ARTÍCULOS

Reformistas provincianos en el cambio de siglo: políticos prácticos, partidos y gobierno representativo (Mendoza, 1880- 1903)¹

Beatriz Bragoni²

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Correo electrónico: bragonibeatriz@gmail.com

Artículo recibido: 02 de julio de 2018

Aprobación final: 11 de noviembre de 2018

Reformistas provincianos en el cambio de siglo: políticos prácticos, partidos y gobierno representativo (Mendoza, 1880-1903)

Resumen

En sintonía con la historiografía política reciente que ha revisado aspectos clave del régimen político argentino entre 1880 y 1916, el artículo aborda dos trayectorias políticas de políticos provinciales, con el propósito de problematizar la definición compacta de "gobierno elector" e interpretar el papel de la oposición y la rivalidad partidaria en la reforma del gobierno representativo de la provincia de Mendoza, a fines del siglo XIX. En particular, analiza el papel de la sociabilidad escolar y de la movilidad extraterritorial en la formación de las dirigencias locales, las relaciones cultivadas en las aulas universitarias en los trayectos políticos posteriores a su egreso, los canales de acceso a la actividad política y a la función pública, el creciente protagonismo de los partidos políticos, y las formas de interpretar e intervenir en la atmósfera reformista que trastocaron los cimientos del régimen político provincial y nacional en el cambio de siglo. Los resultados de la pesquisa ponen de relieve aspectos poco advertidos por la historiografía clásica, entre los que se destaca la relativa permeabilidad de las elites decimonónicas y las iniciativas reformistas provinciales diseñadas para dotar de estabilidad y legitimidad al régimen político, en vísperas de la reforma electoral nacional de 1912.

Palabras clave: Dirigencias ; Régimen representativo ; Mendoza ; Siglo XIX

Provincial Reformists at the Turn of the Century: Practical Politicians, Parties, and Representative Government (Mendoza, 1880-1903)

Abstract

The purpose of this article is to problematize the definition of "elector government", and to interpret the role of the opposition and party rivalry during the reform of the representative government of the province of Mendoza at the end of the 19th century. In order to do that, two political trajectories of provincial politicians are taken into consideration in the same way that the recent political historiography has outlined key aspects of the Argentine political regime between 1880 and 1916. In particular, the article analyzes the role of school sociability and extraterritorial mobility in the formation of local leaderships, the relationships cultivated in the university classrooms during the political journeys after graduation, the different access to political activity and public offices, the growing role of political parties, and the ways of interpreting and intervening in the reformist atmosphere that upset the foundations of the provincial and national political regime at the turn of the century. The results of the research emphasize certain aspects that were not noticed at all by classical historiography, such as the relative permeability of the elites in the 19th century, and the provincial reform initiatives designed to provide stability and legitimacy to the political regime on the eve of the national electoral reform of 1912.

Keywords: Leadership ; Representative Regime ; Mendoza ; 19th Century

En las últimas décadas, la revitalización de la historia política en los ámbitos académicos argentinos contribuyó a renovar las agendas de investigación sobre el proceso de unificación nacional, la formación del sistema federal y la fisonomía cambiante del gobierno representativo decimonónico. Al interior de los temas visitados y escalas de análisis adoptadas, las formas institucionales, prácticas y actores políticos que traccionaron la pluralidad de soberanías territoriales a un centro de poder común, junto con la formación del edificio republicano, echaron luz sobre las dinámicas políticas intra e interprovinciales que caracterizaron "los treinta años de discordia" a los que aludió Tulio Halperin Donghi, y han permitido problematizar también algunas convenciones rectoras sobre el régimen gubernamental que Natalio Botana caracterizó con la perdurable expresión "Orden Conservador" (Halperin Donghi, 1984; Botana, 1979 y 2004).En un artículo reciente, Hilda Sabato trazó un balance de las temáticas frecuentadas e hizo hincapié en las implicancias que introdujeron en el examen de la vida política argentina de la segunda mitad del XIX (Sabato, 2014).³ Ante todo, llamó la atención sobre las proyecciones habidas a raíz del remplazo de visiones teleológicas, la comprensión de la política en sus propios términos y no como epifenómeno de lo social o económico, sobre las preferencias en algunos nudos problemáticos que tuvieron como objeto las instituciones y prácticas del gobierno representativo, los partidos y las formas de participación, y la tensión entre inestabilidad y orden políticos.

En buena medida, se trataba de reflexiones procedentes de investigaciones realizadas en espacios locales o provinciales, que se convirtieron en objetos privilegiados de análisis no sólo porque constituían laboratorios apropiados para poner a prueba alguno que otro modelo analítico, sino por la relevancia de las provincias en la construcción del gobierno federal, y en la dinámica política nacional. Bajo el supuesto implícito o explícito de la dualidad institucional que rigió aquel tramo del laboratorio republicano argentino, la fisonomía y desempeño de las dirigencias provinciales, la extensión y variaciones de las solidaridades políticas interprovinciales, la caracterización de los partidos políticos y el papel de la rivalidad o competencia electoral ocuparon un lugar de relieve en franca sintonía con interrogantes más amplios sujetos a la renovada agenda académica internacional que desmanteló algunas convenciones clásicas en las que habían descansado el examen de las democracias republicanas latinoamericanas.⁴

En más de un caso, tales vectores, aplicados a distintas provincias y a la ciudad de Buenos Aires, pusieron en entredicho algunas cuestiones sobre las que descansaba un tipo de clasificación que Natalio Botana formuló en el orden de provincias "animadas de espíritu cívico", y las que aparecían menos vigorizadas de atributos republicanos, y encorsetadas en la denominación de "oligarquías" o "gobiernos de familia" -conceptos frecuentes del vocabulario político finisecular-. En su lugar, el corpus de investigaciones hoy disponible ha dejado en suspenso tales distinciones, ofreciendo evidencias que han permitido atemperar el juicio sobre la naturaleza restrictiva del voto decimonónico, y trazando un nuevo mapa del montaje del gobierno representativo en las provincias en donde parece expresarse la coexistencia de regímenes delegativos y sistemas políticos con mayor o menor grado de competitividad electoral (Alonso, 2000; Cibotti, 1995; Hora, 2001; Chavez, 2005; Navajas, 2012). Este último aspecto, esto es, la posibilidad de restituir en el corto y mediano plazo el peso relativo de la rivalidad política en los espacios provinciales, y la pretensión de las dirigencias locales de gestionar la oposición mediante cambios institucionales y legales en vísperas a la reforma política de 1912, permitió problematizar la noción de "representación invertida" y "gobierno elector" que Botana había convertido en acicate de la hegemonía gubernamental y estabilidad institucional que sobrevivió hasta 1916 (Bragoni, 2003, 2004 y 2016; Alonso, 2012, Cucchi, 2015).⁵

En torno a ello, el recaudo oportunamente formulado por Ezequiel Gallo de no limitar el examen de la política a la dimensión electoral, junto con la recomendación de atender dimensiones complementarias de las formas de hacer política,han puesto de manifiesto variantes institucionales del gobierno representativo y dinámicas políticas intra e interprovinciales no necesariamente inscriptas perse en solidaridades familiares o personales, sino entendiéndolas, en el mejor de los casos, como facilitadoras de acuerdos o cooperaciones políticas (Gallo, 1992 y 2000; Castro, 2016). Dicho deslizamiento no es menor por varias razones. Por un lado, porque revela que la gestión del poder local estaba bastante lejos de permanecer sujeta a los grupos o círculos discretos de quienes accedían, se alternaban o renovaban los cargos electivos en sus distintos niveles de gobierno o de la administración. Por el otro, porque el protagonismo exhibido por los actores políticos (individuos o partidos), con acceso a recursos de muy variada naturaleza, sugiere un cierto grado de complejidad y amplitud de la intermediación que, en dirección vertical u horizontal, alimentaba las nervaduras del sistema político de cada retazo provincial con el vértice del poder nacional.⁶ En más de un caso, esos lazos políticos se inclinaban en direcciones no esperadas, obstruyendo la vocación hegemónica de los gobernadores, por lo que su eventual sobrevivencia dependía de la capacidad de ganar "opinión" no sólo mediante de los artefactos políticos disponibles, sino, sobre todo, confiando en la misma fluidez del entramado de "amigos políticos" o de los "círculos", convertidos en zócalo de intercambios e influencias políticas que podían vigorizar o quebrar solidaridades partidarias.⁷ Sólo cuando esas vías se obstruían, las dirigencias locales echaban mano a las intervenciones federales haciendo de ellas un dispositivo adicional (en algunos casos, excepcional, o en otras ocasiones, de manera periódica o regular) para domesticar las controversias o disputas entre "gubernistas" y "opositores" locales. Que las situaciones locales constituían la médula del esquema de poder decimonónico lo demostró Julio A. Roca en 1891, cuando en medio del trajinar de relaciones movilizadas para consensuar el candidato presidencial, escribió a un amigo de Mendoza:

