La milicia cívica en Lima independiente (1821-1829). De la reglamentación de Monteagudo a La Mar¹

Víctor Peralta Ruiz²

Artículo recibido: 12 de abril de 2013

Aprobación final: 19 de diciembre de 2014

>Resumen

Este trabajo se concentra en el estudio de las milicias cívicas en la capital peruana entre el Protectorado de José de San Martín y el gobierno del General José de La Mar. A partir del análisis de los numerosos reglamentos sobre organización y funcionamiento de milicias que se sancionaron en la década de 1820, pero también de otras fuentes primarias que dan cuenta de su práctica, se procura delimitar la amplia disparidad suscitada entre su proyección política y su aceptación social. Si bien los gobernantes se propusieron alentar a través de las milicias la hispanofobia (época de Monteagudo) y luego el republicanismo (período entre Bolívar a La Mar) la población limeña, con excepción de los sectores de la plebe, se resistió en todo momento a participar en dichos cuerpos cívicos por considerarlos ajenos y/o contrarios a su prestigio social.

Palabras clave: milicias ; Lima ; independencia ; Bernardo Monteagudo ; Simón Bolívar ; José de la Mar

Abstract

This article studies the civic militia in Lima (Perú) in the period between the Protectorate of General Jose de San Martin (1820-1822) and the government of General Jose de La Mar (1827-1829). As a result of the analysis of a number of legal regulations concerning the militias and other primary sources, this work demonstrates that there was little concord between the legal framework of the militias, their political aims, and their social acceptance. While the rulers encouraged hispanophobia and republicanism by means of civic militias, the population of Lima, except for the popular classes (plebe), refused to participate in those forces for they considered that it was against their prestige and social class.

Keywords: militia ; Lima ; independence ; Bernardo Monteagudo ; Simon Bolivar ; Jose de La Mar

Trabajos recientes han demostrado la importancia que, junto con el ejército, tuvieron las milicias en la estructura militar de Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX³. En varios espacios urbanos como Buenos Aires y México las milicias posibilitaron una "militarización de la conciencia", es decir, "la formación de una matriz para la creación de una cultura de la guerra"⁴. Esta movilización armada se activó con ocasión de los conflictos bélicos imperiales sostenidos por España primero contra Inglaterra y luego contra Francia, durante las guerras de independencia y, por último, en el proceso del establecimiento de los Estados nacionales. El caso peruano no fue ajeno a este recorrido histórico de las fuerzas militares entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, aunque su caso presenta una serie de peculiaridades. Reflexionar sobre este asunto implicará trasladar a la realidad peruana la pregunta formulada por Raul O. Fradkin sobre el grado de influencia que tuvieron en los experimentos republicanos iniciales las normas, concepciones y experiencias forjadas en torno a la organización del ejército y las milicias virreinales⁵. Esto supondrá reflexionar en torno al permanente estado de guerra en que se enfrascó el virreinato desde 1809, cuando se convirtió en un bastión de la contrarrevolución en América del Sur. Los virreyes José Fernando de Abascal y Joaquín de la Pezuela hicieron del ejército, conformado en su mayoría por soldados peruanos y financiado por las elites regionales, el actor fundamental de las contiendas bélicas fuera de las fronteras (Quito, Charcas, La Paz, Chile y norte argentino). Al mismo tiempo, ambos gobernantes dejaron a las milicias el control del orden interno aunque las mismas tuvieron escaso protagonismo en la lucha contra las rebeliones más importantes (Huánuco en 1812 y Cuzco en 1814).

En Lima, el intento de modelar un ciudadano-soldado defensor de la República estuvo mediado, de modo simultáneo y conflictivo, por la tradición virreinal que había regulado el funcionamiento de las milicias urbanas y por el proyecto político que le asignaron los nuevos gobernantes a partir de 1821. La estructura de mando y su funcionamiento no fueron esencialmente diferentes durante el Protectorado y en los inicios de la República. Los condicionantes sociales, raciales y económicos que caracterizaron a los regimientos de los milicianos del rey subsistieron, sin que ello fuese contrario a que nuevas leyes procurasen adaptarlos a una realidad política diferente. De hecho, hubo un cambio trascendental que subordinó tales permanencias "virreinales" a la nueva práctica política: la conversión de las milicias por obra del ministro de Estado Bernardo Monteagudo en el brazo armado del nuevo régimen anti-español. Esta actuación inédita de las milicias conllevó la transformación de sus integrantes, en su mayoría, miembros de la plebe, en revolucionarios que, a la manera de los sans-culottes se enfrentaron a los representantes del realismo peruano en fase de disolución. Esta breve conmoción social se interrumpió con la caída y exilio de Monteagudo en julio de 1822, pero las milicias cívicas, tal como fueron conformadas por él, siguieron subsistiendo entre los gobiernos de José de la Riva Agüero y José de La Mar, como lo demuestran los reglamentos de milicias sancionados de 1823 a 1829.

Este artículo se aproxima a las milicias limeñas a partir del análisis de la legislación que sobre su organización y funcionamiento fue dispuesta entre el Protectorado de San Martín y Monteagudo y el gobierno de José de la Mar (1827-1829). A través del seguimiento de los reglamentos y el uso de otras fuentes primarias complementarias se dará cuenta, primero, del contenido político y militar que los gobernantes quisieron conferir a las milicias y, segundo, de las reacciones de la población ante la naturaleza política que adoptaron estos cuerpos cívicos en los primeros años posteriores a la independencia. El tema se adentrará en la percepción de una institución afectada por marchas y contramarchas legales derivadas en gran medida de la resistencia de la población ajena a la plebe a participar en ella. Fuera del ámbito de la oficialidad, reservada primero a la aristocracia y luego a los personajes con relativo poder económico, los milicianos limeños procedieron del ámbito más popular y marginal de la población y, en su mayor parte, se identificaban con la población afrodescendiente (pardos, mulatos, esclavos)⁶. Si bien esta procedencia popular y étnica no fue un atributo únicamente de las milicias de Lima sino también del resto de las instaladas en otras provincias, una de sus peculiaridades fue su no intervención en contienda bélica alguna durante la fase cronológica estudiada. Ello las diferenciará de las milicias establecidas en el sur andino, en las que además la mayor parte de sus integrantes fueron indígenas⁷. Para comprobar lo que hasta aquí se argumenta, este texto se divide en tres partes, una primera dedicada a la milicia en la fase final del régimen virreinal, una segunda orientada a la ideología hispanófoba que quiso conferir a los milicianos el ministro Bernardo Monteagudo durante el Protectorado; y una tercera, dirigida a comprender los relativos intentos de los primeros gobernantes republicanos de desideologizar (extirpar la hispanofobia) a la milicia y ceñirla a la forja de un ciudadano armado⁸.

Últimos años de la milicia virreinal

La milicia fue una institución alentada tempranamente por los gobernantes del virreinato peruano para apoyar y socorrer a los batallones y regimientos militares tanto en la defensa del territorio frente a los ataques de la piratería, como en el apaciguamiento de los desordenes sociales internos. Por ejemplo, la más antigua, el Batallón de Milicias Disciplinadas de Pardos Libres de Lima, fue creada en 1608. En 1762, apenas inaugurado el gobierno del virrey Manuel de Amat y Junient y un año después de que los ingleses ocuparan La Habana, se estableció la más importante reforma de las milicias del período borbónico para garantizar la seguridad del virreinato. A partir del Reglamento de milicia de infantería y caballería de la isla de Cuba, de 1769, en todas las provincias peruanas se crearon batallones de milicias cuyo mando superior y sostenimiento económico fueron asumidos por la nobleza. Ello garantizó que los apenas seiscientos hombres que integraban este cuerpo en 1762 pasaran a ser cincuenta mil en 1776⁹. Pero estos milicianos nunca combatieron durante el período virreinal y, más bien, "formaron la base de una ‘militarización’ que estuvo más interesada en el uso del uniforme y en la performance del vasallaje al rey que en la práctica de la disciplina militar"¹⁰. Para los nobles formar una milicia no sólo les confería un nuevo símbolo de distinción social, sino que también les deparaba nuevas prerrogativas legales al garantizarles el uso del fuero militar¹¹. Ese año en la capital se crearon tres nuevos cuerpos milicianos: el Batallón de Milicias Disciplinadas de Españoles, el Batallón de Infantería de Milicias del Número y el Batallón de Milicias Disciplinadas de Morenos Libres¹². Luqui Lagleyze sostiene que la totalidad de las milicias limeñas anteriormente consignadas entraron en receso para reforzar a los ejércitos reales a raíz de la llegada de la Expedición Libertadora comandada por el general José de San Martín.

