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Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani

versão impressa ISSN 0524-9767

Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani  no.33 Buenos Aires ja./dez. 2011

 

ARTÍCULOS

Nación, república y democracia

 

Darío Roldán

Universidad Torcuato Di Tella - CONICET

 

Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este encuentro por haberme invitado a participar en él. En la medida en que la mesa está inscripta bajo el tema los historiadores frente al Bicentenario, entendí que se nos invitaba a una reflexión en parte relacionada con la actualidad, y por lo tanto, con nuestra condición de historiadores y de ciudadanos. Con ese espíritu, entonces, propongo estas "dispersas reflexiones ciudadanas de un historiador".

I

Nación, república, democracia son conceptos polisémicos. "Mots voyageurs", los llamó C. Nicolet. Los diccionarios y el uso de los publicistas, y en general de los hablantes, testimonian esa vitalidad. No hay nada nuevo en ello. Sí en la renovada atención que los historiadores han prestado a esta cuestión en las últimas décadas. La historia de los conceptos (Begriffgeschichte) de Kossellec, la historia contextualista de Skinner, la lexicografía política de Guilhaumou, la perspectiva hermenéutica de Gadamer o la historia conceptual de lo político de Rosanvallon han ofrecido un andamiaje conceptual variado que revela la magnitud de aquella renovada sensibilidad hacia una disciplina que permanecía agotada por la esterilidad de una disputa acerca de palabras metafísicas o ideas "platónicas", y por la irrelevancia de expresar sentidos conferidos por otros niveles de la vida social. No intentaré aquí ninguno de esos abordajes.

II

La nación moderna puede interpretarse como un precipitado del problema teológico-político.1 La monarquía en Europa y la república en América fueron las formas político-institucionales que cobijaron su consolidación. Ambas se vivificaron de un concepto teórico -la soberanía-, retrabajado incansablemente desde que Hobbes expuso su primera formulación.

La historia larga de la nación comenzó en el siglo XVI. El particularismo de las pequeñas repúblicas y el universalismo del imperio resultaron impotentes para encauzar la voluntad de autonomía del cuerpo político tanto frente a Dios como a la naturaleza. La necesidad de crear un instrumento para expresar aquella soberanía desató esa historia. La monarquía fue la forma institucional de esa creación y la soberanía fue el concepto teórico inventado para dar cuenta de ella. De un modo inevitable, el monarca encarnó el poder soberano. Se constituyó allí un nudo gordiano que se percibió cuando la república, desprovista de un cuerpo para satisfacer la exigencia de visibilidad y encarnación soberanas, reemplazó a la monarquía. Producto de esa historia, la nación moderna emergió recién en el siglo XIX cuando la tensión entre el poder soberano y la Iglesia se resolvió en la laicidad del Estado, republicano o monárquico. Por lo tanto, en la nación moderna reverberan un conflicto de larga data con la religión y el imperativo de satisfacer la ambición de autonomía del cuerpo político.

En el Río de la Plata, ese imperativo se realizó en un contexto republicano y en el marco de una ruptura con una monarquía en crisis de autoridad y de legitimidad. A las dimensiones discutidas en una nutrida bibliografía, quisiera agregar otro aspecto relacionado con el argumento que acabo de presentar. Permítanme, para ello, interrogar a un protagonista privilegiado: Juan Bautista Alberdi.

Las Bases ofrecen una interpretación global del posrosismo y una teoría de la transición. Pensar un orden institucional, para Alberdi, constituye un trabajo de interpretación. Según estima, la clave de interpretación para el Río de la Plata es el pasaje de la guerra al comercio y la promoción del progreso económico. El capítulo XIII discute el dispositivo institucional adecuado a esos desafíos. La eventualidad de una monarquía parece disparatada. Imposible satisfacer la legitimidad de origen de la monarquía o reintroducir formas jurídicas de desigualdad. La imposibilidad de la monarquía no hacía más fácil la república, en lo esencial, debido a la insuficiencia de los pueblos. Es preciso, concluye Alberdi, "elevar nuestros pueblos a la altura de la forma de gobierno [...]; darles la aptitud que les falta para ser republicanos."2 De este modo, el poder no puede ni expresar ni representar a la sociedad que gobierna; debe ser el vehículo de una transformación que facilite la difusión de las aptitudes republicanas que Alberdi encuentra ausentes. Su característica es, entonces, su exterioridad respecto de la sociedad que debe gobernar y no su representatividad.

Quisiera detenerme en esa exterioridad.3 Alberdi creyó que ella podía realizarse en un contexto republicano. Sin embargo, para los años sesenta, intuyó, como Constant antes que él, que la exterioridad del poder respecto de la sociedad no podía ser provista por la república. Concluyó, entonces, que el orden republicano de instituciones liberales no bastaba para garantizar las condiciones requeridas por el progreso económico y el orden político. De allí, el desafío: pensar un régimen de gobierno que realice esa exterioridad a la luz del fracaso que atribuyó a la república y de la imposibilidad de apelar a la monarquía. Es el momento de Alberdi en la década de 1860. Es esta dificultad de la república,4 entonces, que creo productivo interrogar sobre todo en su dimensión conceptual: la república debe hacerse cargo de la imposibilidad de albergar un poder exterior / trascendente a ella apto para resolver la eventualidad del conflicto político.

