RESEÑAS

Flavia Macías, Armas y política en la Argentina. Tucumán, siglo XIX. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Colección América, 2014, 253 páginas

Beatriz Bragoni

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Universidad Nacional de Cuyo

Este libro aborda el papel de las armas en la vida política de la Argentina del siglo XIX, y asume el desafío de examinar el escurridizo tema de la descentralización de la fuerza militar en la formación del sistema político provincial y nacional. Para hacerlo, Flavia Macías focaliza el análisis en una provincia del interior argentino, Tucumán, con el propósito de poner a prueba hipótesis tributarias de las vertientes historiográficas iberoamericanas que en las últimas décadas hicieron de la "ciudadanía en armas", un vector eficaz de reinterpretación sobre las formas de participación e inclusión política, y del uso de la violencia institucional en el dilatado trayecto de edificación de los estados latinoamericanos. Con ello, Macías suma un nuevo eslabón al nutrido corpus de publicaciones que adoptaron e instrumentaron tales presupuestos a la hora de complejizar problemas y temas clásicos de la historiografía latinoamericana, despojándolas de las visiones que habían atribuido al vínculo entre armas y política ser el principal obstáculo en el proceso de institucionalización del poder y la autoridad nacional una vez clausuradas las guerras de independencia. En tal sentido, el caso de Tucumán resulta ilustrativo en tanto ofrece un adecuado campo de experimentación empírica e interpretativa para trazar enlaces significativos entre los dispositivos normativos y prácticos ensayados en las provincias argentinas previos al pacto constitucional de 1853, y los instituidos por las presidencias republicanas fundacionales en aras de reconducir atributos de autoridad política independientes de los gobiernos locales.

Al interior de ese complejo proceso, milicias provinciales, ejército regular y guardias nacionales se erigen en unidades analíticas primordiales para identificar los nexos y las variaciones prevalecientes entre los ritmos y características de las fuerzas militares que vitalizaron la dinámica política tucumana entre 1830 y 1870, y de su gravitación en las prácticas electorales que sedimentaron el diseño e institucionalización de un régimen republicano y representativo, provincial y nacional. Dicho tratamiento resulta expuesto a lo largo de seis capítulos y un apéndice documental, cuya fecundidad reside no sólo en el rico y variado repertorio de fuentes primarias y secundarias consultadas en fondos provinciales, sino en la forma en que las mismas resultan compulsadas, para ofrecer indicadores cuanti y cualitativos destinados a documentar, entre otros asuntos relevantes, el peso fiscal de la fuerza militar movilizada, el ciclo de reformas administrativas y militares que afectó la composición y funcionamiento de los cuerpos armados, y sus eventuales proyecciones en el desempeño de las instituciones rectoras del poder urbano y rural, así como en el de los círculos o "partidos" locales, arrojados a la arena electoral como ámbito necesario de legitimación del capital político detentado en clivajes sociales y territoriales. Esa triple dimensión relacional del poder local resulta particularmente esclarecedora de las formas en que las dirigencias o elites locales hicieron de la confrontación y de los acuerdos una vía aceptada de integración al esquema de poder nacional, para lo cual debieron domesticar sus aspiraciones frente a liderazgos provinciales rivales.

El trayecto de tal realineamiento se hace visible al apreciar las variaciones del régimen político local, de sus dirigencias y de las vinculaciones interregionales entre 1830 y 1870. Esa convulsa historia -que emula en más de un caso otras experiencias provinciales- asume como punto de partida el esquema de poder liderado por Alejandro Heredia entre 1832 y 1838, el cual exhibe la sintonía de reformas administrativas y militares que dotaron de poder a un elenco de comandantes surtidos de múltiples funciones dispuestas a sentar autoridad en la jurisdicción. Tal diseño hacía de esos actores intermedios piezas claves del sistema de alianzas del gobernador, quien aparecía provisto además de facultades extraordinarias, delegadas por legislaturas adictas (que incluirían cuadros unitarios); pero si tal esquema de poder habría de incidir en la expansión del brazo tutelar del gobernador tucumano sobre provincias vecinas -a través del famoso ensayo del "protectorado"-, y encabezar el reclutamiento militar exigido ante la guerra contra el mariscal Santa Cruz, el mismo no habría de sobrevivir a la violencia disparada en la médula de la red de poder que lo había sostenido, lo cual pone de relieve los límites concretos a la pretensión centralizadora del gobernador, y la fragilidad del sistema de obediencia en que descansaba su mismo liderazgo local. La guerra contra Bolivia no sólo habría de licuar el poder heredista sino que daría lugar al recambio de autoridades en las provincias del norte que gravitarían en la efímera coalición que desafió el poder de Rosas entre 1840 y 1841. Las evidencias provistas por Macías sobre los "pronunciamientos" simultáneos de las soberanías independientes que se formalizaron en una alianza o Liga militar, fundamentada en los preceptos constitucionales pendientes desde 1831, y en el lema "opinión pública y bayonetas", para hacer la guerra contra Rosas, y obtener un lugar distinto en la constelación de provincias interiores, resultan ilustrativas de varios asuntos enfatizados por la historiografía política reciente. Por un lado, el sustrato doctrinario que conjugaba el ejercicio soberano de las provincias con la legalidad republicana, y el funcionamiento de legislaturas facultadas a elegir los gobernadores y dotarlos de instrumentos para el ejercicio de gobierno. Por otro, la fisonomía y jerarquías discretas de las organizaciones militares (definidas por Macías como "ejército provincial"), que funcionan con mayor eficacia en el ámbito urbano que en el rural, en cuya división descansó el errático juego de lealtades del "sistema de comandantes" locales, y de las provincias vecinas, que jugaron a favor de la movilización de fuerzas militares afines a Rosas que cercenó la capacidad militar de la coalición, y terminó por erigir a uno de ellos, Celedonio Gutiérrez, en pieza clave de la galaxia de gobernadores que encararon la guerra contra el unitarismo, y afianzaron el federalismo rosista en el interior, a través de un arsenal de instrumentos que incluyeron enrolamientos patrióticos a favor de la causa federal, la designación de comandantes y legislaturas adictas, castigos y destierros, y homenajes monumentales a Rosas y al ejército de Oribe.

