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Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani

versión On-line ISSN 1850-2563

Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani  no.32 Buenos Aires ene./jun. 2010

 

ARTÍCULOS

Poder ejecutivo, militarización y organización del Estado Provincial. Tucumán en los inicios de la Confederación Rosista

Flavia Macías1

Resumen

Este trabajo analiza la configuración de dos actores que canalizaron la herencia militar revolucionaria y gravitaron en la organización de los estados provinciales: la milicia y el gobernador. El estudio se concentra en Tucumán en los inicios de la Confederación rosista, años en los que se consolidó el poder del primer mandatario cuya fuerte base militar se expresó en la organización, centralización y funcionamiento del ejército provincial y en el papel desarrollado por los comandantes departamentales.

Palabras claves: Milicia; Siglo XIX; Ejército; Política.

Abstract

This work analyses the militias and the governor role in the provincial state building in Tucumán, in the "Confederación rosista" years. It focuses on the relationship between local regiments, militia chiefs, local political life and executive power building.

Key words: Militia; 19th century; Army; Politics.

Introducción

Durante la década de 1820 la provincia se erigió en la unidad política de referencia que, desaparecido el gobierno central revolucionario, asumió la función de otorgar una nueva estructura institucional al fragmentado ex Virreinato del Río de la Plata. El proceso de organización de estas nuevas unidades políticas estuvo mediatizado por la puja entre proyectos unitarios y federales, así como por las rivalidades y divisiones de los grupos de la elite trasladadas ahora al ámbito provincial, donde compitieron por controlar los espacios de decisión y de organización del poder local.2

A este complejo escenario se sumaron nuevos actores que, devenidos de la revolución y de la guerra, pugnaron por insertarse en la naciente vida política local potenciando la inestabilidad y las constantes rivalidades: el ejército residual, las milicias y sus comandantes. El fracaso de los intentos constitucionales centralistas de 1819 y 1826 así como el definitivo desmantelamiento de la unitaria "Liga Militar del Interior" en 1832, inclinaron las reglas del juego en favor de la autonomía de las provincias. Bajo esa premisa se configuraron los llamados "estados provinciales", erigidos sobre la base de principios republicanos y de la división de poderes. Las referidas unidades políticas se articularon mediante una laxa –aunque duradera– unidad confederal, donde las relaciones exteriores fueron delegadas en el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.3

El presente trabajo se pregunta por la configuración de dos actores que canalizaron la herencia militar revolucionaria y gravitaron en la organización de los estados provinciales: la milicia y el gobernador.4 El estudio se concentra en Tucumán en los inicios de la Confederación rosista, años en los que se consolidó el poder del primer mandatario cuya fuerte base militar se expresó en la organización, centralización y funcionamiento del ejército provincial y en el papel desarrollado por los comandantes departamentales. En Tucumán, este proceso fue encabezado por Alejandro Heredia quien se desempeñó como gobernador entre 1832 y 1838. Mediante la guerra y los pactos interprovinciales, el mandatario proyectó su poder político y militar al norte e incorporó la variable regional como otra de las dimensiones constitutivas del poder del gobernador.

Centralización militar y consolidación del Poder Ejecutivo

Los notables contrastes entre la política de la década de 1820 y la desarrollada durante el período de Alejandro Heredia han sido resaltados por la tradicional historiografía provincial.5 Los mismos asocian la "estabilidad" política de los años posteriores a la asunción del mencionado mandatario a su discurso "republicano" y "cívico" así como a su capacidad por "conciliar facciones". Trabajos recientes se concentran en los años en los que el gobernador demostró particular respeto por la sala de representantes y su función deliberativa, así como por el regular desarrollo de los procesos electorales.6 En un afán por distanciar a Heredia del círculo de gobernadores adictos al rosismo y por atemperar las fuertes connotaciones militares asociadas a su poder, se ha puesto poca atención en prácticas e instituciones que, sin descartar sus "facetas republicanas", resaltan la íntima relación entre organización provincial, poder militar y consolidación del Ejecutivo provincial en Tucumán.

Alejandro Heredia asumió como gobernador en 1832, luego de la batalla de La Ciudadela. Esta última selló el triunfo militar y político de las fuerzas federales comandadas por Facundo Quiroga frente a las de la Liga Unitaria, lideradas en el norte por Gregorio Aráoz de Lamadrid y Javier López. Devenido de las filas del ejército revolucionario con el grado de coronel, Heredia participó de una de las facciones que apoyó a Güemes en Salta para obtener la gobernación. Ligado a los Cornejo, desarrolló en la mencionada provincia una importante ca rrera política y fue nombrado representante de la misma para el congreso de 1824.7 En la mencionada reunión manifestó su postura reticente respecto de la organización de un poder central considerando que aún no existía "una opinión afianzada y libre de los avatares políticos y de los caudillos."8 Así, trabó relaciones con las fracciones adversas al grupo rivadaviano, asociándose entre ellos a Manuel Dorrego. Como comisionado de Buenos Aires al Interior se le asignó la función de llevar y proyectar esta posición a las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta.

Desarticuladas las fuerzas unitarias en el norte en 1832, se redefinió el mapa político regional donde Salta quedó muy mal posicionada. Como consecuencia de su tenaz resistencia frente al ejército federal se destituyó a su gobernador propietario, el unitario Rudesindo Alvarado, reemplazándolo por el coronel Pedro de La Torre. A su vez, se le adjudicaron todas las indemnizaciones de guerra.9 Su endeudamiento, articulado con las amenazas de los emigrados refugiados en Bolivia exaltó el clima de sospecha y la política provincial se vio inmediatamente subsumida por la lucha facciosa. El poder militar de La Torre pudo contener estas situaciones sólo por unos años. La política y la economía tucumana y en especial el Ejecutivo provincial, mostraron un derrotero diferente. Inmediatamente terminado el conflicto bélico, Quiroga convocó en Tucumán a un "Cabildo Abierto" al "pueblo y la campaña para nombrar libre y espontáneamente al gobernador propietario y demás autoridades."10 Mediante la reunión de esta asamblea se inició la reconstrucción provincial y fueron elegidos en primera instancia el gobernador y los jueces. Heredia obtuvo una elección casi unánime con 186 votos de un total de 202. Luego se elaboró un acta firmada por todos los "ciudadanos asistentes" ante escribano público.11

Esta práctica del asambleísmo se remonta a la década de 1810 y fue analizada para el caso de Buenos Aires como un espacio de deliberación con fuerte participación autónoma de los sectores populares.12 Mucho más usuales que en la provincia tucumana, las asambleas convivieron en la Buenos Aires revolucionaria con los cabildos abiertos y luego con la junta de representantes, y constituyeron ámbitos de ejercicio directo y ampliado de la soberanía, inaugurándose la tensión entre asambleísmo y régimen representativo. En estas instancias, llamó la atención la participación de la "plebe urbana porteña" que ejercitó su derecho a la petición al pronunciarse sobre una multiplicidad de aspectos como la elección de diputados o el derrocamiento de los gobernadores, para modificar las decisiones capitulares o de la mencionada junta. La dirigencia porteña consideró a estas reuniones como fuente de disturbios e ingobernabilidad. Como consecuencia, se buscó reducirlas e impulsar la participación política a través del voto y de la delegación de la soberanía.

En Tucumán, estas prácticas asambleístas también datan de la década de 1810. Las mismas actuaron como instancias informales, plebiscitarias y preliminares reunidas para legitimar la investidura gubernamental. 13 Si bien pueden vincularse con la difuminada autoridad de los "vecinos" heredada de los desaparecidos cabildos abiertos, en este caso se trataba de ámbitos diferentes en lo relativo a los integrantes y a las modalidades de participación. En un principio en Tucumán, estas reuniones incluían a los habitantes de la campaña que no estaban representados en los ayuntamientos. A su vez, estas asambleas no se constituían como espacios de deliberación sino de proclamación de la "voluntad popular".14 Este tipo de prácticas se proyectó a la vida política provincial posrevolucionaria y convivió con el funcionamiento de la sala de representantes fundada en la provincia en 1823. La función de la sala –en tanto institución depositaria de la soberanía– era la de elegir legalmente al gobernador y estaba investida de facultades legislativas y constituyentes. La mencionada institución se configuró sobre la base de iniciativas devenidas de la incorporación del principio republicano de la división de poderes y conceptualmente se incorporó como depositaria de la soberanía provincial en tanto el "pueblo" estaba allí representado por sus diputados elegidos por elecciones directas. A su vez, estos diputados estaban despojados de las sujeciones que imponía el mandato imperativo. El desempeño de la sala se articuló con la práctica de comicios electorales casi regulares, situación que se reiteró en diferentes casos provinciales en períodos previos a la organización nacional.

A partir de su puesta en vigencia, fue la sala de representantes la que legitimó e institucionalizó las proclamaciones efectuadas eventualmente por asambleas, generalmente vinculadas con la elección del gobernador. Estas asambleas se repitieron como consecuencia de episodios bélicos o revoluciones que provocaron la destitución del gobierno vigente, la interrupción del funcionamiento de la sala y muchas veces el colapso de las instituciones provinciales. De esta manera, la asamblea asumía la función de proclamar la "voluntad del pueblo" mediante acta firmada por los vecinos asistentes donde se especificaba el nombre del futuro gobernador, quien luego de la guerra debía normalizar la provincia hasta tanto se reinstalara la sala. Una vez repuesta en sus funciones, era la institución legislativa la que debía realizar la elección gubernamental de rigor.

Como se señaló, Alejandro Heredia fue elegido gobernador de Tucumán en enero de 1832 mediante la referida práctica asambleísta, y el primer mandatario asumió el liderazgo de la reorganización provincial hasta tanto se reinstalara la sala, hecho que se sustanció recién en diciembre de 1833. Ya en funciones y ante la ausencia de la institución legislativa, Heredia implementó los decretos como vía legal para ordenar la provincia. El fuerte control de los comportamientos de los "habitantes" y de los emigrados, la redefinición de competencias judiciales, la consolidación del papel político-administrativo de los comandantes y la reorganización del ejército provincial fueron sus principales actos de gobierno durante los meses posteriores a la guerra.15

Los emigrados, así como los resabios unitarios en Tucumán y en el norte fueron el primer foco de desconfianza de Heredia. En consecuencia, la coacción y el control de la milicia mediante la remoción de comandantes y la colocación de individuos fieles a su persona y a su investidura fueron fundamentales.16 Más allá de la exaltación de los valores de la "república", la evocación del "abismo" y del "caos" asociados a la lucha entre facciones y a los emigrados fue la herramienta discursiva y simbólica utilizada por Heredia para lograr la adhesión y la "confianza" de los tucumanos:

Tucumanos, alerta, no es justo dormir en brazos de la indolencia cuando los demás pueblos se desvelan por sostener su honor y respeto. Sed centinelas y denunciad sin consideración a los que maquinan contra las demás de las repúblicas, especialmente las limítrofes con cuya tranquilidad está amalgamada la nuestra; entonces veréis que la benignidad del gobierno es sólo para los buenos y también sabe convertirse en inexorable justicia. Paisanos, escuchad mi voz que no es desconocida [...] comparad la pasada época con el presente [...] descansad en la buena fe con que ha jurado vuestra felicidad.17

En consecuencia, la oposición y por lo tato la lucha interfacciosa se entendieron como un delito, pero a su vez como un agravio de tipo moral frente a un gobierno que se arrogaba la reconstrucción de la "paz pública". En consonancia con estos principios, se prohibió la confección y utilización de armas sin permiso de policía bajo pena de cincuenta pesos o "50 azotes".18 A su vez, se controló la emisión de pasaportes autorizando sólo a los comandantes departamentales a realizar esta tarea.19 Asimismo, todo individuo que fuese descubierto en acciones conspirativas contra el gobierno sería expulsado de la provincia o condenado a doscientos azotes, así como aquellos que no tuvieran "aplicación honesta que les proporcionase un modo de vivir."20 Todos estos controles, más allá de la colaboración de alcaldes y policías, quedaban esencialmente en manos de los comandantes. Estas medidas se vigorizaron en 1833, cuando la pena de muerte se incorporó como castigo para los "perturbadores del orden":

Hay cientos de hombres de esta sociedad que […] sólo se ocupan de hacer robos y asesinatos [...] Para esta clase de hombres de nada sirven las luces e ilustración que han hecho con el estudio de la filosofía, de la moral y la política. Es preciso [...] reproducir [...] la dureza de las leyes publicadas en la época de la ferocidad. Sería por cierto ridículo tomar medidas de suavidad y dulzura con criminales incorregibles en quienes se ha borrado la idea de orden y respeto a la justicia.21

Así encabezó el gobernador Heredia el decreto que autorizaba el "fusilamiento por medio de proceso breve y sumario sin otro requisito que el de su confesión y la de dos o tres testigos" a "salteadores de caminos y saqueadores de casas", castigo que se extendió a conspiradores y revolucionarios. Esta medida provocó la huida de muchos opositores que aún estaban en Tucumán ya que dentro de los "vagos y mal entretenidos" estaban también los "traidores", asociándose la noción de oposición con la de "delito" y la de "traición". La violencia colaboró con el apaciguamiento e incluso con el aniquilamiento de voces discordantes y esto contribuyó con la construcción de una "única opinión" en torno al gobierno. A su vez, una evidente noción de delegación de hecho de la soberanía en el primer mandatario caracterizó los comportamientos políticos de los "habitantes" en beneficio de la "tranquilidad y la paz interna". Estas variables contribuyeron al robustecimiento del Poder Ejecutivo, que asumió el liderazgo del orden público asociado con una noción unánime de la vida política. Por el momento, esta noción de unanimidad se relaciona con la sofocación y hasta con el aniquilamiento de la oposición.

