyó que dicho peligro tenía que ver, más bien, con la codicia de los comerciantes y hacendados, que siempre aprovechaban los momentos de auge de los reales para vender las mercancías a precios altos. Así, la falta de víveres estaba más relacionada con la especulación por parte de los encargados de procurar el abastecimiento que con las acciones de los enemigos.31 Estos mecanismos y estrategias no eran exclusivos del Septentrión. Como demostró Enrique Florescano en su estudio sobre el ciclo agrícola del maíz durante la época colonial, los hacendados del centro de Nueva España lograban precios ventajosos a través del acaparamiento de las cosechas en los años de abundancia y su posterior venta durante las temporadas de crisis agrícola y escasez.32 Los factores estructurales que caracterizaban las sociedades de antiguo régimen se sumaban, en el caso del norte, al discurso que pronosticaba de manera recurrente la destrucción en manos de los enemigos, que inundaba de terror a los habitantes y perseguía algunas ventajas, entre ellas, el incremento de algunos precios.

Conviene, en este punto, hacer un pequeño paréntesis, para señalar que también en el caso de la tierra se especulaba con las acciones de los enemigos para lograr la disminución los mismos. Así, en 1755, Pedro Domingo de Jugo, uno de los terratenientes más importantes de Nueva Vizcaya, y Juan José Aramburu, comerciante de Chihuahua, entablaron un litigio por una deuda en la composición de 108 sitios de ganado mayor (un sitio de ganado mayor equivalía a 1,755 hectáreas) ubicados en las inmediaciones del presidio de Huejuquilla. Jugo argumentó que "si hubiera sabido que los indios iban a hostilizar no hubiera hecho postura por esas tierras".33 María Urquidi señala que, en lo que se refería a tierras, el problema de los ataques de los indios "era la excusa que daban muchos compradores potenciales para buscar un precio barato".34 También se verifica esta estrategia ante la necesidad de eludir el pago de deudas o capellanías, como fue el caso de Antonio Villela, dueño de la hacienda de San Cristóbal, quien "por miedo a los indios bárbaros quiere dejarla y evadirse de capellanía de $4.000, y Juan Gijón, apoderado de su hermano José Antonio Gijón, capellán, pide el embargo al juez eclesiástico Juan Vicente de Ortega".35

Por último, hasta qué punto Chihuahua se encontraba aislada, asediada por los enemigos y sin posibilidad de acceso a los bienes de consumo necesarios para la alimentación. En tal sentido, constatamos que durante el período 1770-1773 la harina y el maíz que se depositaban en la alhóndiga llegaban desde lugares ubicados en variadas latitudes de la provincia de Nueva Vizcaya:

El panorama que venimos reconstruyendo relativiza la idea de una villa sitiada, aislada, con caminos anegados por los apaches y sin vinculación con otras zonas de la provincia. La provisión de los productos alimenticios indica la vinculación de diversos sitios -entre los que se cuentan pueblos, misiones y haciendas- cuya producción era enviada a Chihuahua y no se verifica el escenario de desastre inminente que pronosticaban los diputados en cuanto al desabastecimiento de alimentos y al incremento exorbitante de los precios del maíz y la harina.

LOS RECLAMOS DE EXENCIÓN IMPOSITIVA

Los argumentos que insistían en relacionar la disminución de la producción minera con los ataques de los apaches presentan otra arista. Los diputados aseguraban que la decadencia de la industria extractiva "resulta forzosamente contra el real haber de su majestad en sus reales quintos".36 El tema del real quinto no era nuevo en el Septentrión. Un siglo antes había sido enviado el contador mayor del tribunal de cuentas Juan de Cervantes Casaus "para remediar el daño que se causaba con el extravío de la plata".37 El contador responsabilizaba del extravío de plata y de la consecuente evasión del real quinto a los alcaldes mayores -encargados de hacer la marca del quinto- que lucraban fraudulentamente para obtener mayores ingresos de los que les proporcionaban sus bajos salarios. Por su parte, los ensayadores y escribanos nombrados por el alcalde también consentían en este fraude, al igual que los propios productores mineros que estaban presentes durante este acto. Por último, señalaba cómplices entre los arrieros que transportaban la plata.38 En otras palabras, productores, funcionarios y transportistas estaban involucrados en estas irregularidades, y poco tenía que ver el extravío de la plata y la falta de pago del real quinto con los indios en guerra o con las rebeliones indígenas del siglo XVII, argumentos esgrimidos también en aquel momento para solapar las maniobras fraudulentas.39

Pero regresemos al período que nos ocupa. En 1790, los diputados de minería y comercio de San José del Parral señalaron que dicho real estaba sumido en la más profunda pobreza porque los ataques de la "nación bárbara enemiga de los apaches" ocasionaban la disminución en la producción de mineral. Frente a tales circunstancias, solicitaron a la comandancia general que les permitiera gozar de las mismas exenciones en el pago del impuesto de alcabala40 de que disfrutaban Saltillo, Parras, Cuencamé y los vecinos que residían en los presidios. Específicamente, solicitaban que se les eximiera del pago del 2% por reventa de alcabalas que se había establecido en octubre de 1780.41 El argumento esgrimido para reclamar esta exención era su situación de "frontera invadida de los enemigos bárbaros".42

El fiscal de hacienda de Chihuahua, Luis Fernando de Oubel, funcionario encargado de evaluar la petición, respondió que la pobreza y decadencia de las minas no se relacionaba con ataques de los enemigos, sino con la menor productividad de las vetas. La respuesta del fiscal coincide con las conclusiones a las que arribó Oscar Alatriste en su estudio sobre Parral entre 1765 y 1810. Afirma este historiador que "el problema de los indios bárbaros, a pesar de que repercutía de alguna manera en la producción de plata, no fue determinante en su dinámica".43 Según Alatriste, en el momento del incremento de las hostilidades comprendido entre 1765 y 1772 se produjo una recuperación y auge de la producción de mineral. El pico de alza experimentado entre 1765-1769 y 1775-1779 se vinculó con la visita de José de Gálvez, ocurrida entre 1765 y 1771, y con una serie de políticas específicas implementadas por el reformismo borbónico para aumentar la rentabilidad de la industria,44 en tanto que en la fase siguiente, de 1773 a 1776, la relativa paz no repercutió en un mantenimiento de los niveles de producción, sino que éstos disminuyeron.45

A pesar de que estamos de acuerdo con las conclusiones generales de Alatriste en cuanto a discutir la vinculación determinante entre productividad minera y momentos de violencia desplegada por los apaches, debemos señalar que tanto sus argumentos como la constatación de los períodos de violencia y paz que propone deben ser sometidos a una crítica profunda que replantee lo que hasta ahora se ha dicho acerca del problema apache en la Nueva Vizcaya dieciochesca. En tal sentido, uno de los aspectos más importantes a señalar es que el tema del enemigo no se agota con los apaches, sino que constituye una cuestión mucho más compleja de lo que se había venido planteando. Por ejemplo, el año 1773, que el autor señala como el inicio de un período de relativa tranquilidad, fue testigo de las incursiones de bandas multiétnicas que actuaron en la provincia a lo largo de décadas y cuyas acciones habían sido solapadas como incursiones de los apaches.46 De todas maneras, insistimos en que el fondo del asunto, que nos interesa resaltar en este texto, es la necesidad de relativizar la relación que los hombres del siglo XVIII establecieron entre las acciones de los enemigos y la evolución de la actividad minera. La insistencia en señalar tal relación tenía que ver, fundamentalmente, con la posibilidad de lograr ciertas ventajas, entre las que destaca la exención impositiva de la que gozaban los territorios considerados frontera de guerra con los indios.

Pero, además, este argumento que relacionaba las incursiones con la baja de productividad de la minería y ésta con la necesidad de exención de la reventa de alcabalas, pierde todo peso cuando constatamos que los productos más necesarios para la labor en las minas estaban indultados del real derecho de alcabalas por bando del 20 de octubre de 1780. En ese momento se liberó a las "once especies que sirven inmediatamente al laborío de las minas" y, más tarde, se extendió el privilegio a "todos los pertrechos, utensilios y avíos que inmediatamente sirven al laborío de minas, beneficio de sus metales o para los desagües".47 Sin embargo, parece que estos privilegios no conformaban del todo a los mineros, que solicitaban de manera insistente la exención sobre otros insumos48 y se quejaban de que se les exigían alcabalas sobre productos que estaban exentos de pago.49 Por su parte, los encargados del cobro argumentaban que los mineros dejaban de pagar sobre todos los productos y no solamente sobre aquellos que habían sido liberados de tal obligación.50 En suma, nadie se ponía de acuerdo a la hora de pagar alcabalas y se ensayaban estrategias de evasión. Una de las más frecuentes era la argucia de algunos mineros que también eran comerciantes, quienes hacían figurar todos los productos como insumos para la actividad minera, por estar exentos del pago de alcabala, y lograban así evadirse de la contribución impositiva para la totalidad de las actividades que desarrollaban.51