El problema no es exclusivamente histórico. Su reaparición contemporánea bajo la forma del riesgo de una crisis institucional que opone a los poderes del Estado remite, en el fondo, a esa misma dificultad que la república no puede subsanar pero que debe resolver. La irresponsabilidad del monarca en una monarquía constitucional o la del presidente en una república parlamentaria o semiparlamentaria crea una institución "de última instancia". La república presidencialista necesita resolver el problema de alguna manera. Es probable que nos encontremos frente a una experiencia de esa naturaleza.

III

Las revoluciones de fines del siglo XVIII quebraron la fusión entre el monarca y la nación, tal como ella había sido expuesta, por ejemplo, por Luis XV en la célebre "flagelación del rey". Los revolucionarios elaboraron una concepción desociologizada de la nación que emergió de las rupturas revolucionarias. A través de ellas, el cuerpo político ya no sólo buscó ser autónomo respecto de la Iglesia. Valiéndose del concepto de soberanía, opuso exitosamente la soberanía popular al derecho divino. Al hacerlo, se autonomizó, también, de la continuidad histórica que la monarquía expresaba. Finalmente, el cuerpo político podía desembarazarse de la historia y de la religión, aun cuando la forma político-institucional continuara siendo monárquica. La aparición de la monarquía constitucional en el siglo XIX es el mejor testimonio de esta evolución, sólo aparentemente paradójica.

La ruptura revolucionaria inauguró, entonces, una concepción desociologizada de la nación, en la que el imaginario igualitario acompañó las declaraciones de los derechos del hombre. La destrucción de la pirámide jerárquica que sostenía a la sociedad aristocrática volatilizó los lugares fijos en la sociedad, disolvió los vínculos interpersonales y creó el desafío de recomponer la sociedad con individuos iguales. Otros vínculos recrearon aquellos "lazos": la igualdad ante la ley, la similitud de costumbres, la lengua, el territorio, etc. Ese fue el universo conceptual de la nación, que respondió, así, al imperativo de conferir visibilidad, unidad y contornos a una sociedad igualitaria y sedimentada geográficamente.

"La nación -afirmó entonces Sieyès- es un cuerpo de asociados viviendo bajo una ley común y representados por la misma legislatura."5 Producto de una asociación libre de voluntades, la nación se yergue contra la pregnancia de la historia (los privilegios) o de la naturaleza (la etnia, el sexo, etc.). Al hacerlo, integra habitantes abstractos, aunque aún no necesariamente ciudadanos. La abstracción democrática, que inspira el sufragio universal, hunde sus raíces en esta ablación social. Nación y democracia comparten este esfuerzo de abstracción.

Esta visión de la nación se inscribe, además, en una perspectiva constructivista. Desligada de la naturaleza y de la historia, la nación reúne individuos iguales compelidos a deliberar acerca de la voluntad nacional. Encargada a los representantes que la división del trabajo consagra, la operación de descubrimiento de la voluntad nacional se opone al reconocimiento de "leyes naturales". Descubrir la voluntad del soberano en vez de reconocer leyes naturales es otro imperativo democrático.6

Esta concepción coexiste con otra que inscribe a los hombres en un contexto. La fórmula de Herder es excepcional: "El tiempo confiere inteligibilidad".7 Cada forma de la humanidad posee una existencia autónoma, necesidades propias y una razón irreductible a una eventual razón universal. Esta primera idea de la inteligibilidad que confiere el tiempo impulsó la reconstrucción de formas culturales / identitarias en la inteligencia de que su reconocimiento constituía un galvanizador social.

El pensamiento reaccionario agregó un matiz. Para De Maistre, por ejemplo, el hombre es ininteligible fuera de la sociedad en la que nace, de la cultura en la que crece y de la lengua que habla. El individuo abstracto de los derechos del hombre es una ilusión; peor, una absurda abstracción. Sobre esos derechos, por lo tanto, es tan imposible construir una nación como diseñar una sociedad en constituciones escritas. Los hombres son el producto de un medio, y la humanidad, una suma de particularidades irreductibles. Los derechos de los hombres qua hombres son impensables. Se abrió, así, el camino a la crítica reaccionaria de los derechos del hombre, cuya primera formulación debemos, no obstante, a Burke.

He evocado estas conocidas caracterizaciones para recordar la oposición entre el universalismo y el particularismo, y entre la autonomía de la nación en construcción y la identidad de una nación fiel a sí misma. También para resaltar algunos contrastes: entre el consentimiento y la pregnancia de la naturaleza y la historia, entre la asociación voluntaria de individuos iguales y una unidad englobante, etc. El interés de estas oposiciones es doble. En primer lugar, permiten subrayar que el particularismo, empujado al extremo, asocia formas políticas con formas sociales e inconmovibles tradiciones culturales. La reactualización de la cuestión del régimen político, es decir, de pronunciarnos acerca de regímenes que preferimos a otros (y que los preferimos, además, para todos), sólo puede partir de alguna forma de universalidad. De lo contrario, los regímenes políticos sólo pueden expresar las particularidades irreductibles del género humano, o para usar la fórmula reiterada, la inteligibilidad que confiere el tiempo.