Allí tiene que maniobrar según las circunstancias y hacer lo que más convenga a la provincia y al partido según sus propias inspiraciones que de lejos es muy difícil seguir la batalla. La experiencia nos demuestra que todo plan aquí concertado, aunque lleve el triple bautismo del Presidente, Mitre y de su affmo servidor, al llegar se desvanece y queda en nada. Es necesario estar allí en el torbellino para apreciar el modo y momento oportuno de obrar con eficacia. Solo Sarmiento ganaba batallas a la distancia. ⁸

La voz de Roca constituye un estupendo testimonio para explicitar los objetivos que prometen ser explorados en este trabajo con el propósito de problematizar la definición compacta de "gobierno elector", e interpretar el papel de la oposición y la rivalidad partidaria en la reforma del gobierno representativo provincial a fines del siglo XIX.En trabajos anteriores se hizo énfasis en el papel de las elites locales en la convulsa y negociada integración al sistema político nacional, y en las dinámicas políticas que animaron la rivalidad entre los enrolados en el roquismo y los juaristas provincianos, a raíz de la eclosión de agrupaciones políticas y de las coaliciones gubernamentales que gestionaron cambios institucionales y electorales de relieve en el cambio de siglo (Bragoni, 2007, 2010 y 2015).Tales antecedentes plantearon nuevos interrogantes sobre el papel de los "políticos prácticos" en el funcionamiento y transformación del régimen político provincial. En particular, el interés por develar la naturaleza de los atributos sociales y profesionales en juego, los canales de integración al juego político, y la incidencia de la actividad política en el ciclo reformista que trastocó el esquema de poder local, condujeron a focalizar el análisis en las trayectorias de Julián Barraquero y José Néstor Lencinas. Naturalmente, la atención depositada en ambos perfiles no resulta del todo novedosa en cuanto se trata de actores políticos cuyos protagonismos en la vida política e institucional mendocina han sido abordados por la literatura académica.La figura de Barraquero ha sido analizada en relación con sus concepciones filosófico-políticas y las implicancias en las reformas constitucionales provinciales de 1894 y 1916 (Roig, 1969; Seghesso de López Aragón, 1991 y 1997; Egües, 2007). A su vez, la trayectoria de Lencinas ha priorizado el análisis de su liderazgo político, la formación y desempeño de la UCR provincial en vísperas a la reforma electoral de 1912, el acceso a la gobernación en 1918 y las controversias entre personalistas y antipersonalistas bajo las presidencias radicales de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear (Rodríguez, 1979; Lacoste, 1990; Bragoni y Mellado, 2012). En diálogo con tales antecedentes, e inspirado en los lineamientos actuales sobre biografía, política e historia, este trabajo propone volver sobre dichas trayectorias con el objetivo de reinterpretarlas en relación al contexto en que inscribieron sus concepciones y prácticas políticas (Dammamme, 1994; Burdiel, 2014a y 2014b; Bruno, 2011).Un cotejo que no ha sido frecuente y que resuelve, a la manera de vidas paralelas, el papel de la sociabilidad escolar y de la movilidad extraterritorial en la formación de las dirigencias locales, las relaciones cultivadas en las aulas universitarias en los trayectos políticos posteriores a su egreso, los canales de acceso a la actividad política y a la función pública, el creciente protagonismo de los partidos políticos, y las formas de interpretar e intervenir en la atmósfera reformista que trastocó los cimientos del régimen político provincial y nacional en el cambio de siglo.⁹

1. Del aula a la política

En 1870, el rector del Colegio Nacional de Mendoza elevaba una memoria sustanciosa al Ministerio de Instrucción Pública de la Nación sobre el número de estudiantes que cursaban los estudios y sus rendimientos académicos. En esa oportunidad, el influyente y muy activo instigador del movimiento asociativo mendocino, Franklin Villanueva, dejaba constancia del total de los matriculados, y de su distribución en los cinco años exigidos para completar el ciclo de formación (Fucili, 2018). Se trataba de 183 varones jóvenes, lista en la que figuraban Julián Barraquero y José Néstor Lencinas, entre otros inquietos personajes procedentes de familias distinguidas de la ciudad de Mendoza, como los hermanos Jacinto y Agustín Álvarez, Emilio Civit, Emilio Villanueva y Ricardo Day. Para entonces, Barraquero y Lencinas cursaban el tercer año, y el primero de ellos había recibido una mención en estudios de literatura española. Entretanto, Lencinas había dado muestras de un buen desempeño escolar y aprobado las asignaturas (Avellaneda, 1874).

La sociabilidad escolar venía a coagular procedencias familiares, territoriales y culturales no necesariamente equivalentes. Lencinas había nacido en 1859, en San Carlos, una villa del valle de Uco, en el seno de una familia arraigada en el área de frontera y vinculada con el comercio ganadero tras la cordillera. Era hijo del capitán de dragones y comerciante Francisco Lencinas, quien había contraído matrimonio con Irene Videla, de cuya unión nacieron cuatro hijos: Santiago, Irene, Doraliza y José Néstor. No hay datos firmes sobre las trayectorias de sus hermanos, aunque el matrimonio de Doraliza con Saturnino Torres, enrolado en las guardias nacionales, y el aprendizaje en las primeras letras de José Néstor en la escuela de la villa, sugieren la posición intermedia de su familia en el entramado social del poder territorial. En efecto, las expectativas depositadas por su padre en el menor de sus vástagos se hicieron visibles en 1869, cuando José Néstor ingresó a las aulas del Colegio que había comenzado a funcionar años antes, bajo la supervisión del diputado nacional Francisco Civit, quien había estrechado lazos con funcionarios del Ministerio de Instrucción Pública. Un año después, la familia Lencinas fijaría residencia en el departamento de Luján, mediante la compra de una finca y casa.

Julián Barraquero era un poco mayor. Había nacido en 1856, en la ciudad, y era hijo de Francisco de Borja Barraquero y Gertrudis Gutiérrez. No hay mucha información sobre el desempeño público de su padre, aunque existe evidencia firme que indica que se desempeñó como Subdelegado de La Paz en el breve interregno federal de 1866-1867 y que, por tal participación, había integrado la lista de rebeldes instruida por el comisionado nacional Wenceslao Paunero-que años después fueron exonerados por la justicia federal-.¹⁰ Esa razón tal vez explique la completa ausencia de testimonios sobre su eventual inclusión en los clubes políticos que dinamizaron los comicios provinciales de allí en más.¹¹

Sin duda, el paso por el colegio constituyó para José Néstor Lencinas y Julián Barraquero una experiencia angular en la definición de las opciones profesionales planificadas a su término, aunque las instituciones educativas escogidas para la formación no fueron idénticas. Si bien apostaron al estudio de las Leyes como resorte seguro para iniciar carreras administrativas, políticas o judiciales, el bagaje relacional de Lencinas lo condujo a cursar estudios en la Universidad de Córdoba. Es probable que dicha elección obedeciera a que allí residía la hermana de su cuñado, quien había contraído matrimonio con uno de los Luque. A esa altura, Saturnino Torres Moyano ya había escalado posiciones en la carrera militar, primero, como integrante de cuerpos armados locales, y luego, al servicio del general Arredondo en la defensa de la frontera contra los ranqueles, para más tarde engrosar el contingente de las fuerzas militares con el que el entonces coronel Julio A. Roca derrotó el conato rebelde que, en 1874, el mismo Arredondo había liderado a favor de los mitristas.