El fiscal Oubel estaba convencido de que si se concedía la exención a Parral a partir del argumento de los ataques de los indios, pronto la iban a solicitar todos los reales de la provincia. Sin embargo, estaba seguro de que el verdadero motivo que subyacía en la petición de los diputados era "la codicia de lucrar más cinco reales cuatro granos por ciento que satisfacen por el indulto de reventa".52 La experiencia en el cargo le había enseñado que "cuando se descubre alguna bonanza razonable en tal cual mina, por más que esté situada en el centro de la apachería, no faltan operarios para el trabajo ni carecen de escolta".53 Oubel consideraba que los argumentos de los diputados apelaban a un privilegio que se les había concedido desde hacía mucho tiempo atrás y recreaban permanentemente la idea del estado de guerra y violencia como justificación.54

En efecto, desde los primeros momentos de la colonización, quienes se establecieron en regiones fronterizas y se encargaron de su organización y defensa habían gozado de ventajas impositivas por real orden. Estos hombres y sus descendientes pretendieron mantener tales privilegios el mayor tiempo posible, aun cuando muchas de esas tierras ya estaban pacificadas. Este argumento, que trazaba una relación directa entre la exención impositiva o la disminución en la recaudación y la presencia de los enemigos, fue señalado en muchas oportunidades en la segunda mitad del siglo XVIII.55

En ese momento -cuando gran parte de los privilegios de que gozaban los norteños se vieron amenazados por la aplicación del programa reformador de los Borbones- se realizaron numerosos reclamos de exención impositiva en Nueva Vizcaya.56 En su clásico estudio sobre la formación de los latifundios en México, Chevalier había planteado que desde el siglo XVI los territorios norteños, alejados de los centros de poder virreinales, eran dominados por hombres poderosos que vivían casi independientes e iban haciendo fortuna.57 Los caminos para obtener fortuna y poder en los primeros años de organización de esas provincias eran el acceso a los oficios y cargos públicos, la minería o el comercio. Estos hombres habían coleccionado títulos de propiedades mediante procedimientos análogos a los que operaban en el resto de Nueva España, pero en escala mucho más vasta, pues entre los españoles del norte existieron condiciones más favorables para facilitar la concentración de la propiedad en pocas manos. Cuanto más se avanzaba hacia el norte, más se acentuaban los rasgos en el cuadro y se exageraba el papel de los particulares.58

Este relajamiento de la autoridad -como lo expresa Chevalier- que caracterizaba a la región se remontaba a los tiempos de Felipe II y las leyes de colonización de 1573, cuando la monarquía, escasa de dinero, había descargado en algunos ricos propietarios parte de sus obligaciones de organización y defensa del territorio.59 Tal política había sido mantenida por la posición tradicional de casi todos los virreyes, que se resistían a realizar gastos.60 En ese marco, las iniciativas emanadas desde la corona en la segunda mitad del siglo XVIII tendían a restar los privilegios legales y los estímulos fiscales que anteriormente beneficiaban a los hacendados del norte de Nueva España. El primer comandante general de las provincias internas, Teodoro de Croix, criticó duramente a dichos hacendados, que estaban, en palabras de una historiadora,"acostumbrados a gobernar sus dominios como monarcas absolutos [...] celosos de la intervención del gobierno de la provincia".61 Justamente, para reforzar el poder de la corona en el Septentrión, por real cédula del 22 de agosto de 1776, se creó la Gobernación y Comandancia General de las Provincias Internas, integrada por Sinaloa, Sonora, California, y Nueva Vizcaya y los gobiernos subalternos de Coahuila, Texas y Nuevo México. El comandante dependería directamente del rey, quien le comunicaría sus órdenes por la vía reservada de Indias.62

LA FIRME VOCACIÓN DE SER FRONTERA CON LOS INDIOS

Las reformas impositivas puestas en práctica en el Septentrión estaban orientadas a aumentar las cargas con el fin de destinar mayores recursos a la defensa por parte del Estado, con independencia de los hacendados.63 Mientras Croix avanzaba hacia Durango, capital de la Nueva Vizcaya, para ocupar su puesto de comandante general en el verano de 1777, fue recibido con noticias alarmantes acerca de la situación de los territorios que en poco tiempo tendría bajo su mando: los gobernadores pedían auxilio frente a la posibilidad de una inminente desaparición de las colonias septentrionales debido a la precariedad militar y financiera. En tal contexto, los hacendados poderosos de la región no se mostraron dispuestos a colaborar con el real erario para la defensa del territorio y de sus propiedades, más allá de las donaciones voluntarias que estaban acostumbrados a hacer. A pesar de esas reticencias, Croix no cesó en su intento de practicar recaudaciones más formales que las inspiradas por la simple buena voluntad de los hacendados y decretó el cobro de las alcabalas adeudadas, trámite que había sido comenzado por otros funcionarios desde mediados de siglo con nulos resultados. Las protestas, por supuesto, no se hicieron esperar.64

En 1782, el comandante general se enfrentó a dos poderosos hacendados de la región -el marqués de San Miguel de Aguayo y Lucas Lasaga-,65 quienes se oponían al incremento del impuesto de alcabalas.66 Los terratenientes respaldaron su pedido alegando que "Parras seguía siendo frontera de indios, en donde los vecinos defendían a su costa el territorio y que la ley de Castilla exoneraba del pago de impuestos a los pueblos fronterizos".67 Los hacendados se comunicaron por carta directamente con el rey, explicando el estado de desarticulación económica y caos general en el que se encontraban sumidas las provincias norteñas debido a los ataques de los indios no reducidos y devaluando la actuación de Croix al frente de la comandancia. El comandante general respondió que de Parras no se había conseguido "ni un solo real, y siendo el marqués y Lasaga los más interesados en la habilitación de la milicias y los que por lo mismo debían concurrir con mayor esmero, son los que más lo han impedido, y subsisten en el empeño de que nunca tenga efecto suscitando continuamente recursos, quejas y representaciones dirigidas a eximirse de la contribución respectiva a sus cuantiosas haciendas posesiones, crías y ganados, y a que recaiga sobre los infelices vecinos que ni son tan interesados ni pueden soportarlo".68

El rey dirimió la cuestión y se mostró convencido con los argumentos de los hacendados.69 No obstante, encargó al propio virrey que tratara de persuadir a los hacendados de colaborar con el real erario, dado que eran los principales interesados en la pacificación de la zona. Para controlar el mentado problema de las hostilidades de los indios no reducidos, puso a disposición de Croix los medios para "perseguir y castigar a los crueles bárbaros apaches que se introducen y hostilizan la jurisdicción de Parras" y ordenó "se prevenga al virrey de México le facilite cuantos auxilios necesite de caudales y de las tropas de su mando a fin de que consiga escarmentarlos y aun destruirlos si fuese posible, haciéndoles una continua guerra en sus rancherías y territorios".70

La reticencia del marqués de San Miguel de Aguayo y de Lucas Lasaga a participar en las nuevas medidas señaladas desde el gobierno metropolitano y encarnadas en territorio novohispano por Croix parecen ir más allá del intento de erogar la menor cantidad de dinero posible para lograr la pacificación. Los hacendados intentaban seguir gozando de poder sobre el territorio, sus posesiones y los habitantes, y haber cedido a las reformas fiscales impulsadas por la comandancia general -y a las otras innovaciones que llegaban de su mano- podía significar un aumento considerable de la injerencia de esta institución y, por ende, del Estado borbónico en la zona. En definitiva, abogaban por mantener el orden de cosas que las reformas pretendían modificar entrometiéndose en el orden cotidiano que los habitantes del norte habían ido construyendo a lo largo de generaciones.

En el ámbito estrictamente local, el comandante, en su papel de representante de la corona y con órdenes expresas de poner en marcha reformas que contribuyeran a terminar con uno de los más acuciantes problemas que sufría la región -los ataques de los indios no reducidos-, encontró la resistencia de los terratenientes a colaborar en dicha empresa de pacificación. Uno de los aspectos que no contentaban a los hacendados era que el programa de reformas significaba un alza de los impuestos destinados a financiar los gastos crecientes de la nueva administración. Los descendientes criollos de aquellos a quienes el rey había otorgado extensiones de tierra y privilegios a cambio de la defensa y colonización de esos territorios, se resistían a pagar los nuevos y crecidos gastos.71

Podría interpretarse que Lasaga y el marqués de Aguayo estaban interesados en pacificar la región, pero se negaban a invertir mucho dinero para lograr este objetivo. En otras palabras, pretendían que la corona sostuviera los gastos de defensa y la creación de la milicia a través de la real hacienda. Sin embargo, la idea de la frontera de guerra y de la lucha contra los apaches jugaba a favor de los intereses económicos y políticos de la elite neovizcaína. En este contexto, se mantenía el argumento del peligro permanente siempre y cuando no se tomaran medidas que implicaran una injerencia demasiado marcada -y, por ende , molesta- del Estado. Tal injerencia restaba autonomía a quienes detentaban el poder local y, al mismo tiempo, mayores controles militares, políticos, administrativos o fiscales interferían en los negocios que beneficiaban a estos grupos regionales.72

En suma, los "hombres ricos y poderosos" de Nueva Vizcaya -parafraseando a Chevalier- habían articulado un entramado de negocios e intercambios que se cruzaba con una densa red de lealtades, clientelismos, parentescos y relaciones de amistad que legitimaban tales situaciones. El próximo acápite está dedicado a analizar uno de estos aspectos, posiblemente, el que más afectaba a la población indígena de la provincia: las estrategias desplegadas para acceder a la fuerza de trabajo para minas, ranchos y haciendas, que serán ilustradas a través de los casos de Martín de Mariñelarena, el minero más importante de Chihuahua, y fray Juan de Dios Fernández de la Cueva, presidente y custodio de misiones de Parral.