Pero en segundo lugar, expuestas en su oposición, nos recuerdan que es preciso matizar afirmaciones excesivas, puesto que, para utilizar una fórmula de P. Manent, el imperativo "sé tú mismo" (identidad) no se opone necesariamente a "sé libre" (autonomía), sino que ambos coexisten como la "amalgama compleja entre el nacimiento y la libertad". La razón universal no se opone de un modo irremisible al sujeto particular. Pero sí es cierto, no obstante, que en nombre de la nación se ha intentado subsumir la segunda a la primera, en particular a través de la primacía de instituciones religiosas o de jerarquías como expresión de la indisoluble continuidad de una comunidad frente al "vacío" de la autonomía (¿"republicana"?).

La evolución de la concepción de la nación en la Argentina revela un problema comparable. Es imposible, ahora, hacer el elenco de las concepciones de la nación desde que la generación de 1837 ofreció su primera versión, explorada en una ya nutrida bibliografía. Permítanme sólo un pequeño comentario en relación con el resurgimiento reciente, tibio es cierto, de la tradición nacional y popular. Esta concepción, entiendo, privilegia la dimensión identitaria expresada en la incansable búsqueda del "ser nacional", y ha conferido sentido a interpretaciones que habitan en textos de gran divulgación. En ellas no sólo se procede a la crítica de una ya inexistente "historia oficial";8 también se devela un "secreto": la tradición nacional y popular se revela, en cada encrucijada, fiel a sí misma de un modo imperturbable. Su existencia manifiesta, así, una suerte de esencia independiente y resistente a los cursos de la historia y a la voluntad de quienes forman parte de ella. Se trata, también, de una concepción de la nación que privilegia la identidad y la pertenencia y que expresa una concepción esencialista del pueblo. Este implícito en la tradición "nacional y popular" debería ser objeto de una discusión más minuciosa, sobre todo en sus implicancias, puesto que la idea democrática que anida en ella no siempre se advierte con claridad.

IV

La historia argentina del siglo XX puede presentarse como la del fracaso en construir una democracia representativa. En los albores del siglo, la Ley Sáenz Peña se propuso "democratizar" el orden conservador. En el crepúsculo, el desafío sigue pendiente. Más allá de que la historia de la democracia sea por definición inacabable, y de las críticas que impugnan la visión teleológica inscripta en la noción de "consolidación democrática",9 la historia de la democracia argentina no puede ocultar que si bien es probable que el punto de partida que inspiró el pasaje de la república posible a la república verdadera fue el de la creación de una democracia representativa, las ambigüedades y dificultades que la rodearon y acompañaron influyeron en el diseño político que la sociedad construyó conforme el siglo avanzaba y que, cualquiera que haya sido el designio prefijado, también ellas se vieron contorneadas por la historia. Ese relato, entonces, no puede presentarse como el de un objetivo perseguido tenaz aunque poco exitosamente por la sociedad, sino más bien como el de una dinámica en la que tradiciones políticas y culturales, así como proyectos, realizaciones y objetivos se entrelazaron para definir la política argentina en el siglo XX. No hay ninguna razón para suponer que la historia del último siglo sea la del irrefrenable pero aún pendiente camino hacia la consolidación de la democracia representativa, puesto que, sencillamente, la idea de que ella es inevitable no sólo es antihistórica, sino también, quizá, falsa. Más plausible, entonces, parece explorar la historia de las formas políticas a través de las cuales la Argentina se propuso organizar el principal desafío político que la irrupción del ciclo de revoluciones modernas acuñó: que cada habitante es un ciudadano.

La comprensión de esa historia exige una perspectiva secular. No es esta la ocasión de reconstruirla. En cambio, propongo detenernos en dos períodos claves: el Centenario y el Bicentenario. La reforma electoral impulsada en el primero y la reconciliación con la idea democrática en el segundo revelan que ambos constituyen momentos privilegiados en esa historia. En ambos, estimo, se desplegó un intento de armonizar las dos tradiciones que constituyen la clave de las democracias consolidadas: la tradición liberal y la tradición democrática.

V

R. Aron o Ph. Raynaud,10 entre tantos otros que se ocuparon de tratar de cernir la complejidad del sentido de la democracia, postularon que las democracias resultan de una síntesis de la tradición liberal de los derechos individuales y de la tradición democrática de la participación en las decisiones públicas, y aludieron a ello como la síntesis liberal-democrática. Bobbio11 definió la democracia como un régimen en el que además del derecho de la participación popular y de la vigencia del principio mayoritario para la toma de decisiones es imprescindible la existencia de alternativas políticas reales, sólo posibles en un marco en el que los derechos de opinión, de expresión, de reunión, de asociación, entre otros, estén garantizados. En su perspectiva, el Estado liberal precede histórica y lógicamente al Estado democrático. De manera inversa, el Estado democrático es indispensable para garantizar las libertades fundamentales.