Por el contrario, las vinculaciones y expectativas que animaron a Barraquero lo condujeron a Buenos Aires, donde concluyó sus estudios en Derecho bajo la tutela de José Manuel Estrada, quien dictaba los cursos de Derecho Constitucional (Pérez Guilhou, 1997: 81). Su tesis, Espíritu y Práctica de la Ley Constitucional Argentina (1878), versó sobre diferentes aspectos del régimen republicano representativo, el sistema electoral y el federalismo, cuyas filiaciones enlazaban el debate que desvelaba a las dirigencias políticas transoceánicas, en vista a domesticar la rivalidad política y expurgar los "vicios" o "deficiencias" de la ingeniería institucional que debía traducir la soberanía popular en sistemas políticos estables y dotados de legitimidad como base del programa civilizatorio (Barraquero, 1889). Inspirada en concepciones regeneracionistas ligadas al krausismo jurídico (el "evangelio de su existencia", según su expresión), y sujeta al método experimental contrastado con el modelo norteamericano, la tesis de Barraquero ganó difusión en los círculos porteños, y ameritó elogios de relieve.Ante todo, mereció la lectura crítica de Sarmiento, quien no dejó de reconocer sus virtudes, y también anotó sus observaciones en lo relativo al estado de sitio y la suspensión de garantías individuales.El comentario de quien en ejercicio de la presidencia de la República, había puesto en práctica ese dispositivo constitucional para restablecer el orden político en la provincia, ante la revuelta armada que coronó la elección de gobernador de 1873, puntualizó la inconveniencia de la tesis vertida por el flamante egresado de la Universidad de Buenos Aires, por entender que se trataba de un mecanismo inherente a los "constructores de gobiernos", el cual debía prevalecer a la agresión o insurrección armada. La tesis también despertó opiniones favorables del publicista F. J. López, cuyo extenso comentario fue editado en Montevideo, y replicado en Mendoza. Los elogios basados en concepciones organicistas se explayaron en varios planos, aunque enfatizaron la acertada observación de Barraquero sobre los efectos negativos del caudillismo en la conformación del gobierno representativo, y el rescate del motivo municipalista como antídoto eficaz para fortalecer el nexo entre gobierno y sociedad civil.¹²

Con sus credenciales a cuestas, y luego de haber activado contactos con influyentes políticos mendocinos, el joven abogado recaló en Mendoza con la flamante designación de profesor en el Colegio Nacional, donde dictaría clases de Filosofía, Instrucción Cívica y Economía Política. El Pueblo, un diario editado por otro abogado egresado de Córdoba, el Dr. Adolfo Calle, no sólo informó de su llegada a Mendoza, también consignó que ejercería la profesión en la justicia federal, a través de un abogado porteño, por estar inhibido de ejercerla en el foro local. Entretanto, Julián Barraquero compondría el elenco de conspicuos que dieron forma al Club Mendoza, una asociación opuesta al Club Social que se proponía, a semejanza de otras asociaciones dispersas en el país, excluir los trabajos políticos de los ámbitos de sociabilidad de las elites, y promover el cultivo de las bellas artes como recurso regenerativo de las costumbres y hábitos provincianos.¹³ Alrededor de esa tónica había versado la conferencia que había dictado en el Colegio Nacional, en la que había justificado el estudio de la filosofía como insumo moral y patriótico ante los jóvenes estudiantes: "los pueblos sudamericanos -adujo cual tribuno- se revuelcan hace medio siglo en la anarquía, porque desde su advenimiento a la democracia han carecido de una instrucción popular sólida y compacta". De ella hacía depender el fortalecimiento del "sistema republicano", y el mejor antídoto "al monopolio de los gobernantes y de los caudillos, definido como el más odioso y repugnante de los gobiernos libertinos apócrifos" (Barraquero, 1966).

La rápida inclusión de Barraquero en los círculos e instituciones educativas de la provincia gravitaría en las funciones públicas que pasó a desempeñar en el esqueleto de la administración y la política local. En 1879 fue designado Ministro de Gobierno y de Hacienda en la gestión del gobernador Elías Villanueva (1877-1880). En ese marco, confeccionó una famosa Memoria en la que volcó sus interpretaciones sobre las debilidades y fortalezas del régimen representativo. A su vez, su desempeño en el arbitraje político que consagró a Roca como presidente lo hizo acreedor de elogios por haber neutralizado cualquier disidencia que pusiera en riesgo la estabilidad política. Roca fue explícito al manifestarle su satisfacción ante los resultados mendocinos, que contrastaban con los de otras provincias, como La Rioja y, en particular, con Buenos Aires donde la alianza entre los mitristas y Tejedor anticipaban tiempos de revolución. En sus palabras: "Las [elecciones] de Mendoza no han podido tener lugar en condiciones más legales y esto honra a su Gobierno que bien podría servir de ejemplo al Señor Tejedor".¹⁴ La integración de Barraquero al elenco gubernamental se verificó durante el remplazo del gobernador, cuando mantuvo idénticas funciones durante la gestión de José Miguel Segura (quien había liderado la Legislatura), cuya candidatura había emanado de un entramado orquestado entre los excluidos del esquema político previo, algunos juristas como Manuel A. Sáenz, jefes militares fieles a Roca desde 1874 y un puñado de condiscípulos del colegio de Concepción del Uruguay, entre quienes sobresalía Isaac Chavarría, un activo movilizador de votos procedentes de peones urbanos. El papel de Barraquero en la sucesión gubernamental fue reconocido por Roca cuando ya era presidente, quien le manifestó: "Mucho me complace que la cuestión electoral se haya arreglado satisfactoriamente en medio del contento y el acuerdo común de los amigos".¹⁵ Un año después, el funcionario afianzó sus vínculos en Mendoza al contraer matrimonio con Dolores Corvalán Galigniana, una joven procedente de conspicuos linajes familiares locales. De manera complementaria, y junto al Dr. Moisés Lucero (otro egresado del colegio), encaró la edición de un nuevo periódico, El Ferrocarril, a través del cual difundiría opiniones sobre los beneficios de organizar partidos políticos, entendiéndolos como institutos claves para frenar la injerencia de los caudillos y mejorar los canales de participación e integración de "gubernistas" y opositores en el sistema político.

Ningún desempeño público equivalente ejercitó Lencinas una vez que alcanzó el título de abogado en la Universidad de Córdoba donde cosechó vinculaciones que sólo posteriormente adquirieron gravitación política. Había egresado en 1880, y su titulación en Derecho Civil resultaba equivalente a la obtenida por otros comprovincianos (Garro, 1882: 518-527; Universidad de Buenos Aires, 1896: 179-182).¹⁶ Más allá de las diferencias generacionales exhibidas, Lencinas emuló los pasos seguidos por quienes lo habían precedido en las aulas cordobesas, y regresó a la provincia después de su graduación. En efecto, en 1881, el diario El Constitucional anunciaba a sus lectores que el Dr. Lencinas ejercería interinamente las cátedras de Economía Política e Instrucción Cívica, en remplazo de su titular, el Dr. Julián Barraquero quien había saltado a la función pública.¹⁷

El vínculo entre ambos profesionales traspasaba el ambiente escolar, en la medida en que la actividad pública de Barraquero lo había incitado a asociar al flamante egresado en derecho civil en el estudio jurídico que había abierto en la ciudad. En apariencia, ningún sobresalto alteró los términos de la asociación en los años siguientes. Por el contrario, el ejercicio del ministerio por parte de Barraquero le permitió explayar sus argumentos prácticos (o experimentales) que se discutieron en la convención provincial, que guardaba sintonía con el clima que había inspirado las reformas constitucionales de la provincia de Buenos Aires y San Juan. En cambio, la posición menos expectable de Lencinas en el escenario local lo convertía en uno de los animadores de un comité urbano del Partido Liberal, una agrupación que había empezado a funcionar en 1879 con la intención de "hacer prácticos los principios de la constitución", y que había puesto en agenda la "injerencia oligárquica" y del "gobierno elector" como elementos que afectaban al régimen político y comprometían las responsabilidades de los funcionarios públicos.¹⁸ La militancia partidaria y territorial de Lencinas se reprodujo en la gestión del gobernador Segura, quien replicó los preceptos de paz y administración que permeaban las dirigencias provinciales y nacionales bajo la galaxia roquista. Al respecto, en 1882, el gobernador estaba en condiciones de informar a Roca la relativa estabilidad del sistema político provincial después de haber colocado personajes de su confianza, y de la del presidente, en los principales cargos del ejecutivo, en la Legislatura y en los tribunales de justicia de la provincia.¹⁹Ese contexto proyectó a Barraquero a la justicia provincial, primero, como Juez del Crimen, y, en 1884, como Juez en lo Civil y Comercial. Entretanto, Lencinas abandonó el estudio jurídico que compartían y abrió otro junto a dos abogados mendocinos, los Dres. Agustín Vaquié y Matías Godoy. Asimismo, renovó su militancia en el partido que colocó al general Rufino Ortega, el militar que lideró la columna en la campaña contra los indios y que había sido secundado por su cuñado, el mentado Saturnino Torres, en la cúspide del poder local.