EL SISTEMA DE MANDAMIENTO Y EL CONTROL DEL TRABAJO INDÍGENA

Los conflictos relativos a los requerimientos de mano de obra por parte de terratenientes y mineros fueron constantes en Nueva Vizcaya y tenían larga data. Los documentos del siglo XVII mencionan con frecuencia a indios estaban "alzados" que, por tal motivo, eran perseguidos y castigados. Sin embargo, cuando se profundiza acerca de la caracterización que hacen del "alzamiento", surge que no refieren una actitud bélica o violenta sino que, en la mayor parte de los casos, describen la fuga de los indios de mandamiento, es decir, los que eran asignados por temporadas a trabajar para mineros y hacendados. Así, cuando se escapaban de sus lugares de trabajo, se argumentaba que se habían "alzado" contra la corona,73 en tanto que cuando estaban "de paz" era "preciso y necesario asentarlos y encomendarlos a personas que los tengan sujetos en población y les hagan sembrar y trabajar y acudir a la enseñanza de la doctrina".74 Cabe señalar que el "alzamiento" de indios también otorgaba ventajas cuando se los castigaba trasladándolos a lugares distantes y los españoles podían ocupar sus tierras.75 De hecho, era frecuente que surgieran problemas por el acceso a la tierra entre los indios de pueblos y misiones y los vecinos españoles.76

Cien años más tarde, la situación no había cambiado mucho. Hacia mediados del siglo XVIII, José Velarde Cosío,77 el teniente del gobernador de Nueva Vizcaya que en ese momento era el marqués de Torre Campo, acusó al capitán del presidio de San Francisco de Conchos, José de Berrotarán, de utilizar el trabajo de indios que andaban fugitivos o de retirarlos de sus pueblos valiéndose de excusas. Esto había sucedido en la misión de Satevó,78 cuyos pobladores fueron trasladados a las tierras de labor de ese presidio. Algunos vecinos de la zona defendieron al capitán: fray Pedro Cayuso. Diego González y Bartolomé Salcido declararon que Berrotarán no había inducido ni dirigido a los indios de Satevó para llevarlos con él, sino que éstos andaban fugitivos.79 Berrotarán, por su parte, aseguró que los vecinos se quejaban de que esos indios robaban ganado, por lo que "se vio obligado a trasladarlos durante un año a su hacienda La Enramada".80 También tenía entre sus trabajadores a sisimbres81 y cocoyomes82 que había capturado en el desierto entre 1737 y 1743.83

Los otros capitanes y los hacendados más poderosos de la zona se beneficiaban de los tarahumaras y tepehuanes afectados al sistema de mandamiento y de indios no reducidos que eran reclutados para tal fin. Juan José de Arespacochaga, vecino de la villa de Chihuahua, escribano público del Real de San José del Parral y del gobierno de guerra de Nueva Vizcaya,84 afirmó que desde que estaba Berrotarán al frente del presidio de Conchos, los indios de los pueblos estaban más tranquilos y disciplinados, si bien muchos andaban fugitivos. Varios años más tarde, a principios de la década de 1770 y cuando ya había sido suprimido el presidio de Conchos, Francisco Xavier de Orio y Zubiate -que había sido amigo incondicional del capitán y capellán de su hacienda- reclamó al inspector Hugo O´Connor la instalación de un presidio en el río de Conchos, para mantener sosegados a los indios del pueblo de Conchos, que iban de mandamiento a trabajar a sus tierras.85

En efecto, una de las respuestas de los indígenas a las duras condiciones que imponía el sistema de mandamiento era huir de sus lugares de origen, asentarse de manera temporal o permanente en otros pueblos o refugiarse en las serranías. Así, se responsabilizaba a tal sistema del despoblamiento de pueblos y misiones y de que los indios no pudieran sembrar en comunidad porque eran requeridos para trabajar en las haciendas.86 Entre los abusos de los terratenientes figuraban la pobreza de la dieta, los alojamientos inadecuados, los días excesivos de trabajo y el pago en especie en lugar de en efectivo. A finales de la década de 1770, varias voces manifestaron los graves perjuicios que surgían de la aplicación del sistema de mandamientos en Nueva Vizcaya "por el método y tiempo en que se expedían y por el modo y especies en que se les pagaban".87 A pesar de que la corona había establecido penalidades para quienes no pagaran en efectivo a los trabajadores de haciendas y minas, los beneficiarios de los mandamientos pocas veces cumplían con estas obligaciones y efectuaban pagos en especie. El comandante general Felipe Neve, en un Informe elevado al rey en 1783, describía la perversa forma de pago que se hacía a los indios de mandamiento, que a cambio de su trabajo obtenían géneros o efectos que en muchas ocasiones no necesitaban, y a precios mucho más altos que si los hubieran comprado al contado.88

En 1787, el asesor de la comandancia, Manuel Merino, elevó un dictamen al comandante general de las provincias internas en el que enumeró los conflictos que afectaban a la provincia. Entre los más importantes, el asesor abogaba para que fuera suprimido el sistema de mandamientos "y sólo se permitiese que se alquilasen a trabajar por días o por semanas los que voluntariamente quisiesen hacerlo, pagándoseles a vistas de los justicias las raciones y salarios que en cada partido regulasen ser justas y correspondientes a su trabajo, con la precisa calidad de que el salario se les había de pagar en dinero efectivo y no en otra especie".89 Por su parte, los vagos y ociosos deberían trabajar en las labores del campo bajo las mismas condiciones establecidas para los indios voluntarios.90 El dictamen fue elaborado sobre la base de las observaciones llevadas a cabo por el ayudante inspector Diego Borica, quien había sido enviado por Merino con instrucciones de investigar la situación en la que se encontraban los indios de pueblos y misiones. Borica percibió que, a pesar de que intentaban abolirse los servicios personales, tal sistema seguía operando en la provincia porque beneficiaba a los alcaldes mayores, los misioneros y los vecinos de mayor posición.91

Los mandamientos seguían operando en Nueva Vizcaya, pero en Texas, Coahuila, Nuevo México, Sonora, Sinaloa y las Californias habían sido abolidos. Según Merino, la abolición de los mandamientos en el resto de las provincias septentrionales se debía a que contaban con mano de obra voluntaria suficiente como para no tener que recurrir a sistemas coactivos. Existe una orden del gobernador Felipe Barri de 1777, en la que consigna que se suspendan tales servicios en Nueva Vizcaya,92 pero la medida no parece haberse cumplido.93 De hecho, en esta provincia las leyes acerca del servicio personal nunca habían sido respetadas.94 En este último bastión del sistema existían dos necesidades complementarias: terminar con los mandamientos y reclutar a los vagos, ociosos y gente sin oficio para que integraran un sector de trabajadores voluntarios que llevaran a cabo las tareas del campo y de la minería. Sin embargo, no parecía existir la voluntad de renunciar a los beneficios que representaba tal organización.

Mantener el sistema de mandamientos resultaba más lucrativo para los mineros y hacendados locales que el empleo de trabajadores voluntarios con pago en efectivo. El Dictamen de Merino apuntaba directamente a esta cuestión con nombres y apellidos cuando señalaba que "el pueblo de San Andrés, que era de los más numerosos, tendría mucho mejor aspecto si sus naturales no se distrajesen a trabajar de mandamiento en las haciendas de don Francisco Duro y don Martín de Mariñelarena, quienes teniendo muy pocos operarios de pie hacían con oportunidad cuantiosas siembras".95 Martín de Mariñelarena, el principal minero de Chihuahua,96 y el comerciante y hacendado Francisco Duro,97 eran personajes prominentes de ese corregimiento que integraban desde hacía muchos años la influyente junta de diputados de minería y comercio.98 Por otra parte, mineros y hacendados no eran los únicos beneficiados por la dinámica del sistema de mandamientos. Por ejemplo, el capitán Juan Antonio Zavala, encargado de hacer llegar los indios de mandamiento a las tierras de Duro y de Mariñelarena, era gratificado por cada trabajador que enviaba.99