Hacia 1810 el número de tropas veteranas era ampliamente inferior al de las milicias en la estructura del ejército virreinal. En el caso de Lima, sólo en mayo de 1811, con la creación del Regimiento de Voluntarios Distinguidos de la Concordia Española del Perú, el virrey Abascal incrementó la fuerza militar veterana conformada hasta entonces por el Regimiento de Infantería Real de Lima y la Guardia de Alabarderos, sin que ello cambiase el hecho de que la milicia continuara con mayor número de efectivos. Según Luqui Lagleyze, el regimiento de la Concordia se organizó a partir de dos batallones milicianos que se extinguieron: el Batallón de Comercio y el Regimiento de la Nobleza, ambos creados en 1774. El nuevo regimiento, dividido en tres compañías de infantería, tuvo al virrey como coronel fundador e integró a los españoles americanos y europeos de más renombre de Lima. Sus efectivos llegaron a sumar 1.760 en 1812 y unos dos mil hacia 1820, financiados casi en su totalidad por el poderoso Tribunal del Consulado. Por sus características especiales puede considerarse que fue una "fuerza ‘intermedia’ entre las del ejército regular y las de naturaleza más eventual y defensiva, tales como las milicias tradicionales"¹³. En 1814 Abascal le confirió al cuerpo de la Concordia el fuero de regimiento de línea, pero sin sueldo hasta que entrase en campaña, circunstancia que nunca ocurrió. En 1816 el virrey Pezuela "se reunió con este cuerpo y los reconvino sobre el mal estado en que se hallaban y la poca atención que prestaban al servicio del Rey"¹⁴. Si tal era la precaria situación de un regimiento confeccionado a partir de las familias más poderosas de la capital, más grave era la circunstancia que atravesaban las milicias constituidas en el resto de las provincias peruanas.

El virrey Pezuela observó con malestar cómo las milicias se convertían en un obstáculo para el aumento de los efectivos del ejército realista. En un contexto marcado por la pérdida definitiva de Chile tras la batalla de Maipú, que abría la puerta a la temida invasión chilena del virreinato, en el recuerdo de la población pesaba la muerte de cientos de milicianos enrolados por Pezuela en el ejército que había comandado el general Mariano Osorio. Cuando en agosto de 1818 el virrey solicitó al comandante militar de Piura el envío a Lima de doscientos hombres consignados en las milicias de esa provincia para asignarlos a los batallones que debían defender la ciudad, recibió por respuesta una negativa, porque todos habían huido al generalizarse el "terror a la capital". De poco le valió expresar su decepción al comandante general e intendente de Piura, solicitándoles que persuadieran a los jefes de milicia de que "es el deber de todo buen vasallo y principalmente del instituto de las milicias, si es que acaso hubiesen comprendido que el fin de su creación es sólo el de condecorar con honrosas insignias a cierto número de sujetos que apetecen lucirlas y disputar sus privilegios que los distingan sobre las demás clases de sus vecindarios, y no se les ha hecho entender que siquiera una vez en cada siglo y en caso tan urgente como el actual, deben acreditar que son dignos de obtenerlos"¹⁵. El mismo fenómeno de fuga masiva ocurrió en las milicias de Trujillo, donde las autoridades comprobaron que "no se encuentra un hombre útil, sino los despreciables que para nada pueden servir"¹⁶. Y si bien las milicias de Arequipa cumplieron con enviar a la capital el contingente de hombres solicitado para entrenarse en los batallones, Pezuela se vio obligado a contener el temor colectivo expresado por estos reclutas a través de una proclama en que les garantizaba que no serían enviados a combatir a Chile tal como se había rumoreado¹⁷.

La larga experiencia como combatiente de Pezuela en el Alto y Bajo Perú le llevó al convencimiento de que la institución de la milicia era de poca utilidad bélica en manos de los nobles, porque lo que éstos habían fomentado era una autonomía jurisdiccional beneficiosa para ellos pero perniciosa e inefectiva para las necesidades de la defensa del territorio. Acerca de las dos milicias establecidas en la costa, entre Chancay y Santa, opinó que

lejos de ser útiles. son muy perjudiciales; más, su número es tan corto en soldados como abundante en oficiales, que a fuerza de suponer el Gobierno hay suficientes habitantes para los dos cuerpos que tienen, han conseguido engañar al gobierno muchos años ha, y vestir el uniforme que es todo lujo y ambición de estos hombres…"¹⁸.

Por ese mismo motivo, las milicias existentes en Lima tampoco fueron consideradas por el virrey como operativas para un hipotético combate con el enemigo. Según el plan de defensa de la plaza del Callao y de Lima de 1818, se contaba con los escuadrones de Dragones de Lima y de Húsares, el regimiento de la Concordia, la tropa de artillería, el batallón del Infante don Carlos y las milicias de Pardos y Morenos. Sin embargo, no podía tenerse en cuenta a estas dos últimas debido a que sus contingentes, en su mayoría compuestos por esclavos y menestrales, no habían sido convocados ni entrenados para el combate.

Cuando en 1819 el virrey nombró al marqués de Montemar como gobernador militar de Lima en caso de que él tuviese que ausentarse de esa ciudad para comandar su ejército, le confió un plan de defensa en el que se diagnosticaba que, como casi toda la población limeña tenía aversión a tomar las armas, sólo podría confiarse en el regimiento de la Concordia a pesar de que el mismo "por muerte de muchos e inutilidad de otros, ha quedado reducido el regimiento a unos 1.200 hombres útiles"¹⁹. Esta afirmación era en exceso optimista, debido a que el virrey desconocía las artimañas que algunos miembros de la Concordia habían utilizado para evadir una hipotética participación en el combate. Siendo virrey La Serna, y con ocasión de su durísimo decreto de leva de esclavos y vagos en la capital de marzo de 1821, un hacendado de apellido Luna vendió su esclavo a un panadero y éste, ante la falta de trigo y la paralización de su negocio, a su vez "se lo vendió a un soldado de la Concordia, con objeto de que hiciera el servicio en su lugar"²⁰. Dada esa situación la Serna prefirió continuar confiando la defensa del virreinato al ejército de línea y, por ello, pospuso corregir el problema de la inoperatividad y de la corrupción generado por los mandos y subordinados de las milicias de la capital. En estas circunstancias se hallaba inmersa la milicia virreinal limeña cuando se produjo la entrada del Ejército Libertador en Lima en julio de 1821.

El Protectorado, Monteagudo y el nacimiento de una milicia cívica revolucionaria e hispanófoba

El ideólogo de la transformación de las milicias limeñas fue Bernardo José de Monteagudo. Para comprender su actuación debemos remontarnos a enero de 1812. En su nota publicada en la Gaceta de Buenos Aires sobre la creación del batallón de la Concordia por parte del "visir" Abascal, consideró imprescindible que Buenos Aires imitara la formación de un cuerpo cívico "compuesto de 1.500 hombres de la clase media, uniformados y armados a sus expensas". Consideraba que mientras los ejércitos deben "salir al campo de Marte" a combatir a los enemigos, la capital debía quedar protegida por sus milicias "para mantener la tranquilidad de su recinto, y apoyar el decoro del gobierno; estos dos grandes objetos no pueden conciliarse sin la acelerada organización de la legión cívica…"²¹. Si bien el joven político tucumano experimentó importantes oscilaciones ideológicas en su larga trayectoria, siendo la más importante pasar de republicano a monárquico constitucional, su pensamiento sobre el papel decoroso y revolucionario de las milicias urbanas se mantuvo incólume. Sólo en el Perú iba a ver cumplido su sueño jacobino de convertir a las milicias en las columnas armadas del reordenamiento ideológico de una capital a la que en 1812 había definido como "pueblo de esclavos, asilo de los déspotas y teatro de la afeminación y la blandura". Como editor de El Pacificador del Perú, editado en Barranca una semana antes de proclamarse la independencia, Monteagudo delimitó los propósitos ideológicos del futuro gobierno en el que iba a participar bajo el mando de San Martín: "la obra verdaderamente difícil, que es necesario emprender con valor, firmeza y circunspección, es la de corregir las ideas inexactas que ha dejado el gobierno antiguo impresas en la actual generación […] es preciso despojar nuestras instituciones y costumbres de todo lo que sea español, e infundir a nuestra constitución política una nueva salud"²². Su objetivo quedó claramente delimitado como el fomento de la hispanofobia, siendo uno de los instrumentos para extirparlo la milicia.

La estructura de mando miliciano diseñada por el Protectorado para sustituir a las milicias del rey se puede seguir a través de la legislación. Meses antes de su ingreso en Lima, concretamente el 12 de febrero de 1821, San Martín sancionó un reglamento provisional en el cuartel general de Huaura en el que se suprimían los cargos de subdelegados y se los reemplazaba por los de gobernadores o jefes de partido. A éstos, el reglamento les otorgó, entre otras atribuciones, la de proponer la creación de nuevos cuerpos de milicias. Tal medida no resultó del todo eficaz para incrementar las fuerzas militarizadas del bando patriota, que en esta coyuntura estuvieron conformadas por las guerrillas y montoneras, cuyo radio de acción fue fundamentalmente la sierra central²³. A los pocos días de que San Martín entrara en Lima, el 18 julio de 1821, se produjo la supresión del regimiento de la Concordia y sobre su base se creó un cuerpo de guardia cívica de infantería esperando "sea modelo de virtudes patrióticas y coopere a la salvación del Estado"²⁴. Esta decisión no sólo expresaba un deseo político de transformar nominalmente un cuerpo de vasallos defensores del rey en uno de ciudadanos que resguardaban la patria, sino también de tornarlo central en el nuevo proyecto de convivencia²⁵. Se nombró coronel general de esta milicia al marqués de Torre Tagle. Tres meses más tarde, una vez sancionado el Estatuto Provisional por el Protectorado de San Martín el 8 de octubre de 1821, se estableció la figura del Presidente de Departamento; entre sus atribuciones especiales figuraba la de aumentar la milicia "en caso de necesidad hasta donde lo juzgue conveniente, con anuencia del Inspector General de cívicos"²⁶. Debido a que San Martín había designado a José de la Riva Agüero como Presidente del Departamento de Lima, cierta historiografía ha dado por sentado que también éste habría sido el primer jefe de la guardia cívica²⁷. Sin embargo, su primer Inspector General fue el marqués de Torre Tagle. Así lo probaba el decreto de nombramiento como subinspector de guardias cívicas de Manuel de Rojas, quien debía hacerse cargo de las cuentas y fondos de los dos cuerpos de milicias creados: de un lado, Cívicos de Infantería, Caballería y Artillería y, de otro, Pardos y Morenos Libres "hasta tanto llegue el Inspector General de aquellos cuerpos, el coronel general marqués de Torre Tagle"²⁸. Ese nombramiento no contradice el hecho de que el verdadero ideólogo de la guardia cívica fuera el Ministro de Estado y Guerra Monteagudo.