Ahora bien, las formas de la democracia, entre tantos otros factores, están asociadas con la integración en cada cultura política de ambas tradiciones, de las variaciones constitutivas de cada una de ellas y de la manera en la que se entrelazaron. La historia europea del siglo XIX y XX permite observar las variaciones de ambas tradiciones, la existencia de Estados liberales no democráticos y Estados democráticos con instituciones liberales débiles, el contraste entre la reforma progresiva en Inglaterra y la revolución en Francia como modalidad de acción y, por último, la diversidad de los regímenes políticos, monarquía parlamentaria y III República, que acompañaron el conjunto del proceso.

En la Argentina, el primer capítulo de esa historia ocurre en torno al Centenario. La historia de la constitución de ambas tradiciones y de sus entrecruzamientos en el siglo XIX está por hacerse. Empero, es posible sugerir que la tradición liberal parece haberse encarnado en un grupo dirigente moderadamente liberal. No sólo porque produjo una crítica contenida de la noción de soberanía, sino también porque se vio compelida a enfrentar de forma muy temprana la conversión de un liberalismo de oposición -que había forjado a buena parte de las tradiciones liberales en otros países- en un liberalismo de gobierno. Encerrada en el dilema de impulsar las transformaciones sociales que el diseño institucional exigía, la tradición liberal contribuyó a moldear una cultura política en la que la contribución específicamente liberal estuvo poco presente. La paradoja de esta tradición es la de haber construido un Estado fuerte en el que la sociedad debilitó su autonomía en nombre del liberalismo.

La tradición democrática ofrece otros problemas. No sólo por lo temprano de la adopción del sufragio universal,12 también por la constatación de una temprano imaginario igualitario, observado por Mitre pero también por Juan A. García, José L. Romero o T. Halperin Donghi. Más importante, esta tradición se constituyó en ausencia del enfrentamiento con formas de sufragio censitario e impregnada de una noción unanimista del sujeto soberano.13 Vehiculizó, así, una concepción delegativa de la soberanía en autoridades "naturales", ocluyendo una concepción de autoinstitución del poder soberano fundada en una consideración individualista de quienes componen el cuerpo político.14 Estos trazos gruesos y temerarios aguardan que su historia sea relatada.

La particularidad del "momento" del Centenario deriva del "ensayo" de armonizar ambas tradiciones; de enlazar un conjunto de instituciones políticas inspiradas en la tradición liberal -plasmadas en la Constitución de 1853- en el marco de un proceso conducido por una elite cuya inspiración ideológica y cuyas prácticas políticas pertenecían moderadamente a aquella tradición, y cuyos beneficiarios expresaban una tradición democrática inspirada en una concepción esencialista del pueblo.

Tres instancias caracterizaron este proceso. Primero, el imperativo de darle forma política a lo social. Este imperativo se expresó en dos dimensiones. Una "constitucional", revelada tanto en la multiplicidad de proyectos de reforma relacionados con la Ley Sáenz Peña como en los más de diecinueve proyectos de reforma constitucional que buscaron redefinir las relaciones entre el Estado y la Iglesia, reformar el régimen de elección indirecta del presidente y senadores y, en fin, introducir un régimen parlamentario. Y otra electoral, que a través de distintas reformas -González y Gómez, etc.- y de proyectos de reforma debatió y buscó "adecuar" la constitución social y la política.

La segunda instancia tiene que ver con la necesidad de constituir instancias de intermediación entre la política y la sociedad, expresada por la vitalidad de las instituciones encargadas de esa intermediación: los sindicatos y los partidos. Estos últimos, por ejemplo, debieron reconvertirse (obligados por la Ley Sáenz Peña) como partidos de masas; se dividieron (UCR, PS); dieron lugar a partidos que intentaron representar identidades o intereses, como el Partido Constitucional (católico), el Feminista o el Partido de la Defensa Rural, entre otros.

Por último, por el ejercicio de la soberanía en el contexto de una política participativa. No sólo la tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y la división interna del partido gobernante sugieren su importancia; también se expresó en la tensión surgida entre el partido de gobierno y el gobierno, en las dificultades surgidas entre el gobierno nacional y los provinciales, etc.

La voluntad de darle forma política de lo social, la construcción de formas de intermediación entre la política y la sociedad, y las formas del ejercicio soberano en presencia de una incrementada participación popular fueron instancias cuya evolución se acompañó por una profunda discusión en torno del tema central que todas ellas invocaban, aun en sordina: resolver el problema de la dislocación entre la sociedad y la política. Como puede deducirse, el problema esencial se constituía en torno a los dos sentidos en que, habitualmente, se interpreta la representación. Por un lado, en lo relativo a los mecanismos de transferencia y expresión; por el otro, en cuanto a los modos de conferirle figuración al pueblo.15