Martín de Mariñelarena, originario de Navarra, era vecino de San Felipe el Real de Chihuahua desde principios de los años sesenta y había desempeñado varios cargos de índole política y militar. Desde 1778 fue comandante en jefe del cuerpo de dragones provinciales del presidio del Príncipe y comandante de armas de la frontera cuando se ausentaba el teniente coronel Manuel Muñoz.100 En cuanto a su desempeño en cargos públicos, había sido alcalde ordinario durante tres años y regidor decano, además de la mencionada participación permanente como miembro de la junta de diputados de minería y comercio101 y mayordomo de la archicofradía de la Iglesia. 102 En varias oportunidades hizo uso de mano de obra no asalariada: en 1775 obtuvo permiso del gobernador para llevar reos a trabajar a sus haciendas103 y en la década de 1780 estableció un obraje que utilizó reos de ambos sexos para su funcionamiento. Uno de los argumentos para justificar la construcción del obraje fue la necesidad de solucionar los problemas de vagancia y castigo de los delincuentes.104

En este último proyecto Mariñelarena tuvo como socio a Manuel de Urquidi. Este vasco -originario de Guipúzcoa- había llegado a San Felipe el Real en los años cuarenta con su hermano Agustín, quien después de una estancia en dicha villa decidió afincarse en Valle de San Bartolomé.105 Mientras tanto, Manuel se quedó en Chihuahua, donde prosperó como comerciante y banquero, actividades que había iniciado con su hermano durante los primeros años de su arribo a esas tierras. También fue terrateniente y tuvo una activa participación en la vida política y civil de la villa. 106 Si bien el comandante general de Croix pidió al ministro José de Gálvez la aprobación del rey para establecer el obraje en Chihuahua,107 había concedido su permiso con antelación -antes de obtener el visto bueno de la metrópoli- porque la propuesta tenía el dictamen favorable del ayuntamiento de la villa y del asesor de la comandancia. 108 Ése es un dato que refleja un perfil de la situación política y socio-económica de Mariñelarena y de su socio.

Sin embargo, la fortuna de don Martín no se había amasado solamente a través del trabajo duro en minas y haciendas y de emprendimientos en favor del "bienestar público". Una parte de sus riquezas había resultado de sus tratos con abigeos de la región.109 En efecto, la lista de compradores de los animales que arreaba el ladrón Andrés Mata incluía a Mariñelarena.110 En suma, Mariñelarena era un "hombre rico y poderoso" del norte de la segunda mitad del siglo XVIII. Esta situación lo colocaba en una posición privilegiada para acceder a la mano de obra indígena. El propio Felipe Neve afirmó que mantenía un crecido número de operarios en sus minas y haciendas. 111 Sin embargo, todas las evidencias indican que sus negocios se nutrían en gran medida de la mano de obra de indios de mandamiento, así como de reos que purgaban sentencia y de los personajes que el discurso del poder consideraba como vagos y ociosos. Otro personaje que nos permite reconstruir el perfil de los poderosos de la provincia es fray Juan de Dios Fernández de la Cueva, presidente y custodio de misiones de Parral. Este misionero ponía en práctica estrategias para incrementar sus ganancias, entre las que se cuentan el arrendamiento de tierras a particulares y la utilización del sistema de mandamientos. El primero estaba prohibido -cuando se trataba de tierras que pertenecían a los indígenas- por resolución del virrey del 28 de mayo de 1775, que especificaba que los bienes, tierras y misiones de los naturales de los pueblos que habían administrado los jesuitas eran de los indígenas y no pertenecían a temporalidades. En 1777, el protector de indios Francisco Javier del Campo denunció a Fernández de la Cueva,112 quien se defendió explicando al corregidor de Chihuahua, Pedro Antonio Queipo de Llano, que el sínodo113 no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas "y que entonces se ven obligados a valerse de algunos arbitrios para coadyuvarlo. Por lo caro de los víveres y el costo de mantener el culto divino, solo podemos hacer eso". Se refería al arrendamiento de parte de las tierras y al trabajo del resto en beneficio propio "pagándoles a los indios su trabajo y dándoles la ración como otro cualquier particular a quien suelen ir a servir".114

El misionero había arrendado tierras de los indios de la misión de Santa Ana en connivencia con el teniente Antonio Tadeo de Anda -a cuyo cargo estaba la administración de justicia y la obligación de evitar los abusos de sus protegidos- y con el propio gobernador de los indios, llamado Juan Ignacio, quienes se beneficiaban con una parte de las tierras de la misión. El gobernador de San Jerónimo, Antonio de la Cruz, declaró que el padre tenía las tierras "como propias, sin permitir sembrar a otros [...] y tenía otra porción en el pueblo de Santa Ana. Y nadie podía sembrarlas sin su licencia".115 Así, Fernández de la Cueva usufructuaba el trabajo de indios de mandamiento-que sembraban y cosechaban, cortaban leña, cuidaban ganado, hacían carbón-, a los que solamente les pagaba la ración de maíz. También trabajaban para él arrieros y "pastores de razón" y hombres de castas a quienes les pagaba en efectivo. Cada indio que vivía en la misión y los no indígenas radicados en el distrito debían darle una primicia de media fanega de maíz al año.116

No era la primera vez que Fernández de la Cueva se valía de su posición al frente de las misiones para sacar frutos del cultivo de la tierra y del trabajo de los indígenas. Varios testigos aseguraron que parte de las abundantes cosechas que había obtenido (trigo, maíz, frijol, garbanzo, lentejas, haba y chile) estaban almacenadas en las casas de la misión de Santa Ana. Además, vendía carbón, cortaba leña, era dueño de quinientas reses de ganado vacuno, cien caballos, treinta burros y ganado menor, y había tenido, en el pasado, recuas de mulas que empleaba en la arriería. El padre era, según la opinión de varios testigos, el más rico de todas las misiones de esos contornos.

El misionero se había instalado unos años antes en la jurisdicción de San Andrés, donde tenía un tendejón y oficiaba como comerciante.117 En tal jurisdicción se ubicaba un rancho de Francisco Duro, quien, como ya mencionamos, había sido acusado por Merino -junto con Martín de Mariñelarena- de sacar gran cantidad de indios de mandamiento, al punto de casi llegar a asolar los pueblos. Originario de Galicia, había llegado a Chihuahua en los años cuarenta con su hermano menor, Jacobo. Ambos establecieron una tienda que se constituyó en la base de su fortuna, ya que a través de la actividad comercial se relacionaron con personajes prominentes de la región. Francisco se casó con Catalina Gómez de Barreda, la hija del prominente comerciante local José Gómez de Barreda, y a la muerte de ésta contrajo nupcias con su cuñada, María Guadalupe. Se convirtió en uno de los hombres importantes de la elite chihuahuense y llegó a ocupar el cargo de alcalde.118 Duro era amigo de muchos años del misionero y llevaba la administración de su cuenta, que llegó a tener 6.000 pesos de depósito gracias, entre otros aspectos, a los tratos y negocios que llevaba a cabo con varios personajes destacados del comercio y la minería de Chihuahua, como lo demuestra el hecho de que le vendía cerdos a Manuel de Urquidi y compraba cabezas de ganado menor a Juan Antonio de Ibarra, el administrador de la hacienda de Encinillas.

En suma, estos hombres -que constituían un buen muestrario de la crema y nata de la sociedad neovizcaína- habían construido redes de relaciones que consolidaban sus privilegios y estaban dispuestos a defender la continuidad de este modo de vida, de los intentos abolicionistas y de las reformas que emanaron en la segunda mitad del siglo XVIII desde el poder central. Entre ellos, figuraban los beneficios que les reportaba el acceso a la mano de obra de los indígenas de pueblos y misiones a través del sistema de mandamiento, de los indígenas considerados como alzados, de los indios de guerra que capturaban y de los vagos y reos que abundaban en la región.

CONSIDERACIONES FINALES

Algunas hostilidades menores realizadas por los indios del norte se significan y ponderan al virrey con términos de tanta concusión, como pudieran las invasiones de vándalos y godos.119

La opinión del marqués de Mancera, expresada un siglo antes del momento que nos ocupa, bien puede ayudarnos a describir lo que ocurría en tiempos de los Borbones en la provincia de Nueva Vizcaya. En 1748, el capitán Berrotarán envió al virrey de Nueva España, Juan Francisco de Gómez y Horcasitas, primer conde de Revillagigedo, un Informe en el que describía la precaria situación que atravesaba la provincia en materia de defensa como consecuencia de la aplicación del Reglamento de 1729 que, entre otras medidas, había recortado el presupuesto asignado a los presidios por entender que gran parte de ellos estaban emplazados en zonas pacificadas. El capitán informó acerca de la amenaza que representaban los apaches asentados en el Bolsón de Mapimí, que respondían a los jefes Pascual y Ligero. A partir de este diagnóstico, el año 1748 fue señalado como un momento fundacional que marcó el inicio de la guerra contra los apaches en el Septentrión. El Informe y el tema del peligro apache surgían, casualmente, en un momento en que el gobierno metropolitano estaba evaluando la posibilidad de suprimir los presidios que cuidaban el borde occidental del Bolsón por considerarlos innecesarios en su función militar y una carga onerosa para el real erario. En ese marco, los apaches que regularmente comerciaban con los capitanes de presidio y que, en algunos casos, mantenían relaciones de amistad y compadrazgo, se transformaron en enemigos.120

De ahí en adelante, los más variados aspectos fueron explicados o justificados a través de las incursiones de los apaches: la falta de ganado, la escasez de trabajadores para minas y haciendas, la baja productividad de la minería, el aumento de los precios, la imposibilidad de pagar impuestos, la captura de grupos indígenas de las llanuras para ser asignados como indios de mandamiento, la represión de los "alzamientos" de los indios de pueblos y misiones. Sin embargo, si nos ubicamos en el contexto de la creciente injerencia del Estado borbónico -que amenazaba con socavar los privilegios y los derechos adquiridos que habían disfrutado los poderosos de la provincia desde que tenían memoria-, la situación de guerra se diluye, en gran medida, en un discurso justificador que intentó mantener un estado de cosas que parecía derrumbarse para la élite neovizcaína.