2. El momento juarista

Los comicios que consagraron a Ortega guardaron la tónica de los vigentes desde 1874. Los trabajos electorales se realizaron en completa calma, sin que la prensa registrara denuncias sobre vicios o trampas en materia de elecciones. No obstante, el clima político revelaba novedades de importancia en el plano de la producción periodística, lo cual evidenciaba realineamientos de las dirigencias provinciales. El Constitucional, el único diario que había conseguido sortear vaivenes y sostener ediciones de manera regular desde 1852, concluía su tarea ante la ampliación de la oferta de periódicos locales y la reducción de subsidios oficiales. Los Andes, editado por el Dr. Adolfo Calle, quien había militado en las filas mitristas hasta 1874 y en el autonomismo de Tejedor mientras se desempeñaba como cronista parlamentario en Buenos Aires, pasó a cumplir un rol relevante en tanto las consignas con las que se presentó ante la opinión pública eran relativamente novedosas, esto es, al asociar "autonomía provincial" y "defensa de libertades públicas" como programa de acción política.Bajo tales consignas, y frente a la pretensión del círculo oficial de colocar en la Cámara de Diputados al joven mendocino fogueado en la administración nacional, Emilio Civit (el hijo del influyente patriarca provincial, Francisco Civit), la oposición postuló al Dr. Rodolfo Zapata (el autor de una oración fúnebre dedicada a Garibaldi), quien no alcanzó los votos necesarios para bloquear la aceitada maquinaria oficial.

La competencia electoral no alteró el tono de la convivencia de los grupos en pugna en los años siguientes. Las elecciones presidenciales de 1886 tampoco alteraron el tablero político provinciano. El testimonio de Lucas González, un destacado político oriundo de Mendoza que había sido ministro de Mitre y Avellaneda y encargado de mover influencias a favor de la candidatura de Bernardo Irigoyen, ejemplifica bien la manera en que el remplazo presidencial no representaba riesgo alguno. En sus palabras:

no me desesperaré si triunfa el Dr. Juárez Celman, porque es un joven inteligente, liberal y que contará con todo el concurso o juicio para mantener el orden y la paz, que es lo que más necesitamos más que todo. Como Irigoyen desea conocer la opinión de todos Ud.s te escribo a ti para que converses con todos los demás y me contestes. ²⁰

Sin embargo, el cambio en la cúspide del poder nacional y la pretensión de los volcados al programa juarista de cercenar las bases políticas del roquismo provincial habrían de modificar el ambiente doméstico, abriendo un ciclo de inestabilidad sin precedentes en el pasado reciente, ciclo del que ningún político práctico, facción, círculo o partido salió intacto. El conflicto afloró en 1888, ante los preparativos electorales para la sucesión del gobernador Tiburcio Benegas, quien pretendió instalar a Emilio Civit como único candidato (Pérez Guilhou, 1956-1957).La aspiración oficial fue vetada por el senador nacional Rufino Ortega, quien ya había declinado su solidaridad con Roca, había activado una nutrida red de apoyos territoriales que confluyeron en la formación del PAN y había anudado lazos con los incondicionales de Juárez, entre quienes sobresalía Benito Villanueva González, otro oriundo de Mendoza, sobrino de Lucas González, y con vínculos familiares extendidos entre los rivales del clan de los Civit, quienes habían ganado espectabilidad en la política porteña.²¹

Esa coyuntura modelaría el realineamiento político de Barraquero, y muy especialmente, el de su antiguo socio en el bufete, en la medida en que pasó a engrosar la galaxia de juaristas provincianos encumbrados por Ortega y sostenidos ante la opinión pública por Los Andes, el principal vocero del PAN nacional y provincial, cuya retórica confrontó los beneficios de la agrupación presidencial y de su "Jefe único y verdadero" a la influencia de los "caudillos" y los "círculos de familia".²²El desenlace de la puja entre las candidaturas en danza tuvo un correlato inesperado cuando Ortega repartió armas entre sus seguidores y atacaron la casa del gobernador exigiéndole la renuncia.²³ Ante el descalabro local que sumaba un eslabón más al ciclo de intervenciones federales iniciadas en Córdoba y Tucumán, el vicepresidente Pellegrini, a cargo del ejecutivo nacional, respondió con la intervención federal que arbitró la designación de un nuevo candidato a gobernador, el cual fue aceptado por los grupos rivales. Benito Villanueva no demoró en telegrafiar al presidente, haciendo explícito "el feliz resultado obtenido por su intervención conciliadora en la cuestión política de Mendoza".²⁴

La negociación instaló en la gobernación al Dr. Oseas Guiñazú, un abogado mendocino que había ejercido la magistratura en Córdoba y que había sido condiscípulo de Miguel Juárez Celman y Juan Garro. El nuevo mandatario pretendió ensanchar las filas de "su partido" con el sector de Benegas pero las gestiones, como lo confesó a Roca, no prosperaron.²⁵ Ante el fracaso conciliatorio, Guiñazú formó gobierno con el apoyo de dos sectores: uno encabezado por Rufino Ortega, quien colocó al Dr. Adolfo Calle (el editor de Los Andes) en la cartera de Gobierno, y el otro por el Dr. José Néstor Lencinas, quien ocupó la de Hacienda, cargo que declinó para gestionar el Banco provincial, mientras Julián Barraquero lo remplazó en el ministerio.

Para entonces, Barraquero había renovado sus credenciales como experto en asuntos institucionales mediante la reedición de su tesis en Buenos Aires, y se había preocupado por distribuir la nueva edición entre un espectro de personajes que incluía a Julio A. Costa, Juan José Lanuse, José Ignacio Arias y Rodolfo Rivarola, quien, al momento de agradecerle el ejemplar, le manifestó que ya lo había leído por constituir un ejemplo de "amor a los principios institucionales de nuestro país".²⁶ También Miguel Goyena (un abogado nucleado en los cívicos y convertido en ministro en el efímero gobierno de Alem), y R. C. Aldao estaban entre sus contactos. Ambos le hicieron llegar saludos auspiciosos en la comida que sus amigos porteños organizaron en Buenos Aires por su flamante designación como ministro.²⁷ Entretanto, el dúctil Lencinas ya había presentado las propias al presidente Juárez, con el doble argumento de ponerse al servicio de defender los intereses de la provincia y organizar "un partido fuerte y nuevo cuyo jefe reconocido en el orden nacional y local es V.E. La provincia vuelve pues a su era de labor bajo la benéfica sombra de la paz, y la influencia poderosa de la actividad y confianza de sus hijos".²⁸