El hombre más poderoso del Protectorado después de San Martín consideraba fundamental que el fomento del odio a los españoles entre la población debía convertirse en una profunda pasión popular, para así garantizar la irreversibilidad de la independencia. Los instrumentos ideados inicialmente por Monteagudo para promover sentimientos de hostilidad y rencor hacia lo hispano fueron dos. De una parte, estaba la propaganda política a través de la prensa oficial, dirigida a fomentar una "opinión pública" de rechazo a España entre los sectores letrados criollos²⁹. Y, de otra, figuraba el fomento de las milicias cívicas, orientado al adoctrinamiento de los sectores populares con el propósito de fomentar un enfrentamiento social con la elite de origen peninsular³⁰.

Respecto al segundo, la activación de las nuevas milicias del Protectorado se hizo a través de un decreto promulgado el 11 de septiembre de 1821 en el que se disponía que todos los individuos de la guardia cívica de infantería se presentasen de inmediato en sus respectivos cuarteles, bajo pena de ser tratados como desertores. El decreto concluía con que la observancia de esta medida era fundamental para proporcionar a Lima "el gran cuerpo de reserva del ejército libertador, y una de las barreras contra la cuales se estrelle la rabia insensata de los antiguos enemigos de nuestra quietud, de nuestra libertad…"³¹. El Decreto del 4 de octubre especificaba que los cuerpos cívicos, constituidos hasta la fecha únicamente por artesanos y menestrales de la capital, harían diariamente a partir de la fecha ejercicios doctrinales desde las seis hasta las nueve de la mañana³². Tales actividades consistían en "una ideologización acelerada y la manifiesta intencionalidad de sembrar el espíritu revolucionario entre la plebe"³³. Simultáneamente y con el propósito de evitar el ausentismo de los milicianos, el gobierno prohibió la apertura de tiendas o casas de tráfico hasta la hora en que éstos concluyeran sus ejercicios y se retirasen a sus menesteres. La diversificación étnica de las milicias limeñas se materializó con el Decreto de 10 de noviembre de 1821 en el que, con motivo de la partida del ejército libertador para continuar las operaciones de guerra contra las tropas realistas, se dispuso aumentar los cuerpos cívicos de la capital. Para ello se dispuso que todos los habitantes de la ciudad y sus contornos que tuviesen entre quince y sesenta años se alistaran en las milicias presentándose en un plazo de ocho días a los jefes comisionados por el Inspector general. La medida incluía a los españoles europeos que hubiesen obtenido carta de naturaleza y sólo excluyó a los empleados de la administración pública³⁴.

A pesar de su orientación ideológica anti-española, las guardias cívicas del Protectorado fueron estructuradas de acuerdo con el Reglamento de milicias de caballería e infantería de la isla de Cuba de 1769 que, con anterioridad, había normado la actuación de las milicias virreinales. Su mando y oficialidad, al igual que en la época del virreinato, fueron confiados a la nobleza criolla limeña. Para asumir la dirección de los batallones de infantería de la guardia cívica fue nombrado en el grado de teniente general, al igual que Torre Tagle, el marqués de Montemira y, sucesivamente, al grado de teniente coronel fueron promovidos el conde de Casa Saavedra y el conde de Vistaflorida; por último, como coronel comandante de caballería fue elegido Francisco Zárate³⁵. Asimismo, se mantuvo a la elite nobiliaria los privilegios del fuero militar, como lo confirmaba el Decreto de 20 de febrero de 1822 que, por la "consideración que merecen los ciudadanos armados para la defensa de su patria", acordaba que el fuero de guerra se conservara para los oficiales y sargentos de los cuerpos cívicos de la capital. Esta medida se hizo extensiva a los sectores populares, ya que se abolió el articulado del Reglamento de milicias de Cuba que les exceptuaba del fuero de guerra. A partir de esa fecha, los cabos y soldados cívicos gozarían de dicho fuero en las causas criminales y demandas verbales, sólo "quedando sujetos al fuero ordinario en lo contencioso"³⁶. También se señaló un socorro diario de tres reales para los sargentos, cabos y soldados del Batallón de Pardos y Morenos, atendiendo a su condición miserable. Con estas medidas se pretendía hacer atractiva la incorporación a las milicias de un amplio porcentaje de la población urbana en una coyuntura en que, por primera vez, las guardias cívicas podrían enfrentarse a una avanzada del ejército español. El alto abstencionismo provocado por la presta huida de población de la capital, el ocultamiento de los varones en edad de alistarse o la exoneración de la leva a cambio de dinero, principalmente entre los miembros de la elite pero, también, entre los sectores populares renuentes a participar en las milicias, obligó a Torre Tagle a decretar por primera vez el enrolamiento de los esclavos en la artillería cívica³⁷. Tal decisión se tomó el 20 de febrero de 1822, dándose un plazo de tres días a los dueños de haciendas y chacras para la entrega de una relación circunstanciada de los esclavos comprendidos entre quince y cincuenta años. En caso de incumplimiento se amenazaba a los propietarios con perderlos, "quedando este [esclavo] libre con sólo la calidad de presentarse para hacer el servicio en los cuerpos cívicos"³⁸. Con el propósito de no mezclarlos con los cuerpos más experimentados de pardos y morenos, Torre Tagle creó para el adoctrinamiento de los esclavos un batallón especial denominado de la Unión Peruana que estuvo comandado por el coronel y miembro de la nobleza Juan Pardo de Zela.

El 1 de abril de 1822 el Ejército Libertador concluyó su tarea de acantonamiento y retornó a la capital. San Martín, en la proclama dirigida ese día a los cuerpos cívicos, ordenó a sus jefes y soldados cesar momentáneamente en las tareas de defensa para poder reintegrarse a sus actividades económicas. Las milicias fueron desactivadas, aunque sólo por un breve tiempo. El marino inglés Gilbert F. Mathison, en la narración sobre su visita a Lima, cuenta cómo, a partir del 11 de abril, se propagó el rumor de la derrota del ejército patriota en Pisco por las fuerzas realistas del general Canterac, hecho que reactivó la alarma acerca de un posible ataque sobre Lima y El Callao. El 12 de mayo de 1822, por considerar que "los cuerpos cívicos deben ser el escudo de la libertad pública, mientras el ejército busca a los enemigos en sus propias trincheras", Torre Tagle, en su condición de Supremo Delegado, decretó un nuevo enrolamiento en la infantería cívica de la capital de todos los varones comprendidos entre quince y sesenta años. Otra orden sancionada el mismo día conminaba a los propietarios de esclavos a conducirlos ante el sub-inspector para su inmediata incorporación en las milicias. Se señaló el día 17 como el del inicio de los ejercicios doctrinales entre las seis y las nueve de la mañana diariamente. Pese a la dureza de las penas que se establecía para los que no acatasen dicha orden, la deserción, el ocultamiento o la huida de la ciudad de los varones de toda condición aumentó de modo alarmante y se tornó en un mal crónico. Mathison relataba que ante el rumor de un enrolamiento de los extranjeros en los cuerpos de milicia como había ocurrido en Chile en 1818, "los mercaderes ingleses optaron voluntariamente por una eficiente medida mucho mejor acogida: realizar una colecta por algunos miles de dólares para la asistencia del gobierno en sus presentes exigencias… muchos de los habitantes nativos dieron también dinero y artículos de varias clases, gratuitamente, con los mismos importantes propósitos [de evitar el reclutamiento]"³⁹.

El sector social de la población limeña que debió expresar mayor afinidad con el ideario de Monteagudo sobre vincular el patriotismo con los ejercicios doctrinarios cargados de hispanofobia fue el de pardos, morenos, mulatos y otros grupos afrodescendientes. Ellos tenían otra motivación adicional para renegar del pasado español: durante los años en que rigió el liberalismo hispánico les fue denegada su condición de ciudadanos. Cuando en las Cortes de Cádiz se aprobó el artículo 22 de la constitución que los excluyó de ese derecho, un grupo de pardos de Lima suscribieron una publicación en la que manifestaron no entender cómo "seremos militares natos de la patria sin ser ciudadanos de ella"⁴⁰. En el referido escrito, estas castas recordaban como un mérito su participación en la milicia realista que derrotó a la junta de Quito de 1810, pero también denunciaban los castigos corporales y penas de presidio que desmedidamente les infligían sus subinspectores que procedían de la nobleza. Esta prevención de los pardos y morenos contra los políticos y las autoridades realistas fue aprovechada por Monteagudo para reivindicarles, ofrecerles reconocimiento social y atraerles a la causa patriota. El 22 de junio de 1822 el Protectorado dispuso que el antiguo batallón de cívicos morenos, incluidos sus oficiales, se agregara a la artillería cívica con el nuevo nombre de "cuerpo de morenos leales de artillería". La misma normativa proyectó optimistamente que con ambos cuerpos se organizaría en el futuro un batallón equivalente a una tropa de línea. El deseo de premiar el espíritu cívico de este sector social llevó a que el último decreto sancionado por el Protectorado en esta materia sustituyera el nombre de Batallón de Pardos y Morenos por el de "Cívicos Patricios" para borrar de la memoria histórica "la denominación bajo la cual el antiguo gobierno tirano hizo servir a los fieles soldados de este cuerpo a su política opresora"⁴¹.