Tal esquema de poder local obtendría importantes redefiniciones a partir de 1852 y 1861, y si tal periodización hace coincidir la dinámica política tucumana con los realineamientos provinciales que siguieron a la caída de Rosas, y el proceso de institucionalización abierto con el ciclo constitucional nacional y provincial, el desempeño político tucumano pone de manifiesto las conexiones prevalecientes entre las iniciativas dirigidas por el gobierno central para concentrar la fuerza militar a su favor, y el selectivo proceso de adaptaciones locales, y de sus efectos tanto en el juego político doméstico como en el interprovincial. De tal modo, si la delimitación de circunscripciones militares en la geografía de la confederación presidida por Urquiza, y la creación de la Guardia Nacional, aspiraron a centralizar la fuerza militar, su aplicación en Tucumán estuvo lejos de efectivizarse en el corto plazo, en vista de los solapamientos y/o pujas disparados entre las "milicias residuales" provinciales y los cuerpos de la Guardia Nacional, que sólo pudieron ser radicados en la capital y algunos pocos departamentos de campaña, y cuyos liderazgos habrían de involucrar a exponentes de clanes familiares enriquecidos en las rutas del comercio, enrolados ya en carreras políticas dispuestas a ocupar un lugar relevante en el nuevo orden liberal. Será en torno a la doble dependencia de las guardias nacionales donde el binomio armas y votos habría de operar como torniquete medular del repertorio de acción política colectiva, ya sea para movilizar (o "manipular" en el lenguaje de Macías), opinión y voluntades en vista al desigual calendario electoral provincial y nacional, como también para animar revoluciones inscriptas la mayoría de las veces al perdurable principio de resistencia a la "tiranía" u opresión. A su vez, la dinámica de ida y vuelta que condiciona la fuerza coactiva del gobierno federal, y, al mismo, contribuye a su entronización en las provincias, se haría particularmente visible en el modus operandi de las intervenciones federales, como también en la dotación de los cuerpos armados con destino al frente de guerra paraguayo, en tanto la movilización de la fuerza militar resultaba mediatizada por los gobernadores, quienes podían inhibir o volcar influencias a favor del poder central.

Pero si tales mecanismos ilustran con meridiana precisión el peso relativo de las "situaciones provinciales" en la resolución práctica del sistema federal de la era Mitre, la dinámica de la política tucumana ofrece evidencias firmes de las estrategias ensayadas por las dirigencias locales en pos de afianzar el orden liberal (y mitrista), y de las formas negociadas que ese trayecto adoptó en el interior argentino. En efecto, al tiempo que las mismas hacían suyos los preceptos constitucionales, se enrolaban tras el promisorio programa civilizatorio, y descargaban en la arena política toda la batería de nociones, instituciones y prácticas políticas destinadas a afianzar la versión vernácula de los regímenes representativos liberales, una porción de su dirigencia traspasó el umbral de los círculos políticos domésticos para escalar posiciones en la pirámide del poder nacional, incidiendo decididamente en el realineamiento de las provincias del norte en el sistema político de la nación.

Al respecto, la restitución ofrecida por Macías sobre los contextos e iniciativas políticas que sostuvieron el encumbramiento del otrora gobernador, el Dr. Marcos Paz, como vicepresidente de Mitre, y la correlativa designación del gobernador de Santiago del Estero como jefe tutelar de la fuerza armada nacional, permiten apreciar la filigrana del juego de reciprocidades y compensaciones que atemperaría las rivalidades interprovinciales, y contribuiría a vehiculizar la cadena de obediencia institucional y política a favor del gobierno federal. Pero si el peso depositado en la política dura, esto es, en el lugar reservado a la negociación entre las dirigencias provinciales y nacionales, estaría dado en la existencia de un régimen electoral que permitía a las provincias incidir en la sucesión presidencial, la ecuación armas y votos que estaba vigente desde la ley electoral de 1864, y que había infligido decididamente en la formación del régimen político, estaría destinada a ser juzgada como inaceptable para dotar de mayor estabilidad el orden institucional. Macías dedica a ese dilema el último capítulo de su libro, y consigue con ello poner en diálogo las concepciones, debates e instrumentos que fueron ensayados bajo las presidencias de Sarmiento y de Avellaneda, y sus efectos en la agenda gubernamental tucumana. Dicho cotejo no sólo permite apreciar la sintonía de argumentos en el nivel de la alta política nacional y sus resonancias locales en cuanto arrojan evidencias sugestivas de la reorientación de la fuerza armada provincial, que desgranó el papel y el peso fiscal de las guardias nacionales en beneficio de cuerpos policiales bajo dependencia exclusiva del gobernador, e inhibidas de participar en los comicios y alzarse en armas contra provincias rivales o el poder central.