Así, apelar al argumento que definía la provincia como frontera de guerra contra los indios no reducidos reportaba una serie de beneficios y ventajas comparativas que los poderosos locales habían sabido explotar a lo largo de las décadas: la guerra y la presencia del enemigo formaban parte de la dinámica de Nueva Vizcaya y a tal binomio habían recurrido estos hombres en muchas ocasiones para justificar, encubrir o cuestionar los más variados aspectos. En tiempos de los Borbones, frente a las reformas que intentaba aplicar el Estado colonial sobre los territorios de ultramar, estos rasgos de la sociedad neovizcaína se desplegaron en su máxima expresión y la provincia pareció estar asolada por enemigos y en peligro inminente de desaparecer.

Notas

1 María del Carmen Velázquez, "Los apaches y su leyenda", en Historia Mexicana, vol. XXIV, núm. 2, México, El Colegio de México, 1974, p. 161.        [ Links ]

2 Luis Aboites, "Poder político y bárbaros en Chihuahua hacia 1845", en Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, 19, México, Instituto Mora, 1991, pp. 31-32.        [ Links ]

3 Un panorama similar ha sido planteado para otros contextos hispanoamericanos en Daniel Santamaría y Jaime A. Peire, "¿Guerra o comercio pacífico? La problemática interétnica del Chaco centro-occidental en el siglo XVIII", en Anuario de Estudios Americanos, L-2, Sevilla, 1993; Daniel Santamaría, "Apóstatas y forajidos. Los sectores sociales no controlados en el Chaco. Siglo XVIII", en Ana Teruel y Omar Jerez (comps.), Pasado y presente de un mundo postergado. Estudios de antropología, historia y arqueología del Chaco y Pedemonte Surandino, Unidad de Investigación en Historia Regional, Universidad Nacional de Jujuy, 1998, pp. 17-18 y 26; Ana Teruel, "Zenta y San Ignacio de los Tobas. El trabajo en dos misiones del Chaco occidental a fines de la colonia", en Anuario IEHS, 9, Tandil, IEHS-UNCPBA, 1994, pp. 236, 239 y 247-248; Sergio Villalobos, Araucanía. Temas de historia fronteriza, Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, 1989, p. 8; "El negocio de la guerra", en Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la Guerra de Arauco, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1995.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

4 Entre los trabajos más relevantes pueden citarse Salvador Álvarez, "Colonización agrícola y colonización minera: la región de Chihuahua durante la primera mitad del siglo XVIII", en Relaciones. Estudios de Historia y sociedad, vol. XX, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1999; "La hacienda-presidio en el camino real de Tierra Adentro en el siglo XVII", en Transición, 22, México D. F., UJED, 1999; Chantal Cramaussel, "Evolución de las formas de dominio del espacio colonial. Las haciendas de la región de Parral", en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1990; "La rebelión tepehuana de1616. Análisis de un discurso", en C. Cramaussel y Sara Ortelli (coords.), Asentamientos y movimientos de población en la sierra tepehuana, Zamora, El Colegio de Michoacán (en prensa); Christophe Giudicelli, Guerre, identités e métissages aux frontieres de l'Empire: la guerra del Tepehuán en Nouvelle Biscaye, 1616-1619, Ph.D. dissertation, Université de Paris III, 2000; William Merrill, "Cultural creativity and raiding bands in eighteenth century northern New Spain", en William Taylor and Franklin Pease, eds., Violence, Resistance and Survival in the Americas, Washington and London, Smithsonian Institution Press, 1994; "La economía política de las correrías: Nueva Vizcaya al final de la época colonial", en Hers, Mirafuentes Galván, Soto y Vallebueno (editores), Nómadas y sedentarios en el Norte de México, México D. F., UNAM, 2000; Margarita Urías, ""Rarámuris en el siglo XVIII", en González Rodríguez, Gutiérrez, Stefani, Urías y Urteaga, Derechos culturales y derechos indígenas en la Sierra Tarahumara, Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1994.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

5 Fundada en 1562 por Francisco de Ibarra -quien estableció la capital en Durango-, la provincia de Nueva Vizcaya comprendió, en un principio, los territorios aún no conquistados ubicados hacia el norte de Nueva Galicia. Hasta 1733 incluyó gran parte de la costa noroccidental correspondiente a Sinaloa y Sonora. Desde ese momento, sus límites se redujeron al área integrada por los actuales estados de Durango, la mayor parte de Chihuahua y la zona sur de Coahuila, que abarcaban alrededor de 255.000 kilómetros cuadrados en 1786. La región Parras-Saltillo fue transferida al gobierno de Coahuila en 1787 (Peter Gerhard, La frontera norte de la Nueva España, México, UNAM, 1996, pp. 24, 203 y 208).        [ Links ]

6 El poderoso gremio de diputados de comercio y minería integraba en sus filas a los personajes prominentes de la provincia. Cabe señalar que en esta sociedad las funciones y posiciones se traslapaban. Así, los mismos hombres ocupaban, en general, puestos políticos y administrativos al frente de los ayuntamientos, cargos militares en los presidios y diversificaban sus inversiones entre la tierra, las minas y el comercio.

7 "Ataque de indios bárbaros y muerte de varias personas en la estancia de El Sauz y la hacienda de Encinillas", 1750, Archivo Histórico del Ayuntamiento de Chihuahua (en adelante AHACH), Guerra, caja 1, exp. 5; "Descripción de las hostilidades", 1752, AHACH, Guerra, caja 1, exp. 13; "Juntas generales de minería y comercio celebradas sobre arbitrio para la contención de las hostilidades con que insultan los indios bárbaros enemigos", 1767, AHACH, Guerra, caja 3, exp. 10.

8 Pedro Tamarón y Romeral, Demostración del Vastísimo Obispado de la Nueva Vizcaya, 1765, Biblioteca Histórica Mexicana de Obras Inéditas, 7, México, Librería Robredo de José Porrúa, 1937, p. 153.        [ Links ]

9 Luis Navarro García, Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de Nueva España, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1964, p. 114.        [ Links ]

10 Ibídem, p. 123.

11 Hacia las mismas fechas, Nueva Galicia contaba con 93.860 indios y 180.470 no indios en 1760 y con 192.960 indios y 279.880 no indios en 1800, distribuidos en aproximadamente 180.000 kilómetros cuadrados (Gerhard, La frontera, op. cit., pp. 68 y 213-214). En el otro extremo del imperio español, para 1778 todo el virreinato del Río de la Plata contaba 230.000 habitantes (sin tener en cuenta a los indígenas chaqueños y pampeano-patagónicos por la inexistencia de datos confiables). Véase Juan Carlos Garavaglia, Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1850, Buenos Aires, IEHS / Ediciones de La Flor, Universidad Pablo Olavide, 1999, pp. 42-43.        [ Links ]

12 Bernardo de Bonavía, "Lista o noticia de las jurisdicciones o partidos de la comprensión de la provincia de Nueva Vizcaya, 1803", en Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez (comps.), Descripciones económicas regionales de Nueva España. Provincias del Norte, 1790-1814, México D. F., INAH, 1976, p. 88.        [ Links ]

13 Enrique Florescano, "Colonización, ocupación del suelo y frontera en el norte de Nueva España, 1521- 1750", en Álvaro Jara (comp.), Tierras Nuevas, México, El Colegio de México, 1968.        [ Links ]

14 M. Swann, Tierra Adentro. Settlement and Society in Colonial Durango, Boulder, Westerview Press, 1982, p. 52.        [ Links ]

15 Phillip Hadley, Minería y sociedad en el centro minero de Santa Eulalia, Chihuahua (1709-1750), México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 28.        [ Links ]

16 Nuestros datos coinciden con los de Hadley, quien ha señalado que para el caso de Santa Eulalia la población no experimentó ninguna pérdida demográfica fuerte entre 1746 y 1803. Remitimos a Minería y sociedad, op. cit., p. 209).

17 Testimonio de Pedro Antonio Cadrecha "Diligencias practicadas a pedimento del síndico procurador general de esta villa", 1759, AHACH, Guerra, caja 2, exp. 4, fs. 2 y 10-15.