En rigor, la apelación sobre los eventuales beneficios que podían ejercer los partidos hacía pie en las novedades que habían introducido los juaristas en el escenario local. Entre fines de 1888 y 1889, Rufino Ortega, junto a antiguos mitristas, había dado forma al Partido Autonomista en todos sus niveles organizativos, y había realizado mitines callejeros y rurales mediante un febril activismo dirigido por los reunidos en el Comité Nacional, el Club de la Juventud Juarista y los artesanos nucleados en el club "Presidente Juárez". En esa coyuntura, otras agrupaciones saldrían al ruedo: la Unión Cívica y el Partido Liberal. La primera se creó en abril de 1890, y el Manifiesto que hizo pública su formación fue acompañado por 500 firmas; el mismo señaló que su pretensión era nuclear a figuras "independientes" o "buenos ciudadanos" con el propósito de conformar un "partido popular" inspirado en los principios democráticos y la constitución.²⁹A la cabeza de la agrupación figuró el médico Jacinto Álvarez, quien era secundado por su hermano, el Dr. Agustín Álvarez (ex jefe de policía), Daniel Videla Correas (ex Director General de Escuelas y ex juez del crimen) y Pedro Julián Ortiz, el director del Colegio Nacional. La nueva agrupación haría de las páginas de El Debate su principal portavoz contra la acción del gobierno o el "Régimen" y los seguidores del presidente. Entretanto, el círculo de Benegas y los Civit concurrieron en el Partido Liberal que reunió a lo más granado de la dirigencia provincial. Los Andes, el órgano del PAN, recibió con ironía a la nueva agrupación, subrayando que se trataba de "una insignificante ramificación de las Unión Cívica de Buenos Aires", dirigida por dos hombres resistidos por la política nacional y preocupados por restaurar los "gobiernos de familia". Esos hombres, concluía el crítico editorialista, eran Francisco y Emilio Civit, quienes vivían aspirando al poder porque no tenían "hábito de trabajo".³⁰ Por su parte, los simpatizantes del partido de gobierno pusieron en marcha un nuevo periódico, El Eco de Mendoza, el cual tradujo las principales notas del programa de gobierno promovido por el juarismo: descentralización política, modernización administrativa, saneamiento de las finanzas públicas, promoción de bancos garantidos e impulso de organizaciones partidarias como instrumento de acción de gobierno y ámbito propicio de "ilustración de las masas" y "despertar de conciencia ciudadana". A través de ellas se confiaba limitar la vigencia de los reducidos "círculos" por ser entendidos como "desquicio de todo régimen político y esterilidad de la democracia representativa".³¹Aun después de la renuncia del presidente, sus editores sostenían la importancia de formar partidos como recurso favorable al remplazo de "pequeñas agrupaciones, estrechos círculos de familia sin vinculación alguna con el elemento popular, sin horizontes de patria, sin grandeza, y elevación de anhelos por el bien común".³²

Esa coyuntura proyectó a Lencinas a su primera función pública, al ser designado intendente de la capital por el gobernador Guiñazú, un cargo que lo habilitó a mover influencias entre empleados municipales -en especial "porteros"-, las cuales se pusieron de manifiesto en las trifulcas ocurridas en la estación del ferrocarril contra un grupo de estudiantes del Colegio Nacional que emprendieron una furiosa silbatina contra Marcos Juárez y el candidato juarista Ramón J. Cárcano. Pero la renuncia del presidente, las movilizaciones que ganaron las calles de la ciudad y las vivas de los cívicos que vociferaban por igual a Roca, Pellegrini y Alem, reorientaron sus planes. En un comienzo, la integración de los cívicos-radicales en la coalición gubernamental le permitió preservar el liderazgo de la corporación municipal de la capital. Sin embargo, la política del acuerdo promovida por Mitre y Roca para reacomodar las piezas del edificio político en la cúspide y en las provincias lo condujeron a estrechar lazos con Leandro N. Alem, para lo cual viajó a Buenos Aires, desde donde arengó a sus correligionarios a rechazar el acuerdo en los siguientes términos: "Prepare en sociedad con nuestros compañeros todos los elementos, trate de levantar el espíritu de esas gentes, no desmayen".³³

3. Militancias en paralelo

La renuncia del presidente Juárez activó la apertura del registro cívico para proceder a las elecciones en la legislatura y extraer de ellas al candidato que debía remplazar a Guiñazú, quien presentó su renuncia en medio de la fuga de los juaristas que habían sostenido su gobierno. Al presentar su dimisión, que fue difundida en la prensa, había expresado que la división de partidos era propia de la democracia, aunque exigía no inclinarse por ninguno, sino servir a los intereses generales de la provincia.

Tal reflexión obedecía a la competencia abierta por la gobernación entre liberales y cívico-radicales reunidos en la Legislatura quienes acordaron, el 15 de octubre, la designación interina del presidente del Tribunal de Justicia, el Dr. Pedro Nolasco Ortiz, vinculado a los radicales, quien dispuso realizar los comicios el mes siguiente. En ese lapso, Lencinas intentó quebrar el acuerdo celebrado entre la dirigencia radical con los liberales para concurrir a las urnas con un único candidato y forzar a presentar uno propio, en contraste con la política del acuerdo puesta en marcha desde la cúspide del poder federal (Gallo, 1980; Botana y Gallo, 1997). La discusión que dio en el seno de la mesa directiva de la UCR no arrojó resultados favorables con sus expectativas, sino que terminó en su expulsión del partido, junto con sus más fieles seguidores. El conflicto alcanzó al Club Cívico de Artesanos, la Juventud Radical y varios comités departamentales que se pronunciaron a favor de Lencinas en un acto celebrado en el Teatro Municipal, en donde se terminó por calificar a la dirigencia partidaria como "roquistas disfrazados". Los Andes no dejó de consignar lo sucedido, y también reprodujo el volante que difundió el órgano oficial de los lencinistas, La Reforma, el cual invitaba "Al Pueblo de Mendoza" a participar del mitin para insuflar el "patriotismo mancillado por liberales y cívicos", poniendo ya en agenda la pertinencia de ampliar la convocatoria pública a "nacionales y extranjeros".³⁴ Ante el capital político demostrado, a fines de 1891, el gobernador optó por destituirlo de la jefatura de la corporación municipal de la capital, lo que precipitó la renuncia de los ministros radicales (Day y Olascoaga) y el Comité del partido se declaró desvinculado del gobierno. La crisis disparada en la médula del partido radical (que exigió la visita de Alem a la provincia luego del fracaso de la mediación de un radical de San Luis), anticipaba los desacuerdos que habrían de estallar en la Legislatura para aprobar el resultado de las elecciones. Finalmente, el gobernador Ortíz clausuró el recinto y las aprobó por decreto. El conflicto dio lugar a su destitución en medio de trifulcas con la policía, lo que dejó como saldo varios muertos, motivo por el cual la Legislatura solicitó la intervención del gobierno nacional.

El desempeño del activo militante radical en aquel contexto contrasta con el exhibido por el Dr. Julián Barraquero. El 6 de agosto de 1891, Julio A. Roca había escrito a un amigo de Mendoza: "Barraquero es una anguila que se escapa de las manos. Cambiará de opinión y de propósitos cada 24 horas y le mentirá con ese aire de dulzura y humildad que tiene." Tal descripción obedecía a la información que manejaba sobre los contactos que el mendocino había mantenido, primero, con Bernardo de Irigoyen y luego con Mitre, quien no había dudado en insistirle que debía reunir voluntades afines a la política del acuerdo para frenar la rivalidad entre grupos locales y colocar sin mayores sobresaltos un único candidato que "fuera resultado de todos y para todos".³⁵ Pero la resolución pactada en la capital no podía ignorar las situaciones provinciales, por lo que Mitre le recomendaba replicar el método y conciliar las voluntades de sus amigos y contactos de siempre, para colocar en la gobernación a un candidato aceptado por todos. El comportamiento esquivo o el cálculo del mendocino tampoco había pasado desapercibido para Luis Sáenz Peña, quien en plena carrera presidencial le escribió una carta haciéndole saber que no había recibido el telegrama en el que manifestaba el apoyo que Barraquero había prometido a Dardo Rocha, quien le había solicitado su cooperación y la de "sus amigos de esa Provincia" para poder llevar a la práctica el programa de gobierno.³⁶ En sintonía con tales argumentos y contactos personales, Barraquero inclinaría sus preferencias en las agrupaciones y alianzas políticas que cerraron filas tras la candidatura de Deoclecio García a la gobernación y de Luis Sáenz Peña a la presidencia, bajo el arbitraje del interventor Francisco Uriburu, quien tuvo que aceptar el elegido por los dirigentes locales a despecho de los amigos políticos de Roca.