Como ya se refirió, más allá de la existencia de una exigua policía y de jueces, todos los controles y acciones antes señaladas quedaron casi en su totalidad en manos de los comandantes departamentales. En tanto militares adeptos, Alejandro Heredia los dotó de un variado número de atribuciones que les otorgó capacidad de acción y de resolución frente a diferentes situaciones "que hicieran peligrar el orden". Además de las detalladas en párrafos anteriores, los comandantes podían capturar desertores, levantar inventarios, ejecutar confiscaciones de bienes, levantar información sumaria y ejecutar penas dispuestas por los jueces o por ellos mismos. Todas estas atribuciones –a las que una vez reinstalada la sala se sumó la de conformar las mesas electorales– no estaban previstas por un reglamento sino que provenían de decretos del gobernador derivados de situaciones que así lo demandaban.22 Un ejemplo lo constituye la situación de peligro que visualizó Heredia en agosto de 1833, ante las amenazas de avance de los emigrados Ángel y Javier López desde Salta. Frente a esto, se prohibió a todos los "habitantes" trasladarse a la mencionada provincia con el castigo de la "expatriación perpetua", amenazando con penas de azotes o multas a aquellos que refugiaran o dieran armas, caballos o dinero a tucumanos "traidores". Se facultó a los comandantes de los departamentos limítrofes de Trancas (de donde eran oriundos los López) y de Burruyacu a juzgar militarmente al que resultare reo por traicionar las leyes de la provincia.23 Las funciones atribuidas a los comandantes permitieron al gobernador controlar las fronteras con otras provincias y el área rural:

Resta demostraros, Señor, los progresos de la provincia en el orden moral, político y militar. Las costumbres de las masas pervertidas en sumo grado por la perniciosa diferencia de los antiguos jefes que no tenían otro apoyo para sostenerse en el mando, hoy son, Señor, el modelo de la moderación y respeto a las autoridades constituidas. Toda la campaña que antes era el abrigo de vagos, mal entretenidos y donde frecuentemente se sufrían asaltos en los caminos hoy se halla tan serena y tranquila que el más indefenso puede cruzarla seguro.24

Tal como se demuestra en otros trabajos desarrollados para el caso tucumano, las funciones de los comandantes se superpusieron con la de jueces de campaña y policías en la configuración del orden provincial.25 Sin embargo, es notorio el protagonismo de estos jefes militares en este nuevo escenario político en construcción. El objetivo de Heredia de subordinar a un actor fuertemente faccioso, la milicia local, así como su necesidad de extender su poder e influencia hasta la frontera, posicionó a los comandantes departamentales en un lugar central, tanto en el proceso de organización provincial como en la configuración y afianzamiento del Poder Ejecutivo.26 Las acciones de los comandantes se coordinaron desde el Poder Ejecutivo, pero a su vez se desarrollaron en un marco institucional-militar que se organizó y centralizó en los años de Alejandro Heredia: el ejército provincial. Su configuración tuvo una triple función y un triple efecto: el control social, el control político y la proyección del poder del gobernador a la campaña.

Desde la década de 1820, la milicia provincial se componía de dos tipos de fuerzas: los cuerpos cívicos y los regimientos departamentales. Estos últimos estaban conformados por los "habitantes" del interior de la provincia y al mando de un comandante departamental. Eran cuerpos de existencia permanente organizados en cada distrito. Más allá de la fragmentada información para el período, puede estimarse una composición aproximada de doscientos a trescientos individuos por regimiento en cada año.27 Esta organización departamental y rural de la fuerza regular provincial fue heredada del período colonial y se conservó casi intacta hasta 1870. En 1778 se crearon en Tucumán cuatro Regimientos de Dragones; uno de la ciudad, uno de Marapa (Río Chico y parte de los distritos de Chicligasta y Los Juárez); uno de Monteros (partido del mismo nombre y parte de Chicligasta) y La Frontera (distritos de Trancas y Burruyacu).28 Cada regimiento estaba formado por doce compañías que sumaban 516 plazas, por lo tanto, servían un total de dos mil soldados que presentaban el 10% de la población.29

En primera medida, fueron las fuerzas rurales las que reorganizó Heredia en 1832. Esta tarea estuvo a cargo de uno de sus comandantes más fieles, José Martín Ferreira. Serían alistados jóvenes de dieciséis años hasta la edad de cincuenta, eligiendo "los más aptos y robustos". Quedaban exceptuados del enrolamiento los "capataces de hacienda", los "hijos únicos de madre viuda" y los que por "enfermedades habituales no tengan aptitudes para el servicio". A su vez, el decreto del nuevo enrolamiento afirmaba que "el que por intriga y de mala fe opusiese obstáculos a la ejecución del alistamiento, justificado sumariamente el crimen, será castigado severamente según las más o menos malicias que se le justifiquen."30 El aumento del número de departamentos de campaña y la organización de un regimiento por cada uno de ellos demuestra la importancia de esta organización administrativa-militar para controlar la provincia en su totalidad.31

A esta organización de los regimientos departamentales se agregó la de cuatro escuadrones (cuerpos de caballería) en la margen oriental del Río Salí, en los límites del Curato Rectoral, en los lugares de Gutiérrez, Cruz Alta, Aguirrez y Las Tablas.32 Cada escuadrón se componía de dos compañías de 62 individuos cada una y en general mantuvieron la organización de mandos de los ejércitos coloniales.33 Ya en funciones la sala, el 16 de diciembre de 1833 nombró a Heredia brigadier y capitán general de la provincia.34

La reorganización militar llegó al espacio urbano recién en 1836. A diferencia de los regimientos departamentales, la milicia "cívica" urbana tucumana se configuró como ámbito exclusivo de los "ciudadanos", concepto que en la primera mitad del siglo XIX presentó importantes vinculaciones con el de "vecino".35 Según el reglamento de organización de 1818 emitido por el cabildo tucumano y vigente por lo menos hasta la década constitucional, los cuerpos urbanos se conformaban por los "vecinos" de la ciudad capital que contaran con una finca o una propiedad de cuanto menos el valor de mil pesos, los "dueños de tienda abierta" o cualquiera que ejerza "oficio útil y lucrativo". Así, debían alistarse los considerados "ciudadanos" y electores por los estatutos de 1815 y 1817, y por la posterior ley electoral provincial de 1826, vigente sin modificaciones hasta 1856. Por lo tanto, todo hombre libre nacido o residente, con oficio útil y lucrativo o propiedad conocida, que no se hubiese naturalizado en país extranjero, que no poseyera pena infamante ni fuera doméstico o asalariado, era considerado ciudadano y en virtud de dicha condición integraba los batallones cívicos. Con sus emblemáticos uniformes y armas y organizados según criterios socioprofesionales, estos cuerpos se constituyeron en espacios distinguidos y paradigmáticos de la milicia urbana provincial, donde los "ciudadanos" cumplían con su "deber patriótico".

Más allá de esta temprana asociación entre "ciudadanía" y "servicio de armas", la fuerte reticencia de muchos vecinos tucumanos a ejercer sus tareas militares36 implicó la constante reactualización de sistemas de excepciones en la milicia cívica que tenían como consecuencia el alejamiento de muchos de ellos (por lo general los más ricos o los imposibilitados físicamente) del servicio militar. El pago de personeros fue la vía utilizada para resolver su reemplazo. Más allá del régimen de excepciones que circunscribía al pequeño y mediano comerciante o propietario al servicio, la pertenencia a la milicia cívica era considerada como "distinción" que otorgaba "honor" y como un acto de "patriotismo" de los "ciudadanos". Esta concepción de "ciudadanía armada" en el ámbito urbano no incluía a los "dependientes", es decir a los asalariados o jornaleros que debían alistarse en otras fuerzas del ejército provincial, así como tampoco a aquellos que vivieran fuera del radio urbano. La "exclusividad" de estos cuerpos fluctuó según las necesidades de la guerra y de la facción en el poder. En tiempos del gobierno de Javier López (1829) o de la Colación del Norte (1839-1841), el enrolamiento en la milicia cívica se amplió por ley a todos los "habitantes" de la ciudad.37 Si bien en los años de la guerra de independencia se buscó que mantuvieran cierto rasgo exclusivo como ocurrió en la época colonial, las necesidades en el campo de batalla, la propia movilidad y flexibilidad del concepto de vecino así como su asociación al emergente proceso de construcción ciudadana dio lugar a que se incorporase a estos "distinguidos" batallones a "aprendices de artesano" y a "trabajadores de taller".38

Durante el período de Alejandro Heredia, los cuerpos "decentes" urbanos siguieron mostrándose como ejemplo y estímulo del perfil "cívico y patriótico" que debían asumir los soldados de la provincia. Esta milicia cívica estaba constituida por dos cuerpos: uno de infantería ("Cazadores de la Guardia Provincial"), compuesto sólo por comerciantes y todo "joven decente" de la ciudad que haya cumplido los quince años; y otro de caballería ("Volantes de San Miguel"), integrado sólo por hacendados o hijos de éstos desde la edad de quince años hasta los sesenta.39 Si bien el joven de quince años no votaba, sí podía pertenecer a estos espacios de acción "ciudadana" iniciando ya desde temprana edad su acercamiento y asimilación de los comportamientos cívicos. Estas connotaciones vinculaban la noción de ciudadano con el enrolamiento militar a través de la milicia cívica. El acontecimiento que articuló de forma directa la "ciudadanía política" con el servicio de armas fue el debate desarrollado en torno a la constitución de 1835, que nunca llegó a ponerse en vigencia dada la guerra con Salta, que implicó la suspensión por un largo período de las actividades de la sala. Si bien en los debates en torno a la constitución se había decidido restringir el voto a "criados a sueldo", "peón jornalero", "simple soldado de línea" o persona "notoriamente vaga", se explicitó y aprobó que la prohibición de votar no debía extenderse a todas las clases de tropa, es decir a sargentos, cabos y soldados. De todas maneras, esta ampliación de la "ciudadanía política" a través del rango militar nunca llegó a hacerse efectiva manteniéndose los principios de la ley electoral de 1826.

Avanzada la centralización del ejército y el control de las fuerzas de campaña, Heredia reinstaló la sala de representantes en diciembre de 1833. Luego de casi dos años de gobierno con exclusivo liderazgo del Ejecutivo, esta decisión constituyó un importante paso en la organización del estado provincial, en el afianzamiento del principio republicano de la división de poderes y en la consolidación del sufragio como fuente de legalidad y fundamento del sistema representativo. Su reinstalación demuestra que no existían dudas en torno al papel de la institución legislativa como único cuerpo habilitado para elegir al gobernador.