Este primer intento fue superado por sus tensiones. Estimo que un enfoque fundado en el análisis de las dificultades y tensiones que produjo la armonización de la tradición liberal y la democrática, observada en torno de las tres instancias evocadas, puede ofrecer un importante argumento para la inteligencia del momento Centenario, así como también para comprender las dificultades ulteriores de producir esa síntesis. Por supuesto, el enfoque se presta también a una consideración más general. La comprensión de la instauración democrática como producto de una síntesis liberal-democrática no sólo tiene la impronta cronológica del siglo XIX. Posee también otra geohistórica en la medida en que ese parece haber sido el camino seguido por los países europeos. Que esa síntesis haya fracasado en Argentina -como ocurrió en otros países de la región- exige interrogarse también acerca de la existencia de una única vía a la democracia,16 y por supuesto, acerca de si la democracia representativa está inevitablemente en el horizonte político de todas las sociedades.17 Más aun, en la medida en que ese intento de síntesis, al menos por ahora, no se ha consolidado en Argentina -según los modelos evocados- sino que ha dado origen a una concepción particular del pueblo y a una forma política acorde con ella (el populismo), es imprescindible interrogarse acerca del carácter original y/o desviado de esta formulación.18 Como ya se ha evocado, es indispensable no olvidar que, aunque haya mucho de deseable, no hay nada de necesario en la instauración de la democracia representativa en la Argentina.

VI Las condiciones para la síntesis liberal-democrática se reeditaron en 1983.19 Este segundo proceso difiere, entre tantas otras cosas, del primero, en el que la democratización sobrevino a una experiencia previa de instituciones liberales y la tradición liberal comenzó a trabajar la naciente democracia, una vez que el proceso hubo comenzado. El "redescubrimiento" de la democracia y la convicción de que "las formas son el fondo" formaron parte de un "clima de época", y no vale la pena extenderse sobre ello20 aunque, quizá, la política reciente exija un recordatorio. Sea como sea, creo que se puede ordenar este intento en torno de dos grandes cuestiones: el debate liberal sobre la democracia y el debate democrático sobre la democracia.

Desde 1983, se produjeron tres grandes episodios que confirieron sentido al debate liberal sobre la democracia que califico como experiencias- debates.21 Primero, el debate en torno del Estado de derecho, a propósito de los juicios a los militares responsables por la violación de derechos humanos, que condujo a una aclimatación de la centralidad de los derechos individuales percibidos, como nunca antes, como irrenunciables. Luego, la discusión en torno de la autonomía de la sociedad respecto del Estado, en relación con el proceso de privatizaciones y de descentralización del Estado. Finalmente, la disputa institucional en torno del régimen político que abarcó la reforma constitucional de 1994 y que se actualizó con el derrumbe político (aunque no institucional) de la crisis del 2001, centrado en las consecuencias deseables y/o perniciosas de la reconstrucción de la autoridad presidencial y luego en relación con una discusión más profunda en torno del equilibrio de los poderes. La profundidad y perdurabilidad de esta última dimensión no necesita ser argumentada. Las tres cuestiones -libertades individuales, autonomía social e instituciones representativas- constituyen lo esencial de una discusión liberal de la democracia y vertebraron conceptualmente una parte considerable de la historia política reciente.

Como se puede constatar con facilidad, no obstante, el modo en que la tradición liberal trabajó la convicción democrática no constituye un capítulo cerrado, puesto que algunas de las decisiones implementadas fueron más tarde modificadas,22 como consecuencia, probablemente, de la transformación del contexto político y de la vitalidad recuperada de otras tradiciones político-ideológicas forjadas a lo largo del siglo XX. La dinámica entre contextos políticos y tradiciones ideológicas -que, por otro lado, es indispensable identificar lo más precisamente posible- es el sustrato de la historia de los modos de articular la síntesis entre la tradición liberal y la democrática y la expresión de sus dificultades y de sus ambigüedades.

El debate democrático sobre la democracia alude a otras cuestiones. Quisiera señalar tres: primero, la discusión en torno de las formas esenciales de figuración del pueblo soberano. Ella se actualizó con la reaparición de una interpretación fundada en la noción de pueblo-esencia. Esta interpretación exalta la unidad del pueblo y la nación y se forja en la exacerbación de las diferencias con lo externo, nombrado como elites corruptas, etc. Pero esa representación del pueblo apareció para muchos como insatisfactoria para nombrar la representación democrática e ineficaz para estructurar el debate público. Es a esa insatisfacción e ineficacia que se instaló una pregunta acerca de la pertinencia de esa representación, y la que abre, por lo tanto, un debate acerca del populismo.23

Segundo, una atención especial conferida a los mecanismos de control social, accountability, que aluden tanto a los controles verticales -gobernantes / gobernados- como al extendido movimiento de control horizontal (intrainstitucional). Se instala así una dinámica entre confianza y desconfianza ciudadana en la que la primera es indispensable para reconstituir un lazo social que, como la amistad cívica, cree un espacio de existencia intraindividual (que O'Donnell llamó la voz horizontal), mientras que la segunda, la desconfianza, nutre el impulso que inspira el control de la gestión pública. Esta dinámica entre confianza y desconfianza es uno de los desafíos inéditos que ha arrojado la experiencia política de los últimos años.24

En tercer lugar, el debate en torno de la tradición republicana, sobre el que volveré más adelante.