18 Testimonio de Domingo Antonio González de Novoa "Diligencias practicadas", fs. 2-4. Conviene señalar que en el marco de las quejas que emitieron los diputados de minería y comercio de Chihuahua en 1770 cuando nuevamente responsabilizaron a los enemigos de producir el despoblamiento de la jurisdicción, también se hizo referencia a la epidemia que aquejaba en ese momento a la población, "Testimonio de diligencias sobre insultos de los indios bárbaros enemigos", Chihuahua, 1770, Archivo General de la Nación de México, Provincias Internas (en adelante AGNM-PI), vol. 42, exp. 2; f. 339).

19 Testimonio de Domingo Antonio González de Novoa "Diligencias practicadas", f. 1v.

20 Testimonio de José de la Borbolla, "Diligencias practicadas", fs. 16-16v.

21 Juan Agustín de Morfi, Viaje de indios y diario del Nuevo México, México, José Porrúa e hijos, 1935, p. 182.        [ Links ]

22 "Pedro Antonio Queipo de Llano por la escasez de harinas, trigos y maíces manda se verifique quien posea estos granos y los conduzca y transporte para poner escoltas", 1770, AHACH, Guerra, exp. 1, caja 44.

23 "Testimonio de diligencias", fs. 334, 335v, 341v, 342, 339v, 345 y 356.

24 Florescano, "Meteorología y ciclos agrícolas en las antiguas economías: el caso de México", Historia Mexicana, México, El Colegio de México, vol. XVII, núm. 4, 1968, p. 523.        [ Links ]

25 Navarro García, "El virrey marqués de Croix", en José Antonio Calderón Quijano, Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III, Tomo I, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1967, p. 362.        [ Links ]

26 "Testimonio de diligencias", fs. 341v-342; Ortiz de Saracho a Faini, "Expediente formado sobre la colusión", AGNM-PI, vol. 132, exp. 19, f. 348.

27 La fanega era una medida de capacidad para áridos como el caco, el trigo o el maíz. Generalmente correspondía a 55 litros, aunque había variaciones locales tanto en España como en América. Por ejemplo, en México la fanega de maíz oscilaba entre los 55 y los 90,8 litros.

28 El quintal correspondía, generalmente, a 50,8 litros.

29 "Testimonio de diligencias", fs. 341v-342; Ortiz de Saracho a Faini, "Expediente formado sobre la colusión", f. 325.

30 "Libro de entradas y manifestaciones de las semillas que introducen varios individuos en esta real alhóndiga, desde julio de 1770", Chihuahua Microfilm Collection, 1771-1786, CIDECH.        [ Links ]

31 Anza a Croix, "Estado del Real de la Cieneguilla y providencias dadas para su resguardo, conservación y beneficio", julio de 1777, Archivo General de Indias (en adelante AGI), Guadalajara, 516.

32 Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810), México, El Colegio de México, 1969.        [ Links ]

33 "Pedro Domingo de Jugo por el tema de unas composiciones de tierras realengas cercanas al presidio de Huejuquilla", 1755-1769, Archivo de la Audiencia de Nueva Galicia, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (en adelante AANG), Civil, 328, 21, 4732.

34 María Urquidi, "Una familia de Chihuahua en el siglo XVIII y sus lazos con ciudad, campo y frontera", Memorias de la VII reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, Oaxaca, 23-26 de octubre de 1985, p. 15.        [ Links ]

35 Archivo Parroquial de Valle de Allende (en adelante APVA), 1777, ca. 13, f. 2.

36 En 1752, los diputados de comercio y minería de Chihuahua sostuvieron que la recaudación del real quinto disminuía como consecuencia de los perjuicios que los ataques de los indios ("Descripción de hostilidades", 1752, AHACH, caja 1, exp. 13). Unos años más tarde, el administrador de la hacienda de Encinillas argumentó que por las invasiones de los enemigos se dificultaba el cumplimiento con el real fisco ("Que se dicten providencias para proteger a la hacienda de Encinillas", 1763, AHACH, Guerra, caja 2, exp. 10); "Testimonio de diligencias remitidas por don Antonio Gutiérrez de Noriega de esta villa de San Felipe el Real de Chihuahua a don Mateo Antonio de Mendoza sobre los graves perjuicios ejecutados por las naciones bárbaras de indios enemigos", Chihuahua, 1755, AGI, 116-395; "Mateo de Mendoza a José Ignacio de Goyeneche", Chihuahua, 1755, AGI, 117-401.

37 "Cartas del virrey conde de Alba de Liste", 27 de marzo de 1652, AGI, México 37, número 1.

38 "Cartas del virrey conde de Alba de Liste", número 2.

39 La "sangría" de la plata americana y las estrategias de evasión que llevaba aparejadas han sido analizadas por Ruggiero Romano en Moneda, seudomonedas y circulación monetaria en las economías de México, México, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1998. Para el caso del Septentrión véanse, especialmente, pp. 83-85.

40 La alcabala era, desde el punto de vista hacendístico, una renta real que se cobraba sobre el valor de todas las mercancías o productos (muebles, inmuebles y semovientes) que se vendían o permutaban. En cuanto a su clasificación tributaria, era un impuesto que gravaba las transacciones mercantiles, que pagaba generalmente el vendedor pero que repercutía sobre el comprador y los consumidores, convirtiéndose de esa manera en un impuesto indirecto. En Nueva España la alcabala había asumido desde el siglo XVII el carácter de un impuesto a la circulación, dado que su pago debía efectuarse en el momento de introducir los productos en el denominado suelo alcabalatorio, sin esperar a que se efectuase la venta. Se cobraba al sacar dichos productos de su lugar de origen y al introducirlos en cada pueblo de mercado donde había aduana (Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas (1776-1821), México, Archivo General de la Nación - Banca Cremi, 1987, pp. 2-3).        [ Links ]

41 "Expediente sobre que se exonere del tercio de reventa de alcabalas a las jurisdicciones del comercio del Real de San José del Parral impuesto con motivo de la guerra contra Inglaterra en atención a haber cesado la causa y a que se hallan fronterizas con continuas hostilidades de los bárbaros gentiles, de los apaches", AGNM, Alcabalas, vol. 257, exp. 3, fs. 114 y 117.

42 "Expediente sobre que se exonere del tercio de reventa de alcabalas", AGNM, Alcabalas, vol. 257, exp. 3, f. 113.

43 Oscar Alatriste, Desarrollo de la industria y la comunidad minera de Hidalgo del Parral durante la segunda mitad del siglo XVIII (1765-1810), México, UNAM, 1983, p. 144.        [ Links ]

44 Juan Carlos Korol y Enrique Tandeter, Historia económica de América Latina: problemas y procesos, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 33.        [ Links ]

45 Alatriste, Desarrollo, op. cit., p. 145; Hadley, Minería, op. cit., p. 25.

46 No vamos a discutir aquí las evidencias acerca de la responsabilidad de los apaches como protagonistas del estado de violencia, que es un problema mucho más complejo de lo se ha planteado hasta el momento. Para los fines del presente trabajo, lo importante es resaltar el contexto de inseguridad (en parte real, pero también exagerado, potencial y artificial) que formaba parte de la vida cotidiana de los habitantes de la región. Hemos tratado el tema en "Enemigos internos y súbditos desleales. La infidencia en Nueva Vizcaya en tiempos de los Borbones", en Anuario de Estudios Americanos, núm. 61/2, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, julio-diciembre de 2004, pp. 467-489.

47 Las exenciones impositivas a los insumos de la minería fueron establecidas por superior decreto en abril de 1781. "Testimonio de Pedro Antonio de Cosío del expediente en que Ramón de Posada y Soto, fiscal de la Dirección General de Alcabalas, declara exentos de alcabala a los utensilios y pertrechos que sirven al laborío de las minas y haciendas de beneficio", México, 28 de abril de 1781, Archivo Histórico del Palacio de Minería (en adelante AHPM), 10, d. 30.

48 "Solicitud de Pedro Gaztambide, diputado del Real de Mapimí, al Tribunal de Minería para que exente del pago de alcabalas al carbón y a la leña", Santiago de Mapimí, 19 de abril de 1782, AHPM, II, 12, d. 15.

49 "Extracto de los veintiocho expedientes sobre alcabalas en asuntos de minería", 1781, AHPM, 10, d. 2.

50 "Notificación del Tribunal de Minería el virrey Martín Mayorga acerca de la alcabala de los efectos de minería", México, 11 de febrero de 1783, AHPM, 13, d. 6; "Extracto de los treinta y dos expedientes reunidos por la libertad de alcabalas de los pertrechos y utensilios de minería que en testimonio fueron enviados a España en siete cuadernos", 1781, AHPM, 10, d. 3.

51 "Notificación del Tribunal de Minería el virrey Martín Mayorga acerca de la alcabala de los efectos de minería", México, 11 de febrero de 1783, AHPM, 13, d. 6.

