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Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani

versión impresa ISSN 0524-9767

Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani  no.33 Buenos Aires ene./dic. 2011

 

ARTÍCULOS

En torno a un problema historiográfico. Revolución y orden social

 

Sara E. Mata

Universidad Nacional de Salta - CONICET - CEPIHA

 

Las provocativas reflexiones de Raúl Fradkin en torno a los actores de la revolución y el orden social obligan a considerar, o quizá más bien a reconsiderar, uno de los problemas centrales del proceso político y social iniciado con el establecimiento, en 1810, de una Junta de Gobierno en Buenos Aires. Problema que se encuentra, de un modo u otro, presente en la historiografía latinoamericana y también argentina, desde la formalización de la disciplina en la segunda mitad del siglo XIX. En el eje de esta discusión se encuentran dos cuestiones estrechamente vinculadas: identificar los actores sociales involucrados y sus formas de participación, y determinar en qué medida esa participación expresó el complejo orden social colonial e impactó en él. Es decir, preguntarnos quiénes hicieron la revolución, qué razones los llevaron a participar y qué cambios experimentó la sociedad en el transcurso de ella. Estos problemas han constituido siempre un dilema de difícil resolución, y las respuestas ensayadas por la historiografía argentina han sido divergentes y en cada caso tributarias de diferentes propuestas teóricas y metodológicas.

La identificación de los actores sociales y sus formas de participación fueron una preocupación central en los historiadores y ensayistas del siglo XIX. Mientras algunos de ellos otorgaron centralidad a la elite revolucionaria y escogieron como protagonistas principales a ideólogos y militares que propiciaban una organización estatal centralizada, otros como Bartolomé Mitre, sin abandonar el protagonismo de la elite, reconocían la presencia activa de amplios sectores de la población. En esta mirada, inaugurada por Mitre pero desarrollada por no pocos historiadores hasta la actualidad, la motivación de la población rural y urbana para enrolarse en la filas revolucionarias sería un acendrado patriotismo, entendido éste en el sentido político utilizado por la elite revolucionaria. El éxito alcanzado por esta interpretación -que supone una comunión política entre la "minoría inteligente", es decir, la dirigencia revolucionaria, y el pueblo reducido a tropa más o menos obediente, pero siempre decididamente "patriota" luchando por la libertad- se expresa de un modo reiterado en las celebraciones de este Bicentenario. Sin embargo, mientras el estudio de las elites dirigentes urbanas se ha enriquecido y actualizado por los aportes de una nueva historia política, las narrativas historiográficas que exaltaban la participación popular, en especial las marxistas y revisionistas nacionalistas, han perdido en la actualidad toda vigencia.

Pero no se trata tan sólo de intentar un estudio más detallado, localizado y problemático de las dinámicas revolucionarias y de sus protagonistas, individuales o colectivos, sino de observar también el impacto que un cambio tan drástico del poder político ejerció sobre el conjunto social, y de evaluar los trastornos ocasionados por la guerra en una economía basada en la actividad minera y el comercio. Admitir que con la revolución no se evidenciaron cambios en la estructura socioeconómica colonial, tal como planteó en su momento la historiografía latinoamericana, da cuenta de una manera de analizar a la sociedad desde la teoría del cambio social basada en la lucha de clases y de un análisis económico en el cual el predominio del capital mercantil define relaciones sociales de producción no capitalistas.

Sin dudas, tanto la revolución como luego la guerra anticolonial que le sucedió constituyen problemas que requieren del análisis político y es natural que, a partir de la importante renovación teórica y metodológica experimentada en las últimas décadas por la historia política, numerosos historiadores centraran sus estudios en las elites urbanas y en problemáticas tales como legitimidad política, soberanía, representación y gobernabilidad. Los estudios de carácter eminentemente político incluyeron también a la historia conceptual que realizó importantes y cruciales aportes al tratar de restituir el sentido otorgado en el contexto revolucionario a términos tales como "patria", "nación", "ciudadano", "libertad", entre muchos otros, lo cual enriqueció de forma considerable el estudio de los diferentes -y en ocasiones contrapuestos- proyectos políticos que se ensayaron durante las primeras décadas revolucionarias. Las reflexiones de Raúl y su diálogo con la historiografía política manifiestan su preocupación por "la disociación entre historia de las elites e historia de los sectores subalternos" o "historia desde abajo" y su correlato inmediato en el análisis social que cada una de estas posturas historiográficas conlleva. En los últimos años, el análisis de la guerra y la militarización que la acompaña, ampliando y matizando el universo social involucrado en la contienda política y militar, ha ensayado otras interpretaciones tendientes a recuperar a los sectores subalternos como sujetos activos.

