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Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani

versão impressa ISSN 0524-9767

Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani  no.33 Buenos Aires ja./dez. 2011

 

ARTÍCULOS

Comentarios a la ponencia de Mirta Lobato

Dora Barrancos

Universidad de Buenos Aires - Universidad de Quilmes - CONICET

La comunicación de Mirta Lobato presenta un balance sobre algunos débitos fundamentales de nuestro sistema social, y se refiere especialmente a la sobrevivencia de la inequidad y de la desigualdad de ciudadanía, escudriñando sobre todo la condición de las mujeres, de las poblaciones inmigrantes y de las etnias originarias. Coincido con un presupuesto básico de Lobato: lejos de la autocomplacencia, el Bicentenario debe ser la oportunidad de una sincera reflexión acerca de lo que nos aconteció como sociedad. Debe significar, sobre todo, la ocasión de un análisis profundo acerca de nuestros avatares, una invitación a pensar en los obstáculos que hemos tenido para constituirnos en una comunidad en la que se garantice "el derecho a tener derechos", según la bien conocida fórmula de Hanna Arendt. Acompaño el análisis de las exclusiones realizado por Mirta Lobato y propongo que repasemos algunas circunstancias desde fines del siglo XIX.

Cuando las largas guerras parecieron encontrar un freno, enfrentamos el desafío de constituirnos como nación. Las fuerzas liberales parecían entonces convencidas de la necesidad de garantizar la soberanía individual dentro de un orden republicano investido por los principios de igualdad. Pero nuestros liberales, en verdad, estuvieron más tentados por las vertientes conservadoras, de modo que el ingreso a la Argentina moderna se hizo con numerosas exclusiones: no todos -y mucho menos todas- tenían asegurada la condición de sujetos de derecho. A tono con la enjundia evolutiva del período y de sus extendidos tonos racialistas, se creía que las marcas de origen indiano eran un grave obstáculo para el desarrollo de una sociedad pujante en donde sobresaliera el destello de la razón. Se uncía la nación a la profecía de un destino notable si se superaba el atavismo bárbaro. De este modo, el proceso de modernización finisecular reclamó la conquista militar de los territorios patagónicos ocupados por pueblos aborígenes, y recordaré que desde el inicio de la ocupación hispánica se había retaceado el derecho de gentes a los indígenas. La devaluación aborigen, reavivada entonces por la acción militar, coincidía con la sobrevaluación de las poblaciones europeas cuya inmigración fue requerida como un paliativo eugénico, como la posibilidad cierta de hacernos de riqueza material y cultural y de asegurarnos un lugar reconocido en el orbe. Pero se trataba de una utopía, pues es bien sabido que las masas inmigrantes procedían en gran medida de los márgenes de Europa, que en buena parte provenían de medios rurales y que apenas eran alfabetas.

Entre los miles y miles venidos de ultramar no fueron pocas las mujeres, y éstas poseían menos ilustración aun que los varones. Recordaré tan sólo que cerca del 90% de las gallegas ingresadas hasta 1913 eran analfabetas, e igualmente lo era la mayor parte de las mujeres que habían inmigrado de la Italia meridional. Si la decepción de nuestros liberales fue grande, no lo fue menos el empeño para educar a los recién llegados y a su descendencia. La educación, pensada para resolver el problema de las poblaciones "atrasadas" y amenazantes, locales y extranjeras, fue una lanzadera para alcanzar la ciudadanía. En las primeras décadas del siglo XX, nuestro sistema educativo alcanzó un notable proceso de expansión que derramó los beneficios letrados de modo casi único en América Latina. Nuestro país se constituyó en una de las naciones con menor número de analfabetos de la región, aspecto que sólo la República Oriental del Uruguay compartía. De este modo, si los agentes del poder político oligárquico se caracterizaron por la exclusión, en contrapunto, la educación fundamental que prodigaron garantizó un proceso que tendía a la nivelación integradora de los menos favorecidos. Y a fuerza de ser sinceras, debemos reconocer que nuestra fórmula de educación laica, obligatoria y gratuita no excluyó a las mujeres. Ocurrió más bien lo contrario, algunas provincias, como es el caso de San Juan, pudieron exhibir cuotas mayores de participación femenina. Desde luego, otra historia es la de la educación media y superior, desertizada de mujeres, siendo una excepción la enseñanza secundaria que preparaba para el magisterio, piedra angular de la formación femenina con impacto en la esfera pública. La formación de los letrados -bueno es recordarlo- fue una tarea sobre todo de las mujeres.