52 "Expediente sobre que se exonere del tercio de reventa de alcabalas", AGNM, Alcabalas, vol. 257, exp. 3, f. 119. Los problemas que traía aparejados el cobro de las alcabalas en la segunda mitad del siglo XVIII aparecen sugeridos en los sucesivos bandos, decretos, reales órdenes y reales cédulas que establecían ajustes temporales o permanentes en su cobro. El real derecho de alcabala se había establecido en Nueva Vizcaya en 1726. Entre ese año y 1728 se cobró a razón de 2%. Desde mediados de 1745 hasta mediados de 1756 se cobró el 4%. Y desde esa fecha hasta mediados de 1757, el 3%. A partir del 15 de agosto de 1757 hasta diciembre de 1780 se volvió a la alcabala ordinaria de 2%, y desde 1781 se le aumentó una tercera parte por concepto de reventas, con motivo de la última guerra contra Inglaterra, sin que volviera a variar ("Informan al comercio y minería suban el cobro de alcabalas del 2% al 4%", 1746, AHACH, Hacienda, exp. 17, caja 14; "Es librado sobre la gracia que S.M. hace para que en este reino de la Vizcaya solo se cobre un 2% en su real derecho de alcabalas", 1757, AHACH, Hacienda, exp. 31, caja 30; "Expediente sobre que se exonere del tercio de reventa de alcabalas", AGNM, Alcabalas, vol. 257, exp. 3, f. 122. Estos porcentajes no coinciden con los que registran Garavaglia y Grosso, quienes aseguran que las receptorías de Nueva Vizcaya tuvieron porcentajes diferentes a los del resto de Nueva España: 1778-1780: 6%; 1781-1790: 8%; 1791-1810: 6% (Las alcabalas, op. cit., pp. 28-29).

53 "Expediente sobre que se exonere del tercio de reventa de alcabalas", AGNM, Alcabalas, vol. 257, exp. 3, f. 120.

54 "Certificación de don Luis Fernando de Oubel, administrador por su majestad de reales alcabalas en esta villa de San Felipe el Real de Chihuahua y partidos de su comprensión", 1789, Archivo Histórico del Estado de Durango (en adelante AHED), cajón 15, exp. 27.

55 "Gabriel Gutiérrez de Riva informa a los diputados sobre el problema para cobrar alcabalas por los continuos robos y muertes que padecen por los ataques de los indios", 1759, AHACH, Hacienda, exp. 6, caja 32. Un esquema similar ha sido planteado para el caso de Saltillo en el contexto de las reformas borbónicas. Un historiador expresa que aunque el cobro de 2% de alcabala en esa villa era mucho más bajo que el 6% que se cobraba en el resto del virreinato de Nueva España, los comerciantes se daban cuenta de la peligrosidad del antecedente. De hecho, este impuesto se elevó al 4% en 1777, al 6% en 1778 y en 8% en 1780 por la guerra contra Inglaterra. Saltillo se defendió de estos incrementos apelando a su posición geográfica en la frontera, argumentando que sus habitantes habían defendido la villa desde siempre. Los miembros del Cabildo también afirmaron que la pobreza que sufría la comunidad impedía que se pudieran afrontar los incrementos impositivos. Cuello encuentra que detrás de estas voces estaba el poderoso marqués de San Miguel de Aguayo. Entre 1790 y 1808 Saltillo estuvo libre de exacciones impositivas importantes (José Cuello, "El impacto económico de las reformas borbónicas y la crisis final del imperio colonial a nivel local: el caso de Saltillo, 1777-1817", en El norte, el noroeste y Saltillo en la historia colonial de México, México, Archivo Municipal de Saltillo, 1990, pp. 142, 145, 149-150 y 153).        [ Links ]

56 Los ejemplos son abundantes en ese sentido y fueron muchos y variados los casos en los que los habitantes del norte pedían exenciones impositivas apelando a las causas más diversas ("Testimonio de diligencias ejecutadas en virtud de despacho del exmo. sr. virrey por pedimento del vecindario de El Paso del Norte de eximirse de la contribución del derecho de alcabala", 1754, AHACH, Gobierno, exp. 1, caja. 27; "Los diputados Pedro Ramos de Verea y Alonso Morales piden al Tribunal de Minería la exención de alcabalas de maíces y harinas que introducen los labradores para alimento de cerdos y aves", 1793, AHACH, Gobierno, exp. 38, caja 43).

57 Así lo expresó en 1576 el fiscal de Guadalajara cuando le escribió al rey que la Audiencia tenía poca influencia en Zacatecas a causa de las largas distancias y de la inseguridad de los caminos y como consecuencia de esto, "a los oficiales de la justicia les cuesta mucho trabajo hacerse obedecer de las personas'poderosas en hacienda', es decir, de los 'hombres ricos', a quienes el capital hace poderosos. Estos eran, ante todo, los dueños de explotaciones mineras o 'haciendas de minas' que, en unos cuantos años, habían ganado verdaderas fortunas" (Francois Chevalier, La formación de los grandes latifundios en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 210).        [ Links ]

58 Chevalier, La formación, op. cit., p. 218.

59 Navarro García, Don José de Gálvez y la Comandancia, op. cit., p. 193; Chevalier, La formación, op.cit., p. 195.

60 Ibídem, p. 31.

61 María Vargas-Lobsinger, Formación y decadencia de una fortuna. Los mayorazgos de San Miguel de Aguayo y de San Pedro del Álamo, 1583-1823, México, UNAM, 1992, p. 150.        [ Links ]

62 María Lourdes Díaz Trechuelo, Rodríguez Baena y Pajarón Parodi, "Don Antonio María Bucareli y Ursúa", en Calderón Quijano, Los virreyes, op. cit., p. 451.

63 Vargas-Lobsinger, Formación y decadencia, op. cit., p. 146.

64 Oakah Jones, Nueva Vizcaya: Heartland of the Spanish Frontier, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1988, pp. 197 y 199.        [ Links ]

65 Ambos vivían en la ciudad de México y además de figurar entre los más importantes terratenientes del norte, ocupaban cargos prominentes. Por ejemplo, Lasaga era administrador general del Real Tribunal de Minería de Nueva España.

66 Este conflicto se suscitó en el marco de una serie de discusiones en torno a la exención del pago de alcabalas a los insumos de la minería del que Lasaga -en su carácter de miembro del Tribunal de Minería- debe haber estado enterado con lujo de detalles.

67 El marqués de San Miguel de Aguayo era propietario de las haciendas de Patos, Parras, Bonanza y Cuatro Ciénegas, y Juan Lucas de Lasaga era administrador general del Real Tribunal de Minería y propietario de la hacienda de San Lorenzo. Vargas-Lobsinger, Formación y decadencia, op. cit., p. 154.

68 "Representación de Lucas Lasaga y del Marqués de Croix al rey" y "Documentos que cita la Representación", 20 de febrero de 1782, AGI, Guadalajara, 519; "Extracto de Juan Lucas de Lasaga y del marqués de San Miguel de Aguayo", México D. F., febrero de 1782, AGI, Guadalajara, 519; Croix a Gálvez, marzo de 1783, AGI, Guadalajara, 519, número 892.

69 "Representación" y "Documentos", 20 de febrero de 1782, AGI, Guadalajara, 519; "Extracto", México, febrero de 1782, AGI, Guadalajara, 519; Croix a Gálvez, marzo de 1783, AGI, Guadalajara, 519, número 892.

70 "Carta al comandante general de las provincias internas Teodoro de Croix", 15 de octubre de 1783, AGI, Guadalajara, 519.

71 Vargas-Lobsinger, Formación y decadencia, op. cit., p. 146.

72 Un historiador ha llamado la atención sobre dos importantes aspectos: las situaciones locales y su influencia sobre tal implementación de políticas fronterizas por parte del gobierno central, y el papel de las poblaciones regionales y/o locales en la formulación de la política efectiva y en su aplicación. Propone que se debe superar el análisis de las políticas emanadas desde el centro del Estado borbónico que las entiende como un bloque, para comenzar a profundizar las diversas situaciones periféricas locales, las respuestas, resistencias y reacomodos que los grupos provinciales desarrollaron frente a la imposición de políticas desde el centro (David Weber, "Borbones y bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de España hacia los indígenas no sometidos", en Anuario IEHS, 13, Tandil, IEHS-UNCPBA, 1998, p. 148).        [ Links ]

73 Cramaussel, "La rebelión tepehuana", en: C. Cramaussel y Sara Ortelli (coord.), Asentamientos y movimientos de población en la sierra telehuana, Zamora, El Colegio M. Michoacán [en prensa].        [ Links ]

74 "Causa contra Francisco, Antonio y Juan, naturales del Tizonazo, por haberse alzado contra la real corona", 1652, Archivo Histórico de Parral (en adelante AHP), Criminal, f. 183.

75 Testimonio de Rivera, "Expediente de la visita de presidios hecha por el gobernador don Ignacio Francisco Barrutia", 22 de julio de 1728, AGNM-PI, vol. 154, exp. 3, f. 20.

76 "Sobre posesión a los indios de Humariza en Las Bocas", 1700, AHP, número 102.

