SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número33Comentario a "Las crisis argentinas en perspectiva histórica", de Eduardo MíguezComentarios finales índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

  • No hay articulos citadosCitado por SciELO

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Bookmark


Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani

versión impresa ISSN 0524-9767

Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani  no.33 Buenos Aires ene./dic. 2011

 

ARTÍCULOS

Comentarios a "Las crisis argentinas en perspectiva histórica"

 

Juan Suriano

Universidad de Buenos Aires - Universidad Nacional de La Plata

 

La sugerente presentación de Eduardo trasciende el tema del título de este bloque, "las crisis en perspectiva histórica", para efectuar una interpretación de los problemas estructurales y coyunturales de la Argentina del pasado y del presente que han determinado éxitos y frustraciones. En este relato de interpretación global se entrelazan los análisis de los comportamientos económicos y políticos, puesto que lo "que ha caracterizado a la Argentina en su largo período crítico del siglo XX es una conjunción entre el ciclo económico y la evolución de la política, en la que ésta parece predominar sobre la primera."

Me gustaría, más que comentar el trabajo, agregar una perspectiva diferente sobre las crisis que apenas se mencionan. Me refiero a pensar sus consecuencias sociales. Desde este punto de vista quisiera plantear, en diálogo con la ponencia de Eduardo, una serie de preguntas cuyas respuestas deberían contribuir a comprender mejor el derrotero de nuestra historia y "la sórdida realidad que los argentinos padecen" en vísperas de la celebración del Bicentenario de nuestra independencia. ¿Cuál fue el rol de los actores sociales frente a las diversas crisis económicas? En realidad, en este caso debería reformular la pregunta en singular y decir "actor social", pues me interesa aquí analizar al sector más afectado históricamente por las crisis: la clase obrera o, mejor, los trabajadores en el sentido más amplio, como alguna vez planteara Hobsbawm ¿Cuáles fueron sus respuestas y estrategias frente a las desestructuraciones provocadas por las crisis económicas? ¿Cómo se expresaron social y políticamente frente a ellas? ¿Cuál fue su capacidad de presionar a las autoridades y a los grupos empresarios? ¿Cuánto incidió su conducta en la elaboración de las políticas sociales y en la obtención de derechos sociales? ¿Cuánto influyó su presencia en la construcción de ciudadanía en su doble sentido, política y social? Por supuesto, no pretendo aquí responder todos estos interrogantes sino dejarlos planteados para la discusión.

Si miramos desde esta perspectiva el siglo XX, el primer hecho a resaltar es que si bien las crisis económicas que tuvieron lugar entre 1890 y 1970 provocaron penurias a los trabajadores (desocupación, caída del poder adquisitivo del salario, deterioro de las condiciones de trabajo), en un mediano plazo terminaron beneficiándolos, pues una vez superada la coyuntura crítica, generalmente después de un período de conflicto social, se avanzaba hacia el fortalecimiento de sus instituciones y de la cohesión gremial, y de manera general, al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. Es lo que ocurrió una vez superada la crisis de 1890 cuando dio comienzo el proceso de conformación del movimiento obrero argentino y la creación de las primeras políticas sociales del Estado; por su parte, la depresión provocada por el estallido de la Primera Guerra Mundial desembocó en uno de los movimientos huelguísticos más importantes del período, y como consecuencia de estos movimientos de protesta se produjo una reestructuración y un relativo fortalecimiento de las formas de organización sindical así como un cambio en la naturaleza de intervención del Estado en los conflictos; por su parte, la crisis de 1929 (que coincidiría con la dura represión desatada por el primer gobierno de facto) también permitió avanzar en la reorganización del movimiento obrero dando lugar al surgimiento de la CGT y a un profundo cambio en las estrategias de intervención del Estado, acorde a las políticas keynesianas que comenzaban a imponerse en Europa y EE.UU., no sólo con el objeto de reactivar la economía sino también para hallar soluciones a las altas tasas de desocupación; esto es, tratar de moderar las crisis de legitimidad provocadas por el carácter irresoluble de la tensión entre igualdad jurídica y la desigualdad económica y social.1

Este último proceso desembocaría en dos cambios trascendentales; el primero es que los trabajadores se convirtieron en un actor político central como consecuencia de la interpelación efectuada por Perón que, en buena medida, los transformó en artífices de su triunfo electoral; el segundo cambio refiere a que bajo la conducción del gobierno que contribuyeron a gestar, se sindicalizó de modo obligado a la mayoría de los trabajadores, y se impuso por primera vez al movimiento obrero organizado una orientación política e ideológica oficial, desplazando sin consideraciones de su conducción al arco de tendencias de izquierda que habían predominado durante cincuenta años. La gran paradoja es que mientras los sectores de izquierda gremial, en el marco de prácticas de libertad sindical, nunca pudieron dejar de lado sus rencillas internas y las divisiones que los debilitaron y les impidieron una acción unificada, el sindicalismo peronista construyó su fortaleza y solidez a partir de una férrea conducción que no dejaba lugar a las disidencias (como ocurrió con el laborismo), pero que conseguía la masiva adhesión de las bases al amparo de las realizaciones oficiales, aunque -claro está- cuando comenzaron los problemas económicos y la política social se ralentizó, la conducción sindical comenzó a ser cuestionada.