La ampliación política pudo ser conquistada por las nuevas fuerzas sociales representadas por los segmentos medios en ascenso, por la multiplicación del número de asalariados, por el aumento de diversos grupos de trabajadores en más complejas actividades productivas. La "cuestión social" se agitaba a la par de la expansión de las ideologías cercanas al proletariado, el anarquismo y el socialismo, que revelaron fuerte implantación en los medios urbanos y que urgían -con disímil radicalidad- a obtener una sociedad más igualitaria. El gobierno de Hipólito Yrigoyen, surgido en 1916 de la nueva fuerza política, la Unión Cívica Radical, respondió a las demandas de participación de un variopinto arco social. Y aunque resultaron significativos los avances en materia de mejoras para los grupos subalternos, el radicalismo, a pesar de su raigambre liberal, fue vacilante en lo que atañe a las convicciones civiles progresivas. Una buena parte de sus partidarios no comulgaba, por ejemplo, con el divorcio vincular, y aunque no eran pocos los que abogaban por el voto de las mujeres, no había en sus filas entero convencimiento sobre esa medida, comenzando por la opinión del propio Yrigoyen. La influencia de la Iglesia se hacía sentir en sus filas. Pero a pesar de sus dilaciones progresivas, como es bien conocido, fue un conjunto de fuerzas ultraconservadoras, militares y civiles, el que lo derrocó en 1930, iniciándose una larga era de golpes militares que suspendieron de un modo repentino el Estado de derecho.

Sostengo que el particular empinamiento intelectual de esas derechas en nuestro país, su miedo y hostigamiento a los sectores populares obturándoles formas de inclusión, tiene mucho que ver con los atributos letrados conquistados gracias a la educación pública. La hipótesis que mantengo es que nuestras derechas se crisparon con la capacidad simbólica de la participación en una democracia letrada, que parecía ser más efectiva que la democracia política. Irritaba a nuestras derechas que los "guarangos" pudieran compartir los bienes simbólicos de los letrados y temían que se empinaran con otros logros materiales. Sugiero detenernos en la evidencia de que pocos países latinoamericanos han visto un desarrollo tan vigoroso de las formaciones de derecha como en nuestro medio, y me refiero a la enjundia intelectual que las caracterizaron, tal como lo evidencia Olga Echeverría.1 Sin duda, debemos distinguir el pensamiento y las agencias conservadoras de las fuerzas autoritarias. No pueden confundirse personalidades como las de Rodolfo Moreno y Emilio Hardoy -es muy sugerente el prólogo de Ezequiel Gallo2 a la selección de textos de plumas conservadoras-, con los espíritus francamente reaccionarios. Si se examinan los vertederos ideológicos y la estatura intelectual de los ideólogos ubicados a la derecha en la Argentina, representan un claro contraste con los referentes autoritarios producidos por México y Brasil. Oliveira Viana, a pesar de la espesura de sus ideas, no puede ser comparado con los hermanos Irazusta, y la decidida involución de José Vasconcelos fue tardía con referencia a nuestro Leopoldo Lugones, cuyo fuste intelectual es incontestable. Plínio Salgado es una figura casi caricaturesca si se la compara con Carlos Ibarguren.