Ambos (el debate liberal sobre la democracia y el debate democrático sobre la democracia) se expresan en un contexto de emergencia de problemas inéditos. Quisiera detenerme un instante en tres de ellos: la dificultad para procesar la coexistencia de diferentes temporalidades que desdibujan la primacía de la voluntad popular; el debilitamiento de los fundamentos de legitimidad tradicionales de la democracia; la persistencia de la concepción populista de la soberanía.

La cuestión de las temporalidades democráticas tiene, en lo esencial, dos dimensiones: por un lado, alude a la tensión cada vez más estructurante del espacio democrático entre la urgencia y el largo plazo que requieren ciertas políticas de Estado y que se replica en la tensión entre la libertad de cada generación y la responsabilidad intrageneracional. En ambos casos, los expertos priman ante los ciudadanos. En uno de ellos, debido a la disponibilidad de información necesaria para gestionar las crisis; en el otro, por el conocimiento que requiere la previsión de los efectos de largo plazo como de la imaginación y control de los efectos de políticas contemporáneas. La otra dimensión de la temporalidad es un tanto más banal y remite a la tensión entre los resultados electorales de alcance diferente (ejecutivo y parlamentarios) en dispositivos electorales poco porosos a adaptarse a los cambiantes preferencias electorales. En ambos casos, la voluntad general oscila entre el debilitamiento y la confusión.

El debilitamiento de las formas tradicionales de la legitimidad revela un problema menos discutido: la insuficiencia creciente de la soberanía popular como forma exclusiva de la legitimidad y del principio mayoritario como realización de esa soberanía. Esta cuestión parte de una distinción entre el sujeto político y el procedimiento para hacer conocer su voz, y se expresa en la aparición de instituciones que dicen o se arrogan la voz de la soberanía, como por ejemplo, las cortes supremas o las instituciones encargadas de controlar o vigilar las aspiraciones del poder del soberano. También alude a la cuestión del impacto de la opinión pública y de las encuestas como modo de producción de una opinión con injerencia política pero desprovista de expresión institucional adecuada.

La robusta persistencia de la concepción populista del pueblo, ya aludida, opaca una condición de la democracia que es, precisa y paradójicamente, la coexistencia de un lugar soberano lleno y vacío; lleno porque es el lugar del poder, pero vacío puesto que la redefinición del soberano lo ocupa de modo distinto cada vez. En la medida en que el populismo se funda en una concepción del pueblo como una esencia, lo percibe también como el único legítimo ocupante del lugar soberano.

La discusión liberal y democrática de la democracia se acompaña con la irrupción y debate acerca de concepciones distintas de la democracia. Es imposible ahora comentarlas pero también es imposible ignorarlas. La versión de la democracia deliberativa presentada por C. Nino, la democracia republicana y representativa argumentada por G. O'Donnell y la concepción populista de la democracia propuesta por E. Laclau25 constituyen tres versiones diferentes que, unidas a los debates anteriormente citados, confieren una inusitada vitalidad a la discusión sobre la democracia en la Argentina reciente y recorren en profundidad las discusiones aludidas confiriéndoles, en muchas oportunidades, sus argumentos más profundos.

VII

Guillermo O'Donnell y Marcel Gauchet ofrecen pistas para complejizar el esquema evocado. Quisiera terminar con una rápida mención a ambos pues, estimo, contribuyen a una mejor comprensión de la relación con la nación y con la república. O'Donnell26 propone un análisis centrado en la crítica de lo que llamó la democracia delegativa. Me es imposible detenerme ni siquiera a hacer un breve comentario. Sólo querría evocar que O'Donnell encuentra insuficiente el esquema de la síntesis liberal-democrática y estima imprescindible agregar la dimensión republicana para aludir a la voluntad de participación de los ciudadanos y al compromiso ciudadano con el bien común.

La cuestión de la tradición republicana introduce, entonces, un elemento sobre el que vale la pena detenerse. A diferencia de la tradición democrática que reivindica un principio de justicia igualitario y un principio de "equivalencia de calidad" (Rosanvallon), y de la tradición liberal que reivindica libertades individuales y exige dispositivos institucionales para la limitación del poder soberano, la tradición republicana implica algo distinto. Ya sea a través del ejercicio de derechos ciudadanos o de las actividades de control público (accountability horizontal o vertical y dinámica entre la confianza horizontal y la desconfianza vertical ya aludidas), la exigencia republicana implica comportamientos ciudadanos derivados de una "disposición del espíritu" a salir de sí en dirección al otro. Es esta disposición del espíritu la que cabe interrogar, pues ella fluctúa, es inconstante e inestable.

Maquiavelo encontró una primera fórmula: el príncipe debe atizar el conflicto social para que la virtud ciudadana no decaiga; pero la modernidad disoció el ciudadano y el habitante de modo que la aspiración a la felicidad del segundo se fatiga de la aspiración a la libertad del primero. Hobbes confinó esa disposición sólo en el marco de la violencia. Rousseau se vio obligado a aceptar la sugerencia de "obligar a los hombres a ser libres". Constant condenó la centralidad de la participación política como anacrónica y le opuso la felicidad de la vida privada de los modernos. Tocqueville, en fin, asocia esta disposición con la pasión igualitaria aunque, en sociedades devenidas iguales, siempre privilegia recurrir a un tercero para realizarse antes que a los semejantes.