¿Cómo se incorporó la legislatura en un contexto en el que la violencia, la unanimidad, la fuerte presencia del Ejecutivo y del ejército provincial caracterizaban la dinámica de la política local y el funcionamiento de las instituciones? La sala de representantes terminó por eclipsarse frente a un Poder Ejecutivo que centralizó el manejo de la política provincial mediante el otorgamiento por parte de la legislatura de "facultades extraordinarias" y más tarde de la "suma del poder público".40 Sin embargo, este no ocurrió de inmediato. Los dos primeros años de actividad de la sala se caracterizaron por el desarrollo de acalorados debates sobre todo en torno a cuestiones impositivas. A su vez, en el año 1835 la sala inició un proyecto constitucional provincial que se vio interrumpido por la declaración de la guerra a Salta y la situación de emergencia en la que se vio sumida la provincia y que llevó al otorgamiento de facultades extraordinarias al gobernador. Por otra parte, la sala no fue un reducto meramente "federal". La misma albergó fracciones residuales del unitarismo tucumano41 en un momento en el que, luego de dos años de gestión exclusiva del Ejecutivo, se consideraban controladas las personalidades más representativas y violentas de aquella facción, muchas de ellas exiliadas de la provincia. Al respecto, Heredia afirmaba: "El gobierno no conocerá más enemigos que los vagabundos y ociosos, los demás ciudadanos, cualesquiera que hayan sido sus opiniones políticas, descansarán al abrigo de las leyes y a la sombra de las garantías que ofrece la vida civil [...] Si algún desnaturalizado atentase contra la seguridad de la provincia y turbase el reposo de los ciudadanos el gobierno será inexorable con el castigo que prescribe la Ley."42 Esta posición de tolerancia frente a las filiaciones pasadas, mediante expresa declaración de lealtad al actual gobernador, se formuló discursivamente a través del principio de "fusión de los partidos". Abogados de raigambre unitaria como Pedro Garmendia, Ángel López (sobrino de Javier López e hijo de Manuel López) y Juan Pablo Figueroa, se beneficiaron de la política implementada por Heredia luego de la reinstalación de la sala, desempeñándose como diputados y jueces de la provincia.

Probablemente, esta era una estrategia de Heredia para mantener controlada y subordinada cualquier expresión unitaria en la provincia, desvaneciendo los vínculos de los tucumanos con los emigrados dispersos en el norte, luego de 1832. Por su parte, los unitarios que permanecieron en Tucumán vieron aquí la posibilidad de mantener sus vínculos con la vida política provincial, ciertas influencias en el diseño impositivo y hasta la factible emergencia de un debate constitucional a nivel local. Sucesos como los de junio de 1834, así como la reactivación de la amenaza de los emigrados desde Salta en 1835 encubiertos por el gobernador de esa provincia, tensaron las relaciones entre Heredia y las fracciones residuales unitarias en la provincia, redundando esta situación en el definitivo control y subordinación de la sala a fines de ese año.

Las expresiones divergentes, el control de la sala y la configuración regional del poder

Los sucesos de 1834 tienen su origen en un debate impositivo que se dio en el marco de la sala en junio de ese año. Como consecuencia de la guerra, los ingresos públicos posteriores a 1832 habían mostrado una notable disminución, ya que los principales ingresos del erario provincial provenían de la aduana local y de las actividades mercantiles. Por otro lado, actividades tradicionales como la ganadería se hallaban también en crítica situación y la falta de circulante obstaculizaba la reactivación de la economía. Para remontar las actividades productivas y comerciales, Heredia se propuso desarrollar una política de protección frente a las mismas, manteniendo las miras sobre el mercado altoperuano que cobraba altos impuestos a las importaciones argentinas (y era a su vez proveedor del metálico con el que el norte acostumbraba a manejarse). Por el momento, importantes comerciantes tucumanos estaban complacidos ante la decisión de Heredia de no recargar a este grupo con las consecuencias del conflicto bélico entre la Liga Unitaria y el ejército federal y con el proceso de reconstrucción provincial y de reorganización militar posterior.43 Si bien los empréstitos siempre fueron una de las vías privilegiada para reconstruir la provincia luego de la guerra, en los primeros años del gobierno de Heredia no constituyeron una erogación central con objetivos fiscales.44

Sin embargo, los cambios en la política impositiva impulsados por el Ejecutivo a mediados de 1834 generaron fuertes disputas dentro de la sala, así como el endurecimiento de la posición del Ejecutivo frente a la institución deliberativa y sus integrantes. Los problemas con los grupos comerciantes, y especialmente con aquel sector mercantil vinculado al comercio atlántico, se desarrollaron una vez que Heredia intentó poner en marcha una sólida política impositiva para garantizar desde allí la promoción del cultivo de la caña y la ganadería, especialmente el procreo de mulas vinculado al negocio del transporte.45 Su objetivo esencial era iniciar la definitiva reactivación de la economía tucumana definiendo su orientación hacia el tradicional circuito altoperuano mediante la imposición de los productos tucumanos y la monopolización del transporte en la región. El azúcar que se consumía en Tucumán provenía aún de La Habana y Brasil vía Buenos Aires, con lo cual los sectores de troperos y tenderos vinculados a su importación se verían fuertemente afectados frente al mencionado proyecto. De hecho, una de las medidas que terminó de dividir al gremio de comerciantes fue un decreto del gobernador que protegía la elaboración de azúcar tucumana al gravar con un impuesto extra a la producida afuera. Esto, sumado a los gravámenes impuestos para las harinas "extranjeras", generó una fuerte discusión en la sala que fraccionó a los representantes. Si bien la comisión de hacienda designada para tratar el tema y constituida por los unitarios Ángel López, Pedro Garmendia y Juan Pablo Figueroa se expidió en contra del proyecto del gobernador, Heredia presionó a la sala y logró su aprobación por mayoría.

Todo esto generó una fuerte reacción por parte de los grupos económicos afectados en coordinación con los diputados de la sala de opositores al proyecto de Heredia. Estos últimos, además de rechazar el proyecto impositivo del gobernador, repudiaron el comportamiento del mandatario frente a la resolución de la comisión y a la institución legislativa. Dado que consideraban que se trataba de un acto de avasallamiento institucional, Ángel López instó a los afectados a levantarse en armas contra al gobernador, reactualizándose una práctica que había acompañado casi permanentemente al desarrollo de la política provincial durante la década de 1820: los pronunciamientos militares. Este tipo de prácticas se inauguraron en Tucumán en 1819 con el derrocamiento del último gobernador designado por el Directorio. Los pronunciamientos combinaban la acción de comandantes, regimientos y vecinos que se enfrentaban a la persona del gobernador o a las decisiones tomadas por él o la sala. Para lograr el éxito del levantamiento se ponía en movimiento una importante red de vinculaciones cívicomilitares, que muchas veces excedía el radio urbano. Así, se articulaba la participación de jefes militares, hacendados y comerciantes junto a sus milicianos, peones y empleados.

La contribución con armas y dinero era otra de las funciones atribuidas a los líderes revolucionarios tanto militares como civiles. Este tipo de prácticas evidenciaba una milicia provincial fuertemente articulada a la vida política. A través de los pronunciamientos, se expresaba disenso o se generaban presiones respecto de las decisiones gubernamentales, si bien había consciencia de que era la sala de representantes la que debía institucionalizar las proclamaciones emanadas por el "pueblo en armas". De esta manera, luego de la acción militar se organizaba una asamblea en general compuesta por un grupo de vecinos y jefes militares que tenía la función de labrar un acta con la proclamación popular y elevarla a la legislatura, sometiéndose la deliberación de la sala a la "opinión armada".46

En Tucumán, los pronunciamientos se mostraron en general como espacios amplios de participación directa. Allí se integraban tanto los "exclusivos cuerpos cívicos" como los regimientos departamentales.47 La amplia participación de milicianos permitió el contacto directo de los "habitantes" en general, con la vida política provincial y con los discursos que exaltaban los comportamientos "patrióticos y republicanos".48 En términos generales, este tipo de alzamientos cívico-militares se legitimaba dada la existencia de un gobierno "despótico", situación que justificaba el levantamiento del "pueblo" en defensa de la república y de la "libertad". Más adelante, estos conceptos fueron retomados por la constitución de 1853 y por la Guardia Nacional, y se articularon con la noción de "ciudadano-armado" asociado al "deber-derecho" de tomar las armas en caso de peligrar las instituciones republicanas y la propia constitución.49

Algunos trabajos dedicados al estudio de este tipo de prácticas en otros espacios iberoamericanos como México, Perú y América Central demuestran que los pronunciamientos gozaban de una plataforma de demandas y propuestas institucionales que en muchos casos ponían en cuestión la organización política vigente, desmoronando incluso la propia constitución. Allí se evocaba el tradicional y "sagrado derecho de insurrección de los pueblos frente a gobiernos despóticos."50 En Tucumán, los estudios desarrollados para la convulsionada década de 1820 demuestran que este tipo de prácticas estaban sometidas a la influencia de la lógica facciosa, donde el objetivo era tan sólo el cambio del grupo en el poder.51 Más allá de esto, y tal como analizaremos a continuación, el levantamiento de 1834 liderado por Ángel López y Pedro Garmendia (ambos diputados) reactualizaba los conflictos entre "unitarios" y "federales" cruzados por problemas de índole local e impositiva que, además de manifestar posiciones divergentes en torno al "librecambio" o "proteccionismo", demostraban el desacuerdo de algunos grupos en relación con el proyecto de Heredia de reactivar la ruta altoperuana, y a los comportamientos del gobernador frente a la legislatura y sus atribuciones. Los revolucionarios reunieron militares retirados y marginados de la órbita de Heredia, entre ellos Gerónimo Helguera (ayudante de Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta), el coronel José Ignacio Murga y el comandante de boltígeros José Manuel Medina. Estuvieron acompañados por tradicionales militares de la familia López, entre ellos José Álvarez, José Francisco López y Manuel López.52 A su vez, se rodearon de propietarios y comerciantes con representación política en la sala, como Calixto Pérez y Felipe Posse, así como de pequeños abastecedores que reclamaban injustas recargas a los derechos que pagaban en el ramo del abasto. La apelación a una importante red de vinculaciones que incluía amistades, parientes, dependientes y milicianos implicó entonces la reunión de vecinos, comandantes urbanos, viejos militares de la independencia y de raigambre unitaria, con sus aportes de hombres (peones y milicianos) dinero y armas. Ángel López recurrió también a comandantes de campaña en actividad, pero su respuesta fue fuertemente esquiva reivindicándose la lealtad a Heredia. A pesar de ello, lograron reunir unos doscientos hombres. Los testimonios mencionan además a "peones de Catamarca, cívicos, carniceros, gente de la banda y la falda."53

Dado el clima de inestabilidad consecuente de la pasada guerra y la difundida asociación entre la figura de Heredia y la consagración de un "orden", Gerónimo Helguera sugería a los revolucionarios que "importa dar confianza respecto del día siguiente de la revolución e importa también la participación de muchas gentes […] importa decidir a los temerosos del fracaso o de un desorden más peligroso que la tiranía."54 Los organizadores de la revolución buscaban diferenciar sus objetivos de una instancia de desorden que revivía la lucha facciosa de la década de 1820. Por lo tanto, sus inspiradores buscaron dejar claro entre sus adeptos que no se buscaba el colapso institucional sino la destitución de un gobernador asociado con la "tiranía".