Y de alguna manera, el modelo de sindicalismo que se impuso desde fines de la década de 1950 se basó en la experiencia impuesta por el peronismo, ahora ya no al amparo de las realizaciones oficiales, sino apoyado en el recuerdo (y la idealización) de épocas mejores y a través de alianzas con los poderes de turno. Esto fue posible gracias a la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales durante el gobierno de Frondizi, que les permitía (y aún les permite) a las dirigencias sindicales mantener el control político de los gremios al impedir el acceso de las minorías a su conducción y controlar los millonarios ingresos de sus cajas, especialmente a partir de la sanción, en 1970, de la Ley de Obras Sociales, que otorgó el manejo formal de ellas a los sindicatos. Esta peculiaridad le permitió al sindicalismo peronista tener una gran capacidad de presión corporativa sobre los gobiernos y convertirse en un actor político de primera magnitud hasta el golpe militar de 1976.

Precisamente a partir de ese momento, tal vez mejor desde 1975 y de un modo particular durante la década de 1990, se llevó adelante una transformación económica que produjo la crisis más larga, grave y profunda del mundo del trabajo. Esta crisis trajo aparejada en nuestro país la desarticulación de un Estado de bienestar que desnudó sus debilidades estructurales, el achicamiento y la dispersión del mundo de los trabajadores, el debilitamiento de las viejas estructuras sindicales y, sobre todo, un proceso de exclusión social que generó zonas de pobreza estructural inexistentes hasta entonces. En sentido inverso, se trató del fin de un proceso complejo y nada lineal de inclusión social de los trabajadores y los sectores populares en general, que había comenzado tempranamente en las dos décadas finales del siglo XIX.

Sin duda, ese proceso de inclusión se relaciona tanto con las posibilidades de ascenso social como a la consolidación de sus derechos que, de alguna manera, contribuyó a generar -como sostiene Eduardo- una sociedad menos desigual que otras de América Latina. Tenemos certeza de que un importante grado de inclusión se desarrolló entre los trabajadores de la Pampa Húmeda, del Litoral, de las grandes ciudades vinculados al trabajo industrial, al agrícola o a los servicios. Hacia mediados del siglo XX, si no todo, un amplio conjunto de la población tenía garantizado el acceso a la educación y a los sistemas de salud; y la mayoría de los trabajadores, además, había obtenido el derecho al trabajo y una serie de beneficios vinculados a la seguridad social que se plasmaron en la Constitución Nacional de 1949, fueron ratificados luego de su derogación en el Artículo 14 bis y cuya vigencia se prolongó un par décadas más.

De todas formas, en este punto habría que plantear interrogantes sobre cuál fue el grado de homogeneidad e igualdad alcanzado por la sociedad, ya que no eran pocos los sectores sociales que quedaban fuera de los beneficios, tanto del proceso agroexportador como -más tarde- del limitado proceso de industrialización. Aun en el momento de mayor integración social, durante el primer peronismo, puede percibirse la dificultad para incluir en el Estado benefactor a bolsones de pobreza cuya contención, finalmente, estuvo a cargo de las políticas asistencialistas de la Fundación Eva Perón, y no a través de la inclusión de políticas sociales de tipo universalistas. Sin embargo, a pesar de los problemas que presentaban la integración social y la falta de resolución a las continuadas crisis políticas, Argentina conservaba un aceptable nivel de cohesión social que era mayor al de gran parte de países de América Latina. Es precisamente esta cohesión social la que vendría a quebrarse a partir de la mencionada crisis que arrancó en 1975.

El resultado de este proceso de "modernidad excluyente" implicó un impresionante aumento del desempleo y el subempleo cuyo resultado más dramático significó la expulsión de un sector importante del viejo mundo del trabajo fuera del sistema de protección social. Se produjo, en términos de Castel, un proceso de "descolectivización" de los trabajadores, consistente en la pérdida de los soportes colectivos constituyentes de la identidad de los sujetos que condujeron a la individualización de las relaciones sociales.2 Como consecuencia de estas transformaciones se ha generado una nueva cuestión social cuyo problema central es qué hacer con el amplio segmento de individuos excluido del sistema (los nuevos pobres). Por supuesto, una porción importante del mundo del trabajo ha persistido y sigue incluido en el sistema, aunque también ha perdido derechos y capacidad de presión debido a la nueva normativa legal que flexibilizó los contratos de trabajo y las condiciones de producción. Podría sostenerse que, en este caso, la ciudadanía social subsiste de manera precaria y bajo otras condiciones. Este emergente sector ha generado una nueva geografía social de la protesta al tener que apelar a formas de organización y movilización diferentes a las tradicionales, pues las huelga sólo es un repertorio de confrontación válido en condiciones de ocupación laboral regular. También se ha producido un cambio radical de las tradicionales demandas relacionadas con el mundo del trabajo por otras que implican el reclamo de recuperar el derecho al trabajo o recuperar la protección estatal.

La respuesta del Estado a la nueva cuestión social parece haber aceptado la premisa de que el bienestar ya no es un derecho de todos, sino una cuestión de oportunidad personal (accede al bienestar aquel individuo en condiciones de hacerlo). Los paliativos a la nueva pobreza han consistido en aplicar políticas asistenciales y focalizadas con un fuerte sesgo clientelístico que, si mejoraron algo en los últimos años al amparo de la recuperación económica, no modifican estructuralmente la situación de exclusión y tienden a reforzar el desarrollo de una "ciudadanía restringida".3 En este sentido, finalizo con dos interrogantes. ¿Qué tipo de democracia puede construirse en una sociedad que a partir de la portentosa crisis de finales del siglo XX ha avanzado tanto en sus niveles de exclusión social? Al margen de la legítima preocupación por el escaso apego a la institucionalidad y los problemas de corrupción de nuestros sistemas de gobierno, ¿puede pensarse la democracia política aislada de la democracia social?

Notas

1 Jurgën Habermas, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu, 1986.         [ Links ]

2 Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Buenos Aires, Paidós, 1997.         [ Links ]

3 Maristella Svampa, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del liberalismo, Buenos Aires, Taurus, 2005.         [ Links ]