De lo anterior se desprende que Monteagudo premió con titulaciones la sobresaliente actuación de los milicianos pardos y morenos contra los españoles, asociada en Lima con el secuestro de bienes, la separación de cargos públicos y el exilio masivo de la elite nobiliaria de origen peninsular. Estos milicianos, aparte de entrenarse para contener un hipotético ataque del ejército realista, lo hicieron también para convertirse en eventuales soportes de la represión emprendida por el ministro argentino contra las familias españolas reacias a jurar la independencia.

Al contrario que con el colectivo de pardos y morenos, los ejercicios de adoctrinamiento hispanófobo no debieron tener demasiado éxito con el batallón de los esclavos. Es dudoso que este estrato de la plebe asumiese corporativamente como objetivo actuar contra los aristócratas. ¿Cómo podía fomentarse el odio a los españoles entre quienes luego de estas prácticas debían retornar a un trabajo en el que muchos de los amos eran peninsulares? La historiografía ha demostrado que los esclavos descontentos con sus dueños optaron por la alternativa de huir de ellos y convertirse en bandoleros o cimarrones en los arrabales de Lima⁴², y no tanto alistarse en las fuerzas milicianas. Pero con independencia a su respuesta, lo cierto es que por el Decreto de 10 de julio de 1822 Monteagudo constató que no había sido suficiente para la instrucción de los esclavos el mes que se preveía en el decreto fechado el 13 de mayo. Para remediar el problema, el Ministro ordenó que el batallón de la Unión Peruana continuara entrenándose un mes más todos los días hasta que los ejercicios doctrinales surtieran efecto. La medida obligó a los propietarios de los esclavos que estuviesen enrolados a verificar la asistencia puntual y obligatoria a los ejercicios, bajo pena de perderlos en caso de comprobarse que los ocultaban.

Se estima que en vísperas de instaurarse el Protectorado, el número de esclavos de Lima era de 8.589 y representaba cerca del 16% de la población total. Esta era una masa poblacional en reducción, ya que a fines del siglo XVIII se habían contabilizado 29.763 esclavos⁴³. La ralentización de la trata negrera a la que se sumó España en 1814 explicaba en gran parte este descenso que, al mismo tiempo, supuso el incremento de los precios a pagar por un esclavo al propietario, quien aún podía importarlo. Otro factor que hace comprensible la caída demográfica lo proporcionaba la propia coyuntura bélica. En su huida a la sierra central con gran parte de su ejército, el virrey José de La Serna había organizado en Lima un batallón compuesto por 1.500 esclavos⁴⁴. A ello siguió el decreto sanmartiniano de libertad de vientre, medida que favoreció sólo a los hijos de esclavos nacidos con posterioridad a la proclamación de la independencia. Una de las primeras acciones emprendidas por el Protectorado para convertir al esclavo en soldado fue decretar el 11 de abril de 1822 su adquisición a los propietarios, con la promesa de abonar su precio en un plazo de dos años. Se deseaba con ello engrosar el batallón Legión Peruana del general Guillermo Miller, pero la medida fue tan impopular entre los dueños de hacienda que el gobierno tuvo que suspenderla el 25 de abril. A modo de compensación, Monteagudo intensificó la participación de los esclavos en las milicias de la capital.

Hacia junio de 1822 el número de cívicos limeños, donde, como se ha visto, destacaban pardos, morenos y esclavos pero que también lo engrosaban mestizos y criollos de la plebe, se ha calculado que fue de 7.318 alistados. Estos estuvieron distribuidos en nueve cuerpos (cinco de infantería, dos de caballería y dos de artillería), que según Leguía y Martínez, se organizaron de este modo: "regimiento de línea de la Guardia cívica, con 1.738 plazas, batallón de Peruanos Leales con 626; batallón de Patriotas, con 624; batallón cívicos de la Legión Peruana con 680; batallón Zapadores con 1.916; regimiento de caballería de Blancos, con 745; Escuadrón de Pardos, con 418; compañía de artilleros de Morenos Leales con 315; y una cuarta de artilleros de nueva creación, con 256"⁴⁵. Este dato es muy significativo porque indica que la etapa de la "militarización de las conciencias" de los sectores populares de Lima dispuesta por Monteagudo tuvo un crecimiento exponencial en relación con las últimas milicias de la época virreinal. Basta con mencionar que en 1816 el cuerpo de milicias provinciales disciplinadas y urbanas disciplinadas de caballería de Lima estuvo apenas conformado por un único escuadrón de pardos con 214 hombres y por una compañía de morenos con 89 hombres⁴⁶. La densidad de las milicias limeñas todavía es más sorprendente cuando se compara con la cantidad de individuos que integraban el Ejército Libertador, que sumaba 7.941, repartidos entre 7.544 soldados y 397 jefes⁴⁷. Quizás convenga precisar que Leguía y Martínez en su estudio sobre el Protectorado omitió la fuente de donde extrajo sus datos cuantitativos. Por este motivo, más realistas serían los cálculos proporcionados por Gustavo Montoya a partir de su estudio del manuscrito Estado de los cuerpos cívicos número y fuerzas de Lima, conservado en la Biblioteca Nacional, que señala que "el número de efectivos con que contaban los cuerpos cívicos para el mes de julio de 1822 era de 3.828 entre jefes, oficiales y tropa. De este número 1.157 eran considerados como "disponibles"⁴⁸. Aún así el número de efectivos era sorprendentemente alto.

En su Exposición de las tareas de gobierno, publicada a mediados de julio de 1822, Monteagudo se vanagloriaba de haber forjado una milicia en la capital que "no sólo se halla hoy en estado de hacer el servicio de guarnición, sino también el de campaña"⁴⁹. Pero su alegre pronóstico acerca de la potencialidad de sus sans-culottes se desvaneció pronto debido a la indignación social que provocó el rumor de que se iba a producir un nuevo ajuste de cuentas contra la elite hispana similar a la masiva deportación practicada en abril. Para evitar una nueva expatriación masiva, tuvo lugar el motín "popular y multiclasista" criollo liderado el 24 de julio por el Presidente de Lima, José de la Riva Agüero, los republicanos, los miembros del Ayuntamiento y de la Iglesia⁵⁰. Acusado de déspota y sin el apoyo de Torre Tagle, Monteagudo renunció a su cargo el 26 de julio y se embarcó hacia Panamá. Con el exilio del ministro favorito de San Martín, finalizó el proyecto del Protectorado de conformar una guardia cívica que lo protegiera y encarnase a partir de una concepción armada hispanófoba. Como compensación, Monteagudo en su Memoria de 1822 resaltó como mérito suyo y de sus milicianos haber descabezado a la nobleza de Lima porque

cuando el Ejército Libertador llegó a las costas del Perú, existían en Lima más de diez mil españoles distribuidos en todos los rangos de la sociedad; y por los estados que pasó el Presidente del Departamento al Ministerio de Estado, poco antes de mi separación, no llegaban a seiscientos los que quedaban en la capital⁵¹.

Los múltiples rostros de la milicia cívica republicana (1822-1829)

Los escasos estudios sobre las milicias cívicas del Perú post-independiente coinciden en que una vez desmantelado el proyecto de Monteagudo, aquellas se desactivaron. Pero esta suposición es desmentida por los numerosos reglamentos que sobre esta institución armada se sancionaron entre 1822 y 1829 como resultado del papel de fuerza garantizadora del orden interno que se le otorgó en las constituciones de 1823 y 1828. Los milicianos no se desmovilizaron porque entre los republicanos que accedieron al poder con el primer Congreso Constituyente hubo quienes apelaron a la necesidad de mantener la hispanofobia como recurso para erradicar a los enemigos de la patria. El influyente periódico Abeja Republicana, de Faustino Sánchez Carrión, propuso al Congreso aplicar contra los españoles la misma política que había impulsado Monteagudo, a pesar de ser un enemigo declarado de éste, y esta institución obró en ese sentido al acordar la vigilancia de este grupo⁵². Pero las milicias, conformadas casi siempre por los sectores populares, iban progresivamente a abandonar este credo político para orientarse a otros fines condicionados por los intereses personales de sus más notables superiores.