Más allá de la movilización y de sus fundamentos, el pronunciamiento fracasó. Evidentemente, el control de Heredia respecto de la fuerza militar provincial y la lealtad mantenida por los comandantes departamentales y por la mayor parte de los diputados contribuyeron en ese sentido. La historiografía también ha adjudicado su fracaso a la "filtración" de información y al "rumor" que funcionó como estrategia de acumulación de adeptos y a su vez como vía de obstrucción del éxito revolucionario. Un testigo expresaba que hacía dos meses que la "gente de cocina" comentaba la futura revolución. A su vez, "Justo Luna contó a Rosendo Monasterio una tarde en que buscaba una vaca extraviada en las lejanías de Zárate, que habría revolución; la versión llegó al juez del lugar y la tiranía que tiene cien oídos lo supo al instante."55 Evidentemente, las lealtades configuradas en torno al primer mandatario y su fuerte presencia en la campaña a través de los comandantes departamentales garantizaron a Heredia su control político en la provincia. A su vez, permitieron sofocar el recurso revolucionarios para impugnar al gobernador.

Dado el fracaso del levantamiento y en concordancia con los decretos firmados con anterioridad a la reinstalación de la sala, el gobernador ordenó a un funcionario militar, el sargento mayor Juan Antonio Yolis, levantar sumario a los comprometidos con la revolución.56 Frente a la persecución y captura Calixto Pérez, José Ignacio Murga, Gerónimo Helguera, Felipe Posse y José Manuel Medina, los principales líderes revolucionarios Ángel López y Pedro Garmendia huyeron a refugiarse en Salta. Luego, el mismo sargento mayor ordenó: "Por la patria debo condenar a que sufran la pena de muerte Don Gerónimo Helguera, los Jefes José Álvarez, José Francisco López, Manuel López, José Ignacio Murga, Felipe Posse, José Manuel Medina […] en cuanto a Ángel López que se ha fugado, el fiscal es de parecer que igualmente sea pasado por las armas."57

Posteriormente, los condenados a muerte fueron indultados y la pena capital fue intercambiada por el exilio a Santiago del Estero y a Chile. Dada la situación de peligro, Garmendia optó por reinsertarse paulatinamente en la vida política provincial, reincorporándose en primera medida en los cuerpos militares menos atendidos por el gobernador: la milicia cívica.58 Así, mantuvo por largo tiempo sus actividades comerciales y mediante la realización de silenciosos trabajos logró reincorporarse a la legislatura en 1838. Inmediatamente después de ocurrido el frustrado levantamiento, Ángel López se reunió con su tío Javier López y siguieron conspirando desde Salta y Bolivia. La presencia de los emigrados en provincias vecinas contribuyó progresivamente a generar un clima de sospecha y desconfianza mutua entre los gobiernos del norte que implicó alianzas gubernamentales fluctuantes que Heredia buscó estabilizar a su favor, proyectándose el conflicto provincial al ámbito regional. Este clima fraccionó por momentos al "federalismo" norteño e incluso permitió el regreso de unitarios a la arena política bajo la protección de Heredia. Los dos intentos revolucionarios liderados desde Salta por los López y apoyados por el gobernador de esa provincia, así como la llegada de Quiroga a Tucumán y el proceso mediante el cual Jujuy se constituyó en una provincia independiente, componen en un valioso ejemplo.

Como consecuencia de las desinteligencias ocurridas entre el gobernador salteño y Heredia, La Torre dio asilo a los emigrados tucumanos. Los López aprovecharon esta situación y se asociaron con el gobernador de la vecina provincia en una segunda revolución contra Heredia. El comportamiento de La Torre llevó al mandatario tucumano a tomar represalias económicas contra Salta, instaurando por voto de la legislatura un "derecho de tránsito" al comercio proveniente de allí. A su vez, Heredia declaró la guerra a Salta. Dado que se tambaleaba la tranquilidad lograda en el norte el gobernador interino de Buenos Aires Manuel Vicente de Maza envió en misión diplomática a Facundo Quiroga. Sin embargo, a su llegada Quiroga se encontró con un panorama regional diferente donde la guerra entre Salta y Tucumán ya había sido declarada. El conflicto se agravó por las vinculaciones que Heredia generó con los revolucionarios secesionistas jujeños en contra del gobernador La Torre. Jujuy, que hasta el momento había permanecido bajo jurisdicción salteña, había aprovechado la endeble situación político-financiera de la Provincia de Salta y los alicientes emitidos por Heredia para separarse de ella. El "pueblo jujeño" justificó esta decisión no sólo en su "soberanía" sino también en el terrible peso económico que soportaba la provincia en relación con la reactivación económica salteña y el pago de sus deudas de guerra.59 El 18 de noviembre de 1834 el teniente gobernador coronel jujeño José María Fascio convocó a una asamblea a la que acudieron jefes y comandantes militares, el cuerpo municipal y los "ciudadanos del pueblo todo". Mediante sufragio "unánime" se decidió que "el pueblo jujeño había reasumido todos sus derechos para discutir, resolver y decidir su suerte […] protestando la mejor armonía y amistosas relaciones con las demás provincias argentinas".60 En consecuencia, la asamblea eligió mediante voto directo al gobernador provisorio, cargo que recayó en el mismo Fascio hasta que se instituyera la sala de representantes en Jujuy.

La Torre no reconoció este pronunciamiento ni la independencia de Jujuy, desatándose la guerra entre esta última y Salta. Más allá de la filiación unitaria de Fascio y de muchos de los emigrados que con la fundación de la nueva provincia estaban regresando a Jujuy, Heredia incitó y apoyó mediante tropas comandadas por su hermano Felipe Heredia, la guerra de la escindida provincia contra Salta. El éxito de esta campaña terminó de consolidarse con el asesinato de La Torre. Esta situación dejó acéfala a la Provincia de Salta que mediante "asamblea popular" (por estar suspendidas las actividades de la legislatura) eligió como gobernador provisorio a José Antonio Fernández Cornejo (pariente de Heredia). Tanto en el caso jujeño como en el de Salta la extracción política del elenco que se perfilaba en ambos gobiernos era de gran influencia unitaria, lo que las colocaba en una situación desfavorable frente a la Confederación. Esto fue aprovechado por Heredia, quien por el momento decidió apoyar a ambos (a pesar de lo firmado en el pacto del 2 de diciembre de 1831 donde se especificaba la necesidad de demostrar posición "federal" para detentar cargo político), ganándose así la adhesión de las escindidas provincias frente al peligro de las represalias que podían devenir desde Buenos Aires.61

El conflicto con Salta fue aprovechado tanto por unitarios emigrados de la referida provincia y de Jujuy como por Heredia. Para los primeros significó el regreso a la política de las provincias del norte con la protección del mandatario tucumano, proyectándose a nivel regional la fórmula fusionista y tolerante que hasta hacía poco había imperado en la legislatura. Para Heredia, era la posibilidad de mantener controladas a aquellas provincias del norte que hasta el momento se habían erigido en asiento y resguardo de los emigrados unitarios tucumanos, preferentemente aquellos vinculados a los López y a Rudesindo Alvarado. De esta manera, los beneficios que implicaba la proyección de las influencias políticas del gobernador a otras provincias definieron a la variable regional como otro de los pilares sobre el que se edificó el poder del gobernador. A su vez, esta nueva situación de Heredia permitía visualizar un escenario más claro sobre el cual asentar su proyecto de reactivación de la ruta altoperuano así como un liderazgo político por sobre el de los poderosos gobernadores de Santiago del Estero y La Rioja.

Frustrada la antes referida misión diplomática de Quiroga, éste aprovechó la situación para manifestar a Heredia sus planes para organizar el país. Sobre la base de estas sugerencias y dada la filiación de las recientemente reinsertadas fracciones del unitarismo, se firmó en el norte el Pacto del 6 de febrero de 1835. Participaron del mismo los gobernadores de Tucumán y Santiago del Estero y los ministros representantes de Salta y de Jujuy.62 El pacto manifestó una nueva situación para las provincias del norte, donde se reivindicaban particularidades económicas y nuevas posiciones políticas frente a la organización "regular" de las provincias. Se descartaba el expediente bélico como forma de resolver discrepancias y se libraba a Salta del pago de contribuciones de guerra. Además se facultaba a Alejandro Heredia para dirigirse a las demás provincias de la Confederación, invitándolas a adherir al pacto "si lo consideraban de interés nacional". Diputados como Marcos Paz, Salustiano Zavalía, Marco Avellaneda y Brígido Silva integraron la comisión redactora del proyecto constitucional provincial, acorde con el pacto recientemente firmado. Los objetivos del pacto, el origen de varios de los representantes firmantes, los recientes hechos salteños y jujeños y la política regional y estratégicamente tolerante de Heredia irritaron al gobierno de Buenos Aires. Desde allí se consideró que el tratado firmado en el norte se superponía al del 4 de enero de 1831, y lo transgredía en tanto este último prohibía a las provincias signatarias celebrar pactos individualmente sin previo consentimiento de todas ellas. Aunque Heredia había violado en otras oportunidades este principio, en este caso los intereses bonaerenses se veían ampliamente comprometidos, sobre todo en lo referente al mantenimiento de la unidad confederal liderada desde Buenos Aires así como en relación con la declaración de una constitución. De hecho, en la misión encomendada a Quiroga por Maza se le aconsejó recordar a las provincias que "mientras cada Estado no se arregle interiormente y no dé bajo orden estable y permanente pruebas prácticas y positivas de su aptitud para formar federación con los demás […] el presente es en vano para clamar por el Congreso y por constitución bajo el sistema federal".63

A esto se sumó la posición de Maza manifestada en una carta a Quiroga, frente a los gobiernos provisorios jujeño y salteño luego de la desaparición del federal La Torre:

Ni Fascio, ni Quintana (gobernadores provisorios de Jujuy), ni Cornejo, ni Moldes (gobernadores de provisorios de Salta) son federales, por lo tanto no pueden generar confianza, mucho menos los salteños después de conocer lo que piensa la facción que se ha apoderado de dicho gobierno si no se realiza la organización nacional de la república de cuya organización ya se deja ver qué puede esperarse desde que ella es invocada por los unitarios y por el crimen a que parecen siempre dispuestos.64

Reintegrado Rosas al gobierno de Buenos Aires, se mostró irritado por los comportamientos de Heredia. Según el mandatario bonaerense, el principio de "unanimidad" debía imperar tanto en la sala como en la región, y en este sentido no sólo debía seguir aplazándose la declaración de una constitución, sino que además había que aniquilar definitivamente a todo actor que se erigiera en potencial opositor. Por lo tanto, Rosas desaprobó tanto el posible dictado de una constitución como el principio de "fusión partidaria" impulsado por Heredia para conformar la legislatura, y proyectar su poder al norte una vez afianzada su posición en la provincia, luego de casi dos años de gobierno sin presencia de la sala (de enero de 1832 a diciembre de 1833). Estos contrastes en las vías y herramientas utilizadas por Heredia para unificar posiciones en torno a su persona y a su magistratura dejaban entrever los objetivos del mandatario tendientes a configurar un juego político propio, tanto en la provincia como en la región, más allá del referente "federal" impulsado desde Buenos Aires y materializado en la figura de Rosas.

Sin embargo, el gobernador tucumano era consciente del necesario respaldo de Rosas para mantener la posición política lograda en la región así como para afianzar sus objetivos altoperuanos. En consecuencia, Heredia buscó reivindicar sus relaciones con el mandatario bonaerense. Es por esto que presionó y logró el recambio de los gobernadores provisionales Cornejo y Fascio por su hermano Felipe Heredia y por Pablo Alemán. Los nuevos gobernadores de Salta y Jujuy, respectivamente, garantizaron la adhesión de ambas provincias a Heredia y a la "causa federal" así como el beneplácito de Rosas, manteniéndose el control de la política de aquellas provincias por el mandatario tucumano. Para demostrar su cercanía a Rosas, Heredia sofocó una nueva intentona conspirativa de los emigrados refugiados ahora en Bolivia y liderados nuevamente por Javier y Ángel López, y ante sus constantes amenazas hizo más rígida su posición ejecutando al segundo el 24 de enero de 1836.