Al llegar a Mendoza, el comisionado nacional le había confesado al entonces ministro del interior que su favorito, el Dr. Manuel Bermejo, había sido vetado por los liberales, los cívicos nacionales y los radicales opuestos a Lencinas. En su lugar, habían propuesto como candidato a Deoclecio García, un conspicuo dirigente liberal que había ejercido cargos en el sur provincial y no había participado de manera activa ni en la puja partidaria, ni en las jornadas cívicas que habían alterado la estabilidad institucional en los años precedentes. En vista al acuerdo de los partidos locales para participar en las elecciones mediante una "lista única", el interventor instruyó los mecanismos habituales para realizar los comicios: estableció la fecha de la elección, remplazó a los agentes territoriales y a los comandantes para garantizar la afluencia de votantes y designó representantes de las agrupaciones en las mesas receptoras en la ciudad y los departamentos de la campaña. Los comicios se realizaron en completa calma, y consagraron a García como gobernador del acuerdo entre cívicos-radicales y liberales, quienes ocuparon escaños en la Legislatura e integraron el gabinete. No obstante, la coalición oficialista que se hizo visible en el poder ejecutivo no se replicó ni en la disputa presidencial, ni tampoco en la elección del diputado nacional. En efecto, en la primera, los diez electores por Mendoza votaron divididos en el Colegio Electoral, dotando al candidato radical, Bernardo de Irigoyen, de los únicos votos obtenidos en la contienda, frente a la abrumadora mayoría que catapultó el candidato del acuerdo, Luis Sáenz Peña. Entretanto, las elecciones de diputados develaron la competencia entre el candidato de los radicales y el propuesto por los liberales y los cívicos-radicales en todo el territorio provincial.³⁷

Esa elección introdujo a Barraquero en el trajín electoral y lo proyectó al recinto legislativo y a la labor parlamentaria, con el objetivo de introducir correctivos o reformas en el gobierno representativo provincial. A esa altura, el influyente jurista había promovido entre los próximos, las novedades legales e institucionales que permitirían domesticar la rivalidad entre partidos mediante la representación proporcional y la calificación del sufragio,dispotivos que juzgaba necesarios para regenerar el sistema político. A propósito de ello, el Dr. Agustín Álvarez, otro influyente publicista y político provincial que, en 1889, había vivido en carne propia la injerencia del "caudillo" en la dinámica institucional y elevado su voz en la cátedra y en la prensa contra el poder del "Único", no dudó recomendarle la importancia de "legislar atendiendo más a los prácticas que a la teoría", en tanto el funcionamiento del sistema republicano dependía menos de la legislación que de las "buenas prácticas y los buenos funcionarios".³⁸

En efecto, el acceso de Barraquero a la Legislatura en 1892, lo habilitó a tener un rol protagónico en la convención provincial, que traccionó la constitución provincial alberdiana de 1854, instalando un nuevo esquema en el régimen político que animaría el funcionamiento republicano hasta 1916. En rigor, la carta constitucional era el resultado de los ánimos reformistas que el mismo Barraquero se había encargado de poner en agenda desde 1879, mediante intervenciones muy variadas que incluían la cátedra, la prensa y la memoria institucional que había redactado cuando era ministro. Esta última había observado las enormes facultades del poder ejecutivo, la conveniencia de limitar las atribuciones del gobernador y su consejo de gobierno, de desdoblar el cuerpo legislativo con el fin de ampliar la base de representación territorial, y, sobre todo, extraer a la Legislatura el factor "elector" del gobernador. Ambas recomendaciones habían sido recogidas en los dictámenes de las comisiones que sesionaron en 1882 y 1888, y se convirtieron en el núcleo duro de la convención provincial que, en 1894, sancionó la nueva constitución provincial. Allí, Barraquero luciría las destrezas intelectuales que había postulado en su tesis doctoral y las observaciones prácticas de las reformas aplicadas al gobierno representativo que ya habían ensayado otras provincias.³⁹ En particular, el proyecto de reforma que llevaba en su portafolio afectó la fisonomía del poder ejecutivo y del legislativo. Con relación al primero, introdujo la figura del vicegobernador con el doble propósito de favorecer la estabilidad en caso de sucesión precipitada, facilitar intercambios con agrupaciones rivales y evitar conflictos a los que se veían expuestos ante la mediación de las Legislaturas y sus mutuas interdependencias.⁴⁰ A su vez, promovió la creación de la Junta Electoral con el único propósito de elegir al gobernador y vice, con lo cual se ponía término a la doble injerencia de los diputados y/o electores que obstruían funcionamiento republicano. Al respecto, en 1879, había escrito:

Cada vez que se trata de elegir diputados, el interés particular de los partidos y de los caudillos lleva a la Legislatura hombre ineptos para servir a los intereses del pueblo, y que solo sirven para instrumentos en determinados casos. No se preocupan en nombrar legisladores idóneos y competentes, - agregaba el jurista- sino agentes que respondan a tal o cual candidatura. Esta es la razón por que a nuestros cuerpos legislativos los ha caracterizado siempre su indolencia. El dìa que la Legislatura no elija Gobernador, irán a su seno ciudadanos capaces de servir y fomentar los intereses de la provincia (Barraquero, 1880: 319).

El cambio en el poder Legislativo no fue menor, en tanto remplazó el unicameralismo, vigente desde 1822, mediante la creación de dos cámaras, Diputados y Senadores, con la intención de ampliar la base de representación política y territorial en virtud del aumento de la población y la correlativa reconfiguración del tejido institucional y administrativo en la geografía provincial. El paquete de reformas de Barraquero incluía, como no podía ser otro modo, el régimen electoral que se había mantenido prácticamente intacto desde 1864/1866. Al respecto, las novedades propuestas por Barraquero, si bien consagraban el principio de soberanía popular, el ejercicio práctico del voto lo había convencido de la necesidad de restringir el sufragio a los propietarios o a quienes supieran leer y escribir, y junto a ello, facilitar la integración de las minorías en las instituciones del gobierno representativo mediante la aplicación del sistema proporcional. Y aunque los convencionales rechazaron la fórmula corporativa que Barraquero imaginaba, la nueva ley electoral introdujo el sistema proporcional, y estipuló que la misma se regiría según un cociente construido en relación con la población, con el fin de dar representación a cada "opinión".⁴¹ Sin duda, la nueva ingeniería electoral no era independiente de los cambios sociales y económicos vigorizados por la transformación que vitalizaba la economía regional a raíz del crecimiento agroindustrial vitivinícola, el impacto del ferrocarril, el aumento de ingresos fiscales y el masivo ingreso de inmigrantes ultramarinos, cuyo resultado había casi duplicado la población local en el lapso intercensal. En efecto, el Censo Nacional de 1895 arrojó la cifra de 116.136 habitantes (frente a 69.000, en 1869), por lo que las elecciones y el reparto de cargos debían regirse por nuevos cocientes, lo cual introducía un margen de incertidumbre a quienes aspiraban a ocupar escaños y/o acceder al poder.

La constitución provincial fue jurada en 1894 por el gobernador Francisco J. Moyano, un radical integrado a la coalición de gobierno, próximo a Bernardo de Irigoyen, y que dirigía el comité provincial desde que había tomado distancia de José Néstor Lencinas. En ese lapso, el influjo del líder de las "turbas rojas" -la expresión que usó Los Andes para caracterizar su arraigo popular-había traspasado el umbral del bastión de la capital y se había afianzado en el territorio gracias a la adhesión de los "caudillos de La Paz" (departamento del este provincial) y la apertura de comités en distritos próximos a la ciudad.⁴² Sin embargo, la vitalidad de esa red política no resultó suficiente para disputarle al "Régimen" o al "sistema oficialista elector" (como lo llamó Los Andes), en el que participaban sus antiguos compañeros de militancia, una porción de poder o representación. La frustrada revolución de 1893, que había hecho pie en San Luis, no había tenido correlato en la provincia vecina, a excepción de los insultos que, junto a los suyos, profirió a la persona del gobernador. Los comicios regulares para renovar cargos en la Legislatura tampoco constituyeron ventanas para colocar a sus candidatos y quebrar la posición de los radicales en el gobierno. Solo en 1895, cuando había obtenido la venia del Comité Nacional para liderar la UCR provincial -una vez que la conducción radical integrada a la coalición de gobierno fue desautorizada ante los trabajos electorales nacionales-, consiguió dos bancas legislativas, gracias a la vigencia de la nueva constitución, que habilitaba la representación de las minorías.⁴³ Sin embargo, la muerte de Alem alteró sus planes, conduciéndolo a la inacción en los comicios siguientes, y el desempeño político del legendario dirigente sólo parece alterarse en 1905, cuando lideró la efímera revolución radical con la ayuda de oficiales enrolados en las guardias provinciales. Aquel estadio político de Lencinas exhibe pocos puntos de contacto con la trayectoria de Julián Barraquero, quien saltó de la política local a la nacional para desempeñarse como diputado por Mendoza en el Congreso nacional. En 1898 había sido electo como único candidato de los Partidos Unidos en los comicios que consagraron la fórmula Emilio Civit-Jacinto Álvarez a la gobernación, y de electores de presidente, quienes, a diferencia de lo ocurrido en 1892, votaron todospor Roca. Su integración a la órbita roquista se reflejó en la convención constituyente de la provincia de Buenos Aires -en la que promovió, sin éxito, la calificación del sufragio- y también en el Parlamento, en el que defendió, fiel al proyecto oficial, el voto secreto como instrumento favorable para corregir el régimen electoral nacional, plagado de venalidades, elecciones falseadas y apatía ciudadana.⁴⁴