El Congreso Constituyente establecido el 20 de septiembre de 1822 se arrogó, por propia decisión, el ejercicio del poder ejecutivo durante el periodo que fue desde la renuncia de San Martín hasta la llegada de Simón Bolívar. De ahí que la Junta Gubernativa, sucesivamente con Riva Agüero o con Torre Tagle, tomara las decisiones relativas con el funcionamiento de las milicias sólo después de que el Legislativo hubiera expresado su aprobación. Como en la época del Protectorado, durante esta coyuntura cabe advertir la persistencia del problema de la renuencia de los ciudadanos que no formaban parte de la plebe a participar en las milicias voluntaria o forzadamente. Fueron inútiles los decretos de la Junta Gubernativa a cuya cabeza estaba el general La Mar (4 de octubre de 1822 y 8 de febrero de 1823), y de las presidencias de Riva Agüero (1 de marzo y 2 de abril de 1823) y de Torre Tagle (6 de agosto de 1823), en su propósito de formar cuerpos cívicos con la totalidad del espectro social de varones con edades comprendidas entre los quince y los sesenta años. Poco efecto disuasorio tuvieron las amenazas vertidas por estas autoridades a los omisos que, en caso de ser descubiertos, serían enviados a un destino más tenebroso, como era el ejército de línea. Tampoco fue una advertencia creíble que a los infractores se les considerase como enemigos de la República y menos útil resultó la supresión de todas las licencias médicas que por edad avanzada o achaques habían argumentado los varones mayores para evitar ser enrolados. Ni siquiera fue efectivo el que a los comisarios de barrio se les ordenara recorrer todas las casas o habitaciones de su jurisdicción para encontrar a individuos sin su boleto de alistamiento y proceder a conducirlos a los cuarteles. En la mayoría de estos casos bastó con abonar una nueva suma de dinero a los jefes de cuarteles y/o comisarios de barrio, o en su defecto entregar un esclavo, para legitimar la condición de no habidos.

Resultaba comprensible que, con la excepción de las castas, un amplio sector de la población desconfiara de la capacidad militar de los cuerpos cívicos para defender la capital del ataque del temido y disciplinado ejército realista de Canterac. La alarma ante su inminente llegada creció cuando en Lima se conocieron las noticias de la estrepitosa derrota del ejército patriota en la primera campaña a puertos intermedios (octubre de 1822 a enero de 1823). Como resultado de este fracaso, un mes más tarde Riva Agüero, apoyado por las milicias limeñas que comandaba, forzó al Congreso a destituir a la Junta Gubernativa y a que se le nombrase primer presidente de la República. Fue el primer golpe institucional en el que participaron los Cívicos Pardos y Morenos de Lima al ser obligados a secundar a su inspector general. Una de sus primeras medidas fue derogar el decreto del Protectorado que disponía "se tomasen los esclavos para reemplazar con ellos las bajas del ejército, con lo que se privaba a la agricultura de esos brazos útiles"⁵³. A ello se sumó la definitiva erradicación de los ejercicios doctrinales en los batallones cívicos y su reemplazo por prácticas de tres horas diarias exclusivamente de ejercicios de carácter militar (uso de armas, adopción de estrategias de defensa, interiorización de la disciplina, respeto a la jerarquía, etc.). Riva Agüero en los considerandos de su Decreto para milicias de 1 de marzo de 1823 señaló que "los soldados cívicos deben manifestar ser dignos de este nombre [beneméritos ciudadanos del Perú], prestándose a la instrucción militar tan necesaria para poder defender su país con gloria y suceso"⁵⁴. Sin embargo, inútiles fueron sus esfuerzos para reclutar a los varones acostumbrados a evadir este servicio militar. Ante la crónica ausencia de civiles armados para defender la capital, convocó nuevamente a los esclavos que sirvieron en el batallón de la Unión Peruana en tiempos del Protectorado "para ser enrolados de nuevo y adquirir disciplina militar en las horas cómodas que se les señale por su comandante"⁵⁵. También de poco sirvió esta medida para contener lo inevitable. Las fuerzas de Canterac de seis mil hombres y catorce piezas de artillería tomaron Lima el 18 de junio de 1823 sin que ningún cuerpo cívico les hiciera frente.

Ante el desastroso resultado de su desempeño político, Riva Agüero comprobaba cómo el cargo de coronel de milicias que aún ostentaba, sin tener formación militar ni conocer las tácticas bélicas, de nada le servía para liderar unos cuerpos cívicos integrados por castas y esclavos mal equipados y peor entrenados. Su fracaso fue el de todos los nobles criollos que, como en la época del virreinato, aún seguían pensando las jefaturas de milicias como plataformas de ascenso, prestigio social y acceso al poder. Mientras Riva Agüero huía de Lima y ejercía una presidencia de facto en Trujillo que pronto iba a culminar con su exilio, Canterac y sus tropas se retiraban de Lima y el Congreso restablecido volvía a sesionar en agosto de 1823. Este reconoció como presidente interino a Torre Tagle. Pero antes de entrar en un receso voluntario por el otorgamiento de poderes dictatoriales al Libertador, promulgó en noviembre la Constitución de 1823. Ésta había sido precedida por un discurso preliminar de la Comisión de Constitución en el que se consideró que el fomento de las milicias era idóneo para promover ciudadanos armados, siempre que se corrigieran los errores cometidos por los reglamentos anteriores:

¡Ojalá que el Perú llegara a ver en este respecto una milicia cual la tuvieron en sus primitivos tiempos de sobriedad republicana Roma y Esparta! Todo es fácil conseguirse, si al organizar estos cuerpos se pone especial cuidado en no hacer odioso el enrolamiento militar con ocupaciones incompatibles con los ejercicios domésticos, si cesan las violencias y arbitrariedades de los jefes a quienes suele confiarse estas comisiones; y si llega a persuadirse el pueblo, que jamás están más aseguradas sus garantías que cuando los mismos ciudadanos las sostienen, saltando del taller a las armas tan luego como se advierte algún peligro⁵⁶.

El discurso no sólo diagnosticaba tres deficiencias que afectaban el funcionamiento de las milicias y que la constitución debía solucionar. También aludía a un cuarto problema, relacionado con el beneficio personal del cargo de oficial por parte de los nobles. Éste fue resuelto de manera drástica el 12 de noviembre de 1823 con la prohibición del uso de títulos de duque, marqués, conde y barón. El fin de la nobleza titulada en el Perú cortó de raíz el vínculo entre autoridad y origen nobiliario en los cuerpos cívicos, pero no conllevó la solución del problema de la deserción a los mismos.

Durante el corto mandato presidencial de Torre Tagle se sancionó la Constitución de 1823. En su artículo 165 se constituía la fuerza armada de tierra: el ejército de línea, la milicia cívica y la guardia de policía. Se precisaba a continuación que "la milicia cívica servirá para mantener la seguridad pública entre los límites de cada provincia", prohibiéndose que traspasara los mismos salvo en el caso de "alguna revolución entre otras provincias dentro o fuera del departamento o en el caso de invasión". Otro artículo consignaba que la milicia cívica se organizaría "en todas las provincias según su población y circunstancias", señalándose como precisiones complementarias que "todo militar es un ciudadano armado en defensa de la República" y que "ningún peruano podrá excusarse del servicio militar, según y como fuere llamado por la ley"⁵⁷. Con estas especificaciones, el Congreso avizoró que una vez corregidos todos los defectos detectados en el funcionamiento de las milicias, las mismas se convertirían en genuinas guarniciones provinciales.

Para apuntalar las medidas constitucionales, Torre Tagle sancionó algunos decretos orientados a recomponer las fuerzas encargadas de la seguridad pública. El 6 de agosto de 1823 promulgó una nueva orden de enrolamiento en la capital para todos los varones de entre quince y sesenta años. En las consideraciones de esta medida se consignó la existencia de las siguientes unidades: Guardia Cívica (comandada por Luis Morales), Batallón de Cívicos Peruanos (comandada por Tiburcio Lipa), Batallón de Patricios (comandada por José Peñaloza), Artillería Cívica y Batallón de Esclavos (capitaneada por Julián Ponce), Antiguos Regimientos Cívicos de Caballería de Carabayllo y Lima, y Escuadrón de Pardos (comandados por el Subinspector General). Se advierte a partir de los apellidos de los oficiales al mando el desplazamiento de los nobles. El 1 de septiembre Torre Tagle añadió a estos cuerpos uno nuevo al que denominó Batallón de la Guardia del Congreso. Debía constar de seis compañías integradas por cien hombres cada una y formarse a partir de "la compañía de honor que se refundirá en él". Otra novedad dispuesta por el mandatario con relación al nuevo batallón fue la introducción del sistema de elección de sus oficiales, que debían hacerla los individuos de cada compañía. El uniforme, que lo costearía el gobierno, debía llevar en su centro la inscripción en letras negras "morir por el Congreso"⁵⁸. La última disposición de Torre Tagle sobre milicias, conforme a la nueva Constitución, se produjo el 28 de noviembre de 1823 y ordenaba que todos los individuos "reconocerían capitán" y que los que se encontrasen sin boleto serían incorporados al ejército. La única novedad de esta convocatoria militar, en relación con todas las anteriores, fue autorizar por vez primera a los comisarios de barrio y de valles a levar "a todos los vagos que se hallasen en sus respectivos recintos" con el propósito de remitirlos al ejército bolivariano. A pesar del deseo de corregir los males detectados por los congresistas, estas milicias limeñas siguieron experimentando el problema del odio y del rechazo de una parte de la población a incorporarse a ellas, con el consiguiente ocultamiento de personas en edad de servir, y las arbitrariedades de los oficiales y comisarios. Por eso cuando Torre Tagle fue destituido y perseguido por Bolívar por traidor a la patria en febrero de 1824, las milicias limeñas perdieron, momentáneamente, el débil protagonismo cívico y militar que pudieron otorgarle los gobernantes después del Protectorado.