Su poder sobre las provincias vecinas se consolidó de tal manera que intervino incluso en el nombramiento de sus comandantes. Dado un nuevo levantamiento liderado por Javier López en coordinación con comandantes catamarqueños de Antofagasta, Santa María, Belén y Tinogasta, Heredia nombró jefes militares de su confianza en los mencionados departamentos. El reticente consentimiento del gobernador de Catamarca José Cubas no echó atrás al gobernador tucumano, quien a estas alturas ya manifestaba un comportamiento político más cercano a las demandas de Rosas. De hecho, había depuesto a los gobiernos de signo unitario de Salta y Jujuy, había ejecutado a uno de los líderes emigrados, Ángel López y había aniquilado los focos revolucionarios catamarqueños. Luego de firmar un convenio de protección y amistad con la vecina provincia y contando con el beneplácito de Rosas, se institucionalizó su "Protectorado" sobre Catamarca, Salta y Jujuy: "Este gobierno ha acogido con el mayor interés la justa demostración de gratitud que han acordado las Honorables Legislaturas de Salta y de Jujuy por el bien general de la tierra Argentina y en obsequio al Exmo. Brigadier Don Alejandro Heredia, a mérito de sus importantes servicios y de sus sacrificios que acaba de prestarle por el reestablecimiento de la paz y orden interior de que en la actualidad gozan ambas provincias."65 Mediante la figura del "Protectorado", Heredia pudo inmiscuirse aun más en los asuntos de política interna de cada provincia, proponiendo a los comandantes de las regiones limítrofes con Tucumán y con el resto de la región.66 Las adhesiones de Santiago del Estero y de La Rioja resultaron más costosas, ya que ambas estaban encabezadas por fuertes gobernadores (Juan Felipe Ibarra y Tomás Brizuela respectivamente) con objetivos similares a los de Heredia.

En relación con la legislatura, su posición también terminó por acercarse a la de Rosas. Los comportamientos deliberativos y las acciones impulsadas para la elaboración de un proyecto constitucional en 1835 fueron definitivamente frustrados.67 Heredia presionó para que renunciaran aquellos diputados afines a la fracción unitaria proclive a los López, permitiendo la permanencia de otros que de manera explícita renovaron su lealtad al gobernador.68 A su vez, mediante el control de las elecciones logró colocar en la sala a comandantes adeptos. Por otra parte, las "facultades extraordinarias" que fueron otorgadas excepcionalmente por la legislatura durante la guerra con Salta se incorporaron de forma perpetua a las atribuciones del gobernador, renovándose las mismas con cada mandato.

La violencia, los comandantes y el ejército fueron herramientas que gravitaron en la organización provincial y especialmente en la configuración y proyección del poder del gobernador, y esto puede observarse también en el gasto militar de estos años. Más allá de dedicarse buena parte del presupuesto provincial al área educativa y cultural, como ya lo demostraron otros estudios,69 el permanente y sostenido gasto militar llegó a ocupar hasta el 60% del gasto provincial total. Si bien los porcentajes no alcanzan a aquellos que en tiempos de fuertes conflictos se observan en Buenos Aires o Córdoba (más del 70% entre 1847 y 1851)70 o en la misma provincia de Tucumán en tiempos de la Coalición del Norte (1840-1841), llama la atención la permanencia de estos gastos y el contraste de los mismos con las sumas destinadas a este rubro durante los años de gobierno del mandatario tucumano filorosista Celedonio Gutiérrez (1842-1853):

Los gastos militares efectuados entre 1832 y 1838 oscilan entre el 41 y el 60% del gasto provincial total. Esto sólo fue superado en los años de la Coalición del Norte (1840-1841). Luego, ya durante el gobierno de Gutiérrez, si bien el Ejército mantuvo su centralidad en lo relativo a la administración provincial y al poder del gobernador, su movilización disminuyó y recién volvió a participar de coyunturas bélicas de importancia en el año 1852, en la batalla desarrollada contra Crisóstomo Álvarez. Esto evidencia el destacado comportamiento belicista del estado provincial, especialmente del gobernador, en los años de Alejandro Heredia. Él mismo utilizó de manera casi constante el recurso de las armas para enfrentar y frenar los avances y reacciones de emigrados y opositores, tanto dentro como fuera de la provincia, y como medio para concretar proyectos como el de la reactivación de la ruta altoperuana (1837). A su vez, ese tipo de gastos fue fundamentalmente soportado y centralizado por el erario provincial, recurriéndose a empréstitos sólo en casos excepcionales.71

En el marco de un panorama provincial y regional controlado y a su vez, con el apoyo de Rosas, Heredia se concentró en su siguiente objetivo: la reactivación de la ruta altoperuana. El medio para lograrlo fue la guerra. La historiografía ha estudiado el desarrollo de la guerra con Bolivia, de las relaciones entre Heredia y Rosas en ese contexto y las consecuencias del conflicto bélico en el norte.72 Estos trabajos coinciden en señalar que Heredia buscó que la guerra fuera declarada por la Confederación a Santa Cruz, ya que esto implicaba la colaboración de todas las provincias confederadas, especialmente de Buenos Aires. El fundamento que sostuvo la declaración de la guerra fue el asilo dado por Santa Cruz a los emigrados y la política proteccionista implementada por Bolivia a partir del año 1833.73 De esta manera, la guerra internacional y la movilización del Ejército se mostraban como otra vía de proyección y consolidación del poder del gobernador.

Más allá del fuerte compromiso de Heredia con el proyecto altoperuano, Rosas se mostró reticente a declarar la guerra a Bolivia de inmediato. Los focos unitarios concentrados en Uruguay captaron la atención del encargado de las relaciones internacionales de la Confederación. A su vez, especulaba con el desenlace de los conflictos entre Bolivia y Chile por el Puerto de Arica y el avance de la Confederación Peruano-Boliviana. Paralelamente, Rosas consideraba que las principales provincias que debían sostener el conflicto eran las limítrofes con el vecino país, esto es Salta y Jujuy. Heredia, luego de sus insistentes gestiones, logró que recién en febrero de 1837 Rosas cortara formalmente relaciones con Bolivia para "seguridad y defensa de la república".74 El 19 de mayo la guerra fue declarada y Heredia nombrado por Rosas como "General en Jefe del Ejército Argentino de Operaciones contra el tirano Santa Cruz". Heredia movilizó un ejército de cinco mil soldados sostenido de forma casi exclusiva por habitantes de Jujuy, Salta y Tucumán, donde la caballería desempeñó un papel protagónico.75 Los auxilios de Buenos Aires y del resto de las provincias, incluso de La Rioja, Santiago y Catamarca, se retardaron o fueron reticentes. Esta situación evidenció los límites del compromiso de Rosas con la guerra y de las influencias de Heredia en los gobiernos de la región, sobre todo en aquellos que estaban fuera de la órbita de su protectorado. Estos gobiernos veían en el conflicto armado un gran desgaste económico y humano para sus provincias y la posibilidad de consagración de los intereses del propio Heredia, más allá de los beneficios a nivel regional.76

El apoyo a Heredia siguió resquebrajándose en el norte, dados los conflictos internos que nuevamente se desarrollaron en Catamarca y las constantes conspiraciones y "rumores" utilizados tanto por los emigrados como por los mismos gobernadores norteños para generar desconfianza en el gobernador tucumano. Estas prácticas comenzaron a debilitar no sólo al frente "federal" del norte sino también y especialmente a Heredia. El conflicto entre el gobernador de Catamarca José Cubas y los comandantes y hermanos Balboa, así como la intervención en este problema por parte del gobernador de La Rioja Tomás Brizuela, dan cuenta de esta situación. Juan Darío Balboa, fuerte comandante de Catamarca y enemigo del mandatario de esa provincia, acusó a José Cubas de tener vinculaciones con el anterior levantamiento localizado en Belén y encabezado por los emigrados. Heredia tomó medidas al respecto y dada su figura de "Protector" anexó los departamentos de Tinogasta, Belén y Santa María a Tucumán para "garantizar su control".77 Esto implicó que los frutos industriales y demás efectos de comercio de esos departamentos pasaran a ser considerados originarios de Tucumán, hasta que terminase la guerra contra Bolivia. Así quedó derogado el decreto que había impuesto el "pecho de 12 reales por carga de harina que se introdujese en esta plaza proveniente de dichos pueblos, quedando únicamente sujetos al pago de derechos ordinarios."78 Si bien esta situación promovió la adhesión de los vecinos de los mencionados distritos, Cubas no la aceptó.79 Tomás Brizuela también se incomodó con las acciones de Heredia ya que tenía en la mira las regiones en conflicto. En consecuencia, tomó al departamento catamarqueño de Pomán y lo anexó a La Rioja, esgrimiendo los mismos argumentos que Heredia. El gobernador tucumano, quien a su vez buscaba sacar provecho de la situación sumando los regimientos de Balboa al "Ejército Confederado" contra Santa Cruz, se disgustó con el comportamiento de Brizuela y pidió a Rosas su intervención, quien lo hizo a favor de Heredia dada su figura de "Protector".

El resultado de la situación descripta fue el resquebrajamiento de las vinculaciones entre Heredia, Brizuela y Cubas, y las tensiones que con posterioridad caracterizaron las relaciones entre Brizuela y Rosas. En el caso de Ibarra (gobernador de Santiago del Estero), la supremacía del "Protector", su política estratégicamente tolerante con fracciones unitarias y su política comercial regional resultaban particularmente molestas. Todo esto redundó en la falta de apoyo de las provincias a la guerra contra Bolivia y por lo tanto en el resquebrajamiento de uno de los pilares del poder de Heredia: la vinculación regional.

La historiografía demuestra de qué manera las deserciones, el espionaje, las conspiraciones, el comercio clandestino y la reticente ayuda de las provincias confederadas a la guerra operaron contra la solidez y fuerza moral del Ejército en campaña.80 Heredia buscaba que Rosas apurara la participación de los gobiernos confederados en el conflicto bélico. El mismo sólo se preocupó por asegurarse que el norte mantuviera una firme línea defensiva mantenida esencialmente por Jujuy, Salta y Tucumán, que no permitiera la llegada a territorio argentino de las fuerzas de Santa Cruz. El líder boliviano buscó desembarazarse del problema y el 18 de abril de 1838 decretó "terminada la campaña sur". El puerto de Arica, así como el mantenimiento de la Confederación Peruano-Boliviana, tenían ocupada toda su atención.

En septiembre de 1838 regresó Heredia a Tucumán para reorganizar la campaña. Sin embargo, los recelos y la intriga sembrada por lo gobernadores y por los propios emigrados, profundizó las tensiones entre los mandatarios norteños. Eso mismo llevó a que Rosas dejara de lado la reactivación del frente contra Santa Cruz, quedando por demás evidenciado que el proyecto altoperuano era sólo de Heredia.

Frente al mencionado panorama, el tucumano buscó garantizar su posición en la provincia reivindicando los vínculos con sus comandantes y con la sala de representantes. El 3 de noviembre de 1838, en el marco de una sala con importante representación unitaria, Alejandro Heredia fue reelegido gobernador provincial por unanimidad de sufragios. El mantenimiento de la estabilidad institucional fue prioritario tanto para Heredia como para las fracciones unitarias con representación en la legislatura. Sin embargo, la ausencia del gobernador propietario habría permitido a los diputados unitarios recomponer vínculos en el norte, aprovechar la erosionada posición del gobernador y el ejército en campaña para liderar de esa manera un pacífico tránsito hacia una política de raigambre diferente. A su vez, la impopularidad de la guerra y el resquebrajamiento de los vínculos del gobernador con Catamarca, La Rioja y Santiago, habrían permitido a estos representantes proyectar su red de relaciones políticas a la región, más allá de la persistente fidelidad de varios comandantes de la campaña tucumana.