El desafío reside precisamente en profundizar los estudios acerca del protagonismo de actores sociales de diverso origen socioeconómico y étnico que se visibilizan en un proceso político atravesado por una guerra que se prolongará por más de una década. Esa participación "popular", propiciada por la militarización que caracteriza el período, debe sin embargo estudiarse de manera inexorable con las elites revolucionarias y en el contexto de la sociedad convulsionada por una violencia política de características inéditas. Desde esta perspectiva, el "orden social" debe plantearse en clave política, porque es allí donde adquiere sentido preciso. Esta clave política supone, por otra parte, el estudio de los conflictos sociales, ya que ellos expresan junto con las tensiones y las disputas de orden económico, una manera de concebir las relaciones sociales, de reconocer la autoridad, y sobre todo, de identificarse política y socialmente. Y no hay dudas de que al atender a los conflictos sociales estamos recuperando el universo de relaciones establecidas socialmente, incluidas las económicas, de las cuales participan tanto las elites como los sectores subalternos. Nos permite asimismo valorar los cambios que se operan en la sociedad para su resolución, incluyendo la negociación, la cohesión y la violencia política.

La revolución otorgó protagonismo político a nuevos actores sociales, en particular a los soldados y a los milicianos que de manera alguna serán pasivos, cualquiera sea su relevancia en el proceso revolucionario. Por ello el "orden social" se verá seriamente amenazado, en especial en aquellas regiones donde la guerra se despliega. Será, en estos casos, preciso valorar en qué medida el derrumbe de la autoridad favorece ese protagonismo político y la expresión más radicalizada de los conflictos sociales. Es decir, es necesario plantear la manifestación de movimientos sociales que habrán de expresar reivindicaciones sociales, económicas y políticas, no necesariamente coincidentes con los proyectos políticos de las elites revolucionarias. Con marcado énfasis, Raúl Fradkin sostiene que "los actores decisivos fueron actores armados", y propone "reponer la centralidad de las guerras de la revolución que constituyeron experiencias sociales de masas de máxima intensidad". La guerra resulta entonces insoslayable para analizar tanto a los actores de la revolución como a los cambios sociales y económicos que ella provoca, por cuanto para sostenerla se requiere de hombres y recursos materiales. Proporciona así el nivel de análisis más fecundo en tanto opera como catalizadora de los conflictos, espacio de construcción de poder y articulación entre elite revolucionaria y sectores medios y subalternos, los cuales en la dinámica de la guerra adquieren nuevas identidades sociales y políticas. La militarización es un fenómeno social y político que significa una experiencia inédita e impredecible, y que afecta de diferentes modos a las sociedades hispanoamericanas.

Planteado en estos términos, el abordaje de los actores sociales y el orden social en el proceso revolucionario presupone descentrar la revolución de la capital del virreinato y regionalizar o localizar los conflictos en función de las especificidades sociales y económicas, y de los imaginarios políticos presentes en el momento de la revolución. Se imponen los estudios de caso y de espacialidades significativas que otorguen inteligibilidad al proceso, identificando a los actores sociales en una coyuntura de crisis política que es sinónimo de crisis de autoridad.

Estudiar a quienes integraron los ejércitos y las milicias, a los caudillos que los lideraban y las negociaciones entabladas con la dirigencia revolucionaria, así como las luchas facciosas, las lealtades y las ambigüedades políticas, requiere recurrir tanto a las condiciones objetivas dadas como a los imaginarios sociales y políticos compartidos o diversos que inciden en el accionar de todos ellos. Indagar acerca de la participación "popular" en el proceso revolucionario y la militarización que acompaña a la revolución en diferentes espacios del interior del Virreinato del Río de la Plata presenta serias dificultades. Es preciso recurrir a conceptos clave de la teoría social y de la teoría política, tales como conflicto, cambio social, cultura política, subalternidad, entre otros, los cuales remiten a un posicionamiento teórico. ¿Cómo estudiar las identidades y los imaginarios sociales? ¿Cómo indagar acerca de las formas de concebir la autoridad, el poder por parte de los sectores subalternos? ¿A quiénes identificamos como subalternos? ¿Qué diversidad étnica y social encubre esta denominación? ¿Cómo diferenciar la cultura política de esos sectores subalternos de los de la elite? ¿Cómo se representan y son representados los actores sociales y en qué medida estas representaciones condicionan sus prácticas sociales y políticas? Estas y otras preguntas que asaltan al investigador cuando se propone estudiar un problema tan complejo y diverso como es el de la revolución o las revoluciones atendiendo a los actores sociales en su conjunto, no resultan sencillas de responder.