La inclusión social obtenida con el peronismo fue en buena medida paradójica, pues surgió como una consecuencia no querida por ciertos bastiones de derecha que le sirvieron de incubadora. El peronismo, no hay dudas, fue el fenómeno político más notable de la segunda mitad del siglo XX; su complejidad no acaba de escudriñarse. Los procesos de redistribución que se vivieron bajo el régimen peronista, tanto de orden material como simbólico, implicaron sin lugar a dudas el acceso a derechos sociales en gran escala; pero también se incrementó la distribución de la "civilidad" con prerrogativas fundamentales como el voto de las mujeres, la igualación de la filiación y el divorcio vincular. Es igualmente cierto que esa era en la que se consumó una conquista de mayor igualación, no significó en absoluto completa libertad, ya que convivieron los tonos autoritarios con el usufructo de derechos.

Con la derrocada del peronismo y su completa marginación, inclusión y exclusión políticas fueron diástole y sístole en una sociedad en la que reverberaban, además, los acontecimientos internacionales de la década de 1960 apelando a la radicalidad. El programa de la inclusión definitiva de las masas populares reconoció muchos vertederos, fue impetuosa la palabra y también el derramamiento de sangre. Se trató sin duda de una utopía agonística, en muchos aspectos equivocada, pero no puede negarse que esa generación fue una de las más convictas en el credo de la igualdad social, y que fue más lejos que ninguna otra en la interpelación a las formas más ominosas de injusticia social. Sin embargo, faltaron registros de inclusiones en sus designios: la condición subalterna de las mujeres no hacía parte del programa redentor en orden a las distintas "liberaciones".

Con la retomada de la democracia, después de la noche oscura del terrorismo de Estado -sin duda la peor experiencia que hemos vivido como nación-, la agenda de la renovación democrática impuso la visibilidad de la asimétrica condición femenina y no hay dudas acerca de los enormes logros conquistados en materia de derechos para las mujeres, desde la patria potestad compartida hasta la inclusión de la CEDAW en el plexo constitucional de 1994. La ley de cupo de 1991 y la más reciente sanción de la ley contra todas las formas de violencia resultan interceptadas por los retrocesos de los derechos sociales impuestos por las políticas neoliberales. La ciudadanía femenina que ganaba expansión en muchas dimensiones durante los años noventa sufría una mengua con las formas envilecidas de la contratación laboral, los puestos de baja calificación y las diferencias salariales que resultaron más profundas a medida que, de forma paradójica, eran mayores las calificaciones femeninas. Aunque no hay duda de que pasada la severa crisis del 2001 -en la que la ponencia de Mirta Lobato se demora- la situación social ha mejorado, no es mucho lo que se ha hecho a favor del reconocimiento del trabajo femenino extradoméstico. Creo que es el mercado laboral donde se infringen más gravemente los derechos de las mujeres, y desde luego, "mercado" alude al vasto arco de las actividades de transformación y de servicios que incluye a nuestras universidades y al sistema de ciencia y técnica.

A esta usina de inequidades se agrega el retraso en materia de soberanía individual con la rémora de la penalización del aborto en nuestro país. Me gustaría entonces subrayar que al menos hay dos avenidas de nuestra experiencia vital en las que la desigualdad no ha perdido constancia desde la recuperación democrática: el trabajo productivo y la obligación reproductiva. Si el Bicentenario debe ser la oportunidad de una memoria autoimpugnadora, una reflexión profunda sobre nuestros desaciertos, algunos tan trágicos, un optimismo impenitente me lleva a pensar que esa misma memoria pueda impeler a acciones reparadoras para conquistar equidad y auténtica igualdad en el futuro que aguarda.

Notas

1 Olga Echeverría, Las voces del miedo. Intelectuales autoritarios en las primeras décadas del siglo XX, Rosario, Prohistoria, 2009.         [ Links ]

2 Ezequiel Gallo (ed.), El pensamiento conservador, Buenos Aires, El Ateneo, Colección Claves del Bicentenario, 2010.         [ Links ]