Días después de su reelección como gobernador en Tucumán, Alejandro Heredia fue asesinado. Sus asesinos fueron un grupo de militares bajo las órdenes del comandante Gabino Robles, quien se había alejado ya hacía tiempo de la órbita de Heredia. Si bien la noticia de su muerte fue conducida con rapidez a la ciudad y se generaron de forma paralela revueltas de grupos unitarios en Salta y en la propia ciudad de San Miguel de Tucumán, la situación buscó ser controlada por los diputados privilegiando la estabilidad de las instituciones de la provincia. De hecho, la legislatura eligió de inmediato al sucesor, Juan Bautista Bergeire, quien sofocó las posibles revueltas mediante la acción de comandantes del interior fieles a Heredia. A los tres días Bergeire renunció, en el marco de las tensiones desarrolladas y manifestadas por Ibarra, quien no estaba dispuesto a soportar en el norte otro liderazgo similar al de Heredia.81 Ibarra desconoció al primer mandatario tucumano y los gobernadores de Catamarca y La Rioja lo siguieron en esta decisión. Dadas las circunstancias en la región, la sala tucumana actuó con rapidez, el 15 de noviembre eligió como interino a José María Valladares y el 20 al antiguo diputado unitario Bernabé Piedrabuena. Este gobernador, dadas su filiaciones y antecedentes no fue reconocido ni por Ibarra ni por Rosas.

Desaparecido Heredia, el sistema vincular desarrollado en el norte profundizó su crisis. Las revueltas en Salta amenazaron a su primer mandatario Felipe Heredia, quien con una milicia debilitada por la guerra contra Bolivia entregó el mando a la legislatura que eligió como gobernador a Manuel Solá. A su vez, Felipe Heredia fue relevado por Rosas de su cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército Confederado por pedido de él mismo, y puso en su lugar a José Manuel Pereda. En Jujuy el destino del gobernador Alemán fue similar. Sin embargo, éste fue obligado a renunciar por una asonada originada en Palpalá que lo tomó prisionero. Luego se reunió una asamblea en la sala capitular que legitimó el movimiento militar y proclamó gobernador a Manuel Rosa de la Quintana. La asamblea reconoció a Rosas como jefe de las relaciones internacionales de la Confederación. Luego, la junta general de representantes reinstalada eligió como gobernador propietario a José Mariano Iturbe.

Más allá de haberse desarticulado el sistema configurado por Heredia en el norte, la situación con Bolivia no había llegado aún a su fin. Faltaba resolver la reactivación del comercio y las tratativas diplomáticas para recuperar algunos territorios limítrofes e incluso anexar otros. José Cubas, Tomás Brizuela (quienes ya habían tomado posiciones distantes con Rosas) y especialmente el gobernador de la diezmada Provincia de Salta, Manuel Solá, manifestaron disgusto respecto del comportamiento de Rosas como delegado de las relaciones exteriores. Consideraban aberrante el desinterés del mandatario porteño, quien sólo se ocupó de reactivar los vínculos comerciales dejando para otro momento la cuestión territorial. La resolución de esta última revestía vital importancia para la reconstrucción de las principales provincias afectadas: Salta y Jujuy.

En este contexto, resurgieron con fuerza y con un evidente respaldo institucional los grupos unitarios tucumanos. Controladas las instituciones provinciales, el gobernador tucumano Bernabé Piedrabuena, en coordinación con los diputados, encabezó una coalición unitaria contra Rosas sostenida en la causa de la "organización constitucional de la república" y en la de su "libertad". Según Juan B. Terán, "esa política fusionista de partidos como la llamaba Rosas, es sin duda lo que permitió que al día siguiente de la muerte se operara una revolución pacífica que llevó al gobierno y a la dirección política del norte al partido unitario."82 A partir de aquí y hasta la asunción de Celedonio Gutiérez (1842-1853) se inició en Tucumán un corto interregno en el que la sala reivindicó su posición en relación con el Poder Ejecutivo y la milicia cívica adquirió un fuerte protagonismo en el desarrollo de la política provincial, en relación con el poder del gobernador y en la guerra contra Rosas, anunciándose algunos de lo lineamientos de la política posterior a Caseros.

Conclusión

En la primera mitad del siglo XIX, ejércitos y milicias contribuyeron en la conformación de nuevas facciones y de una nueva dirigencia en el norte argentino que articuló poder político y poder militar. La militarización de la vida política se proyectó con fuerza al proceso de configuración del estado provincial, asumiendo un papel central la guerra, el ejército provincial, los comandantes y el gobernador. El control de la faccionalizada milicia local se erigió en uno de los ejes centrales del proceso de construcción de un esquema de poder que estaba destinado a garantizar la consolidación de un "orden" político provincial concebido en términos republicanos.

Los años de Alejandro Heredia fueron en Tucumán los de la consolidación del Poder Ejecutivo, y esto tuvo un vínculo directo con la reorganización y centralización del ejército provincial y la militarización de la administración. En ese marco, el comandante departamental cumplió un rol central, ya que garantizó el control político-militar del primer mandatario en cada departamento de campaña. El recambio de los comandantes por individuos adeptos fue la primera estrategia implementada por Heredia para garantizar su lealtad. Luego puso en sus manos un instrumento primordial, el enrolamiento militar, a lo que agregó atribuciones judiciales y electorales. Los regimientos de milicias se organizaron por departamento (cuyo número se agregó en estos años), y el funcionamiento de estos cuerpos fue de tipo regular, comprometiéndose a todos los "habitantes" al servicio de armas. A pesar de su servicio auxiliar, las milicias cívicas urbanas se reorganizaron e integraron al ejército provincial representando el distinguido y patriótico servicio militar de los "ciudadanos" de la provincia.

Avanzada la centralización militar, la sala de representantes se reinstaló. La misma era la depositaria de la soberanía y la electora del gobernador, erigiéndose así en la expresión más acaba del paradigma republicano en la provincia. Sus prácticas deliberativas articuladas con una llamativa participación de diputados unitarios, e incluso un fallido intento constitucional con aval del Poder Ejecutivo provincial, caracterizaron sus primeros años de actividad. Sin embargo, los sucesos de 1834, las constantes presiones de los emigrados, la desaprobación de Rosas respecto de las prácticas tolerantes y fusionistas de Heredia, así como la guerra con Salta en 1835, terminaron por impulsar la subordinación de la sala al imperativo del Poder Ejecutivo y el endurecimiento de la política tolerante del primer mandatario. Esto se materializó en el asesinato de Ángel López, en el recambio de los gobernadores filounitarios de las provincias de Salta y Jujuy por individuos adeptos al federalismo y en el otorgamiento perpetuo de "facultades extraordinarias" al gobernador desde fines de 1835.

El liderazgo regional fue otro de los aspectos íntimamente asociado a la construcción del poder del gobernador. La fuerte militarización de la política, el problema del emigrado y la propia dinámica de las relaciones confederales erigieron a la guerra en una vía privilegiada para lograr el control de la región y la adhesión de los gobiernos provinciales, más allá de sus filiaciones ideológicas y políticas. Mediante la guerra y la constante movilización del ejército y a través del diseño de un estratégico equilibrio de fuerzas consolidado sobre la base de un complejo sistema de compromisos y dependencias en torno a su persona y a su poder, Alejandro Heredia reprodujo su liderazgo a nivel regional. Como contrapartida, el clima de sospecha, las presiones de Rosas y la volatilidad de los vínculos político-militares alteraron la continuidad de ese complejo e inestable sistema de poder supraprovincial. Por último, la guerra contra Bolivia desbarató la centralización provincial materializada en el control de las instituciones políticas y militares y desgastó el sistema de lealtades consolidado a nivel regional.

Más allá del juego político propio diseñado por Alejandro Heredia, los años de su gobierno sentaron las bases sobre las que se edificó y consolidó el poder del gobernador. En ese esquema de poder, la subordinación del ejército provincial y de la sala de representantes se constituyó en un requerimiento central para garantizar la proyección y afianzamiento del primer mandatario en su puesto. También emergió en estos años la variable regional como sistema referencial ineludible tanto para el desarrollo de la política provincial como para la construcción del poder del gobernador. De hecho, se constituyó en una de sus dimensiones centrales. Más allá de haber recibido su primer embate en los años de la "Coalición del Norte" (1839-1841), este diseño político- militar se trasladó y afirmó en los años de gobierno de Celedonio Gutiérrez (1842-1853).

Notas

1 Investigadora Asistente, Instituto Superior de Estudios Sociales, CONICET, Universidad Nacional de Tucumán.

2 La raíz de la dicotomía entre unidad y federación, destinada a trascender el ámbito discursivo y plasmarse en los conflictos que agitaron la vida política rioplatense del período, abreva en la contrapuesta concepción de la soberanía que entraña una u otra forma de organizar una comunidad política. La forma de unidad reconocía la preponderancia de Buenos Aires sobre el resto de los pueblos rioplatenses, en razón de haber sido la "antigua capital del reino" y cabeza de la revolución; la confederal o federal que colocaba en pie de igualdad a todas las ciudades en tanto sujetos de unos mismos derechos soberanos. Nora Souto, "Unidad/Federación", en Noemí Goldman (editora), Lenguaje y Revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, pp. 175-176.         [ Links ]

3 El Pacto federal de 1831 se mostraba como el fundamento contractual de la llamada Confederación hasta el Acuerdo de San Nicolás de 1852, con miras a la organización nacional que se plasmaría luego en la Constitución de 1853. En el Artículo I, las provincias signatarias expresaban su voluntad de paz, unión y amistad, reconociendo recíprocamente su libertad e independencia, representación y derechos. Por otra parte el pacto abría la posibilidad de un mayor avance en el terreno de la unificación al prever la reunión de un Congreso General Federativo que debería consultar la seguridad y engrandecimiento general de la república, su crédito interior y exterior y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias. El pacto concebía una alianza entendida como provisoria (aunque duraría veinte años), y reconocía la libertad e independencia de cada una de las provincias signatarias. A su vez delegaba en una "Comisión Representativa" la concertación de la paz y de la guerra y la organización de la fuerza militar necesaria en caso de guerra. En este sentido, se planteaba entre las provincias una clara relación en pie de igualdad donde cada una conservaba casi totalmente sus atribuciones militares (derecho a poseer ejércitos y declarar la guerra interna) así como sus prerrogativas políticas y económicas. Tanto el objetivo de convocar a un Congreso como la proyección de la Comisión Representativa fueron frenados por las presiones del gobernador de Buenos Aires. José Carlos Chiaramonte, "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX", en Marcello Carmagnani (comp.), Federalismo latinoamericanos: México Brasil y Argentina, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 91-93.         [ Links ]

4 La figura del gobernador, heredada del "gobernador intendente" del período colonial donde sólo gozaba de atribuciones administrativas, constituyó el Poder Ejecutivo Provincial. Durante la década de 1810, fue elegido por el gobierno central. Disuelto el Directorio, fueron dos las instituciones habilitadas para elegir al Poder Ejecutivo: el "Cabildo Abierto" o la "Junta de Representantes" fundada en 1821. Organizada la Sala de Representantes en 1823, fue esta institución la que de ahora en más eligió al gobernador. Véase Gabriela Tío Vallejo, Antiguo Régimen y Liberalismo, 1770-1830, Tucumán, Cuadernos de Humanitas, Universidad Nacional de Tucumán, 2000.         [ Links ]

5 Entre 1821 y 1832 se sucedieron en Tucumán veinticuatro gobernadores. La mitad fueron generales que tomaron el poder con ayuda de las armas y cuatro de ellos asumieron el gobierno sin apelar a ningún respaldo legal del cabildo o la sala de representantes una vez instalada. Ninguno de estos gobernadores llegó a completar su mandato de dos años; el que más se acercó duró un año y nueve meses. Manuel Lizondo Borda, Historia de Tucumán, Siglo XIX, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1948.         [ Links ] Véase también Carlos Páez de la Torre (h), Historia de Tucumán, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1987,         [ Links ] entre otros.

6 Véase, por ejemplo, Georgina Abbate, Unanimismo y cultura política. Tucumán en tiempos de Alejandro Heredia (1832-1838), Tucumán, Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán., 2004.         [ Links ]

7 Heredia se vinculó a esta encumbrada familia salteña de azucareros y comerciantes al contraer matrimonio con Juana Josefa Cornejo y Medeiros.