Salta y la Banda Oriental, a pesar de presentar diferencias notables, comparten un rasgo común: fueron escenario de una movilización sin precedentes de la población rural, al margen de los ejércitos organizados por Buenos Aires. En Salta, esta movilización rural, que tiene lugar a partir de 1814, se manifiesta por obra de la guerra con los realistas, y deriva en poco tiempo en un movimiento social rural que planteó, aun sin formularlo de manera explícita, un proyecto político que incluía reivindicaciones sociales que atentaban contra el orden social vigente. Raúl Fradkin sugiere considerar que la derrota de Artigas y Güemes no habría sido tan sólo la derrota de los proyectos políticos que formularan para resistir la subordinación al poder central, sino que también pudo haber significado la derrota de los actores sociales subalternos que los apoyaron. El problema, al menos para Salta y el liderazgo de Güemes, presenta aristas más complejas por cuanto desconocemos a ciencia cierta cuál era el proyecto político de Güemes fuera de su convencida participación en la guerra anticolonial. Si en 1814 y 1815 evitó subordinarse a la autoridad del ejército de Buenos Aires y desobedeció órdenes del Directorio, al organizar las milicias cívicas o escuadrones gauchos y sobre todo los Cuerpos de Línea que respondían a su mando, esta situación varió cuando en 1816 Juan Martín de Pueyrredón fue designado Director Supremo y se sumó a la estrategia sanmartiniana. En ocasión del Congreso de 1816, no apoyó con la decisión necesaria el rechazo sufrido por Juan Antonio Moldes, quien manifestaba con franqueza sus simpatías por el sistema federal.

El recelo de las autoridades porteñas frente a los poderes militares locales generó una tensión constante aprovechada hábilmente por parte de la elite local, que aspiraba a desplazar a Güemes y capitalizar el poder político y militar emergente de la guerra. Para lograrlo buscó aliarse, en 1815, con el Jefe del Ejército Auxiliar. La prolongación de la guerra, la interrupción del comercio y la carencia de numerario para hacer frente a los crecientes costos del esfuerzo bélico, obligaron a Güemes a aumentar la presión sobre las fortunas privadas a través de confiscaciones y préstamos forzosos, enajenándole el apoyo de los vecinos propietarios de Salta. Sus opositores atribuyeron su animadversión hacia el Gobernador a la alteración del orden social, culpándolo por la indisciplina social de la muchedumbre armada. Así lo manifestaron en mayo de 1821, una semana antes del atentado perpetrado por los realistas contra el Gobernador, en el manifiesto que justificaba su intento de destituirlo en el seno del Cabildo, acusándolo entre otras cosas de "engañar a la muchedumbre", de "alargar liberal la licencia" y de "fomentar los vicios". Incapaces de reconocer en la "plebe rústica e ignorante" iniciativas políticas, la elite salteña sólo podía explicar la movilización rural a la adhesión al caudillo y su conducta atribuyéndola a las ambiciones políticas de Güemes