77 Velarde Cosío era mercader y minero y había desempeñado el cargo de alcalde ordinario de Chihuahua.

78 A diferencia de otros pueblos y misiones, para la misión de Satevó se cuenta con un registro bastante completo que permite observar la evolución de la población a lo largo de, aproximadamente, un siglo. En 1720 había 300 familias, 150 en 1753 y 153 familias en 1760 (Gerhard, La frontera norte, op. cit., pp. 247 y 473).

79 "De los autos hechos a consulta de don José Velarde Cosío", 1746, AGI, Guadalajara 136, 6.

80 Testimonio de José de Berrotarán, "De los autos", 1746, AGI, Guadalajara 136, 6.

81 Los sisimbres (también mencionados como sisimbles, zizimbles, xiximbles, sensibles, sinsimbles, sisimbres, asisimbres, simbles, sinibles) eran, aparentemente, un grupo chiso, que fue reportado por primera vez en 1645 como una de las naciones aliadas en la rebelión de los conchos. En 1724 aparecen ubicados al sur de Junta de los Ríos (William Griffen, Indian Assimilation in the Franciscan area of Nueva Vizcaya, Tucson, University of Arizona Press, 1979, p. 35).        [ Links ]

82 Los cocoyomes son mencionados por Griffen como una subdivisión de los tobosos (Culture Change and Shifting Populations in Central Northern México, Tucson, University of Arizona Press, 1969).

83 Testimonio de Diego Mendía, "De los autos"; "Expediente instruido sobre la reforma de plazas en los presidios y suspensión de haberlo ejecutado el gobernador de la Vizcaya en los de Conchos y Mapimí", 10 de octubre de 1729, AGNM-PI, vol. 154, exp. 4.

84 Carta de José de Arespacochaga, "De los autos", AGI, Guadalajara 136, 6; "Inventario de los expedientes diarios de la Audiencia de Guadalajara", 1700-1778, AGI, Guadalajara 367, f. 114.

85 Orio y Zubiate a O´Connor, 1771, AGNM, Cédulas de Virreyes, 1ra. Serie, 5, núm. 193.

86 "Consulta a S. E. conde de Fuenclara sobre moderación de mandamientos", 1744, AGNM, Historia, vol. 20, exp. 5.

87 Representación de Domingo Díaz, "Dictamen del asesor de la Comandancia General", fs. 338v y 341v- 342. En el mismo documento, "Informe de Felipe de Neve a la Corona", 1783, f. 348.

88 "Informe del Comandante General Felipe de Neve a la Corona, 1783, en el "Dictamen del asesor de la Comandancia General", f. 348.

89 "Instrucción dirigida al teniente coronel Diego Borica", 1787, AGNM-PI, vol. 162, fs. 63-74; "Dictamen del asesor de la Comandancia General", f. 333.

90 "Dictamen del asesor de la Comandancia General", f. 333v.

91 "Diario del ayudante inspector Diego Borica", f. 126.

92 "Orden del gobernador Felipe Barri", 1777, AHP, 446-451 (citado por Cramaussel, "Encomiendas, repartimientos y conquista en Nueva Vizcaya", Actas del Primer Congreso de Historia Regional Comparada, Ciudad Juárez, 1989, p. 159).        [ Links ]

93 "Dictamen del asesor de la Comandancia General", fs. 332v y 337.

94 Cramaussel, "Encomiendas", en op. cit., p. 153.

95 Informe de Ignacio García de Herrera, "Dictamen del asesor de la Comandancia General", fs. 338v-339.

96 "Extracto de novedades ocurridas en la provincia de Nueva Vizcaya desde 18 de julio al 15 de septiembre, 1777, AGI Guadalajara, 516. Entre las minas que pertenecían a Mariñelarena se contaban Santísima Trinidad y otras bocas de mina ubicadas en Santa Eulalia ("Registro de minas", 1762, AHACH, Notaría, exp. 16, caja 44; "Denuncio de una boca de mina de Martín de Mariñelarena en Santa Eulalia", 1764, AHACH, Notaría, exp. 1, caja 46). También era propietario de la mina llamada Nuestra Señora del Rosario ("Demanda de inconformidad de Francisco del Valle", 1768, AHACH, Justicia, exp. 29, caja 112).

97 "Francisco Duro, dueño de crecida manada de mulas y caballos", 1776, AHACH, Civil, exp. 5, caja 8.

98 "Junta General de Minería y Comercio", 1762, AHACH, Guerra, caja 2, exp. 6; "Junta General de Minería y Comercio, sobre seguimiento de escolteros", diciembre de 1765, AHACH, Guerra, caja 2, exp. 12; "Juntas Generales de Minería y Comercio celebradas sobre arbitrio para la contención de las hostilidades con que insultan los indios bárbaros enemigos", 1767, AHACH, Guerra, caja 3, exp. 10.

99 Informe de Ignacio García de Herrera "Dictamen del asesor de la Comandancia General", f. 339.

100 "Custodia de presidios, compañías y escuadras de indios de dragones provinciales de El Príncipe", 1778, AHACH, Guerra, exp. 7, caja 4.

101 Carta de Felipe Neve, Arispe, 8 de marzo de 1784, AGI, Guadalajara, 519, n. 74.

102 "Donativos, Martín de Mariñelarena, mayordomo de la Archicofradía de la iglesia", 1773, AHACH, Hacienda, exp. 2, caja 45.

103 "Por acuerdo del señor gobernador se pone a trabajar al reo Francisco Javier Portillo por tiempo de dos años en la hacienda de Martín de Mariñelarena", 1775, AHACH, Justicia, exp. 7, caja 125.

104 "Representación de Urquidi y Mariñelarena", AGI, Guadalajara 344.

105 Allí se casó en 1762 con Bárbara de Jugo, hija del poderoso terrateniente Pedro Domingo de Jugo. En 1783 era alcalde mayor del Valle y dos años después, comandante de la tercera compañía del cuerpo de milicias de dragones provinciales de San Carlos (Urquidi, "Los Urquidi de Chihuahua, siglos XVII-XVIII", 1978, inédito, pp. 42, 59, 65 y 117. De la misma autora, "Una familia", p. 6).

106 Manuel de Urquidi era mayordomo de la archicofradía del santísimo sacramento de la villa de San Felipe el Real de Chihuahua, 1767, AGI, Guadalajara, Civil, 65-6-807.

107 Croix a Gálvez, Solicitud de real aprobación para el establecimiento de una casa obraje en la villa de Chihuahua, Arispe, 30 de octubre de 1781, AGI, Guadalajara 281 y Guadalajara 344, n. 687.

108 "Diligencias hechas por parte de los capitanes Martín de Mariñelarena y Manuel de Urquidi sobre la pretensión de obraje y la concesión que se les hizo por el señor comandante general", 1780, AHACH, Gobierno, exp. 1, caja 40; "Registro que hacen de tierras pertenecientes a este cabildo y sus ejidos los capitanes Manuel de Urquidi y Martín de Mariñelarena", 1780, AHACH, Notaría, exp. 4, caja 52 "Informe del Ayuntamiento de la villa de Chihuahua", AGI, Guadalajara 344.

109 "Diligencias seguidas en virtud de superior comisión", 1767, AHP, Criminal, fs. 8v-10.

110 Contaduría General de Indias, Audiencia de Guadalajara, Cuentas de Real Hacienda de Durango, 1767- 1774, Reintegro de fletes de reales azogues de Castilla, 1767, AGI, Guadalajara, 461.

111 "Carta de Neve", Arispe, 8 de marzo de 1784, AGI, Guadalajara 519, n. 74.

112 Francisco Javier del Campo al gobernador, "Diligencias actuadas sobre misiones de la custodia del Parral" (1777-1778), AGI, Guadalajara, 344.

113 El sínodo era en América el estipendio señalado a los misioneros por razón de su cargo (Espasa Calpe, Madrid, 1994, tomo 56, p. 652).

114 Testimonio de Fernández de la Cueva, "Diligencias actuadas" (1777-1778), AGI, Guadalajara, 344.

115 Testimonio de Antonio de la Cruz, "Diligencias actuadas" (1777-1778).

116 Varios testigos, "Diligencias actuadas" (1777-1778).

117 Varios testigos, "Diligencias actuadas" (1777-1778).

118 Cheryl Martin, Governance and Society in Colonial Mexico. Chihuahua in the Eighteenth Century, Stanford, Stanford University Press, 1996, pp. 34-35.        [ Links ]

119 "Mancera a Veragua", 22 de octubre de 1673, citado en Guillermo Porras Muñoz, La frontera con los indios de Nueva Vizcaya, México, Fomento Cultural Banamex, 1980, p. 91 (el resaltado es mío).        [ Links ]

120 El contexto de mediados de siglo es analizado en Sara Ortelli, "El fantasma de la guerra en el Septentrión novohispano: el informe de Berrotarán de 1748 y su trasfondo", en Anuario IEHS, 19, Tandil, IEHS-UNCPBA, 2004, pp. 471-496.        [ Links ]

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