8 Norma Pavoni, El Noroeste Argentino en la época de Alejandro Heredia, Vol I, Tucumán, Fundación Banco Comercial del Norte, 1981, p. 26.         [ Links ]

9 Si bien milicias del resto de las provincias del norte apoyaron a las fuerzas unitarias, la prolongada resistencia de los salteños frente a las fuerzas federales hizo que las demás provincias les atribuyeran la responsabilidad de sus terribles pérdidas económicas y humanas. En ese sentido, Salta debió pagar a La Rioja 50.000 pesos en metálico, 14.500 cabezas de ganado, 2.000 caballos y 800 bueyes. A su vez, San Juan y Mendoza, provincias de la órbita de influencia de Quiroga, también salieron beneficiadas ya que se les otorgó la introducción libre de frutos en la provincia salteña sin pago de derecho alguno por ocho años. Esto repercutió muy bien en las economías de las provincias cuyanas por encontrarse en decadencia las exportaciones de caldos a Buenos Aires. Norma Pavoni, El Noroeste Argentino en la época de Alejandro Heredia…

10 Archivo Histórico de Tucumán, Sección Administrativa, Volumen 49, Foja 157 (en adelante AHT, SA, Vol., F.).

11 AHT, SA, Vol. 49, f. 55, 56 y 157. Entre los ciudadanos firmantes fueron importantes comerciantes de la ciudad que habían desarrollado vínculos con el comercio Atlántico, entre ellos Pedro Garmendia (carretero, pulpero, tendero y poseedor de destilería), Juan Francisco Ledesma (tendero), Santiago Maciel (pulpero), Bernardino Cainzo (tendero), Manuel de Lacoa (pulpero y tendero). (La información sobre las características socioprofesionales de estos individuos y aquella utilizada en referencias posteriores de este trabajo fue cedida gentilmente por María Paula Parolo).

12 Marcela Ternavasio, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002;         [ Links ] Gabriel Di Meglio, "Los miembros de la plebe urbana porteña y los conflictos de 1820", en Hilda Sábato y Alberto Lettieri (comps.) La política en la Argentina del siglo XIX, armas, votos y voces, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 173-189.         [ Links ]

13 Es el caso de la asamblea de 1815, que con motivo de la elección de Bernabé Aráoz como gobernador fue reunida por el mandatario electo para respaldar su investidura, a causa de sus conflictos con el Cabildo. A esta asamblea asistieron aproximadamente cuatro mil personas entre las que se encontraban jueces, vecinos, clérigos, comandantes, soldados. Véase Gabriela Tío Vallejo, Antiguo Régimen y Liberalismo…

14 María Celia Bravo, "La configuración del poder en la provincia de Tucumán: entre el asambleísmo y la institucionalización, 1810-1860", en Marta Bonaudo, Andrea Reguera y Blanca Zeberio (coords.), Las escalas de la historia comparada. Dinámicas sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos, Vol. 1, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2008, pp. 125-143.         [ Links ]

15 En la documentación consultada se suele utilizar la denominación de "habitante" para definir al individuo que "habita" o está domiciliado en el territorio de la provincia, y que por lo tanto está afectado al servicio militar en la milicia, destacándose una íntima relación entre domicilio y servicio de armas. Sin embargo, esta categoría no refiere específicamente a ningún tipo de derecho político o estatus social.

16 Se denominan emigrados a los exiliados de la provincia por cuestiones políticas, tanto a provincias vecinas como a regiones ubicadas fuera del radio confederal. Entre los emigrados de origen tucumano, se encontraban miembros de la familia López, grupo de raigambre unitaria y sólida tradición política y militar durante la década de 1820 en Tucumán. Luego de la desarticulación de la Liga Unitaria buscaron reinsertarse en la política tucumana mediante la legislatura provincial, una declarada lealtad al nuevo gobernador y mediante conspiraciones como las que analizaremos más adelante.

17 Tucumán, 20 de abril de 1832. AHT, SA, Vol. 39, F. 299.

18 Tucumán, 5 de noviembre de 1832. AHT, SA, Vol. 40, F. 398.

19 Tucumán, 12 de julio de 1832. AHT, SA, Vol. 39, F. 410.

20 Tucumán, 27 de noviembre de 1832. AHT, SA, Vol. 40, F. 489.

21 Tucumán, 6 de marzo de 1833. AHT, SA, Vol. 41, F. 413.

22 Durante el gobierno de Celedonio Gutiérrez (1842-1853) se afianzarán estas funciones y otras, como proponer al gobernador vecinos "capaces y leales" para cargos civiles, seleccionar los soldados para la Escolta del Gobernador, remitir ganado, armas y dinero para el sustento de tropas, entre otras. Véase Paula Parolo, "Entre jueces y comandantes. Formas de autoridad en la campaña tucumana a mediados del siglo XIX", Red Columnaria-Nodo Río de la Plata, Workshop, Rosario, 2009.         [ Links ]

23 Tucumán, 21 de agosto de 1833. AHT, SA, Vol. 41, F. 420 y 421. Véase mapa en Anexo 1.

24 Manuel Lizondo Borda, Documentos Argentinos, Gobierno de Alejandro Heredia, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1939, p. 113.

25 Paula Parolo, "Entre jueces y comandantes…".

26 Luego de los importantes cambios que evidenció la historiografía latinoamericana en torno a los estudios sobre el caudillismo (véase Noemí Goldman y Ricardo Salvatore [comps.], Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, Eudeba, 1998) recientes investigaciones desarrolladas para diferentes casos provinciales rioplatenses centran su atenció         [ Links ]n de manera específica en la construcción de un vínculo "recíproco" entre el gobernador y los comandantes de campaña en tiempos de la Confederación rosista. Estos trabajos destacan, además del otorgamiento de cargos y funciones públicas y militares, la importancia de las elecciones, del negocio de la tierra y del ganado en la configuración y afianzamiento de estas relaciones. Véase por ejemplo, Roberto Schmit, Ruina y resurrección en tiempos de guerra. Sociedad, economía y poder en el oriente entrerriano postrevolucionario, 1810-1852, Buenos Aires, Prometeo, 2004;         [ Links ] Pablo Buchbinder, Caudillos de pluma y hombres de acción. Estado y política en Corrientes en tiempos de la organización nacional, Buenos Aires, Prometeo-UNGS, 2004;         [ Links ] Sol Lanteri, Un vecindario federal. La construcción del orden rosista en la frontera sur de Buenos Aires. Un estudio de caso (Azul y Tapalqué), Tandil, IEHS-UNCPBA, 2008;         [ Links ] Raúl Fradkin y Jorge Gelman (coord.), "La construcción del orden rosista. Entre la coerción y el consenso" (dossier), Revista Prohistoria, num. 12, Rosario, 2009;         [ Links ] Jorge Gelman, Rosas bajo fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros, Buenos Aires, Sudamericana, 2009.         [ Links ]

27 AHT, SA, Revista de la Guardia Nacional, 7 Tomos, (1816-1880).

28 Véase mapa de Anexo 1.

29 Gabriela Tío Vallejo, Antiguo Régimen y Liberalismo…, pp. 96-97.

30 Tucumán, 5 de febrero de 1832. AHT, SA, Vol. 41, F. 62

31 Hasta 1832 la provincia estuvo dividida en seis partidos. A partir de 1832 pasaron a denominarse departamentos y se constituyeron nueve: el Curato Rectoral (Capital); Monteros, Río Chico, Graneros, Trancas, Burruyacu, Chicligasta, Leales (antes Los Juárez) y Graneros. Carlos Páez de la Torre (h), Geografía de Tucumán, Tucumán, Pimeld Ediciones, 1983, pp. 20-26. Véase mapa adjunto.

32 Tucumán, 5 de febrero de 1832. AHT, SA, Vol. 41, F. 62.

33 Véase Anexo 2.

34 Sesión del 16 de diciembre de 1833, citado en Manuel Lizondo Borda, Documentos Argentinos. Gobierno de Alejandro Heredia…, p. 23.

35 La noción de ciudadanía expresada en la documentación provincial posterior a la independencia incluye dimensiones "territoriales", "sociales" y "políticas" y se observan articulaciones entre el concepto de ciudadanía y el de vecino. Según el estatuto de 1815 era ciudadano todo hombre libre nacido o residente en el territorio del Estado, mayor de veinticinco años o antes si fuese emancipado, que no haya sido naturalizado en país extranjero y no posea empleos, pensiones o distinciones de nobleza de nación extranjera, pena infamante ni deudas, que tenga propiedad u oficio útil al país y que no sea ni doméstico ni asalariado. Las reglamentaciones provinciales posteriores a la organización de los estados provinciales reformularon algunos aspectos de esta noción de ciudadanía. Para el caso de Buenos Aires, a partir de la ley electoral de 1821, eran requisitos para poder votar sólo el nacimiento y el domicilio en la provincia. En el caso de Tucumán, si bien se mantuvo en la ley de elecciones de 1826 el requisito de la "propiedad u oficio útil y lucrativo" para poder votar, no se explicitó la exclusión de domésticos y asalariados. Esto último dio margen de acción para que los mismos actuaran en diferentes comicios del interior de la provincia donde en varios padrones figuraban votando largas listas de jornaleros (estas listas fueron cedidas por Paula Parolo). Para un análisis de las vinculaciones entre los conceptos de vecino y ciudadano en el siglo XIX iberoamericano, Hilda Sábato (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas para América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1999;         [ Links ] Marta Irurozqui, "De cómo el vecino hizo al ciudadano y de cómo el ciudadano conservó al vecino. Charcas, 1808-1830", en Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Revolución, independencias y nuevas naciones de América, Madrid, Fundación Mapfre-Tavera, 2005;         [ Links ] Noemí Goldman (editora), Lenguaje y Revolución…

36 Esta es una característica que Gabriela Tío Vallejo destaca ya en los vecinos de la colonia.

37 El estudio en detalle de la asociación entre servicio de armas y ciudadanía en tiempos de la Confederación rosista en Tucumán se realiza en Flavia Macías, "De 'cívicos' a 'guardias nacionales'. Un análisis del componente militar en el proceso de construcción de la ciudadanía. Tucumán-Argentina, 1840-1860", en Manuel Chust y Juan Marchena (ed.), Las armas de la Nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Madrid / Frankfurt, Iberoamericana Vervuert, 2007, pp. 263-289.         [ Links ]

38 Esto lo analizamos en Paula Parolo y Flavia Macías, "La herencia de la guerra de independencia: la militarización y sus implicancias sociales. Tucumán, 1810-1840", en I Congreso Latinoamericano de Historia Económica – 4º Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, 2007, CD-ROM.         [ Links ]

39 Dato extraído de Georgina Abbate, Unanimismo y cultura política. Tucumán en tiempos de Alejandro Heredia (1832-1838)…

40 A Heredia se le otorgaron facultades extraordinarias por 45 días en 1835 y luego por el bienio completo a partir de su reelección en 1836. Celedonio Gutiérrez asumió y de inmediato detentó las mencionadas facultades hasta el fin de su gobierno. Este gesto revelaba el inicio de un proceso de fortalecimiento del Poder Ejecutivo que alcanzó su máxima expresión en 1844 con la cesión de la "suma del poder público" a Gutiérrez por todo el período de su gobierno. Tales facultades fueron renovadas junto a su mandato. Manuel Lizondo Borda, Historia de Tucumán…, p.34.

41 Esto último observa Georgina Abbate en Unanimismo y cultura política. Tucumán en tiempos de Alejandro Heredia (1832-1838)…, p39.

42 12 de enero de 1832, AHT, SA, Vol. 39, F. 19.

43 Más allá de las actividades tradicionales como la ganadería, el comercio se erigió en la principal actividad económica de la provincia y los principales ingresos fiscales tucumanos provinieron esencialmente de allí, constituyéndose una sólida burguesía mercantil con representación en la legislatura. De hecho, en el marco de la variedad socioprofesional que caracterizó a la sala en tiempos de Heredia, de los 53 individuos que ocuparon diferentes puestos entre 1833 y 1838, más de la mitad fueron comerciantes-troperos.