4. Palabras finales

Al introducir los objetivos de este trabajo, se argumentó que el cotejo entre las trayectorias políticas de Lencinas y Barraquero no había sido frecuente porque el interés por uno u otro había priorizado dimensiones filosóficas, constitucionales o político-partidarias en una etapa decisiva de la formación del Estado provincial. En su lugar, las evidencias expuestas sobre distintos momentos de estas vidas políticas paralelas devuelven ricas imágenes no sólo sobre cada trayectoria en particular, sino que también pone de relieve los puntos de contacto y divergencias en las formas de pensar e intervenir en la política decimonónica.

Una primera reflexión erige la sociabilidad escolar y universitaria como resorte primordial que confirma el peso del capital cultural y de la formación jurídica para el desempeño de la función pública y la actividad política. Ella también parece haber constituido una experiencia angular para estrechar lazos interprovinciales y obtener una comprensión más amplia del gobierno representativo y sus instituciones, de ningún modo limitadas a la política provincial. Sin duda, la portación de credenciales universitarias agilizó la rápida integración a la vida pública provincial, la cual no resultaba ajena a las redes personales que facilitaron el regreso a la provincia, como tampoco al desempeño profesional ejercitado en el foro local, o en el selecto colegio nacional. Así también, la participación de ambos personajes en el discreto, aunque gravitante, tejido de clubes sociales y políticos erigió a Barraquero en activo promotor y tribuno de la prensa local y a Lencinas como animador frecuente de comités barriales. A su vez, los trayectos y formas de integración a la vida política e institucional permiten apreciar los canales profesionales de acceso que exhiben la relativa fluidez del sistema político en coyunturas específicas y atemperan el supuesto de que permanecían sujetos al compacto juego de las "oligarquías" vernáculas. En su lugar, el cotejo realizado exhibe evidencias indicativas en torno a la convergencia entre las condiciones y las opciones personales en la construcción de capital político, y también ilustra, con meridiana claridad, la permeabilidad de las elites a la hora de nutrir sus filas con personajes surtidos de destrezas intelectuales y saberes afines a la actividad política.

Una segunda cuestión atañe a que las carreras políticas emprendidas a partir del bienio 1889-1890 no fueron independientes de las agrupaciones partidarias que emergieron de la reunión y posterior fuga de los cuadros juaristas provinciales. En efecto, el paso por el juarismo, y la posterior entronización de las coaliciones de gobierno que sostuvo y traccionó el sistema político provincial, modificaron de cuajo sus trayectorias y reorientaron la integración a las estructuras u organizaciones partidarias locales. Lencinas, volcado a la vertiente del radicalismo provincial refractario de formar gobierno. Barraquero, partidario del acuerdo e inserto en instituciones ejecutivas y legislativas que lo convirtieron en personaje clave de la reforma constitucional finisecular, dispuesta a fortalecer el desempeño republicano y el equilibrio entre la Legislatura y el poder ejecutivo. No obstante, y aunque se admita la singularidad de cada una de las biografías políticas restituidas en aquel contexto, una mirada menos circunscripta a la dimensión electoral y las opciones partidarias en juego, permite atemperar el peso de tales diferencias al interior de las concepciones liberales en las que pensaban e inscribían sus prácticas políticas. A propósito de ello, un dato resulta revelador: en 1903, ambos dirigentes confluyeron en la creación de la "Asociación Liberal", mediante la cual se proponían "combatir la acción clerical que amenaza echar por tierra todos los progresos del liberalismo". Por tal motivo, no sólo organizaron homenajes a Garibaldi y a Mazzini, sino que promovieron el debate sobre el divorcio y la enseñanza laica.⁴⁵

Ese horizonte liberal,a la vez común y diverso,en el que obtuvieron un papel protagónico,permite apreciar algunos aspectos de interés sobre la fisonomía del régimen representativo provincial y el papel de la rivalidad política y electoral, dinamizada por los partidos y dirigencias locales. Por un lado, las formas en que los políticos prácticos provincianos se vieron obligados a gestionar sus diferencias e institucionalizar la lucha y negociación políticas. Por otro, el modo en que los partidos políticos pasaron a ocupar un lugar de mayor relieve a raíz de la puja interna del PAN, independientemente de la incidencia de los liderazgos y eventuales solidaridades personales que los vertebraban. No resulta extraño atribuir dicha centralidad a la combinación de factores que no sólo parece responder a la creciente complejidad social que experimentó la provincia en las últimas décadas del ochocientos. La nueva ingeniería institucional y electoral, al refundar la distribución territorial del voto y desdoblar la representación en diputados y senadores provinciales, multiplicó la oferta de cargos en el poder legislativo y penetró en el territorio mediante la implementación de cargos municipales electivos. La novedad o reforma política infligió, entonces, nuevas reglas del juego a la competencia entre partidos y dirigentes, priorizando la estabilidad en la cúspide del sistema político mediante la concertación de coaliciones gubernamentales en el poder ejecutivo y la confección de listas únicas en la Legislatura.De tal modo, la transformación del régimen políticomendocino parece seguir la huella de ensayos reformistas practicados con anterioridad o de manera casi simultánea en otras provincias, ensayos que, si bien no resultan del todo equivalentes, son eficaces para entender mejor las motivaciones e innovaciones prácticas ejercitadas para domesticar la rivalidad u oposición, a través de mecanismos institucionales, en décadas previas a la legislación nacional que trastocó los cimientos del orden político encapsulado entre el Ochenta y el Centenario.

Lo último, aunque no menos importante:las trayectorias políticas examinadas han ofrecido imágenes antagónicas del régimen mendocino decimonónico y del giro reformista que admitió y vehiculizó innovaciones legales y constitucionales cruciales en el cambio de siglo, convirtiendo a la provincia en ámbito de producción, y no sólo de recepción, de iniciativas políticas instruidas desde la cúspide del poder nacional. Este último aspecto recuerda bien la oportuna recomendación formulada por Zimmermann sobre la conveniencia de prestar atención a las variaciones regionales del orden político decimonónico en la que se gestionó el reformismo liberal (Zimmermann, 1993: 22),y también echa luz sobre la fisonomía cambiante del gobierno representativo en las provincias que han puesto en cuestión el excluyente papel de los gobernadores, como las fórmulas prescriptivas acerca del desempeño republicanoen la saga imantada (entre otros) por Alem, Rivarola o Matienzo. En su lugar, las evidencias ofrecidas en este artículo introducen vectores fecundos para esquivar la tentación de escrutar aquel tramo del pasado político argentino con el andamiaje conceptual e interpretativo regeneracionista acuñado por sus principales referentes, de modo de restituir, con mayor precisión, las formas en que los "políticos prácticos" proyectaron dispositivos institucionales destinados a dotar de mayor legitimidad al régimen representativo cuando aún no tenían demasiadas dudas sobre el liberalismo político.

Notas:

¹ Agradezco los comentarios de Darío Roldán a una versión preliminar del trabajo y las valiosas reflexiones y sugerencias realizadas por los árbitros convocados por el Comité Editorial.

² Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Correo electrónico: bragonibeatriz@gmail.com.

³ Sobre los contextos y supuestos prevalecientes de la renovación de la historia política en la Argentina, véase Gallo (1990), Halperin Donghi (2004). Un útil balance de la historiografía política reciente pertenece a Eduardo Miguez(2012).