Esta dificultad ha tomado muchos rostros contemporáneos: desafección de la política, abandono de la plaza pública, abstención electoral, etc. También el fenómeno que O'Donnell describe como democracia delegativa puede interpretarse como un disfuncionamiento de la exigencia republicana. Resulta imperioso, entonces, una reflexión acerca de las condiciones de la participación republicana y su vínculo con la democracia.

Gauchet nos introduce a otro problema. Según él, la síntesis liberal- democrática hizo posible la concreción de la democracia liberal a principios del siglo XX en Europa y de una segunda versión luego de la Segunda Guerra. En ella confluyen tres grandes movimientos de autonomía. Ellos son: el movimiento de creación del Estado nación como expresión del poder soberano del cuerpo político; el movimiento de autonomía de los individuos como sujetos de derecho; y la autonomía que se deriva de la conciencia histórica, de la capacidad de proyectar la humanidad hacia la invención del futuro.

La democracia es, así, un régimen mixto que alberga en tensión los tres movimientos. La crisis actual de la democracia, advierte, se origina en el debilitamiento de la soberanía del Estado nación que hace que la democracia -como el ideal irrenunciable de un poder trascendente que se impone sobre los intereses particulares- derive hacia la autonomía de los individuos. Se instala así una desmedida tensión entre una democracia de satisfacción de derechos y una democracia de autoridad. "La panjuridización del espacio social es la contracara de la ausencia de soberanía", para usar la síntesis expresiva de Gauchet.

Ese debilitamiento es empujado por la globalización, sobre la que no vale la pena detenerse, y por el incremento de las demandas individuales, que brotan con la desaparición de un horizonte político común. Así, cuando la democracia constituye el único régimen político deseable y desaparece la ilusión de la superación socialista, la imagen del futuro se desdibuja y se expande la demanda de derechos que desnivela el equilibrio entre los componentes de la democracia cuya "naturaleza" es, por así decir, la de coexistir en permanente tensión.

*

O'Donnell y Gauchet nos advierten de la centralidad pero también de la insuficiencia de la síntesis liberal-democrática. Nuestra imaginación democrática percibe el desafío de satisfacer la exigencia republicana y de responder al desdibujamiento del Estado nación. Los debates aquí aludidos no han concluido y no concluirán. Lo propio de las democracias es constituirse inacabadamente (todos recordamos la célebre frase de Rosanvallon: "La democracia no tiene una historia, es una historia"). Las experiencias que los originaron y los acontecimientos, recientes o lejanos, reavivaron algunas discusiones y, de hecho, otras se han reabierto de un modo inesperado. No obstante, estimo, la síntesis de la tradición liberal y la tradición democrática es el núcleo sólido sobre el que reposa la reencontrada democracia. No es un punto de llegada, ni un conjunto normativo, ni un horizonte deseable. Es un tesoro que debemos conservar.

Notas

1 Estas consideraciones retoman argumentos conocidos. Sobre el particular, cfr. por ejemplo, P. Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Paris, Calmann-Lévy, 1987        [ Links ]

2 Juan B. Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Buenos Aires, Jackson, 1946, p. 57.         [ Links ] El subrayado es de Alberdi.

3 Aquí sólo puedo esbozar esta cuestión. Me he ocupado de ella en La cuestión de la república en el pensamiento liberal del siglo XIX. J. B. Alberdi y B. Constant, de próxima aparición.         [ Links ]

4 A pesar de las diferencias entre uno y otro, Sarmiento expone el mismo argumento (aunque con otras conclusiones) en sus Comentarios a la Constitución de 1853. Al respecto, cfr. Domingo F. Sarmiento, "Comentarios a la constitución", en Obras Completas, Buenos Aires, Universidad de La Matanza, 2001, Vol. VIII, p. 69-71.         [ Links ]

5 E. Sieyès, Qu'est-ce que le Tiers-Etat ?, Paris, Flammarion, 1988, p. 40.         [ Links ] La traducción es mía.

6 Por supuesto, la tensión entre la voluntad del soberano y las leyes naturales se reactualizó luego de que algunas disciplinas sociales, en particular la economía, sugirieron la existencia de leyes científicas de cumplimiento inexorable y que actúan, por lo tanto, como límites al ejercicio de aquella voluntad.

7 La expresión pertenece a A. Finkielkraut. Cfr. La défaite de la pensé, Paris, Gallimard-Folio, 1987.         [ Links ]

8 Lo que constituye o un modo de ignorar una historiografía totalmente renovada en los últimos treinta años o el testimonio de una pasmosa ignorancia o, más probablemente, la expresión de una radical indiferencia frente a los avances de esa historiografía.