44 Hasta la guerra con Bolivia (1837) sólo hay testimonio de tres empréstitos por un total de 16.500 pesos que, por otra parte, no recayeron totalmente en los gremios mercantiles y transportistas. Uno de ellos fue la colaboración de 3.500 pesos pedida a los sectores "del comercio y de vecinos pudientes" para la expedición de Facundo Quiroga a las fronteras de San Luis y de Córdoba. El otro se correspondió con la necesidad de completar el pago de los regimientos que sofocaron el levantamiento de 1834 y el último gravitó en los conventos de regulares de la capital, reactivando una vieja ley del 17 de marzo de 1831 con autorización de la legislatura. Mediante la reactivación de esa ley se logró un empréstito de 10.000 pesos. AHT, SA, Vol. 39, F. 4.

45 En septiembre de 1834 se gravan la exportación de mulas y burros, con lo cual no sólo se busca engrandecer el fisco provincial sino también retener los animales en la provincia.

46 Las investigaciones de Maurice Agulhon y su teorización sobre la sociabilidad permiten asociar la violencia, especialmente las revoluciones y los pronunciamientos, con ámbitos de sociabilidad y de transmisión de prácticas sociales y culturales vinculadas a las ideas republicanas, donde los "ciudadanos" y las "armas" adquieren una relación esencial. Según Pilar González Bernaldo, Maurice Aghulon permite pensar la sociabilidad fuera del marco conceptual e ideológico que le había sido propio y que la asociaba con el proceso de civilización. De esta manera, la historiadora asegura que en el siglo XIX se admitía otro mecanismo de representación de la "voluntad del pueblo", además de la vía impresa, y que es la "opinión armada". Pilar González Bernaldo, Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 142.         [ Links ]

47 Los pronunciamientos como práctica política, como espacios de acción y participación ampliada y como ámbitos de formación cívico-militar se analizan para este período y para los años de la organización nacional en Tucumán en Flavia Macías, Armas y política en el norte argentino. Tucumán en tiempos de la organización nacional, Tesis Doctoral, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2007.         [ Links ] Para la década de 1820 véase Gabriela Tío Vallejo, Antiguo Régimen y Liberalismo…

48 Para el área andina se está desarrollando toda una línea historiográfica que visualiza a las revoluciones y las milicias como espacios de construcción ciudadana y como espacio de politización de los "no-ciudadanos". Véase Marta Irurozqui, "El bautismo de la violencia. Indígenas patriotas en la revolución de 1870 en Bolivia", en Carlos Malamud y Carlos Dardé, Violencia y legitimidad política y revoluciones en España y América Latina, 1840-1910, Santander, Universidad de Cantabria, 2004, pp. 143-176;         [ Links ] Cecilia Méndez, "Tradiciones liberales en los Andes: militares y campesino en la formación del Estado peruano", E.I.A.L, Vol. 15, num. 1, Tel Aviv, 2004, pp. 11-39.         [ Links ]

49 Véase Hilda Sábato, "El ciudadano en armas. Violencia política en Buenos Aires, 1852- 1890", en Entrepasados, num. 23, Buenos Aires, 2003, pp. 149-169;         [ Links ] "Cada elector es un brazo armado. Apuntes para un estudio de las milicias en la Argentina decimonónica", en Marta Bonaudo, Andrea Reguera y Blanca Zeberio (coords), Las escalas de la historia comparada. Dinámicas sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos, Vol. 1, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2008, pp. 105-124.         [ Links ]

50 En el caso de México, los pronunciamientos estuvieron institucionalizados al menos hasta 1910. Alicia Hernández Chávez, "From res publicae to republic. The evolution of the republicanism in early Mexico", en The Divine Charter: Constitutionalism and Liberalism in Nineteenth-Century Mexico, Wilmington, Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2007.         [ Links ] Para otros casos iberoamericanos véase Sonia Alda Mejías, "Las revoluciones y el sagrado derecho de insurrección de los pueblos: pactismo y soberanía popular en Centroamérica, 1838-1871", en EIAL, Vol. 15, num. 2, 2004, pp. 11-39.         [ Links ]

51 Véase Gabriela Tío Vallejo, Antiguo Régimen y Liberalismo…

52 Juan B. Terán, "Un conspirador bajo la tiranía. Ángel López, precursor de Marco Avellaneda", en Juan B. Terán, Por mi ciudad, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1981, pp. 127-144.         [ Links ]

53 AHT, SA, Vol. 42, F. 302; Terán, Juan B., "Un conspirador bajo la tiranía. Ángel López, precursor de Marco Avellaneda"…

54 J. B. Terán atribuye a Gerónimo Helguera la "fuerza moral de la conspiración" y la colaboración con muchos "adeptos". Juan B. Terán, "Un conspirador bajo la tiranía. Ángel López, precursor de Marco Avellaneda", op cit, p. 132. Además de su posición política, Gerónimo Helguera aparece pagando patente por tienda entre los años 1828 y 1829. Evidentemente, no pudo recuperarse luego de la guerra como consecuencia de los controles y fuertes impuestos que Heredia impuso a ese ramo. Los casos de Felipe Posse, antiguo tendero y el de José Ignacio Murga, tropero hasta 1826, son similares. Véase la nueva Ley de Patentes del 14 de septiembre de 1832 en AHT, SA, Vol. 40, F. 245.

55 Citado en Juan B Terán, "Un conspirador bajo la tiranía. Ángel López, precursor de Marco Avellaneda"…, p. 135.

56 Se ordenó levantar sumario a Calixto Pérez, José Ignacio Murga, Gerónimo Helguera, Felipe Posse y al comandante de boltígeros José Manuel Medina. AHT, SA, Vol. 42, F. 302.

57 Citado en Juan B. Terán, "Un conspirador bajo la tiranía. Ángel López, precursor de Marco Avellaneda"…, p. 136.

58 Pedro Garmendia fue subteniente del Batallón de Comercio en 1835, un año antes de que Heredia reorganizara la milicia cívica.

59 Tributaria de Salta, la subtesorería de Jujuy estaba inhibida de disponer libremente de los fondos provenientes de las recaudaciones y depósitos fiscales. A su vez, durante el gobierno de La Torre, los distritos de Iruya, Santa Victoria y San Andrés, pertenecientes a Jujuy, fueron anexados a Salta, con lo cual la provincia jujeña se redujo en territorios y en entradas fiscales.

60 Citado en Norma Pavoni, El Noroeste Argentino en la época de Alejandro Heredia…, Vol I, p. 72.

61 Juan B. Terán considera que los López, Figueroa en Catamarca, Quintana y Fascio en Jujuy, no eran sino instrumentos de un plan unitario que dirigía el general Alvarado desde Bolivia y que buscaba en el norte la destrucción del orden político imperante luego del triunfo de Quiroga en "La Ciudadela" en 1832. Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, 1820-1840, T. II, Obras Completas, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1980, p. 62.         [ Links ]

62 Emilio Ravignani (comp.), Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales legislativos y Pactos Interprovinciales que organizaron políticamente la Nación, T. VI (segunda parte), Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Talleres S.A, Casa Jacobo Peuser Ltda., 1937, pp. 230-231.         [ Links ]

63 Citado en Norma Pavoni, El Noroeste Argentino en la época de Alejandro Heredia…, Vol. 1, p. 85.

64 Citado en Norma Pavoni, El Noroeste Argentino en la época de Alejandro Heredia…, Vol. 1, p. 101.

65 El 7 de junio de 1836 Heredia fue reconocido en estas funciones por el gobernador bonaerense con el escalafón de "Brigadier General". AHT, SA, Vol. 45, F. 90 y 91.

66 Es el caso de teniente coronel Mariano Boedo, quien fue nombrado por Heredia teniente gobernador y comandante general de La Puna.

67 Aquellos diputados que estuvieron comprometidos con la redacción del borrador constitucional de 1835 son los mismos que, luego de la muerte de Heredia en 1838, lideraron la organización y puesta en marcha de la Coalición del Norte contra Rosas.

68 Si se analiza la composición de la Sala de los años de Heredia, puede notarse un elenco bastante estable de representantes que se desempeñaron como diputados por cuatro, cinco y seis años. Además, puede observarse que entre ellos figuraban perfiles decididamente constitucionalistas y unitarios como los de Juan Pablo Figueroa, quien se desempeñó como legislador durante seis años; Marco Avellaneda, legislador los últimos cuatro años de gobierno de Heredia al igual que José Manuel Figueroa, Manuel Paz y Benito Zavaleta. Por su parte, Bernabé Piedrabuena, quien fue diputado provincial por cuatro años al igual que Juan Bautista Bergeire, fueron de forma consecutiva (luego de caído Heredia), gobernadores provinciales. A esto se suma que Marco Avellaneda, Salustiano Zavalía, Marcos Paz y Brígido Silva fueron diputados en el año 1835 y miembros de la comisión redactora del proyecto constitucional provincial de ese año. Datos extraídos de Georgina Abbate, Unanimismo y cultura política. Tucumán en tiempos de Alejandro Heredia (1832- 1838)…, p. 39.

69 Manuel Lizondo Borda, Historia de Tucumán, Siglo XIX; Carlos Páez de la Torre (h), Historia de Tucumán...

70 Tulio Halperín Donghi, Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850), Buenos Aires, Belgrano, 1982.         [ Links ]

71 Véase nota 43.

72 Enrique M. Barba, Quiroga y Rosas…, op. cit.; Norma Pavoni, El Noroeste Argentino en la época de Alejandro Heredia…, Vol. 1; Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, 1820-1840…

73 Esta política derivaba de los importantes gastos que implicaban para el mencionado país la "empleomanía" y la "lista militar" (más del 60% del presupuesto nacional). Víctor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880, Madrid, CSIC, 2000.         [ Links ]

74 Esto generó importantes tensiones en el norte, ya que la medida provocó la desarticulación del comercio de mulas y ganado caballar entre las provincias de la región y Bolivia. Como consecuencia, se generalizaron prácticas contrabandistas y la implementación de la coacción para ponerles fin.

75 El "Regimiento Confederado Argentino" se componía de los siguientes cuerpos de caballería: "Húsares de la Escolta"; "Regimiento de Coraceros"; "Regimiento de Granaderos"; "Escuadrón de Granaderos de Santa Bárbara". A su vez se componía de cuerpos que incluían caballería e infantería, entre ellos el "Regimiento nº 2"; "Regimientos nº 5 Gral. Dorrego"; "Regimiento nº 7 Gral. Arenales" y "Regimiento nº 8 Gral. Balcarce". A estos cuerpos se sumaban una "División de Infantería", un "Regimiento de Flanqueadores" y un "Batallón de Boltígeros". AHT, SA, Revista de la Guardia Nacional, T. III, F. 3 a 42.

76 Para los un detalle sobre los importantes avances sobre los efectos económicos y sociales de la guerra en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX véase Cristina López, "Familias, negocios y revolución: actores y prácticas mercantiles en el comercio de importación (1800-1820), en Sara Mata y Nidia Areces (coord.), Historia regional. Estudios de casos y reflexiones teóricas, Salta, CEPIHA, 2006;         [ Links ] "Guerra, producción y estrategias de vida en la campaña tucumana a comienzos del siglo XIX", en VII Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural, Universidad Nacional de Salta, abril de 2007;         [ Links ] "Producción rural y circulación mercantil en Tucumán poscolonial", en I Congreso Latinoamericano de Historia Económica – 4º Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, diciembre de 2007, CD-ROM.         [ Links ]

77 Tucumán, 28 de mayo de 1837. AHT, SA, Vol. 48, F. 440.

78 AHT, SA, Vol. 48, F. 439.

79 AHT, SA, Vol. 47, F. 124

80 Enrique M. Barba, Quiroga y Rosas….; Norma Pavoni, El Noroeste Argentino en la época de Alejandro Heredia…, Vol. 1, Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, 1820-1840…

81 El mandatario provisorio había expuesto sus intenciones de capturar a los asesinos, garantizar la tranquilidad pública, mantener las buenas relaciones con Buenos Aires y apoyar hasta el final la guerra contra Santa Cruz.

82 Juan B. Terán, Tucumán y el Norte Argentino, 1820-1840…, p. 69.