La historiografía posterior, al rescatar la figura de Güemes en las luchas por la independencia, adhirió a la interpretación de la insurgencia en Salta considerando que fue obra de Martín Miguel de Güemes, y que expresó el "amor a la patria" que éste supo inculcarles a "sus gauchos". Tanto los contemporáneos a Güemes como los historiadores consideraron sólo el protagonismo político de la elite adjudicando a ésta, y a sus luchas facciosas, las razones de la movilización y la indisciplina social. Esta explicación, que se encuentra fuertemente arraigada aún en la historiografía cuando analiza la participación popular no sólo en la guerra de independencia sino también en las décadas que siguieron a su finalización, es cuestionada por Raúl Fradkin y por otros historiadores, a partir de perspectivas de investigación que recuperan los aportes de la historiografía marxista británica. En particular, por E. Thompson, y más recientemente, por los estudios de la subalternidad formulados por Ranajil Guha y por la antropología política, que proponen estudiar los sectores subalternos considerándolos sujetos activos, que no sólo resisten sino que también demandan. Y que si bien, en el proceso revolucionario, tuvieron oportunidades individuales, plantearon asimismo reivindicaciones colectivas y llevaron adelante sin enunciarlo, pero sí de manera directa, un proyecto político. En el caso específico de la insurgencia rural en el valle de Lerma, se insinuó una reforma agraria ya que dejaron de pagar arriendos, de prestar servicios personales y de conchabarse como peones, y ocuparon tierras en las principales propiedades rurales del valle. Los esclavos que integraban los escuadrones gauchos abrigaban otras aspiraciones; no fueron pocos, y muchos de ellos se incorporaron de manera voluntaria sin autorización de sus amos. Tal como manifestara uno de ellos al peticionar la carta de libertad a Martín Miguel de Güemes en 1821, cuando la posibilidad de que éste marchara hacia el Alto Perú les inquietaba, "hacer libres a nuestros hermanos es el objeto de nuestros votos y el alma de nuestros sacrificios. ¿Y a nosotros únicamente nos habrá de envolver sin esperanzas el funesto lazo de la esclavitud?" No era posible que un gaucho fuera esclavo cuando luchaba por la libertad de todos, incluyendo a los esclavos.

Plantear en estos términos la movilización rural en Salta supone focalizar primero las tensiones y conflictos subyacentes y diferenciarlos al interior del propio espacio provincial, indagar el imaginario social y político de la elite y de los sectores marginales urbanos y rurales, fueran ellos indios tributarios, mestizos, afrodescendientes o esclavos, considerar su acceso a recursos materiales y estudiar las redes familiares y clientelares en las cuales están insertos. En definitiva aproximarnos a las condiciones materiales y culturales en las cuales sectores muy amplios de la población aspiraron, a través de la movilización y la guerra, alcanzar significativos cambios en sus condiciones de vida y en su participación política y social. Sólo así es posible suponer la existencia de un proyecto político alentado por actores políticos emergentes de la revolución, quienes alcanzaron algunas reivindicaciones sociales y económicas en tanto lograron negociar de un modo ventajoso con la elite a través de Güemes, y merced al poder que le daban las armas y su participación en la guerra contra los realistas.

La muerte de Güemes y el cese de la guerra con los realistas van a asestar un duro golpe a esas aspiraciones, pero no una derrota definitiva. Nos parece posible enunciar como hipótesis su persistencia en las movilizaciones rurales que tienen lugar hasta la década de 1840, alentadas por las luchas facciosas de la elite. Estas movilizaciones, que se expresaron en varios y sucesivos motines y levantamientos, generaron una tensión entre el "orden social", reclamado por la elite, y la negociación que la lucha por el poder imponía a la elite con las milicias y sus líderes.

Raúl Fradkin sugiere la posibilidad de cambios en el orden social posrevolucionario, como consecuencias de esta activa participación de los sectores subalternos en la guerra por la independencia. Es factible suponer que el dificultoso disciplinamiento de la población rural y las nuevas condiciones económicas regionales provocaron cambios significativos en su condición económica y social, reforzando por una parte la adscripción en las propiedades rurales de agregados y arrenderos a la vez que ofrecieron la oportunidad de adquirir o conservar pequeñas tenencias de tierras, especialmente en el valle de Lerma, donde la movilización fuera más generalizada durante y después de la independencia. La opción por las armas propició además el ascenso social y político de nuevos actores sociales, aunque este ascenso, en muchos casos, fue circunstancial y no perduró más allá de una o dos generaciones. Resulta de todos modos difícil aceptar que luego de una insurrección de las características que adquirió en Salta la guerra de independencia y de la violencia política y la militarización que persistió hasta mediados del siglo XIX en la región, el orden social no resultara conmovido y no se verificaran cambios, aun cuando estos cambios finalmente reforzaran relaciones sociales previas a la revolución y sepultaran las expectativas de acceder a la tierra o de lograr mayor reconocimiento social y político a una parte considerable de la población compuesta por mestizos, afromestizos, negros e indios, tanto en el espacio rural como en el urbano.