Tras su triunfo en la batalla de Ayacucho y la capitulación española, Bolívar obtuvo del Congreso la renovación de su mandato dictatorial para asentar las bases institucionales de la República. A pesar de estar autorizado a gobernar sin necesidad de cumplir la Constitución, el 7 de enero de 1825 el Libertador convocó el artículo 165 de la misma, y decretó el levantamiento en cada capital departamental de una fuerza de infantería y caballería con la denominación de milicia cívica. La medida suprimía, tácitamente, la antigua denominación de las milicias según el predominio de sus castas. También se reorganizó la vieja estructura de mando de estas fuerzas, haciendo desaparecer los cargos de Inspector y Subinspector. En su reemplazo, se encomendó a los prefectos la organización de este segmento de las fuerzas armadas. A estas autoridades también se les solicitaba información sobre los fondos de los que disponían para sostenerlas, cortándose con ello la financiación particular que hasta entonces había recaído en los jefes de batallones. Otro aspecto resaltable de este decreto fue la disposición relacionada con el vestuario de los cívicos, que resolvió que

el uniforme de la milicia cívica de infantería será casaca de paño azul corta, cuello y bota encarnada, barras del mismo paño de la casaca con vivo blanco, pantalón y cabos blancos. Los oficiales usarán además solapa celeste con vivos encarnados. La caballería usará el mismo uniforme con cabos amarillos"⁵⁹.

El decreto de Bolívar resumido en el párrafo anterior fue complementado por otro sancionado el 11 de enero de 1825 en el que se reorganizaba la milicia limeña. Los múltiples batallones que habían existido hasta ese momento se constituían en un solo escuadrón, compuesto de dos compañías denominadas "primera" y "segunda", con una fuerza de doscientas plazas cada una. Comparativamente, estos cuatrocientos milicianos representaban una ínfima parte del total de reclutas que hubo durante la época de Monteagudo. Se especificaba la estructura de mando de cada compañía, así como la jerarquía de la plana mayor del escuadrón, fijándose, por último, que el gobierno destinaría fondos para proveer a este cuerpo de armamento aunque "el vestuario, caballos y montura" sería de cuenta de los individuos que la compusiesen"⁶⁰. Con todas estas disposiciones, Bolívar pretendió "militarizar" genuinamente a los cuerpos cívicos provinciales y constituirlos en futuros graneros del ejército peruano. Por eso el Libertador, fiel a su estilo autoritario de mando, advirtió a la población en una nota publicada en la Gaceta de Gobierno que "tratándose de organizar la milicia cívica de la República, es de esperar no se repita la vergonzosa manía de pretender excepcionarse de un enrolamiento prevenido por la Constitución"⁶¹. Sólo los empleados públicos y los extranjeros fueron exceptuados de participar en la milicia. En compensación, a estos últimos se les impuso un pago mensual de cinco pesos para el sostenimiento del escuadrón miliciano. A pesar de la advertencia lanzada por el Dictador de enviar a los evasores a los cuerpos del ejército de línea, persistió el problema de la resistencia vecinal a prestar servicios en la milicia cívica.

A mediados de 1825 Bolívar viajó precipitadamente a Colombia para resolver los desórdenes políticos que habían estallado en su contra, por lo que delegó temporalmente su poder a un Consejo de Gobierno. Esta autoridad interina advirtió que el escuadrón miliciano de Lima seguía experimentando un alto grado de deserciones e incumplía el objetivo que le señalaba la Constitución de garantizar la seguridad pública interna, máxime cuando el ejército de línea no podía hacerse cargo de esa tarea por estar destinado al sitio de la fortaleza de El Callao ocupada por españoles leales al rey. Por eso el 17 de octubre de nuevo se reorganizó la milicia cívica de la capital con la convocatoria de todos los varones "libres, naturalizados o avecindados" entre quince y cincuenta años. La medida atacó una de las raíces de la deserción al sancionar con fuertes multas a los médicos y facultativos que expidiesen certificados falsos de impedimentos por enfermedades para obtener la baja del servicio. También se obligó a los maestros de escuela a forzar a sus alumnos de quince y más años a presentar sus boletos de conscripción al comandante de milicia para ser visados y sólo evitar así su leva inmediata. Por último, a los extranjeros se les excluyó del alistamiento siempre que presentaran una certificación expedida por el ministro plenipotenciario o cónsul de su país. Pese a todas estas nuevas disposiciones, la situación de alta deserción de la población criolla para evitar a las milicias no parece que se enmendara. El único gesto de alivio que recibió el gobierno fue el ofrecimiento del Tribunal del Consulado de Lima de formar un cuerpo cívico exclusivamente integrado por sus miembros; esto es, comerciantes y dependientes, hacendados y arrendatarios de chacras. Aceptada esta iniciativa, el batallón se denominó Legión de Comercio y su plana mayor fue presidida por el ministro de guerra y coronel general Juan Salazar⁶².

El abrupto fin de la dictadura bolivariana en enero de 1826 derivó en el establecimiento de un nuevo Consejo de Gobierno presidido por el general Andrés de Santa Cruz. A este gobierno interino le correspondió prohibir en julio de 1826 el alistamiento miliciano en los principales centros mineros del país en atención a que la explotación y beneficio de los metales era un objetivo económico indispensable para el progreso. Otra medida relevante que Santa Cruz sancionó en relación con las milicias fue el decreto de 3 de noviembre de 1826 que suprimía el fuero militar para la mayoría de sus integrantes. Esta providencia se tomó en consideración a que existía el temor de que los varones por el sólo hecho de contar con una boleta de pertenencia a una columna miliciana, incluso sin haber nunca participado en los ejercicios militares, quedaran al margen del fuero común civil y criminal. De ahí que el decreto sancionara que "los ciudadanos a quienes la ley llame a servir en los cuerpos cívicos, no gozarán fuero militar, sino en las faltas puramente militares que cometieren estando en facción"⁶³. La medida ordenó además que desde la fecha de entrada en vigor del decreto todas las causas de cívicos que estuvieran en los tribunales militares pasaran a los juzgados ordinarios sin excepción. Esta fue una decisión que marcó la ruptura definitiva de la milicia republicana con su predecesora colonial.

Bajo la presidencia del general José de la Mar se produjeron algunas novedades legales que, sin embargo, no afectaron en gran medida el problema endémico de unas milicias sin fuerzas voluntarias suficientes para ejercer la seguridad interna. En el decreto de alistamiento de varones sancionado el 17 de noviembre de 1827 la única novedad con respecto a los anteriores fue especificar quiénes estaban exentos del mismo. Entre estos se hallaban los empleados públicos y políticos, los médicos y cirujanos titulares, los farmacéuticos, los maestros de instrucción pública, los abogados y los escribanos e impresores. El decreto también estipulaba el número de batallones existentes que eran la milicia cívica de ciudadanos creada por Bolívar, la Legión de Comercio del Consulado, y el Regimiento de la Unión Patriótica, integrado por los esclavos. Lo anterior indicaba que la conformación social de los cuerpos cívicos bajo tres tipos -la representativa, la corporativa y la étnica- subsistió entremezclada al finalizar la primera década republicana. Por último, una orden emanada del Ministerio de Estado el 2 de noviembre de 1827 dispuso que los extranjeros que tuviesen la condición de vecinos de la República estaban sujetos a las mismas cargas que los naturales y, por tanto, debían alistarse en las milicias. Es de suponer que estas disposiciones, como todas las anteriores en la medida en que no conllevaban beneficios materiales a sus miembros, no fueran acatadas por la población; de manera que sólo fungiesen de milicianos aquellos que carecían de recursos económicos para evadir el enrolamiento y que procedían de la plebe.

La constitución promulgada el 18 de marzo de 1828, como la carta política que se reemplazaba, confirmó que la milicia cívica era el tercer pilar básico de la fuerza pública junto con el Ejército y la Armada. Se precisó que la milicia nacional se compondría de todos los cuerpos cívicos que debían formarse en la totalidad de las provincias, siendo su objetivo asegurar el orden público en el interior del país. La única novedad argumentativa fue declarar a esa institución como obediente de los poderes públicos y, por tanto, no deliberante. Bajo este precepto legal, el 23 de mayo de 1828 el presidente La Mar volvió a convocar a los ciudadanos varones de entre quince y cincuenta años para reforzar las milicias, y se atribuyó mayores responsabilidades a los inspectores y celadores de barrio, que sólo podían ser vecinos mayores de cincuenta años, para garantizar el alistamiento voluntario y/o compulsivo. Pero, igual que en ocasiones anteriores, esta medida tuvo un escaso efecto en los sectores no plebeyos como no tardó en reconocerlo la máxima autoridad republicana. Con motivo de la declaratoria de guerra a Colombia en mayo de 1828, el ejército partió hacia la frontera norte bajo el mando del propio presidente La Mar y la jefatura de gobierno fue encomendada al vicepresidente Manuel Salazar y Baquíjano. Éste, al advertir que por aquella obligada ausencia la población en el interior del país estaba desprotegida y a merced de los bandidos, criminales y salteadores de caminos, consideró en el nuevo decreto de alistamiento de ciudadanos en los cuerpos cívicos, firmado el 19 de febrero de 1829, "que no es razonable que las fatigas del servicio [de la defensa y seguridad interior de la República] roten entre un corto número de ciudadanos cuando todos están obligados a soportarlas"⁶⁴. Sin embargo, las medidas adoptadas por Salazar y Baquíjano para castigar el ausentismo -como el enrolamiento en la guarnición del Callao por un máximo de seis meses, o el pago por esa exoneración, y las multas entre veinticinco y cien pesos- fueron similares a las que se tomaron desde la época de Riva Agüero y, por tanto, ineficaces y fáciles de evadir con el beneficio pecuniario cómplice de los inspectores de barrio y de los jefes de los cuerpos cívicos.