9 Cfr. G. O'Donnell, Contrapuntos, Buenos Aires, Paidós, 1997, Cap. 11.         [ Links ]

10 Ph. Raynaud, "La démocratie à l'épreuve d'elle-même", en Siep Stuurman (ed.), Les libéralismes, la théorie politique et l'Histoire, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1994, p. 210.         [ Links ]

11 N. Bobbio, El futuro de la democracia [1984], Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 15.         [ Links ] Sobre este punto, cf. también de Bobbio, Liberalismo y Democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1992, en especial, caps. XIII, XV, XVI y XVII.         [ Links ]

12 Sobre este punto, cf. Marcela Ternavasio, La revolución del voto, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.         [ Links ] El mejor análisis de la cuestión del significado del sufragio sigue siendo P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen, Paris, Gallimard, 1992.         [ Links ]

13 Cfr., entre otros, Hilda Sabato, "Le peuple un et indivisible. Pratiques politiques du libéralisme porteño", en Cahiers Alhim, núm. 11, 2005.         [ Links ]

14 Este es un interesante punto de cruce entre la tradición liberal y la democrática, pues en ambas el individuo está "borrado". La idea de la existencia de una tradición liberal de la cual el individuo está borrado (effacé) es de L. Jaume. Cfr. L'individu effacé, Paris, Fayard, 1995.         [ Links ]

15 Es imposible desplegar aquí este punto. Sobre él puede consultarse la obra de J. V. González, J. Ingenieros, R. Rivarola, entre tantos otros que plantearon la necesidad de formarse una idea acabada del significado del pueblo como noción previa a discutir y pensar formas políticas de su representación. Sobre este punto, me permito remitir al lector a mi "Rodolfo Rivarola y el impasse democrático de la derecha liberal", en Estudios Sociales, núm. 34, 2008 y a mi "         [ Links ]El momento Centenario y las ambigüedades democráticas", de próxima aparición.         [ Links ]

16 Como se sabe, esos modelos pueden ser vistos desde dos pares de opuestos. En primer lugar, la vía inglesa basada en la reforma moderada y progresiva del régimen censitario, fundada en el reconocimiento de intereses particulares y la vía francesa fundada en la revolución y en el reconocimiento de un valor "epistemológico" al sufragio universal. En segundo lugar, la constitución en Francia de una nación igualitaria, centralizada y unanimista y la versión norteamericana de una república pluralista y descentralizada

17 Esta cuestión no puede ser discutida sin una ampliación de las consideraciones presentadas en el parágrafo III.

18 Como es evidente, este punto requiere de una discusión detallada con los argumentos presentados recientemente por E. Laclau. Al respecto, entre otros, cfr. E. Laclau, La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.         [ Links ]

19 No puedo aquí ni argumentar adecuadamente este salto cronológico ni construir los puentes entre un proceso y otro.

20 Al respecto, cfr. textos tan distintos como el de Tulio Halperin Donghi, La larga agonía de la Argentina peronista o el de Juan Carlos Torre,         [ Links ] "Cuestiones de método. Una vez más sobre los avatares de la izquierda socialista democrática en la Argentina de hoy"         [ Links ]. Agradezco a J. C. Torre haberme facilitado el texto manuscrito.

21 Con esta idea quiero señalar la existencia de una suerte de inescindible unidad que involucra experiencias políticas acompañadas por debates seguidos de decisiones y, por lo tanto, de políticas. Por supuesto, en el mismo término también incluyo los procesos que conducen a nuevos debates sobre los mismos temas y a una reconsideración de las decisiones políticas en cuestión y a la implementación de nuevas decisiones sobre antiguos tópicos.

22 Podrían citarse muchos ejemplos. Baste para aclarar el punto dos de ellos: la evolución de la privatización de algunas empresas como Aerolíneas Argentinas, la forma en que evolucionó la convicción de la necesidad de reconstruir la autoridad presidencial entre 2001 y 2009 o la historia de las AFJP.

23 Sin duda, ese debate se nutrió de la evolución política. No obstante, su formulación discursiva no fue ni es ajena a la difusión de la reciente obra de E. Laclau.

24 Para apreciar la pregnancia temporal de ese desafío, basta releer El matadero o La fiesta del monstruo,         [ Links ]         [ Links ] o reparar, como lo ha hecho recientemente Tulio Halperin Donghi, en que el diagnóstico con el que, durante el Centenario, J. V. González creía develar un secreto de larga duración que explicaba males seculares que describía en El juicio del siglo no era otro que una "         [ Links ]ley del odio".

25 Las referencias bibliográficas son considerables. Sólo a título de síntesis, me refiero a C. Nino, La constitución de la democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa, 1997;         [ Links ] E. Laclau, La razón populista, Buenos Aires Fondo de Cultura Económica, 2005 y a las siguientes compilaciones de G. O'Donnell: Contrapuntos, Buenos Aires, Paidós, 1997; Disonancias, Buenos Aires, Prometeo, 1997;         [ Links ] y Catacumbas, Buenos Aires, Prometeo, 2008.         [ Links ]

26 Cfr. G. O'Donnell, Disonancias. Críticas democráticas a la democracia, op. cit., que recoge un conjunto de artículos recientes.