⁴ Citaré sólo algunos textos indicativos: Annino (1995), Sabato (1999), Negretto y Aguilar Rivera(2000), Bragoni y Míguez (2010), Alonso y Bragoni (2015).

⁵ Un balance reciente sobre la problemática puede verse en el dossier coordinado por Laura Cucchi e Inés Rojkind bajo el título "Oligarquía, República, Democracia: debates sobre la vida política en el orden conservador", publicado en el número 65 (2017) de la revistaInvestigaciones y Ensayos.

⁶ La dinámica de ligas rivales en el partido autonomista nacional y su relación con las dirigencias provinciales entre 1880 y 1892 remite a Alonso(2012). Un valioso análisis sobre el caso de Jujuy pertenece a Paz (2017).

⁷ Dicho fenómeno evoca la caracterización de los grupos políticos en la España de la Restauración. Véase, Varela Ortega (1977). Sobre la puesta en valor de los partidos políticos como "panóptico" para mejorar la comprensión de la política decimonónica, véase, Alonso (2017)

⁸ Roca a destinatario no identificado, Buenos Aires, 6 de agosto de 1891, enRevista de Historia Americana y Argentina, año 1, núms. 1 y 2 (1956-1957), pp. 390-391.

⁹ Véase entre otros, Zimmerman (1992), Devoto (1996), Roldán (2006), Alonso (2006), De Privitellio (2006 y 2012). Para una visión de conjunto de las reformas electorales, véase Malamud (2000).

¹⁰ Barraquero fue uno de los 186 rebeldes que fueron sometidos a la justicia federal. Véase Masini (1966: 262).

¹¹ El gobierno de Nicolás Villanueva (1868-1871) distendió la relación con los rebeldes del 66 y con sectores ligados al viejo partido federal nucleados en el Club Constitucional de Artesanos, y animado por Exequiel Tabanera, un abogado egresado de Córdoba, y Benito González Marcó, un conspicuo local, entre otros. Agradezco a Eliana Fucili haberme facilitado la lista de asociados.

¹² El comentario de Domingo F. Sarmiento fue publicado en El Nacional, el 10 de diciembre de 1878; asimismo, el de J. F. López fue publicado en El Siglo de Montevideo, el 28 de diciembre de 1878, y en El Constitucional de Mendoza, en febrero de 1879. Ambos fueron incluidos en la segunda edición de la tesis (pp. XI- XL).

¹³ El Reglamento y composición del Club Mendoza fue publicado en El Constitucional, el 17 de abril 1879. Sobre la diferenciación de los clubes políticos en la sociabilidad de las elites porteñas y cordobesas, véase Gallo (1997), Losada (2009), Vagliente (2015).

¹⁴ Roca a Barraquero, Córdoba, 11 de abril de 1880, en Revista de Historia Americana y Argentina, año 1, núms. 1 y 2 (1956-1957), p. 283.

¹⁵ Roca a Barraquero, Buenos Aires, 18 de octubre 1880, en Revista de Historia Americana y Argentina, año 1, núms. 1 y 2 (1956-1957), p. 384

¹⁶ Agradezco a Laura Cucchi por haberme facilitado dicha información.

¹⁷ Biblioteca Pública "Gral. San Martín", Mendoza (en adelante, BSM), (19 de marzo de 1881). El Constitucional, Mendoza.

¹⁸ BSM, (5 de marzo de 1881). El Constitucional, Mendoza.

¹⁹ Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Sala VII, Archivo Roca. Segura a Roca, Mendoza, 30 de enero de 1880.

²⁰ Archivo Familiar Panquehua, Correspondencia de Lucas González a su hermano Carlos, Buenos Aires, 4 de agosto de 1885.

²¹ Para la trayectoria de Benito Villanueva González, véase Bragoni (1999), Zimmerman (1998).

²² Archivo Histórico de Mendoza (en adelante, AHM), (8 de enero de 1889). [Proclama revolucionaria]. Los Andes, Mendoza.

²³AGN, Sala VII, Archivo Juárez Celman, Telegrama cursado por Benito Villanueva González, Mendoza 5 de enero de 1889.

²⁴ AGN, Sala VII, Archivo Juárez Celman, Telegrama de Benito Villanueva, Mendoza 26 de enero de 1889.

²⁵ Escribía Guiñazú a Roca: "Quiero aprovechar esta oportunidad para rogar a Uds. en obsequio a los intereses de Mendoza por lo cual siempre tuvo Ud. sinceros afectos, por el bien de sus amigos, sin excluir mi interés personal, que influya Ud. con Benegas y Ortega, por un arreglo político entre ellos, pues no dudo que la palabra de Ud. en este sentido le será escuchada y respetada sin vacilación. Mientras tanto, yo no abandono el gran deseo de arribar a una verdadera conciliación con Benegas y los suyos, objeto al cual Uds. puede contribuir con positiva eficacia. Ojalá que por lo menos la mayoría de los amigos de Benegas fueran como es él, porque todo había concluido satisfactoriamente conforme se lo he manifestado en persona. Parece que esos amigos no quisieran o no alcanzaran a colocarse en mi verdadera y especial posición, lo que siento muchísimo". AGN, Sala VII, Archivo Roca Legajo 1287.

²⁶ Rivarola a Barraquero, La Plata 14 de noviembre de 1889, en Revista de Historia Americana y Argentina, año 1, núms. 1 y 2, pp. 385.

²⁷ Goyena y Aldao a Julián Barraquero, 24 de octubre de 1890, en Revista de Historia Americana y Argentina, año 1, núms. 1 y 2, pp. 386-387.

²⁸ AGN, Sala VII, ArchivoJuárez Celman. Telegrama de José Néstor Lencinas, 18 de junio de 1890.

²⁹ BSM, (1 de mayo de 1890). Manifiesto de la Unión Cívica, El Debate, Mendoza.

³⁰ AHM, (17 de mayo de 1890). El nuevo partido y sus miras. Los Andes, Mendoza.

³¹ AHM, (22 de julio de 1890). El Eco de Mendoza, Mendoza.

³² AHM, (2 de septiembre de 1890). El Eco de Mendoza, Mendoza.

³³ Lencinas a Moyano, 1° de mayo de 1891, citada en Peña y Lillo (1992: 25)

³⁴ BSM, (1 de abril de 1892).Los Andes, Mendoza.

³⁵ Mitre a Barraquero, Buenos Aires, 23 de abril y 2 de mayo de 1891, en Revista de Historia Americana y Argentina, año 1, núms. 1 y 2, pp. 390-391.

³⁶ Sáenz Peña a Barraquero, Buenos Aires, 14 de marzo de 1892, en Revista de Historia Americana y Argentina, año 1, núms. 1 y 2, p. 391.

³⁷ AHM, (12 de abril de 1892).Los Andes, Mendoza.

³⁸ BSM, (23 de febrero de 1890).El Debate, Mendoza.

³⁹ Estudios sobre distintas provincias han enfatizado los debates e innovaciones institucionales, legales, constitucionales y del régimen electoral en el último tercio del siglo XIX. Véase, entre otros, Solís Carnicer, (2007), Cucchi (2015), Hirsch (2016).

⁴⁰ Carlos Egües subraya que la carta constitucional abrevó en el proyecto de Julián Barraquero, para quien era indispensable avanzar en los límites del poder ejecutivo prescriptos en la constitución alberdiana de 1854 (Egües, 2007: 25-31).

⁴¹ La constitución estableció tres secciones electorales (vigentes ya desde 1874), la elección directa de los diputados en proporción a la población (uno por cada 4.000 habitantes), renovables por tercios. Asimismo, estableció un senador por cada distrito o departamento. La calificación del sufragio y el sistema proporcional adoptado figuran en los Art. 54 y 57 de la ley electoral.

⁴² AHM, (23 de marzo de 1892).Los Andes, Mendoza.

⁴³ AHM, (23 de febrero y 29 de marzo de 1895). Los Andes, Mendoza.

⁴⁴ Sobre la reforma electoral de 1902 y la reglamentación del voto oral y público como procedimiento único del sufragio, véase De Privitellio (2012: 39).

⁴⁵El Debate, 16 de junio y 19 de junio de 1903, citado en Roig (1996: 182-183).

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