Conclusiones

La milicia cívica de los inicios de la República, antecedente de la Guardia Nacional creada en 1834, fue una institución que mantuvo durante un tiempo el tipo de estructura y el funcionamiento de la época virreinal, como indica el hecho de que la normativa sobre las guardias cívicas en la década de 1820 aún en parte se amparara en el reglamento de milicias de 1769. La legislación oficial sobre este cuerpo cívico militarizado en la etapa que va desde el Protectorado del general José de San Martín y de su ministro Monteagudo (1821-22) hasta el gobierno del general José de La Mar (1827-1829) demuestra el deseo de los gobiernos de convertirlo, a través de reglamentos detallados, en una institución armada garante de la seguridad pública interna. Fue en la época de Monteagudo cuando la milicia limeña, integrada por los sectores populares (pardos, morenos y esclavos) alcanzó su apogeo en términos cuantitativos. Pero más que por su actuación militar, estos cuerpos cívicos plebeyos destacaron por ser adoctrinados en la hispanofobia alentada por el ministro tucumano y por participar en la persecución, expulsión y secuestro de bienes de las familias nobiliarias de origen peninsular. En cambio, entre los gobiernos de Riva Agüero y La Mar la desideologización de las milicias y su pérdida de protagonismo coincidió con el declive numérico de sus integrantes, incluso de aquellos procedentes de la plebe.

Uno de los muchos aspectos que quedan para la discusión pero sobre el que se ha incidido en este texto es el relativo a esclarecer hasta qué punto se mantuvo en las estructuras mentales de los varones en edad militar de la Lima republicana la asociación que en tiempos del virreinato se hacía de batallones para la aristocracia (como fue el de Voluntarios de la Concordia de Abascal) y milicias para la plebe. El hecho fue que los miembros de la población con mayores recursos económicos se negaron a convertirse en civiles armados en las milicias, siendo prueba de este desafecto el desacato general que los varones de entre quince y sesenta años pertenecientes a la élite criolla efectuaron ante los innumerables decretos y órdenes que les obligaban a alistarse. Ello aumentó cuando a partir de 1823 la milicia dejó de estar liderada por la aristocracia criolla, tal como había sucedido en la época virreinal. La explicación de esta abrupta interrupción estuvo en la abolición de los títulos nobiliarios y el cese del atractivo de la milicia como símbolo de prestigio social. Otro desincentivo para participar en ella fue la supresión en 1826 del fuero militar para oficiales y sargentos. Como resultado de esa reducción de estímulos que pudieran hacer atractiva la incorporación voluntaria de varones a las milicias, durante la época de la dictadura de Bolívar se renovó el esfuerzo gubernamental por darle significación pública. Para ello se favoreció el establecimiento de una triple estructura miliciana: la primera integrada por ciudadanos y auspiciada por el Estado; la segunda conformada también por el vecindario pero sostenida por una corporación (el Consulado de Lima); y la tercera integrada por esclavos y alentada por los gobiernos siguiendo la usanza virreinal. Los regimientos establecidos a partir de los dos primeros casos fueron conformados fundamentalmente por vecinos con ascendientes africanos (pardos, morenos y mulatos) e indígenas, quienes, pese al miedo a enfrentarse con ejércitos profesionales, parece que vieron en ese cuerpo y en el fuero militar que lo regía posibles beneficios de promoción material y simbólica personal y colectiva.

Atendiendo al discurrir de las milicias limeñas, puede afirmarse que a través de ellas se impulsó y desarrolló una "militarización de las conciencias" entre los sectores populares integrados a las mismas entre el Protectorado de San Martín y Monteagudo y el gobierno republicano de La Mar. La condición de miliciano, en la medida en que estuvo sujeta a un proyecto político partidario, no sólo generó en quienes la desempeñaban un poder social asociado al ejercicio cívico de la fuerza, sino que también se percibió como algo disfrutable por todos los estamentos de la sociedad. Sin embargo, de ello no puede inferirse que los milicianos adquiriesen necesariamente una "cultura de guerra"; es decir, que se forjaran como ciudadanos armados en las contiendas bélicas y que, como resultado de ese éxito, basaran su prestigio y ascenso social en la promoción, riquezas y cambios de vida deparados por su forja como combatiente. Los milicianos reclutados fueron aquellos miembros de la plebe que no pudieron pagar su exención y prefirieron enrolarse en ella antes que en el ejército de línea porque contaba con el beneficio de ser un cuerpo de reserva, y por lo tanto resultaba difícil que pusieran a prueba en batalla su condición de civiles armados. En otras palabras, a lo largo de la década de 1820 las milicias limeñas no secundaron y/o sustituyeron al ejército en ningún combate de la época anterior y posterior a la proclamación de la independencia. .

Notas

¹ Este artículo se inscribe en los Proyectos I+D HAR2010-17580 y HAR2011-23225.

² CCHS-CSIC, Madrid.

³ Juan F. Marchena y Allan Kuethe (eds.) Soldados del Rey. El Ejército Borbónico en América colonial en vísperas de la independencia, Castellón, Universitat Jaume I, 2005;         [ Links ] Juan Ortiz Escamilla (coord.) Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, Veracruz, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán y Universidad Veracruzana, 2005;         [ Links ] Manuel Chust y Juan Marchena (eds.) Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2007;         [ Links ] Clément Thibaud, República en armas. Los ejércitos bolivarianos en las guerras de independencia de Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2003;         [ Links ] Raúl O. Fradkin, "Sociedad y militarización revolucionaria. Buenos Aires y el Litoral rioplatense en la primera mitad del siglo XIX, en Oscar Moreno (coord.), La construcción de la nación argentina. El rol de las Fuerzas Armadas. Debates históricos en el marco del Bicentenario 1810-2010, Buenos Aires, Ministerio de Defensa, 2010, pp. 63-79;         [ Links ] Raúl O. Fradkin, "Los actores de la revolución y el orden social", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", tercera serie, núm. 33, 2010, pp. 79-90;         [ Links ] Flavia Macias y María Paula Parolo, "Guerra de independencia y reordenamiento social. La militarización en el norte argentino (primera mitad del siglo XIX)", Iberoamericana, vol. X, núm. 37, 2010, pp. 19-38;         [ Links ] Marta Irurozqui y Mirian Galante (eds.), Sangre de ley. Justicia y violencia política en la institucionalización del Estado en América Latina, siglo XIX. Madrid, Ed. Polifemo, 2011;         [ Links ] Marta Irurozqui (coord.), Dossier Violencia política en América Latina, Revista de Indias 246, 2009;         [ Links ] Marta Irurozqui (coord.), Dossier Violencia y justicia en la institucionalización del Estado. América Latina, siglo XIX. Madrid, Revista Complutense de Historia de América, 37, 2011.         [ Links ]

⁴ Gabriela Tío Vallejo y Víctor Gayol, "Hacia el altar de la patria. Patriotismo y virtudes en la construcción de la conciencia militar entre las reformas borbónicas y la revolución de independencia", en Ortiz Escamilla (coord.) Fuerzas militares en Iberoamérica, p. 111.         [ Links ]

⁵ Raúl O. Fradkin, "Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolución", en Flávio Heinz (comp.) Experiencias nacionais, temas transversais: subsídios para uma história comparada da América Latina, São Leopoldo, Editora Oikos, 2009, pp. 75-76.         [ Links ]

⁶ Alusiones sobre la participación de los afrodescendientes en las milicias de Monteagudo en Gustavo Montoya, La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos e Instituto de Estudios Peruanos, 2002, pp. 122-123.         [ Links ] Para el caso latinoamericano ver "Threatening Pardos: Pardo Republicanism in Colombia, 1811-1830," en James C. Scott y Thomas Summerhill (eds.) Transatlantic Rebels: Agrarian Radicalism in Comparative Context, East Lansing: Michigan State University Press, 2004, 117-135;         [ Links ] Jorge Conde Calderón, "Ciudadanos de color y revolución de Independencia o el itinerario de la pardocracia en el Caribe colombiano", Historia Caribe, núm. 14, 2009, pp. 109-137;         [ Links ] Inés Quintero Montiel, "El dilema de los pardos. Contradicciones y limitaciones para el ejercicio de la igualdad política (Cádiz y Venezuela, 1810-1812)", Histórica, vol. XXXIV, núm. 1, 2010, pp. 39-64.         [ Links ]

⁷ Se carece de estudios monográficos sobre las milicias, tanto las que el virrey La Serna pudo organizar en el sur andino como las republicanas organizadas en las provincias del norte y sur del Perú. Referencias sobre la actuación de los indígenas en los ejércitos y guerrillas en el sur andino en los inicios de la República se puede encontrar en Gustavo Vergara Arias, Montoneros y guerrillas en la etapa de la emancipación del Perú 1820-1825, Lima, Imprenta Salesiana, 1974;         [ Links ] Charles F. Walker, De Túpac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú republicano 1780-1840, Cusco, CBC, 1999, pp. 138-155;         [ Links ] Cecilia Méndez, La república plebeya. Huanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850, Lima, IEP, 2014, pp. 118-136;         [ Links ] Víctor Peralta Ruiz, En pos del tributo. Burocracia estatal, elite regional y comunidades indígenas en el Cusco rural, 1826-1854, Cusco, CBC, 1992, pp. 100-102.         [ Links ]

⁸ Textos sobre Perú en donde se ha desarrollado esta figura en: Víctor Peralta Ruiz, "El mito del ciudadano armado. La ‘Semana Magna’ y las elecciones de 1844 en Lima", en Hilda Sabato (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina, México, FCE, 1999, pp. 231-252;         [ Links ] Víctor Peralta Ruiz, "La violencia en la vida política peruana. El asesinato del presidente José Balta y el linchamiento del golpista Tomás Gutiérrez y sus hermanos (Perú, julio de 1872)", en Marta Irurozqui y Mirian Galante (eds.), Sangre de Ley. Violencia y justicia en la institucionalización del Estado. América Latina, siglo XIX. Madrid, Ed. Polifemo-GEA, 2011, pp. 301-332.         [ Links ]

⁹ José Ragas, "El discreto encanto de la milicia. Ejército y sociedad en el Perú borbónico", en Carlos Pardo-Figueroa y Joseph Daher Alva (dirs.) El virrey Amat y su tiempo, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 228.         [ Links ]

¹⁰ Natalia Sobrevilla, "De vasallos a ciudadanos: las milicias coloniales y su transformación en un ejército nacional en las guerras de independencia en el Perú", en Carmen Mc Evoy, Mauricio Novoa y Elías Palti (eds.) En el nudo del imperio. Independencia y democracia en el Perú, Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos e Instituto de Estudios Peruanos, 2012, p. 255;         [ Links ] Mónica Ricketts, "The Rise of the Bourbon Military in Peru, 1768-1820", Colonial Latin American Review, vol. 21, núm. 3, 2012, pp. 413-439.         [ Links ]

¹ Ángel Luis Guerrero Domínguez, "Lex et Bellum. Fuero militar y milicias en el norte del virreinato del Perú a finales del siglo XVIII", en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.) Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2007, pp. 15-35.         [ Links ]

¹² Julio Mario Luqui Lagleyze, El ejército realista en la guerra de independencia, Buenos Aires, Instituto Nacional Sanmartiniano, 1995, pp. 191-192.         [ Links ]

¹³ Paul Rizo Patrón Boylan, "El regimiento de la Concordia Española del Perú", en Scarlett O’Phelan Godoy y Georges Lomné (eds.) Abascal y la contra-independencia de América del Sur, Lima, IFEA y PUCP, 2013, p. 99.         [ Links ]

¹⁴ Julio Mario Luqui Lagleyze, "Por el rey, la fe y la patria". El ejército realista del Perú en la independencia sudamericana 1810-1825, Madrid, Ministerio de Defensa, 2006, p. 131.         [ Links ]

¹⁵ Colección Documental de la Independencia del Perú. Asuntos Militares, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971, t. VI, vol. 1, 50.

¹⁶ Colección Documental de la Independencia del Perú, t. VI, vol. 1, p. 164.

¹⁷ Colección Documental de la Independencia del Perú, t. VI, vol. 1, p. 80.

¹⁸ Joaquín de la Pezuela, Memoria de gobierno, Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena (editores), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1947, p. 431.

¹⁹ Colección Documental de la Independencia del Perú, t. VI. Vol. 1, p. 202.

²⁰ Julio Albi de la Cuesta, El último virrey, Madrid, Ollero y Ramos editores, 2009, p. 321.

²¹ Gaceta de Buenos Aires, 24 de enero de 1812.

²² El Pacificador del Perú, Barranca, julio 20 de 1821.

²³ Gustavo Vergara Arias, Montoneras y guerrillas en la etapa de la emancipación del Perú.

²⁴ Colección Documental de la Independencia del Perú. Obra de Gobierno y Epistolario de San Martín, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1976, p. 333.

²⁵ Natalia Sobrevilla, "De vasallos a ciudadanos", p. 250.

²⁶ Colección Documental de la Independencia del Perú, Obra de Gobierno y Epistolario de San Martín, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1974, t. XIII, vol. 1, p. 30.

²⁷ Víctor Villanueva, Ejército Peruano: del caudillaje anárquico al militarismo reformista, Lima, 1974, p. 101-104.

²⁸ Colección Documental de la Independencia del Perú, t. XIII, vol. 1, p. 540.

²⁹ Carmen Mc Evoy, "De la comunidad retórica al Estado-Nación. Bernardo Monteagudo y los dilemas del republicanismo en ‘América del Sud’" 1811-1822", en José Nun y Alejandro Grimson (comps.), Convivencia y buen gobierno: nación, nacionalismo y democracia en América Latina, Buenos Aires, Edhasa, 2006: 59-86.         [ Links ]

³⁰ Gustavo Montoya, La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, pp. 113-137.

³¹ Juan Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859, Lima, Felipe Bailly editor, 1865, t. XIII, p. 249.

³² Los artesanos y menestrales vincularon los ejercicios doctrinales con el perjuicio de sus negocios y subsistencia, de ahí que el 24 de noviembre el Protectorado dispusiera que los ejercicios sólo se hicieran los martes y viernes. Sobre la trayectoria de este segmento social de trabajadores en los inicios de la república consultar el estudio de Iñigo García Bryce, República con ciudadanos: los artesanos de Lima, 1821-1879, Lima, Instituto de estudios Peruanos, 2009.         [ Links ]

³³ Gustavo Montoya, La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, p. 120.

³⁴ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 249.

³⁵ Colección Documental de la Independencia del Perú, t. XIII, vol. 1, p. 539-540.

³⁶ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 251.

³⁷ La población de esclavos en la capital en la década de 1820 vivía dentro de las murallas de Lima y se dedicaba al servicio doméstico de sus amos, a oficios artesanales como zapateros y ayudantes de panaderías y pastelerías y, ocasionalmente, como porteadores de agua, pintores y albañiles. Ver Peter Blanchard, Slavery and Abolition in Early Republican Peru, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Inc, 1992, pp. 26-27;         [ Links ] también Carlos Aguirre, Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993.         [ Links ]

³⁸ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 251.

³⁹ Colección Documental de la Independencia del Perú, Relación de viajeros, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971, t. XXVII, vol. 1, p. 291.

⁴⁰ Colección de los discursos que pronunciaron los señores diputados de América contra el artículo 22 del proyecto de constitución. Ilustrados con algunas notas interesantes por los españoles pardos de esta capital, Lima, Imprenta de los Huérfanos, 1812, p. 48.

⁴¹ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 552.

⁴² Carlos Aguirre, "Cimarronaje, bandolerismo y desintegración esclavista. Lima, 1821-1854", en Carlos Aguirre y Charles F. Walker (eds.) Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII-XX, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1990, pp. 137-182.         [ Links ]

⁴³ Aguirre, Agentes de su propia libertad, pp. 46-47.

⁴⁴ Christine Hunefeldt, "Cimarrones, bandoleros y milicianos, 1821", Histórica, vol. III, núm. 2, 1979, p. 77.         [ Links ]

⁴⁵ Germán Leguía y Martínez, Historia de la emancipación del Perú: el Protectorado, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1972, t.VI, p. 66.         [ Links ]

⁴⁶ Hunefeldt, "Cimarrones, bandoleros y milicianos", p. 72.

⁴⁷ Germán Leguía y Martínez, Historia de la emancipación del Perú, t. VI, p. 61.

⁴⁸ Gustavo Montoya, La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, p. 131.

⁴⁹ Bernardo Monteagudo, Exposición de las tareas administrativas del gobierno desde su instalación hasta el 15 de julio de 1822, presentada al Consejo por el Ministro de Estado y Relaciones exteriores don Bernardo Monteagudo, en cumplimiento del decreto protectoral de 18 de enero, Lima, Imprenta de D. Manuel del Río, 1822, p. 21.

⁵⁰ Carmen Mc Evoy, Forjando la nación. Ensayos de historia republicana, Lima, Pontificia Universidad Católica y The University of the South (Sewanee), 1999, pp. 41-47.         [ Links ]

⁵¹ Bernardo Monteagudo, Memoria sobre los principios políticos que seguí en la administración del Perú y acontecimientos posteriores a mi separación, Imprenta de Quito y por su original en Guatemala por Beteta, 1823, p. 5.

⁵² Pablo Ortemberg, "El odio a Bernardo Monteagudo como impulsor del primer gobierno autónomo en el Perú", en Claudia Rosas (ed.) El odio y el perdón en el Perú siglos XVI al XXI, Lima, PUCP, 2009, p. 132.         [ Links ]

⁵³ Exposición de don José de la Riva Agüero acerca de la conducta política en el tiempo que ejerció la presidencia de la República del Perú, Londres, C. Wood, Poppin’s Court, Fleet Street, 1824, p. 18.

⁵⁴ Colección Documental de la Independencia del Perú, t. VI, vol. 9, p. 23.

⁵⁵ Juan Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 258.

⁵⁶ Colección Documental de la Independencia del Perú. Primer Congreso Constituyente, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1975, t. XV, vol. 3, pp. 326-327.

⁵⁷ La constitución de 1823 consignó en su artículo 17 como atributos para ser ciudadano el de haber nacido en el Perú, ser casado o mayor de veinticinco años, saber leer y escribir (cuya calidad no se exigirá hasta después del año 1840), y tener una propiedad, o ejercer cualquier profesión o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero.

⁵⁸ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 261.

⁵⁹ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 262.

⁶⁰ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 263.

⁶¹ Gaceta del Gobierno, Lima, 17 de enero 1825.

⁶² Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 266.

⁶³ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 268.

⁶⁴ Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, t. XIII, p. 270.